Recorte al presupuesto de Migración y Extranjería suspendería operativos, deportaciones y servicios que brinda la institución

– La institución entraría prácticamente a un cierre técnico

La Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME) envió una carta a los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, solicitando no realizar recortes al presupuesto 2021 destinado a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), ya que esto significaría un cierre técnico de la institución, afectando directamente los servicios que ofrece dentro y fuera del país, así como el trabajo operativo que realiza la Policía Profesional de Migración en todo el territorio nacional.

Incluso, la discusión del recorte presupuestario llega en el momento que también se discute el Expediente Legislativo No.20.323 Reforma del artículo 11 de la ley No. 9428 Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, del 22 de marzo de 2017, y sus reformas, para dotar de recursos a la Dirección General de Migración y Extranjería, para fortalecer la Dirección de Policía Profesional de Migración.

Los recortes al presupuesto 2021 a la Dirección General de Migración y Extranjería, afectara de forma negativa la imagen de la institución y la del  país, al no disponer de los recursos requeridos para brindar los servicios que por Ley y competencias le corresponde; lo anterior, sin obviar  las consecuencias legales que se podrían presentar.

Servicios que se suspenderían:

• Envío de equipo a los consulados en todo el mundo para a emisión de pasaportes y atención a los costarricenses que radican fuera del país.

• La Policía Profesional de Migración (PPM), deberá parar deportaciones, con la afectación en viáticos y transporte al exterior, según el rebajo que plantean, la PPM se vería en la imposibilidad de cumplir con lo establecido en el artículo 18 inciso 4 de la Ley N° 8764, el cual reza: ‘Ejecutar el rechazo, la deportación y la expulsión de las personas extranjeras, cuando corresponda, de conformidad con el proceso reglado por la presente Ley’, ello por cuanto a través del proyecto supra se financian las subpartidas de viáticos y transporte al exterior.

• La Policía Profesional de Migración (PPM), deberá parar operativos y apoyo en diferentes puestos a lo largo y ancho del país, con la afectación en viáticos y transporte dentro del país.

• El servicio en Aeropuertos se vería perjudicado ya que los viáticos no alcanzarían para desplazar Policías a reforzar, cómo lo hemos dicho el Cuerpo Policial de la Policía Profesional es pequeño hay un gran faltante de personal para la gran operación que se tiene que desplegar de frontera a frontera

• El servicio podría ser lento y nuevamente se verían esas largas filas en los puestos de Control Migratorio.

• No se dotaría a los oficiales de la PPM del equipo e insumos necesarios e indispensables para la ejecución de sus funciones, tales como: chalecos antibalas, armas, uniformes, entre otros. Debido a la peligrosidad a la que se encuentran expuestos los oficiales durante sus labores operativas, y de no contar con este tipo de equipo, prácticamente se estaría limitando el accionar policial, lo cual incurriría incluso en un debilitamiento de la seguridad nacional e incumplimientos de las competencias que por ley corresponden.

• Algunas Oficinas Regionales se podrían cerrar porque la administración no podría pagar alquileres, en los últimos años el presupuesto ha disminuido y no se ha podido realizar construcción de oficinas o edificios propios de la institución.

• La atención a las personas víctimas de trata y tráfico de personas no seguirían atendiendo de la misma forma y la Ley la 9095 nos obliga a cierta atención a estas personas.

• La atención en los Centros de Atención de Personas Migrantes podría llegar a cerrar.

En el caso de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, esta requiere de mayor cantidad de plazas policiales, para cumplir de forma más eficiente y oportuna, sus responsabilidades de control migratorio establecidas en la Ley General de Migración y Extranjería (No. 8764).

En los años anteriores, la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) ha solicitado a la STAP, la creación de plazas policiales; sin embargo, debido a las restricciones presupuestarias y directrices presidenciales, no ha sido posible la aprobación de mayor cantidad de plazas por parte del Ministerio de Hacienda. A la fecha se requieren 245 oficiales según oficio GRH-3760-08-2017 de fecha 22/08/2014 del Gestor de Recursos Humanos, Célimo Rodríguez Pagani

Otro de los señalamientos realizado por la seccional ANEP-PPME, son las dificultades que tienen para la capacitación en los cursos policiales a oficiales de nuevo ingreso; así como para la Carrera Policial a los que están de alta en la Policía Profesional de Migración.

