Conozca a la Junta Directiva Nacional de la ANEP periodo 2017-2021

“Queremos acercarnos a usted como anepista que es para compartirle, seguidamente, nuestras ideas y proyectos de trabajo, presentadas como acciones afirmativas y de alta incidencia sociopolítica”

Considérese que, para muchas personas y sectores de nuestro país, la ANEP es el sindicato más representativo, más prestigioso y de mayor credibilidad en la Costa Rica actual.

1. Nos proponemos desarrollar al máximo las posibilidades que nos da la Ley de la Reforma Procesal Laboral (RPL), para fortalecer el desarrollo del sindicalismo y, particularmente, el de la ANEP. En lo específico, impulsar la firma de nuevas convenciones colectivas de trabajo, fortaleciendo las que ya existen. No en vano luchamos durante 17 años continuos por obtener esta legislación pro-obrera y ahora hay que sacarle el mayor provecho.

2. Nos proponemos intensificar la estrategia en defensa del Empleo Público, de los servicios públicos, de la institucionalidad pública contra todos los ataques por venir, especialmente ante la posibilidad de que en las elecciones presidenciales del 2018 triunfen candidatos, abierta o solapadamente, enemigos de la clase trabajadora asalariada del sector Público. Además, impulsaremos procesos de diverso orden para reducir brechas salariales entre diversos sectores del aparato estatal en ocupaciones y puestos de similar naturaleza; actualizando percentiles y escalas salariales para reducir situaciones de gran precariedad y discriminación salarial.

3. Nos proponemos terminar la gran acción sindical impulsada en este período directivo que termina, en materia de personal estatal con nombramientos interinos injustamente prolongados; no solamente en lo que queda pendiente de la administración central del Estado, sino pasando a otros ámbitos como el de la CCSS y el de las municipalidades.

4. Nos proponemos impulsar una agenda sindical de trabajo y de lucha en lo que respecta a la Salud Ocupacional, dándole a este punto de nuestro trabajo un sentido estratégico.

5. Nos proponemos incrementar la presencia sindical de la ANEP en las municipalidades del país, para llegar al 100 % de ellas, los 82 cantones, con seccionales funcionando plenamente (actualmente estamos ya en 65).

6. Nos proponemos ser la organización número uno en cuanto a la representación de los derechos del personal de las policías de Costa Rica, consolidando la presencia actual y avanzando a nuevos ámbitos.

7. Nos proponemos consolidarnos como la representación máxima de los intereses económico-sociales de los sectores técnico, profesional y administrativo de la Administración Central del Estado y entes adscritos a la misma.

8. Nos proponemos el desarrollo de importantes bloques obreros en el sector privado de la economía: producción bananero-piñera, conductores de autobús y seguridad privada, como objetivos más próximos.

9. Nos proponemos impulsar todavía más el trabajo con la juventud sindicalista anepista, creando un verdadero polo organizativo y de solidez ideológica para las responsabilidades futuras, de mediano y de largo plazo, en la prolongación de la vida de esta organización rumbo a su 75 aniversario, en el 2033.

10. Nos proponemos fortalecer el trabajo regional de la ANEP, con sentido estratégico y a partir de los conceptos del Sindicalismo Ciudadano que ha elaborado la ANEP y que se difundirán en este nuevo período directivo.

11. Nos proponemos articular procesos y unir esfuerzos para la defensa, promoción y efectiva aplicación de los Derechos Humanos, comprendidos éstos en su lógica universalista y en su carácter de obligatoriedad para los estados.

12. Nos proponemos la concientización al máximo con respecto a la imperiosa necesidad de una Transformación Tributaria Estructural para cambiar, de raíz, el injusto sistema impositivo del país: pagan más los que proporcionalmente ganan menos; y pagan menos los que tienen más o del todo no pagan nada. Este cambio resulta vital ante la gravedad del déficit fiscal y eventuales terapias de shock que se ven venir por parte de imposiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ante una posible quiebra del Estado central, lo cual traería consecuencias devastadoras en la social para la clase trabajadora.

