Categoría: Acción Sindical

Policía Penitenciaria indignada volverá a las calles

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Los y las integrantes de la Policía Penitenciara, entidad a cargo de la seguridad de las cárceles costarricenses, están sumamente indignados y altamente molestos porque el Gobierno de la República, a través del Ministerio de Justicia y Paz, no pagará esta quincena, 15 de octubre, la deuda salarial que se tiene con este importante colectivo laboral del sector Público, correspondiente a nueves meses (enero-setiembre) del año 2009; pago que se les había prometido para este lunes.

Como se recodará, la ANEP ha llevado esta lucha durante casi cinco años, en medio de una gran complejidad, al punto de que fue necesario que la propia Asamblea Legislativa emitiera una Ley de la República para que pudiera ser honrada. Esta autorización jurídica, Ley No. 9039, algo insólito en su campo, fue emitida en marzo pasado y contó con el apoyo totalmente unánime de todas las fracciones parlamentarias.

Igualmente, los y las integrantes de la Policía Penitenciara tuvieron que acudir a las acciones de calle para que este Gobierno se dispusiera a asumir sus responsabilidades en tal sentido; dándose entre otras, una gran manifestación el día lunes 27 de junio de 2011, en el cual se dieron fuertes piquetes de protesta en las afueras de las diferentes cárceles del país y en sus calles aledañas.

La ANEP no dispone de ninguna comunicación oficial que responda por el atraso, por esta nueva deshonra de un compromiso gubernamental, así asumido por el propio Ministro de Justicia y Paz, Fernando Ferraro Castro quien, él mismo, fue la persona que le puso fecha límite al pago de la deuda: 15 de octubre.

La Policía Penitenciaria irá de nuevo a las calles. Se tenía previsto que fuera este lunes 15 pero dado el feriado conocido, el movimiento se hará, sin dilación alguna y con toda fuerza, el lunes 22 de octubre. La próxima semana daremos detalles al respecto.

San José, 12 de octubre de 2012.

Héctor Prado Monge
Presidente Junta Directiva
Seccional ANEP-Policía Penitenciaria
Directivo Nacional ANEP
Teléfono 88 95 26 26

Gerardo Cascante Vargas
Vicepresidente Junta Directiva
Seccional ANEP-Policía Penitenciaria
Teléfono 89 81 45 98

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Wálter Quesada Fernández
Secretario General Adjunto ANEP

Pensamientos de un policía responsable

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Dedico parte de mi tiempo a analizar las diferentes situaciones que aquejan a nuestro bello país. Leo, escucho y veo noticias, opiniones variadas, y pienso que la desigualdad, las diferentes formas de exclusión, la falta de pertenencia, la pérdida de valores, el debilitamiento del poder salarial de adquisición en la clase trabajadora, las cada vez más frecuentes manifestaciones de desfachatez en los modos de corrupción, en instituciones públicas; las grandes diferencias y exclusiones sociales dentro de muy pequeños espacios de territorio, potencian cada vez más la acción delictiva y el arraigo del crimen organizado, el crimen “asociado”, el crimen “moderno”. En detrimento de la salud y de la seguridad.

Y pienso que en Seguridad Pública es claro que “cuando el que manda pierde la vergüenza, el que es mandado pierde el respeto”. De esta manera debemos aceptar que hay corrupción en las policías, algo muy preocupante; pero… ¿quién se propondrá hacer los cambios necesarios? Desde mi perspectiva nada debería justificar la corrupción, menos en los encargados de velar por la seguridad de las personas; además la Patria y la ciudadanía merecen no sólo una policía mejor preparada, también más honrada, por eso es imperativo señalar que el nivel de corrosión es de magnitudes desconocidas; él “sistema” funciona como “agente inflamable”, te “absorbe o excluye”, y resulta difícil saber quiénes están de este extremo y quiénes del otro.

Cuando vemos cómo se retarda un manual de puestos que favorece al trabajador de menor ingreso, “rasos”, pero los de arriba sacaron “su” manual, con muy buenos ingresos, además de “acomodar” a muchos (as) amigos. Señores, diría alguien por ahí: sugiero que se “investigue a ver si se trató de abuso de confianza”, los del “piso e´ tierra” conocemos de prácticas que restan credibilidad; elementos y fundamentos… los hay.

