Este video muestra la situación de dos compañeros, trabajadores de la industria piñera, que fueron despedidos recientemente por negarse a utilizar un equipo de protección para la fumigación, que ellos consideraban no era lo suficientemente seguro para protegerles contra los agroquímicos.
La realidad es que estos dos compañeros eran de los pocos que quedaban en esta compañía de varios que se sindicalizaron en la ANEP para proteger sus derechos. Ya anteriormente habían despedido a otros 21 trabajadores sindicalizados, aduciendo diversos motivos.
También muestra como las piñeras siguen utilizando agroquímicos prohibidos, que los esconden durante las revisiones para poder certificarse verde, y como se expone a algunos trabajadores con seguro (en planilla con la CCSS) a esos químicos y no a los trabajadores sin seguro, osea, personas que se contratan ilegalmente fuera de planilla.
La persecusión sindical y el maltrato a los trabajadores y trabajadoras de la piña es real.
Video de ANEPtv (Nota: El video dice 7 de agosto cuando en realidad es 8 de agosto de 2011)
Con el fin de perjudicar a las personas trabajadoras municipales, pero principalmente a los trabajadores más humildes de recolección de desechos y aseo de vías, el Concejo Municipal busca evadir la negociación salarial atentando con su autonomía.
Perdiendo de perspectiva no solo los temas jurídicos, legales que amparan la negociación salarial con sus trabajadores y trabajadoras, sino también la condición humana de solidaridad y sensibilidad ante la injusticia, las y los miembros de del Concejo Municipal de Vázques de Coronado, envía nota a la Procuraduría General de la República, PGR, para que emita un criterio si de si puede o no negociar ajustes salariales ya que “…la mayoría de sus funcionarios devengan salarios que sobrepasan los múnimos establecidos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”.
Nada más alejado de las regulaciones que la misma Constitución Política y el Código Municipal establecen en sendos artículos que permiten la negociación salarial a los entes municipales.
Nada más alejado del más elemental razonamiento con respecto al concepto de “salario mínimo”.
Nada más cercano a la pérdida de toda sensibilidad humana ante las miserables condiciones humanas en viven los trabajadores más mal pagados de las instituciones municipales, los peones, recolectores y de aseo de vías…aún ganando el salario mínimo.
Siete regidores y regidoras municipales de Coronado no solo ponen en riesgo la autonomía municipal, sino que además dejan patente ante la PGR, el MTSS y ante la opinión pública su incapacidad para negociar y llegar a acuerdos con las personas trabajadoras municipales.
Queda patente, además, que las personas que llegan a puestos de regidores en los gobiernos locales no tienen ni la formación ni la sensibilidad para ocupar tan importantes cargos, y pone en tela de duda las acciones en favor de sus propias comunidades.
Las constantes noticias de Alcaldes y regidores investigados, condenados y encarcelados, en muchos municipios del país, dan fe de la anterior afirmación.
Queda claro que las comunidades deben asumir con mayor responsabilidad la elección de sus representantes a la Alcaldía y el Concejo Municipal.
Queda claro también que los y las trabajdoras municipales deben no solo apoyar a aquellos candidatos honorables a esos cargos, sino que además deben organizarse aún más para defenser sus derechos como quedó desmostrado con el paro realizado la madrugada de hoy por los trabajadores del Plantel Municipal de Coronado.
Nota del Concejo Municipal a la PGR
Nota que será entregada la noche del lunes 8 de agosto al Concejo Municipal. _________________________________
San José, Coronado, 8 de agosto de 2011.
Señores y señoras: Concejo Municipal MUNICIPALIDAD DE VÁSQUEZ DE CORONADO
Estimados señores y señoras:
Tenemos en nuestro poder copia de la nota CM-816-2011, de fecha 3 de agosto de 2011, firmada por la señora Nidya Arroyo Mora, Secretaria del Concejo Municipal, donde traslada a la Procuraduría General de la República, para su pronunciamiento el “ACUERDO 2011-066-023”.
El ACUERDO del Concejo Municipal se refiere, según entendemos, a la capacidad de esa Municipalidad para definir su propia política salarial, indicando que “en vista de que las municipalidades son entes semiautómomos y la mayoría de sus funcionarios devengan salarios que sobrepasan los mínimos establecidos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. ACUERDO. Cuenta con siete votos afirmativos.”
Lo anterior, necesariamente nos lleva a solicitar de sus respetables autoridades, se proceda a derogar el acuerdo de comentario, retirar la consulta que se elevó a la Procuraduría y votar favorablemente el ajuste de salarios por costo de vida, correspondiente al II Semestre de 2011.
Fundamento constitucional y jurídico en que amparamos nuestra solicitud:
1- Las municipalidades no son entes semiautónomos, como se afirma en el acuerdo elevado a la Procuraduría. Todo lo contrario, las municipalidades gozan de plena autonomía y por aquello de que persistan dudas, transcribimos los siguientes artículos de nuestra Constitución Política:
“*Artículo 170*.-Las corporaciones municipales son autónomas…”.
“*Artículo 169*.-La administración de los intereses y servicios locales, en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal…”.
“*Artículo 175*.-Las Municipalidades dictarán sus presupuestos ordinarios o extraordinarios, los cuales necesitarán para entrar en vigencia, la aprobación de la Contraloría General que fiscalizará su ejecución.”
Como se puede palpar a simple vista, las municipalidades tienen plena capacidad y autonomía para gobernarse, con la única sujeción a la fiscalización de la Contraloría General de la República en materia de presupuesto y gasto. Por tanto, las municipalidades y particularmente ésta, la del cantón de Vásquez de Coronado, tiene plenas facultades constitucionales para fijar su propia política de clasificación y valoración de puestos, y por tanto, de salarios.
2- La Constitución Política y el Código Municipal otorgan autonomía política, administrativa y financiera a las municipalidades y además les faculta para modificar los presupuestos ordinarios para ajustar salarios, cuando se pruebe que el costo de la vida ha aumentado según los índices de precios del INEC. Veamos lo que dispone el Código Municipal:
“*Artículo 2º* -La Municipalidad es una persona jurídica estatal, con patrimonio propio y personalidad, y capacidad jurídica plenas para ejecutar todo tipo de actos y contratos necesarios para cumplir sus fines.”
“*Artículo 4º* -La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política.”Código Municipal.
“*Artículo 100*.-…Los reajustes producidos por la concertación de convenciones o convenios colectivos de trabajo o cualesquiera otros que impliquen modificar los presupuestos ordinarios, sólo procederán cuando se pruebe, en el curso de la tramitación de los conflictos o en las gestiones pertinentes, que el costo de la vida ha aumentado sustancialmente, según los índices de precios del Banco Central y la Dirección General de Estadística y Censos.”
Según datos del INEC, el índice de precios acumulado para el Primer Semestre de 2011 fue de un 2.78%. Con fundamento en ello el Consejo Nacional de Salarios acordó un ajuste en los salarios mínimos del 2.50% para las y los Profesionales, y de un 3.55%, para las y los No Profesionales; mismo que rige a partir de julio pasado para la clase trabajadora del Sector Privado.
Para el Sector Público, el Gobierno por Decreto, ya que no hubo negociación, estableció un ajuste salarial por costo de vida, inflación vencida, de un 2.78; ajuste que rige por costo de vida, esto es, para que los salarios recuperen lo perdido por la inflación acumulada en los primeros seis meses de este año.
Este tipo de ajuste salarial semestral y por inflación o costo de vida, tiene el sano propósito de evitar el deterioro en los salarios y aplica para todo el Sector Público, independientemente de la escala de salarios mínimos que se tenga en cada institución, pudiendo este ajuste ser mejorado, en aquellas instituciones o empresas del Estado que la ley faculte para hacerlo y cuenten con los recursos financieros necesarios.
Como vemos nada le impide a este honorable Concejo, aprobar un ajuste salarial, por costo de vida, superior al Decreto de Gobierno, siempre y cuando demuestre a la Contraloría que existe la partida financiera necesaria que soporte dicho ajuste salarial.
3- El Artículo 32 de la Convención Colectiva de Trabajo vigente y por tanto ley Profesional, a la que debe atenerse las partes involucradas, establece en sus incisos b, c y d la forma en que deben realizarse los ajustes salariales en la Municipalidad de Vásquez de Coronado.
