Categoría: Acción Sindical

ANEP llama a trabajadores municipales a salir a las calles

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La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), como parte del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, hace un llamado vehemente a toda la clase trabajadora de las municipalidades de Costa Rica, a cada una de sus organizaciones, para que se tomen todas las previsiones organizativas con miras a su salida a las calles en fecha próxima y con la urgencia que el caso amerita, a fin de defender la autonomía municipal de orden constitucional, hoy gravemente amenazada como jamás lo estuvo, por el proyecto de empleo público que impulsa el Gobierno, junto con el Partido Liberación Nacional (PLN), especialmente.

La paralización de labores en las municipalidades costarricenses, de manera conjunta, tanto en el ámbito de los municipios de la Gran Área Metropolitana (GAM), como a nivel rural, es una posibilidad real como jamás antes se pudo haber pensado que algo así llegaría; incluso, con características de Huelga General Indefinida en el sector municipal nacional.

Si la ANEP, y así como el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA han demostrado ya, hasta la saciedad, que el déficit fiscal no es culpa de los salarios de los empleados públicos, mucho menos puede atribuírsele culpa alguna a los trabajadores municipales al respecto. Las municipalidades, para nada, dependen de las finanzas centrales del Estado pues tienen sus fuentes propias.

El proyecto contra el empleo público, expediente legislativo No. 19.506, se mete con las municipalidades violentándoles su autonomía constitucional. Bastan estos ejemplos:

a) El prácticamente congelamiento salarial del Gobierno Central llegaría a las municipalidades pues con este proyecto se les castra la posibilidad de negociaciones salariales propias, específicas para cada municipio, tal y como hasta a hora ha venido sucediendo hasta la fecha en la mayoría de las corporaciones municipales del país.

b) Prácticamente deroga todas las posibilidades de que la cesantía se pueda tener mayor a los 8 años, pues quienes tienen en la actualidad la expectativa de 20 años, ésta queda anulada aunque ya esté en los respectivos sistemas laborales de las municipalidades que ya han logrado este derecho.

c) El sistema de Negociación Colectiva, fundamento esencial e histórico de la paz laboral en las municipalidades costarricenses, sufre gran retroceso por las restricciones operativas que tal proyecto establece para su materialización concreta en el sistema futuro de las relaciones obrero-patronales municipales.

La ANEP solicita a las comunidades y localidades del país que dispensen si en próximos días pudiera darse grave afectación en los servicios de recolección de basura, de aseo de vías y de calles, de limpieza de tragantes y de parques, de operación de mercados municipales, de tareas administrativas, etc.; riesgo de paralización integral de labores en las municipalidades del país que parece inevitable.

Este viernes 7 de octubre, en su sesión de la fecha, la Junta Directiva Nacional (JDN) de la ANEP analizará la situación planteada dentro del conjunto de eventos sociopolíticos en desarrollo que pretenden el cercenamiento de derechos laborales, sociales y salariales en el Estado costarricense, cuyos servidores no son los responsables del déficit fiscal, del robo de impuestos, del endeudamiento-país. Por supuesto, en lo específico, la clase trabajadora de las municipalidades nada tiene que ver en ello.

La inseguridad ciudadana se debe atender de manera integral y con políticas públicas

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Equivoca el mensaje el Ministro de Seguridad Pública, Gustavo Mata lanzando una mala señal a la opinión pública, a la población policial, al turista y a la inversión extranjera. La seguridad ciudadana no es un tema que deba resolver únicamente la Fuerza Pública.

La situación que estamos viviendo como sociedad, no nació ayer, es posiblemente resultado de la falta de políticas públicas, pero también es resultado del individualismo interinstitucional, de la falta de política de Estado en materia de prevención. Es algo que veníamos advirtiendo, cuando señalamos que era inminente la incursión del crimen organizado y del narcotráfico, que dejábamos de ser un país de tránsito, para convertirnos en centro de operación del ilícito negocio.

No es aceptable, que un Ministro con la trayectoria y experiencia de Gustavo Mata, se “rinda”, menos que aduzca falta de dinero, cuando en los últimos años el Ministerio de Seguridad Pública ha contado con presupuesto como nunca antes en la historia. Tampoco es aceptable, porque en la sana teoría, su misma trayectoria en el poder judicial, le debió servir para conocer el reto que asumió al aceptar el cargo.

