Agresión económica al pueblo trabajador amenaza la paz social

Son realmente alarmantes las decisiones políticas tomadas o por venir que van en contra del pueblo trabajador agobiado por fuertes estrecheces económicas producto del congelamiento salarial, producto del alto endeudamiento y producto del crecimiento de la riqueza y de la desigualdad.

En la práctica se está dando una especie de estrangulamiento económico-salarial con los anuncios de fuertes alzas dados a conocer en los últimos días y horas:

La Caja impuso ya una rebaja salarial del 1 % a los salarios totales de toda la clase trabajadora, tanto pública como privada, a partir del próximo 1 de junio como aumento del aporte obrero al sistema de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Una “mesa negociadora” se lo legitimará en próximos días.

La Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) pretende un aumento de un 40 % en la tarifa de luz, cobrándoles a sus indefensos consumidores sus errores estratégicos de inversiones en proyectos fallidos.

Ahora, el monopolio privado de la revisión técnica vehicular pretende aumentar en un 35 % su tarifa, generando una escandalosa acumulación de ganancias siderales en las poquísimas manos dueñas del mismo, pues cuando lo impusieron el parque vehicular era de poco más de 500 mil vehículos y ahora estaría superando los 2 millones de carros.

Mientras tanto, el Gobierno de la República y el propio Presidente, don Luis Guillermo Solís Rivera miran para otro lado, seguramente reflejo de la descalificación que les hiciera la directiva de la Caja cuando ésta autoritariamente impuso la rebaja obrero-salarial del 1 % para paliar el tortón que se ha venido cometiendo con las finanzas de IVM pese a que el propio mandatario les dijo que echaran marcha atrás en esa injusta y arbitraria decisión.

Con toda vehemencia reafirmamos la oposición de la corriente sindical que representamos a que se siga expoliando a la clase trabajadora de manera tal cruel, deshumanizada e injusta como las tres alzas en perspectiva arriba mencionadas.

Aclaramos a la clase trabajadora del país que estamos condenando enérgicamente el proceso de empobrecimiento acelerado a que la están sometiendo y que hacemos un llamado urgente a la conciencia obrera para que haga valer su poder y no permitir la profundización de tanta agresión económica.

Aclaramos a la clase trabajadora que tanto la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), como el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA y la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), no estamos en componendas de falsas mesas de negociación que buscan legitimar el expolio, el asalto a los depreciados bolsillos salariales del pueblo trabajador. ¡Reafirmamos nuestra convicción en el poder social de la movilización a través del ejercicio cívico de la democracia de la calle

Empleo Público: ¡encendemos, nuevamente, las alarmas!

Los hermanos Óscar y Rodrigo Arias Sánchez, empoderados ahora porque su delfín político es ya el candidato presidencial de lo que queda del Partido Liberación Nacional (PLN, otrora socialdemócrata), se sienten envalentonados para chantajear al Gobierno de la República insistiendo en que tiene que sacrificarse a los empleados públicos y a las empleadas públicas, tratando de imponer una especie de trueque político a cambio de los cambios tributarios que se ocupan dizque para atajar el creciente déficit fiscal.

Tanto a nivel de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), como desde la perspectiva del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, hacemos un vehemente llamamiento, con carácter urgente, a la clase trabajadora asalariada del sector Público, así como a sus familias para que, nuevamente, encendamos las alarmas y nos dispongamos a potenciar los ya previstos mecanismos organizativos para todas las formas de movilización sin descartar ni una sola.

La corriente sindical que representamos ha demostrado de la manera más amplia y contundente que el déficit fiscal no es culpa de las personas trabajadoras asalariadas de este país y, mucho menos, de los salarios que devengan quienes laboran para el Estado.

Todo lo contrario, la más reciente investigación legislativa sobre el famoso caso de Los Papeles de Panamá, (Panamá Papers, en idioma inglés), demostró cuál es la naturaleza de la profundidad de la evasión fiscal y de la elusión tributaria en este país; robo de impuestos que precisamente ejecutan personas, corporaciones, empresas y bufetes que pertenecen a la clase oligárquico-empresarial representada por los hermanos Arias y por su delfín político, ahora candidato presidencial, don Antonio Álvarez Desanti.

