Categoría: Acción Sindical

Quisiéramos que la Presidencia Ejecutiva nos indique si es verídica esa información o no y de ser afirmativa la respuesta, nos haga llegar copia del estudio técnico que fundamenta la movilidad de personal del CNP hacia el IDA y la ubicación que van a tener, pero sobre todo que nos indiquen porque no se ha informado a los funcionarios sobre dicha situación.

Nos parece extraño que en momentos en que ni siquiera se ha aprobado la transformación IDA-INDER, se esté pensando en la posibilidad de aceptar el traslado de funcionarios del CNP. Hace 15 años sucedió una situación similar y al final se fueron muchos compañeros del IDA y los del CNP no fueron afectados.

Nosotros no nos oponemos a que se contrate nuevo personal y que se refuerce la institución, lo que no nos parece correcto es que se permita el ingreso de nuevo personal en detrimento del funcionariado del instituto.
Hago un llamado a todas las organizaciones para convocar una reunión de urgencia y solicitar explicaciones sobre este tema.

Walter Quesada Fernández
Presidente Seccional ANEP-IDA

San José, 18 de octubre de 2001.
S.G. 09-11-2517-09
¡URGENTE!

Ingeniero Abundio Gutiérrez Matarrita
Presidente de la Junta Directiva

MBA Francisco Ibarra Arana
Gerente General

Junta de Protección Social (JPS)
Sus despachos

Honorables y estimados señores:

Con todo respeto, reciban vuestras dignas autoridades el más atento y respetuoso de nuestros saludos.

Con suma preocupación y con sorpresa, nos hemos enterado de que el próximo miércoles 19, así como el viernes 21 del presente mes de octubre, se darán dos reuniones con el personal de la administración de campos santos, así dividido en dos grupos, para plantearles la probable conformación de una SAL, al amparo de la “_Ley de Sociedades Anónimas Laborales_”, forma de privatización de bienes públicos que se promovió en las épocas más duras del ajuste estructural de concepción neoliberal y que la organización que nos honramos en representar, adversó fuertemente.

Según nuestras informaciones, la convocatoria a tales reuniones, en un selecto hotel, ha sido formulada por la señora Magda Solano González, quien tiene a cargo en estos momentos, interinamente, la jefatura de Recursos Humanos.

Lo más sorprendente de esta situación es que no tenemos conocimiento de que tales reuniones sean promovidas por trabajadores de los campos santos a cargo de la JPS, sino que la iniciativa viene promovida desde otras esferas institucionales.

Para la ANEP y para su Seccional ANEP-JPS, la realización de estas reuniones representa un serio golpe a la credibilidad del proceso de diálogo bipartito actualmente en desarrollo, acerca del futuro institucional. Hemos celebrado la disposición de vuestras jerarquías para que estas cuestiones se debatan con total transparencia, en la mesa de negociación, exponiéndose las posiciones de las partes, argumentándose en defensa de las mismas; y en un diálogo franco, cara a cara, respetuoso y con esperanzas de que termine en una negociación efectiva.

Sin embargo, al promoverse las reuniones aquí denunciadas, se fomenta la especie de un doble discurso oficial y de una política jerárquico-institucional en dos vías, lo cual, de no corregirse, hará estéril cualquier esfuerzo de negociación compartida.

Sin embargo, vamos a dar el beneficio de la duda y preferimos apostar por la palabra empeñada por vuestras autoridades en cuanto al indicado proceso de diálogo actualmente en desarrollo, mismo que cuenta con el aval de la honorable Junta Directiva institucional; y, a la vez, vamos a suponer que tales reuniones se han promovido sin vuestro consentimiento.

Por tanto, en aras de mantener ese espíritu de diálogo y de lograr acuerdos sustantivos en torno a nuestras preocupaciones sobre el futuro institucional de la JPS, mismas que ustedes ya conocen a plenitud; es que les solicitamos girar las instrucciones correspondientes para que las reuniones convocadas por la señora Solano González se suspendan inmediatamente a fin de no poner en peligro y acabar con el proceso que ocupa a las partes en este momento. Adicionalmente, se le ha de economizar recursos a la institución en momentos en los cuales el propio Gobierno Central aboga por ello.

