• Se avecinan despidos agravando más el caso social en desarrollo
_Inaceptable nuevo ataque a la autonomía de las municipalidades_
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) expresa su más enérgica condena por la torpe y malintencionada decisión tomada por el gobierno de Alvarado y su ministro del MOPT, Rodolfo Méndez Mata, de aplicar un abusivo recorte presupuestario del aporte estatal para la construcción de caminos, calles y vías vecinales, que promueven y ejecutan las municipalidades del país.
Se trata de un recorte abusivo contra el desarrollo local, por una parte. Por otra, vaticina dolorosos despidos de personal obrero, técnico y profesional, agravando más la situación de caos social en que han sumido al país esas políticas macroeconómico-fiscales de sesgo dogmático y extremista que continúan profundizando la polarización en el seno de la comunidad nacional; políticas perversamente intensificadas en el marco de la tragedia de salud de la pandemia.
El recorte de 41 mil 500 millones de colones pudo ser evitado, si no mediase una posición tan fanática y extremista en quienes hegemonizan las políticas del Ministerio de Hacienda, por un lado; por otro, se pudo haber obtenido esa cantidad tan sólo quitándole un poquito a las impresionantes sumas multimillonarias en infraestructura que se vienen invirtiendo y que, por cierto, aumentan descomunalmente las fortunas del oligopolio de las constructoras cuyo peso político en el actual gobierno es, también, descomunal.
Por otra parte, nos preguntamos: ¿habrá algún cobro de factura ideológico, encubierto, por la reciente legislación que sacó a las municipalidades de la regla fiscal y que tanto molestó a los extremistas del déficit bien afincados en una cartera ministerial como la de Hacienda?
Hacemos un llamado a las más conscientes autoridades políticas de las municipalidades para que cuestionen en sede constitucional la decisión abusiva de la Dirección de Planeamiento y Programación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Desde un punto de vista formal-institucional no puede, en nuestro criterio, un departamento de segundo nivel irse contra la majestad de una ley de la República y, mucho menos, agrediendo de paso a la autonomía constitucional de las municipalidades.
ANEP alerta a la población trabajadora municipal que gestiona el desarrollo de caminos, calles y vías vecinales con base en los recursos que el Estado central debe estar obligado a proveer a las municipalidades por imperativo legal, para que se organicen y defiendan la continuidad del significativo programa de la Red Vial Cantonal; así como para que defiendan sus propios empleos y el sustento económico familiar.
Y aún en tiempos de pandemia, la organización para la movilización inteligente es perfectamente posible.
ANEP hace un vehemente llamado a toda la comunidad institucional laboral de las municipalidades, en especial a las agrupaciones sindicales de su población trabajadora, para que estén en máxima alerta con la finalidad de que, nuevamente, salgamos en defensa de la estabilidad republicana de los gobiernos locales, así como para salir en defensa de la estabilidad laboral y social de las municipalidades.
San José, sábado 4 de julio de 2020.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General
Wálter Quesadab Fernández, Secretario General Adjunto
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS (ANEP)
La ANEP mediante una recopilación de datos retrata la realidad que enfrentan los policías de tránsito en todo el territorio nacional
Parte de los problemas refieren a que la mayoría de delegaciones de tránsito cuentan con orden sanitaria del Ministerio de Salud y al faltante de personal pese a la gran cantidad de funciones que desempeñan.
Malas condiciones físico sanitarias, desechos de muebles, llantas con agua estancada, vehículos dañados, tuberías sin tapar, aposentos sin servicios sanitarios ni lavamanos, estas son algunas de las razones por las que 32 de las 37 delegaciones de la Policía de Tránsito del país tienen orden sanitaria del Ministerio de Salud.
Así lo demuestran los datos obtenidos mediante consulta de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) al Ministerio de Salud, los cuales fueron suministrados con fecha la 5 de junio del 2019.
Para ejemplificar la realidad mencionaremos a aquellas que poseen el aviso de las autoridades de Salud para realizar las mejoras; a la Delegación General de la Policía de Tránsito en Zapote se le giró una orden sanitaria por problemas físico sanitarios y de seguridad; la Escuela de Capacitación de la Policía de Tránsito ubicada en San Rafael arriba de Desamparados presentaba deficiencias físico-sanitarias y de seguridad, dos vehículos en abandono, llantas con agua estancada, desechos de muebles y otros materiales a la intemperie, mientras que la oficina de la Policía de Tránsito en Desamparados recibió orden del Ministerio de Salud por que no posee sistema mecánico, es decir, ni baño ni fregadero, además tiene el piso dañado y no cumple con la Ley 7600.
