“En el oficio número CO-UDO-FF-10-666-2017, la seccional ANEP-Fuerza Pública solicita detalles al Banhvi luego de recibir el testimonio de oficiales quienes indicaron que se les negaba el acceso al bono de la vivienda por ser policías. ¿Queríamos saber cómo funciona el sistema? ¿Cuáles instituciones participantes? Y los factores que influyen a la hora de negarles un bono”, explicó Mainor Anchía, presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública.
Ante todas esas interrogantes el funcionario indicó que bajo ninguna circunstancia la ocupación de las personas afecta para ser uno de los posibles beneficiarios, es decir, que no se puede negar el beneficio por el simple hecho de ser policías.
“Todos solicitantes deben cumplir con una serie de requisitos, por ejemplo formar parte de un núcleo familiar, no tener propiedades o casa, contar con un ingreso neto familiar menor a los ¢1,5 millones, ser ciudadano costarricense o legalizado”, explicó Luis Ángel Montoya Mora, Gerente General del Banhvi,
Anchía por su parte resaltó que en la reunión lograron establecer un segundo encuentro para enero del 2018 donde el personal técnico del Banhvi brindará información y aclarará dudas a los compañeros y compañeras policías en torno al tema.
“El señor Gerente del BANHVI nos solicitó individualizar unos diez casos de compañeras y compañeros a los cuales se les haya negado la opción del bono de vivienda para hacer una valoración técnica y con ello, determinar los motivos y en caso de error, proceder a subsanar de inmediato”, agregó Anchía.
Para la Seccional ANEP-Fuerza Pública es importante incursionar en este tipo de procesos, que aunque no forman parte de la naturaleza propia de una organización sindical cuyo principal objetivo es la defensa de derechos laborales, revierte un especial interés, por estar directamente vinculado con el bienestar de nuestra población policial.
Vielka Valenciano se desempeñaba como Vicepresidenta de la seccional y según reglamento debe asumir la presidencia ante la salida de Vargas.
ANEP hace un reconocimiento a Fernando Vargas por su amplió e histórico recorrido en las filas de nuestra organización por estar siempre al servicio de la clase trabajadora.
La Auditoría Interna de Acueductos y Alcantarillados (AyA) confirmó a la Seccional ANEP-AyA que, a partir del 1 de noviembre del año en curso, realizará una auditoria especial por la situación que se presenta en los tanques de almacenamientos de agua potable ubicados en Barrio el Carmen de Puntarenas, los cuales presentan graves daños de filtración lo que provoca el desperdició de poco más de 4 litros de agua por día.
Edwin Marín, Presidente de la Seccional ANEP-AyA manifestó que la posible solución de la administración será la construcción de nuevos tanques.
La Seccional ANEP-AyA visitó el viernes 8 de setiembre las instalaciones donde se ubican los tanques, donde pudo constatar la situación que llevó a la denuncia, la cual fue expuesta en varios medios de comunicación.
Otro de los cuestionamientos realizados por la Seccional, es que la empresa encargada del mantenimiento de los tanques no ha realizado un efectivo trabajo pese al alto costo del mismo.
En la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), luego de alzar la voz de alerta, nos complace la decisión tomada en la mesa de dialogo del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de no aumentar la edad de pensionarse ni el número de cuotas.
“En ANEP nos sentimos muy contentos y satisfechos de haber pegado el grito a cielo en el momento oportuno y de haber lanzado una voz de alerta más que necesaria y prácticamente obligar a que se hablará con claridad ante tantos meses y semanas de un diálogo muy en las sombras”, expresó el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes.
Vargas indicó que no hay espacio político, ni la posibilidad material de cristalizar semejantes ideas en contra de la clase trabajadora, a la vez, que hizo un llamado a la Fiscal General a.i. Emilia Navas para que revise la demanda penal interpuesta en el Ministerio Público contra los presuntos responsables del “descalabro” del régimen IVM, la cual lleva un estancamiento de 5 años.
Cabe destacar el buen accionar de esta Seccional, ya que el trabajo duro y esfuerzo para mejorar las condiciones laborales de sus compañeros los ha llevado a obtener la Convención Colectiva, Salario Escolar y otros reconocimientos. Estas acciones han permitido el crecimiento de la Seccional en afiliación, así como un buen clima con la administración municipal.
Conversamos con Graciela López Cordoba, electa como nueva Presidenta de la Seccional y que anteriormente fungió como Secretaria de Divulgación y Comunicación.
La Seccional ANEP-Fuerza Pública envió una solicitud a la Fiscal General a.i. Emilia Navas para que se revise dos causas contra el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) presentadas por aparentes nombramientos y ascensos irregulares en altos puestos, así como malversación de fondos públicos.
Mainor Anchía, presidente de la Seccional-ANEP Fuerza Pública, explicó que la primera causa presentada ante la Fiscalía de Probidad y Anticorrupción se da por aparentes nombramientos y ascensos irregulares de altos jerarcas, la cual fue extrañamente sobreseída por prescripción presuntamente en el año 2016, pese a contar con pruebas contundentes y tres informes del OIJ que permitían la posibilidad de acusar y elevar a juicio. A la fecha la seccional no ha sido notificada oficialmente de esa decisión.
