Situación precaria de infraestructura y salud ocupacional en la aduana de Peñas Blancas

La Seccional ANEP-Ministerio de Hacienda realizó, el pasado 23 de octubre, una gira a la frontera norte de nuestro país, específicamente al puesto de aduanas ubicado en Peñas Blancas, donde pudo constatar las condiciones precarias de infraestructura y salud ocupacional en las que se deben de desempeñar los y las trabajadoras de este puesto aduanero.

Entre las principales falencias detectadas por la Seccional ANEP-Ministerio de Hacienda en el puesto aduanero de Peñas Blancas se encuentran:

• La estructura del Andén donde aparcan los furgones está muy dañada, incluso existe el temor de que se venga abajo en cualquier momento, ya que las bases de la misma presenta una serie de daños, que no han sido reparados por mucho tiempo, pese a las reiteradas denuncias.

• La caseta de control de la Aduana fue demolida, y están ocupando una caseta que pertenece al MAG, las condiciones de las mismas no son nada saludables, a la par hay un árbol grande donde se ve la caja de breaker, toda la parte eléctrica se nota muy mal, la ventana con forro de madera, archivos en pésimas condiciones.

• En el sector sur de la Aduana no existe aguja de control, los vehículos pueden huir sin que nadie los detenga. En la noche los oficiales de seguridad ponen un tarro con un pedazo de malla anaranjada para cerrar el paso, porque ni siquiera conos tienen. En el invierno el paso por las agujas sur y norte sufre de inundaciones, provocando que los usuarios que entran o salen del país deban de hacerlo sobre un río de agua porque no hay salida de aguas pluviales, o sea cunetas o alcantarillas.

• Condiciones de Salud Ocupacional. En las casetas de la aguja sur, existen problemas serios de estructura, los documentos del depósito están amontonados en una pequeñísima bodega, que a la vez es donde está el servicio sanitario sin uso por las condiciones que presenta, incluso, cualquiera puede sustraer documentos y nadie se da cuenta.

• Existe una plaga de lagartijas, que llena todos los escritorios y zonas de trabajo de excremento, provocando que los y las funcionarias trabajen en condiciones insalubres. Además que no cuentas con aire acondicionado, ni siquiera abanicos. Sumado al mal estado de los servicios sanitarios, que presentan condiciones insalubres.

• Los funcionarios que utilizan las habitaciones destacadas para ellos, no cuentan con abanicos, mucho menos aires acondicionados, cuentan con una sola lavadora para muchos funcionarios, en cambio la casa de la gerencia y subgerencia cuentan con buen aire acondicionado, con buenas lavadoras, y si el aire se les arruina inmediatamente lo reparan.

Ante esta situación, la Seccional ANEP-Ministerio de Hacienda emitió un informe dirigido al Ministro de Hacienda, Helio Fallas; al Director del Servicio Nacional de Aduanas, Rafael Bonilla; así como a la Directora Administrativa y Financiera del Ministerio de Hacienda, Dina Víquez, haciéndoles constar las condiciones precarias en que se encuentra dicho puesto aduanero y la necesidad de su inmediata intervención.

“En las anteriores administraciones del Ministerio de Hacienda, se han hecho denuncias sobre lo que sucede en las Aduanas, sin embargo las respuestas nunca han sido satisfactorias, ni nunca han resuelto la situación. Basta con indicar que en la parte de infraestructura, las inversiones millonarias en remodelaciones del Servicio Nacional de Aduanas quedan tan mal que, al poco tiempo están deterioradas por el mal trabajo realizado, y en realidad no se nota cuál ha sido la remodelación realizada. Por ello nos cuestionamos: ¿Cuál es la supervisión ejercida por el Departamento de Arquitectura?, si es que ha habido alguna; ¿Existe alguna garantía al respecto?”, manifestaron en la Seccional ANEP-Ministerio de Hacienda.

Incluso mencionaron que es importante recalcar, que la Administración Superior gasta excesivos viáticos en giras del Departamento de Arquitectura y sobre todo, de las cuadrillas de la Sección de Mantenimiento, y no se ven resultados de las reparaciones o de los mantenimientos preventivos o correctivos.

“Un ejemplo de algo que paso en Peñas Blancas es que fueron a reparar el tanque de agua potable y resulta que no llegaba agua a las tubería de la oficina, ni a las baterías sanitarias, y tuvieron que regresar a repararlo. Lo que pasó fue que taparon al revés el ingreso de agua, y por esto regresaron a arreglar lo que supuestamente ya habían corregido”, indicaron.

El informe presentado por la Seccional ANEP-Ministerio de Hacienda a los jerarcas de esa cartera pretende obtener respuestas claras, concretas, sobre qué es lo que realmente va a realizar esta administración para mejorar la infraestructura de las Aduanas, así como las condiciones de las habitaciones de las funcionarias y los funcionarios que pernoctan en la Aduana de Peñas Blancas.

