• El juez indicó que no era de su competencia conocer los recursos de apelación por el caso de los trabajadores despedidos injustificadamente de la Municipalidad de Talamanca. • Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica concuerda con ANEP al considerar que le correspondía al Juzgado Contravencional de Bribri darle trámite a los expedientes.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) interpuso una denuncia en Inspección Judicial contra el juez Contravencional del Juzgado de Bribri, Víctor Orozco Zarate debido a que consideró que “dicho despacho era incompetente para conocer los recursos de apelación” que presentaron varios trabajadores por el despido injustificado realizado por el Alcalde de Talamanca, Rugeli Morales Rodríguez.
De acuerdo con los hechos contemplados en la denuncia, el pasado 5 de junio, una trabajadora de apellido Selles, de la Municipalidad de Talamanca acudió al Juzgado Contravencional de Bribri a interponer el recurso de apelación contra la resolución administrativa de revocatoria del despido. Sin embargo, el Juzgado Contravencional de Bribri, declinó el conocimiento de este asunto al interpretar el artículo 159 del Código de Municipal y considerar que dicho despacho era incompetente para conocer este tipo de diligencias y ordenó remitir el asunto ante el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica.
El actuar del juez Orozco Zarate fue el mismo ante los otros recursos de apelación de despido injustificado presentado por otros tres trabajadores de la Municipalidad de Talamanca, tramitados bajo los expedientes número 20-000044-1537-LA, 20-000043-1537-LA y 20-000042-1537-LA.
Por su parte, el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, elevó el caso al Tribunal de Apelación Civil y Trabajo Zona Atlántica solicitando un proceso de jerarquía impropia, ya que de acuerdo con la Reforma Procesal Laboral son los Juzgados Contravencionales y de Menor Cuantía los que conocerán en materia de trabajo (como Juzgados de Trabajo por Ministerio de Ley) de todos los asuntos, cualquiera sea su valor económico, correspondientes a su circunscripción territorial, excepto de los conflictos colectivos de carácter económico y social, siempre y cuando en su territorio no exista Juzgado de Trabajo.
“Por lo que a criterio de la suscrita, contrario a lo considerado por el Juez Contravencional, ese despacho quedó facultado por ministerio de ley a conocer todos los asuntos con excepción de los conflictos colectivos de carácter económico y social, de ahí que no podría declararse incompetente para resolver un recurso de apelación por jerarquía impropia de su jurisdicción”, indicó la jueza del Primer Circuito Judicial Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Ana Naranjo Solano.
“Lo que nos preocupa es que los casos de los cuatro de los compañeros se encuentran prácticamente detenidos y es lamentable, por eso nosotros presentamos la denuncia ante la Inspección Judicial porque queda claro que el Juzgado Contravencional era el que debía de resolver. Lo que hace este juez es dilatar los procesos tan urgentes como es el recurso de apelación del despido injustificado”, explicó José Pablo Quirós, asesor legal de la ANEP.
Quirós agregó que la situación es preocupante, ya que este proceso puede durar años si no se revuelve con celeridad y la negativa del juez causa prejuicios graves a la parte más débil de la relación laboral, es decir, a los trabajadores quienes requieren volver a su puesto de trabajo lo más pronto posible.
En la denuncia presentada ante Inspección Judicial, la ANEP incluyó varias pretensiones en contra del juez Víctor Orozco Zarate; entre las que se encuentran el traslado del Juzgado Contravencional de Bribri con el objetivo de evitar perjuicios a los pobladores de la zona de Talamanca, ante la incompetencia laboral del Juzgador denunciado. Además, que sea sancionado con la suspensión de su cargo por 20 días sin goce de salario por el incumplimiento de labores en la tramitación de los expedientes antes mencionados y que se le ordene tramitar sin dilataciones injustificadas, futuros procesos laborales o de otra naturaleza, que sean de su competencia.