La gestión preventiva en materia de seguridad ciudadana se mide en el tiempo, así las cosas, es preciso analizar con sensatez la situación que estamos viviendo como sociedad. Es evidente que algo se dejó de hacer, los grupos delictivos que hoy socaban la tranquilidad de comunidades como Cieneguita, no se formaron de un día para otro.

La aprobación del impuesto a las sociedades, es importante, pero no resolvería en el corto plazo la situación de inseguridad ciudadana, aunado a ello, materialmente de momento sería imposible contar con tres mil policías, por cuanto esto involucra el proceso de reclutamiento, las pruebas de selección, y el curso básico policial, que tarda entre diez meses a un año.

Es necesario replantearnos las cosas, definir una estrategia integral, por ejemplo: si no sabemos las razones por las que nace el acto delictivo, el recurso se distribuye antojadizamente, si el oficial se concentra en funciones diferentes a su naturaleza preventiva, difícilmente se podrá sostener una lucha real contra la criminalidad. Por más efectivos con los que contemos y por más presupuesto, si las cosas no se ordenan, si no se mejora el ambiente laboral y las condiciones de trabajo de los oficiales, estamos destinados al fracaso.

No obstante, no es momento de renunciar Ministro, es en la adversidad que debe aflorar lo mejor de su amor por la patria, es en un momento como el actual, que debe salir a flote su liderazgo y experiencia. La Fuerza Pública está integrada por hombres y mujeres con mística, con vocación, con voluntad y valentía para enfrentar esta situación; no les dé la espalda don Gustavo.

Luchamos por derechos de los actuales funcionarios y de los futuros trabajadores de la Fuerza Pública

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En primer lugar, no debería decir el señor Hidalgo: “Ha circulado versiones”. Aquí no se ha estado discutiendo sobre ningún libro, o película cinematográfica; nosotros emitimos un criterio ante los medios de prensa que atendieron gentilmente nuestro llamado, así mismo hemos venido planteando la necesidad de una práctica hermenéutica del Proyecto de Ley de marras, para determinar las posibles afectaciones que sufrirían diversos empleados públicos con la implementación de esta Ley. Por lo tanto, esas “versiones” a las cuales se refiere el Licenciado Hidalgo, son criterios jurídicos completamente válidos, ya que cuando una norma jurídica deja espacio a la interpretación (ambigüedad legal) es cuando podemos avecinar debilidades prácticas, y posibles abusos del derecho en tiempos futuros.

Debido a que la experiencia nos ha enseñado que esas debilidades son posibles, hemos realizado análisis exhaustivos de la norma, comparándola con otros compendios jurídicos, como por ejemplo con la Ley General de Policía; por lo cual, se observaron contradicciones que SÍ VIENEN A VIOLENTAR Y/O VULNERAR LA SITUACIÓN JURÍDICA DE NUESTROS OFICIALES DE POLÍCIA.

Ahora bien, en segundo lugar procedemos a indicar que el artículo N° 1 de la LEY PARA RACIONALIZAR EL GASTO PÚBLICO, señala claramente que: “Quedan excluidos de la presente Ley únicamente los servidores del sector público que laboren para los bancos del Estado, para el Instituto Costarricense de Electricidad y el Instituto Nacional de Seguros, por tratarse de servicios públicos que operan en competencia”. Por lo tanto, en esta excepción no se incluyen los cuerpos policiales, lo que significa que (de una u otra manera) este Proyecto de Ley, en caso de ser aprobado, vendría a vulnerar la situación jurídico-laboral de los Oficiales de la Fuerza Pública (presentes y/o futuros).

Sobre este aspecto en específico, debemos recordarle al licenciado, que como representantes sindicales, nosotros luchamos por los derechos laborales de nuestros afiliados; pero más allá de eso, somos una fuerza que busca la mejora de las condiciones laborales de todo el sector policial, tanto presente, como futuro.
Son años los que llevamos laborando para construir un mejor porvenir. Son muchos los esfuerzos realizados para crear un entramado legal que le permita tener una vida digna a los Oficiales de Policía de nuestro país. No podemos permitir que (basándose en el argumento (bastante mezquino) el vocero de prensa del MSP, diga que a los actuales oficiales no les va a generar ningún cambio laboral, para generar en ellos un estado de comodidad, y mantenerlos callados y sumisos), se disminuyan derechos laborales que ya eran parte del derecho policial.