MSP expuso a policías sin capacitación terminada a atender manifestaciones

• Documento confirma que orden fue dada por los jerarcas
• ANEP cuestiona la directriz debido a que los estudiantes no han concluido el plan de estudios y se omitió lo que establece la Ley de la Academia Nacional de Policía.

Semanas atrás se manejaron días convulsos en diversos puntos del territorio nacional, en donde protestantes y policías tuvieron fuertes enfrentamientos, generados por las malas decisiones del Gobierno.

Como parte de este tipo de hechos se ha tenido que generar un reacomodo en cuanto a la distribución de los policías para atender cada uno de los lugares en donde la ciudadanía se ha manifestado con firmeza para poder hacer sentir su malestar con el gobierno Alvarado Quesada, que tiene como única «estrategia» imponer más impuestos.

Lastimosamente, el Ministerio de Seguridad Pública envió oficiales que estaban en proceso de formación a atender las manifestaciones, algunas de las cuales se fueron saliendo de control y requerían ser abordadas con personal capacitado.

Esto fue confirmado por parte de Randall Vega Blanco, Viceministro Administrativo del Ministerio de Seguridad Pública vía correo electrónico. “La disposición de utilizar a los funcionarios que se encuentran en proceso de capacitación en la Academia Nacional de Policía, la tomó el jerarca institucional, conforme a sus potestades.”

Esto genera una gran preocupación en cuanto a la diferencia con la que un oficial capacitado aborda alguna provocación, confrontación o manejo de situaciones tensas a una persona que se encuentra en fase de aprendizaje.

Mainor Anchia, Directivo Nacional de ANEP fue el encargado de consultar al Ministerio sobre este tan importante, máxime sobre lo complejo de enviar a la calle a personal sin capacitación, sumado al propio riesgo para el funcionario en caso de sufrir alguna lesión. De esta forma respondió Blanco

“En el caso de que algún servidor que se encuentra en proceso de formación resultare lesionado durante la atención de disturbios, habiéndosele requerido para prestar ese servicio policial, tal y como sería en corresponder, se le debe dar la oportunidad de que concluya su proceso de formación una vez que se haya recuperado de su lesión”.

Las potestades que tiene el jerarca institucional, no le permiten la omisión de lo que la misma Ley establece. Por otro lado, tenemos constancia de que cuando una persona en proceso de formación sufre una lesión física que le imposibilita realizar las rutinas de acondicionamiento físico, la administración por lo general prescinde de sus servicios. Señaló Mainor Anchía.

ANEP solicita votar negativamente proyecto de Empleo Público por estar cargado de vicios de inconstitucionalidad y por no ser producto de un proceso participativo

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) envió una carta a la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa formulando una exhortación pública a fin de que el Expediente Legislativo No. 21.336, Ley Marco de Empleo Público, no reciba voto afirmativo según se tiene previsto dictaminar mañana martes 20 de octubre, en esa comisión parlamentaria.

La solicitud de la ANEP radica en que serios especialistas de las ciencias jurídicas, con énfasis en los campos del Derecho Laboral y del Derecho Constitucional, han estado advirtiendo que este proyecto está plagado de vicios de inconstitucionalidad, lo que augura que será la Sala Constitucionalidad, la entidad institucional que, en última instancia, determinará la suerte final de este proyecto.

“El proyecto original ha sufrido transformaciones en su caminar por el seno de esa comisión parlamentaria, de suerte que las tres versiones del mismo, han imposibilitado tener una idea lo más razonable y concreta de las pretensiones del Poder Ejecutivo con el impulso a esta iniciativa; destacando de nuestra parte que es la ocurrencia circunstancial-coyuntural la que ha venido determinando contenidos centrales del mismo. Media, en consecuencia, gran inseguridad jurídica con relación a su texto final, pronosticándose importantes señalamientos de violación a la carta magna de 1949.”, indica el documento enviado a la comisión.