Por su parte, en los depósitos de vehículos del Cosevi en Desamparados se encontraron puntos con residuos sólidos diversos y tubería sin tapar y canoas sin plan de limpieza.
Las Unidades Policiales de Alajuela, Heredia y Grecia obtuvieron la orden sanitaria por condiciones físicos sanitarias y está última también por razones de seguridad.
Uno de los peores escenarios, se vive en el depósito de vehículos de la Dirección General de la Policía de Tránsito ubicado en Santo Domingo de Heredia donde fueron detectadas falencias como depósitos de carros a cielo abierto, crecimiento de maleza, presencia de zancos e improvisación de casetillas de los guardas en condiciones de peligro e insalubres.
En la zona atlántica, las principales inconformidades en la Unidad Policial de Guápiles encontradas son las condiciones físico-sanitarias, las autoridades deben de buscar la evacuación de las motos decomisadas y patrullas en mal estado del predio de la delegación. Mientras que la Unidad Policial de Siquirres posee dos órdenes sanitarias por condiciones físico-sanitarias y seguridad. En el área de Guanacaste, la Unidad Policial de Liberia recibió orden sanitaria por acumulación de vehículos en el entorno de las estructuras físicas, es decir, de oficina de licencias, policía de tránsito, oficinas de ingeniería y transporte público. La delegación de Tránsito de Nicoya y la de Cañas poseen orden sanitaria por condiciones físico-sanitarias y de seguridad. Al igual que el plantel del MOPT de Cañas y el plantel del COSEVI en Cañas.
En la Unidad Policial en San Nicolás en Cartago, se encontraron 36 motocicletas a la intemperie sin acumulación de agua ni plagas. Además, según el reporte del Ministerio de Salud cada semana salen 20 motocicletas para los depósitos de Pavas, Coco o de Cartago.
La delegación de Tránsito de Palmar Norte en Osa, no cumple con la Ley 7600 (servicio sanitario y accesos) y no existe mantenimiento del edificio. La Unidad Policial de Río Claro en Guaycará de Golfito, tiene problemas de infraestructura, condiciones inseguras e insalubres. Asimismo, la delegación en Jacó tiene deficiencias por sus condiciones físico-sanitarias.
A este problema de las delegaciones en mal estado se suma la falta de oficiales de tránsito y muchas otras carencias en la Dirección General de la Policía de Tránsito.
ANEP consultó sobre las plazas que se requieren para atender las competencias que le confiere la Ley General de Policía, sin embargo, ante dicha solicitud informaron que la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) no cuenta con ningún tipo de estudio sobre el tema, lo que impide contar con un dato a nivel ministerial.
Lo único que se posee es un estudio realizado por la Unidad de Planificación denominado “Personal policial requerido en las delegaciones de tránsito de la Dirección General de la Policía de Tránsito”, el mismo fue realizado en el año 2010 y actualizado en los años 2012 y 2018.
En dicho estudio para determinar el personal requerido en la Policía de Tránsito se utilizaron cinco variables las cuales son las regulaciones, operativos de control, atención de accidentes, controles rutinarios y la atención de eventos especiales.
Se registraron las cantidades totales de puntos de regulación efectivos que deben atender cada una de las Delegaciones y Corredores de Tránsito, a esto se suma, la cantidad de oficiales de tránsito que se necesitan para atender dichos puntos de regulación, independientemente de si se cuenta o no con dicho personal. También se incluyeron la cantidad total de operativos de control ejecutados para cada Delegación o Corredor de los Planes Operativos Institucionales del año 2017, financiados tanto por e MOPT como por el Cosevi y se incluye el índice de accidentalidad del año 2017.
De acuerdo con el documento el personal faltante es de 2040 policías de tránsito, para obtener este calculo se aplicó una fórmula total es decir, se cuantificaron todas y cada una de las cinco actividades que desarrolla la Policía de Tránsito, las cuales fueron mencionadas anteriormente.
“Permitió obtener un valor final muy cercano a la realidad operativa de este Cuerpo Policial. De los datos obtenidos se infiere, que la planilla operativa actual, representa el 21% (540) de lo que se necesita en la realidad (2580), o sea que se tiene un faltante del 79% (2040)”, indica el informe.