Somos un solo cuerpo; somos una sola fuerza; “Entramos todos, Salimos todos”, situación que evidentemente el licenciado Hidalgo no conoce y seguramente no entiende, porque no es parte de este cuerpo; no conoce nuestra alma; no sufre lo que viven nuestros policías; no vive las penurias y necesidades con ellos. Todas nuestras intervenciones tienen sentido de UN SOLO CUERPO. Debemos quitar de nuestra mente la idea de que los problemas se resuelven en el momento de la tormenta.
Como sindicato, trabajamos con miras al futuro; nosotros prevemos futuras luchas, y tratamos de prevenir todos aquellos bloques de ilegalidad que puedan afectar a nuestros afiliados, y al sector público en general (sin importar quienes sean). Nosotros luchamos de forma preventiva y no solo paliativa. Por lo tanto, es irrisorio pensar que vamos a callar, sabiendo que nuestros futuros Oficiales de la Fuerza Pública van a tener que soportar peores condiciones laborales que nuestros actuales policías, simplemente por mediocridad, falta de coherencia discursiva, falta de ejercer la sana crítica, y por ende, una evidente manifestación de ausencia de altruismo con nuestros compañeros.

Aclarado este punto, debemos mencionar nuestra perspectiva con respecto a la modificación del Rubro del Régimen de Disponibilidad. Y es que (compañeros) debemos leer claramente que cada institución no podrá disponer con más de un 20% del total de funcionarios de la institución beneficiados con el rubro de la disponibilidad.
Si bien es cierto el Transitorio II, indica: “El salario de los servidores que se encuentren activos a la entrada en vigencia de esta ley no podrá ser disminuido y con respecto a ellos se respetarán los derechos adquiridos”, debemos manifestar que nadie está exento de quedarse sin trabajo (menos en el sector público). ¿Está analizando el costarricense (funcionario público, con derechos adquiridos) la posibilidad de tener que re ingresar a laborar, disminuyendo su calidad de vida. Ante ello no podemos quedarnos esperando que los futuros funcionarios (Policías) vean cómo se les disminuyeron las posibilidades de surgir económicamente y que no defendimos esos derechos, que ya habíamos ganado, con tanto esfuerzo. Es increíble que el país se quede callado sin importar que vamos (como el cangrejo) caminando hacia atrás en cuanto a mejores posibilidades salariales se refiere.

Nosotros demandamos que las Fuerzas Policiales estén excluidas de este sector que se va a ver vulnerado con esta Ley. Solicitamos que de la lectura del artículo N° 12 del Proyecto de Ley de rito, se extraiga que la compensación económica por la sujeción al régimen de disponibilidad se cancelará a las personas que ocupen puestos cuyas funciones impliquen atender emergencias o urgencias que necesariamente requieran de su participación; pero que además, se determine que los Funcionarios Policiales (sin importar su antigüedad) los cuales realizan una función preventiva, pero también se encargan de atender emergencias y urgencias, tengan el derecho al 25% del Rubro de Disponibilidad, tal cual lo señala el artículo 90, inciso d) de la Ley General de Policía, y no se vulnere ese derecho existente. No queremos que se generen desigualdades entre uno y otro oficial, situación que generaría discriminaciones institucionales, desinterés en el trabajo, y vulneración en la calidad de vida de los futuros integrantes de la Policía costarricense.

Ahora bien, nosotros nos cuestionamos, ¿cuáles serán los oficiales que ganen Disponibilidad? ¿Los altos mandos? ¿Alguna sección de trabajo en particular? ¿Quiénes van a atender las emergencias o urgencias? El país necesita reafirmar que la seguridad nacional está completamente cubierta; que los oficiales están disponibles para proteger la nación en el momento en que sea necesario. Este artículo en particular deviene obsoleto e irresponsable cuando se trata de la seguridad de un país. Costa Rica necesita que la totalidad del cuerpo policial esté atento a sus necesidades; y no solo un 20% (que la experiencia nos dicta que podría venir a beneficiar solo a los altos mandos, y no a los oficiales de a pie, que son siempre los más afectados con los recortes presupuestarios, además de ostentar el salario más bajo).