Para la ANEP no puede dejarse impune, desde el punto de vista del señalamiento público y crítico, la circunstancia de que el Poder Ejecutivo pretenda la instauración de un mega-ministerio, una institución todopoderosa y centralista en materia de Empleo Público y todos los factores asociados al mismo.

“Este tipo de entidades “totales” han sido frecuentes en regímenes autoritario-dictatoriales de diferente signo ideológico, pero en todos los casos, han generado grandes sufrimientos a los pueblos que las han padecido. En tal sentido, el quebranto al espíritu central de la Constitución Política de 1949, la que aún rige la vida social en la Costa Rica actual, es de extrema gravedad si tal pretensión se impone”, indicó el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes.

Proyecto no fue consultado

Otro de los argumentos plasmados por la ANEP, es que no puede argumentarse que este proyecto cuente con el beneplácito, en todo o en parte, de las entidades sindicales y profesionales aglutinadoras de las personas trabajadoras asalariadas del sector Público.

“En el caso de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, esta situación es mucho más grave pues no fuimos consultados en forma directa, es decir, con participación activa en formato de audiencia; y, con relación al documento oficial que entregamos conteniendo nuestro análisis y las fundamentadas razones que oposición a este proyecto, no tenemos la más mínima idea de cómo fue tratado nuestro planteamiento”, detalló Vargas. 

Para la organización sindical que aglutina a cientos de trabajadores del sector público, quedan muchos argumentos por puntualizar sobre el proyecto, los cuales no pudieron exponer ante la Comisión de Gobierno y Administración, junto al ejercicio reflexivo de los especialistas que colaboraron al respecto.  

 La situación sociopolítica del país es de alta tensión, como se ha podido constatar en los últimos días; multiplicándose los llamados al diálogo, a la negociación y a la búsqueda de acuerdos en los distintos ámbitos en que estamos conflictuados y confrontados como costarricenses. El empleo público es uno de esos ámbitos. Bien ha hecho el diputado Pedro Muñoz Fonseca en formular un llamado a la sensatez y a la prudencia al respecto, llamado que compartimos”, puntualizó el Secretario General de la ANEP.

Bajo estos argumentos, la ANEP plantea la necesidad de votar negativamente el expediente 21.336, Ley Marco de Empleo Público; y, someter la cuestión a un verdadero diálogo social con negociación efectiva, tal y como a gritos lo está reclamando la sociedad en muchísimos ámbitos de nuestra convivencia como nación, determinantes de la calidad de vida tanto para la generación actual como para las venideras.

San José, miércoles 14 de octubre de 2020.

ANEP no se prestará a la nueva maniobra gubernamental en cuanto al diálogo social

Grave error político desconocer la existencia del Movimiento Rescate Nacional.

Proyecto Estado de la Nación arriesga su prestigio y su propia credibilidad

Tema fiscal está sobradamente estudiado y sobran propuestas, entre ellas las de ANEP

Luego del fracasado proceso del “buzón digital de sugerencias”, pomposa y engañosamente denominado por el desacreditado Gobierno de Carlos Alvarado Quesada, Costa Rica escucha, propone y dialoga; éste anunció otro proceso de diálogo social previamente diseñado “a su medida”, buscando algo de legitimación social a la decisión política que ya tienen tomada para someter al país al Fondo Monetario Internacional (FMI).

La diferencia, de estilo, en esta ocasión es que han logrado involucrar al proyecto Estado de la Nación, de reconocido prestigio en la sociedad costarricense por la rigurosidad de sus análisis socioeconómicos y políticos; prestigio consolidado en la época de Miguel Gutiérrez Saxe, su gestor y primer director. Tal circunstancia puede deteriorar ese importante reconocimiento social con la decisión de su sucesor,  Jorge Vargas Cullell, de prestarse a esta nueva maniobra de Alvarado en materia de diálogo social.

