Dentro de los acuerdos alcanzado se encuentra, la renovación de plazas de aquellos compañeros que se encuentran en condición de interinos, cuyos contratos vencen el 31 de julio. El otro acuerdo es que el Gobierno revise las denuncias realizadas por parte del sindicato en materia d acoso laboral y manejo de la institución.
La unidad sindical se reunió el pasado viernes con el Ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza; el Segundo Vicepresidente de la República, Marvin Rodríguez y el Ministro de Trabajo, Steven Núñez donde solicitaron la eliminación del denominado combo fiscal ley Nª 20580 de la corriente legislativa, así como la apertura de una mesa diálogo para tratar la crisis fiscal que afronta el país.
Los representantes sindicales también externaron algunos planteamientos por donde se puede atacar el déficit fiscal, a la vez que, externaron su malestar por incluir el empleo público en el combo fiscal, ya que este no es el responsable de la crisis económica en la que se encuentra el país.
Durante la reunión los representantes de gobierno externaron su interés de escuchar las propuestas del sector sindical en materia fiscal, sin embargo, no concuerdan con sacar de la corriente legislativa tan cuestionado proyecto de ley.
Este es el primer acercamiento de la Unidad Sindical desde que el nuevo Gobierno asumió el mando, sin embargo, no será el último ya que para el 8 de junio se realizará una nueva reunión entre las partes.
Representantes de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración (PPME) y la Seccional ANEP-Administrativa de Migración Extranjería se reunieron con los nuevos jerarcas institucionales para detallar algunas necesidades que requiere el personal policial y administrativo para mejorar las condiciones laborales y la atención que brindan al público.
En la reunión por parte del gobierno estuvieron presentes Víctor Barrantes Marín, Viceministro de Gobernación y Policía; Harold Villegas, Asesor del Viceministro; así como Raquel Vargas Jauberth, Directora General de Migración; Daguer Hernández, Subdirector General de Migración Extranjería y Adriana Largaespada, Jefe del Despacho de la Dirección General.
Durante la reunión, los jerarcas institucionales mostraron total disposición para construir una mejor Policía Profesional de Migración y realizar las mejora respectivas en la parte administrativa.
Por la parte sindical estuvieron presentes Rafael Mora, Asesor de la ANEP; Lorena Chavarría Promotora de ANEP, así como Paolo Cascante Marín, Presidente de la Seccional ANEP- Administrativa; Gerardo Mora Ordóñez, Presidente de la Seccional ANEP-PPME y Celina Vargas Secretaría Seccional ANEP-PPME.
Compartimos algunos de los puntos que se abordaron durante la reunión
1- Proyecto de Ley Nº 20.323 que busca dotar de recursos a la Policía Profesional de Migración y Extranjería. 2- La necesidad de contar con más personal ante la falta de Recurso Humano. 3- Pago de Tiempo Extraordinario. 4- Paolo Cascante Marín, Seccional ANEP-Administrativa quedó de entregar posteriormente los temas relacionados con la parte Administrativa.
Se lograron los siguientes acuerdos:
1- Compromiso por parte del Viceministro y de la Directora con el Departamento Legal de revisar lo antes posible el Expediente Legislativo Nº 20.323 que busca dotar de recursos a la Policía Profesional de Migración y Extranjería. 2- El señor Viceministro solicita se conforme con los presentes una mesa dialogo permanente. 3- Se acuerda realizar reuniones periódicas cada 15 días para ver los avances del documento presentado por la Seccional ANEP-PPME. 4- Se acuerda ir resolviendo los asuntos micro dentro de la institución. Ejemplo (Tema de Salud Ocupacional). 5-Reuniones en el Despacho del Viceministro de Gobernación. 6-Se acuerda que la próxima reunión es el dia 14 de junio.
Como costarricenses esperamos que el Gobierno de la República que hoy inicia su cuatrienio de gestión 2018-2022 (con la celebración del Bicentenario de la Independencia Política Patria incluido), cumpla el reto que asumió de llevar el país a buen puerto.
Para así empezar a hacerlo, debe convocar a un diálogo político-social multisectorial que supere al sistema de partidos. Evitar esto sería dejar ir una oportunidad histórica y errar ahondando distancias entre una sociedad que avanza hacia una gran polarización.