No debe el Gobierno de la República mostrar flojera alguna ante esta nueva versión del ya quemado chantaje político de más impuestos a cambio de empleo público.

Es más, comete un grave error el propio Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, buscando un “diálogo” y, peor aún, un acuerdo político con el dueto Arias y su instrumento político-personal, a sabiendas de que lo que procede es la más absoluta contundencia política que jamás algún estadista nacional ha desplegado y es, hablándole claro al país de que lo que procede es impulsar la agenda legislativa derivada de la investigación parlamentaria sobre Los papeles de Panamá; planteamientos diputadiles salidos de las propias filas del partido que lo llevó a la cabeza del Poder Ejecutivo.

Aparte de este llamado a la clase trabajadora asalariada del sector Público, así como a sus familias; ANEP y PATRIA JUSTA hacemos un llamado a la más férrea unidad sindical en la acción para enfrentar con éxito lo que los hermanos Arias, Antonio Álvarez Desanti y Sandra Piszk Feinzilber nos están anunciando: la reactivación política, según ellos ahora potenciada, del detestado expediente legislativo No. 19.506 y otros proyectos de similar naturaleza.

Costa Rica albergará por primera vez reunión internacional de la Red WATERLAT-GOBACIT

La afiliada de la ISP ANEP-Costa Rica junto con la Oficina Subregional de la ISP para América Central, constituyen parte del equipo de trabajo y de organización de este encuentro internacional sobre Agua, Sanamiento y Ambiente.

La VIII Reunión Internacional de la Red WATERLAT-GOBACIT será organizada conjuntamente por la Red WATERLAT-GOBACIT y el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la UNED, con el apoyo de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados de Costa Rica (ANEP), la Comisión de Agua y Saneamiento (CAS), Consejo Nacional de Rectores (CONARE) de Costa Rica, y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).

La VIII Reunión Internacional de la Red WATERLAT-GOBACIT tendrá lugar en la Universidad Estatal a Distancia (UNED) en San José, Costa Rica del 3 al 7 de abril de 2017. El primer día será dedicado a una reunión interna de la Red, los días 4 al 7 de abril el encuentro toma la forma de un evento abierto, con participación de académicos, representantes del sector público y de la sociedad civil, así como también público interesado en general. El tema central de la reunión es “Agua, poder e impunidad: resistencias sociales y alternativas emergentes en la construcción de políticas del agua igualitarias e inclusivas”.

El objetivo general de las reuniones periódicas de la Red consiste en proveer un punto de encuentro regular para los miembros de la misma, y simultáneamente promover la interacción con colegas y actores sociales en las regiones en las que tienen lugar las reuniones. En las reuniones se discuten proyectos de investigación, docencia, intervención, y otras cuestiones relevantes al tema de la Red: el estudio de los procesos políticos, sociales, culturales, económicos, tecno-infraestructurales, administrativos, de políticas públicas, de salud, entre otros, que caracterizan el gobierno y la gestión del agua y de los servicios basados en el uso del agua. Nuestra Red enfoca estas cuestiones desde la perspectiva de la ecología política, en un sentido amplio, inter- y transdisciplinario.

Patria Justa reitera su posición de no asistir a diálogo sobre IVM convocado por CCSS

Después de analizar en detalle la propuesta realizada de participar en un diálogo social, para efectos de buscar posibles soluciones al régimen más importante de pensiones del país, el cual cobija el interés del 84 % de la población trabajadora activa para disponer de una pensión digna al momento de la jubilación, el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, de manera seria, responsable y honesta, ha decido no ser parte de este proceso por las siguientes razones:

Primero: PATRIA JUSTA considera que la estructura diseñada para este proceso de concertación es rígida y hegemónica, ya que es un espejo de la estructura diseñada en la Junta Directiva de la CCSS: sectores empresarial, gubernamental y laboral (representado éste por el Solidarismo, el Cooperativismo y el Sindicalismo); pero que, evidentemente deja por fuera sectores importantes que deben ser actores activos en este proceso, como por ejemplo: el sector campesino y la Iglesia Católica.