La ANEP considera que este proceso, sin arrancar, ya presenta serios problemas de transparencia y desconfianza en cuanto a su objetividad. Por una parte, el Estado de la Nación está bajo la autoridad del Consejo Nacional de Rectores (Conare), de las cinco universidades públicas. Las máximas autoridades político-académicas de las mismas fueron aliadas tácitas del gobierno PAC con ocasión de la tramitación de la detestada ley del combo fiscal, en el 2018, logrando una especie de acuerdo político con Alvarado que alejó a las respectivas comunidades universitarias de la lucha popular de ese momento.

Quieren revestir de formalidad y legalidad un proceso, que de primera entrada no la tiene y parece ser que no cuenta con los respaldos necesarios, tal es el caso del apoyo en primera fila que brinda el presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank para esta convocatoria a ¨diálogo nacional¨, y que no cuenta con un acuerdo de la Asamblea Legislativa, para involucrar al Primer Poder de la República.

Por otro lado, el proceso ha sido diseñado sin considerar la existencia real del Movimiento Rescate Nacional, el cual mantiene amplios sectores populares en las calles de este país desde el pasado 30 setiembre, en medio de una conmoción social inaudita de consecuencias imprevisibles. Desconocer la existencia, el impacto y los planteamientos de este movimiento ciudadano, surgido desde las bases de la sociedad más golpeadas por la exclusión social y económica propiciada en los últimos gobiernos, representa una grave error político.

Sobre la gravedad del tema fiscal del país, del cual el pueblo trabajador, puntual pagador de sus impuestos, no es responsable del mismo, ANEP ha venido formulando planteamientos serios a lo largo de la última década, estudiando la realidad del tema y generado propuestas, las cuales tenemos a disposición de quien nos las solicite.

Reducir el ámbito de trabajo del diálogo que mediaría el Estado de la Nación, solamente para buscar cómo se obtendrían 2 puntos de PIB de ingresos fiscales nuevos, por una parte; y, por otra, de reducir en 8 puntos PIB el problema de la deuda pública, demuestra que este proceso se utilizará, tan sólo, para legitimar al desprestigiado gobierno de Alvarado en el manejo del tema; y, a la vez, ayudarle a diseñar el nuevo contenido de una segunda proposición al Fondo Monetario Internacional (FMI), luego de que el pueblo en las calles, liderado por el Movimiento Rescate Nacional, obligó al retiro de la primera versión.

Está más que esclarecido que Alvarado no renunciará ni al convenio con el FMI ni a nuevos impuestos. Solamente ocupa una especie de legitimación social y civil. La ANEP no se prestará a la maniobra.

Tal y como nos lo está mostrando el pueblo en la calle, el gobierno cambiará de posición en la medida en que la presión popular se agigante en todas sus dimensiones.

Hacemos un llamado para potenciar la más grande articulación cívico-popular que requieren los tiempos más delicados desde que se fundara lo que la historia oficial denomina como “Segunda República”. El Movimiento Rescate Nacional, mismo que cuenta con el apoyo total de la ANEP, representa el retrato más dramático de lo que ha sido la exclusión social y económica en los últimos gobiernos; contrastándose ello con el cruel avance de la concentración de la riqueza y de la destrucción de las capas medias, otrora bastión de la estabilidad democrática.

San José, miércoles 14 de octubre de 2020.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto

Tras doce años de lucha auxiliares del CEAAM del INAMU recibirán pago de horas extra

|Pago debe realizarse a treinta funcionarias de forma retroactiva a partir del 2007 a la primera quincena de setiembre del 2020

Luego de un largo esfuerzo y doce años de lucha, la seccional ANEP-INAMU logró que el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) reconociera el pago retroactivo de horas extra laboradas en jornada mixta y nocturna de las auxiliares de los Centros Especializados de Atención y Albergue de Mujeres Víctimas de Violencia sus hijas e hijos (CEAAM).