En tanto transcurren los primeros 100 días de Gobierno, que servirán para evaluar el rumbo fijado, toca proponer un breve análisis del discurso pronunciado por el nuevo Presidente al asumir la banda de la primera magistratura del Estado:
1- LO BUENO:
Habló de que es necesario accionar contra la evasión, el contrabando, y la subfacturación (causas inequívocas, pero no únicas del déficit fiscal).
2- DE LO QUE MÁS HABLÓ: De un breve recuento de historia de algunas de las instituciones más emblemáticas de nuestra sociedad y de algunos estadistas como don Alfredo González Flores. Aunque su discurso, en realidad, fue bastante genérico. No obstante, mencionó los 7 ejes de trabajo de su interés fundamental: Educación, salud-bienestar-calidad de vida, infraestructura, empleo regional, ambiente, seguridad ciudadana y estabilidad fiscal.
3- DE LO QUE QUEDÓ DEBIENDO:
Omitió de su discurso citar con explicitud que el principal problema de nuestra sociedad actual es la galopantes y creciente desigualdad.
Junto a ello omitió recordarnos que fue precisamente don Alfredo González Flores quien acuñara la frase “que los ricos paguen como ricos y los pobres paguen como pobres”).
Tampoco se refirió a la deuda pública y a los intereses de la deuda y su pago, al que se destinan gran parte de nuestros recursos.
Otro gran ausente fue el tema de cómo será su política salarial (¿impulsará un salario mínimo vital; o, al menos, el fortalecimiento de la política pública de inspección laboral. Por su discurso no lo sabremos aún.
Y desde luego, el llamado a un diálogo nacional multisectorial que trascienda el sistema de partidos, no fue tema en el traspaso de mando.
DE LOS DESACIERTOS: Insistió en pedir la aprobación del “combo fiscal” (proyecto de ley 20.580) que carga más impuestos para el pueblo, mientras no grava las ganancias del gran capital de los ganadores del modelo económico concentrador y excluyente. Proyecto cuya parte de regla fiscal será obstáculo para las políticas públicas y la inversión social requerida para desarrollar las iniciativas que saquen del papel, los 7 puntos de trabajo a los que hizo referencia, genéricamente… Si la empresa de desarrollo es colectiva, como afirmara, ¿por qué insistir en un proyecto que cuenta con desaprobación de miles costarricenses, en vez de llamar a un diálogo con plazos perentorios?
En resumen: La campaña electoral quedó atrás, el cambio de Gobierno ya pasó. El reto de la sociedad es el diálogo y la oportunidad cual balón en el punto de penal, le está picando al frente al nuevo mandatario. Veremos qué escoge: si liderarnos con ideas y diálogo; o con imposición y falta de escucha. Dios le ilumine a él y a todas las personas que habitamos esta porción de mundo, en la que nacimos y a la que llamamos Patria y que la queremos justa para todas y para todas.
La Seccional ANEP-Fuerza Pública presentó un recurso de amparo contra el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) debido a las malas condiciones laborales y de infraestructura que se presentan en la nueva Policía Metropolitana, las cuales atentan contra la salud e integridad de los oficiales.
El recurso fue presentado el pasado 3 de mayo del presente año, luego de la visita que realizó el Presidente de la Secciona ANEP-Fuerza Pública, Mainor Anchía a la sede (antigua UIP) de la Policía Metropolitana, ubicada en Sagrada Familia, donde constato las condiciones con las que deben laborar los y las oficiales.
*Audio:*Mainor Anchía sobre recurso de amparo
Cabe destacar que posterior a interponer el recurso de amparo, el Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública conversó con el nuevo Ministro de Seguridad Pública designado, Michael Soto quien se mostró anuente a solucionar este y otros problemas que aquejan a “la tropa”.
A continuación las razones por las cuales se interpone el recurso de amparo
PRIMERO: Ante la falta de oportunidad, por la carencia de voluntad, por parte de la administración, de observar los Derechos Humanos laborales, del personal policial, nos vemos en la urgencia de acudir ante el Máximo Tribunal Constitucional.