Es importante destacar en la necesidad del personal administrativo de apoyo que se tiene ya que prácticamente en todas las delegaciones y regionales de tránsito, cuando hay una ausencia de este personal; prácticamente se “obliga” al policía de tránsito a asumir las funciones administrativas, reduciendo aún más la participación y utilidad en las carreteras.
Para nuestra organización sindical, existen muchas preguntas del por qué no se ha reforzado a esta dependencia y parte de las interrogantes tienen que ver con los recursos. ¿cuál es el ingreso por infracciones a la Ley de Tránsito que registra mensualmente el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT)?
Esta información fue suministrada mediante oficio DF-2019-214, suscrito por la Dirección Financiera del Consejo de Seguridad Vial, el cual aclara que las multas provenientes por infracciones a la Ley de Tránsito forman parte del Fondo de Seguridad Vial dispuesto para el cumplimiento de las funciones del Consejo de Seguridad Vial, de acuerdo con la Ley de Administración Vial Número 6324.
Los ingresos mensuales son variables, ya que dependen del comportamiento y necesidades de los usuarios para cancelar las infracciones de que son objeto.
El concepto de los ingresos por las multas de tránsito e intereses moratorios registrado en el año 2018 corresponde a ¢12.176.815.407,42, es decir más ¢12.176 millones. Los meses en los con mayores ingresos son enero, noviembre y diciembre (Ver recuadro).
Mientras que en el año 2019 al mes de abril se registraron ¢4.860.629.323,55 millones, es decir más de ¢4.860 millones. (Ver recuadro).
En 16 meses, los ingresos por multas de tránsito e intereses moratorios fueron de más de 17.000 millones (¢17.019.444.730,88).
La seguridad en carreteras en deficiente, dado el poco personal y el faltante de al menos 2.000 policías, por ello, consideramos que los ingresos económicos deberían permitirle al MOPT, ser autosuficiente para solventar el faltante de recurso en la Policía de tránsito. Por otro lado, las condiciones infrahumanas que deben soportar los oficiales de la policía de tránsito, dan cuenta de una deficiente gestión por parte de quienes han ocupado en varias administraciones los cargos jerárquicos dentro de dicho Cuerpo Policial; así como la falta de voluntad política, de quienes lejos de tomar decisiones encaminadas a fortalecer la labor policial, la debilitaron al asignarle a la Fuerza Pública el recargo de la policía de tránsito.
El tiempo nos permite una vez más decir, teníamos razón, cuando dijimos muchas veces que la falta de personal y las deficientes condiciones en la policía de tránsito, obedecían a un problema de gestión institucional, acompañada de falta de voluntad política. Lamentablemente, nuestros legisladores, que la mayoría de las veces se dejan llevar por el calor del momento, sumado al poco conocimiento que tienen de la función policial; se dejaron seducir por la propuesta de Fabricio Alvarado, recargando las competencias de la Policía de transito en la Fuerza Pública, con lo cual, se vera en el corto plazo se estará afectando la prevención y la represión de delitos y, por ende, la seguridad humana.
En conclusión: Tenemos una policía de tránsito raquítica, por el faltante de personal que es más que evidente, al mismo tiempo, los funcionarios que se mantienen activos enfrentan un tremendo desgaste físico, en función de los roles que mantienen.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) interpuso ante la Sala Constitucional un Recurso de Amparo contra la Junta de Protección Social (JPS) por el cierre del correo electrónico institucional de la Seccional ANEP-JPS.
Para la ANEP esta acción se suscribe en lo que se conoce como prácticas antisindicales por parte del patrono, ya que el correo electrónico era utilizado por la Seccional ANEP-JPS para enviar diversas comunicaciones a sus afiliados en la Junta de Protección Social y viceversa. Además, donde se daban a conocer denuncias realizadas por la seccional.
Rafael Mora, Asesor de la ANEP indicó que este tema ha sido conocido en el pasado por la Sala Constitucional, que en reiterada jurisprudencia ha ordenado a las instituciones estatales el facilitar a la representación sindical de las herramientas electrónicas necesarias para ejercer la actividad sindical. Una de las más recientes es la sentencia 12778 – 2019.
Mora indicó, que también se estaría por violentando los artículos 60 de la Constitución Política, y al artículo 2 del Convenio 135 de la Organización Internacional de Trabajo, así como las recomendaciones de la OIT sobre la libertad sindical.