4- Con relación al criterio solicitado a la Procuraduría General de la República; es importante indicar que la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, establece requisitos que deben cumplir las consultas, para que puedan ser atendidas, admitidas o evacuadas por ese Órgano Asesor.
El artículo 4º de ese cuerpo normativo sentencia: “Artículo 4º. – Consultas: Los órganos de la Administración Pública, por medio de los jerarcas de los diferentes niveles administrativos, podrán consultar el criterio técnico-jurídico de la Procuraduría; en cada caso, deberán acompañar la opinión de la asesoría legal respectiva, salvo el caso de los auditores internos, quiénes podrán realizar la consulta directamente.”
También la jurisprudencia administrativa de la PGR ha señalado que además del criterio jurídico, la consulta debe ser formulada por el jerarca administrativo del respectivo órgano u institución pública.
La consulta formulada por ese Concejo a la PGR, adolece de dos requisitos fundamentales para su admisibilidad, sea la opinión jurídica de la asesoría legal y la firma del jerarca correspondiente, lo que hará, a nuestro juicio, que la PGR, en el mejor de los casos, devuelva la consulta con los señalamientos del caso, o bien proceda con su archivo.
No dejamos de apuntar demás, que dicha consulta nos resulta odiosa y hasta ofensiva para quiénes aplaudimos y defendemos la Autonomía Municipal, al dejar entrever “que las municipalidades son entes semiautónomos”, desconociendo los fundamentos de nuestra Carta Magna y el propio Código Municipal.
Estimables señoras y señores Regidores:
En razón de lo expuesto, solicitamos a sus respetables autoridades se proceda a revocar el ACUERDO 2011-066-023, tomado en la Sesión Ordinaria 066, celebrada por ese Concejo, el pasado 26 de julio de 2011, y conforme a ello se proceda al retiro de la consulta formulada a la PGR, y se tome el acuerdo de ajustar las bases salariales de toda la clase trabajadora, que labora, en la Municipalidad de Coronado en un 3%. Ajuste que regirá a partir del 1 de julio del presente año.
Sin más y agradeciendo sus atenciones, respetuosamente
Santos Román Brenes Presidente Seccional ANEP – Municipalidad de Coronado
c.c. Alcaldía Municipal. c.c. Junta Directiva Nacional ANEP. c.c. Junta Directiva Seccional ANEP – Municipalidad de Coronado c.c. Trabajadores y trabajadoras Municipalidad de Coronado.
En Asamblea General celebrada el 21 de julio del presente año, se escogió la Junta Directiva de nuestra Seccional Sindical para el período 2011-2012, la cual quedó integrada por:
Gustavo Herrera como Presidente de la Seccional Giovanni Beluche como Secretario de Organización Manuel Vargas como Secretario de Divulgación y Actas Ericka Agüero como Secretaria de Formación Sindical Yanneth Segura como Secretaria de Finanzas. Grace Zúñiga como Vocal 1 Salvadora Díaz como Vocal 2
Fortalecer nuestro gremio
Una de las principales metas de nuestra Junta Directiva será fortalecer nuestra organización gremial, a partir de los logros alcanzados por los y las compañeras que nos han antecedido. Hoy somos una universidad nacional, que se constituye en alternativa para nuestra juventud y esto se alcanzó garantizando la estabilidad laboral a pesar de la incertidumbre que causó el paso de CUNA a UTN.
Pero no debemos bajar la guardia, se avecinan nuevos y grandes retos. Nuestra Casa de Estudios deberá crecer para responder a la demanda, para ello se requiere un presupuesto consecuente con nuestras aspiraciones de dar una formación académica de excelencia, como lo merecen nuestros/as estudiantes. La estabilidad laboral, los ajustes salariales que garanticen una vida digna, los implementos, la infraestructura y las condiciones laborales también dependerán de que contemos con un presupuesto adecuado.
Ya vimos como las otras universidades tuvieron que enfrentar una ardua lucha por presupuesto. No nos llamemos a engaños, para los neoliberales del gobierno de la República la educación es un negocio y no un derecho. Por eso la defensa de la educación pública, que es la opción de las familias humildes para que sus hijos e hijas estudien, es una tarea que nos espera. Sólo la unidad interna de los y las trabajadoras de la UTN, en alianza con las otras universidades, será la garantía de que las conquistas alcanzadas perduren y se profundicen.
Por la unidad de la familia universitaria
A nuestras autoridades, les decimos que pueden contar con esta Junta Directiva en todas las metas que se propongan para seguir construyendo este bello sueño de consolidar a la UTN. Queremos ser parte de las decisiones que nos afectan, cuenten con nosotros y nosotras. Pero, también les expresamos respetuosamente, que no lo dudaremos un instante para defender a nuestros agremiados ante cualquier injusticia, siempre guiados por el diálogo y la buena voluntad.
Enviamos un saludo respetuoso a la recién constituida Federación de Estudiantes de la UTN, serán nuestros aliados naturales porque compartimos la misma aspiración de construir una universidad al servicio del pueblo, donde la justicia y la equidad social sean nuestros valores. Promoveremos la unidad con todas las organizaciones sociales de las diferentes sedes de nuestra UTN, porque somos una sola familia. Desde ya les proponemos la creación de un Consejo de Seccionales de la UTN, donde podremos articular acuerdos de interés para toda esta gran familia que está dispersa en diferentes partes del territorio nacional.
Nuestro método de trabajo
Nuestro método de trabajo será la consulta a nuestras bases, las reuniones de Junta Directiva serán a puertas abiertas, cualquier agremiado tendrá la libertad de participar. Aspiramos a editar un Boletín periódico cuyas páginas estarán disponibles a todas las corrientes de opinión. Deseamos fortalecer nuestro sindicato con la mayor democracia participativa, la consulta permanente a las bases, que nuestras bases decidan. Promoveremos el pluralismo de ideas y la equidad entre hombres y mujeres. Todas las voces y opiniones son bienvenidas.
¡Por la defensa de la Universidad Pública!
¡Por la unidad de la familia universitaria!
Para contactar a la Seccional favor llamar a Gustavo Herrera al teléfono 8372-7839 o a Giovanni Beluche al teléfono 8869-6514.
Video de ANEPtv (última manifestación de fuerza sindical)
ACTA DE ACUERDOS
REUNIDOS EN EL AUDITORIOALFONSOVILCHEZMARTINEZDELINSTITUTONACIONAL DE APRENDIZAJE (INA) POR LA CAJACOSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Dra. Ileana Balmaceda, Presidenta Ejecutiva, Dra. Rosa Climent Martin, Gerente Médica, Lic. José Alberto Acuña Ulate, Gerente Administrativo, Lic. Guillermo Abarca Agüero, Director Bienestar Laboral, Lic. Luis Guillermo López Vargas, Director Actuarial y Económica, Lic. José Luis Valverde Morales, Director Comunicación Organizacional y el Lic. William Ramírez Umaña, Jefe Área Asesoría Laboral. Por el Frente de Organizaciones Sindicales: POR AESS: Álvaro Salazar Morales, Carlos Mena Mora, Itzel Picado Coto, Helbet Ramírez Umaña, Rogena Walters Calvin, ,POR UNIÓN MÉDICA NACIONAL: Carlos Rodolfo Abarca Picado, Dr. Edwin Solano Alfaro, POR SIPROCIMECA: Dr. Amaral Sequeira Enriquez, Lic. Jorge Eduardo Salazar Martínez, por FOCASS: Juan Carlos Durán Castro, POR SITEPP: Luis Angel Serrano, Sandra Soto Ferreira- POR ANEP: Lic. Mauricio Castro Méndez Giovany Ramírez G., POR SINAE: Yolanda Tenorio González, Juan Carlos Herrera Miranda, PORSISS Carlos Alberto Gómez Ramos, PORSINAESPA Rafael Rodriguez López-PORSINASS Inés Corrales Corrales, José Alberto Bolaños Villalobos, POR ANPE: Dra. María Esther Hernández Solís, Dr. Rodrigo López García, POR SINTAF: Ricardo Solano Madrigal, Luis Rizo Prendas, POR UNDECA: Luis Chavarría Vega, Martha Elena Rodríguez González, Carlos Guillermo Báez Sossa, Lic. Manuel Hernández Venegas.
PRIMER TEMA: Rebajo de tiempo no laborado.
