Categoría: Acción Sindical

Denunciamos ante la Fiscalía pérdida de 200 cajas de aceite en Guardacostas

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La representación de la Fuerza Pública en la Asociación Nacional de Empleados Públicos (Anep), encabezada por Mainor Anchía, denunció ante el Ministerio Público la pérdida de 200 cajas de aceite propiedad del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG), ocurrida aparentemente en el pasado mes de marzo.

En una publicación del 12 de octubre, crhoy.com informó que el auditor interno del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) le envió una carta de advertencia al jerarca de esa cartera, Celso Gamboa, y señaló la ausencia de una denuncia formal por este caso. La desaparición de las cajas de aceite se constató en junio durante una visita de esa dependencia.

“Según el documento en nuestras manos, el responsable de esa estación de guardacostas, el comisionado Miguel Madrigal López, desistió de interponer la denuncia ante el ente judicial. Porque según él, lo factible era una investigación a lo interno y no una denuncia. Por ello, le estamos solicitando a la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) que investigue, en razón de que estaríamos ante un posible incumplimiento de deberes”, indicó Anchía.

La nota de advertencia a la que este medio tuvo acceso señaló que “a criterio de esta auditoría general, resulta improcedente la actuación desplegada por el comisionado Miguel Madrigal, en su decisión particular de no accionar las instancias formales de investigación, en la instancia judicial respectiva”.

El comisionado dio a entender en su momento que el extravío no fue un asunto aislado, sino que pertenece a una red organizada, por lo que decidió mantener la investigación bajo discrecionalidad y no elevar el caso a instancias judiciales, con el fin de que los involucrados no queden impunes.

“Podríamos estar ante un incumplimiento de deberes, además estaríamos ante una falta a la probidad y la transparencia. Nos parece que conocer la pérdida de activos del Estado afecta el erario público y el jerarca de la dependencia debió inmediatamente informar a las autoridades judiciales, para que estos investigarán y determinarán si fue una sustracción interna o de algún grupo organizado”, mencionó Anchía.

En el documento de auditoría, se menciona también que el director general SNG, Martín Arias, estaba informado de la situación. Al ser consultado en octubre, el ministro Gamboa señaló que desconocía la nota y explicó que existen temas de los cuales no se encarga directamente.

La investigación se sigue en el expediente 14-000711-619-PE. Mientras, la carta de auditoría corresponde al oficio AGSP-EE-01-1094-2014.

Fuerza Pública pretende negar licencia a líder sindical

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Lunes 1 de diciembre de 2014.

Honorable señor Lic. Víctor Morales Mora, Ministro
Honorable señor Lic. Harold Villegas Román, Viceministro del Área Laboral
Honorable señor Lic. Eugenio Solano Calderón, Director de Asuntos Laborales
Honorable señora Licda. Leda Villalobos Villalobos, Jefa del Departamento de Relaciones de Trabajo
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (MTSS)

Estimados señores y estimada señora: Respetuosos saludos. Oficialmente y por esta vía, así habilitada la misma por disposiciones de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (Sala IV), como opción legítima para interpelar a la Administración; invocamos las disposiciones legales que son en concernirle a la cartera ministerial de Trabajo y Seguridad Social (MTSS); para que ejerciendo su rol jurídico de “amigable componedor” de las relaciones obrero-patronales, proceda a convocar a audiencia conciliatoria, en el caso que de seguido exponemos, a:

1) Don Celso Gamboa Sánchez, en su condición de Ministro de Seguridad Pública. Dirección electrónica: cgamboa@seguridadpublica.go.cr

2) Don Juan José Andrade Morales, en su condición de Director General de la Fuerza Pública. Dirección electrónica: jandrade@fuerzapublica.go.cr Tambien: direcciongeneral@fuerzapublica.go.cr

3) Don Heiner Villalobos Esteller, en su calidad de Director de Asesoría Jurídica del Ministerio de Seguridad Pública. Dirección electrónica: jvillalobos@seguridadpublica.go.cr

Tema a tratar: Comisión de Prácticas Laborales Desleales en contra de la ANEP, al negarle Licencia Sindical Sin Goce Salarial, peticionada a favor del oficial de la Fuerza Pública, don Máinor Anchía Angulo, Directivo Nacional de la ANEP, Presidente de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Fuerza Pública, Responsable de los asuntos sociolaborales de la ANEP para el personal de la Fuerza Pública, y Coordinador de la Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO) de la ANEP. Todas estas tarea sindicales para la ANEP requieren de tiempo completo del indicado dirigente nacional de esta agrupación.