Cierre de correo bloquea la comunicación
Desde hace muchos años, la Junta de Protección Social había asignado dentro de su plataforma de comunicaciones electrónicas, el correo seccional@jps.go.cr, con el fin que la seccional ANEP-JPS pudiera realizar las comunicaciones necesarias y ejercer la representación de forma efectiva y eficiente, trasladar información a los afiliados y trabajadores sobre las actividades del sindicato, recibir denuncias de los trabajadores entre muchas otras actividades.
No obstante, en fecha 26 de mayo de 2020, por orden de la Presidente Ejecutiva de la Junta de Protección Social, Esmeralda Britton González, dicha institución decidió de forma unilateral eliminar la cuenta y la dirección electrónica que por años había sido asignada a la Seccional ANEP-Junta de Protección Social.
Mora explicó, que al cuestionar por parte de la seccional la razón por la cual no funcionaba la dirección electrónica, un funcionario del departamento de tecnologías de información de la Junta de Protección Social, de apellidos Collado Jiménez respondió que “La cuenta correo fue eliminada a solicitud de Doña Esmeralda por una cuestión de seguridad y por un posible mal uso de la misma. Si tienen alguna duda o solicitud hacérsela llegar a ella.”
Sin embargo, para Mora no existe una justificación clara, ya que no indican o detallan cuales son los problemas de seguridad o mal uso a los que hacen referencia. Y caso contrario, el cierre de la cuenta afecta al sindicato y sus afiliados en la Junta de Protección Social
«La afectación es para el sindicato y sus afiliados esa cuenta de correo electrónico contenía información sensible de los trabajadores, denuncias que realizaban, solicitudes de ayuda, información de afiliaciones y desafiliaciones, información del sindicato, archivos adjuntos, y diversos tipos de comunicaciones esenciales para el desempeño de la representación de los trabajadores», finalizó Mora.
El recurso de amparo presentado por la ANEP fue acogido por la Sala Constitucional para su estudio.
Nuestra organización sindical considera que la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho, ha desarrollado un accionar político contraproducente.
La Junta Directiva Nacional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), solicitó la salida de la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho; así lo oficializó ante el Presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruishank Smith, mediante una carta enviada este jueves.
La Junta Directiva Nacional ANEP, en su sesión ordinaria No. 2213, consideró que la actual titular de la Defensoría de los Habitantes, ha desarrollado un accionar político contraproducente para los fines de defensa social de la entidad, lo cual ha provocado disminución en la credibilidad ciudadana en la Defensoría.
“(…) así constatado al verse ella misma envuelta en situaciones de orden político-partidista que impulsan el sendero de pérdida de confianza que ha venido experimentando la Defensoría de los y de las Habitantes de la República en los últimos tiempos y por diversos factores; llegándose al punto máximo de intolerancia cívica de su propio papel y el de la institución en cuanto tal en el controversial asunto del escándalo público conocido como la UPAD”, indica la carta.
Para la ANEP es necesario recuperar la confianza de los ciudadanos en la Defensoría de los Habitantes, especialmente en estos momentos que el país atraviesa por mucha desigualdad; y exclusión social y económica. Además, espera que las fracciones legislativas hagan eco de nuestras solicitudes y recomendaciones “no sólo por la importancia de acudir en rescate de esa instancia auxiliar de la Asamblea Legislativa y su legitimidad frente a la ciudadanía, a la que se debe -más ampliamente: a los y a las Habitantes-; sino porque se le haría un flaco favor a la credibilidad del Congreso”.
El Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes explica que Catalina Crespo Sancho es considerada por los sectores sociales como la “Defensora de los Políticos”, debido a ello se han perdido espacio que en condiciones normales se podría facilitar el diálogo constructivo para la sociedad.
“En caso de que la Asamblea Legislativa deje pasar esta oportunidad para devolverle el fuste y brillo a una institución con tan enorme potencial constructivo, desaprovechado hasta ahora según nuestro criterio, veremos pasar de lejos una institución que estimaremos cooptada por el poder político y servicial a intereses manidos, claramente identificables”, agrega.
La ANEP recalca que la escogencia del o la representante de la Defensoría de los Habitantes no debe tomarse a la ligera, es un tema muy sensible y urgente por lo que si se abre un espacio para nombrar a otro representante nos aseguraremos “de que no sólo se observen las formas en la Comisión de Nombramientos; sino y sobre todo, de que el pueblo de Costa Rica cuente con alguien valiente y firme, independiente y honesto, pero sobre todo: apolítico. En una palabra: del pueblo, en vez de permitir la tradición con alguien de los políticos”.