ACUERDO PRIMERO: Las autoridades suscribientes del presente acuerdo asumen el compromiso de presentar a Junta Directiva para conocimiento y aprobación, de forma que se rebajen los días no laborados con motivo de la huelga de los días 19, 20, 21 y 22 del presente mes, de acuerdo a los días de participación de cada funcionario, en los siguientes términos:
Los días 19 y 20 de julio, por motivo de cierre de planilla se aplicará el rebajo en el pago correspondiente al día 29 de julio del año en curso.
El día 21 de julio se aplicará en el pago del 12 de agosto y el día 22 de julio en el pago del 09 de setiembre del año en curso.
SEGUNDO TEMA: Cumplimiento normativas laborales y acuerdos suscritos concordantes con la normativa
ACUERDO SEGUNDO: Las autoridades institucionales suscribientes de la presente acta ratifican el respeto de la Normativa de Relaciones, las normativas laborales específicos de los diferentes grupos laborales; así como el cumplimiento de los acuerdos suscritos por los representantes institucionales con las diferentes organizaciones.
A su vez, la Gerencia Administrativa instruye a la Dirección de Bienestar Laboral para que en un plazo de quince días, convoque a los suscribientes de este Acuerdo, con la finalidad de analizar y resolver las discrepancias en los temas de la Normativa de Relaciones Laborales, las normativas especìficas y los acuerdos suscritos; de forma que se derogue, aclare o modifique cualquier disposición que se oponga a lo establecido en las normativas o acuerdos suscritos.
Del resultado de las sesiones de trabajo se presentará un informe de las partes a la Presidenta Ejecutiva.
TERCER TEMA: Incapacidades
La institución en estricto apego al principio de legalidad, reconoce el dictamen de la Procuraduría General de la República y el criterio de la Contraloría General de la Republica, respecto al tema de las incapacidades.
Reserva sindical:
Sin perjuicio del acuerdo que a continuación se consigna, los sindicatos se reservan el derecho de presentar las acciones administrativas y judiciales que correspondan, relacionadas con la anterior manifestación de la representación patronal.
Las partes aquí representadas acordamos conformar una comisión bipartita de alto nivel, cuyo cometido principal será el siguiente:
1. Analizar las diferentes alternativas jurídicas y hacer las recomendaciones pertinentes que permitan solventar la ausencia de la contribución al seguro IVM para todos los contribuyentes del país, cuando las incapacidades superen los 30 días consecutivos.
2. Esta comisión dentro del marco de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Constitutiva de la CCSS, analizará y planteará las recomendaciones jurídicas pertinentes en cuanto a las condiciones, beneficios y extremos laborales.
La Comisión estará integrada por tres representantes de cada parte, quienes podrán hacerse acompañar por asesores técnicos. En el caso de la representación institucional será coordinada por el Gerente Financiero o su representante.
Esta Comisión se instalará y empezará a funcionar el próximo viernes 29 de julio de 2011 y a partir de esta fecha, deberá rendir el informe final, con productos terminados, correspondientes dentro de los tres meses siguientes al acto de constitución formal de esta Comisión.
CUARTO TEMA: Deuda del Estado y Sector Privado
Las partes acuerdan la conformación de una comisión integrada por dos representantes de cada parte, la representación institucional será el Gerente Financiero o su representante, con el propósito de analizar y conocer los alcances y composición de la Deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social y Sector Privado, en caso de ser necesario se podrán hacer acompañar de técnicos y expertos en la materia. Se programará reunión en un plazo de un mes.
QUINTO TEMA: Garantía de asignación presupuestaria
La representación institucional garantiza la asignación presupuestaria en los diversos establecimientos de salud, para el ejercicio del presente año. De igual manera aquellos centros de trabajo que muestren alguna situación particular, la misma será puesta en conocimiento de la Gerencia Médica, la que conjuntamente con la Gerencia Financiera establecerán cuando corresponda, las medidas que la solvente.
Todo lo anterior en el marco de la Política de Aprovechamiento Racionalización de Recursos Financieros aprobada por la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social siempre y cuando no haya menoscabo en la atención del usuario.
SEXTO TEMA: No represalias a los trabajadores
La representación institucional como ha sido la costumbre garantiza conforme al artículo 71 de la Normativa de Relaciones Laborales la no adopción de represalias ni sanciones a los trabajadores que se sumaron al presente movimiento de huelga.
SETIMO TEMA: Levantamiento del movimiento de huelga
La representación de los sindicatos suscribientes acuerdan el levantamiento del movimiento a partir del día Sábado 23 de Julio del 2011, al ser las 13:00 p.m, con el compromiso de que los trabajadores en el acto se incorporarán a sus puestos de trabajo.
Las autoridades brindarán todas las facilidades que requieran los sindicatos para comunicarles a los trabajadores el contenido de este acuerdo.
Leído lo anterior por todas las partes lo aprueban y firmamos al ser las trece horas del día 23 de julio del 2011.
Dra. Ileana Balmaceda Arias Presidenta Ejecutiva
Dra. Rosa Climent Martin Gerente Médica
Lic. José Alberto Acuña Ulate Gerente Administrativo
Lic. Guillermo Abarca Agüero Director Bienestar Laboral
Lic. Luis Guillermo López Vargas Director Actuarial y Económica
Lic. William Ramírez Umaña Jefe Área Asesoría Laboral
Lic. José Luis Valverde Morales Director Comunicación Organizacional
La huelga realizada por los trabajadores y trabajadoras de la CCSS ha generado muchísima información. Les compartimos diversos artículos al respecto.
Estos son los Culpables, doña Laura Respuesta por don Luis Alberto Jaén a doña Laura Chinchilla
Como doña Laura parece indecisa en buscar a los culpables del desastre de la Caja, se los vamos a enseñar para que haga algo con ellos.
1.- El Lic. Otto Fallas Monge fue Ministro de Trabajo de Figueres de 1953 a 1958. En ese mismo año 1958 en que termina su mandato, escribió un libro llamado Los Seguros Sociales y la Dignidad Humana y ahí dice que “_…los últimos gobiernos no le han pagado a la Caja las cuotas que le debían, lo que la ha debilitado mucho_”. Esos últimos gobiernos eran el gobierno de la Junta de Figueres de 1948 a 1949, el gobierno de Ulate de 1949 a 1953 y el nuevo gobierno de Figueres de 1953 a 1958, en el que Otto Fallas fue Ministro de Trabajo.
2.- Salvo algunas variaciones iniciales, las cuotas de la Caja fueron fijadas en dos colones y medio por ciento sobre todos los salarios, tanto para los trabajadores como para los patronos y el Estado desde la administración de Teodoro Picado y en ese tiempo se dictó también la Ley N° 43 de 13 de diciembre de 1945 que sigue vigente, que dispuso que si de los impuestos a favor de los seguros sociales establecidos en el artículo 24 de la Ley Constitutiva de la Caja, sobraba dinero después de pagar las cuotas que le correspondían al Estado, el sobrante debía entregarse al fondo de pensiones de la Caja para reforzarlo. En 1971, la Junta Directiva de la Caja dispuso rebajar las cuotas del Estado a sólo veinticinco céntimos, en vez de dos colones y medio como era hasta entonces y los gobiernos empezaron a dejarse las diferencias , violando la Ley N°43 ya citada. En ese año 1971 gobernaba Figueres, el Presidente de la Junta Directiva de la Caja era Danilo Jiménez Veiga y era miembro de esa Junta Directiva de la Caja Rafael Angel Calderón Fournier.
3.- Siendo Presidente, Carazo se metió un día a una sesión de la Junta Directiva de la Caja y de esa reunión conjunta con el Poder Ejecutivo, salieron varios acuerdos para mejorar los beneficios a los asegurados y para elevar la cuota del Estado, de veinticinco céntimos como se había acordado en tiempo de Figueres, a tres colones con veinticinco céntimos, sin crear nuevos impuestos ni aumentar los existentes. A Carazo le siguió Monge y a Monge Oscar Arias y desde la época de este último, la cuota del Estado volvió a veinticinco céntimos por ciento sobre todos los salarios. Este robo lo mantuvieron todos los gobiernos siguientes, o sea, Calderón Fournier, José María Figueres, Miguel Angel Rodríguez y Abel Pacheco y ahora lo sigue manteniendo Ud. doña Laura, un poco disminuido, porque con el mayor cinismo, la cuota del Estado fue elevada de veinticinco céntimos a cuarenta y un céntimos en tiempo de Abel Pacheco y para que ese “aumentazo” empezara a regir 5 años después, o sea, que Oscar Arias se libró de pagarlo y el aumento le tocó pagarlo a Ud.