La Seccional ANEP-Municipalidad de Oreamuno se reunió por primera vez con el nuevo alcalde del cantón Erick Jiménez Valverde, para tratar diversos temas de índole laboral en el seno del municipio. Temas que no recibieron el interés oportuno por el antiguo gobierno local.
La Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería (ANEP-PPME) continúa trabajando duro para dotar de recursos frescos a la Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME), para la contratación de personal policial. Esto último, evidenciado por la emergencia sanitaria que atraviesa el país.
Por lo cual la seccional ANEP-PPME se reunió de manera virtual, el pasado viernes 03 de julio, con los diputados Jonathan Prensas e Ignacio Alpízar, así como con asesores legislativos de la bancada Nueva República, con el objetivo de solicitar el apoyo al expediente Nº20.323 que le daría recursos económicos a la Policía Profesional de Migración para la contratación de personal.
“En medio de esta pandemia se tuvo que cancelar la visita de los señores diputados y diputadas a los puestos fronterizos de la Zona Norte, por lo que en vista de la importancia de este proyecto de ley se realizó la reunión de forma virtual, con oficiales de distintas unidades de la Policía Profesional de Migración, para exponer las múltiples responsabilidades laborales y la necesidad urgente de contar con más personal, así como el deteriorado estado de muchas de las oficinas que albergan el personal y son la primera impresión que nuestros turistas perciben de Costa Rica”, manifestó Gerardo Mora Ordóñez, Presidente de la seccional ANEP-PPME.
Reunión virtual
Mora indicó, que al finalizarla reunión los diputados del bloque de Nueva República, ofrecieron su apoyo con dicho proyecto de ley qué se encuentra en la Comisión Legislativa de Narcotráfico y Seguridad. Además, los legisladores se comprometieron a buscar otras opciones que permitan lograr el objetivo de fortalecer la Policía Profesional de Migración y Extranjería.
“Sabemos que después de que pase esta pandemia aumentarán los flujos migratorios de extranjeros, en busca de una mejor calidad de vida: por la situación económica en la que quedará el mundo y más debilitado en los países pobres, aumentarán también los delitos de trata y tráfico de personas, así como el tráfico internacional de drogas. Desde el lado positivo de la acción del Estado costarricense con respecto a la atención del Covid 19, también esperamos que sea un destino turístico recomendado y que por lo tanto aumente significativamente los ingresos de turistas internacionales, por lo que se hace necesario los recursos y nuevo personal”, externo Mora.
Otros temas
Otro de los puntos abordados durante la reunión fue el tema del Puesto Fronterizo Las Tablillas dónde oficiales de migración y extranjería atienden publicó en contenedores provisionales. Por lo que es necesario presentar un proyecto de ley para qué legalicen la creación del puesto fronterizo tal y cómo lo ordenó la Sala Constitucional. Además, se habló de la importancia de la propuesta para la creación del puesto fronterizo de control migratorio en México de Upala.
La reunión también contó con la participación del asesor legislativo de la ANEP, Roberto Zeledón.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), mediante su seccional en la Fuerza Pública demanda a las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), mayor protección a oficiales de Fuerza Pública, debido al faltante de insumos para prevenir el contagio de Covid-19 en algunas delegaciones.
La solicitud de la seccional, nace luego de varias denuncias y reportes de los mismos oficiales de la Fuerza Pública, destacados en diversas delegaciones del país sobre el faltante de insumos, como mascarillas, alcohol en gel, entre otros.
“En ANEP seguimos recibiendo constantes llamadas y mensajes de delegaciones policiales de Heredia, Alajuela, Cartago, Limón y San José, manifestando que no se les ha dotado de equipo de protección suficiente, aunque conocemos de las donaciones realizadas por la CNE al Ministerio de Seguridad Pública, en aras de apoyar el trabajo que vienen ejecutando nuestros abnegados policías. En algunos casos, se nos indica que saben que ingresaron algunos artículos, pero que son manejados a “discreción” por la dirección o el mando”, indicó Mainor Anchía, presidente de la seccional ANEP-Fuerza Pública.