Patria Justa presentó su agenda de trabajo

La coalición sindical Patria Justa presentó, este viernes 07 de noviembre en la sede del Museo del Jade, sus estrategias de cara a las mesas de dialogó con el Gobierno de la República, que representan un esfuerzo de articulación para la incidencia política de los sectores sociales.

La actividad contó con una muy buena afluencia de personas integrantes de los diversos sindicatos que integran Patria Justa, nos referimos a: ANEP, FIT-ICE, SINAES, SITRAPEQUIA y UPINS. Además, se espera que en los próximos días SINTRAJAP se una a esta coalición, lo que significaría un músculo más en la lucha por posicionar el sindicalismo costarricense.

Precisamente, en la actividad Ronaldo Blear, Secretario General de SINTRAJAP dirigió unas palabras a los presentes agradeciendo el apoyo brindado por Patria Justa durante la huelga en la lucha por la soberanía de los muelles en la zona atlántica de nuestro país, a la vez que afirmaba el interés de SINTRAJAP de unirse a la coalición sindical Patria Justa.

Patria Justa es el fruto de un proceso de varios meses, que se inició para rearticular las acciones de un grupo de organizaciones sindicales que trabajaron juntas en la elaboración de las “10 medidas para salvar la Caja”, las negociaciones de la Reforma Procesal Laboral y en la agenda que se le presentó al hoy Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, en su condición de Presidente electo, el 5 de mayo; agenda conocida como “Manos a la obra: Hacia una Costa Rica inclusiva y solidaria”.

Como resultado del trabajo conjunto, decidimos estrechar acciones que le permitieran al sindicalismo costarricense reposicionarse como sujeto sociopolítico con capacidad de incidir en la transformación de la sociedad, en aras de hacerla más justa, democrática e incluyente en las dimensiones: económica, ecológica, ambiental, política y sociocultural.

“Patria Justa” aspira a incidir en el nuevo escenario político nacional que se abrió como resultado de las elecciones de 2014 y buscamos sumar otros esfuerzos surgidos desde diversos espacios de la sociedad civil; los cuales promueven luchas que concuerdan con nuestra valoración de la coyuntura y nuestros propósitos de acción.

Urge responder unidos frente a la coyuntura

Preocupa que la Administración Solís Rivera esté evidenciando que no estaba preparada para asumir el aparato institucional y muestra señales de debilidad frente al bloque “anti derechos laborales”; a lo que se suma que no se ha ocupado de sus compromisos con la Caja, a la reforma tributaria, y otros temas país.

Reconocemos que hay un problema real de endeudamiento que se lleva la mayor parte del presupuesto, pero no se va a resolver quitando las anualidades, la dedicación exclusiva, otros pluses al conjunto de los trabajadores de los servicios públicos.

Está en curso una ofensiva de la derecha política y empresarial en contra de las anualidades, las horas extras y los pluses salariales; y, en general, contra los servicios públicos.

Esta situación pasa por varios tamices que obligan a un análisis puntual. La trampa de ellos es presentar a los empleados públicos como si todos fueran iguales. Hay que distinguir a los jerarcas del sector Público que ganan los salarios más altos (prácticamente similares a sus pares del sector Privado), vs. el resto de trabajadores que reciben remuneraciones medias y bajas.

La Administración Solís Rivera debe reorientar las pretendidas soluciones al déficit fiscal del foco de los recortes indiscriminados en la errónea dirección apuntada; porque ese enfoque, además de lesionar los derechos laborales, llevará a la paralización institucional del país en el mediano plazo.

La lógica neoliberal lo que plantea es la desaparición del sector Público y la coyuntura del presupuesto les cayó como anillo al dedo.

El enfoque que proponemos es el de centrar las acciones en la optimización de los recursos del sector Público atendiendo, por ejemplo, la inversión y la recaudación fiscal, así como la definición de nuevos parámetros para medir la gestión fiscal, energética, entre otros.

En lo concreto, proponemos el establecimiento de una mesa nacional para discutir el tema de la optimización de los recursos públicos, el tema de la eficiencia y la eficacia, el tema de rendición de cuentas.

Para nuestro agrupamiento gremial, el verdadero tema de la discusión es el modelo de desarrollo país, la verdadera razones del déficit fiscal, la verdadera discusión del tema tributario, la reducción de la desigualdad, el modelo energético, el fortalecimiento de los seguros solidarios del Estado, entre otros.

Estamos en contra de las medidas propuestas de recortes, sean con hacha o con bisturí, sin sentido y sin visión de país que no van a resolver el fondo de la problemática nacional, sino que va a empeorar las cosas.

Queremos una discusión de eficacia, eficiencia, optimización de los recursos, gestión e inversión, papel de los jerarcas, en fin una discusión estructural.

Contenidos de la agenda “Patria Justa”

1- Corrupción.
2- Soberanía energética.
3- Estabilidad y derechos laborales en el empleo público.
4- Defensa de la Seguridad Social: Caja (CCSS) y Riesgos del Trabajo.
5- Reforma Procesal Laboral
6- Transformación tributaria estructural
7- Internacionalización de la economía y amenazas contra los derechos laborales derechos laborales.