Aprovechando la ocasión, y ante la publicación que Ud. firma en los diarios de hoy domingo, me permito decirle respetuosamente que los asegurados no queremos “_más y mejores opciones de salud_” sino la única opción del seguro social, pero oportuna, completa y eficiente.
Me permito también señalarle que es cierto que los gastos de la Caja han venido creciendo, naturalmente, por el aumento de la población principalmente, pero sus ingresos han venido disminuyendo proporcionalmente, no sólo por la evasión que han venido haciendo los gobiernos, o mejor dicho, por la apropiación indebida que han hecho los gobiernos de los recursos de la Institución en la forma descrita anteriormente, sino también por el abuso con los fondos aportados por los patronos y por los trabajadores, tomando como préstamos casi la totalidad de los fondos de inversión cuando por ley sólo pueden obtener hasta el veinte por ciento de esos fondos, y lo que es muchas veces peor, tomando para financiamiento de los gobiernos hasta los fondos del régimen de salud, que no son de inversión y que sólo deben ser destinados para el fin específico para el que fueron creados. Además, y eso ya es altamente delictivo, las condiciones en que los gobiernos han tomado esos “_préstamos_” han sido abiertamente contrarias a las disposiciones de la ley, llegando al extremo en tiempo de José María Figueres, de sacarle 32 mil millones de colones a la Caja del Fondo de Salud, y empezando a pagar por ellos un rendimiento de 87 céntimos por ciento anual. No me equivoco: 87 céntimos por ciento… anual.
Con solo que Ud. le ordene a doña Iliana Baldioceda que la Junta Directiva de la Caja restablezca la cuota del Estado al monto que la puso Carazo, y su gobierno pague puntualmente como dice la ley y no tome los fondos de Salud para bonos baratos del gobierno, se acaba el problema financiero de la Caja.
Con todo respeto, señora Presidenta.
Luis Alberto Jaén Céd. 1-367-350 Tel. 22 58 26 18 FAX 22 58 21 16 _________________________________________________________
Rescatar la Caja Manuel Rojas Bolaños
Lo que está pasando en la Caja Costarricense de Seguro Social es algo que se veía venir desde hace muchos años. Decisiones equivocadas, deudas no cubiertas por gobiernos, morosidad privada, intentos de privatización o semiprivatización, expoliación de recursos y otras agresiones han terminado por llevar a la institución a la difícil situación en que se encuentra, amenazando la salud de todo el país.
Por enésima vez se vuelve a hablar de comisiones técnicas y propuestas integrales de reestructuración, pero la verdad es que muchos diagnósticos se han realizado y muchas propuestas se han hecho, con escasos resultados prácticos. El problema es que no se trata de un asunto meramente de ingeniería organizacional, sino que también lo ideológico y lo político están presentes. No se puede olvidar, además, que alrededor de la Caja y su destino gira una maraña de intereses económicos de la más diversa índole, porque es mucho el dinero que está en juego. También internamente se mueve una madeja de intereses de los diversos estamentos de profesionales médicos y funcionarios que operan en los diferentes niveles de atención.
Ahora todos piden acciones para salvar y transformar la Caja, pero aunque unos y otros parece que están hablando de lo mismo, lo cierto es que están pensando en cosas diferentes. Lo que puede estar conjeturando una persona identificada con el modelo solidario que dio origen a la Caja seguramente es muy diferente a lo que proponen individuos y grupos que consideran que los servicios médicos deben estar sujetos a las leyes del mercado, y que, primordialmente, deben ser proporcionados por la empresa privada. Probablemente entre estos dos extremos hay una gama de posiciones intermedias.
Por eso, cuando se habla de una comisión de expertos para que elaboren una propuesta, hay que preguntar quiénes son y cuáles pueden ser los intereses que representan. Porque, con todo respeto, no hay expertos en el vacío, químicamente puros. En todo caso, la discusión sobre el rumbo que ha de tomar la Caja no puede quedar solamente en manos de expertos, políticos, empresarios y sindicatos. Es un asunto que atañe a la mayoría ciudadana que contribuye al funcionamiento de la institución, y que, diaria y pacientemente acude a EBAIS, clínicas y hospitales, soportando largas colas y demoras en las citas especializadas, porque no tiene otra posibilidad de recibir atención médica.
Mientras la institución se deteriora, hay personas concretas que sufren por falta de atención médica oportuna y de calidad, como el padre de un lector de estas columnas, que sufrió una quebradura de cadera a sus ochenta años, y que yace dos semanas hospitalizado sin que, hasta la hora en que escribo estas líneas, se haya programado su operación. Me pregunto cuántos de los que opinan sobre la crisis de la Caja alguna vez habrán tenido que enfrentar situaciones como la que señalo.
¡Hay que rescatar la Caja para el pueblo! manuel.rojasb@yahoo.com ________________________________________________________
Huelga es para rescatar principios de la Caja y cobrar deudas Carlos Salazar, www.elpais.cr
San José, 19 jul (elpais.cr) – Los sindicatos del sector salud, que acuden hoy a la huelga, denunciaron que el Gobierno de Costa Rica ha lanzado una “cortina de humo“ en torno a la discusión sobre incapacidades, y aclararon que no es el principal punto de las reivindicaciones de los trabajadores.
Juan Carlos Durán, del Frente de Organizaciones de la Caja y la Seguridad Social (Focass), acusó a la presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), de hacer el “trabajo sucio del Gobierno“, y sostuvo que la demanda principal es rescatar los principios históricos de la institución fundada en 1941.
“El Gobierno debe garantizar el pago de las deudas con la institución, despedir a los gerentes que han venido realizando una mala gestión y señalar a los responsables de la crisis“, dijo Durán a Elpais.cr.
Reiteró que los representantes del Gobierno han manipulado la información, reduciendo la discusión al tema de las incapacidades de los trabajadores de la Caja.
Los trabajadores de la institución recibían la totalidad de su salario aunque se incapacitaran, pero la Procuraduría General de la República (abogado del Estado), en un pronunciamiento ordenó a la Caja no pagar ese beneficio, que no reciben los demás sectores laborales.
“Este tema de las incapacidades lo podemos negociar, no es el primero de la lista“, sostuvo Durán al ser consultado a las 9:45 de la noche, vía telefónica.
Aseguró que los representantes del Gobierno no han querido comprometerse a elaborar un cronograma de pago real por todas las deudas, como la acumulada por más de mil millones por concepto de pago establecido en el Código de la Niñez y la Adolescencia.
Durán dijo que la delegación gubernamental tampoco ha hecho esfuerzos para proponer un saneamiento en la institución, dirigida por políticos en los últimos años.
Igualmente, advirtió que casos especiales de incapacidades es un asunto que puede ir hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que trabajadores están en riesgo permanente de contagiarse de enfermedades.
“Este asunto debe valorarse en verdadera dimensión, y la Defensoría de los Habitantes debe participar en el estudio de este caso“, añadió Durán.
Para el dirigente de Focass, rescatar los principios históricos de la CCSS es lo fundamental, y por eso iniciará la huelga indefinida este martes a las seis de la mañana. Además, insistió en la necesidad de que la empresa privada ponga al día los centenares de millones que debe a la institución.
Durán prevé que en algunos centros de salud la totalidad del personal no se sumará a la huelga, mientras que en otros será muy fuerte, “pero en el transcurso de las horas irá creciendo“.
“El llamado es a huelga indefinida“, insistió el dirigente de las organizaciones sindicales. __________________________________________________________
Movimiento Ciudadano en Defensa de la CCSS
A la Opinión pública Medios de comunicación Señores Federación de Organizaciones de la Caja y la Seguridad Social Señores Comité de Defensa de la Seguridad Social Gobiernos Municipales Asamblea Legislativa Dra Ileana Balmaceda Arias Caja Costarricense del Seguro Social
Ante la situación de crisis que vive la Caja Costarricense del Seguro Social e interesados y interesadas en formalizar un proceso de representación legítima de las personas usuarias de los servicios de la Caja Costarricense del Seguro Social, hemos constituido el
Considerando:
-Que es indispensable que tanto el Estado como las empresas privadas, cancelen sus deudas multimillonarias con la Caja Costarricense del Seguro Social, para lograr salvar esta institución responsable de velar por la salud del pueblo costarricense.