El señor Comisario Juan José Andrade Morales, Director General de la Fuerza Pública, se opone a la prórroga de la actual licencia sindical de que goza nuestro dirigente Anchía Angulo, según su oficio No. 4708-2014 DGFP, fechado 13 de noviembre de 2014; prórroga que fuera solicitada en las mismas condiciones que la licencia original. Oposición que la ANEP interpreta como una reacción antisindical en contra de la propia organización y su máximo dirigente en el seno de la Fuerza Pública, don Máinor Anchía Angulo, toda vez la cadena de denuncias que él, con el respaldo total de la agrupación y en su nombre, ha venido formulando ante la opinión pública y algunas ante la propia Fiscalía General de la República, de diversas irregularidades y de presunta corrupción en el seno de la institucionalidad de la Fuerza Pública, situación ésta que tiene sumamente molesto al señor Andrade Morales.

Lo más grave del asunto es que según comunicación escrita dirigida a la Secretaría General de la ANEP (oficio DMCG-2231-2014, fechado 20 de noviembre de 2014), el propio y máximo jerarca ministerial de dicha cartera, el señor Celso Gamboa Sánchez, está avalando el proceder antisindical del señor Andrade Morales.

Por tanto y dada la proximidad del vencimiento de la actual licencia que posibilita la acción sindical plena y apegada al Derecho que ha venido ejerciendo nuestro Directivo Nacional, don Máinor Anchía Angulo, la ANEP solicita a las honorables y máximas autoridades políticas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), la más urgente intervención según lo explicado en esta comunicación; explicación que será ampliamente enriquecida durante el desarrollo de la audiencia conciliatoria aquí oficial y válidamente solicitada.

Además, con la misma urgencia y como segundo punto de esta audiencia conciliatoria, la ANEP desea que se analice el caso de la licencia sindical, con goce salarial, para las reuniones periódicas de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Fuerza Pública; organismo sindical que no ha podido juntarse a deliberar y realizar su quehacer legal-constitucional en el marco de la Libertad Sindical, por restricciones institucionales en el seno de la Fuerza Pública, contaminadas de esa conducta de Prácticas Laborales Desleales.

De manera anticipada agradecemos la intervención apuntada.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Presidente CSJMP

Coalición europea solicita a Solís levantar veto a la RPL

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Para:
Presidente Luis Guillermo Solís Rivera
República de Costa Rica

Ref.: Proyecto legislativo Reforma Procesal Laboral

Estimado Señor Presidente Solís :

Por este medio les hacemos llegar un saludo respetuoso en nombre de Euroban. Nos dirigimos a usted para exponer nuestra posición sobre la Reforma Procesal Laboral en su país.

Es de todos conocido que este proyecto legislativo, visto como el más importante en materia laboral desde 1943, fue aprobado por 40 diputados de 44 presentes, el 13 de setiembre del 2012, incluyendo los votos de todos los diputados del gobernante Partido Liberación Nacional (PLN).

Apenas un mes después, su predecesora, señora Laura Chinchilla, vetó parcialmente la aprobación de la reforma. A juicio de muchos sindicalistas, observadores y legisladores – compartimos su juicio – la expresidenta sucumbió a las presiones de influyentes grupos empresariales que alegaban que sería una ley desastrosa porque promovería huelgas en los servicios públicos. Para estos casos la OIT ha definido reglas que garantizan el funcionamiento suficiente de los servicios esenciales, por ello la prohibición total de huelgas en este sector no es imprescindible.

Lamentablemente, el veto ha sacudido la credibilidad del Gobierno costarricense a nivel internacional. Porque la misma expresidenta Chinchilla había empeñado en junio 2012 su palabra ante el entonces director general de la OIT, señor Juan Samovía, que la reforma iba a entrar en vigor. Su promesa estaba vinculada con otro compromiso ante la OIT: adherirse a la política global del trabajo decente, siendo un eje importante la aprobación de la citada reforma, que por su parte sería el producto del exitoso diálogo social en Costa Rica.