Usted puede descargar la agenda completa y detallada de Patria Justa en el contenido relacionado que aparece al final de esta nota.

Encuentro de dirigentes sindicales municipales de ANEP

Este viernes 31 de octubre representaciones sindicales de las más de 50 municipalidades donde ANEP tiene presencia se reunieron en un gran Encuentro Sindical Municipal.

La idea es poder compartir con la mayor cantidad de líderes y lideresas de base temas importantes para dirección política del sindicato, como el Tratado Internacional de Servicios Públicos, conocido como TISA, el tema de la ley de transferencias municipales o temas relacionados con la oferta sindical, como los cambios positivos en el seguro colectivo de vida que ofrece el INS a la afiliación de la ANEP.

Uno de los temas más importantes tratados en el encuentro fue la exposición de la compañera Rosa Rivera, asesora legal de la ANEP y ex lideresa sindical en la municipalidad de Garabito, sobre la ley de transferencias municipales y como la aplicación de la misma viene a afectar el trabajo en los Gobiernos Locales.

Para ANEP es muy importante continuar con estos encuentros sectoriales, ya que las y los dirigentes de base aprovechan para realizar mesas de trabajo para coordinar acciones, poner en común problemáticas y sus respectivas soluciones. Crear estos canales de comunicación y de trabajo es fundamental para encausar la lucha en el área municipal, donde viven tantos problemas los trabajadores y trabajadoras.

Más de 16 mil trabajadores de la CCSS deben superar el interinazgo

Señores y señoras
Honorable Junta Directiva

Honorable señora
Dra. María del Rocío Sáenz Madrigal
Presidenta Ejecutiva

CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (CCSS)

Estimadas señoras y estimados señores:

Con todo respeto, dejamos constancia expresa de nuestra mayor consideración para vuestras dignas autoridades.

Las organizaciones sindicales que nos honramos en representar y firmar la presente, enlazadas estratégicamente en el marco de la coalición socio-sindical “PATRIA JUSTA”; y, en consideración a la información recabada sobre la existencia de 16.500 (dieciséis mil quinientas) personas trabajadoras asalariadas funcionarias de la institución, quienes se encuentran en condición de interinato; les formulamos vehemente exhortación oficial por esta vía para que, con suma urgencia, se proceda a corregir esta injusta situación de inestabilidad laboral.

Según tenemos entendido, estas 16.500 personas funcionarias asalariadas de la Caja en su condición de interinas, tienen un promedio de ocho años de antigüedad laboral, ocupando códigos presupuestarios en tal condición de interinas; debido a la falta de políticas de empleo claras y posiblemente heredadas de la administración anterior (y/o de gestiones gubernativas trasanteriores), situación que les coloca en una condición de vulnerabilidad y de inestabilidad laboral, la cual debe corregirse con urgencia.

Fuentes oficiales confiables nos han indicado que como producto de la puesta en funcionamiento de un manual que reglamenta cómo deben efectuarse los nombramientos en propiedad en la institución, lejos de ayudar a resolver la problemática, ha permitido el crecimiento acelerado de funcionarios que no pueden tener estabilidad en sus empleos y que desde luego, se trata de mano de obra muy calificada y necesaria que viene trabajando años de manera interina en la institución.

Hablamos de, aproximadamente, 3800 médicos, 3200 enfermeras profesionales y 2500 auxiliares de enfermería; así como 9000 personas funcionarias que vienen prestando servicios en áreas como registros médicos y estadísticos, de apoyo en oficina, secretarial, aseo, vigilancia, misceláneos, entre otros.

Adicionalmente, las oficinas de recursos humanos no cuentan con suficiente capital humano para hacer frente a la dinámica concursal y, en algunas zonas del país es unipersonal. Esto significa que una sola persona debe realizar todas las tareas derivadas de las relaciones de trabajo de todos los funcionarios que laboran para determinadas unidades.

Es necesario urgir a esa honorable junta directiva institucional para que resuelva, cuanto antes, esta lamentable situación, estableciendo los mecanismos necesarios de planeación y ejecución para que sea garantizada la estabilidad laboral de tantos trabajadores y de tantas trabajadoras, quienes a diario se encuentran ofreciendo sus servicios para la Caja Costarricense del Seguro Social(CCSS).

Evidentemente, hablamos de personas trabajadoras a las cuales se les tiene en una situación de inseguridad jurídica laboralmente hablando; ocasionando con ello atrasos salariales y penurias familiares como consecuencia de la falta de atención al problema y de una poca considerada acción en relación a las políticas laborales que derivan de la junta directiva institucional.

Exigimos, con respeto pero con vehemencia, que a la mayor brevedad se defina políticas claras y efectivas que vengan a resolver de manera definitiva este penoso problema de un importante segmento laboral de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS); solicitándoles, a la vez, que se nos reciba lo más rápidamente posible para comprender la naturaleza de los desafíos que esta situación está generando, amén de poder aportar en la solución del problema y, con base en la legitimidad que nos asiste para proteger los intereses socioeconómicos y reivindicativo gremiales de muchas de esas personas trabajadoras interinas de la Caja que han depositado su confianza en nuestras organizaciones.

