La solicitud de la ANEP es para que se realice una revaloración técnica en los diversos cuerpos policiales adscritos al Gobierno Central, con el objetivo de equiparar sus salarios con los oficiales de nuevo ingreso. Esto luego de darse a conocer la escala salarial del salario global.
Categoría: Acción Sindical
ANEP solicita a la Contraloría investigar propuesta de ₡200 mil millones anunciada por la CCSS para resolver listas de espera
Reserva financiera de 200 mil millones de colones no se respalda en un acuerdo de Junta Directiva específico.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), envió una denuncia a la Contraloría General de la República (CGR), solicitando se investigue la propuesta anunciada por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), sobre la disposición de 200 mil millones de colones para la atención de listas de espera.
Para nuestra organización sindical existen una serie de elementos que ponen en duda la forma en que este dinero se reserva y se pone a disposición para que entidades privadas resuelvan las listas de espera.
La denuncia también fue enviada a la Procuraduría de la Ética, la Defensoría de los Habitantes y la Fiscalía General de la República por la vía electrónica.
Para la ANEP, Marta Esquivel Rodríguez, Presidenta Ejecutiva de la CCSS, y Gabriela Artavia Monge, Gerente Financiera y Coordinadora del Comité de Inversiones del Seguro de Salud se atribuyen competencias que no les corresponde, por lo cual se debe valorar e investigar los siguiente elementos:
1. Se creó una reserva financiera de 200 mil millones de colones que no se respalda en un acuerdo de Junta Directiva específico.
2. La citada reserva no se fundamenta en análisis técnicos y financieros robustos que permitan comprometer esa dimensión de recursos, inclusive indican que pedirán la
programación a la Gerencia Médica, como un acto posterior. Se resume que se compromete esa dimensión de recursos con fundamento en una solicitud de una página.
3. Es contradictorio que la Gerencia Financiera firmara en menos de 10 días criterios totalmente opuestos: en uno señala la insipiencia de las propuestas que estarían fundamentando una reserva; y, por otra parte, se aprueba en menos de 3 días una inversión de tal magnitud. Podría existir un incumplimiento de la Política de Inversiones del Seguro de Salud y una extralimitación de las competencias del Comité de Inversiones, en definir reservas sin aval de Junta Directiva y direccionadas a un proyecto que no tiene solidez técnica.
4. Si bien podrían ser recursos a la vista que no se han colocado por diversas situaciones, el amarrarlos a una estrategia operativa que debe ejecutarse “en apariencia” en el periodo 2024, representa que dichos recursos no podrán tener la posibilidad de colocarse a mejores rendimientos, y con ello estarán amarrados a la corriente ordinaria.
5. Hay que valorar si la decisión impulsada por la presidencia ejecutiva y la gerencia financiera de la CCSS vulnera otros proyectos y reservas que estaban previamente definidas para atender compromisos de inversión en infraestructura y tecnologías. Esto, sin duda, sería concordante con la estrategia de detener el portafolio de inversiones y volver a inventar criterios de priorización para hospitales que ya habían culminado esa etapa.
6. Finalmente, pareciera que la búsqueda de esa reserva se orienta en que respalde una compra de servicios por terceros que no están incluidas en el presupuesto 2024, lo cual sería contrario al ordenamiento jurídico y técnico de garantizar el debido contenido previo a dictar actos de inicio de contratación administrativa.
Por estas razones, la ANEP solicita a las entidades pertinentes investigar la forma en qué se toman estas decisiones.
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El Tribunal Contencioso Administrativo ordenó a la Municipalidad de San Carlos realizar la reinstalación provisional de un trabajador de apellidos Romero Moreira, quien se desempeña como Asistente de Planificación de la Municipalidad de San Carlos. Además, es integrante de la Junta Directiva de seccional de la ANEP en dicho Municipio
ANEP trabaja en fortalecimiento de la seccional dentro de APM Terminals
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ANEP-Policía Profesional de Migración denuncia pésimas condiciones de instalaciones en Paso Canoas y Limón
La seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería denunció ante máximas autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las pésimas condiciones en las que deben de laborar y descansar los Policías de Migración destacados en el Centro de Atención Temporal para Migrantes en Paso Canoas, así como en la Zona de Limón, específicamente en APM Terminals.
En la reunión participaron La jefa del Despacho del Viceministerio del Área Laboral, el Director del Departamento de Asuntos Laborales, así como el Director del Departamento Nacional de Inspección del MTSS y el Asesor del Viceministro de Trabajo.