-Posición oficial de la ANEP ante las seis medidas adoptadas por la alcaldía como forma de asegurar estabilidad laboral y financiera institucional.
–No aceptamos que la factura la paguen los trabajadores.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) envió a la Municipalidad de San José su oposición a las seis medidas que pretende adoptar el municipio josefino para asegurar estabilidad laboral y financiera institucional, lo que significaría despido de personal.
Como organización socio-laboral y practicante del Sindicalismo Sociopolítico, reconocemos dos fuerte impactos de orden financiero que han vivido nuestros gobiernos locales. Nos referimos, en primera instancia, al sometimiento de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, con la cual el Poder Legislativo entregó la autonomía constitucional, política, administrativa y financiera del régimen municipal costarricense y, particularmente, la perversa regla fiscal; misma de la cual finalmente logramos excluirnos y recobrar en el mediano plazo, la necesaria estabilidad financiera y, por ende, la estabilidad laboral institucional.
En este mismo contexto, las sabidas consecuencias en el ámbito local, nacional y global del COVID-19, con lo cual sufrimos un grave deterioro de orden económico y social en las ya deterioradas finanzas públicas centrales y las del nivel municipal; factura que hemos tenido que pagar la clase trabajadora, con despidos, reducción de jornadas laborales y, por ende, los mas golpeados, los sectores sociales históricamente mas excluidos de la sociedad
En este contexto de situación, no es de recibo que todas las medidas para asegurar la estabilidad financiera institucional, la mayor estabilidad laboral y financiera institucional, tenga que recaer sobre las espaldas de las trabajadoras y de los trabadores municipales, que han mostrado sobrado compromiso en los momentos de mayor adversidad institucional.
Ante las seis medidas restrictivas de la Alcaldía, factura que no debemos pagar los trabajadores y trabajadoras institucionales y que son rechazadas por la ANEP y la Seccional ANEP-Municipalidad de San José, argumentamos seguidamente la implementación institucional de tres medidas estratégicas, para la recuperación de los ingresos municipales, que exponemos a continuación.
1)-EQUIPO GERENCIAL INSTITUCIONAL DEBERA REALIZAR UNA REINGENIERIA FINANCIERA EN ALQUILERES Y VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES.
ANEP y nuestra seccional ANEP-Municipalidad de San José consideran oportuno y de extrema urgencia, un profundo y auscultado diagnóstico de situación institucional de mayor calado, que nos permita visualizar y enfocar la toma de decisiones más estratégicas a través de una reorganización financiera; priorizando actividades sustanciales de orden operativo y administrativo, así como toma de decisiones, que generen sobrados réditos financieros; contrarrestando así las proyecciones negativas aproximadas a los quince mil millones de colones menos en ingresos, según lo estima esa honorable alcaldía.
Se requiere un profundo análisis de orden financiero que determine lo estrictamente necesario para la operación institucional , en contratación admirativa, alquileres de edificios, alquiler de camiones recolectores privados, alquiler de camiones, vehículos y maquinaria pesada, en las distinta áreas institucionales; venta de algunos activos o bienes muebles e inmuebles que generan poco o ningún redito financiero, cero contratación de servicios que no sean indispensables o fundamentales, así como el aplazamiento a mediano plazo en compra de equipos y maquinaria, tanto como la posposición de inversiones en infraestructura que sea considerada como no fundamental en el corto plazo.
En este contexto de situación, no justificamos bajo ninguna circunstancia que se continúe pagando sumas millonarias a la empresa privada que brinda los servicios de recolección; y, reconocemos la atinada decisión de comenzar a invertir en la recuperación de, al menos, cuatro camiones recolectores institucionales que todavía puedan mantener o alargar su vida útil. En esta misma dirección, es propicio que esta municipalidad despliegue una considerable inversión en el fortalecimiento del taller mecánico, tanto en equipo, en capacitación como en recurso humano.
De igual manera hacemos hincapié para efectuar una estricta revisión de bienes muebles alquilados, pues esta municipalidad cancela sumas millonarias en activos que nunca serán propiedad institucional; adicionándole una serie de activos inmuebles que son patrimonio institucional. Ejemplo de ello, el terreno que recientemente adquirió esta municipalidad en Pavas, por la suma de dos millones de dólares.