Ahora bien, la inestabilidad salarial que van a sufrir estos oficiales es evidente. Ese 15% sobre el salario base puede revocarse en cualquier momento, de acuerdo a lo que mejor estime el patrono. ¿Podemos imaginar el poder que ejercerían las jefaturas sobre sus subalternos manipulando ese porcentaje? (No nos dejemos engañar, en Costa Rica se ven estas cosas y peores; ¿qué nos asegura que este rubro será manejado con objetividad?).

Ahora bien, en cuanto al incentivo por Anualidad, ¿cómo pretende el Licenciado Hidalgo que los que luchamos por los cuerpos policiales callemos lo obvio? La declaración de Derechos que han costado años de trabajo, con la finalidad de robustecer la calidad de vida de nuestros oficiales de policía, están viéndose disminuidos (basándose en una política en la cual el sector público es el culpable del déficit financiero y tributario del país, situación que es una falacia de composición a plena luz) al tratar de dividir a nuestros oficiales en dos bandos (los que tienen derechos, y los que no los van a tener) a pesar de realizar las mismas funciones. Sí, es cierto que quienes tienen sus derechos adquiridos los van a mantener, mientras no pierdan su condición de funcionario público. Pero también es cierto que, la historia de los derechos laborales en Costa Rica está reescribiéndose, y desgraciadamente de forma degenerativa, al violentar el inciso a) del artículo 90 de la Ley General de Policía.

Nosotros no confundimos a nadie. Esta es la realidad que se avecina con un peso insoslayable y contundente. Hacemos un ejercicio crítico y velamos por el futuro de la Fuerza Pública. Somos un solo cuerpo, y es nuestra obligación escribir un mejor mañana para las nuevas generaciones.

Es necesario que el proyecto sea claro y contundente; que proteja los intereses de quienes reciben los salarios más bajos de todo el sector público, de quienes gozan de menos derechos, y que se responsabilice a los verdaderos culpables del déficit fiscal, sin que sea el sector público (más débil) el que pague los platos rotos.
No es de extrañar que el vocero de prensa del Ministerio de Seguridad Pública, de una u otra manera intente desvirtuar nuestras manifestaciones y/o luchas gremiales, lo hizo en el pasado cuando denunciamos las delegaciones “cuchitriles”, pero ahora que el propio Ministro de Seguridad dice abiertamente, que; “las delegaciones son pocilgas”, el vocero de prensa guarda silencio.

Ahora bien, nos preguntamos: ¿El comentario del licenciado Hidalgo Flores es la posición oficial que tomó el Ministerio de Seguridad Pública con respecto a este Proyecto de Ley, y estos alcances en particular? Si bien publica en su perfil personal, evidentemente este no se puede desligar de actividad de ser la voz de la cartera de Seguridad Pública.

ANEP denuncia aparente incumplimiento de horario laboral por Directora del Archivo Nacional

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La ANEP y su Seccional en el Archivo Nacional denunciaron ante la Procuraduría de la Ética a la Directora del Archivo Nacional, Virginia Chacón Arias por aparente incumplimiento en su horario laboral, la denuncia fue presentada el 20 de septiembre del presente año.

Según indicó Javier Valerín, Promotor de la ANEP la funcionaria se habría acogido a una modalidad de tele trabajo aprobada por el Ministro de Cultura, sin embargo para la Seccional esa modalidad no es es cumplida por la funcionaria.

Javier Valerín sobre denuncia

Ante esta situación la Procuraduría de la Ética recomendó al Ministerio de Cultura y Juventud abrir una investigación al respecto.

Respuesta Procuraduría ante denuncia contra Directora del Archivo Nacional by EugenioGuerrero on Scribd

El gobierno se decidió por el lado del capital y pone en la hoguera del sacrificio a la clase trabajadora

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La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), integrante del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, condena la funesta decisión política del Gobierno de la República y del propio Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, al decidirse a favor del capital y poner en la hoguera del sacrificio a la clase trabajadora, tanto la del sector Público como la del Privado, en estos delicados asuntos de la relación incongruente entre el déficit fiscal y el empleo público y la clase trabajadora, en general.