13. Nos proponemos reimpulsar, relanzar y concientizar acerca de todo el bagaje político-ideológico producido por y desde ANEP para una sociedad más justa, más inclusiva, más democrática; pensamiento anepista completamente actual ante el avance de la desigualdad en el país que es nuestro problema número uno como sociedad.

14. Nos proponemos desarrollar, con ocasión del aniversario 60 de la ANEP (agosto de 2018), el IX Congreso Nacional de la ANEP, “Félix Arcadio Montero Monge”, debate, de corte político-ideológico, en el seno de las actuales bases dirigentes de la ANEP acerca del futuro de esta organización para los próximos 20-25 años. El último evento de este tipo se dio en 1994, hace ya 23 años y desde hace unos 7 años (2010), venimos hablando de la necesidad de una nueva reflexión profunda de este tipo.

15. Nos proponemos el desarrollo más sólido más extendido de los procesos de capacitación y formación político-sindical; así como consolidar todos los avances en materia de información y de comunicación por las diversas modalidades de las redes sociales. En este ámbito nos proponemos el despliegue de procesos de mercadeo y publicidad dando a la organización una imagen distinta y fresca de sus procesos de trabajo.

16. Nos proponemos vehiculizar denuncias de presuntos actos corruptos y/o irregulares, pero de manera sistemática y en forma anónima, vía una línea de comunicación telefónica exclusiva y especial bajo el sistema “uasap”.

17. Nos proponemos mantener nuestra vocación unitaria, especialmente en el ámbito sindical, con procesos de coyuntura donde se pueden construir.

18. Fortalecer nuestros procesos de alianza en el plano internacional; especialmente, con la Confederación de Trabajadores y de Trabajadoras de las Américas (CSA), así como con la Internacional de Servicios Públicos (ISP); y, en la medida de lo posible, con sus referentes nacionales de otras corrientes sindicales.

19. Nos proponemos un nuevo hogar, una nueva casa-edificio para la ANEP. La actual ya cumplió su vida útil: hay hacinamiento, no hay privacidad, hay incomodidad, no hay salud ocupacional, hay mucho riesgo ante eventualidades de la naturaleza, etc. Aún con el local anexo, la ANEP de hoy necesita de nuevas instalaciones más dignas y acordes con su presencia representativa en el país.

20. Nos proponemos elevar la calidad de la atención a las personas afiliadas a la organización, reduciendo drásticamente las insatisfacciones por la intervención solicitada a la ANEP, tanto individual como grupalmente; lo que nos impone fortalecer la estructura organizacional interna de la ANEP en cuanto a procesos de trabajo y en procura de resultados más asertivos en tiempo y forma con relación a las necesidades de las personas afiliadas a la ANEP.

21. Nos proponemos mejorar el alcance, la calidad, la cuantía y las opciones que nos da para la protección de los socios y de las socias de la organización, la Póliza Colectiva de Vida ANEP-INS; incrementando además la promoción y la cartera de ofertas de servicios que implica ser persona asociada a la ANEP.

22. Nos proponemos impulsar más el desarrollo del centro vacacional Manuel Antonio, con un enfoque de economía humanista y solidaria para el desarrollo de la organización y la máxima gratificación de las personas afiliadas visitantes.

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ANEP-Fuerza Pública se reunió en la Defensoría para dar seguimiento a la reglamentación de los roles policiales

Además, se abordaron otros temas como las condiciones de algunas delegaciones, la interpretación de las incapacidades por parte del Ministerio de Seguridad Pública, así como denuncias por acoso laboral y acoso sexual.

Conversamos con el presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública, Mainor Anchía sobre la reunión.

