La Seccional de la ANEP- Policía Profesional de Migración y
Extranjería deberá exponer ante los diputados las razones por las que requieren
mayor inyección de recursos para este cuerpo policial especializado.
Así lo determinó la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de
la Asamblea Legislativa mediante una moción que fue aprobada para que la
seccional se refiera al proyecto de ley bajo el expediente 20.323.
La moción fue presentada por los diputados Marulin Azofeifa
Trejos y Harllan Hoepelman, la cual fue aprobada por unanimidad.
La Seccional ha insistido en que la Dirección General de
Migración y Extranjería requiere la contratación de personal, cursos
policiales, inclusión en cursos de escalas jerárquicas del Estatuto Policial,
muchos de los cuales podrían ser solventados con el apoyo y aprobación al
proyecto de ley que busca dotar de recursos a la Policía Profesional de
Migración.
El proyecto de Ley pretende que un 5% de los ingresos que
recibe el Ministerio de Seguridad Pública del impuesto a las personas jurídicas
se traslade a migración.
Una gran problemática por la falta de recursos se vive en los aeropuertos Juan Santamaría en Alajuela y el Daniel Oduber en Liberia, principalmente, en donde se requiere la contratación de 250 oficiales para poder dar abasto con las necesidades del país.
La Seccional ANEP-Municipalidad de Turrialba realizó su Asamblea
Ordinaria con el objetivo de presentar a sus afiliados un informe de labores sobre
las diversas acciones que realiza la seccional en pro de los derechos laborales
de los trabajadores.
Durante la Asamblea, que contó con la presencia de 90
anepistas, también se realizó una exposición sobre el escenario político-social
del país, los proyectos de ley contra el empleo público y la afectación y
consecuencias que sufre la autonomía del régimen municipal con la entrada en vigencia
del combo fiscal.
Otro de los puntos abordados, es el ambiente laboral de la
Municipalidad de Turrialba, luego de la finalización de la huelga general
contra el combo fiscal del año anterior, ya que se estaría presentando
persecución sindical en contra de los afiliados a los sindicatos del municipio.
En la actividad, también se le rindió homenaje a Felipe
Villachica por su laboral con la seccional y el apoyo incondicional brindado a
sus compañeros y compañeras de trabajo.
Con
un llamado de alerta por la situación del país, el Encuentro Social
Multisectorial en el que participan la iglesia católica, encabezada por
monseñor José Rafael Quirós; sindicatos, agrupaciones de agricultores, de
cooperativas y otros sectores sociales indicaron que entregaran en un plazo
razonable una serie de propuestas para ayudar a encaminar al país ante grave
situación en la que se encuentra.
En
una reunión que mantuvieron este jueves 6 de junio, manifestaron que dichas
propuestas serán entregadas al Poder Ejecutivo o Legislativo, según corresponda
cada caso.
El grupo conformado por distintos sectores comenzó a trabajar desde diciembre desde el 2018 y nace como producto de la incertidumbre de la transición económica que va en declive.
«Nosotros planteamos el conflicto desde ricos y pobres, no desde empresarios y obreros, o de Estado y usuario. El objetivo es poner un plazo de un mes para entregar aquellas propuestas que hemos catalogado como urgentes», indicó Ulises Blanco, Secretario Técnico del Encuentro Multisectorial.
Por su parte, Albino Vargas, Secretario General de ANEP manifestó que uno de los postulados de la Constitución Política establece que somos una democracia participativa, por lo que diversos sectores sociales se dieron a la tarea de buscar puntos de encuentro de la situación tan difícil que afecta el país.
«Hay crecimiento de la desigualdad, ausencia de la reactivación económica, desempleo, alto endeudamiento salarial, agricultores que están abandonados y un deterioro del entorno político», agregó Vargas.
Rafael
Angel Quirós, Arzobispo de San José dijo que como iglesia siempre apuestan al
diálogo no como un proceso para llegar a determinados consensos, sino como el
diálogo constructivo, el que implica saber escuchar y expresarse con libertad y
que permita a todos como seres humanos ejercer entendimiento para alcanzar metas
importantes
“Como iglesia siempre atendemos el llamo de quienes nos invita a dialogar de verdad, nos interesa escucharnos sobre las preocupaciones que sentimos ante la situación por la cual está atravesando el país desde lo social, lo político, lo económico hasta con los ideales de justicia social, educación, identidad nacional, bien común, entre otros”, indicó.