Al acudir a ustedes, invocamos el artículo 27 Constitucional y el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, no sin antes agradecerles por anticipado su valiosa atención.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Giovanny Ramírez Guerrero
Directivo Nacional ANEP

Harold Chinchilla Castro
Secretario General SINAE

Lenín Hernández Navas
Secretario General Adjunto SINAE

Comisión de Interinos de la ANEP presentó propuesta al Gobierno

La Comisión de Interinos de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), efectuó su tercera asamblea, con una buena participación de trabajadores en condición de interinos, donde dieron a conocer la propuesta presentada al Gobierno de la República para tratar de buscar una solución para estos trabajadores.

La presentación de la propuesta y la realización de la tercera Asamblea se llevó a cabo en la conferencia Auditorio de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR) y según comentó William Arias, Coordinador de la Comisión de Interinos de la ANEP, la idea es tomar medidas de presión para efectuar los nombramientos de trabajadores de interinos e interinas del país.

“El panorama es complicado porque ya se está venciendo la prorroga que habían otorgado para no abrir las ternas, la idea es tomar medidas de presión para ver si se puede ampliar esa prórroga ya sea seis meses o un año”, dijo Arias.
El Coordinador de Interinos de la ANEP detalló, que la propuesta es pasar a todos los interinos en propiedad o bien buscar la manera jurídica para que estos trabajadores puedan ser miembros en propiedad.

Precisamente dicha propuesta se basa en tres puntos, el primero de estos consiste en Un Decreto Ejecutivo de nombramientos de todos los interinos con las condiciones de idoneidad académica. El segundo, que la Dirección del Servicio Civil se aboque a efectuar los exámenes pertinentes a los interinos que así lo requieran. Mientras el tercer punto busca una extensión de la Prorroga DG 508-2014 por un periodo de seis meses a un año mínimo, debido al incumplimiento del punto 1 y 2 de la misma.

Actualmente la Comisión de Interinos de la ANEP está integrada por un aproximado de 367 trabajadores interinos pertenecientes a diversas instituciones del Gobierno.

Si usted es un trabajador interino y desea unirse a la Comisión de la ANEP puede comunicarse con William Arias al número telefónico 856722627 o bien a las oficinas centrales de la ANEP, ubicadas en Calle 20 Norte, 350 metros norte del Hospital Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera, frente a Coopeservidores.

Puede descargar la propuesta de forma completa en el enlace siguiente.

Recursos, planificación, modernización… Métodos para combatir la criminalidad

Nosotros conocemos y entendemos la dinámica policial, comprendemos su entorno y a partir de esto, hacemos nuestro análisis de la criminalidad que tiene hoy “sumergido” a nuestro país en una incidencia delictiva que está cobrando vidas humanas con un promedio de dos decesos por día, se presume esto es producto de la actividad del narcotráfico y las “guerras” entre pandillas o grupos dedicados a esta actividad que disputan territorio, sin embargo, lamentablemente inclusive se vieron afectadas personas inocentes, que no tienen ninguna relación con grupos delictivos.

Por el incremento de la actividad delictiva, nos parece oportuno analizar desde todas las aristas posibles este “fenómeno”, por ejemplo; Nosotros hemos señalado, sobre las condiciones desventajosas en que trabajan nuestras y nuestros compañeros de la Fuerza Pública.

Es claro que el aumento en las actividades del crimen organizado, está implícito el incremento en los decomisos de drogas, esto por cuanto es evidente que nuestro territorio dejo de ser zona de “transito” para convertirse en zona de almacenaje, y con esto se asocia de manera directa la criminalidad actual.

La situación del momento, y la naturaleza policial deben ser observarse y ejecutarse con seriedad, nunca nos pareció razonable que nuestros policías fueran enviados a “vender copos” por citar un ejemplo, pero podríamos señalar otras situaciones que se dejaron de hacer o se hicieron mal, y hoy se está recogiendo la “cosecha”, por eso decíamos que la anterior administración, estaba trabajando a base de “mercadeo de imagen” y eso policialmente no es suficiente, ¿Por qué no se tenían identificados esos grupos delictivos? ¿Cómo se fueron formando? Vemos como en Limón ya no fue suficiente con anunciar la “toma” de la provincia, ¿nos volvimos previsibles?. Es tiempo de cambiar modelos…

Se deben evaluar los programas de prevención y contención, recordemos que la tarea principal de la Fuerza Pública, es prevenir la comisión de actos delictivos, y en esto debemos señalar, se necesita de estrategias operativas que no sean fácilmente identificables por la delincuencia, que igual monitorea las actividades policiales.