El pago que será efectivo desde el año 2007 al mes de setiembre del 2020, se estableció en la resolución PE-0158-2020 del INAMU,  de acuerdo con la información recabada donde se comprobó que las auxiliares aplican un promedio de 157 horas mensuales de trabajo en los dos turnos (mixto y nocturno): De 2.p.m. a 10 p.m. y de 10 p.m. a 6 a.m. respectivamente, acumulando 78.5 horas de labor mensual por cada turno, de las cuales 41.5 horas representan la ejecución de las tareas por cada auxiliar en el respectivo turno al mes.

“En el caso de las Auxiliares, se verifica un promedio de 41.5 horas mensuales por turno que requieren la presencia ejecutando las tareas, lo cual no encuadra necesariamente en lo que se ha llamado una función intermitente, según el criterio del Ministerio de Trabajo precitado y por eso ser consideradas como guardas dormilonas”, indica la resolución.

Además agrega “por lo anterior y de acuerdo con el estudio de Cargas de Trabajo, donde se verifica las funciones, frecuencia y tiempo de duración de cada una de ellas; asimismo de las funciones establecidas en el Manual Institucional de Cargos para el puesto de Auxiliar de CEAAM, esta comisión considera que existen elementos de hecho y de derecho para valorar por parte de la Presidencia Ejecutiva el reconocimiento de las jornadas mixtas y nocturnas, así como el respectivo pago a las funcionarias Auxiliares de los CEAAM, como está establecido en el Código de Trabajo, en los artículos 135 a 138”.

Audio: Wendy Williams Barnett, Auxiliar /ANEP-INAMU

Con esta resolución, el INAMU deberá realizar el pago retroactivo a 30 auxiliares que laboran en la institución desde el 2007 a la fecha en los CEAAM de Occidente, Caribe y Área Metropolitana.

Los CEAAM tienen como objetivo principal brindar un espacio seguro a las mujeres que enfrentan situaciones de violencia y que se encuentran en riesgo de muerte.Dada su naturaleza, por tratarse de un recurso de alojamiento, este servicio se brinda durante las 24 horas del día y los 365 días del año.

MSP infiltra policías en manifestación

El ministro de Seguridad Pública, Michael Soto Rojas deberá explicar sobre la infiltración de algunos policías con la finalidad de alterar los ánimos. No se vale que en conferencia de prensa diga que golpearon a «sus policías», cuando ellos mismos aparentemente enviaron personas a provocar caos.

Policías denuncian que deben compartir mascarillas contra gas

  • Además de usar chalecos sudados
  • Uniformados temen contagiarse de Covid

Varios oficiales quienes por miedo a alguna represalia contactaron a Mainor Anchía, Presidente de la seccional ANEP Fuerza Pública para denunciar que por la alta tensión que vive el país han tenido que formar parte de los grupos antimotines.

Durante este cumplimiento han visto evidenciado el faltante de equipo, por lo que han tenido que compartir, la mascarilla anti gases lacrimógenos, chalecos y otras partes de la indumentaria.  

Claramente, este tipo de problemas de desabastecimiento siempre ha sido constante dentro del Ministerio y se ha aplicado esta logística de compartir los elementos de protección.

Como es de conocimiento de todos, por la pandemia se han extremado las medidas de higiene y sin duda, esto asusta enormemente a muchos oficiales de contagiarse y de llevar el virus a sus seres queridos, en donde muchos conviven con adultos mayores, niños o personas de alto riesgo.

“En atención de la legislación vinculante en materia de Salud Ocupacional, esperamos que se tomen las medidas higiénicas útiles y necesarias, para resguardar el supra constitucional derecho a la salud de nuestros compañeros y compañeras.”, expresó Anchía.

El llamado es claro para el Ministerio de Seguridad, para poder recibir una explicación sobre la denuncia de los policías de todos los rincones del país, quienes han sido movilizados a atender los bloqueos.

Solicitud sindical para extender plazo para recibir propuestas de fortalecimiento del IVM es acogida por la CCSS

La Junta Directiva de la Caja Costarricenses del Seguro Social (CCSS) acogió la solicitud presentada por 15 organizaciones sindicales, para extender la fecha de recibo de propuestas que buscan fortalecer el régimen de pensiones de Invalidez Vejez y Muerte (IVM).