-Que está deuda impacta negativamente provocando un mal servicio con largo tiempo de espera para las citas, falta de especialistas, medicamentos, equipo e infraestructura necesaria para garantizar la atención pronta y oportuna de la salud de la población y la prevención de enfermedades, impactando directamente en la calidad de vida de la ciudadanía en general .
-Que la deuda del Estado (gobierno e instituciones autónomas) con la Caja, según las estimaciones independientes, asciende a ¢821 mil millones, mientras las de las empresas privadas llega a ¢160 mil millones, sin que el gobierno anuncie medidas para procurar su cancelación.
-Que la cifra propuesta por la Presidenta Chinchilla es apenas un paliativo que no alcanza para cubrir siquiera el déficit proyectado de este año, que asciende a más de ¢92 mil millones.
-Que el anuncio de la Presidenta Chinchilla sobre la entrega de ¢85 mil millones, para aliviar el déficit de la institución en el año 2011, es engañoso, pues lejos de cancelar las deudas con la CCSS, lo que hace es adelantar la entrega de recursos correspondientes a próximos años. Además de aludir que se dejaran de lado otras necesidades igual sentidas por la población por atender la deuda en una mínima parte que el Estado tiene con la CCSS, situación que vemos injusta porque los y las trabajadoras siguen haciendo frente a sus cuotas obrero patronal.
Por tanto
Este movimiento no considera correcto afirmar que la crisis de la institución este ocurriendo debido solo al crecimiento de la planilla o al costo de ésta en un intento de responsabilizar a los y las trabajadoras del seguro social la crisis de la institución, en cuanto es la misma administración de la Caja Costarricense del Seguro Social la que debe tener control del crecimiento, gestión y pago de la misma.
Se recuerda a la población en general que se han creado hospitales como los de Alajuela y Heredia o el de la Mujer, que requerían aumento de personal. En otros casos como en la Dirección de Pensiones si se abultó el personal por razones políticas más que por necesidades técnicas o profesionales.
La población demanda personal de salud de alta calidad, atención oportuna y acabar con las grandes listas de espera, mejores medicamentos, más y mejores hospitales y en general instalaciones para atender los problemas de la salud como los EBAIS. Para todo esto se necesitan recursos. Para salvar la Caja el primer paso es la cancelación de las deudas con esta institución que nos pertenece a todas y todos los costarricenses.
Llama a reanudar el diálogo entre los Sindicatos y la Caja e involucrar a organizaciones sociales, con el fin de llegar a acuerdos donde se incluya la revisión de salarios elevados que ostenten trabajadores de esta institución incluyendo los puestos de jerarquía para que beneficie a la Caja como institución, al personal y sobre todo a la población que requiere atención.
Solicitamos a las entidades competentes y movimientos sociales que se nos incluya en las consultas a efecto de aportar en el rescate y defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social con el fin de aportar en el balance adecuado para resolver la crisis que aqueja a nuestra querida institución.
Hacemos un llamado a la población en general a movilizarse en defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social como garante de la salud de la población, por lo consiguiente garante de vida.
Stella Chinchilla Alejandra Flores Gladys Muñoz José Solano Anthony García Carlos Vega Beatriz Castro Francisco Cordero Federico Picado Enid González Eugenia Solis José Murillo Luis Ángel Serrano Adelia Vargas Marvin Ballestero Inge Kitzing Luz María Fonseca
Este lunes 18 de julio el gran tema en la política nacional es la huelga de trabajadores y trabajadoras en la Caja Costarricense del Seguro Social, convocada para mañana martes 19 de julio. Campos pagados en los periódicos nacionales por parte de Casa Presidencial, entrevistas a toda hora con las autoridades de la Caja, tratando de desnaturalizar el movimiento, atacando a la clase trabajadora, insistiendo ante la ciudadanía que la huelga es contra ella y no a favor de la Institución emblema de nuestra Seguridad Social, es la tónica desde la semana pasada.
La Federación de Organizaciones de la Caja y la Seguridad Social, FOCASS, se encuentra realizando un trabajo de información no sólo con los trabajadores y trabajadoras de la Caja, sino con el público en general para dar a conocer la realidad del planteamiento de esta lucha. La millonaria deuda que mantiene el Estado con la Institución, los miles de millones que deben grandes empresas en cuotas obrero patronales, la pésima administración y el despilfarro de recursos son los verdaderos males que aquejan a nuestro Seguro Social, no se trata de la ultra corta visión que han querido vender los medios de comunicación, diciendo que la lucha es por pagos de incapacidades u horas extra.
Las organizaciones sindicales en la Caja están librando la lucha contra la privatización de la Caja, contra las filas en los EBAIS a las 5 de la mañana, por el derecho a citas médicas inmediatas, por la entrega oportuna de medicamentos y tratamientos.
Mañana 19 de julio la Caja Costarricense del Seguro Social se encontrará en HUELGANACIONAL. Los sindicatos garantizamos la atención profesional y oportuna para la ciudadanía en el área de emergencias de todos los hospitales del país. Esta lucha es por la Institución. ¡Apoyemos a la CAJA! __________________________________________________________
Hoy es el último día para evitar huelga en CCSS
Hoy es el día clave –y último– para evitar la huelga de mañana en los hospitales y clínicas de la CCSS.
Ya lo habían dicho el sábado los jerarcas de la entidad, pero el señalamiento adquiere relevancia porque ayer no hubo conversaciones entre los sindicatos y representantes de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La ausencia de diálogo la confirmó Luis Chavarría, secretario general de la Unión Nacional de Empleados de la Caja (Undeca), quien explicó que hoy intensificarán su campaña en favor del movimiento.
Pese a eso, la mesa de negociación podría volver a establecerse hoy, dijo el dirigente.
Si eso ocurre, ambas partes deberán limar sus diferencias sobre el pago de incapacidades y otra serie de demandas de los gremios.
Defensa. Por otra parte, este domingo, el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname) publicó un campo pagado en la prensa nacional en el cual señala que “_es falso que algún médico especialista reciba ¢22 millones por concepto de salario mensual, sino que dicha cifra puede corresponder al atraso constante en el pago de tiempo extraordinario_”.
Esa misma públicación menciona que, si persiste la idea de que esos pagos son los que tienen en crisis a la Caja, “_entonces suspendan las actividades que generan estos pagos, y asuman la responsabilidad de las emergencias que se dejarán de ver después de la jornada ordinaria_”, dice el escrito.
Precisamente, la Organización Panamericana de Salud (OPS) dio un informe el viernes en el que señala que la Caja debe contener el gasto en salarios, si quiere salir de la crisis financiera. _________________________________________________________
SINDICATOS NO AFLOJAN HUELGA KRISSIAMORRISGRAY kmorris@diarioextra.com
Los sindicatos del sector salud están que no aflojan la convocatoria a huelga en hospitales, clínicas y equipos básicos de atención integral en salud (Ebais), programada para mañana a partir de tempranas horas del día.
Hasta ayer las organizaciones sindicales no habían sido convocadas por las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para reanudar las negociaciones, a fin de evitar el movimiento que se traducirá en la cancelación de 29.500 citas, 400 operaciones y la no entrega de 161 mil medicamentos.
Para hoy está prevista la entrega de 25 mil volantes a personal de los hospitales San Juan de Dios, Calderón Guardia, México, Nacional de Niños y Raúl Blanco Cervantes.
Rodrigo López, secretario general de la Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería (ANPE), dijo que las autoridades de la CCSS no tienen una verdadera intención de negociar.
Respecto a la reunión del sábado aseguró que se trató de un conversatorio, pues las autoridades presentes no tenían conocimiento de la agenda de temas entregada días atrás, al tiempo que criticó que Ileana Balmaceda, presidenta ejecutiva de la CCSS, ha estado ausente de las conversaciones.
En este sentido comentó: “_Cuando se tocaba el tema de la deuda del Estado con la CCSS nos salían con lo del enorme esfuerzo que hacen las autoridades del Poder Ejecutivo para emitir los ¢85 mil millones, trasferencia que está en la cola de un venado porque su entrega está condicionada al paquete tributario_”.
