Luchamos por derechos de los actuales funcionarios y de los futuros trabajadores de la Fuerza Pública

En primer lugar, no debería decir el señor Hidalgo: “Ha circulado versiones”. Aquí no se ha estado discutiendo sobre ningún libro, o película cinematográfica; nosotros emitimos un criterio ante los medios de prensa que atendieron gentilmente nuestro llamado, así mismo hemos venido planteando la necesidad de una práctica hermenéutica del Proyecto de Ley de marras, para determinar las posibles afectaciones que sufrirían diversos empleados públicos con la implementación de esta Ley. Por lo tanto, esas “versiones” a las cuales se refiere el Licenciado Hidalgo, son criterios jurídicos completamente válidos, ya que cuando una norma jurídica deja espacio a la interpretación (ambigüedad legal) es cuando podemos avecinar debilidades prácticas, y posibles abusos del derecho en tiempos futuros.

Debido a que la experiencia nos ha enseñado que esas debilidades son posibles, hemos realizado análisis exhaustivos de la norma, comparándola con otros compendios jurídicos, como por ejemplo con la Ley General de Policía; por lo cual, se observaron contradicciones que SÍ VIENEN A VIOLENTAR Y/O VULNERAR LA SITUACIÓN JURÍDICA DE NUESTROS OFICIALES DE POLÍCIA.

Ahora bien, en segundo lugar procedemos a indicar que el artículo N° 1 de la LEY PARA RACIONALIZAR EL GASTOBLICO, señala claramente que: “Quedan excluidos de la presente Ley únicamente los servidores del sector público que laboren para los bancos del Estado, para el Instituto Costarricense de Electricidad y el Instituto Nacional de Seguros, por tratarse de servicios públicos que operan en competencia”. Por lo tanto, en esta excepción no se incluyen los cuerpos policiales, lo que significa que (de una u otra manera) este Proyecto de Ley, en caso de ser aprobado, vendría a vulnerar la situación jurídico-laboral de los Oficiales de la Fuerza Pública (presentes y/o futuros).

Sobre este aspecto en específico, debemos recordarle al licenciado, que como representantes sindicales, nosotros luchamos por los derechos laborales de nuestros afiliados; pero más allá de eso, somos una fuerza que busca la mejora de las condiciones laborales de todo el sector policial, tanto presente, como futuro.
Son años los que llevamos laborando para construir un mejor porvenir. Son muchos los esfuerzos realizados para crear un entramado legal que le permita tener una vida digna a los Oficiales de Policía de nuestro país. No podemos permitir que (basándose en el argumento (bastante mezquino) el vocero de prensa del MSP, diga que a los actuales oficiales no les va a generar ningún cambio laboral, para generar en ellos un estado de comodidad, y mantenerlos callados y sumisos), se disminuyan derechos laborales que ya eran parte del derecho policial.

Somos un solo cuerpo; somos una sola fuerza; “Entramos todos, Salimos todos”, situación que evidentemente el licenciado Hidalgo no conoce y seguramente no entiende, porque no es parte de este cuerpo; no conoce nuestra alma; no sufre lo que viven nuestros policías; no vive las penurias y necesidades con ellos. Todas nuestras intervenciones tienen sentido de UN SOLO CUERPO. Debemos quitar de nuestra mente la idea de que los problemas se resuelven en el momento de la tormenta.
Como sindicato, trabajamos con miras al futuro; nosotros prevemos futuras luchas, y tratamos de prevenir todos aquellos bloques de ilegalidad que puedan afectar a nuestros afiliados, y al sector público en general (sin importar quienes sean). Nosotros luchamos de forma preventiva y no solo paliativa. Por lo tanto, es irrisorio pensar que vamos a callar, sabiendo que nuestros futuros Oficiales de la Fuerza Pública van a tener que soportar peores condiciones laborales que nuestros actuales policías, simplemente por mediocridad, falta de coherencia discursiva, falta de ejercer la sana crítica, y por ende, una evidente manifestación de ausencia de altruismo con nuestros compañeros.

Aclarado este punto, debemos mencionar nuestra perspectiva con respecto a la modificación del Rubro del Régimen de Disponibilidad. Y es que (compañeros) debemos leer claramente que cada institución no podrá disponer con más de un 20% del total de funcionarios de la institución beneficiados con el rubro de la disponibilidad.
Si bien es cierto el Transitorio II, indica: “El salario de los servidores que se encuentren activos a la entrada en vigencia de esta ley no podrá ser disminuido y con respecto a ellos se respetarán los derechos adquiridos”, debemos manifestar que nadie está exento de quedarse sin trabajo (menos en el sector público). ¿Está analizando el costarricense (funcionario público, con derechos adquiridos) la posibilidad de tener que re ingresar a laborar, disminuyendo su calidad de vida. Ante ello no podemos quedarnos esperando que los futuros funcionarios (Policías) vean cómo se les disminuyeron las posibilidades de surgir económicamente y que no defendimos esos derechos, que ya habíamos ganado, con tanto esfuerzo. Es increíble que el país se quede callado sin importar que vamos (como el cangrejo) caminando hacia atrás en cuanto a mejores posibilidades salariales se refiere.