Trabajadores del Consejo de Transporte Público (CTP),
Policía de Tránsito y Ministerio de Obras Públicas y Transportes se unieron
para conformaron una nueva seccional anepista con el objetivo de tener una
representación mayor entre instituciones.
Joyce Bustillos, presidenta de la Seccional ANEP-CTP-MOPT-Policía
de Tránsito, indicó que la seccional también nace debido a los cambios en
materia de empleo púbico y país, que se están generado desde la Asamblea Legislativa
y el Poder Ejecutivo.
Bustillos también agregó que otra de las razones principales
para la unión de estos trabajadores en una seccional anepista, es bridar una
mejor atención a los afiliados del MOPT y Policía de Tránsito, que, si bien
pertenecía a nuestra organización, no contaban con una seccional.
“Es importante resaltar que la conformación de la Junta
Directiva de esta seccional quedó variada, ya que cuenta con representación de
trabajadores de las tres instituciones, con el objetivo de que exista esa unión
y tener el enlace con representantes de las instituciones”
Joyce Bustillos, presidenta seccional ANEP-CTP-Mopt-Policía de Tránsito
Con la conformación de esta seccional se logra una
afiliación de poco más de 300 personas, a las cuales les damos la bienvenida y
esperamos responder con creces la confianza puesta en nuestra organización.
La solicitud fue dirigida a la Fiscal General, Emilia Navas, a la que también se le pide investigar el por qué la patrulla involucrada fue enviada al Comando de Los Chiles y no se le aplicó la cadena de custodia correspondiente.
La Seccional ANEP-Fuerza Pública envió una nota dirigida a
la Fiscal General, Emilia Navas, solicitando la apertura de una investigación
contra el Ministro de Seguridad Pública, Michael Soto, por el actuar de este
último, luego de que se diera a conocer la muerte de tres oficiales de la
Policía de Fronteras en la zona del Concho en Pocosol de San Carlos.
Mainor Anchía, presidente de la Seccional ANEP-Fuerza
Pública, explicó que la solicitud de investigación se da por un audio, en apariencia,
emitido por el Ministro de Seguridad Pública, en un chat de WhatsApp, en el
cual estaría brindando criterio de lo sucedido sin conocer los resultados
finales de la investigación.
Del audio se extrae lo siguiente “Buenas tardes, para
aclararles ya un poquito más la situación, ya se procesó la escena del suceso,
este, definitivamente no es un ataque externo, pudo haber sido un conflicto
entre los mismos sujetos, los mismos oficiales, más o menos lo que ocurre es esto,
ellos van hacia Ciudad Quesada a atender una cuestión de flagrancia en los
tribunales, terminan a las siete de la noche y deben r egresarse aquí al sector
de Crucitas, ellos pasan a tomar licor a un bar con los uniformes y las
patrullas, una situación bastante lamentable que no debe ser, salen de ahí un
poco tomados y cuando van de camino ocurre el incidente (…) De acuerdo al análisis uno de ellos
tiene un, el que muere en el Hospital tiene un disparo de contacto en la cabeza
al lado derecho, parece que este se auto elimina, porque el arma de él, en
apariencia, la utilizaba, ya que los otros dos tienen las armas en el cinto,
entonces parece que esta es la que se utiliza, le dispara a los otros dos en la
cabeza y el posteriormente se auto elimina, no hay disparos externos todo
ocurre dentro de la cabina en apariencia y eso es lo que OIJ nos está dando de
momento (…)”.
Patrulla se ubica en Comando Los Chiles sin cadena de custodia
Para Anchía, llama poderosamente la atención que Michael
Soto da por acreditado que los oficiales “salen de ahí un poco tomados”,
cuando, en contraposición con esta afirmación existe la versión de la
administradora, o propietaria del bar, quien ha indicado en los medios de
comunicación, que los efectivos tomaron refrescos gaseosos. Además, dice el
Ministro:” cuando van de camino ocurre el incidente” ¿Quién ha testificado en
tal sentido?
“Es necesario aclarar que, el Ministro ha reconocido públicamente
que ese audio es suyo. Por lo que se solicita la investigación pertinente a la
Fiscal General ya que existen
varias cosas que, desde lo dicho por el Ministro de Seguridad, generan una
serie de incógnitas, tanto a nuestra organización sindical, como a muchos de
los funcionarios que portan el uniforme policial. Llama aún más nuestra
atención que lo dicho en el audio y lo realmente encontrado en el lugar sea
diferente en aspectos relevantes, como el número de armas, o los rastros de
aparente sangre dentro del automotor”, indicó Anchía.