Definitivamente nos preocupan estas cosas. Por eso decimos: ¿a quién le favorece policías mal pagadas, desmotivadas y sin recursos? De seguro no es a la ciudadanía decente, no se tendrá un servicio de mayor calidad, a menos que se modifiquen algunas cosas, y los y las policías salgan a servir motivados, alegres y con un estado emocional acorde a la importante labor que desempeñan, creyendo en el “sistema”; pero aunque muchos por temor no lo exterioricen, a lo interno y en nuestra organización sabemos que la sensación de la mayoría es de desconfianza. Sin embargo, recientemente se dijo que los números en criminalidad se ¡redujeron! De ser así, definitivamente es loable la labor de los y las oficiales de las diferentes policías.

Siguiendo con la problemática, existe un tema que debería preocupar. Nos referimos a la salud mental del policía que en alto número ha perdido su hogar, por el desarraigo familiar, entre otras causas; aunado al nivel de endeudamiento que incrementa la angustia y aumenta la vulnerabilidad, siendo tentados a formar parte de “organizaciones” delictivas. Sumemos procesos por colisiones, algunos merecidos, otros no tanto. La mayoría de unidades están al margen de la ley, sin marchamo, sin revisión técnica, en malas condiciones y esto no se valora a la hora de establecer una suspensión, que aumenta la problemática salarial del trabajador. Ese es el producto final que luego usted recibe: un oficial frustrado, desmotivado, mal humorado; luego miramos abusos de autoridad, oficiales detenidos, hogares disfuncionales, el número de hogares “destruidos” en la Fuerza Pública es altísimo.

Existe personal “enfermo” y nadie lo nota. Bien se dice “mente sana, cuerpo sano”. Sabemos que, lamentablemente, existen malos funcionarios, pero tampoco existe diferencia entre hacer o no hacer. Si trabajas dieciséis (16) horas nada pasa, pero si sales una hora antes, aun con permiso, la administración te inicia un proceso; los “_intereses”_ son ajenos al valor de servir. Estas cosas están pasando.

¡Cómo no decirlo! Podría ser que con quien esté uno trabajando, llegue (o ya es), un delincuente “disfrazado” de policía. Y si no se actúa hoy, en un par de años Dios nos libre. Esto tiene que cambiar, por eso desde la convergencia democrática y sindical, sin menoscabo de nuestras obligaciones, aunque miren de “reojo” nuestras manifestaciones, apelamos al deber cívico y al derecho constitucional, inclusive. Nos debemos a la ciudadanía, por esto manifestamos nuestra verdad… sobre esta problemática de salud y seguridad.

¿Cuál es el miedo? Igual, vivir sin ideales, es como si nunca hubieras vivido. Alguna gente dentro de nuestra querida Fuerza Pública tergiversa o desconoce el aporte sindical. Por eso recuerdo que Moisés fue el primer “sindicalista”, él se enfrentó al faraón, liberando a un pueblo oprimido. Aportamos al desarrollo social, a la democracia del país, defendemos la justicia y el sentimiento de pertenencia; está intacta nuestra moral, a pesar de las adversidades, responsablemente manifestamos pensamiento, en procura de generar reflexión y el cambio que el país merece… Albert Einstein dijo algo para siempre: _“El mundo no será destruido por las personas que hacen el mal, si no por las que se sientan a ver lo que pasa”_…; si mañana dejare de servir desde esta función podré mirar de frente a mis compañeros (as) y conciudadanos, con la satisfacción del deber cumplido…

Están vacilando con el Manual de Puestos

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San José, martes 25 de setiembre del 2012.

Lic. Mario Zamora Cordero, Ministro de Gobernación y Policía y de Seguridad Pública
Lic. Francisco Marín Monge, Viceministro de la Presidencia para sectores sociales
Sus despachos

Honorables y respetados señores

La presente misiva es para, en primer término, saludarles con respeto, de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Una vez más, como reiteradamente lo venimos haciendo hasta ya bastante tiempo, deseamos plantear ante vuestras ilustres autoridades político-ministeriales, la gran preocupación que tenemos con relación al tema del MANUAL DE PUESTOS PARA EL PERSONAL “RASO” DE LA FUERZA PÚBLICA; de lo cual hemos dejado constancia de ello en diversos espacios (televisión, periódicos, etc.) a los cuales hemos acudido y a través de los cuales hemos informado tanto al personal de base del Ministerio de Seguridad Pública, como a los respectivos jerarcas de ese ministerio, así como a la propia Casa Presidencial, y a la ciudadanía, en general.