Mediando los buenos oficios del Partido Liberación Nacional (PLN), a través de la labor promocional ejecutada por la diputada Sandra Pizsk Feinzilber en contra del empleo público, el Gobierno se “casa” ahora con la ideología del diputado Otto Guevara Guth, para emprenderla contra toda la clase trabajadora.

En esto del déficit fiscal que no es culpa de la clase trabajadora, es ésta la que está de manera totalmente injusta siendo responsabilizada y castigada por algo de lo que nunca ha tenido culpa. ANEP ha demostrado, reiterada y sólidamente y hasta la saciedad, que el déficit fiscal no es causado por los salarios públicos.

Es totalmente perversa la idea de combinar el ataque artero a los pluses salariales del empleo público, con la elevación del impuesto sobre las ventas del 13 al 15 %, renunciando a la transformación radical y por el fondo del impuesto sobre la renta al capital; exonerando con ello del pago del ajuste fiscal a los detentadores de la concentración de la riqueza que han acumulado en demasía en los últimos años, por los más diversos mecanismos, empezando por las enormemente gigantescas cifras del robo de impuestos.

El beneplácito y la complacencia que está mostrando el diputado Otto Guevara Guth por el proyecto de empleo público promovido por el PLN (Sandra Piszk Feinzilber), es clara indicación de que el Gobierno pactó con él, exonerar de imponer gravámenes tributarios más que necesarios al capital; reforzando la estructura tributaria regresiva que hace pagar a los que menos tienen y que son los que han venido pagando más, proporcionalmente hablando.

Pauperizar el salario de los empleados públicos, especialmente los salarios de los puestos que llevan más de 30 años “enganchados”, golpear a los trabajadores municipales quitándoles sus convenciones colectivas y reduciéndoles la expectativa de una cesantía mayor a 8 años; golpear a la clase trabajadora del sector privado, especialmente a la tercera parte de la misma a la cual ni se le paga el salario mínimo, poniéndola a pagar más por el impuesto sobre las ventas; no es más que indicación de que el Gobierno se decidió por el lado del capital y puso al lado obrero en la pira, en la hoguera.

Quienes conocen del tema por ser expertos en el mismo, saben que con base en el Coeficiente de Gini que mide la desigualdad en una sociedad, el país se encamina hacia la desigualdad perfecta, pues estamos ya en un índice de 0.52 %, acercándonos al 1 y alejándonos del 0 (cero, o igualdad perfecta). Esta colusión política antiobrera potenciará el rumbo del país hacia esa desigualdad perfecta de que nos habla este indicador.

Solamente la más grande movilización social, laboral y obrera; solamente la más grande unidad sindical en la acción, permitirá enfrentar con mayor éxito este ataque a la integración social de una Costa Rica totalmente fragmentada y en ruta desbocada hacia la desigualdad; hoy dramáticamente reflejada en los crímenes en los barrios populares, en el desempleo del 20 y resto de la población trabajadora, en la fuerte penetración del narcotráfico y del crimen organizado producto de la falta de oportunidades; así como en el congelamiento de los salarios.

Le indicamos a todos los compañeros empleados públicos y a todas las compañeras empleados públicos que el momento más difícil de toda la historia del empleo público ha llegado.

Proyecto de Ley dejaría a los policías con salario mensual aproximado de ¢350.000

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Sindicatos de los cuerpos policiales del país anunciaron este martes en conferencia de prensa la rotunda oposición a los proyectos de ley que atentan contra el empleo público y que se encuentran en la Asamblea Legislativa, especialmente el proyecto de Ley N° 19.923 “Racionalizar el Gasto Público”.

Para los trabajadores de los cuerpos policiales, el proyecto contempla dos artículos (12 y 14) que vendrían a precarizar aún más el salario que reciben. Además, a esto se unen los recortes presupuestarios que perjudican la seguridad ciudadana en todos los ámbitos.