Es imperativo, permitir la contratación de nuevas plazas policiales, por cuanto conocemos en promedio mensualmente sesenta funcionarios dejan sus puestos por diferentes razones, claro es preciso mejorar los filtros y los procesos de selección que minimicen el riesgo de que un funcionario a escasos dos años de servicio, este inmenso en actos de corrupción.

Hoy la realidad nacional nos dicta es preciso planificar sobre cómo se mueve la criminalidad, y sobre cómo podemos dotar de adecuada capacitación a nuestros policías, para ejercer un verdadero combate a la actividad delictiva.

Esto conlleva la necesidad de modernizar y adecuar al momento histórico la malla curricular de la Escuela Nacional de Policía.

También es necesario “aterrizar” con la implementación del manual de clases policiales que se anunció desde finales del 2013, y buscar la fórmula para que este beneficie a la mayoría posible, esta expectativa, está generando desazón, incertidumbre, desánimo y desvía la atención de las y los funcionarios, que esperan obtener un salario mejor, acorde a los riesgos que se viven cotidianamente.

Por eso una vez más señalamos, no se debe recortar presupuesto en Seguridad Ciudadana, en eso estamos de acuerdo con el señor Ministro, y confiamos en que ejecute pronto los cambios que en materia de planificación y dirección el país requiere en materia de seguridad, que establezca mejores mecanismos de control interno y rendición de cuentas, para garantizar el buen uso de los recursos, apoyamos el presupuesto de seguridad ciudadana, porque están en juego la Seguridad y la Paz Social.

En estos tiempos, ninguna “diferencia” político-ideológica, debe estar sobre el interés general y el bien común.

Pago de horas extra a oficiales de la Fuerza Pública es un logro de la ANEP

Tras el anuncio realizado por el Ministerio de Seguridad Pública, sobre el Reglamento para el pago de horas extra a los funcionarios de la Fuerza Pública, publicado en la Gaceta N° 199 del 16 de octubre del año en curso, exponemos lo siguiente:

Este reglamento para el reconocimiento de horas extra, nace producto de un recurso de amparo interpuesto por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), el cual fue declarado con lugar mediante la resolución 13023-2012 de la Sala Constitucional, en dicha resolución la Sala Constitucional establece que la disponibilidad y el tiempo extraordinario son dos figuras jurídicas distintas. La disponibilidad es un rubro que obliga al funcionario a estar expectante en caso de ser requerido por el patrono en su tiempo libre o de descanso, en casos de emergencia, pero si este debe laborar, tendrá derecho de cobrar ese tiempo como extraordinario.

La Fuerza Pública, en la actualidad labora una jornada de doce horas, amparada la administración en que se manifestó por parte de la Procuraduría General de la Republica, sobre la posibilidad de que el policía labore hasta un máximo de doce horas, nunca se dijo que ese hasta doce horas, fuera de forma “ordinaria”, esta es la jornada máxima permitida en el Código de Trabajo en su artículo 140.

Nosotros en ANEP, hemos detectado que en la acción de personal como parte del contrato, la jornada por la que se estaría pagando a los policías de la Fuerza Pública, es de ocho horas diarias, (a pesar de trabajar doce) así lo hemos comprobado a la hora de identificar que el precio por hora del funcionario “raso” es de ¢1.167.91 que al multiplicar por 8 horas y luego por 30 días, en razón del salario mensual, el monto total es del salario base de un agente uno, “rasó”.

Sobre el reglamento en sí, encontramos abusos por parte de la administración, en algunos de sus artículos, donde pareciera se modifica tácitamente lo establecido en el código de trabajo, e inclusive nos parece se desobedece lo señalado en la resolución de la Sala Constitucional, que pasamos a citar:

“Por resolución 13023-2012 de las once horas y treinta minutos del catorce de setiembre de dos mil doce, la Sala Constitucional señaló que la disponibilidad no resultaba incompatible con el pago de horas extraordinarias, por lo que el pago de horas extraordinarias resulta procedente, si durante la disponibilidad el funcionario ha realizado labores efectivas”.

No entendemos bajo qué criterios determinan que la jornada extraordinaria, sumada la ordinaria no podrá sobrepasar de las quince horas, cuando el código de trabajo claramente señala el tiempo máximo en doce horas, pero además establece un tiempo máximo, en una función policial que muchas veces por situaciones de emergencia, se ve obligada a superar ese tiempo, ¿qué sucede entonces?.

Sin embargo, celebramos que gracias a una de nuestras acciones en favor de las y los trabajadores de las policías se inicie con este reglamento, que procuraremos sea mejorado conforme a lo señalado por la sala constitucional en la sentencia N° 13023-2012 y la normativa que nos regula en esta materia.

Razones por las cuales nos oponemos al recorte presupuestario

Honorables señores y señoras
Diputados y diputadas
ASAMBLEA LEGISLATIVA

Nos apersonamos ante esta sede parlamentaria con motivo de la discusión legislativa acerca del trámite de ley de lo que será el presupuesto “general de la República” para el ejercicio fiscal 2015; con la motivación básica de dejar constancia de la más rotunda oposición de nuestra parte, por la serie de recortes presupuestarios que en el seno de la Comisión de Asuntos Hacendarios de esta Asamblea Legislativa, por mayoría de sus integrantes, se han aplicado a dicho proyecto presupuestario; decisiones que adversamos y que de seguido, en términos muy generales, fundamentamos en las siguientes consideraciones.