“La denuncia contó con una importante información documental que se presentó en el 2014 y que para el año 2015 ya contaba con un informe de la Sección de Fraudes del OIJ, la cual recabo importante información para el caso al realizar secuestro de documentos”, dijo Anchía
Otro de los cuestionamientos realizados por la Seccional ANEP-Fuerza Pública es que el caso pasara por manos de al menos tres fiscales en dos años.
“Esto amerita un análisis del por qué se dio de esta manera, en esta causa hubo tres fiscales, algo que nos parece irregular. Incluso el último fiscal asignado en el año 2017 solicita informes a la Sección de Fraudes del OIJ a la vez que notifica a la Procuraduría General de la República para que se convierta en parte; esta última institución solicita constituirse en victima en la causa. Pese a esto la fiscalía pide un sobreseimiento por prescripción en el 2016, es decir no hay congruencia” explicó Anchía.
Respecto al segundo caso, la Seccional ANEP-Fuerza Pública presentó una denuncia con dos causas ante la Fiscalía de Fraudes por presunta malversación de fondos públicos de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE) mientras se atendía la emergencia en Isla Calero en el año 2014, por la compra de vehículos y activos que fueron asignados a otras zonas del país, así como por el presunto faltante millonario en bodegas del MSP de jackets para los oficiales de la Fuerza Pública.
En ambos casos la Fiscalía de Fraudes solicita un desistimiento y de encontrarse nueva prueba podría ser abiertos. Decisión que deja un sin sabor en la Seccional ANEP-Fuerza Pública.
“Consideramos que no es correcta esa decisión, las pruebas son contundentes. Por ejemplo, en el caso de la Comisión Nacional de Emergencia se contó con la prueba testimonial de un Auditor del Ministerio de Seguridad Pública quien se presentó en dos ocasiones ante la Fiscalía a ratificar nuestra denuncia. En el caso de la jackets se presentaron informes de auditoría interna del MSP que demostraban el faltante de las mismas, lo que dejaba en pérdidas para la institución de casi 250 millones de colones”, detalló Anchía.
Anchía indicó, que incluso en el caso de la CNE, el Ministerio de Seguridad Público solicitó el despido del auditor interno declarándolo desleal a la institución, orden firmada por el entonces Ministro de Seguridad, Celso Gamboa.
Piden investigar La Seccional ANEP-Fuerza Pública no descarta la intromisión de personas ajenas a la investigación, ya que para ellos ambos casos tuvieron un desenlace cuestionable y extraño, pese a las contundentes pruebas documentales y testimoniales presentadas.
“Hemos recibido informaciones que no podemos acreditar, pero tampoco descartar, que señalan que en ambas causas se pudo presentar algún tipo de injerencia, es una presunción que no podemos dar por un hecho, por esta razón solicitamos a la Fiscal General que ambas causas sean revisadas y analizadas. Incluso en la causa de la Comisión y las jackets recibimos una llamada anónima de una persona de la Fiscalía de Fraudes anticipando que se estaba ordenando el sobreseimiento de dicha causa. Esa misma persona me indica que esa decisión no es correcta”. Finalizó el presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública.
Durante una Asamblea Ordinaria los afiliados de la ANEP en la Municipalidad de Alajuela eligieron a la Junta Directiva de la Seccional que los representará por dos años.
ANEP pregunta: ¿Qué se está negociando a espaldas de la clase trabajadora?
ANEP alerta a la población trabajadora cotizante del Régimen de Pensiones IVM-CCSS de que podría estarse pactando drásticos cambios contra el trabajador en materia de pensiones de IVM-CCSS. Así se desprende de nota de prensa escrita de la mañana de este día, martes 24 de octubre de 2017.
Por tanto, en ANEP nos vemos en la obligación moral y apelando a la ética obrera, de formular vehemente emplazamiento público a los sindicalistas sentados por el Gobierno, por la directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y por la patronal UCCAEP, para que le hablen con la verdad a sus propios representados de lo que han venido negociando sobre las futuras pensiones de la Caja.
Todo está siendo manejado en medio de una gran opacidad. Urge que estos sindicalistas den cuenta pública de lo que han venido planteando ellos mismos y lo planteado por los sectores contrarios al interés obrero con los cuales están negociando sentados en la misma mesa.
¿Cuáles explicaciones pidieron sobre el origen de los problemas financieros que afrontó IVM-CCSS como para que ahora nos pretendan imponer pensionarnos hasta los 67 años y con 40 por ciento?
Que nos expliquen qué está pasando, que están negociando, no solo a sus representados directos, los trabajadores de la Caja, sino a los propios trabajadores indefensos sin organización sindical en las empresas privadas que ni siquiera saben el nombre de los que dicen ser sus “representantes” en esa “mesa” de diálogo.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
