Categoría: Acción Sindical

La propuesta de reajuste salarial para la clase trabajadora que labora en el sector Público que formuló ayer, jueves 24 de julio de 2014, el Gobierno de la República, cumple las expectativas que miles de empleados públicos tenían al respecto; expectativas que fueron recogidas en la propuesta presentada días atrás, por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), intermediando la interlocución de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), con asiento ésta directo en el seno de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público.

Un 4 % para el sector profesional, como lo propone el Gobierno, es sumamente necesario y es visto con muy buenos ojos por este grupo laboral gubernamental.

Por otra parte, un 5.14 % de reajuste para los puestos más bajos de la estructura salarial del Gobierno Central (como vigilantes de escuelas y colegios, policías, cocineras de las cárceles, asistentes de pacientes, servidoras de los CEN-CINAI, choferes y oficinistas entre otros puestos de esta naturaleza), hace justicia a un reiterado clamor de la ANEP para solventar la gran precariedad salarial de las personas trabajadoras del sector Público que ocupan estos puestos.

Esta aspiración, más que legítima, sería todavía mucho más real y factible, de materializarse otra lucha sostenida de la ANEP desde hace bastantes meses: independizar las modificaciones salariales a la base de puestos como los mencionados, de las modificaciones salariales a la base de los profesionales en Ciencias Médicas del país, especialmente los que laboran para el Gobierno Central y para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Si el actual Gobierno de la República va adelante con esta tesis, como lo anunció en su oferta de reajuste salarial para el sector Público, dada a conocer este jueves 24 de julio, la ANEP le respaldará con contundencia absoluta.

El “desenganche”, como popularmente se conoce nuestra propuesta en el tema, es un asunto que va más allá de la justicia salarial negada durante mucho tiempo a quienes han venido ganando menos en el seno de la estructura salarial del Régimen de Servicio Civil y en la propia estructura salarial no médica de la misma Caja; sino que también tiene efectos positivos en materia fiscal.

ANEP lamenta que algunos “dirigentes” sindicales opuestos a la necesaria tesis del “desenganche”, expresen más los intereses del poderoso gremio médico que el de sus propios representados, “condenando” a éstos a una precariedad salarial que ya no es sostenible por más tiempo. Es más, tales “dirigentes” realizan en la mesa de negociación una defensa del gremio médico más “ardorosa” que los propios dirigentes del mismo.

La materialización del “desenganche”, que si bien es cierto no es una “varita mágica”, abre las posibilidades para discutir con más libertad esas modificaciones urgentes en los salarios base de puestos como los indicados más arriba, a fin de adecuarlos a percentil de mercado, sin necesidad de que tal adecuación se refleje en los salarios base médicos hasta cuatro veces más.

La ANEP le reitera al honorable cuerpo médico nacional, a la abrumadora mayoría de quienes lo integran y que laboran con total apego al juramento hipocrático y a la más contundente honestidad y transparencia, que nuestra posición por el “desenganche” no es contraria a la Ley de Incentivos Médicos.

La propuesta de la ANEP es para una separación, una ruptura del vínculo entre una modificación al salario base de un policía (por ejemplo, penitenciario y/o de la Fuerza Pública), con respecto al salario base médico.

Con pocos detalles por ajustar, la ANEP, junto a la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), está lista para firmar con el Gobierno un acuerdo salarial en los aspectos indicados, pues se siente sumamente segura de expresar el sentir de sus miles de representados en este sensible tema salarial.

Honorable señora
Licda. Cristina Ramírez Chavarría
Ministra
MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

Estimada señora ministra:

Reciba en primera instancia, un cordial y sumamente respetuoso saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

El pasado 8 de mayo de 2014, luego de juramentarse como Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera hizo firmar a cada una de las personas integrantes de su gabinete, el documento “Compromiso Ético de las personas jerarcas del Poder Ejecutivo e Instituciones Autónomas”; importantísima iniciativa que desde que tuvimos conocimiento de ellas, en ANEP la aplaudimos. No dudamos de que usted, señor Ministra, también firmó este compromiso.

El mismo nos indica en su apartado “4 – Asesores”, lo siguiente: “Me comprometo a permitir únicamente la contratación de asesorías externas que sean estrictamente necesarias, y que no puedan ser realizadas por personal de planta. En el caso de darse dichas asesorías, las mismas deberán ser brindadas por personas moralmente solventes, profesionalmente capacitadas, y transparentando los términos económicos de la contratación”. (La negrita es nuestra).

Este relevante enunciado nos da base para solicitar a su digna autoridad ministerial y siempre en el marco del debido respeto, que nos brinde información oficial y por escrito acerca de decisiones de su despacho para, presuntamente, contratar personal, en condición de asesor del mismo y bajo condición asalariada pero a remunerarse con fondos del préstamo que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), le ha otorgado al país para infraestructura penitenciaria, básicamente.