SEGUNDO: El Ministerio de Seguridad Pública y la Dirección General de la Fuerza Pública, anunciaron la instauración de la “nueva Policía Metropolitana”, destacando a 600 funcionarios en las instalaciones ubicadas en Sagrada Familia, mismas que no cuentan con área para preparar alimentos, en razón de que están en proceso de construcción de la cocina. Por lo anterior, a los funcionarios se les hace llegar la alimentación en tazas plásticas, lo cual contraviene lo estipulado en el Código de Trabajo que cita: “Artículo 296. Si, por la índole del trabajo, los trabajadores deben comer en los centros donde prestan los servicios, el patrono deberán instalar locales que sirvan como comedor y los mantendrá en buenas condiciones de limpieza. Además, deberán reunir los requisitos de iluminación, ventilación y ubicación, estar amueblados en forma conveniente y dotados de medios especiales para guardar alimentos, recalentarlos y lavar utensilios.”
TERCERO: Aunado a lo anterior, las instalaciones no reúnen las condiciones óptimas para el descanso de los funcionarios policiales, con lo cual se ve afectada su salud, así como se pone en riesgo su seguridad, en tanto que deberán volver a servicio sin haber logrado un adecuado descanso. Al presentarnos a las instalaciones, ubicadas en Sagrada Familia, logramos constatar que se están haciendo trabajos de reparación y construcción, con lo cual se provoca mucho ruido por el corte de materiales, aunado al polvo y otros agentes contaminantes, propios de una construcción.
CUARTO: La Unidad Policial no cuenta con armería, la misma también se mantiene en proceso de construcción. Por tal razón, los funcionarios deben salir uniformados, en motos, patrullas o busetas y trasladarse hasta Rohrmoser en Pavas, con el consecuente riesgo que ello representa para su integridad física y su vida inclusive, dado que ante un eventual incidente no tendrían posibilidad de repeler una agresión ilegítima.
QUINTO: Lo antes descrito, viola de manera flagrante lo que cita el artículo 50 de la Constitución Política, en torno al Derecho de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Además, se incumple lo que estipula nuestra Carta Magna, en su artículo 66 y el Código de Trabajo en el siguiente numeral: “Artículo 273. Declárase de interés público todo lo referente a su salud ocupacional, que tiene como finalidad promover y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social del trabajador en general; prevenir todo daño causado a la salud de éste por las condiciones del trabajo; protegerlo en su empleo contra los riesgos resultantes de la existencia de agentes nocivos a la salud; colocar y mantener al trabajador en un empleo con sus aptitudes fisiológicas y sicológicas y, en síntesis, adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su tarea.” La mala manipulación de alimentos, así como el no contar con las condiciones mínimas para un buen descanso, ponen en riesgo inminente la salud de las personas trabajadoras destacadas en la Unidad Policial de Sagrada Familia, bautizada por la Administración como “Delta Charly 0”.
En próximos días deberá quedar conformada la integración de la nueva Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para el próximo período gubernamental.
Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), integrante del Colectivo Sindical PATRIAJUSTA, hacemos pública nuestra más vehemente y respetuosa exhortación para que impere la mayor transparencia y se imponga el desarrollo de un proceso profundamente diáfano, por parte de cada una de las entidades político-sociales que intervienen, por ley, en tal designación.
La Caja está en lo que podemos definir como la mayor encrucijada de toda su historia institucional. Por tanto, se requiere de un gigantesco esfuerzo multisectorial para preservarla de cara a la propia generación actual y a las futuras.
La directiva de la Caja se compone de 9 personas: 3 por designación del Poder Ejecutivo; 3 por designación del empresariado representado en la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP); así como una persona del sector Sindical, otra del Cooperativo y otra del Solidarista.
Así lo estable el artículo 6 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Igualmente, esta especial conformación de la máxima dirección de la Caja se ve robustecida en el marco del artículo 9 de la Constitución Política de Costa Rica, que indica lo siguiente: “El Gobierno de la República es popular, representativo, participativo, alternativo y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres Poderes distintos e independientes entre sí. El Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial”.
Nótese que “el pueblo” también ejerce el Gobierno de la República y en el caso de la Caja, lo hace a través de la representación sectorial indicada para su junta directiva.
Solamente falta el nombramiento de 8 personas directivas, puesto que el Poder Ejecutivo ya designó a una de las tres que le compete nombrar: el señor Román Macaya Haynes, quien será el nuevo Presidente Ejecutivo de la institución. Así lo definió don Carlos Alvarado Quesada, en su condición de Presidente electo, abriendo así gran expectativa sobre las otras dos personas que representarán al nuevo gobierno en la directiva de la Caja.
Por su parte, el Movimiento Sindical Costarricense ya está desarrollando su propio proceso interno y hay compromiso de todos sus componentes para que se dé una designación con gran transparencia y con gran armonía, haciendo honor al histórico proceso de unidad que está escenificando.