2)-URGENTE INICIO DE ESTUDIOS DE PRE Y FACTIBILIDAD PARA LA OPERACIÓN DE UN MEGA RELLENO SANIARIO, MEDIANTE UNA ALIANZA ESTRATÉGICA DE MUNICIPALIDADES.
Uno de los temas sensibles para la toma de decisiones de esta honorable Alcaldía, tiene que ver con la interrogante siguiente: ¿Continuamos cancelando más de mil millones al año a la Empresa Berthier EBI de Costa Rica S.A, por la disposición y manejo integral de residuos sólidos; o, emprendemos el ambicioso proyecto de un relleno sanitario de primera generación, mediante alianzas estratégicas con otros gobiernos locales? En ANEP consideramos como de orden estratégico el inicio de estudios de pre y factibilidad de lo que estamos seguros sería un rentable negocio empresarial municipal.
Si bien esta última interrogante sobre la decisión estratégica del relleno sanitario, es un proyecto de mediano plazo y largo plazo, que no impactaría de manera positiva las actuales finanzas intencionales; sí podría representar un negocio rentable que aliviaría de manera considerable las golpeadas finanzas institucionales, permitiendo realizar grandes inversiones infraestructurales y servicios; un enorme desafío, una gran oportunidad.
Así las cosas, estamos convencidos de que si el equipo gerencial institucional se de a la tarea de realizar el diagnóstico respetuosamente sugerido por ANEP y su Seccional ANEP-Municipalidad de San José, lo cual implicaría revisar cada renglón presupuestario para lograr visualizar si es estrictamente sustancial la inversión, o contrario sensu, destinar dichos recursos en otros renglones o modificaciones presupuestarios, harían innecesaria la adopción de las seis medidas anunciadas por la alcaldía y que ANEP considera medidas inaceptables, no por mero populismo sino porque hay otras alternativas institucionales para contrarrestar las proyecciones de los quince mil millones menos en ingresos.
igual manera, se contaría con los recursos necesarios para la disposición de tiempo extraordinario, indumentaria, no requiriéndose la implantación de horarios alternos y rotativos y estaríamos garantizando la estabilidad laboral de los trabajadores y trabajadoras de Seguridad Interna y Consejería, sin necesidad de tercerizar servicios o privatizar estas dependencias institucionales.
3-) RENEGOCIACIONES CREDITICIAS CON ENTES BANCARIOS, ORGANISMOS ESTATALES Y FINANCIEROS, PARA REAUDECUACUÓN DE CRÉDITOS Y PAGOS DE INTERESES.
Desde nuestra visión, consideramos como de primer orden que se direcciones todas las gestiones posibles con la finalidad de buscar formas negociadas con las instancias financieras con las que este municipio ha contraído créditos para la inversión social.
4-) ALCALDÍA DEBE DE RECONONOCER EL AJUSTE SALARIAL CORRESPODIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE, JULIO A DICEIMBRE DEL 2020 Y 2021.
Con respecto al ajuste salarial del segundo semestre del 2020, la alcaldía pactó con los sindicatos que firmaron el Acuerdo Simple, reconocer el porcentaje del 1 %, siempre y cuando las municipalidades fueran excluidas de la regla fiscal, cometido que logramos; en consecuencia, deberá ser reconocido dicho porcentaje. De igual manera ya existen dos importantes pronunciamientos: MIDEPLAN-DM-OF-0616-2020 DG-OF-357-200 y el C-202-2020 de la Procuraduría General de la Republica(PGR), dando sustento jurídico para que las trabajadoras y los trabajadores tienen el derecho de percibir los ajustes salariales semestrales.
Documento con selleos de recibido
En conclusión, la ANEP y la Seccional ANEP-Municipalidad de San José consideramos que la solución para el saneamiento y fortalecimiento financiero de la Municipalidad de San José, como consecuencia de la regla fiscal y del COVID-19, radica en una rigurosa reingeniería financiera de orden estratratégico, que determine la estricta y necesariamente cuáles inversiones sociales deben de seguir manteniéndose
operados por la municipalidad; disminuyendo a la mínima expresión los alquileres de equipos, camiones, vehículos edificios y maquinaria, contemplando la venta de activos en desuso.
