Se extravían más de 7.000 municiones en el MSP

Este Según documentos en manos de la ANEP y su Seccional en la Fuerza Pública desde el pasado mes de marzo se habría dado la sustracción de 7.000 a 8.000 municiones del Ministerio de Seguridad Pública (MSP).

El hallazgo se dio luego de un inventario realizado en la armería de la Escuela Nacional de Policía, en el cual se comprobó el faltante de cartuchos calibre 9×19 mm, marca Lellier&Bellot.

Durante dicha inspección se detectó que aunque algunas cajas estaban selladas estas contenía casquillos vacíos en lugar de la munición original.

Mainor Anchía, Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública explicó que es preocupante que este tipo de situaciones se manejen en secreto, ya que dichas municiones podrían estar en manos de grupos criminales.

“La ciudadanía tiene derecho a conocer este tipo de situaciones. La denuncia fue interpuesta por las autoridades de la Escuela Nacional de Policía ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) contra un funcionario que al parecer fue sacando “poco a poco” los cartuchos. Nosotros esperamos que se sienten las responsabilidades del caso”, agregó Anchía

La ANEP considera que este hecho es igual de grave al que se presentó en enero del 2012 cuando se sustrajeron 215 armas de 9 mm marca Glock de la Policía de Tránsito.

“Esto es sumamente preocupante porque interviene de manera directa en la seguridad ciudadana. También es un llamado para las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública sobre lo que está pasando a lo interno de la institución”, indicó el presidente de la seccional.

Para la ANEP, llama la atención que el MSP no haya informado el extravío de dichas municiones a la opinión pública y con ello, evitar la compra y distribución de las mismas. De acuerdo con algunas estimaciones, cada caja contiene 50 municiones con un precio de 20.000 cada una.

Sr. Presidente: ¡faltan oficiales en todas las policías!

Señor Presidente: ¡faltan más policías en todas las policías! Se ha quedado corto, señor Presidente, cuando de manera acertada ha llamado la atención acerca del faltante de oficiales y policías en la Fuerza Pública de nuestro país, faltante conservadoramente calculado en 1.500 nuevas plazas.

Señor Presidente: debe usted incorporar en su reclamo la dura realidad que están viviendo los otros cuerpos policiales del Gobierno Central, cuyos actuales servidores, al igual que sus homólogos de la Fuerza Pública, están viviendo situaciones de sobreexplotación laboral, caída acelerada de sus condiciones de empleo y de trabajo, salario prácticamente congelado, gran presión social, aumento de la peligrosidad de su quehacer y severo deterioro de su respectivas situaciones personales psicoemocionales producto del altísimo estrés laboral que están viviendo.

Cálculos moderados de la ANEP, con base en informes extraoficiales internos de dichos cuerpos policiales, plantean que, al menos, cerca de 5 mil nuevos policías se requieren con urgencia. Aparte de los 1.500 que hacen falta en la Fuerza Pública,

Urge personal policial para Migración y Extranjería (el país ha perdido, prácticamente, el control de sus puestos fronterizos);

Urge personal para la Policía Penitenciaria (el hacinamiento y la sobrepoblación carcelaria hace más vulnerable la seguridad dentro de las prisiones, evidenciando el faltante de personal para el debido control interno);

Urge personal para la Policía de Tránsito (las muertes en las carreteras lo evidencia de manera contundentemente);

Urge personal de vigilancia en los parques nacionales y áreas de conservación, guardaparques, haciendo evidente su transformación inmediato en una policía ecológica (el crimen organizativo del narcotráfico, la caza furtiva y el tráfico de especies están acabando con la “Costa Rica verde”);

Urge más personal para la Policía Fiscal (el robo de impuestos crece y crece);

Igualmente, al convertirse nuestro país en el principal “lavador” continental de dinero sucio proveniente del crimen organizado del ilícito negocio del narcotráfico, torna urgente el fortalecimiento de las policías de Control de Drogas y Aeronáutica.

La ANEP está totalmente de acuerdo en que es sumamente urgente que los señores diputados y las señoras diputadas re-legislen, aprobando nuevamente la ley del impuesto a las sociedades anónimas para aumentar el financiamiento para las estratégicas tareas de la Seguridad Ciudadana inherentes a la esencia del servicio policial de la Fuerza Pública. En tal sentido, hacemos un llamado a la actual Asamblea Legislativa al respecto.

Sin embargo, es preciso enfatizar en lo siguiente. La eventual llegada de esos nuevos recursos para la Fuerza Pública exige revisiones estratégico-estructurales de su gerenciamiento a lo interno-institucional, readecuando las concepciones de operatividad para eficientizar más los recursos escasos que hay para estas tareas de bien común.

A la vez, las necesidades de financiamiento real, suficiente, efectivo y perentorio también, repetimos, es un asunto urgente en todos los otros cuerpos policiales del Gobierno Central.

Finalmente, señor Presidente, le exhortamos de manera pública y por esta vía, a que saque un ratito de su agenda y se reúna con los líderes de los diferentes cuerpos policiales aglutinados en la ANEP y en sus gremios amigos en esta lucha por la reivindicación general e integral de los servidores policiales de Costa Rica, sumamente postergados, vulnerados, mal pagados y mal tratados por sectores de la propia sociedad y hasta de sus propios mandos superiores.