Nosotros demandamos que las Fuerzas Policiales estén excluidas de este sector que se va a ver vulnerado con esta Ley. Solicitamos que de la lectura del artículo N° 12 del Proyecto de Ley de rito, se extraiga que la compensación económica por la sujeción al régimen de disponibilidad se cancelará a las personas que ocupen puestos cuyas funciones impliquen atender emergencias o urgencias que necesariamente requieran de su participación; pero que además, se determine que los Funcionarios Policiales (sin importar su antigüedad) los cuales realizan una función preventiva, pero también se encargan de atender emergencias y urgencias, tengan el derecho al 25% del Rubro de Disponibilidad, tal cual lo señala el artículo 90, inciso d) de la Ley General de Policía, y no se vulnere ese derecho existente. No queremos que se generen desigualdades entre uno y otro oficial, situación que generaría discriminaciones institucionales, desinterés en el trabajo, y vulneración en la calidad de vida de los futuros integrantes de la Policía costarricense.

Ahora bien, nosotros nos cuestionamos, ¿cuáles serán los oficiales que ganen Disponibilidad? ¿Los altos mandos? ¿Alguna sección de trabajo en particular? ¿Quiénes van a atender las emergencias o urgencias? El país necesita reafirmar que la seguridad nacional está completamente cubierta; que los oficiales están disponibles para proteger la nación en el momento en que sea necesario. Este artículo en particular deviene obsoleto e irresponsable cuando se trata de la seguridad de un país. Costa Rica necesita que la totalidad del cuerpo policial esté atento a sus necesidades; y no solo un 20% (que la experiencia nos dicta que podría venir a beneficiar solo a los altos mandos, y no a los oficiales de a pie, que son siempre los más afectados con los recortes presupuestarios, además de ostentar el salario más bajo).

Ahora bien, la inestabilidad salarial que van a sufrir estos oficiales es evidente. Ese 15% sobre el salario base puede revocarse en cualquier momento, de acuerdo a lo que mejor estime el patrono. ¿Podemos imaginar el poder que ejercerían las jefaturas sobre sus subalternos manipulando ese porcentaje? (No nos dejemos engañar, en Costa Rica se ven estas cosas y peores; ¿qué nos asegura que este rubro será manejado con objetividad?).

Ahora bien, en cuanto al incentivo por Anualidad, ¿cómo pretende el Licenciado Hidalgo que los que luchamos por los cuerpos policiales callemos lo obvio? La declaración de Derechos que han costado años de trabajo, con la finalidad de robustecer la calidad de vida de nuestros oficiales de policía, están viéndose disminuidos (basándose en una política en la cual el sector público es el culpable del déficit financiero y tributario del país, situación que es una falacia de composición a plena luz) al tratar de dividir a nuestros oficiales en dos bandos (los que tienen derechos, y los que no los van a tener) a pesar de realizar las mismas funciones. Sí, es cierto que quienes tienen sus derechos adquiridos los van a mantener, mientras no pierdan su condición de funcionario público. Pero también es cierto que, la historia de los derechos laborales en Costa Rica está reescribiéndose, y desgraciadamente de forma degenerativa, al violentar el inciso a) del artículo 90 de la Ley General de Policía.

Nosotros no confundimos a nadie. Esta es la realidad que se avecina con un peso insoslayable y contundente. Hacemos un ejercicio crítico y velamos por el futuro de la Fuerza Pública. Somos un solo cuerpo, y es nuestra obligación escribir un mejor mañana para las nuevas generaciones.

Es necesario que el proyecto sea claro y contundente; que proteja los intereses de quienes reciben los salarios más bajos de todo el sector público, de quienes gozan de menos derechos, y que se responsabilice a los verdaderos culpables del déficit fiscal, sin que sea el sector público (más débil) el que pague los platos rotos.
No es de extrañar que el vocero de prensa del Ministerio de Seguridad Pública, de una u otra manera intente desvirtuar nuestras manifestaciones y/o luchas gremiales, lo hizo en el pasado cuando denunciamos las delegaciones “cuchitriles”, pero ahora que el propio Ministro de Seguridad dice abiertamente, que; “las delegaciones son pocilgas”, el vocero de prensa guarda silencio.

Ahora bien, nos preguntamos: ¿El comentario del licenciado Hidalgo Flores es la posición oficial que tomó el Ministerio de Seguridad Pública con respecto a este Proyecto de Ley, y estos alcances en particular? Si bien publica en su perfil personal, evidentemente este no se puede desligar de actividad de ser la voz de la cartera de Seguridad Pública.

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