En reiteradas ocasiones hemos enviado cartas, así como hemos asistido a constantes reuniones en Casa Presidencial solicitando información del MANUAL DE PUESTOS PARA EL PERSONAL “RASO” DE LA FUERZA PÚBLICA; así como buscando colaborar para ver de qué manera se hace realidad el mismo lo más rápidamente posible.

Sin embargo, a la fecha no hemos recibido más que un poco de palabrerías por parte de Casa Presidencial y de la propia cartera de Seguridad Pública que, incluso, se contradicen de forma bastante ridícula. Por ejemplo, en una reunión en Casa Presidencial, el señor Viceministro de Seguridad Pública, don Celso Gamboa Sánchez (a quien respetamos mucho), manifestó que “el MANUAL DE PUESTOS PARA EL PERSONAL “RASO” DE LA FUERZA PÚBLICA ya está terminado”, lo cual nos sorprendió; y, además agregó que “la señora Xiomara Rojas de SITECO lo sabe y ella participa constantemente en reuniones sobre el tema del Manual”, lo que nos sorprendió aún más.

La ridiculez estriba en que la propia Casa Presidencial, supuestamente, había solicitado información a las jerarquías ministeriales y con lo que dijo don Celso, ellos quedaron, como se dice popularmente, “detrás del palo”, y de alguna forma quedaron expuestos ante a representación de la ANEP casi que como “mentirosos”; pues se evidenció la falta de control político que existe desde Casa Presidencial para con Seguridad Pública, así como se hizo evidente la falta de respeto desde el Ministerio de Seguridad para con ellos, la Casa Presidencial.

Lo anterior lo planteamos debido a que, después, don Celso se retiró de la reunión y acto seguido ingresó la persona que en ese momento era la Directora de Recursos Humanos, doña Floribeth Castillo Canales, y manifestó que el MANUAL DE PUESTOS PARA EL PERSONAL “RASO” DE LA FUERZA PÚBLICA para nada estaba terminado y que el mismo estaba un poco lejos de finalizarse; ¿entonces cómo es el asunto?

Ahora bien, existen muchas expectativas dentro del personal de base acerca del MANUAL DE PUESTOS PARA EL PERSONAL “RASO” DE LA FUERZA PÚBLICA y para nadie es un secreto que el punto máximo de interés es el tema salarial, el cual actualmente es bastante bajo y que comparado con los mandos medios y altos existe una diferencia abismal, lo que ha venido calando profundo, de manera negativa, en el sentir de las personas del personal de base de la Fuerza Pública.

Este no es un tema del cual se puede estar “vacilando”. Es un tema que para nosotros como organización responsable que somos, es muy serio y al cual siempre le hemos dado el manejo adecuado; sin embargo, da pena pensar que para las autoridades del Gobierno y del ministerio no sea así, o al menos esa es la impresión que han creado.

Hace unos días atrás empezamos a recibir llamadas de afiliados de diferentes partes del país que nos informaban acerca de la visita que estarían realizando, en conjunto, el Director de la Escuela de Policía, señor Erick Lacayo Rojas, junto con la señora Xiomara Rojas Sánchez, de SITECO; visitas en las que ambos estarían manifestando que andaban juntos trabajando el tema MANUAL DE PUESTOS PARA EL PERSONAL “RASO” DE LA FUERZA PÚBLICA y que “SITECO era quien lo estaba impulsando”.

Esto nos da para creer más firmemente en nuestra tesis de que, al parecer, a las autoridades ministeriales y de Gobierno, les incomoda el accionar decente, ético, responsable, beligerante, propositivo, de constante lucha en pro de los derechos de los trabajadores y de las trabajadores (derechos que, por cierto, son constantemente violentados en este ministerio), etc., que practica nuestra organización sindical; debido a que es conocido por todos y por todas que es la ANEP, la institución laboral que desde hace varios años viene dando la lucha en pro del MANUAL DE PUESTOS PARA EL PERSONAL “RASO” DE LA FUERZA PÚBLICA.

Es bueno recordar que esta lucha llegó al mismísimo nivel de la Presidencia de la República al término de la gestión gubernativa anterior y continuó en esta en el mismo nivel. Es bueno recordar que esta lucha forma parte un proceso integral de reivindicación ante la sociedad de lo que significa ser servidor público en materia de Seguridad Ciudadana y en sus distintos cuerpos policiales, dentro de los cuales, el de la Fuerza Pública es el más numeroso.