En espera de vuestra respuesta que esperamos se produzca con la urgencia debida, aprovechamos para reiterarles nuestro mayor respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Rolando Rodríguez Aguirre
Presidente a.í
Junta Directiva Seccional ANEP-JPS

Primer movimiento de las organizaciones sindicales del ICE en contra de los planes por desmonopolizar la generación y distribución eléctrica en Costa Rica.

La manifestación finalizó con una marcha por el centro de la Ciudad Capital hasta la Asamblea Legislativa, donde entregaron un documento con propuestas a la Presidencia Legislativa.

San José, 23 de setiembre de 2011.
S.G. 09-11-2307-11
¡URGENTE!

Honorables señoras y señores
Regidores y regidoras
Concejo Municipal
Municipalidad de Curridabat
Presente

Estimados señores y estimadas señoras:

Con gran respeto, les expresamos nuestro más atento saludo.

Oficialmente y por esta vía solicitamos a sus dignas autoridades municipales, ser recibido en audiencia de sesión oficial de ese honorable concejo, con la urgencia que el caso amerita, para hacer referencia al contenido del capítulo 6 – Mociones, Artículo Único: MOCIÓN MANUAL DE PUESTOS, abordado en la sesión ordinaria No. 072-2011, del pasado martes 13 de setiembre de 2011; concretamente a la pretensión de modificar varios perfiles de puestos, mismos que fueran aprobados el 22 de enero de 2008, en la sesión ordinaria No. 91/2008.

Con base en las estipulaciones legales y constitucionales vigentes que nos garantizan la acción directa en función de la protección de los derechos económicos y sociales, laborales-gremiales, de quienes son personas trabajadoras asociadas a la ANEP en esa importante institución municipal; acudimos ante vuestras ilustres autoridades, como indicamos líneas arriba, con la pretensión de ser escuchados con relación al punto en mención, toda vez que valoramos que se tengan elementos jurisprudenciales importantes antes de que se tome una decisión definitiva en tal caso.

Efectivamente, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con base en la “_doctrina de los actos propios_”, ha establecido que ante la presencia de una acto de declaratoria de derechos, la pretensión de derogarlos o eliminarlos, no puede afectar a las personas que ya habían consolidado tales derechos; y, en caso de lo que se pretenda es su nulidad, la nulidad de esa declaratoria de derechos, tampoco podría afectarse a las personas beneficiadas con los mismos; y, en este caso, si la persistencia institucional es, efectivamente, insistir en esa nulidad, tendrá que acudirse a un juicio contencioso-administrativo, instancia en la cual puedan ejercer su defensa quienes potencialmente podrían ser afectados. En uno ó en otro caso, esta organización ha insistido en que las modificaciones sean hacia futuro, sin que se pueda afectar, como ya indicamos, la consolidación de esos derechos.

En esta misma línea de evitar la lesión a las personas trabajadoras que habían recibido el derecho de convalidación de experiencia, es notable el contenido del informe de la Asesoría Legal de la municipalidad, según se puede leer en el acta de la sesión ordinaria No. 071-2011, celebrada el día 8 de setiembre de 2011, artículo 4:

“_Así las cosas se estima que para los niveles técnicos y operativos, únicamente sí es procedente la disposición reglamentaria de la compensación de años de experiencia con estudios siempre y cuando ello se encuentre autorizado en el Manual Descriptivo de Puestos. No se estima que tal disposición pueda violentar lo dispuesto en el numeral 16 de la Ley General de la Administración Pública dispone: ‘En ningún caso podrán dictarse actos contrarios a reglas unívocas de la ciencia o de la técnica, o a principios elementales de justicia, lógica o conveniencia’_ ”.