Es respetuosa opinión de la ANEP y del Colectivo Sindical PATRIAJUSTA que el sólido compromiso de lucha obrera y social que anima la existencia de todas y cada una de las agrupaciones del sindicalismo costarricense, nos obliga a que la designación del representante que le compete, sea asunto de amplia exposición pública, especialmente ante el pueblo trabajador asegurado de la Caja.
Con sumo respeto, creemos que los sectores empresarial, cooperativo y solidarista deben impulsar sus respectivos procesos de designación para la directiva de la Caja, con la más estricta transparencia ante la opinión pública del país, en especial, ante el pueblo trabajador asegurado cubierto por la Caja.
San José, viernes 4 de mayo de 2018.
Albino Vargas Barrantes Secretario General ANEP Coordinador Colectivo Sindical PATRIAJUSTA
Falta de informe sobre impacto económico-social hacia el cantón causa preocupación e incertidumbre, así como la poca información hacia la ciudadanía
Trabajadores de la Municipalidad de Nicoya afiliados a la ANEP, junto a las Fuerza Vivas del cantón guanacasteco y representantes de pequeños comerciantes de la zona; alzaron la voz contra el plebiscito que pretende separar administrativamente el distrito de Nosara de Nicoya.
Para estos representantes, la falta de información a la ciudadanía, así como la carencia de un estudio de impacto económico, social y laboral hacia el cantón nicoyano, pone en duda la realización de dicho plebiscito el próximo 3 de junio.
De aprobarse, Nosara podrá recaudar y administrar sus propios ingresos mediante el cobro de impuestos municipales. Lo haría a través de la creación de un Concejo Municipal de Distrito (CMD), lo que dejaría a la Municipalidad de Nicoya sin el 35% de ingresos.
Para Adelayda Medina Reyes, dirigente de la Seccional ANEP-Municipalidad de Nicoya y trabajadora municipal, esta situación genera gran incertidumbre tanto en lo laboral como en el poder de ejecución municipal.
“Nos oponemos porque se ha dado una desinformación total a este proceso, ya que no se ha aclarado a los funcionarios municipales cómo, cuál y en cuánto nos va afectar, debido a que con la separación de Nosara, la municipalidad dejaría de percibir entre el 35 y 40% de ingresos; afectando la ejecución e inversión en otros distritos, así como dejando una incertidumbre laboral”, manifestó la representante de los trabajadores.
Esta situación también ha generado incertidumbre y preocupación de una parte de la ciudadanía nicoyana, sumado a la falta de información y la posibilidad de que poderosos empresarios de la zona estén detrás del plebiscito por intereses económicos propios, debido a las riquezas naturales de Nosara.
“Es un proyecto que no ha cumplido con los requisitos mínimos que se establecen para realizar el plebiscito. La municipalidad no tiene los estudios de impacto económico-social ni de vialidad de cual va ser el futuro del cantón y sus distritos. Por lo que solicitamos se detenga, aparte del desconocimiento de la ciudadanía sobre el proyecto”, dijo Edwin Castillo, representante de la Tendencia del No al plebiscito.
Ante este escenario y “los oídos sordos” del Concejo Municipal y la Alcaldía de Nicoya sobre los cuestionamientos, la Tendencia del No presentó un Amparo Electoral ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), con 14 razones por las cuales se debe detener el plebiscito del próximo 3 de junio. Dicho amparo ya fue asignado a un magistrado para su estudio.
Preocupación de pequeños comerciantes
La incertidumbre por este proyecto también ha llegado a los pequeños empresarios nicoyanos quienes temen por un alza en los impuestos si se concreta la separación de Nosara.
“Estamos preocupados por la afectación económica que sufriría la Municipalidad ante la posibilidad de que Nosara se separe, ya que dejaría de percibir el 35% de sus ingresos. Esto podría generar que seamos nosotros quienes solventemos esa pérdida afectándonos directamente” dijo Margarita Abarca, pequeña empresaria de Nicoya.
Para darse la aprobación de la separación de Nosara de Nicoya, al menos 6.148 personas deben dar el “sí”, además de superar la cantidad de votos de los opositores, según lo establece la ley general de Concejos Municipales de Distrito. (publicado por la Voz de Guanacaste).
Cuestionamientos rodean estado financiero de AyA y continuidad de Yamileth Astorga
• Administración realizó conversatorio sobre estado financiero de la institución.