Igualmente, se nos motiva, también, para reflexionar acerca de qué intereses puedan existir al excluir a la ANEP de tal proceso; o bien, cuál es la razón de que no contemos con el “beneplácito” institucional, con el “visto bueno” jerárquico, dado que es bien sabida por el país la independencia político-partidista de la ANEP y no nos interesa quedar bien con “patroncito”, aunque sí con las legítimas bases laborales quienes son, a fin de cuentas, lo que vale cuando la lucha sindical es genuina, no calculadora; cuando la lucha sindical es legítima, no espuria; cuando la lucha sindical es de verdad, no de mentirillas; cuando la lucha sindical es para la gente, no por encima de la gente.

Solamente bajo este prisma, podemos comprender cómo ha habido una perversa resistencia institucional en la Fuerza Pública, tratando de impedir a toda costa el ejercicio de los derechos constitucionales y legales en materia de Libertad Sindical, que son en asistirle al compañero oficial de la Fuerza Pública, don Máinor Anchía Angulo; actual integrante de la Junta Directiva Nacional (JDN), de la ANEP y pese a que ya tiene un año de haber sido electo democráticamente, a la fecha no ha podido asumir sus funciones de representación sindical de los derechos de las personas trabajadoras afiliadas a la ANEP en la Fuerza Pública y a todo su personal, en general.

Denunciamos que en ello han mediado maniobras inconfesables pues pareciera que la incorporación plena de este servidor a la labor sindical de la ANEP resulta “amenazante” para un statu quo acostumbrado a la componenda y al servilismo sindical. Igualmente, debemos denunciar la diversidad de obstáculos que impiden el desarrollo organizacional de la ANEP en la Fuerza Pública, pues tenemos grandes dificultades para organización de filiales, capacitación, seminarios, talleres y otros eventos de formación sindical con perspectiva cívica valorando la especificidad estratégica del servicio de la Fuerza Pública en la búsqueda de la estabilidad democrática.

Por todo lo anterior, solicitamos con el debido respeto que como autoridades legítimas se merecen; pero, a la vez exigirles, con vehemencia, como representantes de los trabajadores y de las trabajadoras del Ministerio de Seguridad Pública, la totalidad de la información acerca del estado real y actual del MANUAL DE PUESTOS PARA EL PERSONAL “RASO” DE LA FUERZA PÚBLICA; así como demandamos una contundente a la legítima interrogante de por qué no se ha implementado a la fecha.

¿Acaso el deliberado y malintencionado retraso en la implementación del MANUAL DE PUESTOS PARA EL PERSONAL “RASO” DE LA FUERZA PÚBLICA tiene que ver con que a algunas jerarquías no les sirve que se implemente el mismo; a raíz de la competitividad amenazante que se generaría para los puestos de medios y altos mandos que, actualmente, son ocupados por un selecto grupo?

Para muchos es conocido que existen muchas personas que están como rasos y poseen títulos de profesionales (incluso con grado de licenciatura), en carreras afines con las funciones policiales y con los años que estipula la ley para ostentar los mandos superiores: ó, ¿acaso es que ya está concluido y no hay presupuesto económico para su implementación?

Igualmente, es altamente notorio que los bajos salarios que se paga al personal de base de la Fuerza Pública, es un enorme obstáculo para llenar todas las plazas vacantes que existen, como bien ha sido dado a conocer, mediáticamente hablando.

Finalmente, al amparo del artículo 27 de la Constitución Política de Costa Rica y del 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, solicitamos a vuestras ilustres autoridades las respuestas de rigor.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Walter Quesada Fernández
Secretario General Adjunto

Luis Diego Alfaro Méndez
Sociólogo-Responsable ANEP-MSP
Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO)

¿Se verá obligada la Policía Penitenciaria a salir a la calle de nuevo?

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Antes del próximo lunes 15 de octubre de 2012, se debe depositar en nuestras tarjetas, la plata que nos deben. Si no es así, ese lunes 15 realizaremos el movimiento de presión más grande jamás visto llevado a cabo por la Policía Penitenciaria de Costa Rica.

Nos movilizaremos como nunca antes, si el Gobierno de la República no nos deposita la plata que se nos debe desde hace tres años.

Fueron muchísimos días, muchísimas semanas y muchísimos meses en que la ANEP y su Seccional ANEP – Policía Penitenciaria, lucharon para que se nos pagara la deuda de los nueve meses del año 2009 (enero-setiembre, ambos incluidos); deuda producto de la Revaloración Salarial Extraordinaria que había sido acordada entre el Ministerio de Justicia y Paz y la propia ANEP.

