Categoría: Acción Sindical

ANEP condena la aprobación de recortes en el presupuesto de la República 2017

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  • Ahora queda certificado: el rompimiento del quórum legislativo está legitimado como herramienta política

Lo que ha sucedido en la Asamblea Legislativa este domingo 27 de noviembre, con ocasión de la aprobación abrupta en primer debate del mal llamado presupuesto de la República para el año 2017, merece la más enérgica condena por parte de las organizaciones sindicales, civiles y sociales que venimos denunciando el crecimiento de la desigualdad, el deterioro de los servicios públicos de carácter social y el grave declive de la política pública en materia de seguridad ciudadana.

Para la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) la política de los recortes presupuestarios irracionales, irreflexivos e irresponsables “es suicida”, socialmente hablando. Y más grave todavía es poner a pelear a la policía precarizada y debilitada con la niñez y la adolescencia en estado de abandono y/o en riesgo social, cuando se trata de financiamiento para los delicados programas de política pública que se necesitan en ambos casos.

La desigualdad demanda que tanto los diferentes cuerpos de policía a cargo de la seguridad ciudadana tengan todos los recursos financieros-presupuestarios necesarios para enfrentar el crecimiento delincuencial y el aumento del poder corrupto del crimen organizado y del narcotráfico.

Por otra parte, la desigualdad exige un fortalecimiento estratégico del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), pues la precariedad salarial, el desempleo, el narcomenudeo y los antivalores producto de la promoción del consumismo extremista, están golpeando los hogares de la pobreza extrema, de la pobreza y hasta de sectores medios; crisis de la convivencia sociofamiliar que tienen a una gran cantidad de niños, de niñas y de adolescentes en riesgo social.

Aunque resulte sumamente doloroso mencionarlo es contraproducente esta política de recorte presupuestario, si consideramos la gravedad de la situación presente y futura que se deriva del paso del huracán Otto por nuestro país.

“ANEP hace un vehemente llamado a cada una de las organizaciones sociolaborales, sindicales y profesionales que funcionan al interior del PANI para que se apresten a una urgente acción colectiva de protesta y de repudio por estos recortes que golpearán, duramente, la operatividad de la institución y la ampliación de la cobertura de sus servicios según el escenario que acabamos de describir”, comentó Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.

Asimismo, la ANEP hace un llamado a los otros sectores institucionales afectados por la irracional, irreflexiva e irresponsable política de los recortes presupuestarios para que se dispongan a luchar en defensa de los servicios públicos que tienen a cargo.

“Dice el refrán popular que “no hay mal que por bien no venga” y dado que se utilizó la herramienta política del rompimiento del quórum legislativo a fin de imponer esos recortes irracionales; hay que “celebrar” de que tal herramienta en el ámbito del debate parlamentario ha quedado más que legitimada, lista para emplearse en situaciones por venir contra proyectos contrarios al bien común, a los derechos laborales y a la integración social”, agregó Vargas.

ANEP insta a los diputados y las diputadas que están a favor del recorte presupuestario de algunas instituciones públicas para que rectifiquen su errática conducta política en esta delicada situación; rectificación que políticamente es procedente antes de que sea demasiado tarde y peligrosamente irreversible.

Ante despidos en el MSP que omiten el debido proceso

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En primera instancia, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), y la Seccional ANEP-Fuerza Pública, dejan constancia de nuestro más contundente apoyo para que se establezca una política de “cero tolerancia” a la corrupción en el Ministerio de Seguridad Pública (MSP); política que debe incluir a todos los niveles de la institución. Estamos convencidos de que esta política es para proteger a los buenos funcionarios y a las buenas funcionarias, así como depurar y fortalecer la institución en momentos de incursión del crimen organizado y el narcotráfico en nuestro país.

No obstante, en esa búsqueda de la excelencia y la depuración se debe observar y respetar la Constitución Política y la Ley, en razón de que somos un país de derecho, un Estado democrático que promulga y garantiza el respeto de los Derechos Humanos.

En los últimos días hemos visto con preocupación la premura con que el Ministerio de Seguridad Pública viene aplicando el despido de algunos de sus funcionarios, mediante el artículo 140, inciso 1 de la Constitución Política, el cual reza:
“Son deberes y atribuciones que corresponden conjuntamente al Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno:

“Nombrar y remover libremente a los miembros de la fuerza pública, a los empleados y funcionarios que sirvan cargos de confianza, y a los demás que determine, en casos muy calificados, la Ley de Servicio Civil”.