Otras de las preocupaciones de la seccional, es el estado de insalubridad de muchas delegaciones, las cuales también presentan hacinamiento y escasos productos de limpieza, escenario perfecto para la propagación del virus SARS-CoV-2.
“Hemos recibido información de aparentes casos positivos en Tibás y en Guanacaste, que se vendrían a sumar a los casos de Guacarí de Heredia y otros. En tal sentido, es menester insistir en que se establezca una estrategia por parte del Poder Ejecutivo, que permita atender a nuestros compañeros y compañeras, toda vez que, varios de ellos, nos externan el temor de contagiar a sus seres queridos al momento de ser enviados a guardar cuarentena”, externó Anchía.
Insumos entregados para 150 policías
Otro de los reportes que llegan a la secciona ANEP-Fuerza Pública, se refiere a la exposición del personal adulto mayor de la Fuerza Pública, así como con personal que presenta factores de riesgo ante el COVID-19
“Esperamos esto sea corregido, en atención de la Circular Nº MSP-DM-DVA-RVB-0117-2020, misma que fue emitida por el despacho del viceministro (Randall Vega). Hemos constatado compañeros con padecimientos en controles de carretera, en comisión, en actividades que implican naturalmente un mayor riesgo al contagio. Nuestros policías son personas de valor, tienen una gran convicción de servir, pero no son inmunes al COVID 19, como de alguna manera pareciera haberse considerado”, finalizó Anchía.
Propuestas
Ante ese panorama, para la seccional ANEP-Fuerza Pública, se debería trabajar en alguna metodología que permita minimizar el riesgo de transmisión, generando en la medida de las posibilidades, reubicaciones temporales que disminuyan los desplazamientos que tienen que realizar los uniformados.
Otra alternativa, podría ser establecer un mecanismo que permita hacer uso de los buses de la institución, para brindar transporte al personal policial de zonas rurales, que prestan servicio en San José y, que por lo general utilizan el transporte público.
• Unos 70 trabajadores de empresa privada que brindan el servicio operativo-logístico para el Incofer, se quedarían sin empleo en setiembre.
• ANEP solicitó una reunión con representantes del ministerio de la Presidencia, Incofer y de la empresa Transfeco, encargada de dar mantenimiento y servicio a los trenes.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) ve con suma preocupación y alarma el cartel licitatorio del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) denominado “Servicios de logística para el transporte de pasajeros en el Gran Área Metropolitana” el cual vendría a generar una mayor afectación económica y desempleo en tiempos de crisis.
Para ANEP el cartel licitatorio del cual se están recibiendo ofertas de forma electrónica en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), amerita una valoración integral por cuanto existen temas obreros-laborales involucrados. Además, es necesario el abordaje de la vigencia de la misma actividad micro-empresarial hasta ahora participante en la prestación de los actuales servicios de logística, en vista de que nuestra organización posee representación sindical en la misma y se podría generar un conflicto social innecesario en el marco de la pandemia del Covid-19 y el riesgo inminente de más desempleo.
“Este cartel licitatorio va a perjudicar a los trabajadores de la parte operativa- logística que actualmente operan para el Incofer, ya que la licitación menciona que se requieren cobradores, pero con grado académico superior, es decir, que cuenten con bachiller o estudios universitarios. Alrededor de un 60% a 70% de los trabajadores que hacen esas funciones actualmente para el Incofer no tienen ese rango y no tienen los recursos ni las condiciones para estudiar debido a que la mayoría son cabeza de hogar. Al solicitar esos requisitos y no tenerlos, obviamente creemos que se van a generar los despidos”, comentó Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP.
De acuerdo con Vargas, el cartel licitatorio afectará a los trabajadores que realizan el cobro tanto en el tren como en los puestos de estación y prácticamente conllevaría la renovación completa del personal, lo cual se traduce en que unos 70 trabajadores aproximadamente se quedarían sin empleo.