Anteriormente, la Junta Directiva de la CCSS, estableció el mes de noviembre como la fecha para iniciar el proceso de toma de decisiones para el fortalecimiento del régimen, sin embargo, para las organizaciones sindicales sería precipitado hacerlo en tan poco tiempo, por lo que ampliaron el plazo al 21 de enero.

Para las organizaciones sindicales firmantes de la solicitud, la Junta Directiva de la CCSS debe realizar una rendición de cuentas y brindar información actualizada sobre el estado del IVM previo a tomar decisiones, lo que permitirá generar propuestas acordes y efectivas para fortalecer y revitalizar el fondo de pensiones. A esto se suma, la difícil situación que vive el país con la pandemia de la Covid 19, por lo que resulta imposible lograr los objetivos en el corto plazo decidido por la Junta Directiva de la institución.

“La participación ciudadana en la toma de decisiones en el marco de la Seguridad Social, en particular diseñando y analizando estrategias de cobertura y sostenibilidad del régimen de pensiones, es fundamental para mantener la paz social y lograr el objetivo de garantizar a las generaciones actuales y futuras el derecho a recibir una adecuada protección ante las contingencias de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Para el cumplimiento de esos objetivos se requiere que los sectores sociales dispongan de suficiente información actualizada”, indican las organizaciones sindicales.

Rodrigo Arias López, Actuario Matemático y Asesor en tema de pensiones para los sectores sociales y sindicales

Para esto, las organizaciones sindicales propusieron que se nombre un grupo de expertos de la CCSS para que presenten la información solicitada (Anexo 1 del documento adjunto) y expongan detalladamente las causas que comprometieron la sostenibilidad del IVM, y los avances del cumplimiento de las 34 recomendaciones que hizo la Mesa de Diálogo en el año 2017.

Además, solicitan que, la Junta Directiva ordene actualizar la “Valuación Actuarial del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, al 31 de diciembre del 2018”, para que sea utilizada como insumo en el proceso de diálogo.

Organizaciones que presentaron el documento.

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Asociación Sindical de Empleados de la Energía y las Comunicaciones (ASDEICE)
Federación Costarricense de Trabajadores de la Salud (FECTSALUD)
Asociación de Empleados de la Seguridad Social (AESS)
Sindicato Nacional de la Salud y la Seguridad Social (SISSS)
Sindicato Nacional de Servicios de Salud (SINASS)
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud y la Seguridad Social (SINTRASAS)
Sindicato de Trabajadores de Farmacia y de Otros Servicios de la CCSS (SINTAF)
Sindicato de Ingenieros y Arquitectos de la CCSS (SIACCSS)
Asociación Sindical Nacional de Inspectores de la CCSS (ASNISS)
Sindicatos de Trabajadores de la Empresa Pública y Privada (SITEPP)
Unión Nacional de Trabajadores Públicos y Privados (UNTRAPP)
Sindicato de Trabajadores del Hospital de Guápiles (SITRAHOSGUA)
Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP)
Sindicato de Profesionales del CNP y FANAL (SIPROCNP)

Documento presentado

IVM-CCSS-Ampliación plazo-solicitud información by EugenioGuerrero on Scribd

La policía en medio del conflicto

Lic. Mainor Anchía Angulo, ANEP

En función del anuncio hecho por el presidente de la República sobre el acuerdo con el FMI, que incluye cargar al pueblo costarricense con más impuestos, luego de que se nos dijera que, de aprobarse el COMBO fiscal, hoy Ley 9635, se resolvería el problema de las finanzas públicas, tiene que verse como justa, legitima y necesaria la reacción de una amplia mayoría en contra de dicho acuerdo.

El rechazo fue generalizado, diversos sectores hicieron ver su oposición al convenio con el FMI, organizaciones sociales, agricultores, líderes religiosos, connotados y reconocidos economistas, así como, uno de los sectores laborales más golpeados históricamente por sus bajos salarios, aunado a las malas condiciones en las que tienen que desempeñarse, si, nuestros policías.