Fue tal el nivel de lucha y la intensidad de la misma que hasta tuvimos que gestionar, contra viento y marea, una ley de la República, que aprobó, finalmente, la Asamblea Legislativa: la Ley No. 9039. Esto ya es una realidad inobjetable y hemos sido extraordinariamente pacientes, tolerantes, responsables.

Entonces, no hay nada más que hablar. Si antes del lunes 15 la plata no está depositada: nos vamos para las calles ese lunes 15.

¡¡¡ALISTÉMONOS!!!

Junta Directiva Seccional ANEP-Policía Penitenciaria
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados

Sindicatos presentarán propuesta salarial el próximo 16 octubre

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El Consejo Nacional de Salarios (CNS), entidad adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), y a la cual la ley le asigna todas las definiciones, generales y particulares, en materia de salarios para quienes laboran en el sector Privado de la economía; ha fijado audiencia a las organizaciones sindicales para las 4 de la tarde, del martes 16 de octubre de 2012, a fin de que éstas den a conocer sus propuestas acerca del aumento en los salarios mínimos que ha de regir para el primer semestre del 2013, aplicable en el indicado sector.

En la ANEP y en la Central Social Juanito Mora Porras (CJSMP), consideramos que la fijación venidera para los salarios mínimos en el sector Privado será crucial, como nunca antes, por las siguientes razones:

Primero: Debemos ser contundentes en señalar que lo que ocurre cada seis meses en este tipo de fijaciones salariales, es un reajuste por costo de vida para compensar las variaciones de la inflación (Índice de Precios al Consumidor, IPC), ocurridas durante el semestre precedente a esa fijación. Por tanto, lo que se da es un reajuste por costo de vida, mismo que en nada incrementa el poder de compra del salario, para nada aumenta el poder adquisitivo del mismo.

Segundo: Esta situación ha prevalecido por incontables número de años al punto de que los más recientes estudios generados desde diversos procesos investigativos, nos indican que en Costa Rica la caída en los salarios reales de la clase trabajadora con empleo formal, está más que demostrada.

Tercero: Distinto es que se dé una elevación sustancial, de carácter general, extraordinaria, por ocasión única, en los niveles generales vigentes de todos los salarios mínimos. Aquí sí habría un aumento de su poder de compra, un aumento sustancial de su capacidad adquisitiva; si en el seno del Consejo Nacional de Salarios (CNS), no solamente se da una discusión integral al respecto que jamás antes se había dado, sino que, se fijara un aumento general en los niveles de los salarios mínimos; no un reajuste por costo de vida, reiteramos, que es lo que viene ocurriendo semestralmente desde hace muchos años. Las organizaciones que representamos, la ANEP y la CSJMP, queremos impulsar la apertura de esta discusión para lo cual, esperamos, lograr más respaldo sindical de parte de otras importantes agrupaciones laborales que tienen relación con la fijación salarial para el sector Privado.

Cuarto: Nuestras agrupaciones, la ANEP y la CSJMP, una vez más, tenemos que plantear que el principal problema nacional que aqueja a nuestra sociedad, es la concentración de la riqueza; por tanto, insistentemente seguiremos luchando para que se den modificaciones estructurales en la política salarial, dado que ésta es uno de los mejores mecanismos para atenuar, desacelerar y hasta revertir ese proceso perverso de diferenciación social como lo es la polarización económica desde la perspectiva del ingreso familiar.

Quinto: Hemos empezado ya a hacer nuestro números, en el marco de la “Metodología para la fijación de salarios mínimos para el sector Privado”; según el acuerdo tripartito adoptado en el seno del Consejo Nacional de Salarios (CNS), el 27 de octubre de 2011. En esencia, se deberá vincular, para establecer la fijación venidera, el aumento en el costo de la vida y el crecimiento de la economía, medido por el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), per cápita. En el primer caso, aumento en el costo de la vida, tal acuerdo indica que se deberá incluir un ajuste por inflación esperada. Por tanto, no será sino hasta en próximos días que, con certeza, se pueda hablar con seriedad y sin demagogia panfletaria, cuál es la pretensión sindical de incremento en los salarios mínimos del sector Privado, que deberán regir desde el 1 de enero de 2013.