Así las cosas, nuevamente, les reiteramos nuestra petición de ser recibidos en audiencia para ampliar sobre el particular.

Con la mayor consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Seccional ANEP Sistema Penitenciario Nacional
Por Justicia y Paz

Buenas señor Ministro París:

Reciba de la Seccional de ANEP del Sistema Penitenciario Nacional, Por Justicia y Paz, nuestro más cordial saludo.

Con el propósito de contribuir a un cambio en la cultura institucional, entre uno de sus componentes el de la transmisión de la información en nuestra Institución, le solicitamos lo más pronto posible se nos informe sobre lo siguiente.

Hemos recibido información que ha generado en miembros del personal de la Reforma y de otros Centros que ya cuentan con la información, dudas y preocupación acerca de algunas acciones de orden técnico – político que fueron, aparentemente, externadas el pasado viernes 9 de setiembre al Consejo técnico de la Reforma por parte de don Fernando Ferraro, Viceministro de Justicia y don Eugenio Polanco, Director General de Adaptación Social.

Estas acciones son:

1- Egresar a 3000 privados y privadas de libertad del Programa Institucional.

2- Reabrir un Programa como el q se denominaba libertad vigilada, y que por la escasez de personal van a capacitar a 30 policías penitenciarios con estudios universitarios para q le den acompañamiento a los y las privadas de libertad.

3- A corto plazo hacer valoración masiva para sacar 1000 privados de libertad, antes de navidad.

Desconocemos el origen de las mismas, de los procesos de consulta que los sustentan y propuesta metodológica con la que se implementarían las supuestas acciones. Por lo que le solicitaríamos nos indique el camino para poder conseguir las actas de los Órganos en los que de previo se hayan discutido y aprobado tales acciones, pues como le indicáramos en sesión de trabajo realizada en días pasados, que no ha sido posible conseguir las actas de los Órganos de decisión y de consulta.

Con su persona, el pasado 11 de agosto se contrajeron varios e importantes compromisos, tendientes a eficientar la gestión de nuestra Institución. Uno de éstos fue el de crear un espacio de participación y discusión amplio y democrático con el personal de la Dirección General de Adaptación Social , sobre el presente y futuro de nuestra Institución que hasta la fecha no se ha concretado, por lo que nos preocupa que se continúe tomando decisiones sin el respaldo de los procesos de consulta necesarios en la presente coyuntura.

La Seccional de ANEP, del Sistema Penitenciario Nacional, Por Justicia y Paz, considera que una decisión de tal calibre por su incidencia en la vida nacional requiere no solo de determinación para hacerla, sino también de buscar el mayor conceso posible, en primer lugar al interior de nuestra organización y paralelamente fuera de ésta. De lo contrario se nos podrían estar viniendo problemas más serios. Son muchos frentes los que están abiertos, requerimos de organizarnos eficientemente para obtener los resultados esperados a corto, mediano y largo plazo.

De igual manera a nuestra Seccional le alarma que se conciba una propuesta técnico-política que generaría, posiblemente, nuevas cargas laborales sin contar con el soporte administrativo y político respectivo.
Nuestra Institución ha venido desde hace muchos años postergando e irrespetando al personal, tanto en sus necesidades como en su derecho a participar en las decisiones institucionales que les afectan de manera directa y sobre todo aportando y guiando el rumbo correcto, que es en definitiva por lo que el Estado Costarricense nos paga nuestro salario. El personal, don Hernando, es el recurso más importante de cualquier organización y hasta la fecha ha sido menospreciado y maltratado.

Los retos que se nos presentan son enormes, por lo que tenemos que ir trabajando en crear las condiciones necesarias para que el personal nos comprometamos y organicemos de acuerdo con los objetivos institucionales (tácticos, operacionales, estratégicos) y establezcamos los estímulos acordes a nuestra gigantesca tarea, si es que la Administración Penitenciaria y nuestro país realmente están comprometidos con dar el salto cualitativo que nuestro Estado Social de Derecho requiere para el Sistema Penitenciario Nacional.