San José, jueves 18 de agosto de 2016.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

ANEP y Policía Penitenciaria cara a cara en el Ministerio de Trabajo

La ANEP planteará en la reunión que las autoridades del Ministerio de Justicia y Paz, un ajuste del 18% por riesgo policial a los trabajadores y en caso de dársenos la razón, que dicho reconocimiento se haga de forma inmediata y retroactivo.

La petición obedece a estudios e investigaciones que abarcan el pago real del riesgo indicado, el cual no ha sido reconocido como debiera ser.

ANEP y Policía Penitenciaria cara a cara en el Ministerio de Trabajo

Vea: resolución del TSE sobre recolección de firmas para referéndum

El documento contempla la autorización de recolectar 160 mil firmas, es decir, un 5% del padrón electoral para convocar a referéndum por iniciativa ciudadana el proyecto de Ley No. 19.312, cuyo objetivo es la transformación y elevación del actual sistema del salario mínimo.

Aprobación del TSE para referéndum

TSE aprueba recolección de firmas para referéndum sobre salario mínimo en el sector Privado

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), autorizó el proceso para la recolección de firmas con miras a la realización de un referéndum para que la actual Asamblea Legislativa proceda a votar el proyecto de ley No. 19.312, para la transformación y elevación del actual sistema del Salario Mínimo que tiene aplicación en todo el sector Privado de la economía.

Es importante aclarar a la opinión pública nacional y, en específico, a toda la clase trabajadora del sector Privado, que la iniciativa al respecto es del Colectivo Sindical Patria Justa; que presentó la solicitud al TSE el pasado mes de octubre.

Ahora, la tarea de las diversas agrupaciones sindicales será la recolección de 160 mil firmas, que corresponden al 5% del padrón electoral, con el objetivo de convocar a referéndum por iniciativa ciudadana el proyecto de Ley No. 19.312, para la transformación y elevación del actual sistema del Salario Mínimo.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP y Coordinador de Patria Justa indicó que esta decisión del Tribunal Supremo de Elecciones tendrá honda repercusión internacional y, muy especialmente, en el ámbito de la Unión Europea.

“El Colectivo Sindical Patria Justa, con mucha seguridad, entusiasmo y alegría, se dispondrá en próximos días a analizar con cuidado los retos de difusión masiva y organizativos que implica la recolección de las 160 mil firmas que exige el proceso para el referéndum sobre el proyecto de ley para la elevación del salario mínimo vital en el sector privado. En tal sentido, respetuosamente, formulamos un llamado público a todas las agrupaciones integrantes del Movimiento Sindical costarricense, verdaderamente consecuentes con sus postulados, para que nos juntemos en esta noble causa destinada a la clase trabajadora y obrera del sector privado” manifestó Vargas.

El Coordinador de Patria Justa finalizó indicando que es el momento para que se unan las voluntades, las fuerzas y las grandes capacidades organizativas de los sindicatos del sector Público; con el objetivo de realizar “una gigantesca jornada de solidaridad obrera con nuestros hermanos y con nuestras hermanas de la clase trabajadora del sector Privado, misma que, abrumadoramente y como bien sabemos, vive terriblemente limitada y reprimida para poder ejercer, plenamente y sin temor alguno, sus derechos constitucionales a la Libertad Sindical, por demás, un Derecho Humano fundamental, universalmente reconocido”.

Posición de la Seccional ANEP-Fuerza Pública ante la situación presentada en Playas del Coco

Ante los lamentables hechos presentados en Playas del Coco, Guanacaste, donde una turba de “cobardes” aprovecharon la vulnerabilidad de la zona y de la noche para arrebatarle la vida a un joven de 21 años; la Seccional ANEP-Fuerza Pública hace un llamado vehemente al Ministro de Seguridad Pública, para que tome cartas en el asunto ya que a este hecho se suman otros escenarios violentos que se registraron en distintas zonas del país.

Mainor Anchía, presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública explicó que el MSP anunció previo a la Semana Santa el plan de operaciones el cual debió contemplar la movilización masiva de vacacionista a zonas turísticas. Asimismo dicho plan tuvo que incluir los antecedentes de las zonas y la situación social.

Y aunque para el MSP “todo estaba listo para garantizar la seguridad de los vacacionistas”, el sitio donde se presentó la tragedia, el cual es muy visitado en temporada alta carecía de personal policial para resguardar la seguridad de los visitantes.

“Constatamos en libros de asistencia que el día del suceso (Viernes Santo) únicamente se mantenían en servicio en el puesto policial; el oficial de Guardia, el chófer y el acompañante de la patrulla. También, pudimos constatar que se mantenían atendiendo otra incidencia al momento del ataque. Es por ello que es falso que los policías fueran “cómplices” del homicidio por no detener la cobarde e ilegítima agresión provocada por una turba en contra de un joven”, aseveró Anchía.

El presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública indicó que el sindicato lleva algunos años advirtiendo la necesidad de planificar sobre una línea de prevención estratégica que parta de estudios en materia de criminalidad y se contemplen los factores y hechos que originan el fenómeno delictivo.