Sin embargo, podríamos entrar en un choque de normas, por cuanto encontramos en la misma Constitución Política, en su artículo número 39, el Principio de Inocencia, el cual garantiza el derecho de defensa y reza lo siguiente:

“A nadie se le hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionada por ley anterior y en virtud de sentencia firma dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa”.

Si bien es cierto algunos de los últimos eventos dan cuenta de funcionarios sospechosos de participar en actividades delictivas, lo cual resulta absolutamente reprochable, es incompatible la función policial, con el narcotráfico y/o el crimen organizado, eso lo entendemos. Sin embargo, es necesario que a estas personas también se les haga el debido proceso, en aras de que se pueda comprobar la responsabilidad que asegure que luego no regresen a la institución por un defecto procesal.

En el párrafo anterior, dejamos patentado que tenemos claridad en la necesidad de buscar la probidad y la excelencia en quienes servimos desde cualquier cuerpo policial. No obstante, hemos detectado al analizar objetivamente la prueba, que algunos funcionarios afectados con la aplicación del artículo 140 de la CP, se deberían presumir inocentes. Esto en razón de que algunos procesos que sirven de base para el despido, son causas de presunto abuso de autoridad, que están inclusive en etapa de investigación por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ante lo cual se debe considerar lo que al efecto señala el artículo número 39 de la CP y el número 9 del Código Procesal Penal, Estado de inocencia.

La aplicación del artículo 140 constitucional implica el pago de extremos laborales, o sea, prestaciones de ley, y antes las omisiones legales que se vienen presentando, debemos sumar posibles salarios caídos, costas procesales y daños y perjuicios. Todo a costa del erario público, por no aplicar lo que se establece en la Constitución y la Ley.

La Ley General de Policía, número 7410, señala:

Artículo 88- El despido Justificado. Los servidores amparados por el presente Estatuto solo podrán ser removidos de sus puestos por las siguientes razones:

a) Por la comprobación de que han incurrido en una falta grave, según los dispuestos en la presente Ley. Nos preguntamos: ¿Cómo se establece este instituto, sin la realización de un debido proceso?

b) Por incurrir en cualquiera de las causales establecidas en el artículo 81 del Código de Trabajo. Nos preguntamos: ¿cómo se comprueba la comisión de unos de esas causales?

c) Por ineficiencia o impericia manifiesta y comprobada en el desempeño del puesto. Nos preguntamos: ¿Cómo se comprueba sin debido proceso?

Así las cosas, hacemos un llamado respetuoso a las autoridades correspondientes para que se observe la institucionalidad de nuestro Estado de Derecho, el Principio de Inocencia, el Debido Proceso, el Derecho de Defensa, el Principio de Objetividad y la búsqueda de la verdad real de los hechos.

Resulta sumamente peligroso, que se despida a un funcionario por enfrentar una acusación, provoca esta situación un ambiente de inestabilidad e incertidumbre en los oficiales a la hora de realizar cualquier intervención, por cuanto resultaría fácil para quien delinque, y/o para quien se quiera vengar de una actuación policial, simplemente interpone una denuncia penal y el policial quedara desempleado!!!

¿Qué sucede si luego resultare exonerado?

San José, 30 de noviembre del año 2016

Mainor Anchía Angulo
Policía de la Fuerza Pública
Dirigente Nacional de ANEP

Cesan del cargo a Gerente General de PIMA-CENADA

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Carlos Feoli Escalante quien fungía como Gerente General PIMA-Cenada fue destituido de su cargo el pasado lunes 11 de julio, luego de que la Seccional ANEP-PIMA-Cenada presentara una denuncia contra el funcionario por el uso indebido de recursos públicos.

Así fue confirmado por Roberto Monestel, Presidente de la Seccional PIMA-CENADA quien indicó que ya recibieron un primer contacto “informal” del nuevo Gerente General solicitando una reunión con el sindicato.

“La salida de Carlos Feoli va a cambiar la forma en que se administraba Pima-Cenda. El nuevo Gerente va tener la sapiencia de escuchar a los grupos organizados dentro de la Institución, aparte de que es una persona que conoce la problemática agroalimentaria y tiene experiencia”, dijo Monestel.