“Hay mucha preocupación en los trabajadores de perder sus empleos dada la situación actual que enfrenta el país. En el caso de un cobrador del tren se les está solicitando formación académica de Tercer Año aprobado y preferiblemente Bachillerato en Educación Secundaria, prácticamente aquel que tiene bachillerato es el que va a tener más opción para obtener el puesto de cobrador. A la vez solicitan capacitaciones o certificaciones de servicio al cliente, Ley 7600, comunicación y atención de emergencias. Este cartel es discriminatorio, se podría considerar desigual en cuanto a los atestados que se les están pidiendo ahora”, agregó Vargas
Además, existen cuestiones referentes a las funciones que se les exigen y que no son propias de ese puesto que se está solicitando, este es un tema importante de definir porque los perfiles son la parte más sensible de una contratación.
El Secretario General de ANEP y su seccional en Transfeco consideran la necesidad de establecer una reunión urgente con los jerarcas del Ministerio de la Presidencia, Marcelo Prieto Jiménez, ministro y Silvia Lara Podevano, viceministra; así como con Presidenta Ejecutiva de Incofer, Elizabeth Briceño y la empresa Transfeco & Cía., en representación de Jorge Castro Murillo.
Algunas consideraciones de ANEP que contiene el cartel que son de cuidado tiene que ver con el establecimiento de los perfiles, las funciones asignadas y el puesto; la validación en la elaboración de los perfiles a la población vulnerable y la realidad laboral de los colaboradores; el cartel no posee ninguna referencia de participación de género ni de población discapacitada de conformidad con la Ley de Igualdad de Oportunidades; asimismo, los criterios de evaluación deben de ser revisados ya que genera duda al brindar el puntaje de 100 % al precio menor es excesivo. Aparte de las observaciones de legalidad y oportunidad del cartel, debe atenderse a los plazos previstos en la ley de contratación y su reglamento y el tipo de licitación con respecto a la una eventual objeción al cartel en atención al interés legítimo que ostentaría la persona trabajadora afectada.
• Se avecinan despidos agravando más el caso social en desarrollo
_Inaceptable nuevo ataque a la autonomía de las municipalidades_
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) expresa su más enérgica condena por la torpe y malintencionada decisión tomada por el gobierno de Alvarado y su ministro del MOPT, Rodolfo Méndez Mata, de aplicar un abusivo recorte presupuestario del aporte estatal para la construcción de caminos, calles y vías vecinales, que promueven y ejecutan las municipalidades del país.
Se trata de un recorte abusivo contra el desarrollo local, por una parte. Por otra, vaticina dolorosos despidos de personal obrero, técnico y profesional, agravando más la situación de caos social en que han sumido al país esas políticas macroeconómico-fiscales de sesgo dogmático y extremista que continúan profundizando la polarización en el seno de la comunidad nacional; políticas perversamente intensificadas en el marco de la tragedia de salud de la pandemia.
El recorte de 41 mil 500 millones de colones pudo ser evitado, si no mediase una posición tan fanática y extremista en quienes hegemonizan las políticas del Ministerio de Hacienda, por un lado; por otro, se pudo haber obtenido esa cantidad tan sólo quitándole un poquito a las impresionantes sumas multimillonarias en infraestructura que se vienen invirtiendo y que, por cierto, aumentan descomunalmente las fortunas del oligopolio de las constructoras cuyo peso político en el actual gobierno es, también, descomunal.
Por otra parte, nos preguntamos: ¿habrá algún cobro de factura ideológico, encubierto, por la reciente legislación que sacó a las municipalidades de la regla fiscal y que tanto molestó a los extremistas del déficit bien afincados en una cartera ministerial como la de Hacienda?
Hacemos un llamado a las más conscientes autoridades políticas de las municipalidades para que cuestionen en sede constitucional la decisión abusiva de la Dirección de Planeamiento y Programación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Desde un punto de vista formal-institucional no puede, en nuestro criterio, un departamento de segundo nivel irse contra la majestad de una ley de la República y, mucho menos, agrediendo de paso a la autonomía constitucional de las municipalidades.