“_Se mantiene el movimiento para el martes. Mañana (hoy) se dará un banderazo con la comunicación formal por parte de los sindicatos a todos los trabajadores para que participen en la huelga a partir del martes_”, enfatizó López.
BRIGADAS
Al respecto Luis Chavarría, secretario general de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (Undeca), afirmó que el movimiento sindical cuenta con un número importante de brigadas, las cuales tendrán entre sus funciones la visita a hospitales y clínicas en la Región Central y otras partes del área metropolitana.
“_Para mañana (hoy) haremos jornadas de comunicación muy intensas para que los trabajadores se sumen a la huelga_”, recalcó Chavarría.
El sábado Balmaceda se mostró muy satisfecha por el cambio de actitud mostrado por el movimiento sindical, pues indicó que percibió que los sindicatos estaban más abiertos al diálogo, al tiempo reseñó que hay muchos empleados que mediante correos electrónicos y mensajes de texto le aseguraron que no se sumarán a la huelga.
Dijo que el punto de no reconocer como salario el subsidio de las incapacidades “_no es un tema negociable_” porque existe un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República que es vinculante y fue ratificado por la Contraloría General de la República.
Ante este hecho, algunos sectores sindicales no descartan solicitar la intervención de la Presidencia de la República para buscar alguna solución al diferendo.
PARA LA HUELGA
• Sindicatos entregarán 25 mil volantes hoy en diversos centros médicos del país. • Los dirigentes convocaron a los trabajadores de los 29 hospitales, de todas las clínicas y los más de 1.000 Ebais. • Son 11 los sindicatos, tanto de trabajadores como de médicos, que se aliaron para ir a huelga. • 29.500 citas médicas se suspenderían, lo mismo que 400 operaciones, no se entregarían 161 mil medicamentos ni se efectuarían 5.300 placas de rayos X. __________________________________________________________
PUSC impulsa movimiento nacional para salvar la Caja
A lo interno de la Alianza por Costa Rica, conglomerado de ocho partidos que se hicieron con el control de la Asamblea Legislativa en sus cargos y comisiones más importantes, la Unidad Social Cristiana impulsará un movimiento nacional de salvación de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Así lo anunció Luis Fishman, quien también reiteró lo que muchos consideran, que la entidad no se salva con la inyección de un poco más de recursos, ni tampoco eliminando derechos laborales, como afirma que ha sido el proceder de las autoridades con el aval del Poder Ejecutivo.
Fishman, a través de un escrito enviado a raíz de la situación de la entidad administradora del seguro social, recordó la cercanía del partido rojiazul con la creación de la Caja en los años 40, durante la gestión del máximo icono de ese partido, Rafael Ángel Calderón Guardia.
“_La crisis de la CCSS revela manejos irresponsables en los asuntos públicos, administraciones sin sensibilidad social y promotoras de privilegios, así como una creciente incapacidad de respuesta a las demandas de la población asegurada_”, indica el escrito, que estaría avalado por toda la bancada socialcristiana.
La intención de los rojiazules es que desde la Alianza por Costa Rica, a través de las inquietudes y propuestas para salvar la entidad, se pueda constituir una respuesta para salvar a la CCSS en la profundización de la crisis que ya atraviesa.
Con la acción presentada Sintrajap solicitó, como medida cautelar, el no refrendo del documento por parte de la Contraloría General de la República (CGR), al tiempo que la agrupación exige la anulación del acto adjudicatorio.
La demanda fue presentada al Tribunal Contencioso Administrativo y la misma también va en contra de la CGR, la Procuraduría General de la República (PGR), la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), el Consejo Nacional de Concesiones (CNC), la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y la empresa APM Terminals.
Roger Regidor, abogado de Sintrajap manifestó que para el mega muelle pretendido no se efectuaron los estudios de impacto ambiental requeridos para tal obra, sino que se tomaron en cuenta análisis efectuados de previo.
La preocupación en este sentido es de la posible desaparición de un acuífero en Moín, el cual suministra de agua al 20% de la población del cantón central y que es una zona dentro de la categoría Ramsar.
Regidor mencionó que entre los aspectos contemplados en la demanda se encuentran que el proyecto crea un monopolio privado, establecimiento de altas tarifas, modificaciones en las fechas de recepción de documentos de los interesados a participar en el cartel de licitación y la aprobación de 15 puntos que presuntamente beneficiaron a la empresa.
ES INNECESARIO
Este es la segunda demanda presentada ante esa instancia. Anteriormente lo había hecho la Cámara Nacional de Bananeros.
Ronaldo Blear, secretario general de Sintrajap adujo que “este proyecto es innecesario. Van a tener que responder porque se pospuso en 13 ocasiones el cartel y en una de las ocasiones, la fecha se había pasado en cuatro días y aún así se volvió a caer”.
“Este es un proyecto que en definitiva se va a caer. Encontramos muchas irregularidades e inconsistencias que son abusivas y que violentan la ley, por eso pedimos que se haga justicia”, reafirmó Blear.
Blear además recalcó que dentro de las peticiones efectuadas al juez es que este haga una visita a la zona a fin de conocer, de primera mano, las implicaciones que tendrá el proyecto.
Consultado al respecto, el presidente ejecutivo de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), Allan Hidalgo comentó que no conoce el fondo de la demanda presentada, pero aseveró que todo lo actuado por el gobierno está acorde a la ley.
“Si ellos consideran que el cartel fue un traje a la medida y que hay un tráfico de influencia debieron acudir al Ministerio Público para poner la demanda correspondiente, pero no acudieron ante esa instancia pues no tienen las pruebas para sustentar eso”, afirmó Hidalgo.
Reconoció que los estudios de impacto ambiental a los que hacen referencia los sindicatos existen y que se emplearon por ser un proyecto de Estado y recalcó que fueron los mismos empleados para la elaboración del Plan Maestro.
“El sindicato lo que está haciendo es asustando con la vaina vacía, pues para el proyecto se contaron con todos los estudios, los cuales fueron corroborados por la CGR”, aseveró Hidalgo.
La medida de protesta contó con la presencia de una veintena de trabajdores y trabajadoras sociales, organizados en ASTRASOMJU, que laboran en el Sistema Penitenciario Nacional.
En esta entregaron al despacho del Ministro Hernando París un documento con las principales exigencias para resolver sus problemáticas.
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San José, 4 de julio de 2011
Licenciado Hernaldo París Ministro Justicia Y Paz S.O.
Estimado señor:
Reciba de la Asociación de Trabajadoras/es Sociales y Afines del Ministerio de Justicia y Paz, un respetuoso saludo.
En el contexto de los recientes acontecimientos acaecidos en el CPI La Reforma y del informe de la Defensoría de los Habitantes en relación con la situación del sistema penitenciario, desde el carácter gremialista de nuestro sindicato, consideramos:
1. En relación con los acontecimientos ocurridos el 11 de mayo:
a. Durante décadas, las/os funcionarias/os del Departamento de Trabajo Social del Sistema Penitenciario, hemos prestado un servicio profesional que va más allá de lo que nuestras funciones como disciplina nos demandan, a raíz de que hemos sido y somos conscientes de los derechos que le asisten a la población con la que laboramos y de la vulnerabilidad en que se encuentran, dada su condición de privación de libertad.
b. Por años, hemos laborado en condiciones menos que inadecuadas, en lo que se refiere a infraestructura, realizando nuestro trabajo cotidiano en espacios oscuros, malolientes, pequeños o hacinados, con falta o ninguna ventilación, con poco o ningún mobiliario y equipo, en situaciones de riesgo, siendo sometidas/os a contaminación ambiental y sónica, expuestas/os permanentemente a la violencia emocional y física, no sólo de los /as privadas de libertad, sino también de sus familiares o recursos sustitutos, ni qué decir de la sociedad y los medios de comunicación.
c. El enfrentamiento de esas condiciones negativas de trabajo, sólo puede estar sustentado en un alto grado de profesionalismo, que es lo que caracteriza al gremio de Trabajo Social Penitenciario. Esta ética, mística y entrega, nos ha llevado a cumplir, por encima de lo esperado, con la demanda continua y sistemática de la población, la cual ha aumentado de forma significativa, tanto en número como en peligrosidad.
d. Hemos sacrificado tiempo, dinero y recursos, en el acondicionamiento de espacios físicos, de trabajar horas extras, de utilizar los equipos de cómputo, audio y video de nuestra propiedad, en el desarrollo de la labor; hasta hemos llegado a realizar la sistematización o el registro de la información, sea de los procesos individuales, familiares, grupales o la elaboración de proyectos, en nuestros hogares, con tal de que nuestro quehacer no se vea deteriorado en su calidad.
e. La carga de trabajo que presenta el Departamento de Trabajo Social en Adaptación Social, no se compara con las que enfrentan las otras disciplinas de la institución, dado que por la naturaleza de la profesión y la organización institucional, las/os profesionales debemos estar presentes en la mayoría de los procesos de trabajo, que se desarrollan al interior de la institución o fuera de ella.
f. Hay que reconocer que, si bien el quehacer disciplinar tiene relación directa con el privado de libertad y el mantenimiento de las relaciones afectivas, conyugales e interpersonales con sus recursos de apoyo, también tiene una relación directa con el desempeño de éste en la convivencia institucional, pues de la realización o no de las funciones asignadas, en los plazos previstos y en las condiciones planificadas, dependen las respuestas emocionales de la población, por lo que llegamos a constituirnos en un servicio de primer orden para la estabilidad institucional.