Por ejemplo, el artículo 12 del régimen de disponibilidad estipula que: “el porcentaje de personal de la institución sujeto al régimen de disponibilidad no podrá ser superior al 20% del total de funcionarios de la institución”.

Mientras que el artículo 14 establece que: “El incentivo por excelencia en el desempeño se reconocerá a aquellos servidores que hayan recibido la máxima calificación, como resultado de la evaluación del desempeño según la escala definida, en los niveles de evaluación (…)”.

El presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública, Mainor Anchía explicó que, aunque la intención de los legisladores es aplicarlo solo a trabajadores de nuevo ingreso, esto provocaría desigualdad entre trabajadores con las mismas funciones, por lo que es inviable en un país de derecho.

“En el caso de un oficial de la Fuerza Pública con escala básica (agente1) este proyecto afectaría el salario mensual. Por ejemplo, dejaría de percibir ¢75.000 mensuales de disponibilidad y ¢6.500 en anualidades aproximadamente. Para nadie es un secreto que los cuerpos policiales son los más mal pagamos del Poder Ejecutivo y nadie ha hecho nada por eso. El salario promedio de un policía con los pluses incluyendo la disponibilidad ronda los ¢500.000 mensuales”, dijo Anchía.

Los cuerpos policiales sindicalizados, entre ellos la Policía Municipal de San José, Guardaparques, Policía Profesional de Migración, Policía Aeroportuaria, Vigilancia Aérea, Policía de Tránsito, Policía Penitenciaria y Fuerza Pública crearon una alianza para que los proyectos que atentan contra en empleo público no sean aprobados.

Ricardo Carpio, representante de la Seccional ANEP-Policía Municipal de San José indicó que una de las observaciones es que con la propuesta pretenden violentar la autonomía de las municipalidades.

“Quieren involucrarse y hacer que las municipalidades pierdan autonomía no solo administrativa sino también financiera, ya que nos afectaría en términos de disponibilidad, dedicación exclusiva, entre otros rubros”, agregó Carpio.

Roberto Molina, del sindicato de Guardaparques detalló que desde la creación de la Ley de los Parques Nacionales en la década de 1970 han trabajado sin que se les reconozca la disponibilidad, el riesgo policial, ni las horas extras.

“Un guardaparques trabaja jornadas hasta de 18 horas diarias, no nos reconocen ni horas extra y ya no aguantamos. Los más de 300 guardaparques ya tomamos una decisión y si tenemos que cerrar los parques nacionales lo vamos hacer”, recalcó.

Los funcionarios de los cuerpos policiales resaltaron que han pasado de reunión tras reunión con las distintas autoridades para que se dignifique el trabajo policial, sin embargo, a la fecha siguen sin recibir una respuesta.

ANEP emite sus impresiones sobre a la propuesta del texto sustitutivo del Proyecto de Ley N° 19.506

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Acerca de la “nueva” versión del proyecto contra el Empleo Público, expediente legislativo No. 19.506.
Primeras impresiones de la ANEP

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) pone a disposición de las honorables personas integrantes de las juntas directivas de las seccionales de la ANEP en el sector Público, de los delegados y de las delegadas sindicales de la organización, de quienes nos honran con su membrecía a la ANEP en el Estado costarricense, del personal del sector Público, en general; la más reciente versión del principal proyecto en contra del Empleo Público, el que ataca los pluses salariales y las cesantías superiores a 8 años; lucha fuerte que hemos estado dando durante ya más de dos años, como consta ampliamente y por las más diversas formas y medios.

Esta “nueva” versión fue divulgada hasta el día de ayer, jueves 29 de setiembre y, por tanto, necesita de un análisis con rigor de parte de la ANEP. No obstante, les compartimos las siguientes impresiones sumamente generales obligados por la gravedad de las circunstancias.

PRIMERO: EL déficit fiscal no es culpa de los salarios públicos. Mucho menos de los salarios públicos financiados con el mal llamado presupuesto general de la República. ANEP lo ha demostrado hasta la saciedad y nadie ha descalificado los argumentos de la ANEP al respecto. Prestigiosas personalidades de gran solidez académica, ética e intelectual así nos lo han reconocido en privado. Esta tesis de la ANEP ha sido adoptada por todas las corrientes sindicales nacionales, incluso las que nos adversan.