Antes de ello, deben saber sus dignas autoridades legislativas que quienes nos apersonamos hoy aquí, en manifestación, procedemos de varios sectores institucionales de diversos ministerios del Estado, de sus programas estructurales, así como de entidades adscritas a los mismos; de representantes de diversos servicios a cargo del Poder Judicial; de organizaciones sindicales de representación en otros entes del aparato del Estado, en especial las integrantes de “PATRIA JUSTA”; de ciudadanos y de ciudadanas de sensibilidad patriótica procedentes una variedad de pertenencias organizativas, quienes abrigan gran preocupación e intensa indignidad por la situación en comentario.

Tenemos la convicción central y fundamental de que tales recortes expresan, en términos generales, irresponsabilidad y carecen de sopesada reflexión y análisis objetivo sobre sus eventuales y directos impactos. Además, se imponen bajo una estrategia de “shock”, típica de los ajustes estructurales “fondomonetaristas” de la década de los años ochenta del siglo pasado.

A la vez, esconden tenebrosos intereses en contra del pueblo costarricense; específicamente, eliminar toda forma de intervención del Estado a favor de las grandes mayorías, evitando que se pueda recuperar su rol social equilibrador. Se trata, en el fondo y en consecuencia, de abrir espacio sin límites a los negocios privados con los servicios públicos.

Nuestra conclusión central es que tales recortes, en términos generales, al presupuesto de los ministerios para el 2015, muestran cuatro características esenciales.

PRIMERO: Agravan la afectación a diversos servicios públicos que se prestan desde los ministerios y sus programas y entidades adscritas; servicios que ya de por sí venían sufriendo grave deterioro y precariedad producto de restricciones presupuestarias severas en años anteriores.

SEGUNDO: Tales servicios están destinados a atender necesidades básicas de grupos de costarricenses muy desfavorecidos, económica y socialmente hablando. Los recortes, por tanto, profundizarán la dolorosa y peligrosa desigualdad en nuestro país.

TERCERO: En términos generales, estos servicios públicos son prestados por personas trabajadoras asalariadas del sector público central, cuyos regímenes salariales están en los niveles bajo y medio, así que no se ostentan lo que denominan algunos como “salarios de lujo”.

CUARTO: Por más recortes que se apliquen, incluso llegando a cierres técnicos ministeriales (como el caso de Cultura), no resolverán el grave problema del déficit. Al contrario, esos recortes, si se consolidan, agravarán más la situación social del país y de sus sectores más golpeados por el proceso concentrador de riqueza.

En consecuencia, desde nuestra perspectiva sociosindical y cívico-patriótica, lo que se impone es una TRANSFORMACIÓN TRIBUTARIA ESTRUCTURAL, para lo cual desde hace bastante tiempo nos venimos preparando, enfrentando el desafío de proponer alternativas a la “terapia tipo shock fondomonetarista” en esto del control del déficit fiscal que, reconocemos, es un asunto de enorme gravedad.

Tal alternativa está expresada en nuestra propuesta “HACIA UNA REFORMA FISCAL PARA EL DESARROLLO Y LA REACTIVACIÓN DEL EMPLEO”; con la esperanza de que sea mediante el diálogo, la negociación transparente y efectiva, la generación de acuerdos y su cumplimiento verificable, la más idónea y prudente vía para salir del atolladero en que, como sociedad, nos encontramos en esto del déficit. Sin embargo, si en esto del déficit se sigue pensando que está cerca “el fin de los tiempos”, proponemos que trabajemos un proyecto de CONTINGENCIA FISCAL, con contenido progresivo y mientras llega una solución fiscal-tributaria integral, emulando lo que se tramitó en la gestión parlamentaria 2002-2006.

Lamentamos que tenga demasiado ruido una especie de “gritería histérica” en relación a los probables porcentajes de déficit fiscal en el presupuesto “general de la República” para el 2015; desarrollándose una malsana campaña de ataque al empleo público, generalizándose el mismo ante la ciudadanía para que ésta no pueda aquilatar y justipreciar, en igual dimensión y proporción, una serie de aspectos inherentes al asunto del déficit fiscal que deberían considerarse, más allá del tema de las remuneraciones salariales de quienes laboran para el sector Público. Veamos:

LA DEUDA DEL PAÍS. En el presupuesto en trámite, se contempla 1 billón, 700 mil millones de colones (1.700.000.000.000.00), para compromisos de deuda del país, en el 2015. ¿A quién le debemos?; ¿cuánto en total? ¿Quién gana con el pago de intereses? ¿Cuál ha sido la trayectoria del endeudamiento en las últimas administraciones gubernativas? ¿Con cuánto nos endeudamos en cada uno de esos gobiernos?… Solamente este pago de deuda para el 2015, es casi un 6 % de Producto Interno Bruto (PIB). Entonces, el déficit es por la deuda; no por los salarios, ni por la inversión para la operatividad de los ministerios.