Sin cadena de
custodia
Otro de los hechos denunciados por la seccional ANEP-Fuerza
Pública es el manejo que le han dado a la patrulla involucrada en la fatídica
escena, ya que esta fue trasladada al Comando Policial de Los Chiles, donde se
encuentra sin ninguna custodia.
Lo más grave del asunto, situación que solicitamos se investigue, son las razones por las cuales la patrulla involucrada en el suceso fue enviada el día de los hechos al Comando de los Chiles, según imágenes fotográficas que nos han enviado, sin que medien los procesos jurídicos, técnicos, criminalísticos, y demás, que requieren la cadena de custodia propia de un objeto que es, sin ninguna duda, objeto de posibles hallazgos probatorios que puedan dilucidar la verdad real de los hechos. Preocupa que ante este panorama, elementos importantes y reveladores que se pueden encontrar dentro de la patrulla, puedan perder su veracidad, para ser utilizados en la investigación”, cuestionó el presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública.
Mainor Anchía sobre solicitud de investigación
Compartimos solicitud enviada a la Fiscal General Emilia Navas.
Con gran presencia de dirigentes de las seccionales municipales de la ANEP y alcaldes de varios municipios, se presentó en la Asamblea Legislativa, el proyecto de ley Nº21.430 que busca devolver la autonomía constitucional al régimen municipal, la cual fue violentada con la aprobación del combo fiscal.
Representantes sindicales de diversos cuerpos policiales del país, se reunieron el pasado 28 de mayo en la sede de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), con el objetivo de finiquitar detalles de la marcha por la dignificación de los derechos laborales de los cuerpos policiales a realizarse el próximo 24 de junio.
En la reunión participaron representantes sindicales de Fuerza Pública, Policía Penitenciaria, Policía de Tránsito, Policía Profesional de Migración y Extranjería, Policía de Control Fiscal, Guardaparques, así como Policía Control de Drogas, Policía de Fronteras, Servicio de Vigilancia Aérea y Guardacostas.
Dentro de las consignas de la manifestación se encuentra la reforma de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N°9635, ya que con la entrada en vigencia de esta ley, se le elimina a los funcionarios policiales el reconocimiento al rubro por carrera policial, los cuales están reconocidos por los requisitos académicos, como el noveno año, los cursos de carrera policial y especialización, así como las anualidades y los quinquenios.
Otras
de las consignas de la marcha de cuerpos policiales, es solicitar que no sean
incluidos en la Ley Marco de Empleo Público. Además, de que se coloque nuevamente
en agenda de la Asamblea Legislativa el expediente N° 17.695 Ley de Pensiones de los Cuerpos Policiales.
Es importate recordar, que la marcha de cuerpos policiales se realizará con funcionarios en su tiempo libre, acompañados por sus familiares. La misma tendrá como punto de salida la sede de la ANEP, ubicada en calle 20 norte, 300 metros norte del Hospital Nacional de Niños a las 9 de la mañana.
Con la presencia de diversas seccionales municipales de la
ANEP de Alajuela, Atenas, Heredia, Flores, San Rafael, San Pablo, Belén, Santa
Bárbara y Santo Domingo, así como sus homólogas en la Contraloría General de la
República, PIMA-CENADA y Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Alajuela, se
desarrolló el Encuentro Regional de seccionales municipales de occidente, el
cual tuvo como objetivo la Autonomía Constitucional del Régimen Municipal.
Recordemos que la Autonomía Constitucional del Régimen Municipal
se vio seriamente violentada con la entrada en vigencia de ley de
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Nº9635, más conocida como combo fiscal,
afectando en mataría política, normativa, tributaria y administrativa a las
municipalidades y otros entes descentralizados.
El Encuentro Regional que tuvo desarrollo en el salón
comunal de San Rafael de Alajuela, se enfocó en tres ejes de trabajo. Por lo
que se realizó una exposición técnica para dar a conocer la afectación que ha
tenido la entrada en vigencia de la ley 9635 en la autonomía municipal.