Para el Presidente de la Seccional ningún funcionario público está por encima de la Ley y en este caso en específico “Feoli creyó que estaba por encima de la misma utilizando recursos de la institución para su beneficio, cuando nosotros debemos velar por el buen uso de estos recursos”.

La ANEP y su Seccional Pima-Cenada denunciaron ante la Procuraduría de la Ética al Gerente General de la institución, Carlos Feoli Escalante por la posible comisión de varios delitos entre ellos malversación, falsedad ideológica y enriquecimiento ilícito.

A esta denuncia, presentada el 4 de mayo; también se une la infracción a la normativa laboral por trabajar cuando estaba incapacitado.

De acuerdo con la denuncia presentada por Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP, el 13 de octubre del 2015, Feoli tenía programada una cirugía ambulatoria en el Hospital Calderón Guardia, producto de la intervención fue incapacitado por 15 días naturales.

Sin embargo, para atender la cita médica, Feoli solicitó y utilizó el vehículo y chofer institucional, así lo consta en la “Boleta de autorización de uso de vehículo oficial” número 16.303, con las placas 112-000027 para atender “diligencias propias de su cargo”.

“La boleta de autorización para uso del vehículo oficial fue solicitada y autorizada por el mismo señor Feoli. Además, mediante una publicación en Facebook el funcionario admite que fue operado ambulatoriamente y a pesar de la incapacidad otorgada por los médicos, que son los especialistas en salud, el señor Feoli reconoce que violó el derecho irrenunciable a la incapacidad”, indica la denuncia.

Posteriormente la Procuraduría de la Ética remitió la denuncia al Ministerio Público para su respectiva investigación.

Para declaraciones o entrevistas comunicarse con Roberto Monestel Flores, Presidente de la Junta Directiva de la Seccional Anep-Pima Cenada 8350-0087.

Viceministra de Transportes debe renunciar

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Nos pronunciamos de manera pública y contundente en el sentido de que Liza Castillo, renuncie a su cargo de Viceministra de Transportes; cargo al que llegó impuesta por el gran empresariado corporativo autobusero,

Ya era un secreto a voces que el Gobierno de la República se había “entregado” al gran empresariado corporativo autobusero con la destitución del antecesor en ese cargo, el señor Urbina; y, ahora, se hace público que la señora Castillo fungía, prácticamente, como secretaria y/o asistente ejecutiva del dicho sector empresarial.

La población usuaria del transporte público modalidad autobús, especialmente la clase trabajadora asalariada y no asalariada que se ve obligada a utilizarlo, sigue en total estado de indefensión y, por el contrario, la llegada de la señora Castillo, profundiza tal indefensión.

Por otra parte, si ahora la nueva dirección política de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) está decidida a proteger al usuario con el nuevo modelo tarifario para el cobro de pasajes de autobús, no se debe ceder al chantaje del “paro” autobusero.

Por el contrario, debe apelar a las organizaciones de la sociedad civil con vocación social para pedir soporte y respaldo a la nueva metodología que podría generar un alto al expolio que sufre, especialmente, el pasajero trabajador, cada día, cuando se sube a un autobús de ciertas empresas de ese gran corporativismo autobusero que han venido, sin escrúpulo alguno, operando con tarifas infladas.

De manera pública dejamos constancia de que le estamos pidiendo una audiencia urgente al Regulador General de la Aresep, Roberto Jiménez Gómez, para tratar esta situación; solicitud que oficializaremos en próximas horas por los canales formales. Para esta situación pediremos el respaldo de organizaciones sindicales colegas como las integrantes del Colectivo Sindical Patria Justa.

Llamado Sindical a la solidaridad

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El Colectivo Sindical PATRIA JUSTA y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), hacemos un llamado público a todas las organizaciones de base (seccionales y filiales) que componen esta corriente sindical nacional, para que se impulse al máximo en el seno de todas las comunidades obrero-laborales que representamos, la máxima acción social solidaria para con los y para con las costarricenses que en estos momentos están viviendo el drama de las consecuencias del paso del huracán Otto por nuestro país.

Por lo general y casi siempre ocurre que en este tipo de eventos, quienes más sufren, quienes más dolor sienten, quienes más pérdidas enfrentan son personas integrantes de los grupos laborales y obreros de nuestra sociedad. “Los y las de abajo” son quienes en abrumadora mayoría resultan con graves afectaciones ante estas situaciones de desastre colectivo producto de los embates de la Naturaleza.