ANEP alerta a la población trabajadora municipal que gestiona el desarrollo de caminos, calles y vías vecinales con base en los recursos que el Estado central debe estar obligado a proveer a las municipalidades por imperativo legal, para que se organicen y defiendan la continuidad del significativo programa de la Red Vial Cantonal; así como para que defiendan sus propios empleos y el sustento económico familiar.
Y aún en tiempos de pandemia, la organización para la movilización inteligente es perfectamente posible.
ANEP hace un vehemente llamado a toda la comunidad institucional laboral de las municipalidades, en especial a las agrupaciones sindicales de su población trabajadora, para que estén en máxima alerta con la finalidad de que, nuevamente, salgamos en defensa de la estabilidad republicana de los gobiernos locales, así como para salir en defensa de la estabilidad laboral y social de las municipalidades.
San José, sábado 4 de julio de 2020.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General
Wálter Quesadab Fernández, Secretario General Adjunto
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS (ANEP)
La ANEP mediante una recopilación de datos retrata la realidad que enfrentan los policías de tránsito en todo el territorio nacional
Parte de los problemas refieren a que la mayoría de delegaciones de tránsito cuentan con orden sanitaria del Ministerio de Salud y al faltante de personal pese a la gran cantidad de funciones que desempeñan.
Malas condiciones físico sanitarias, desechos de muebles, llantas con agua estancada, vehículos dañados, tuberías sin tapar, aposentos sin servicios sanitarios ni lavamanos, estas son algunas de las razones por las que 32 de las 37 delegaciones de la Policía de Tránsito del país tienen orden sanitaria del Ministerio de Salud.
Así lo demuestran los datos obtenidos mediante consulta de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) al Ministerio de Salud, los cuales fueron suministrados con fecha la 5 de junio del 2019.
Para ejemplificar la realidad mencionaremos a aquellas que poseen el aviso de las autoridades de Salud para realizar las mejoras; a la Delegación General de la Policía de Tránsito en Zapote se le giró una orden sanitaria por problemas físico sanitarios y de seguridad; la Escuela de Capacitación de la Policía de Tránsito ubicada en San Rafael arriba de Desamparados presentaba deficiencias físico-sanitarias y de seguridad, dos vehículos en abandono, llantas con agua estancada, desechos de muebles y otros materiales a la intemperie, mientras que la oficina de la Policía de Tránsito en Desamparados recibió orden del Ministerio de Salud por que no posee sistema mecánico, es decir, ni baño ni fregadero, además tiene el piso dañado y no cumple con la Ley 7600.
Por su parte, en los depósitos de vehículos del Cosevi en Desamparados se encontraron puntos con residuos sólidos diversos y tubería sin tapar y canoas sin plan de limpieza.
Las Unidades Policiales de Alajuela, Heredia y Grecia obtuvieron la orden sanitaria por condiciones físicos sanitarias y está última también por razones de seguridad.
Uno de los peores escenarios, se vive en el depósito de vehículos de la Dirección General de la Policía de Tránsito ubicado en Santo Domingo de Heredia donde fueron detectadas falencias como depósitos de carros a cielo abierto, crecimiento de maleza, presencia de zancos e improvisación de casetillas de los guardas en condiciones de peligro e insalubres.
En la zona atlántica, las principales inconformidades en la Unidad Policial de Guápiles encontradas son las condiciones físico-sanitarias, las autoridades deben de buscar la evacuación de las motos decomisadas y patrullas en mal estado del predio de la delegación. Mientras que la Unidad Policial de Siquirres posee dos órdenes sanitarias por condiciones físico-sanitarias y seguridad. En el área de Guanacaste, la Unidad Policial de Liberia recibió orden sanitaria por acumulación de vehículos en el entorno de las estructuras físicas, es decir, de oficina de licencias, policía de tránsito, oficinas de ingeniería y transporte público. La delegación de Tránsito de Nicoya y la de Cañas poseen orden sanitaria por condiciones físico-sanitarias y de seguridad. Al igual que el plantel del MOPT de Cañas y el plantel del COSEVI en Cañas.