Nunca antes había visto una reacción tan espontánea, generalizada y genuina de una importante cantidad de funcionarios de la Fuerza Pública y de otras policías, en apoyo a la manifestación que en principio parecía pacifica, muchos publicaron: “Hoy el señor presidente don Carlos Alvarado le quita credibilidad a mi trabajo”. “Arduamente, me gane el respeto de la población que defiendo día con día en mi trabajo y hoy usted, si usted me pone en contra de mi pueblo (…)”. La policía en medio del conflicto, con sentimientos encontrados, reporta hoy más de cien funcionarios de “tropa” lesionados, los cuales, ahora paradójicamente verán reducido su salario como consecuencia incapacidades.

Al efecto, es claro para el suscrito, al ser parte de la una organización que ha venido liderando la reivindicación del trabajo policial, que nuestros uniformados entendieron que de la misma manera en que se vieron afectados por la implementación de la Ley Fiscal Nº 9635, que les vino a provocar una regresividad en materia de incentivos salariales, igual se vieron afectados con el congelamiento del pago de anualidades, se verán afectados ante un eventual convenio con el FMI, que nos imponga una mayor carga tributaria. Ello, indudablemente provocó ese sentimiento de identidad, con quienes, de alguna manera al oponerse a más impuestos, defendía sus intereses.

Posiblemente, nunca antes se tuvo una oportunidad igual, pero, lamentablemente, algunos de los líderes de movimientos sociales siguen sin entender que nuestros policías son pueblo, que detrás del uniforme se encuentra un ser humano con sensibilidad, con conciencia, con una familia que alimentar, con necesidades iguales o similares a las suyas, pero, que deben hacer su trabajo, máxime cuando en un movimiento que, aunque parezca justo, se infiltran antisociales con la finalidad de provocar caos.

Que difícil se torna la función policial, cuando de un lado se tiene al patrono que reprime tus Derechos Humanos y del otro el pueblo que no comprende la naturaleza de tu trabajo, que parece desconocer que los cuerpos policiales siguen órdenes del presidente de la República y que tienen las siguientes competencias legales:

“El Estado garantizará la seguridad pública, sin perjuicio de lo estipulado en el Título IV de la presente Ley. Al Presidente de la República y al ministro del ramo, les corresponde tomar las medidas necesarias para garantizar el orden, la defensa y la seguridad del país, así como las que aseguren la tranquilidad y el libre disfrute de las libertades públicas”. Ley 7410.

Al efecto, establece nuestra Carta Magna: Son deberes y atribuciones exclusivas de quien ejerce la Presidencia de la República:Ejercer el mando supremo de la fuerza pública;”.

Luego se pueden citar entre sus atribuciones, el resguardo del orden constitucional, la vigilancia y el mantenimiento del orden público. En los últimos días he leído varios comentarios que dicen: “porqué no entran así en Crucitas”, señoras y señores, sino lo hacen, es porque los que manejan políticamente nuestra policía no lo han ordenado, el que lee entienda. Por ello, lo que se dio en Cañas, con lanzamiento de gases sobre las casas de habitación, es en principio responsabilidad del Poder Ejecutivo, que envío al lugar un grupo elite, de choque, posiblemente con instrucciones claras y precias por parte del comandante en jefe, don Carlos Alvarado.

Créanme quienes leen estas líneas, que quisiera motivar que nuestra policía le de la espalda a un gobierno mediocre, a un presidente que les ha dado la espalda una vez y otra también, que en mi opinión es soberbio, autoritario, prepotente, inmaduro e incapaz para gobernar. Sin embargo, creo en nuestra institucionalidad, creo en el valor de conservar la paz que nos fue heredada, creo que, en efecto tenemos que cambiar nosotros al momento de elegir a nuestros gobernantes; lo dijo el mismo Luis Guillermo Solís “piensen mejor el voto la próxima vez”.