Sexto: No hay duda de que la estrechez económica y el estrujamiento del presupuesto familiar, para hogares de ingresos medios y bajos, sigue generando gran tensión social. El desmedido aumento que recientemente se dio en las tarifas del servicio de agua (un 25%, en promedio), descalabró las finanzas familiares. Los anuncios de las alzas que se avecinan en las tarifas de buses y la continuada alza en los combustibles (con repercusiones en las tarifas eléctricas), empobrecen aún más a miles y miles de hogares de la clase trabajadora asalariada que, a pesar de ello, tiene la “suerte” de tener un empleo formal. (Recordemos que, prácticamente, un tercio de la Población Económicamente Activa (PEA) de Costa Rica, casi dos millones de personas, está fuera del mercado laboral formal: casi 650 mil).

Sétimo: Las consecuencias de seguir con una política salarial que no expande el poder de compra del salario, que tan solamente lo reajusta semestralmente, amplía la brecha social; máxime si ya constatamos que en ciertas esferas de la alta tecnocracia político-jerárquica del Estado, así como en los niveles de alta gerencia empresarial y cúpula corporativa de los más connotados negocios privados, los salarios muestran cifras abusivas que ofenden la dignidad de la clase trabajadora. El emblemático caso del salario del Gerente General del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), de casi 19 millones de colones mensuales (unos 36 mil dólares), mayor que el salario mensual del propio Presidente de los Estados Unidos, nos indica a qué niveles de perversidad se está llegando en Costa Rica en materia de concentración de la riqueza y de extensión de la pobreza.

Mejoran relaciones sindicales en Tuasa

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Gracias al trabajo respetuoso de la seccional ANEP – TUASA y de la disposición al diálogo de la empresa, les comunicamos el arreglo al que se llegó en reunión entre nuestro sindicato y representantes de Tuasa.

1- El compromiso de ANEP para retirar la demanda de persecución sindical.

2- La empresa se compromete a respetar horas extras y pagarlas conforme a la ley, siempre y cuando cuente con la disposición del trabajador. Excepto por algunas circunstancias.

3- Entregar una boleta para quejas, que se podrán presentar martes o viernes de 10am a 12md en el departamento de recursos humanos de la empresa.

4- Establecer tiempo para responder cualquier sanción, quedó para 1 semana.

5- Se invitara 2 técnicos para que den una clase a 2 dirigentes sindicales de cómo funcionan las barras electrónicas.

6- Constatar visita a la unidad de control para que el chofer en caso de duda le hagan la prueba al autobús.

7- El tema de las juntas laborales y solicitar los permisos con 8 días de anticipación.

8- Colocar en el plantel de TUASA pizarra informativa ANEP informa para tener informados a sus afiliados.

9- Capacitación a la junta directiva de la seccional.
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A continuación compartimos el finiquito presentado por la ANEP sobre la demanda de persecución sindical.

EXPEDIENTE: 10-000865-1022-LA (J.01)
ACTOR: Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
DEMANDADO: Transportes Unidos Alajuelenses S.A

Señores
Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía
I Circuito Judicial de Alajuela

Quien suscribe, Albino Vargas Barrantes, en mi calidad de secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, me presento a solicitar lo siguiente:

UNICO. Del Archivo. Que habiendo llegado a un acuerdo satisfactorio extrajudicial con la demandada Transportes Unidos Alajuelenses S.A, solicito se archive esta causa levantándose cualquier gravamen que pese sobre Transportes Unidos Alajuelenses S.A. Solicito se nos exima del pago de las costas en apego al principio de buena fe.

FINIQUITO

Entre nosotros ALBINO VARGAS BARRANTES, en mi condición de representante judicial y extrajudicial de la ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS, en adelante conocida como ANEP y NEFTALÍ CUBILLO PICADO en mi condición de representante judicial y extrajudicial de TRANSPORTES UNIDOS ALAJUELENSES SOCIEDAD ANONIMA, en adelante conocido como TUASA; celebramos en forma libre y voluntaria el siguiente finiquito, el cual será gobernado por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. La ANEP se compromete a retirar la demanda bajo la sumaria 10-000865-1022-LA (J.01) tramitada ante el Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía del Ier Circuito Judicial de Alajuela.

CLÁUSULA SEGUNDA. TUASA se compromete a respetar horas extras y pagarlas conforme a la ley, siempre y cuando cuente con la disposición del trabajador a excepción de casos fortuitos como cierre de carreteras, desvíos o accidentes de tránsito.