Si la credibilidad del Gobierno está en entredicho, igualmente lo es la del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que reconoció y alabó la aprobación de la reforma por “disminuir la mora judicial”, “atiende los desfases propios del tiempo y la existencia de importantes sentencias de la sala constitucional” y de “diversas recomendaciones de los órganos de control de la OIT” (Declaración del MTSS, 14 de setiembre de 2012). Hasta hoy, el veto ha prolongado “los desfases” por dos años más. La exministra del MTSS, Sandra Piszk, que emitió la citada declaración, suscribió paradógicamente después el veto.

La reforma original prevé sanciones más fuertes en caso de violación de los derechos sindicales y le otorga más poder al ministerio de trabajo para resolver despidos antisindicales. Entre los que más decididamente adversan la reforma está la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) que agrupa a empresas bananeras y piñeras nacionales e internacionales. Éstas y otras empresas practican una visceral política antisindical. No es la primera vez que quieren sembrar juntos con sus aliados políticos el miedo contra los sindicatos, desconociendo leyes, convenios de la OIT y lo demás que la misma reforma les obligaría más eficientemente a cumplir, si estuviera vigente.

Lo esencial de lo prometido, aunque todavía no cumplido, con la OIT, y de lo alabado, y después negado de hecho, por el MTSS, coincide con el espíritu e incluso con palabras concretas del Acuerdo de Asociación entre América Central y la Unión Europea, en sus capítulos referente a derechos laborales y sociales. El artículo 63 establece fortalecer la “libertad de asociación y negociación colectiva” y la “no discriminación laboral”; también habla de la “implementación y aplicación de los convenios de la OIT y la legislación laboral”. El artículo 41 estipula “mejorar la cohesión social”, “la reducción de la pobreza, la inequidad, la desigualdad y la exclusión social”, “promover una globalización justa y un trabajo decente para todos. El cumplimiento de estos objetivos movilizará recursos financieros importantes, tanto de cooperación como nacionales.”

Costa Rica es firmante del convenio. La revocación del veto contra la reforma procesal laboral facilitaría los pasos a dar en la ruta constructiva que proponen estos artículos, beneficiando a Costa Rica.

Esperamos, señor Presidente Solís, que guie su política por esta ruta. Por el beneficio también de los trabajadores agrícolas de Costa Rica que mantienen la producción exportable a nuestros países europeos.

Le pedimos, por las razones expuestas en esta carta, que usted revoque el veto.
Atentamente,
firman para la Red Europea de Acción sobre el Banano y otros Productos de Agroindustria, EUROBAN :

Alistair Smith, Banana Link

La más grande prueba de credibilidad en el Presidente Solís

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A nombre de las importantes organizaciones laborales unidas en la alianza estratégica coalición sindical PATRIA JUSTA, expresamos un fuerte llamado al señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera para que proceda a levantarle el infame e injusto veto que interpusiera la anterior mandataria, Laura Chinchilla Miranda, a la REFORMA PROCESAL LABORAL; “rindiéndose” ella ante las subterráneas y poco éticas presiones del gran empresariado corporativo bananero, especialmente; conglomerado de negocios que ha tenido en el actual diputado Antonio Álvarez Desanti uno de sus más importantes “militantes”, habida cuenta de su interés directo-mercantil en ello.

La coyuntura del levantamiento del veto a la REFORMA PROCESAL LABORAL es percibida por la coalición sindical PATRIA JUSTA, como el límite de la confianza que queda en la palabra empeñada por el actual Presidente Solís.

Es más, en esta coyuntura catalogamos que el Presidente Solís se ha de enfrentar a las más grande prueba de credibilidad de todo su mandato, desde nuestra perspectiva sociolaboral; toda vez que él tiene bien claro que la REFORMA PROCESAL LABORAL es la más grande transformación del Código de Trabajo desde que éste fuera promulgado, en 1943; que es un compromiso de Estado ante la comunidad mundial de naciones, en el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de la cual Costa Rica es miembro pleno; que es producto de un esfuerzo multisectorial durante los últimos 15 años; y que, finalmente, en la Asamblea Legislativa anterior recibió aprobación de ley en los dos debates de rigor y con lujosas mayorías partidistas en ambos.