Corresponde a los grandes segmentos laborales y sociales de la población acudir en ayuda solidaria para con sus iguales de clase, dando un poquito de lo poco que tienen con grandes dificultades, en medio de las grandes carencias y de la apretazón económica que se vive producto de una sociedad que erróneamente está transitando por el camino de la desigualdad sistemática.

El donativo de una botella de agua embotellada, de una bolsa de arroz, de una de frijoles y/o una de azúcar; un sobre de macarrones y/o de sopa; una botella de aceite; así como artículos básicos de aseo personal (una pastilla de jabón de baño, un tubito de pasta de dientes, un rollo de papel higiénico, un paquete de toallas sanitarias, un paquetito de pañales desechables); se convierte en un profundo acto de solidaridad obrera, de Humanismo Cristiano, de identificación con el dolor de quien sufre, de quien es como uno, del otro que es igual a nosotros.

Y para quienes disponen de un poquito más y pensaban entregarse a la locura consumista del tal “viernes negro”, respetuosamente les pedimos: bajen la intensidad del arrastre que les genera la mercadotecnia de la publicidad intoxicante: ¡compren un poquito menos para donar un poquito más!

En la corriente sindical que representamos tenemos plena credibilidad en los comités locales de la Cruz Roja Costarricense, como los sitios más idóneos de acopio de nuestro solidario aporte obrero.

Es muy fácil acercarse a estos establecimientos y entregar el donativo que vayamos a dar cuya cuantía no importa, pero que va cargado de un gigantesco desprendimiento y de una carga humanitaria que expresa en ese sencillo acto la eterna ordenanza bíblica de amor al prójimo.

San José, viernes 25 de noviembre de 2016.

Firma responsable:
Albino Vargas Barrantes

Ante la “renuncia” del Viceministro de Trabajo y Seguridad Social

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Un alto jerarca de la delegación en Costa Rica de Organización Internacional del Trabajo (OIT), al enterarse de la renuncia del señor Harold Villegas Román como Viceministro de Trabajo y Seguridad Social y de la Economía Social Solidaria, comentó para la ANEP, bajo compromiso ético de nuestra parte de total confidencialidad del nombre de este funcionario internacional lo siguiente: “Harold es el único puente auténtico de relación con sindicatos, y el gobierno dejó que lo volaran”.

Además, dado que la propia OIT fue una de las prestigiosas entidades que organizó en nuestro país el evento con participación de 31 países de la Academia de la Economía Social Solidaria que la citada y creíble fuente anónima plantee lo siguiente es, realmente, impactante: “Porque además es mentira la nota de prensa, y porque una difamación periodística no puede ser la base de un despido político. Eso refleja la gran debilidad del gobierno para enfrentar infundios y jugadas de billar político adversas”.

¡Este es el comentario con perspectiva OIT acerca de la renuncia del ahora exviceministro de Trabajo y sin involucrar para nada, por supuesto, la institucionalidad oficial que la misma representa!

Pocos momentos después de hacerse pública esta renuncia expresamos una crítica al propio señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, lamentando que el mandatario le hiciera una “…concesión al bloque oligárquico-mediático que le adversa desde el primer minuto que llegó a la cabeza del Ejecutivo”.

Agregamos además esto: Un error que se sobredimensiona producto del combate de clase que tal bloque viene promoviendo en el seno de nuestra sociedad en polarización. Don Harold se va pero la circunstancia que lo saca en nada demerita su limpia carrera profesional y la decencia política que siempre le caracterizó en ese puesto. La matriz mediática que le saca es esa que se encuentra cuestionada por sus trifulcas tributarias para no honrar sus responsabilidades en tal sentido; y es la misma que en su seno corporativo-empresarial tiene figurones gerenciales envueltos en papeles panameños. Don Harold se va y con autoridad moral más que suficiente de la que puede mostrar tal matriz mediática”.

Este comentario nuestro fue enviado vía “uasap” (así españolizado por nosotros), a varios señores diputados y a varias señoras diputadas quienes reaccionaron al mensaje de la ANEP con criterios como los siguientes. Citamos algunos de los que recibiéramos en la noche de este martes 29 de noviembre:

“Yo también le envié un mensaje al Señor Presidente en esa línea”.