La ausencia de participación del personal y de otros sectores, organizaciones de la sociedad civil y de otros poderes del Estado, ha sido, si no el más importante, si uno de los factores de mayor impacto en la pérdida de rumbo del Sistema Penitenciario; en la capacidad de gestionar los recursos presupuestarios; de planificación institucional, entre otros.

Las supuestas acciones técnicas, propuestas, pueden ser parte de las buenas prácticas penitenciarias que se están revalorando y readecuando a la realidad presente, pero reiteramos requieren una amplia participación del personal penitenciario y de decisión política que trasciende al mismo Ministerio de Justicia y Paz.

Nos unimos a las palabras de doña Rocío Aguilar, Contralora General de la República, cuando indica en entrevista del pasado 11 de setiembre en La Nación, titulada “_No se trata solo de otorgar los recursos_”:

“_…Debemos pasar de buscar solo directivos honorables, que es lo básico, y pensar en quiénes ponemos a tomar las decisiones en asuntos estratégicos…” “ …A nosotros nos preguntan cosas del abecé del funcionario: si son responsables del control interno o de aprobar estados financieros. Son preguntas que uno ni se imagina en un director de una empresa privada que ni siquiera tenga claridad en la responsabilidad que asumen al estar sentados en la mesa directiva de una institución. No solo es ir de acompañante.”, “…Usted se encuentra instituciones que tienen recursos sin ejecutar; hay instituciones con una planificación maravillosa, pero la gestión no lo permite._”

Y acota. “_… todos los funcionarios estamos obligados a satisfacer el interés público. En la medida en que nosotros no ejecutemos adecuadamente esos recursos, faltamos a ese deber_”.

Por ultimo don Hernando, al hacer estas consultas; como ya lo hemos externado en múltiples, nos mueve el interés de coadyuvancia en la mejora de las condiciones laborales e Institucionales.

Esperamos su pronta respuesta.

Rigoberto Gutiérrez Bravo
Presidente de la Seccional

Marta E. González Madriz
Vicepresidenta de la Seccional

Rafael Barquero Segura, trabajador de la Municipalidad de Alajuelita es acosado por las autoridades municipales, que pretenden desalojarlo de su casa, la cual se ubica en los predios de un plantel de la Municipalidad, el cual cuida desde hace más de 10 años.

San José, 5 de setiembre de 2011.

¡URGENTE!

Ingeniero
Abundio Gutiérrez Matarrita
Presidente
Junta Directiva
Junta de Protección Social
Su despacho

Estimado y honorable señor:

En primer término, reciba usted nuestro más atento y respetuoso saludo.

En ejercicio de nuestro derecho de petición y justicia administrativa establecidos en la Constitución Política, en su artículo 27; así como en la Ley 8220, derechos que protegen institutos jurídicos como el Recurso de Amparo y la vía Contenciosa Administrativa cuando establecen los mecanismos para ejercer el derecho de pronta respuesta; el suscrito, Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), debidamente legitimado para ejercer la defensa de intereses y derechos de los empleados de la Administración de Cementerios de la Junta de Protección Social, conforme lo dispone el artículo 10 inciso, b) de la ley 8508.

Todo lo anterior obedece a que se nos ha informado de que un grupo de trabajadores ha propuesto la formación de una SAL (Sociedad Anónima Laboral).

Así las cosas, el derecho de petición y pronta respuesta, protegido en el artículo 27 de la Constitución Política y desarrollado en el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, impone al funcionario público la obligación jurídica de responder las peticiones de cualquier persona en asuntos de su competencia como el caso que nos ocupa, por lo anterior.

Solicito en vía administrativa y de acuerdo a oficio G-2103 del 11 de agosto del 2011, y acuerdo JD-357-2011, en forma urgente se convoque lo más pronto posible a la instalación de la comisión negociadora con el fin de determinar las reglas del juego, los puntos de agenda y el orden de la misma.

Reiterándole nuestro mayor respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General