EXENCIONES Y EXONERACIONES. La propia Contraloría General de la República (CGR), las ha cuantificado en un 5.8 % de PIB. Es decir, prácticamente, otro 6 % de PIB: 1.740.000.000.000.00 colones.

EVASIÓN TRIBUTARIA Y ELUSIÓN FISCAL. El propio Ministerio de Hacienda las calcula en un 7.75 % de PIB. Es decir, prácticamente, un 8 % de PIB. Casi 2.400.000.000.000.00 (¡Dos billones cuatrocientos mil millones de colones!).

FICIT FISCAL. Ante la “gritería histérica” de que el “apocalipsis fiscal” está cerca dado que en el 2015, el déficit estará en un 6 – 7 de PIB, ¿por qué no definir con cuánta cifra podemos vivir y con cuánta cifra no? Así determinaríamos abordajes racionales y objetivos para manejarlo.

LOS RESPONSABLES DELFICIT. Es igualmente imperioso (como en lo de la deuda), determinar la responsabilidad de los gobiernos inmediatamente anteriores al actual, en la generación del déficit que alimenta la actual “histérica gritería” por su “elevada” cifra. Pareciera que “no se pueden tirar piedras teniendo techo de vidrio”. ¡No sacrifiquen al pueblo por este asunto del déficit, motivados por trifulcas politiqueras inter-partidos o intra-partidos!

PRESUPUESTOGENERAL DE LA REPÚBLICA”. Se puede establecer otra contabilidad de las finanzas estructurales del Estado, considerando la totalidad del aparato que lo compone. Los especialistas admiten que en este parlamento solamente se debate acerca del 40 % de la estructura financiera global-integral del Estado. El otro 60 % pasa por otro lado, específicamente, por la Contraloría General de la República (CGR). Por eso es que ponemos entre comillas, la frase “general de la República”.

EMPLEOBLICO. En lo que respecta a la corriente sindical que representamos, básicamente conformada en la coalición sindical “PATRIA JUSTA”, hemos propuesto al Gobierno una serie de planteamientos al respecto. Deben los sectores líderes de la cruzada fundamentalista contra el empleo público, tanto los que se ven como los que están ocultos, definir qué es lo que quieren en materia de empleo público, toda vez que con las generalizaciones abusivas y la satanización indiscriminada que están ejecutando, solamente atizarán la hoguera de la confrontación social abierta.

Finalmente, tengan presente lo siguiente:

RECORTES: QUIEBRA DE EMPRESAS Y DESEMPLEO. Los recortes aprobados en comisión, de materializarse, afectarán a muchas micro, pequeñas y medianas empresas que tienen en el sistema de compras del Estado, su razón fundamental para existir. No puede negarse, por fundamentalismos extremistas en esto del déficit fiscal, que no pocos empleos asalariados del sector privado, precisamente dependen de esta parte del sector público, para el sostenimiento de cientos y cientos de familias. Los recortes aprobados en comisión generarán quiebras de empresas y, por tanto, incrementarán el flagelo del desempleo; amén de una serie de demandas por rompimiento contractual unilateral en materia de alquileres, de servicios de limpieza, de vigilancia y otros.

RECORTES: SUS AFECTADOSPAGAN IMPUESTOS. Las personas trabajadoras, asalariadas o no asalariadas, que están ligadas a cada uno de los recortes presupuestarios que se están imponiendo, pagan, puntualmente, los dos impuestos fundamentales del sistema tributario costarricense; por cierto que ambos, en situación de alta regresividad que los hace totalmente injustos. El de renta, si corresponde, es rebajado de planilla. El de ventas, al momento mismo de la compra.

RECORTES: DÉFICIT SEGUIRÁ-MÁS CONFLICTO SOCIAL. Estos recortes, por más drásticos que sean, no resolverán el problema del déficit fiscal. Por el contrario, potenciarán más el conflicto social. Por un lado, a lo interno de los ministerios por la inestabilidad laboral y salarial en perspectiva (eliminación de partidas para anualidades, dedicación exclusiva y otras; rebajas salariales no descartables, cero recursos, ambiente laboral precarizado en grado sumo, etc.). Por otro, las demandas de la población receptora de muchos de esos servicios públicos ministeriales, que los recibirán en condiciones más deterioradas, auguran una mayor conflictividad usuario-laboral.

RECORTES: MÁS DESIGUALDAD. Los recortes aprobados y eventualmente por consolidarse, incrementarán el pernicioso tránsito que lleva este país por los injustos caminos de la desigualdad creciente y sistemática, fortaleciendo su contracara: la concentración abusiva de la riqueza.