SEGUNDO: Esta “nueva” versión lleva, todavía, el número de expediente legislativo 19.506. Sin embargo están considerando cambiarle el número, pues al igual que el expediente legislativo No. 19.923 (el del primero de mayo pasado cuando la “alianza” opositora se tomó el control del directorio legislativo), ese número 19.506 ya se considera satanizado, también. Creemos que en próximas horas le cambiarán el número para intentar despistarnos.

TERCERO: Notemos que el título de esta “nueva” versión del expediente legislativo 19.506: LEY PARA REGULAR LAS REMUNERACIONES ADICIONALES AL SALARIO BASE Y EL AUXILIO DE CESANTÍA EN EL SECTOR PÚBLICO” deja claro las intenciones del proyecto: ataque a los pluses salariales y ataque a cesantías mayores a los 8 años actualmente existentes.

CUARTO: Con un vistazo general a este “nuevo” texto notamos que el proyecto no se estaría metiendo con los pluses salariales del gremio médico cubierto por la Ley No. 6836, puesto que la ley salarial médica solamente podría modificarse mediante un proyecto de ley específico para variarla. Nos alegramos de que el pueblo trabajador médico y las otras profesiones incluidas en tal ley, ya no estarían corriendo riesgo con sus salarios. Sin embargo, muy bien apunta el refrán popular del “alegrón de burro”, el cual aplicamos a esta circunstancia. Esta “nueva” versión del proyecto en contra del Empleo Público, No. 19.506 representa un agrietamiento inicial en materia de los derechos laborales consolidados en el sector Público, pues abre la puerta para ataques futuros al Empleo Público. Bastaría que a este proyecto, si llega a ser ley, en futuras legislaturas se le introduzca un artículo para atacar otros derechos sociales y salariales consolidados que ahora no estarían siendo tocados, en cualquier sector. Para el caso específico del resto del personal de la CCSS, el que no cubre la indicada legislación médica, la amenaza sigue con la misma gravedad inicial en este “nuevo” proyecto 19.506. Seguimos convencidos de que la mejor defensa obrera en toda esta situación es la estrategia de la unidad sindical en la acción.

QUINTO: Por otra parte, el honorable cuerpo de servidores públicos del Magisterio Nacional si bien quedaría comprendido en el “nuevo” texto, una primera revisión nos indica que no estarían metidos en las dimensiones en que se esperaba. En todo caso, son las autoridades sindicales del Magisterio Nacional, las únicas vocerías legítimas en tal sentido. Lo del “alegrón de burro” indicado en el párrafo anterior, también cabe para el caso de este punto quinto. Y también en este caso, seguimos convencidos de que la mejor ofensa obrera en toda esta situación es la estrategia de la unidad sindical en la acción.

SEXTO: Si estuviésemos en lo correcto, en términos generales de lo que apuntamos en los puntos cuarto y quinto, el “nuevo” texto ataca, esencialmente, los salarios del sector profesional del Gobierno Central, entes adscritos al mismo y los otros poderes del Estado; también, todo el sistema salarial de los cuerpos policiales del Poder Ejecutivo y lo que se refiere al personal no profesional de este poder. También ataca, esencialmente, todo el sistema salarial de las municipalidades del país; y, podría generar repercusiones muy negativas en las universidades públicas del Estado.

SÉTIMO: El mayor golpe salarial de este “nuevo” texto estaría afectando, en esencia, los salarios del Estado central a nivel de Poder Ejecutivo, especialmente aquellas categorías salariales que han estado por muchos años “enganchadas”. Igualmente, estaría afectando a las municipalidades, especialmente en las expectativas de cesantías mayores a 8 años que representa un gran aporte para la edad jubilatoria de personal de campo de salarios bajos, tanto del campo operativo como administrativo. Además, este “nuevo” proyecto acaba con la autonomía de la negociación salarial en la esfera municipal.