En la Unidad Policial en San Nicolás en Cartago, se encontraron 36 motocicletas a la intemperie sin acumulación de agua ni plagas. Además, según el reporte del Ministerio de Salud cada semana salen 20 motocicletas para los depósitos de Pavas, Coco o de Cartago.
La delegación de Tránsito de Palmar Norte en Osa, no cumple con la Ley 7600 (servicio sanitario y accesos) y no existe mantenimiento del edificio. La Unidad Policial de Río Claro en Guaycará de Golfito, tiene problemas de infraestructura, condiciones inseguras e insalubres. Asimismo, la delegación en Jacó tiene deficiencias por sus condiciones físico-sanitarias.
A este problema de las delegaciones en mal estado se suma la falta de oficiales de tránsito y muchas otras carencias en la Dirección General de la Policía de Tránsito.
ANEP consultó sobre las plazas que se requieren para atender las competencias que le confiere la Ley General de Policía, sin embargo, ante dicha solicitud informaron que la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) no cuenta con ningún tipo de estudio sobre el tema, lo que impide contar con un dato a nivel ministerial.
Lo único que se posee es un estudio realizado por la Unidad de Planificación denominado “Personal policial requerido en las delegaciones de tránsito de la Dirección General de la Policía de Tránsito”, el mismo fue realizado en el año 2010 y actualizado en los años 2012 y 2018.
En dicho estudio para determinar el personal requerido en la Policía de Tránsito se utilizaron cinco variables las cuales son las regulaciones, operativos de control, atención de accidentes, controles rutinarios y la atención de eventos especiales.
Se registraron las cantidades totales de puntos de regulación efectivos que deben atender cada una de las Delegaciones y Corredores de Tránsito, a esto se suma, la cantidad de oficiales de tránsito que se necesitan para atender dichos puntos de regulación, independientemente de si se cuenta o no con dicho personal. También se incluyeron la cantidad total de operativos de control ejecutados para cada Delegación o Corredor de los Planes Operativos Institucionales del año 2017, financiados tanto por e MOPT como por el Cosevi y se incluye el índice de accidentalidad del año 2017.
De acuerdo con el documento el personal faltante es de 2040 policías de tránsito, para obtener este calculo se aplicó una fórmula total es decir, se cuantificaron todas y cada una de las cinco actividades que desarrolla la Policía de Tránsito, las cuales fueron mencionadas anteriormente.
“Permitió obtener un valor final muy cercano a la realidad operativa de este Cuerpo Policial. De los datos obtenidos se infiere, que la planilla operativa actual, representa el 21% (540) de lo que se necesita en la realidad (2580), o sea que se tiene un faltante del 79% (2040)”, indica el informe.
Es importante destacar en la necesidad del personal administrativo de apoyo que se tiene ya que prácticamente en todas las delegaciones y regionales de tránsito, cuando hay una ausencia de este personal; prácticamente se “obliga” al policía de tránsito a asumir las funciones administrativas, reduciendo aún más la participación y utilidad en las carreteras.
Para nuestra organización sindical, existen muchas preguntas del por qué no se ha reforzado a esta dependencia y parte de las interrogantes tienen que ver con los recursos. ¿cuál es el ingreso por infracciones a la Ley de Tránsito que registra mensualmente el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT)?
Esta información fue suministrada mediante oficio DF-2019-214, suscrito por la Dirección Financiera del Consejo de Seguridad Vial, el cual aclara que las multas provenientes por infracciones a la Ley de Tránsito forman parte del Fondo de Seguridad Vial dispuesto para el cumplimiento de las funciones del Consejo de Seguridad Vial, de acuerdo con la Ley de Administración Vial Número 6324.
Los ingresos mensuales son variables, ya que dependen del comportamiento y necesidades de los usuarios para cancelar las infracciones de que son objeto.