ANEP solicita a la CCSS la intervención del Hospital de Pérez Zeledón
La ANEP envió una carta a la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, Martha Esquivel Rodríguez, solicitando una intervención urgente del Hospital Escalante Pradilla de Pérez Zeledón, ya que los problemas en los servicios son repetitivos y hasta inmanejables; lo que expone a los funcionarios y pacientes a riesgos en su integridad física, emocional y laboral.
“Reestructuración” de AyA es para facilitar la privatización
– ANEP inicia lucha contra la reestructuración de la institución
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), junto a su Seccional ANEP-Nacional A y A, han tenido acceso al documento Propuesta de Reorganización Integral del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, de 245 páginas, procediendo a una revisión, muy general pero responsable, mediando para ello visiones obrero-sindicales, jurídico-legales y estratégicas, producto de las consultas efectuadas a varias personas especialistas; todo lo cual nos permite compartir con ustedes nuestras primeras impresiones que, para ser claros y contundentes, nos motivan a lanzar una alerta general. Así las cosas, tenemos:
Esta Propuesta de Reorganización Integral de A y A es producto de un reducido círculo de personas y, por tanto, no obedece, ni siquiera para aparentar, a voluntades políticas de facilitar un proceso participativo de real y amplia base.
Esta Propuesta de Reorganización Integral de A y A tiene como finalidad fundamental generar despidos, puros y duros, en la concepción neoliberal del término, para dar paso a una reducción cuantitativa de la planilla institucional, sin considerar la posibilidad de reacomodos, tácticos y estratégicos, de personal apto y capacitado para fortalecer áreas y/o sectores que podrían mostrar debilidades y/o carencias destinadas a lograr la mayor satisfacción de la población usuaria.
Esta Propuesta de Reorganización Integral de A y A, por el contrario, apunta a un debilitamiento de mayor calado de cara a la demanda ciudadana por mejores servicios, dándose así un paso para continuar con un proceso de descrédito público al que ha sido sometida la institución en los últimos gobiernos, incluido el actual.
Esta Propuesta de Reorganización Institucional de A y A concibe al Fondo de Ahorro de A y A como un factor anexo o endógeno a la estructura institucional, disponiendo de su personal experimentado llevándolo a una especie de limbo; sin considerar que el Fondo de Ahora es consustancial a la existencia misma de la institución.
Esta Propuesta de Reorganización Integral de A y A está en la línea de impulsar el camino de la privatización del agua, tan ansiado por varios sectores políticos de fuerte procedencia y/o con respaldo al más alto nivel del macro-empresariado económico del país; privatización del agua que, paralelamente, se viene impulsando en la Asamblea Legislativa con proyectos de ley que ya están en la corriente legislativa, tal como el Expediente No. 23.511, “Ley Marco para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico”.
Esta Propuesta de Reorganización Integral de A y A considera como “material sobrante” una serie de personal experimentado que, de un modo u otro, es susceptible de adaptación y de asimilación del cambio para fortalecer diversas áreas institucionales necesarias para la trascendencia y consolidación de A y A como proveedor de servicios de agua y de alcantarillado sanitario por excelencia en nuestro país.
Esta Propuesta de Reorganización Integral de A y A, con una primera visión jurídico-legal que ya se le efectuó, presente serias contradicciones y vacíos que ANEP ha de puntualizar próximamente; amén de que tenemos serios cuestionamientos de su tramitación procedimental a señalarse en el momento oportuno.
La ANEP y su Seccional ANEP-A y A dejan explícito su total rechazo a la Propuesta de Reorganización Integral de A y A, al considerar que la misma es parte de la estrategia de los sectores político-hegemónicos de la sociedad costarricense de la actualidad y que son los mismos en las sucesivas administraciones gubernativas, los cuales y bajo la consigna ideológica del todo mercado-Nada Estado, desean un
A y A entregado a la lógica mercantil del lucro con la privatización del agua; todo lo cual nos hacer manifestarnos en contra del proyecto de ley Expediente 23.511, “Ley Marco para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico”.
A la vez, llamamos a toda la familia laboral de la Institución a cerrar filas, sin distingos de ningún tipo; así como a la unidad en la acción de las respectivas organizaciones sociolaborales que, mediante un protocolo de trabajo compartido y firmado, nos dispongamos a la defensa activa y militante de A y A.