“Entendemos que es natural que la delincuencia, en algunas ocasiones, va un paso delante del sistema de justicia y las tácticas de prevención del crimen. Pero al analizar el fenómeno criminal y la creciente actividad en Costa Rica, se puede determinar la necesidad de realizar cambios en los planteamientos operativos de prevención para combatir el crimen”, dijo el Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública

Además agregó “Hemos advertido ante la opinión que la Fuerza Pública está en manos de personas sin formación, ni carrera policial. Señalamos que algunos obtuvieron sus puestos y rangos de manera irregular y advertimos que esa práctica se mantiene en el tiempo a vista y paciencia de los jerarcas de turno”.

La Seccional ANEP-Fuerza Pública ha entregado en reiteradas ocasiones información al ministro de Seguridad para que revise y ajuste modelos de atención, roles, jornadas laborales, planificación, liderazgos y motivación en la Fuerza Pública.

“Es hora de que el Ministro de Seguridad tome decisiones”, finalizó Anchía.

Lo que pensamos sobre el nuevo ministro o la nueva ministra en la cartera de Trabajo y Seguridad Social

Se supone que en próximas horas el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera anunciará el nombre de la persona que ocupará el máximo cargo político en la cartera ministerial de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), luego de la abrupta salida, por renuncia forzosa, de su anterior titular, el Lic. Víctor Morales Mora.

Ante tal circunstancia y a riesgo de que tal designación ya esté formulada al momento de escribir el presente comunicado de prensa, sí pensamos que es correcto que formulemos una apreciación pública al efecto y desde la perspectiva de la corriente sindical en la cual militamos: la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), y el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA.

Debe la nueva máxima jerarquía político-ministerial de la cartera de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), darle prioridad absoluta a todos los aspectos pertinentes para la habilitación institucional inherente a la entrada en vigencia de la Ley de la Reforma Procesal Laboral (RPL), histórico acontecimiento previsto para julio del año entrante 2017.

En tal sentido y como inmediato quehacer, debe el nuevo o la nueva jerarca del MTSS abocarse a la lucha para que en el presupuesto 2017, el MTSS tenga los recursos financieros necesarios para fortalecer a esta institución al respecto; entidad tan debilitada por los últimos gobiernos inspirados, abiertamente, en el dogma neoliberal, pero que con la RPL en vigencia está destinada a asumir un rol estratégico en la puesta en práctica del diálogo social a todo nivel, especialmente, en el conflicto obrero-patronal y su resolución final en sede administrativa, primordialmente.

La nueva autoridad del MTSS debe mantener una posición muy equilibrada, con relación a los dos actores fundamentales del mundo del trabajo: el sector empresarial y el sector sindical. No debe incurrir en el error de su antecesor de tener una proclividad manifiesta y subjetiva a favor del sector corporativo-privado tradicional, acostumbrado éste a través de sus gremios más notables, a “mangonerar” el MTSS.

En tal sentido, queda mucho espacio para el diálogo obrero-patronal consistente y transparente, en temas como el desempleo, el empleo juvenil, el crecimiento de la informalidad, la política salarial, la salud ocupacional, por ejemplo.

Destaca en nuestro criterio que la nueva autoridad dedique enormes energías a favor del elevamiento del salario mínimo en el sector privado de la economía, toda vez que en escenario de supuesta inflación “cero” y de sensible caída en el precio internacional de petróleo, más la estabilidad macroeconómica de que se está “haciendo gala”, no ha generado disminución sensible en productos de la canasta básica alimentaria y en servicios públicos esenciales; todo lo cual ha generado una mayor acumulación de la rentabilidad privada, especialmente de la actividad comercial de abasto directo a las familias trabajadoras.

No hay duda de que, en otro ámbito de alta sensibilidad en la coyuntura sociopolítica actual del país, el papel del MTSS en el tema del Empleo Público se torna fundamental, pues toda la discusión al respecto está “atrapada” por ideólgicas cuestiones político-partidistas que no está midiendo la tormentosas consecuencias sociales futuras, en lo inmediato y mediato, de seguir tan senda de exclusión del papel de las principales organizaciones sindicales del sector Público en tal sentido.

Específicamente, el nuevo o la nueva jerarca ministerial del MTSS debe dedicarse, con ahínco y firmeza, a que nuestro país honre su compromiso de Estado adquirido con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para la institucionalización plena de las políticas que ésta está promoviendo para la humanización del empleo y de las condiciones de trabajo, conocida como “TRABAJO DECENTE”. Estamos hablando de un compromiso de país y no de una iniciativa transitoria de gobierno.

Finalmente, estimamos que debe darse una interna congruencia plena en la política ministerial de la cartera de Trabajo y Seguridad Social, a fin de que la política pública actualmente en vigencia, conocida como ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA, se impulse ahora con mayor énfasis y mayor articulación institucional con sentido estratégico, pues es real que está destinada a servir como eje fundamental a fin de atenuar impactos tan negativos para la Democracia como el crecimiento de la desigualdad, del desempleo y de la informalidad.