El concepto de los ingresos por las multas de tránsito e intereses moratorios registrado en el año 2018 corresponde a ¢12.176.815.407,42, es decir más ¢12.176 millones. Los meses en los con mayores ingresos son enero, noviembre y diciembre (Ver recuadro).
Mientras que en el año 2019 al mes de abril se registraron ¢4.860.629.323,55 millones, es decir más de ¢4.860 millones. (Ver recuadro).
En 16 meses, los ingresos por multas de tránsito e intereses moratorios fueron de más de 17.000 millones (¢17.019.444.730,88).
La seguridad en carreteras en deficiente, dado el poco personal y el faltante de al menos 2.000 policías, por ello, consideramos que los ingresos económicos deberían permitirle al MOPT, ser autosuficiente para solventar el faltante de recurso en la Policía de tránsito. Por otro lado, las condiciones infrahumanas que deben soportar los oficiales de la policía de tránsito, dan cuenta de una deficiente gestión por parte de quienes han ocupado en varias administraciones los cargos jerárquicos dentro de dicho Cuerpo Policial; así como la falta de voluntad política, de quienes lejos de tomar decisiones encaminadas a fortalecer la labor policial, la debilitaron al asignarle a la Fuerza Pública el recargo de la policía de tránsito.
El tiempo nos permite una vez más decir, teníamos razón, cuando dijimos muchas veces que la falta de personal y las deficientes condiciones en la policía de tránsito, obedecían a un problema de gestión institucional, acompañada de falta de voluntad política. Lamentablemente, nuestros legisladores, que la mayoría de las veces se dejan llevar por el calor del momento, sumado al poco conocimiento que tienen de la función policial; se dejaron seducir por la propuesta de Fabricio Alvarado, recargando las competencias de la Policía de transito en la Fuerza Pública, con lo cual, se vera en el corto plazo se estará afectando la prevención y la represión de delitos y, por ende, la seguridad humana.
En conclusión: Tenemos una policía de tránsito raquítica, por el faltante de personal que es más que evidente, al mismo tiempo, los funcionarios que se mantienen activos enfrentan un tremendo desgaste físico, en función de los roles que mantienen.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) interpuso ante la Sala Constitucional un Recurso de Amparo contra la Junta de Protección Social (JPS) por el cierre del correo electrónico institucional de la Seccional ANEP-JPS.
Para la ANEP esta acción se suscribe en lo que se conoce como prácticas antisindicales por parte del patrono, ya que el correo electrónico era utilizado por la Seccional ANEP-JPS para enviar diversas comunicaciones a sus afiliados en la Junta de Protección Social y viceversa. Además, donde se daban a conocer denuncias realizadas por la seccional.
Rafael Mora, Asesor de la ANEP indicó que este tema ha sido conocido en el pasado por la Sala Constitucional, que en reiterada jurisprudencia ha ordenado a las instituciones estatales el facilitar a la representación sindical de las herramientas electrónicas necesarias para ejercer la actividad sindical. Una de las más recientes es la sentencia 12778 – 2019.
Mora indicó, que también se estaría por violentando los artículos 60 de la Constitución Política, y al artículo 2 del Convenio 135 de la Organización Internacional de Trabajo, así como las recomendaciones de la OIT sobre la libertad sindical.
Cierre de correo bloquea la comunicación
Desde hace muchos años, la Junta de Protección Social había asignado dentro de su plataforma de comunicaciones electrónicas, el correo seccional@jps.go.cr, con el fin que la seccional ANEP-JPS pudiera realizar las comunicaciones necesarias y ejercer la representación de forma efectiva y eficiente, trasladar información a los afiliados y trabajadores sobre las actividades del sindicato, recibir denuncias de los trabajadores entre muchas otras actividades.
No obstante, en fecha 26 de mayo de 2020, por orden de la Presidente Ejecutiva de la Junta de Protección Social, Esmeralda Britton González, dicha institución decidió de forma unilateral eliminar la cuenta y la dirección electrónica que por años había sido asignada a la Seccional ANEP-Junta de Protección Social.