Segundo: PATRIA JUSTA es del criterio de que la diversidad de criterios, en el respeto y en la libertad de pensamiento radica la verdadera democracia, por tal razón no se puede obligar a ningún miembro de un mismo sector a pensar igual que los demás; y, por el contrario, siempre el bienestar colectivo debe prevalecer sobre los intereses individuales y/gremiales; por lo que bajo esta estructura el sector laboral que representa el interés de la masa trabajadora se encuentra en franca desventaja.

Tercero: PATRIA JUSTA estima que para entrar al proceso de análisis sobre el régimen de pensiones IVM-CCSS, lo primero que debe ser objeto de estudio, de manera expedita pero profunda, son los alcances y falencias obtenidas con la entrada en vigencia de la Ley de Protección al Trabajador (LPT). El estudio actuarial efectuado por la Universidad de Costa Rica (UCR), para efectos nuestros no es razón de cuestionamientos; pero si indicamos que este estudio contiene el resultado de una sumatoria de elementos a lo largo del tiempo, que sí son cuestionables y que de manera imperiosa deben ser subsanados.

Cuarto: PATRIA JUSTA resalta que otro punto relevante surge de los contenidos vertidos a través de los últimos meses en los diferentes foros efectuados por distintos entes sobre la materia del Régimen de Pensiones IVM-CCSS, mismos que han contado con la participación de personalidades foráneas y nacionales expertas en la materia de regímenes de jubilaciones. De manera sublime, discreta y tendenciosa han transmitido la idea de que la solución integral a este problema del IVM, es tomar medidas paramétricas, como elevar la edad de retiro, equiparar la edad de retiro entre hombres y mujeres, disminuir beneficios entre y aumentar la cotización obrera, entre otras; propuestas que a nuestro entender dejan por fuera otros escenarios y no se aborda el verdadero génesis del problema con relación a pensiones, como lo es una verdadera política de estado, en materia de empleos y salarios dignos para todas y todos los costarricenses, sin descuidar los graves problemas que presenta la preservación de un sistema tributario regresivo. En el tema de salarios, un enfoque parcial del problema IVM-CCSS significa aplicar en estos momentos una reducción del 1 % en el salario de las personas trabajadoras.

Quinto: PATRIA JUSTA contempla que bajo esa misma perspectiva explicada en el punto anterior, a sabiendas de que existe un congelamiento salarial de años en el sector privado y público en nuestro país y que el informalismo en el empleo sobrepasa las 800 mil personas que no cotizan para el Régimen IVM, ni cotizan para la pensión complementaria; el no priorizar esta situación, el no buscar de manera conjunta una solución a este tema de empleo, de política salarial y de regresividad tributaria, sería la mesa de dialogo social sólo un débil paliativo al problema del IVM-CCSS. Bajo nuestra óptica y estando así las cosas, pasarán unos cuantos años, de pronto una década, y van a estar convocando, nuevamente a “otra” mesa de diálogo social porque las decisiones tomadas hoy no serán la soluciones definitivas al problema de este régimen de pensiones; y, por el contrario, las medidas que se vislumbran son un deterioro de las grandes conquistas sociales de nuestro Estado Social de Derecho.

Sexto: PATRIA JUSTA indica a nuestros gobernantes no olvidar que las políticas de Estado deben responder a la naturaleza de la organización y valores sociales que tenemos; y, que el pueblo costarricense ha luchado siempre por forjar una verdadera democracia con real paz social, teniendo en la Caja su más sólido baluarte.

Sétimo: PATRIA JUSTA defenderá esta noble institución con propuestas claras y concretas, con la legalidad como arma y, si es necesario, con la “Democracia de la Calle” para preservar lo que es nuestro, del pueblo trabajador; en contra de los pocos que la quieren privatizar, o bien colocar en una situación de riesgo y en una agonía irreversible al Régimen de Pensiones IVM-CCSS.

ANEP comprometida con la lucha por la justicia social, laboral y salarial en los CEN-CINAI

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), reafirma su compromiso sociolaboral y gremial-sindical de brindar el mayor respaldo a la justa lucha de las trabajadoras y trabajadores de los CEN-CINAI.