Hoy mismo, por los canales oficiales, estamos solicitando ser recibidos, con urgencia, por parte del señor Presidente de la República. Aunque lo tiene claro, queremos ser enfáticos en lo que puede suceder si él deshonra su palabra, mancha su compromiso y pulveriza importantes soportes que va a necesitar en el impulso de diversas políticas públicos que quiere promover a tono con sus ideales sociales.

Personal de la Policía Penitenciaria apoyó abrumadoramente acuerdo como lo vaticinó la ANEP

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La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), y su Seccional ANEP-Policía Penitenciaria, dejan constancia pública de la enorme satisfacción que sentimos ante la constatación, clara y contundentemente irrefutable, de que la abrumadora e inmensa mayoría del personal de la Policía Penitenciaria de Costa Rica respaldó a la ANEP y su ruta de la promoción del diálogo y de la negociación efectiva para respetar derechos logrados en la calle.

El 96 %, del total de 3.600 integrantes de la Policía Penitenciaria avaló, en este día histórico, lunes 24 de noviembre de 2014, el no menos histórico acuerdo logrado por la ANEP, el pasado jueves 19 de noviembre de 2014, con los ministerios de Justicia y Paz y de Trabajo y Seguridad Social; para el pago en sede administrativa de la gran suma de 3 mil 200 millones de colones que, dichosamente, llegarán a los bolsillos laborales de los indicados servidores públicos, prácticamente intactos sin desembolsar un solo centavo para terceros, presuntos “asesores” legales.

Este gran logro es continuidad del acuerdo original obtenido con la gigantesca manifestación de calle promovida por la ANEP, el lunes 20 de enero de 2014, en la ruta 27; jornada de lucha que denominamos, como se recordará, “El 20 en la 27”. A la fecha, esta jornada masiva de “El 20 en la 27” sigue sin ser superada.

Quienes asistieron a esta lucha, como a todas nuestras luchas, lo hacen de manera transparente, sin escudarse en licencias sindicales con goce salarial, protegiéndose como delegados contra rebajos que sí podrían serle aplicados a quienes no tienen “fuero” sindical.

El 96 % del personal de la Policía Penitenciaria entendió que el dinero adeudado le pertenece íntegramente y que, por tanto, con el acuerdo logrado por ANEP, no habrá deducción alguna por “cuota litis” para los mercaderes del Derecho Laboral.

Con el respaldo abrumador que el 96 % del personal de la Policía Penitenciaria le ha dado a la ANEP, a esos dos acuerdos logrados a partir de la inigualable e insuperable jornada de lucha de “El 20 en la 27”; se ha impedido que lleguen a otros bolsillos, entre 100 y 500 millones de colones que esperaban embolsarse quienes convirtieron la lucha por los Derechos Laborales en mercancía de valor transable en el mercado; tal y como se transó, por ejemplo, en un valor de 4 millones de colones, el cobro por “apoyar” la negociación de una convención colectiva de trabajo.

Luego de 30 años de lucha ininterrumpida a favor de la causa de los Derechos Laborales de la Policía Penitenciaria de Costa Rica y de todo el personal del Sistema Penitenciario Nacional (profesionales, técnicos, administrativos y operativos), la ANEP demuestra las razones por las cuales está considerada la organización sindical No. 1 del país; la de mayor prestigio, incidencia y profesionalismo.

¡Seguiremos luchando! ¡
Seguiremos dando nuestro mayor esfuerzo,
todos los días y todas las horas!

GRACIAS POR CONFIAR EN ANEP
SECCIONAL ANEP-POLICÍA PENTENCIARIA

Policías penitenciarios apoyan pago administrativo de deudas salariales

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La ANEP ha constatado un abrumador respaldo por parte de la mayoría del personal de la Policía Penitenciario, al acuerdo que les permite el pago administrativo de deudas salariales acumuladas durante unos 10 años, por una cantidad global de 3.200 millones de colones.

De esta cifra, mil millones se cancelarán en la segunda quincena de diciembre de este año 2014. Los restantes 2.200 millones se gestionarán vía presupuesto extraordinario a tramitarse en la Asamblea Legislativa, en el primer trimestre del año próximo 2015.

Los primeros contactos efectuados por la ANEP al respecto, con diputados y diputadas de diferentes fracciones parlamentarias, han mostrado una gran anuencia para la aprobación de ese presupuesto; valorándose su contenido social y laboral que nada tiene que ver con la cuestión político-partidista.