*2. * A partir del 11 de mayo del 2011, las/os profesionales de Trabajo Social no vemos con los mismos ojos nuestra tarea.
a. Por décadas, creímos que laborábamos en una institución que si bien no nos ofrecía u ofrece, medianas o mínimas condiciones de trabajo, al menos, sí estaba preocupada por salvaguardar la vida de los/as funcionarios/as, en el tanto éstas estuvieran comprometidas en una situación de violencia.
b. Pensábamos que en una toma de rehenes, nuestras vidas iban a ser consideradas imprescindibles, defendidas a toda costa, no obstante, el mensaje de la institución y de los organismos de seguridad del país, nos dijeron todo lo contrario.
c. Luego de ocurridos los hechos del 11 de mayo, el colega involucrado fue enviado por el INS a laborar nuevamente, después de ocho días de incapacidad, alegando que no existía motivo médico para que se mantuviera en esa condición, instándosele a recurrir a sus vacaciones o la CCSS, si deseaba tomar distancia de la situación ocurrida, por algún tiempo más.
d. En otro orden de cosas, pero en este mismo tema, nos cuestionamos cómo puede una persona, sometida a una situación de violencia extrema durante varias horas, en la cual su vida pendió de un hilo y un custodio perdió la suya, incorporase a laborar en el mismo medio, sin una asistencia postraumática, ubicándolo en una situación de riesgo no sólo para sí mismo, sino también para la población.
e. Este es un aspecto que hay que retomar en una futura discusión de una forma muy seria. Por lo pronto, se sugiere que la institución se organice para mantener un seguimiento profesional a las personas involucradas en esta experiencia, por el tiempo que lo requiera.
3. La desidia de las autoridades institucionales, se ve demostrada a cabalidad en el informe de la Defensoría de los Habitantes, sobre la situación del sistema penitenciario nacional. En este aspecto queremos llamar la atención sobre las distintas necesidades que enfrentan las/os colegas en distintos escenarios, a saber:
a. La sobrepoblación no sólo implica la necesidad de construcción de nuevos espacios o la redistribución de la población, para Trabajo Social significa una sobrecarga laboral, imposibilidad de cumplir con los plazos establecidos, la disminución de la calidad del abordaje, presión de la población, de los espacios colegiados, los/as jueces, defensores, la familia.
A partir de lo anterior, las /os colegas estamos expuestas/os al riesgo de cometer errores que pueden tener consecuencias graves o fatales para la población o sus familiares, así como en la salud física y emocional de nosotras/os como funcionarias/os.
b. La situación de riesgo de deslizamiento del terreno en el Buen Pastor, que si bien, en apariencia va a ser resuelto dentro de algunos meses, adquiere una relevancia en esta época del año, por la entrada del invierno, lo que pone en peligro no sólo a la población, sino a las/os funcionarias/os.
Incluso, preocupa que en las distintas propuestas de reubicación o construcción, no se visualizan espacios para ubicar las oficinas técnicas, como suele suceder comúnmente en el Sistema Penitenciario, dándose lo que también suele suceder que deban utilizarse espacios para la atención profesional que eran contemplados para otros usos.
c. En el caso del Nivel en Comunidad, se presentan serias limitaciones de infraestructura, pues de las 14 oficinas, sólo tres cuentan con espacios propios, 7 de ellas comparten el espacio con el Nivel semi-institucional, con los problemas sabidos de intercambio de población con diferentes condiciones legales y el sometimiento a medidas de seguridad, que no son propias de la naturaleza de las oficinas de Comunidad.
Al tener una cobertura importante de población, que asciende un poco mas de las 9 mil personas, existe una importante falta de recursos humanos y de transporte en este nivel, exponiéndose las/os colegas cotidianamente a peligros y amenazas, al tener que realizar las investigaciones sociales a pie o en bus, con el agravante del tipo de comunidad en la cual deben movilizarse.
Además que en este programa los profesionales tiene como recargo la entrega de correspondencia, el aseo de las oficinas, labores secretariales y además la custodia de cada expediente y bien patrimoniado, lo que hace que se incurra en una responsabilidad legal y económica si se perdiera o dañara alguno de estos.
POR LO TANTO:
1. A partir de lo sucedido el 11 de mayo, debemos entender los/as funcionarios/as penitenciarias, que nuestras vidas no son importantes, que hay un mal mayor que evitar y si por desgracia, en cualquiera de los escenarios que laboramos, se presenta un acto de violencia, nuestra vidas no van a ser protegidas y van a estar expuestas al azar de las circunstancias, como sucedió en esta ocasión.
Ante esa cruda verdad, las/os funcionarias/os del Departamento de Trabajo Social de Adaptación Social, deseamos manifestarnos en contra de semejante desprecio por la vida, en contra de semejante exposición de nuestra integridad física, de esta indiferencia institucional que viene a constituirse en el corolario de la indolencia demostrada por años.
Ante la actitud irresponsable de la institución se nos obliga, como gremio, a tomar medidas para prevenir la exposición de nuestras vidas a futuros actos de violencia. Así es que, en la presente coyuntura y en el caso específico de la atención de Trabajo Social en el ámbito de Máxima Seguridad del CPI La Reforma, nos negamos a brindar atención en las actuales condiciones de infraestructura, puesto que los locutorios están dentro del ámbito, lugar que se demostró no guarda las condiciones de Seguridad básicas para desarrollar la atención en un grado mínimo de riesgo.
De ahí que, nos solidarizamos con las propuestas planteadas por las colegas del CPI La Reforma al respecto, de las cuales tiene conocimiento el viceministro Fernando Ferraro, la Jefa Nacional de Trabajo Social y las autoridades de dicho centro.
Al igual que las colegas del CPI La Reforma, el colectivo de ASTRASOMJU, en asamblea ordinaria del pasado 24 de junio, se compromete a prestar la colaboración que se requiera en ese Centro, siempre y cuando se resuelvan las condiciones de riesgo que privan en dicho espacio.
Sobre los otros temas presentados en cuanto al informe que brinda la Defensoría de los Habitantes, sobre la situación del sistema penitenciario, que afecta directamente a las/os colegas de Trabajo Social, le recordamos que en el mes de mayo recién pasado, solicitamos una audiencia con su persona para hablar de ésta situación, sin que hasta la fecha hayamos recibido una respuesta satisfactoria a nuestra petición. Esperando se abran los espacios de comunicación necesarios, para la discusión de propuestas o alternativas que vengan a constituirse en soluciones viables y sostenibles en el tiempo y recibir respuesta en los plazos de ley, se despiden:
Cc: Lic. Fernando Ferraro. Viceministro de Justicia y Paz Lic. Jorge Rodríguez Bogle. Director de Adaptación Social Msc Ana Monge Campos. Jefa de Trabajo Social Bach. Ronald Herrera. Director CPI La Reforma Defensoría de los Habitantes Junta Directiva del Colegio de Trabajadores Sociales de Costa Rica Alexander Obando M. Director del INC.
Carta enviada a la Viceministra de Gobernación en documento adjunto.
Este viernes 1 de julio los trabajadores y trabajadoras de la Imprenta Nacional, acuerpados por la representación de la ANEP en la institución, recibieron el mes con un paro total de labores, con posibilidades de huelga, dados los muy malos resultados que está teniendo la institución gracias a las decisiones tomadas por el Director Jorge Vargas Espinoza y su jefe financiero Jorge Velazques.
