En el acuerdo alcanzando en la Casa de la Cultura, tras casi cinco horas de negociación, se estableció que el reajuste salarial del 3,5% será correspondiente al primer semestre del año 2019, por lo que regirá a partir del 1 de enero del próximo año y será aplicado a todo el personal municipal. Debido a este acuerdo, las partes decidieron no entrar a discutir el reajuste salarial correspondiente al II semestre del presente año.
Otro de los puntos consensuados con la alcaldesa del cantón central de Alajuela, Laura María Chaves Quirós, es que la administración municipal no tomará represalias con los trabajadores que participaron del movimiento de huelga, el cual se extendió por siete días.
Trabajadores Municipales de Alajuela, que se mantienen en huelga, se reunirán este lunes a la 1:30 de la tarde con la alcaldesa, Laura María Chaves Quirós para tratar de llegar a un acuerdo respecto al conflicto laboral que provocó la huelga, que hoy suma su séptimo día.
En la reunión que se realizará en la Casa Rosada, sede del Concejo Municipal alajuelense, se buscará una solución al aparente incumplimiento a la negociación salarial correspondiente al II Semestre del 2018, tal y como lo define la Convención Colectiva y con base a un acuerdo previamente definido con el anterior alcalde, Roberto Thompson.
Otro de los puntos que se abordaría durante el encuentro de las partes, es el también incumplimiento a la negociación con las organizaciones sindicales para la definición del porcentaje del aumento salarial correspondiente al año 2019.
En la huelga participa la seccional ANEP-Municipalidad de Alajuela junto a otras organizaciones sindicales.
Por el momento se encuentran paralizadas diversas labores del plantel municipal como: aseo de vías y recolección. Así como parquímetros, parte administrativa y un sector de la policía municipal, entre otros.
Para declaraciones o entrevistas comunicarse con Oscar Mora, presidente de la Seccional ANEP-Municipalidad de Alajuela al 7011 6513
Trabajadores operativos de la Municipalidad de Alajuela iniciaron este lunes desde tempranas horas de la mañana un movimiento de huelga ante el incumplimiento a la negociación salarial correspondiente al II Semestre del 2018, tal y como lo define la Convención Colectiva y con base a un acuerdo previamente definido con el anterior alcalde Roberto Thompson.
Esta situación ha desencadenado la molestia de los trabajadores, que a eso de las 8:00 de la mañana se desplazaron desde el Plantel Municipal hacia el edificio municipal, donde trabajadores administrativos se sumaron al movimiento.
Otro de los aspectos que provocó la huelga se debe al incumplimiento a la negociación con las organizaciones sindicales para la definición del porcentaje del aumento salarial correspondiente al año 2019.
En la huelga participa la seccional ANEP-Municipalidad de Alajuela junto a otras organizaciones sindicales.
Ha esta hora se encuentra paralizado las labores del plantel municipal como: aseo de vías y recolección, así como parquímetros, parte administrativa y un sector de la policía municipal, entre otros.
“Los trabajadores pueden ejercer el derecho a huelga en casos de protesta social como la que aquí se califica, por lo que se revoca la sentencia apelada y se declara legal, aún como medida de protesta social contra una política gubernamental.
El Juzgado de Trabajo de Sarapiquí ordenó a la Municipalidad de la localidad reinstalar a tres trabajadores despedidos hace dos años por haberse afiliado a la ANEP, así como por denunciar actos de corrupción a lo interno de la municipalidad.
El fallo del Juzgado de Sarapiquí viene a ratificar la lucha brindada por la ANEP durante dos años con protestas en el cantón y denuncias ante medios de comunicación como Grupo Extra, para que a los trabajadores Rafael Ángel Rivas Rivera, Milton Alvarado y Laureano Valdivia se les reinstalará en su puesto, ya que fueron despedidos injustamente y por prácticas laborales desleales.
El por tanto del Juzgado de Trabajo de Sarapiquí indica que “Se declara la nulidad de los actos de despido notificados mediante resoluciones administrativas número DA-009-2016, DA-010-2016 y DA-011-2016, todas del 28 de diciembre del año 2016. Debe ordenarse la reinstalación definitiva de cada uno de los actores a su empleo original o en puestos de similar naturaleza, manteniendo las mismas condiciones laborales que tenían antes del despido. Se condena a la demandada a cancelarle a los actores los salarios dejados de percibir desde el momento en que quedaron en firme los actos de despido y hasta la efectiva reinstalación, dicho pago deberá comprender tanto el salario base como todos los componentes salariales, deduciendo a los actores las siguientes sumas por concepto de liquidación laboral”,
Rafael Ángel Rivas Rivera, trabajó por ocho años para la alcaldía como peón de sanidad, Milton Alvarado fue por 9 años chofer y Laureano Valdivia trabajó 22 años para el municipio; hace ya casi dos años explicaron el acoso laboral que enfrentaron por parte de las jefaturas por estar afiliados al sindicato y ser testigos en una denuncia penal.
El proceso judicial fue llevado por Esteban Calvo Rodríguez, Consultor Jurídico Externo de la ANEP y con base a la ley laboral anterior a la Reforma Procesal Laboral logró la reinstalación de estos anepistas.
El Tribunal de Apelación de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José confirmó la sentencia de legalidad que se había dado en primera instancia con respecto a la huelga en Acueductos y Alcantarillados (AyA).