Mora explicó, que al cuestionar por parte de la seccional la razón por la cual no funcionaba la dirección electrónica, un funcionario del departamento de tecnologías de información de la Junta de Protección Social, de apellidos Collado Jiménez respondió que “La cuenta correo fue eliminada a solicitud de Doña Esmeralda por una cuestión de seguridad y por un posible mal uso de la misma. Si tienen alguna duda o solicitud hacérsela llegar a ella.”
Sin embargo, para Mora no existe una justificación clara, ya que no indican o detallan cuales son los problemas de seguridad o mal uso a los que hacen referencia. Y caso contrario, el cierre de la cuenta afecta al sindicato y sus afiliados en la Junta de Protección Social
«La afectación es para el sindicato y sus afiliados esa cuenta de correo electrónico contenía información sensible de los trabajadores, denuncias que realizaban, solicitudes de ayuda, información de afiliaciones y desafiliaciones, información del sindicato, archivos adjuntos, y diversos tipos de comunicaciones esenciales para el desempeño de la representación de los trabajadores», finalizó Mora.
El recurso de amparo presentado por la ANEP fue acogido por la Sala Constitucional para su estudio.
Nuestra organización sindical considera que la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho, ha desarrollado un accionar político contraproducente.
La Junta Directiva Nacional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), solicitó la salida de la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo Sancho; así lo oficializó ante el Presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruishank Smith, mediante una carta enviada este jueves.
La Junta Directiva Nacional ANEP, en su sesión ordinaria No. 2213, consideró que la actual titular de la Defensoría de los Habitantes, ha desarrollado un accionar político contraproducente para los fines de defensa social de la entidad, lo cual ha provocado disminución en la credibilidad ciudadana en la Defensoría.
“(…) así constatado al verse ella misma envuelta en situaciones de orden político-partidista que impulsan el sendero de pérdida de confianza que ha venido experimentando la Defensoría de los y de las Habitantes de la República en los últimos tiempos y por diversos factores; llegándose al punto máximo de intolerancia cívica de su propio papel y el de la institución en cuanto tal en el controversial asunto del escándalo público conocido como la UPAD”, indica la carta.
Para la ANEP es necesario recuperar la confianza de los ciudadanos en la Defensoría de los Habitantes, especialmente en estos momentos que el país atraviesa por mucha desigualdad; y exclusión social y económica. Además, espera que las fracciones legislativas hagan eco de nuestras solicitudes y recomendaciones “no sólo por la importancia de acudir en rescate de esa instancia auxiliar de la Asamblea Legislativa y su legitimidad frente a la ciudadanía, a la que se debe -más ampliamente: a los y a las Habitantes-; sino porque se le haría un flaco favor a la credibilidad del Congreso”.
El Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes explica que Catalina Crespo Sancho es considerada por los sectores sociales como la “Defensora de los Políticos”, debido a ello se han perdido espacio que en condiciones normales se podría facilitar el diálogo constructivo para la sociedad.
“En caso de que la Asamblea Legislativa deje pasar esta oportunidad para devolverle el fuste y brillo a una institución con tan enorme potencial constructivo, desaprovechado hasta ahora según nuestro criterio, veremos pasar de lejos una institución que estimaremos cooptada por el poder político y servicial a intereses manidos, claramente identificables”, agrega.
La ANEP recalca que la escogencia del o la representante de la Defensoría de los Habitantes no debe tomarse a la ligera, es un tema muy sensible y urgente por lo que si se abre un espacio para nombrar a otro representante nos aseguraremos “de que no sólo se observen las formas en la Comisión de Nombramientos; sino y sobre todo, de que el pueblo de Costa Rica cuente con alguien valiente y firme, independiente y honesto, pero sobre todo: apolítico. En una palabra: del pueblo, en vez de permitir la tradición con alguien de los políticos”.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