CLÁUSULA TERCERA. TUASA se compromete a entregar boletas para quejas, que se podrán presentar martes o viernes de 10:am a 12:md en el departamento de recursos humanos de la empresa

CLÁUSULA CUARTA. TUASA se compromete a otorgarles a los trabajadores un plazo de 48 horas luego de ser notificados, a fin de que puedan ofrecer prueba de descargo en los casos que se les imputen haber cometido alguna falta. Luego de estas 48 horas TUASA podrá ejercer la medida correctiva si de la prueba aportada por el acusado no se llega a la conclusión de que es inocente.

CLÁUSULA QUINTA. TUASA invitara 2 técnicos para que den una clase a 2 dirigentes sindicales de cómo funcionan las barras electrónicas.

CLÁUSULA SEXTA. TUASA se compromete a que si algún chofer tiene dudas acerca de la marca en ese día, pueda visitar la unidad de control y fiscalización. Asimismo podrá solicitar el trabajador que se pruebe el sistema de marcas del autobús.

CLÁUSULA SÉPTIMA. TUASA y la ANEP se comprometen a iniciar la junta de relaciones laborales tres semanas después de firmado este finiquito.

CLÁUSULA OCTAVA. TUASA se compromete a permitir que la ANEP coloque una pizarra informativa en el plantel y permitir que esta última ponga en la misma material informativo referente al sindicato. Si es personal ajeno a TUASA y/o a la Seccional ANEP-TUASA deberá tener el visto bueno para estar dentro del plantel con antelación a fin de resguardar la seguridad del plantel.

CLÁUSULA NOVENA. La ANEP se compromete a capacitar a la junta directiva de la seccional ANEP-TUASA y solicitar los permisos respectivos al empleador con la antelación necesaria.

CLÁUSULA DÉCIMA. Este finiquito se gobierna por la Ley de Resolución Alternativa de Conflictos y Promoción de la Paz Social. Ambas partes entienden que este finiquito una vez firmado adquiere carácter de cosa juzgada material y su cumplimiento podrá ser exigido en los tribunales de justicia.

En fe de lo anterior firmamos en Alajuela el 20 de julio de 2012

Para pensar la autonomía salarial en el Sector Municipal

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Me permito expresar las consideraciones y justificaciones técnicas y jurídicas que puede valorar la honorable comisión que usted dirige en cuanto a la potestad y posibilidad de tomar un acuerdo para respaldar el 5% de aumento para todos los trabajadores de la Municipalidad de Goicoechea.

Primero no es de recibo que existen limitaciones en el Código Municipal o en la Convención Colectiva de Trabajo de la Municipalidad de Goicoechea, para otorgar aumentos salariales superiores al decretado por el Gobierno para los Trabajadores del Sector Publico. Es más de hecho y según lo estipulado en el mismo artículo 66 de la Convención Colectiva de Trabajo se establecen dos parámetros fundamentales para otorgar reajustes salariales, expresándolo de la siguiente forma:

“…otorgando un reajuste salarial de acuerdo con el proceso inflacionario y perdida adquisitiva del salario…”, es decir, no solo el índice de inflación (que además en un parámetro base y no único) sino también la pérdida adquisitiva del salario, que de por sí ya es una cobija bastante amplia, y que nos da el mecanismo técnico y jurídico de respaldo necesario para definir una política de salarios crecientes para los trabajadores y las trabajadoras de la Municipalidad.

Por un lado, se puede decir que se otorgará un reajuste del 3,66% de aumento de acuerdo al decreto de salarios del Gobierno Central para los trabajadores del sector público y por otro lado se aprueba dentro de la política de salarios crecientes un aumento del 1,34% en reconocimiento a la pérdida adquisitiva de los salarios de los trabajadores municipales, según lo que establece la Convención Colectiva de Trabajo en su artículo número 66.

Es así, como esta decisión tiene su fundamento en la Convención Colectiva y por otro lado ustedes lo que están haciendo es cumplir con un acuerdo que se suscribió el día 20 de Setiembre en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, entre la ANEP y la Alcaldesa; acuerdo en el cual se les exhorta a asumir las competencias y la potestad de imperio que la Ley les da en cuanto a que es el Consejo Municipal el que otorga los aumentos salariales para los trabajadores y trabajadoras municipales, y cuyo fundamento técnico y jurídico ya lo mencionamos en los párrafos anteriores.