El fallo en segunda instancia por parte del Tribual de Apelación indica que “en atención a todo lo expuesto, este Tribunal de Apelación, confirma la sentencia de primera instancia, en cuanto dispuso, declarar legal la huelga política declarada en el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados”
Lo anterior por cuanto el Tribunal avaló el análisis realizado por la jueza Sedier Villegas Méndez quien consideró que el movimiento huelguístico iniciado el 10 de setiembre de 2018, no corresponde a ninguno de los tipos de conflictos mencionados en nuestro Código de Trabajo, sino más bien a una protesta en contra de una política pública, concretamente el proyecto de ley 20.580.
Además, la jueza Sedier Villegas Méndez consideró normativa de la Organización Internacional del Trabajo para dictar la legalidad de la huelga en AyA.
“Sobre el particular, los intervinientes en este proceso han manifestado que el movimiento huelguístico iniciado el 10 de setiembre de 2018, no corresponde a ninguno de los tipos de conflictos mencionados en nuestro Código de Trabajo, sino más bien a una protesta en contra de una política pública, concretamente el proyecto de ley 20.580, que conoce en el caso de los funcionarios públicos, aspectos como pluses salariales, tales como anualidades, dedicación exclusiva, prohibición, cesantía, entre otros que afectan mayormente al resto de la población costarricense, como la fijación de impuestos, de manera que a criterio de ésta Juzgadora, encaja perfectamente en la definición de huelga política”, indica la jurista.
Dentro de los considerados la Jueza indicó que “es claro que estamos en presencia de una huelga política, en contra del proyecto de ley por lo cual los trabajadores y los sindicatos se encuentran legitimados para manifestarse en contra de estas políticas públicas, dicho derecho de manifestación está sustentado con principios democráticos como la libre expresión”.
Otro de los aspectos tomados en cuenta por Villegas Méndez es que este tipo de huelga no puede tener los mismos requisitos que las huelgas contractuales a que se refiere el Código de Trabajo.
1. La Policía Penitenciaria en su inmensa mayoría está constituida por hombres y mujeres con altísimos niveles de probidad. No se puede admitir que, por unas pocas personas, que se presume han cometido algunas faltas al respecto, se generalice y se ensucie el buen nombre y la imagen de un valiente y abnegado gremio de policías.
2. ANEP es respetuosa de los procesos que en el marco del derecho y de respeto a la dignidad inherente de los policías ejecute el Ministerio de Justicia y Paz.
3. ANEP no puede ni debe interferir en la aplicación de dichas pruebas, salvo que existan irregularidades en la aplicación o que las mismas sean alteradas de forma maliciosa.
En este momento estamos indagando si las pruebas toxicológicas se ajustan a estándares internacionales que garanticen la exactitud de los resultados. Si la elección del personal y las eventuales sanciones se están aplicando de forma legal, equitativa e igualitaria. Se espera que en la práctica no haya espacios para el hostigamiento y que todas las personas, aunque se encuentren en puestos de jefatura sean tratadas en igualdad de condiciones.
4. Es verdad que la Sala Constitucional ha indicado algunos lineamientos al respecto, considerando la adicción como una enfermedad. No obstante, ANEP considera que nuestra defensa debe estar mayormente orientada a los conflictos obreros patronales que no guarden relación con conductas tipificadas en la Ley penal. En este caso, creemos firmemente que la función policial es incompatible con el consumo de sustancias psicoactivas o psicotrópicas prohibidas.
5. La honrosa función policial tiene ciertas excepcionalidades, por ello, al accionar de los agentes de seguridad (a su conducta) se le adjudica un cierto nivel de rigurosidad diferenciado en relación con los demás servidores públicos. Tómese en consideración que los expertos indican que el consumo de algunas sustancias ilícitas genera alteraciones a la salud y a la conducta de las personas. Que el policía o la policía debe estar en condiciones óptimas de disponibilidad aún en su semana libre, para hacerle frente a casos de fuerza mayor o de grave peligro a la seguridad.
Por ejemplo: no es lo mismo un policía con problemas de alcoholismo que un policía con problemas de adicción a sustancias ilícitas. El licor es de venta libre y se encuentra en distintos negocios comerciales, su consumo es legal y su tratamiento, por consiguiente, admite un procedimiento diferente. Sin embargo, algunas drogas o sustancias ilícitas solo se pueden conseguir a través de entablar nexos con sujetos dedicados al trasiego y venta de drogas. Sería inadmisible que una persona detenida por venta de sustancias ilícitas sea eventualmente custodiada por quien afuera figura como su cliente.
Finalmente, rogamos al personal policial su amable comprensión en estos casos, ya que ANEP se compromete a defender y llevar hasta las últimas consecuencias cualquier otro tema en el marco de las relaciones del trabajo. Pero guardamos distancia de aquellos que tienen que ver con actos de corrupción, o de acciones de materia penal. Sin que esta declaración niegue el derecho de defensa y la presunción de inocencia que le asiste a cualquier ciudadano.
Dicha directriz debe ser homologada por la jueza que atendió el juicio en el I Circuito Judicial de San José, en donde se resolvió con una conciliación entre las partes, es decir; la Seccional ANEP-Fuerza Pública y la Dirección General de la Fuerza Pública.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