Se trata de honrar una gran deuda contraída por el Estado con uno de sus cuerpos de servidores públicos más abnegados y sacrificados del país: la Policía Penitenciaria. Y esto no tiene color político.

Con dicho acuerdo de pago en sede administrativa, el personal a cargo de la seguridad carcelaria del país, ya no tendrá que sufragar honorarios de abogados por procesos judiciales en desarrollo, de resultado incierto y que les obligaba a una espera de 4 años, en promedio.

Tal circunstancia les permite no pagar, más bien economizarse, por cuota litis, una suma oscilante entre los 100 y los 500 millones de colones; según las tarifas de 10, 15, 20 y hasta 25 por ciento que se les estaba pidiendo para tramitarles en vía judicial tal pago de deudas.

Tales cantidades de plata ya no llegarán a los bolsillos personales de quienes estuvieron promoviendo la vía judicial como “única” para saldar tales deudas; elementos que han estado manifestando su oposición a este acuerdo, justo e histórico.

Además, el acuerdo logrado al efecto entre los ministerios de Justicia y de Trabajo con la ANEP, el pasado jueves 19 de noviembre, generará una enorme economía en compleja tramitología, cara y desgastante, que implicaba la tramitación judicial del pago de tales deudas.

Tanto la administración de la cartera de Justicia como la misma gestión procesal del Poder Judicial, se liberarán de erogaciones multimillonarias pues el pago en sede administrativa es más barato, más corto y le hace llegar al trabajador el 100 % de lo que se le debe.

Igualmente, con el acuerdo en mención, se espera para febrero entrante la primera versión de un manual de puestos para la Policía Penitenciaria que les posibilite similitud salarial con sus homólogos de la Fuerza Pública; y, además, no les será modificado su tradicional e histórico horario de servicio, conocido como “7 × 7”.

No se debe autorizar el abusivo aumento que pretende Riteve

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Ante las pretensiones de la empresa monopólica privada a cargo de la revisión técnica vehicular, de un aumento de 200 % en la tarifa por tal servicio, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), expresa su rotunda oposición considerando las siguientes razones:

El pretendido aumento golpeará, sensiblemente, los bolsillos de la clase trabajadora, con empleo formal o sin él; toda vez que tanto los vehículos livianos como los camiones de carga son inherentes a las actividades laborales y productivas de miles y miles de costarricenses que viven, en estos momentos, restricciones salariales y encarecimientos productivos por diversas razones.

Un aumento de semejante irracionalidad y magnitud en las tarifas actuales de la revisión técnica vehicular, echa más leña a la hoguera de la cada vez más candente fogata de la inconformidad popular ante el altísimo costo de la vida; por demás, en escenarios crecientes de desigualdad.

No debe la desprestigiada Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), ceder a las pretensiones de alza de tarifas de Riteve SyC, sin que se sepa cuál será la metodología real para el cálculo del ajuste que debe establecer el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT); proceso éste que tal entidad debe hacer con total transparencia, erradicando episodios de opacidad que a lo largo del tiempo han mediado para la instauración del monopolio privado de la revisión técnica vehicular.

Por otra parte, la indicada firma ha acusado al país ante el tribunal extranjero, nada objetivo ni neutral, conocido como Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), porque supuestamente se le deben a la citada transnacional unos 260 millones de dólares, al no haber obtenido autorizaciones para semejantes incrementos tarifarios de exorbitantes pretensiones. En consecuencia, no deben aumentarse las arcas de Riteve mediando tal proceso jurídico-internacional.

En épocas de un legítimo reclamo ciudadano por la transparencia en la gestión pública, se debe conocer con exactitud la actual composición accionaria de Riteve SyC; de modo tal que podamos saber qué sociedades y qué personas, nacionales y/o extranjeras, tienen intereses en la actividad lucrativa con carácter de monopolio privado que es, hoy día, la revisión técnica vehicular. Muy necesario es saber si sus obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social se cumplen a cabalidad y sin escamoteo alguno.

Hacemos un llamado a los automovilistas, los dueños de camiones de carga, microbuseros y similares, a organizarse para que se defiendan, para lo cual la ANEP les ofrece su apoyo y experiencia.