Así las cosas, de la manera mas respetuosa instamos a que esta Alcaldía instruya a su equipo gerencial al respectivo análisis financiero en cada uno de los renglones presupuestarios, direccionando los recursos a fortalecer cada una de las seis áreas a las cuales se les aplicaría medidas restrictivas anunciadas por la alcaldía, las cuales respetuosamente deben de quedar sin efecto y ser archivadas.
Finalmente nos permitimos solicitar ser atendidos por su autoridad y el equipo gerencial institucional, incluyendo al Lic. Marco Vinicio Corrales Xatrux, Gerente de Servicios y Provisión; al Lic. Edgar Sandoval Montero, Gerente Financiero; a don Rodolfo Fonseca Pérez, Director Financiero; al Lic. Allan Vásquez Salazar, Director de Talento Humano; así como jefaturas de área y departamentos operativos; lo anterior con el propósito de discutir las argumentaciones institucionales sobre nuestra perspectiva sociolaboral, conjuntamente con las organizaciones que conforman la Junta de Relaciones Laborales.
Quedaremos a la espera de vernos complacidos en nuestra respetuosa solitud.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Bolívar Sánchez Alvarado, Presidente Junta Directiva Seccional ANEP-Municipalidad de San José
La ANEP y su Junta Directa Nacional, realizaron un merecido reconocimiento a Luis Gerardo Obando Chavarría, trabajador de la Municipalidad de San José quien ha permanecido afiliado a nuestra organización por 22 años.
Este viernes en la sesión ordinaria de la Junta Directiva Nacional de la ANEP, se dio la firma de la denuncia penal que estarán presentado tres asesores sindicales de la ANEP, junto a dos ex trabajadores municipales contra el Alcalde Talamanca y el Fiscal de la zona.
Indignación, condena y preocupación por lo que pasa en AyA
Deben sentarse todas las responsabilidades sin miramiento alguno
Al parecer los enemigos están dentro de la institución y los privatizadores, felices, están al asecho
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), deja pública constancia de su profunda indignación, de su más vehemente condena y de su honda preocupación por lo que denominamos como la crisis estructural que está viendo el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA); entidad más que estratégica para la paz social y para la propia estabilidad republicana y democrática del país.
ANEP, con una sólida autoridad moral acumulada por su larga lucha en defensa del patrimonio institucional que nos fuera heredado por las generaciones anteriores que siempre se preocuparon por el bien común y la inclusión social, patrimonio del cual AyA es parte fundamental; exige que se sienten todas las responsabilidades y sin miramiento alguno, mucho menos con tutelas de compadrazgo politiquero, a fin de sancionar a las personas culpables de los nada creíbles “errores” por los abusivos cobros tarifarios que se han hecho evidentes en las últimas semanas, afectando a miles de familias de los sectores obrero-sociales y de la clase trabajadora, muchas de las cuales están sufriendo por la consecuencias económicas negativas de la pandemia del coronavirus covid-19.
Esta legítima exigencia por transparentar al máximo el señalamiento de responsabilidades incluye, por supuesto, a las autoridades políticas de mayor nivel, empezando por la propia Presidencia Ejecutiva de la institución y por su Junta Directiva. No pueden mirar para otro lado y si competencia grave les cabe por la agresión económica sufrida por la población usuaria, deben dejar la institución.
ANEP está convencida de que mucha de las razones de la crisis estructural que sufre el AyA se debe a la perversa acción de ciertos enemigos internos colocados en posiciones claves y que, pese a los cambios de administración, siguen ostentando cargos de poder que en nada contribuyen a la superación de la acumulación de problemas y de severos yerros de gestión.
Con dolor tenemos que admitir que presumimos la acción oscura de las fuerzas político-privatizadoras alimentando el desarrollo de la crisis estructural de AyA, para llevarla a un punto de no retorno en el cual sea la propia población afectada la que clame por su entrega a las despiadadas fuerzas del mercado abierto, mismo que opera sin la menor pizca de sensibilidad social y de preocupación por el bien común.
ANEP refirma su compromiso sociopolítico y sindical en defensa de la institucionalidad del AyA y de lo que representa, teniendo absoluta certeza de que la mayoría de su personal operativo, técnico, administrativo y profesional no solamente representan un funcionariado honesto, sino que tienen plena convicción de que la institución debe ser defendida de la “tiburonada” que desea engullirla y que saben que el agua privatizada es un negocio de demasiados millones de colones y de dólares en juego. Damos un paso al frente en defensa activa de AyA.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
Edwin Marín Bonilla, Presidente Seccional Nacional ANEP-AyA
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