“Esta ley está afectando condiciones laborales, sociales y económicas
de las personas trabajadoras en los diferentes municipios y autonomía
municipal. También está afectando condiciones laborales de otras instituciones,
como el programa Integral de Mercadeo Agropecuario, la Contraloría General de
la República y otras instituciones con carácter de autonomía”, manifestó Deiby
Porras, Asesor Sindical de ANEP
En la actividad, que contó con gran presencia de afiliados y
afiliadas, también se facilitaron insumos y un análisis en relación con el proyecto
de ley que se discute en la Asamblea Legislativa sobre empleo público y la intención
de reducción del Estado.
Por último, se desarrolló una actividad grupal para la integración y conformación de una estrategia de trabajo, con el objetivo de crear un proceso regional para dar seguimiento a las líneas de acción ante la coyuntura social que se vive en el país.
Se trata de los delitos de falsedad ideológica, prevaricato, supresión, estafa procesal, ocultación y destrucción de documentos.
Cuatro oficiales de la Fuerza Pública interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público contra el Comité Institucional de Selección y Eliminación de Documentos (CISED), ente adscrito al Ministerio de Seguridad Pública (MSP), por los delitos de falsedad ideológica, prevaricato, supresión, estafa procesal, ocultación y destrucción de documentos.
Según indican los expedientes penales número 19-179-619,19-295-619,
19-296-619, 19-294-619, los hechos denunciados se deben a la destrucción dolosa
de pruebas documentales por parte del CISED, las cuales serían claves en
juicios laborales contra el MSP. Esta acción por parte del CISED tendría como
objetivo afectar a los oficiales de la Fuerza Pública a fin de que sus reclamos
laborales no puedan prosperar
Milene Arroyo Sánchez, abogada penalista de los oficiales de la Fuerza
Pública que interpusieron la denuncia, explicó que durante los juicios
laborales y en virtud de la normativa, es a la parte patronal a quien le
corresponde aportar la prueba con la que se puede demostrar dichos extremos; ya
que es el MSP quien la tiene en su poder y custodia.
«El CISED ha estado ordenando la destrucción indiscriminada del
expediente personal del policía, registro de control de asistencia, registros
de control de entrega de armas, archivos, bitácoras de entradas y salidas,
tarjetas de marcas, constancias de planillas, contrato laboral, libros de
roles. En estos documentos se llevaba el control de los horarios y jornadas
laboradas para todos y cada uno de los servidores policiales y por ende de los
policías que demandaron laboralmente, haciendo nugatorios sus derechos, ya que
al no existir prueba que respalden sus reclamos se declaran sin lugar sus
demandas”, explicó la defensora perteneciente al bufete 4A
Según la denuncia, la destrucción de documentos también se estaría
presentando posterior a que el Juzgado de Trabajo previene al MSP de presentar
dicha documentación, lo que se convertiría en un desacato a los mandamientos
judiciales.
“Aún más grave es el hecho de que en varios de estos casos a pesar de
que el Juzgado de Trabajo le previno al Ministerio de Seguridad Publica,
representado por la Procuraduría General, que presentara la prueba, luego de
notificada de dicha prevención en forma dolosa, el CISED destruye
posteriormente dicha prueba, desacatando los mandamientos judiciales de
requerimiento de prueba y así consta en las actas de eliminación de documentos.
Unido a ello en varias de las actas de eliminación se consignan hechos falsos.
Lo cual evidencia que el Ministerio de Seguridad Pública busca evitar el pago
de extremos laborales e indemnizatorios a favor de los servidores policiales”,
indico la abogada penalista.
Para los denunciantes se podría estar ante el mayor fraude procesal de
la historia de Costa Rica, a la vez, que indicaron que esto será solo el
comienzo de una serie de denuncias, las cuales se incrementarán más
adelante.
“Nos encontramos ante el mayor fraude laboral en la historia del país
y lo más alarmante es que ha sido realizado por el propio Estado, en este caso
por el Ministerio de Seguridad Publica y de lo cual ha tenido pleno con el
conocimiento, la Procuraduría General de la Republica. Sin embargo, en lugar de
denunciarlo, la Procuraduría ha avalado e incluso defendido este delito ante
los Tribunales de Trabajo”, finalizó la defensora.
Para la ANEP y su seccional en la Fuerza Pública, este tipo de casos
no deben quedar impunes y deben ser conocidos por la opinión pública, máxime
que se estaría afectando a 15.000 servidores pertenecientes a todas las
policías adscritas al MSP con la destrucción
sistemáticamente de toda la documentación que sirve de prueba en los
procesos laborales para demostrar las horas extras, jornadas, días feriados y
de asueto laborados.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