Hasta la ANEP ha llegado información que deseamos comprobar en cuanto a su veracidad de que usted, señora Ministra, tendría y a más de una persona en su despacho en tales condiciones, entre ellas un ciudadano de nombre Javier Rodríguez.
La ANEP está por hacerle llegar a su digna autoridad, en próximos días, un documento de mayor profundidad sobre este tema del préstamo del BID, considerando el penoso palmarés tico ante los expertos de esta entidad multilateral de crédito, de ser de los países más lentos a la hora de ejecutar dinero para infraestructura; y de obviar (en muchos casos), los criterios técnicos del personal de las instituciones ejecutoras y/o beneficiarias, o lo más grave aún, ni siquiera tomar el parecer de éstos y no transparentar y dar rendición de cuentas de la gestión que se realice, como es la obligación legal y ética. Tenemos la sospecha de que en el caso que nos ocupa, vamos por esa; situación que vista integralmente, junto a otros casos de similar naturaleza, casi que podría definirse como vergonzosa situación nacional.

Volviendo al punto central de la presente, reiterando que nos basamos en el indicado “Compromiso Ético de las personas jerarcas del Poder Ejecutivo e Instituciones Autónomas”, amén de que estamos invocando el artículo 27 constitucional y el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional; por tanto, la ANEP le solicita lo siguiente:

Primero: Si en su despacho trabaja una persona de nombre Javier Rodríguez.

Segundo: Si es así, efectivamente, entonces, rogamos informarnos de lo siguiente: a) Fecha de ingreso; c) plaza que ocupa; c) cargo que ostenta; d) fuente financiera de su salario; e) monto total bruto del mismo; e) descripción de funciones.

Tercero: Idéntica solicitud de datos según el apartado segundo anterior, para una segunda, para una tercera o para más personas que estuvieran en su despacho, colaborándole a usted, cuyos salarios estuvieran sufragados con el préstamo del BID en referencia.

Cuarto: Si su digna autoridad ha ordenado el traslado de personas trabajadoras de la institución que han estado ubicadas en centros penales de atención directa a población privada de libertad. Si así fuese, respetuosamente queremos información de quiénes son, puestos que ocupaban, labores que van a ocupar bajo línea directa de mando de su parte; y cómo se repondrán esas sustracciones de personal en un escenario crítico de escasez de recurso humano calificado y asistencial ante una creciente población penal que en lo cuantitativo y en lo cualitativo, fortalece la situación de crisis del Sistema Penitenciario Nacional que ANEP viene planteado desde el gobierno anterior.
Nuevamente reciba la señora Ministra de Justicia y Paz nuestra máxima consideración y respeto, quedando en espera, dada la urgencia del caso, de su respuesta lo más pronto posible.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Estrategia para ajuste de salario del sector público debe de ser a 4 años plazo
En concordancia con el decreto N°35730-MTSS, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 48 del 10 de marzo de 2010, la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público (CNSSP), le compete recomendar políticas en esta materia, además de actuar como instancia de negociación en relación con los ajustes de salarios y sus componentes, de acuerdo con el ordenamiento jurídico y posibilidades financieras, así como ser una instancia de análisis de la política salarial del sector público.

Lo anterior conlleva a la interpretación de que la CNSSP debe de tener un trabajo de carácter permanente y no solo ser convocada cada semestre para discutir exclusivamente los ajustes por costo de vida, como en la práctica se ha dado en las anteriores administraciones.

Asimismo interpretamos que para ellos debe definirse una estrategia de negociación cuando menos a cuatro años plazo y que sus contenidos precisamente se discutan en el tiempo y con agilidad que se convenga en un programa de acción en ese sentido, avalado por ambos sectores.

El movimiento sindical, mantiene la expectativa de que efectivamente se pueda trabajar en función de una política y no solo la visión del ajuste salarial como tal, y en relación a ellos extremamos algunos elementos que no son nuevos y que los hemos ido colocando a lo largo del tiempo, los cuales deben de servir de base de discusión para la determinación de esa política esperada.

Ante ese escenario, como Central Social Juanito Mora Porras, presentaremos ante las organizaciones que integra la CNSSP, los siguientes elementos:

I-Ajustes salariales en función del crecimiento de costo de vida

II-Crecimiento de Salario Real: Ajustar anualmente un porcentaje del PIB.

III- Un ajuste extraordinario a los sectores no profesionales mientras se realiza un estudio de mercado sobre dichas categorías ocupacionales.

IV- Actualización Percentiles.

V- La Redefinición del sistema de los salarios.

VI- Revisión a los porcentajes de la escala de anualidades que emite el Servicio Civil.

VII- Dedicación exclusiva y prohibición.

VIII- Carrera Profesional.

IX- Zonajes.

X- Viáticos.

XI- Incentivos por productividad.

XII- Políticas de gestión de servicios públicos.

Tomando en consideración los elementos anotados consideramos que:

1- Se requieren determinar una calendarización que permita discutir los temas presentados, así como los que presente el Gobierno, de tal manera que se pueda llegar a definir de una política cuatrienal.

2- La propuesta anterior requiere de un espacio de tiempo importante, en virtud de los estudios que tuviese que realizarse.

Por tanto proponemos:
1- Otorgar un ajuste salarial del 4,14% a la base de todas las categorías ocupacionales del sector público a partir del 1 de julio de 2014 equivalente al porcentaje de crecimientos del Índice de Precios de Consumo (IPC) en el primer semestre 2014.

2- Para aquellas categorías de trabajadores de estratos: Operativo, Calificado y Técnico otorgar un ajuste técnico adicional del 1,86%.

3- El Gobierno de la República utilizará los mecanismos que considera pertinentes para que el ajuste técnico que se otorga a los no profesionales no produzca efectos favorables a categorías de profesionales, sean en Gobierno Central, como instituciones autónomas.