ANEP se opone a la liberación de las tarifas de telefonía celular

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) celebra y aplaude la valiente posición que ha anunciado la Defensoría de los Habitantes de la República, de oponerse a una errada decisión de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), de dejar sin regulación de ningún tipo las tarifas de los servicios de telefonía celular y de internet móvil, especialmente.

Creemos que la pretensión de la SUTEL significa, simbólicamente, que ésta entidad se dispara en el pie toda vez que se supone que la esencia de su quehacer es la regulación, a fin de que la población consumidora de los servicios de telecomunicaciones, en todas sus modalidades, no quede indefensa; considerando que la tal competencia es una quimera ante el dominio del mercado, esencialmente, por parte de dos monstruosas transnacionales.

La SUTEL quiere lavarse las manos y dejar a los consumidores en total indefensión, toda vez que las tendencias monopólicas y duopólicas son las que se ven posicionarse con fuerza en tiempos futuros, si es que la sociedad no logra frenar la conjura plutocrática que pretende la exclusión definitiva de este mercado al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), negándosele el acceso a nuevas fuentes de financiamiento que le permitan fortalecerse ante el poder duopólico de las transnacionales de telecomunicaciones implantadas en el país, luego de que fuera impuesto en Costa Rica el TLC con Estados Unidos, hace ya diez años.

¡Cierren la SUTEL! Ésta debería ser la consigna fundamental ante la quimera del “mercado en competencia” en materia de telecomunicaciones.

Si a la SUTEL le faltan agallas para defender a la población consumidora al respecto, si le tiene miedo a esos pulpos corporativos del capital transnacional; y, todavía peor, si ya no tiene fervor regulador, entonces es mejor que la cierren pues de por sí, resulta carísimo su mantenimiento dado que es uno de los privilegiados segmentos de la Administración Pública con salarios de lujo para su alta cúpula político-tecnocrática y gerencial.

MSP violenta libertad de expresión de oficiales de la Fuerza Pública en redes sociales

Así lo determinó un fallo parcial de la Sala Constitucional luego de un Recurso de Amparo presentado por la Seccional ANEP-Fuerza Pública contra el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), por la apertura de varios procesos disciplinarios contra oficiales de la Fuerza Pública quienes manifestaron su malestar por los roles policiales y ambiente laboral en la red social Facebook.

El por tanto de la resolución indica que “se declara parcialmente con lugar el recurso por violación a la libertad de expresión, además se anula el auto de apertura de procedimiento disciplinario y se condena al Estado al pago de las costas”.

Mainor Anchía, Presidente de la Seccional ANEP-Fuera Pública explicó que el recurso de amparo se interpuso por la apertura de tres procesos disciplinaros por parte del MSP, sin embargo, dos de los casos fueron desestimados por el Departamento Disciplinario del Ministerio mientras el recurso de amparo se encontraba en estudio, de ahí el fallo parcial de la Sala Constitucional.

“La Sala nos da la razón e indica que la libertada de expresión es un derecho humano fundamental y que la administración del Ministerio no puede establecer procesos disciplinarios con la finalidad de sancionar a sus funcionarios en aquellos casos en que estos manifiesten malestar por sus condiciones laborales ya que no incurren en ninguna falta grave que amerite la apertura del proceso disciplinario”, dijo Anchía.

Respecto a los dos procesos disciplinarios que fueron desestimados por el Departamento Disciplinario del Ministerio de Seguridad Pública, mientras el recurso se encontraba en estudio, el Magistrado, José Paulino Hernández manifestó que “en ambos casos fue improcedente su apertura, ya que se vulnera la libertad de expresión”.
Por su parte Mainor Anchía, Presidente de la Seccional hace un llamado a los oficiales de la Fuerza Pública para que siempre mantengan la línea del respeto y la verdad a la hora de realizar comentarios en las redes sociales sobre sus labores.