Por tanto, exhortamos con gran vehemencia, que con ocasión de la fase próxima de la tramitación parlamentaria del presupuesto “general de la República”, en el propio plenario legislativo, sean revertidos todos y cada de los recortes irreflexivamente aprobados, con una gran carga ideológica y con un contenido de campaña infame contra el empleo público.

A la vez, debe propiciarse un gran diálogo nacional para tratar este grave problema, “a la costarricense”, vía diálogo, entre los principales actores políticos, sociales, productivos y del Gobierno, en el marco de reformar el vetusto sistema tributario costarricense, de alto contenido regresivo; correcciones estratégicas que han sido “pedidas” al país, por organismos financieros internacionales, como el propio Fondo Monetario Internacional (FMI), pese a su nefasto expediente histórico al respecto de ajustes estructurales tipo “shock”; así como el mismo Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Expresamos nuestro sincero reconocimiento a los señores diputados y a las señoras diputadas que desde diversas fracciones parlamentarias representadas en la actual Asamblea Legislativa, han estado adversando estos recortes presupuestarios “aventureros”. En lo especial, destacamos a la totalidad de la bancada diputadil del Partido Frente Amplio; así como a varios legisladores de los partidos PAC y PUSC.

Respetuosamente,

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOSBLICOS Y PRIVADOS (ANEP)
Con el respaldo de la coalición sindical “PATRIA JUSTA” (FIT-ICE, SINAE, SITRAPEQUIA y UPINS).

Sobre el uso de equipo policial por parte del departamento de prensa del MSP

La situación que se planteó sobre el uso de la Jacket que le fue entregada a la periodista del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), Joselyn Alfaro, no tiene nada que ver con una “persecución” contra la señorita Alfaro, tal y como lo afirmó el encargado de prensa del MSP, Calos Hidalgo Flores, en un medio de comunicación; mucho menos tiene relación con su paso por un medio televisivo, respetamos esa faceta de la señorita Alfaro.

Parte de nuestro trabajo sindical es velar por el buen uso de los recursos públicos y los bienes del Estado y que por eso hemos insistido una y otra vez sobre los manejos que se hacen de los mismos en la Fuerza Pública, así como el irrespeto a las normas jurídicas previamente establecidas. Situaciones que incluso han sido señaladas por la propia Auditoría Interna del Ministerio de Seguridad Pública.

Respecto a la aclaración a la opinión pública, firmada por el señor Hidalgo Flores, indicamos:

Ya que cita usted el artículo 69 del Código de Trabajo, le aclaramos que estamos de acuerdo en que les suministren equipo a todas los y las compañeras que laboran en la oficina a su cargo, eso es un derecho y lo tenemos claro, lo que no se comparte es que sea de equipo policial.

Si bien el departamento de prensa, se presenta a cubrir algunas situaciones relevantes, lo hacen después de atendido y controlado el evento, no es cierto que deban o puedan estar en operativos con la Fuerza Pública, entonces toda la prensa podría estar sin restricción. (No olvide que tengo experiencia policial).

Como usted menciona el Código de Trabajo, procedo a citar lo que al efecto establece el Código Penal, Titulo XIII artículo 317 bis: 1) Sera sancionado con pena de prisión de seis meses a un año, quien sin ser autoridad policial, utilice uniformes, prendas o insignias de cualquiera de los cuerpos de policía del país, del cuerpo de Bomberos, de la Cruz Roja o del Ministerio Público.

Además de lo anterior, es importante aclarar, que nuestra intervención se motiva en múltiples quejas, por parte de compañeras y compañeros policías, afiliados a nuestra organización.; que carecen de este y de otros equipos. Por ejemplo, muchos deben laborar seis días con un solo uniforme, y que lastima que no se aplique correctamente en esos casos el artículo 69 inciso d) del Código de Trabajo, que cita su persona.

Sindicato del Poder Judicial y de Criminalística del OIJ se unen a la marcha del 20 de octubre

A continuación compartimos la convocatoria realizada por ambas organizaciones, para que las trabajadoras y los trabajadores del Poder Judicial, se unan a la marcha contra el recorte presupuestario:

Sitrajud y ANIC, en su constante lucha por condiciones dignas para la clase trabajadora del Poder Judicial, se declaran en contra de las políticas regresivas que platea el gobierno para resolver el problema fiscal que atraviesa el país.

Los responsables del déficit fiscal no somos quienes laboramos en el sector público y exigimos que sean los verdaderos responsables quienes asuman la carga.

Nos oponemos firmemente que el Gobierno pretenda resolver el problema fiscal sometiendo a mayores sacrificios a la clase trabajadora y nos solidarizamos con la lucha que da el sector público del país por condiciones dignas de trabajo.

Por estas razones convocamos a la población judicial a que se nos una a la manifestación sindical del día lunes 20 de octubre, a las 10:00 a.m., del Parque Central a la Asamblea Legislativa.

Para la ANEP es un verdadero orgullo que ambas organizaciones nos acompañen en la lucha contra la malintencionada campaña que ciertos sectores del país han direccionado contra el empleado público.