OCTAVO: Este “nuevo” texto, en absolutamente nada, ni en la más ínfima de las milésimas, resuelve el grave problema del déficit fiscal. Las reducciones salariales que se darían de aprobarse, solamente generarán daño socioeconómico a las personas trabajadoras asalariadas que golpeará. Jamás de los jamases, el déficit fiscal se puede resolver por la vía del empleo y de los salarios. Ni despidiendo a todos los maestros, ni despidiendo a todos los policías, ni despidiendo a todos los profesionales y no profesionales de los ministerios, el déficit fiscal se resolvería. Y, por supuesto, nada tienen que ver las municipalidades del país con el déficit fiscal, por tanto, este “nuevo” proyecto lo que hará es generar daño en los sectores laborales estatales más humildes, salarialmente hablando.

NOVENO: Este “nuevo” texto, al igual que los anteriores de similar naturaleza, es profundamente ideológico desde la perspectiva del pensamiento neoliberal. Se trata de precarizar el empleo público, se trata de bajar el nivel de los salarios estatales para que se acerquen lo más posible, a los salarios del sector privado; es decir, una homologación salarial hacia abajo. El empobrecimiento salarial permite una mayor acumulación de riqueza de quienes ya, de por sí, la vienen concentrando en los últimos años. Entonces, la verdadera centralidad de esta discusión sobre el empleo público y los pluses es ideológica, no fiscal.

DECIMO: Este “nuevo” texto, este proyecto contra el Empleo Público es una necesidad política del presente Gobierno, desesperado como está por lograr cambios tributarios de fondo. Por ejemplo, el presente Gobierno está cediendo al chantaje político del grupo parlamentario neoliberal de oposición, el cual le pide “la sangre” de los empleados públicos a cambio, por ejemplo, de aprobarle que el impuestos sobre las ventas aumente del 13 al 15 %, denominándose impuesto al valor agregado (IVA). En tal sentido destaca el papel que está ejecutando el Partido Liberación Nacional (PLN), con su actual fracción parlamentaria y en la persona de la honorable legisladora doña Sandra Piszk Feinzilber, promotora ejecutiva de este tipo de proyectos.

ONCEAVO: Tal chantaje político, de materializarse en ley, agravará más la desigualdad imperante en nuestra sociedad. Aumentar tal impuesto del 13 al 15, golpeará a los que menos tienen puesto que éste es el impuesto más injusto de todos dado que no discrimina, al pagarse, en capacidad de ingreso de las personas. Por otro lado, este “nuevo” texto, al golpear a empleados públicos con los salarios más bajos, los empobrecerá doblemente: deberían pagar más por el aumento de ese impuesto pero con menos salario producto de eventuales reducciones del mismo que supone para los trabajadores estatales involucrados en este “nuevo” texto”. Además, subir el indicado impuesto golpeará duramente a la clase trabajadora del sector privado, asalariada o no asalariada. Es férrea la posición política de la ANEP en cuanto a no prestarnos para legitimar, bajo ninguna circunstancia, ni en lo más mínimo, estos procesos neoliberales de precarización del empleo y los salarios y de fortalecer la naturaleza profundamente regresiva del sistema tributario costarricense.

DOCEAVO: Corresponderá a las bases dirigentes de la ANEP en el sector Público, sus juntas directivas seccionales, los delegados y las delegadas sindicales y otras personas trabajadoras con responsabilidades en esta problemática, tomar las decisiones finales de cara a este “nuevo” proyecto en contra del Empleo Público. La ANEP, en tal sentido, tendrá un Consejo Consultivo Nacional, de emergencia, en próximos días; para que éste, junto a la actual Junta Directiva Nacional (JDN) de la agrupación defina lo pertinente.

San José, viernes 30 de setiembre de 2016.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Seccional ANEP-SINART gana reconocimiento de la cesantía

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En la administración pasada, un ex ministro de trabajo rechazó el artículo 20 de la Convención Colectiva de Trabajo para los empleados del Sinart.

Dicho artículo establecía que la cesantía debía de reconocerse por un máximo de 12 años.
Ante esto la ANEP y su seccional en el Sinart lucharon para que se respetara la Convención, dando frutos recientemente con la resolución del Ministerio de Trabajo que revoca la medida de la pasada administración.

Escuche las declaraciones de Fernando Vargas, presidente de la Seccional ANEP-Sinart.

Resolución del MTSS sobre la cesantía en SINART