Seccional ANEP-PPM continúa lucha para inclusión de la Policía de Migración en impuesto a Personas Jurídicas

La Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración continua su lucha para reformar el artículo 11 de la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, con el objetivo de dotar de recursos a la Dirección General de Migración y Extranjería, para fortalecer la Policía Profesional de Migración (PPM).

La última gestión realizada por el Presidente de la Seccional, Gerardo Mora Ordoñez consistió en presentar una serie de documentos a la diputada del Partido Liberación Nacional, Karla Prendas demostrando la factibilidad de incluir a la Policía Profesional de Migración como una de las beneficiarias del impuesto a la Personas Jurídicas.

Lo anterior se debe a que la Diputada Liberacionistas presentó una moción al expediente legislativo Nº 20.223, solicitando información sobre el faltante de personal en la PPM, así como datos que demuestren que la inclusión de este cuerpo policial en la Ley de impuesto a la Personas Jurídicas no afecte a los otros beneficiarios.

“Con esta información clara que le entregamos a la Diputada Karla Prendas a la vez solicitamos que retire la moción de revisión que presentó en meses atrás, esto para darle el trámite correspondiente al Expediente No.20323 que le dará recursos a la Policía Profesional de Migración”, dijo Mora.


Gerardo Mora sobre presentación de documentación

Cabe destacar que la ANEP y su Seccional en la PPM , con el apoyo de 19 diputados de diversas bancadas presentaron el pasado 29 de marzo en la corriente legislativa el proyecto de ley para reformar el artículo 11 de la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, con el objetivo de dotar de recursos a la Dirección General de Migración y Extranjería, para fortalecer la Policía Profesional de Migración.

Lo anterior se debe a que en el Artículo 11 de la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas se dispuso que el 90% de los recursos recaudados se destinen al Ministerio de Seguridad Pública, el 5% al Ministerio de Justicia y Paz y el restante 5%al OIJ del Poder Judicial, dejando por fuera a la Policía Profesional de Migración.

Roberto Zeledón, Asesor Legislativo de la ANEP nos detalló el estado actual del proyecto de ley y el escenario que podría presentarse de mantenerse la moción presentada por la Diputada Liberacionista.


Roberto Zeledón sobre estado del proyecto de Ley

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El Artículo 11 vigente indica:
Destino del impuesto

Los recursos provenientes de la recaudación de este impuesto, una vez deducidas las comisiones pagadas a las entidades recaudadoras, serán destinados a financiar los siguientes rubros:

a) Un noventa por ciento (90%) de la recaudación total de este impuesto será asignado al Ministerio de Seguridad Pública para que sea invertido en infraestructura física de las delegaciones policiales, compra y mantenimiento de equipo policial, en la atención de la seguridad ciudadana y el combate a la delincuencia. Dichos recursos no podrán ser utilizados para el pago de remuneraciones, horas extra, viáticos y transporte al interior o exterior del país, servicios de gestión y apoyo.

b) Un cinco por ciento (5%) de la recaudación total de este impuesto será asignado al Ministerio de Justicia y Paz para apoyar el financiamiento de la Dirección General de Adaptación Social. Dichos recursos no podrán ser utilizados para el pago de remuneraciones, horas extra, viáticos y transporte al interior o exterior del país, servicios de gestión y apoyo.

c) Un cinco por ciento (5%) de la recaudación total de este impuesto, se destinará al Poder Judicial de la República para que lo asigne al Organismo de Investigación Judicial para la atención del crimen organizado. Dichos recursos no podrán ser utilizados para el pago de remuneraciones, horas extra, viáticos y transporte al interior o exterior del país.”

Como se puede observar, los Sres. Legisladores y las Sras. Legisladoras establecieron que la proporción de recursos indicada en el inciso a) del Artículo 11 se destina al Ministerio de Seguridad Pública, siendo que quedó excluido el Ministerio de Gobernación y Policía, que corresponde a una cartera separa, en términos presupuestario, respecto al Ministerio de Seguridad Pública.