Según Energivia Sánchez Brenes, trabajadora dela Imprenta Nacional, los traslados de personal que ha realizado la Dirección no están justificados ni “_en ningún momento se han estudiado los perfiles, que si son personas aptas para estar en esas funciones o no_”.
La desaparición del departamento de recepción de trabajos implica un duro golpe a las finanzas de la Imprenta Nacional, en tanto no habrá una oficina encargada de la atención al público que quiere contratar los servicios de la imprenta, lo que prevén los trabajadores y trabajadoras será un caos para la institución.
Para Guillermo Murillo Castillo, promotor de la ANEP en la Imprenta y trabajador de la misma, “_han tomado la decisión de reducir un 50% el costo de las publicaciones… lo que dará para final de año una pérdida de ¢600 millones. Las decisiones de esta administración estarán quebrando en tres años la institución_”.
El movimiento laboral está solicitando a la Viceministra de Gobernación Marcela Chacón que se destituya al jefe financiero Jorge Velasquez y hacen la advertencia que si las cosas siguen así en la Imprenta Nacional se generará un movimiento interno que acabará con la destitución del Director Jorge Vargas.
LEA ADEMAS: Diputado Villalta del Partido frente Amplio, envía notas a Ministra de Trabajo (4 de julio de 2011), una sobre el despido arbitrario de trabajadores y otra exigiendo la prohibición del uso del químico Carbofuran. Nota en ARCHIVOSADJUNTOS en la columna derecha __________________________________
Se trata de Bana Internacional Arero SA y Natura Farms LWO SA (conocida también como antigua Naturella ó Finca Once), dos empresas del mismo dueño.
Organización sindical y despido inmediato
Ante el llamado de los y las trabajadoras en estas empresas, y por el trabajo que viene realizando la ANEP – Sector Privado en la zona, se realizó una primera reunión en la cual los trabajadores expusieron las condiciones de trabajo a lo interno de estas empresas piñeras, en donde se realizan una serie de violaciones a los derechos laborales. Muchos de ellos son subcontratados por contratistas, no se les asegura ante la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, tampoco se les pagan aguinaldos, no se dan vacaciones ni se les reconocen las horas extras. Además abusan de la condición de irregularidad en el estatus migratorio de muchos trabajadores, para además pagarles menos del salario mínimo de ley.
Tanto la ANEP como Gerardo Barba Hurtado, único ex trabajador de la empresa que se atrevió a venir a San José a realizar la denuncia, pese a las amenazas e intimidaciones, denuncian que la empresa utiliza el pesticida Furadán, que es la marca comercial del Carbofurán, prohibido en Estados Unidos, Canadá y Europa. Este agroquímico es de alta toxicidad para seres humanos, aves y peces; y que en nuestro país el Sistema Fitosanitario del Estado (SFE), desde el 2010, asegura que la producción agrícola de la zona norte del país es “libre de Carbofurán”.
A esta conferencia asistió el Diputado del Partido frente Amplio, José María Villalta Florez-Estrada, quien no solo se solidarizó con la situación que viven los y las trabajadoras de las plantaciones piñeras en todo el país, sino que además se comprometió a incidir en la Asamblea Legislativa para que el Ministerio de Trabajo, de Salud y el MINAET den respuestas claras ante su ineficacia en la protección de los derechos humanos laborales y la contaminación de personas y el ambiente por el uso de agroquímicos tóxicos que son prohibidos en muchos países del mundo, sobre todo en los que se exporta la fruta.
Contaminación, despidos, amenazas… y lucha
“Ante una inspección de Certificación en la empresa, un trabajador protestó por ocultar el uso de este químico a los inspectores, por lo que fue despedido al día siguiente. Cuando llegan inspecciones del Ministerio de Trabajo, montan en camiones a los indocumentados y se los llevan a esconderlos, lo mismo hacen con los químicos”, dijo Barba Hurtado.
“Por todo eso decidimos reunirnos para sindicalizarnos, la respuesta de la empresa fue el despido inmediato de todos los que nos reunimos, eso fue el domingo 5 de junio en una Asamblea que realizamos.”, agregó Hurtado.
A pocos días de la Asamblea de trabajadores fue despedido uno de los principales impulsores del sindicato dentro de la empresa Natura Farms, y seguidamente otros compañeros más de los que asistieron a la primera reunión. Aún así, los trabajadores realizaron la Asamblea el día 5 de junio, a la cual llegaron siendo ya despedidos casi la totalidad de los asistentes a la reunión anterior. Aún así, ese 5 de junio, nueve trabajadores decidieron formar el sindicato.
El día lunes 6 de junio, tan sólo un día después de la reunión fue despedido otro de los trabajadores líderes dentro de la empresa, Gerardo Barba Hurtado; seguido del resto de compañeros cercanos a las reuniones, para un total de 25 trabajadores despedidos entre las dos empresas.
Aún así los trabajadores actuales de la empresa, junto a los despedidos deciden mantenerse en el sindicato y en una asamblea del día 19 de junio, fundar el Comité Sindical Cantonal de Los Chiles, para promover la solidaridad entre los trabajadores de las empresas piñeras.
Entre las primeras acciones que acordaron, fue la de realizar la conferencia de prensa del día 22 de junio, para denunciar las violaciones a sus derechos laborales, individuales y colectivos, y el uso de pesticidas prohibidos que destruyen el medioambiente y afectan la saludo de la comunidad, ya que contamina las fuentes de agua.
Para esta conferencia de prensa se eligió una delegación de cinco trabajadores, pero debido a la campaña de miedo que la empresa ha sembrado en la zona, únicamente el presidente del Comité Sindical, Gerardo Barba Hurtado, asistió a la cita.
Entre las presiones que han enfrentado para evitar las denuncias, están desde las amenazas de las llamadas “listas negras” con otras empresas, las presiones de que familiares a lo interno de la empresa pueden perder el trabajo y hasta han habido intentos de contraponer a costarricenses y nicaragüenses, a pesar que ambos grupos sufren la misma precarización en sus condiciones laborales.
En medio de todo esto se nota la ineficacia del Ministerio de Trabajo en sus funciones, del Ministerio de Salud y el MINAETpor el uso de químicos tóxicos.
Colaboró con esta información: Gerald Valverde Santos, Promotor Sindical de ANEP en el Sector Privado
Costa Rica no tiene “escapatoria”: cumple porque cumple, tal y como sucedió con el matrimonio igualitario y con la fertilización in vitro que ahora están en nuestro ordenamiento jurídico por mandatos de la Corte IDH.
Es una verdadera “ganga” para el eventual comprador del BCR que se lo llevaría en “combo” por tan ridículo precio, dado que el BCR es, en realidad, un conglomerado de negocios: BCR Pensiones, BCR Valores, BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, BCR Corredora de Seguros. Además, el BCR es el accionista mayoritario del Banco Internacional de Costa Rica (BICSA). ¿Qué significa todo esto? Para los más amplios sectores populares y los grandes grupos con conciencia cívico-patriótica, esto es un “megachorizo sin precedentes”.
Contundente: ¡el préstamo gota a gota ya es delito criminal! Gran papel jugó el Colegio de Abogados y de Abogadas de Costa Rica, mediante su Comisión de Crimen Organizado y Seguridad. Su Junta Directiva tomó el acuerdo 2023-01-024 de impulsar tal proyecto y don Gilbert y doña Gloria hicieron toda la gestión de promoción parlamentaria para que, afortunadamente, ya tenga segundo debate.
Es momento de visibilizarse como mujeres, de demostrar las capacidades que nos caracterizan, de tomar los espacios en las aulas, de capacitarnos, de tomar decisiones, de que valoren nuestras capacidades en los puestos laborales, de apoyar a otras mujeres y niñas, para así minimizar los índices de desigualdad de la mitad de la población como lo son las mujeres.
El sistema Nacional de las juventudes en nuestro país, a través del tiempo ha estado bajo el control de no solo personas adultas tratando de imponer sus decisiones hacia las juventudes de nuestro país, sino que, a su vez, el Sistema Nacional de Juventudes ha estado secuestrado por intereses partidarios y esto ha incidido en que muy pocas personas jóvenes de nuestro país (de los 12 años a los 35 años), sepan que existe un Sistema Nacional de Juventudes.