“La actividad no era una “fiesta” sino la cena de clausura del foro Academia y Economía Social Solidaria. Cierto que hubo música y licor. Pero fue en horas no laborales y sin un centavo aporrado por el Ministerio. Me dice una fuente que fue una celada contra Harold”.

“Una decisión precipitada que no comparto…”

“Yo igual le guardo cariño. Creo se sobredimensionó”.

“Muy bien”

Otros comentarios no diputadiles pero de personas colocadas en importantes puestos nos señalaron, por ejemplo, lo siguiente:

“Sí Albino comparto tus palabras. También lamento esta salida por un pichuleo e infamia. Pero es un compañero recto y pronto se hará justicia”.

“Estamos muchos impactados y cabreados con esta injustísima y traicionera acción”.

“¿Desde cuándo estamos en un país islámico? ¿Desde cuándo no se puede tomar tragos en una institución pública? ¿Es acaso un hecho insólito?”

Se comprenderá por razones obvias que jamás hemos de revelar los nombres de estas personas legisladoras que nos honran con su confianza para este tipo de comunicaciones.

Finalmente, el criterio presidencial de que el ahora respetable y respetado jerarca viceministerial “renunciado” debió atender “obligaciones simbólicas inescapables” nos habla de este tipo de democracias que han llegado o están por llegar a un estatus de “simbólicas” dada la lejanía y la distancia crecientes entre el sistema político que las sustenta y la ciudadanía decepcionada de las respuestas del mismo para sus angustiantes necesidades.

El criterio presidencial que respetamos pero que no compartimos de que don Harold Villegas Román tenía “obligaciones simbólicas inescapables” calza, perfectamente, cuando ya estamos viviendo en democracias atrapadas en simbolismos perfectamente funcionales al status quo. Efectivamente, esa idea-propuesta de Economía Social Solidaria es subversiva para el status quo mediático-oligárquico que sacó al indicado ciudadano del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

San José, miércoles 30 de noviembre de 2016.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA

Caracterización de condiciones de trabajo del personal de Centros Penitenciarios en Costa Rica

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Así se titula un extraordinario trabajo de investigación elaborado por, nada más y nada menos que el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), prestigiosa universidad pública de nuestro país. ¿Conoce usted este documento? Fue preparado entre enero 2013 y diciembre 2014 por la Ing. Tannia Araya Solano (máster en Salud Ocupacional), la MQI. Lourdes Medina Escobar (máster en Química Industrial), la Ing. Gabriela Hernández Gómez (máster en Administración de Proyectos) y el PhD. Marco Vargas Vargas (doctor en Enseñanza, psicólogo). Estos profesionales universitarios de gran solidez académica elaboraron el Informe Técnico “Caracterización de Condiciones de Trabajo del Personal de Centros Penitenciarios en Costa Rica”. Se trata de un documento de 139 páginas, más una presentación con ilustraciones de 75 páginas.

En ANEP pensamos que se trata de un riguroso y profundo diagnóstico (el más serio que conocemos), duro y cruel, de cómo la sociedad, la política pública, el Gobierno y el propio Estado, nos tienen como nos tienen, en tanto clase trabajadora asalariada del Sistema Penitenciario Nacional. Este documento nos da insumos para pegar el grito al cielo como nunca antes lo habíamos hecho, reclamando el fortalecimiento integral del Sistema Penitenciario Nacional, dado que lo que se venir en el horizontes (presupuesto 2017), nos preocupa muchísimo pues los partidarios fundamentalistas del neoliberalismo recortista y del “austericidio”, nos pondrán en máximos aprietos, con más peligrosidad y con más deterioro psicoemocional. Queremos sacarle mucho provecho a este estudio, pues está más que invisibilizado (por no decir, “escondido”), y no conocemos de esfuerzos al más alto nivel jerárquico-político-institucional que nos indiquen qué están haciendo al respecto. Si estamos equivocados en esta apreciación que nos lo digan. Parece que se ha olvidado, y nosotros mismos como personal penitenciario del país parece que también lo hemos olvidado, que SOMOS SERES HUMANOS.