Por qué hasta ahora la administración de Acueductos y Alcantarillados (AyA) se preocupa por informar datos sobre la supuesta estabilidad financiera de la institución
Si estamos tan bien financieramente porqué continúan solicitando aumentos tarifarios y porqué se endeuda más la Institución con contratos y préstamos. Acaso será que el endeudamiento es para más proyectos de gran envergadura, de ser así, nos preguntamos cuáles serán.
Veamos el ejemplo del acueducto OROSI, durante años nos han dicho ante la ARESEP que los aumentos eran para mejorar el sistema del GAM. ¿Será verdad? pues únicamente han realizado obras de ETAPAS las cuales responden únicamente a ETAPAS DE DEPRECIACION.
Pero parece ser que es bueno jugar con los números financieros indicándole a la población que vean los aumentos tarifarios del pasado donde se nos informaba que era para construir nuevos proyectos. No obstante, algunos de estos han sido únicamente para la depreciación de los sistemas.
Y eso que no tocamos los “premios” por viajes y los grandes financiamientos para hacer alianzas con las ONG, PNUD, universidades públicas y privadas.
Esa es otra gran interrogante, de qué forma se habrán “disfrazado” esas partidas para contratar a los instructores aparentemente allegados de esta administración cuando los vemos en las capacitaciones de ASADAS y siempre son los mismos. ¿Será que A y A teniendo gente competente para ello prefieren a los de afuera por alianzas?
Estamos conscientes de que nuestras tarifas son solidarias pero la gran interrogante es:
¿Sera únicamente para las ASADAS?
¿Qué pasa con los acueductos operados directamente por el A y A?
¿Será que no importa que el servicio de A y A se deteriore mientras que los del gran negocio que producen las ASADAS crecen?
No más una presidenta viajera
No más corrupción en nombramientos
No más al desequilibrio financiero de AyA
No más inversiones a otros entes de acueductos y más inversión a los sistemas operados por el AyA, es decir, los sistemas administrados por AyA en las regiones han sido descuidados por dedicarse únicamente a las Asadas que indica Astorga y sus asesoras
Para declaraciones y entrevistas comunicarse Edwin Marín, Presidente de la Seccional ANEP-AyA al 8706 3828
La jornada de huelga inició a las 4 de la mañana con los trabajadores de la Seccional ANEP-Ferrocarrileros y Afines quienes laboran para la empresa CATENARIA, esta a la vez presta servicios al INCOFER, por lo que los viajes en tren quedaron suspendidos durante la mañana.
A las 6 de la mañana sería el turno de los trabajadores de la Municipalidad de San José de unirse a la huelga
Los trabajadores de la Seccional ANEP-Ferrocarrileros y Afines se unieron a los trabajadores de la Municipalidad de San José y la Seccional ANEP-AyA. Tal y como lo hicieron las Seccionales Municipales de la ANEP en Alajuela, Moravia, Tibás, Goicoechea, Santa Ana y Curridabat.
Una vez conjuntadas las seccionales marcharón juntas hacia el parque La Merced para encontrarse con las demás afiliados de la ANEP en instituciones como: Correo de Costa rica, Fuerza Pública y PCD, Banco de Costa Rica, Banco Centra, CEN-CINAI, Hospital Calderon Guardia, Policía Profesional de Migración, Policía Penitenciaria, entre otras.
En el parque La Merced, la presencia masiva de trabajadores integrantes de las organizaciones sindicales hermanas como BUSSCO, APSE, SEC y las Centrales Sindicales presagiaban una gran jornada y un reproche absoluto hacia el expediente Nº20.580 “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, denominado “Combo Fiscal”.
Por primera vez, desde las grandes jornadas en contra del TLC con los Estados Unidos, las agrupaciones sindicales marcharon en unidad bajo una solo consigna, que se retire el “Combo Fiscal” de la corriente legislativa.
La marcha multitudinaria arribó a la Asamblea Legislativa pasadas las 11 de la mañana, donde trabajadores exigieron que se retire tan dañino proyecto de ley para la clase trabajadora.
Este martes 25 de abril quedará en la historia, ya que miles de costarricenses marcharon juntos, en una de las primeras medidas contra un proyecto de ley; que tiene como objetivo atacar el bolsillo de la clase trabajadora, agricultores, pequeños empresarios, pescadores y de las clases más desposeídas.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