A lo largo de los últimos 4-5 años ANEP, junto a su Seccional ANEP-CEN-CINAI y contando el apoyo abnegado y comprometido en el día a día de la compañera Ivannia Espinoza Sandoval, como consta a todas, la ANEP ha mostrado una actitud totalmente consecuente con esta lucha.

Próximamente, la ANEP realizará una asamblea nacional de personas trabajadoras asociadas a nuestra organización y que laboran en CEN-CINAI, evento en el cual brindaremos un amplio panorama de cómo vemos esta lucha en los actuales momentos sociopolíticos que vive el país, las perspectivas de la misma en el corto plazo y las propuestas de acciones compartidas para llegar a la anhelada y justa meta.

Lea el documento: MARCHA PRO DERECHOS MAESTRAS DE CEN CINAI

CEN CINAI Manifiesto del 31 de marzo 2017 by Yariela Novo on Scribd

ANEP con apoyo 19 diputados presentan proyecto para incluir a la Policía de Migración en el impuesto a Personas Jurídicas

La ANEP con el apoyo de 19 diputados presentaron el día de ayer (29 de marzo) un proyecto de ley para reformar el artículo 11 de la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, con el objetivo de dotar de recursos a la Dirección General de Migración y Extranjería, para fortalecer la Policía Profesional de Migración.

Lo anterior se debe a que en el Artículo 11 de la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas se dispuso que el 90% de los recursos recaudados se destinen al Ministerio de Seguridad Pública, el 5% al Ministerio de Justicia y Paz y el restante 5%al OIJ del Poder Judicial, dejando por fuera a la Policía Profesional de Migración.

Para Gerardo Mora Ordoñez, Presidente de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración este es un gran paso para fortalecer a este cuerpo policial que ha sido olvidado, pese a cumplir un trabajo estratégico para el país.

Es importante destacar el apoyo y gestión del Diputado, Edgardo Araya; así como el Asesor Legislativo de la ANEP, Roberto Zeledoón

El Artículo 11 vigente indica:

“ARTÍCULO 11 (10).- Destino del impuesto
Los recursos provenientes de la recaudación de este impuesto, una vez deducidas las comisiones pagadas a las entidades recaudadoras, serán destinados a financiar los siguientes rubros:

a) Un noventa por ciento (90%) de la recaudación total de este impuesto será asignado al Ministerio de Seguridad Pública para que sea invertido en infraestructura física de las delegaciones policiales, compra y mantenimiento de equipo policial, en la atención de la seguridad ciudadana y el combate a la delincuencia. Dichos recursos no podrán ser utilizados para el pago de remuneraciones, horas extra, viáticos y transporte al interior o exterior del país, servicios de gestión y apoyo.

b) Un cinco por ciento (5%) de la recaudación total de este impuesto será asignado al Ministerio de Justicia y Paz para apoyar el financiamiento de la Dirección General de Adaptación Social. Dichos recursos no podrán ser utilizados para el pago de remuneraciones, horas extra, viáticos y transporte al interior o exterior del país, servicios de gestión y apoyo.

c) Un cinco por ciento (5%) de la recaudación total de este impuesto, se destinará al Poder Judicial de la República para que lo asigne al Organismo de Investigación Judicial para la atención del crimen organizado. Dichos recursos no podrán ser utilizados para el pago de remuneraciones, horas extra, viáticos y transporte al interior o exterior del país.”

Como se puede observar, los Sres. Legisladores y las Sras. Legisladoras establecieron que la proporción de recursos indicada en el inciso a) del Artículo 11 se destina al Ministerio de Seguridad Pública, siendo que quedó excluido el Ministerio de Gobernación y Policía, que corresponde a una cartera separa, en términos presupuestario, respecto al Ministerio de Seguridad Pública.

Al no incorporarse el Ministerio de Gobernación y Policía como parte de los entes a los que se destinan recursos del tributo en cuestión, la Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME) no recibirá recursos provenientes de esta nueva fuente.

Reforma Del Artículo 11 La Ley No. 9428 Ley de Impuesto a Las Personas Jurídicas, Del 22 de Marzo de 2017,… by EugenioGuerrero on Scribd