En tiempo atrás, un estudio específico (no integral como el del ITCR) pero altamente profesional, financiado y contratado por la propia ANEP, señaló los principales hallazgos acerca de las condiciones socioambientales y psicoemocionales en que debe desarrollarse la estratégica actividad de servicio público como lo es la seguridad carcelaria del país a cargo del honorable personal de la Policía Penitenciaria. Tal estudio se denominó Condiciones de trabajo del personal de la Policía Penitenciaria de Costa Rica”, contándose con documentación anexa al mismo: a) Avance de sistematización de información, por centros de trabajo, sobre la “Investigación de las condiciones laborales de la Policía Penitenciaria; b) Avance de sistematización de información, Resumen General de los centros de atención institucional Reforma, San Sebastián, Buen Pastor, Pérez Zeledón y Limón, de la “Investigación sobre las condiciones laborales de la Policía Penitenciaria”. Recientemente, esta documentación fue entrega a la Dirección de la Policía Penitenciaria, en la persona de su distinguida subdirectora, la señora comandante Licda. Daysi Matamoros Zúñiga, quien la tiene en estudio y nos ha indicado que la considera valiosa.

1 2015 2016 PP SPN ITCR Condiciones de Trabajo by EugenioGuerrero on Scribd

Empleados públicos, prácticamente, sin reajuste salarial para el segundo semestre de 2016

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A una semana de haberse iniciado el segundo semestre del 2016, quienes trabajan asalariadamente para el sector Público no deben esperar, prácticamente nada, de un reajuste por costo de vida: según las cifras oficiales de inflación, ¡nada subió de precio!, pues el Índice de Precios al Consumidor (IPC), fue de tan sólo un 0.01 % de enero a junio pasado; o sea, “inflación cero”. ¡Cuesta creerlo!, ¿verdad?…

Se confirma así que este país ha estado manteniendo una política salarial (en ambos sectores, público y privado) que no distribuye riqueza, que no reparte más justamente los beneficios del crecimiento económico, que no potencia la reducción de la desigualdad vía otra política salarial.

Porque una cosa es el reajuste por costo de vida y otra, radicalmente distinta, es incrementar el poder de compra del salario expandiéndolo, aumentando su capacidad adquisitiva, por ejemplo, con aumentos considerando la inflación venidera, no solamente la vencida (la anterior a la fijación).

Ahora como el costo de la vida “no subió” (inflación de 0.01 %), hemos de notar, más sensiblemente, ese gran divorcio entre la realidad económica del bolsillo de las personas trabajadoras asalariadas vs. lo que dicen las cifras del gubernamental IPC.

Prácticamente, entonces, el congelamiento salarial es una realidad dolorosa que no guarda relación alguna con la velocidad con que en Costa Rica la riqueza se concentra.

“Tras de cuernos, palos”: luego de meses y meses y meses de una inmisericorde campaña de agresión ideológica y de terrorismo ideológico en contra de quienes laboran para el sector Público; ahora, sus grandes segmentos laborales (no los de la pequeña élite súper asalariada), ven aún más reducido el poder de compra de su salario porque éste no se expande en épocas de inflación “cero”.

Y, para peores, pese a que los empleados públicos son puntuales pagadores de impuestos, no se los roban, viene diciéndosele a la ciudadanía, de manera mentirosa y con perversas patrañas de por medio, que sus salarios (ahora congelados, prácticamente), son los culpables del déficit fiscal) y, por tanto, hay que acabar con la dedicación exclusiva, con la disponibilidad, con los riesgos, con las anualidades, con la peligrosidad, con las cesantía superiores a ocho años, etc., etc.

En ANEP y en el Colectivo Sindical Patria Justa anhelamos que más rápido de lo que podamos imaginar, la unidad sindical en la acción permita la expresión de miles y miles de conciencias laborales del sector Público, utilizando el pacifismo de la Democracia de la Calle, para defender el salario, el empleo y la estabilidad de las familias; repudiando a un único coro de miles de gargantas tanta agresión psicológica, tanto escarnio, tanta infamia, tanta calumnia, tanto ataque en contra de quienes, honradamente, laboran para el sector Público.

Patria Justa presentó formularios para referéndum para aumentar salario mínimo

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Cabe destacar que la iniciativa para impulsar la “Ley del Salario Mínimo Vital” forma parte de los acuerdos del proceso “Una agenda patriótica para el bien común” (punto 3.4), suscritos entre el Colectivo Sindical Latinoamericanista Patria Justa con los partidos Acción Ciudadana (PAC) y Frente Amplio (PFA); acuerdos firmados ante todo el país, de manera transparente, el 26 de junio de 2015 en el Teatro Popular Melico Salazar.