Para reforzar lo antes indicado, adjunto criterio jurídico sobre esta materia:

1. La autonomía municipal y la definición de la política salarial

Ahora bien, resulta fundamental determinar la competencia de las municipalidades para la determinación de su política salarial interna, lo cual debe hacerse en el marco de la autonomía municipal establecida en el artículo 170 constitucional. Al efecto, la Sala Constitucional ha indicado que:

“IV.- AUTONOMÍA MUNICIPAL. GENERALIDADES. Gramaticalmente, es usual que se diga que el término “autonomía”, puede ser definido como “la potestad que dentro del Estado pueden gozar municipios, provincias, regiones u otras entidades de él, para regir intereses peculiares de su vida interior, mediante normas y órganos de gobierno propios”. Desde un punto de vista jurídico-doctrinario, esta autonomía debe ser entendida como la capacidad que tienen las Municipalidades de decidir libremente y bajo su propia responsabilidad, todo lo referente a la organización de determinada localidad (el cantón, en nuestro caso). Así, algún sector de la doctrina ha dicho que esa autonomía implica la libre elección de sus propias autoridades; la libre gestión en las materias de su competencia; la creación, recaudación e inversión de sus propios ingresos; y específicamente, se refiere a que abarca una autonomía política, normativa, tributaria y administrativa, definiéndolas, en términos muy generales, de la siguiente manera: autonomía política: como la que da origen al autogobierno, que conlleva la elección de sus autoridades a través de mecanismos de carácter democrático y representativo, tal y como lo señala nuestra Constitución Política en su artículo 169; autonomía normativa: en virtud de la cual las municipalidades tienen la potestad de dictar su propio ordenamiento en las materias de su competencia, potestad que en nuestro país se refiere únicamente a la potestad reglamentaria que regula internamente la organización de la corporación y los servicios que presta (reglamentos autónomos de organización y de servicio); autonomía tributaria: conocida también como potestad impositiva, y se refiere a que la iniciativa para la creación, modificación, extinción o exención de los tributos municipales corresponde a estos entes, potestad sujeta a la aprobación señalada en el artículo 121, inciso 13 de la Constitución Política cuando así corresponda; y autonomía administrativa: como la potestad que implica no sólo la autonormación, sino también la autoadministración y, por lo tanto, la libertad frente al Estado para la adopción de las decisiones fundamentales del ente. Nuestra doctrina, por su parte, ha dicho que la Constitución Política (artículo 170) y el Código Municipal (artículo 7 del Código Municipal anterior, y 4 del vigente) no se han limitado a atribuir a las municipalidades de capacidad para gestionar y promover intereses y servicios locales, sino que han dispuesto expresamente que esa gestión municipal es y debe ser autónoma, que se define como libertad frente a los demás entes del Estado para la adopción de sus decisiones fundamentales. Esta autonomía viene dada en directa relación con el carácter electoral y representativo de su Gobierno (Concejo y Alcalde) que se eligen cada cuatro años, y significa la capacidad de la municipalidad de fijarse sus políticas de acción y de inversión en forma independiente, y más específicamente, frente al Poder Ejecutivo y del partido gobernante. Es la capacidad de fijación de planes y programas del gobierno local, por lo que va unida a la potestad de la municipalidad para dictar su propio presupuesto, expresión de las políticas previamente definidas por el Concejo, capacidad, que a su vez, es política. Esta posición coincide con la mayoritaria de la doctrina, en la que se ha dicho que el rango típico de la autonomía local reside en el hecho de que el órgano fundamental del ente territorial es el pueblo como cuerpo electoral y de que, consiguientemente, de aquél deriva su orientación política-administrativa, no del Estado, sino de la propia comunidad, o sea, de la mayoría electoral de esa misma comunidad, con la consecuencia de que tal orientación política puede diverger de la del Gobierno de la República y aún contrariarla, ahí donde no haya correspondencia de mayorías entre la comunidad estatal y la local; o bien, que la autonomía política es una posición jurídica, que se expresa en la potestad de conducir una línea política propia entendida como posibilidad, en orden a una determinada esfera de intereses y competencias, de establecer una línea propia de acción o un programa propio, con poderes propios y propia responsabilidad acerca de la oportunidad y la utilidad de sus acto.” Sala Constitucional, voto no. 5445-99.

Es decir, esta autonomía municipal abarca la organización y administración de los intereses locales, y la organización y administración interna de la respectiva municipalidad. Es así que corresponde a cada Municipalidad la determinación de su política salarial interna. Esto ha quedado claro incluso por medio de la jurisprudencia de la Sala Constitucional, que ha declarado inconstitucional la norma que trasladaba esa competencia a la Contraloría General de la República y al IFAM en lo que se refería a la definición de la política salarial del entonces ejecutivo municipal –actual alcalde municipal-. En esa ocasión la Sala Constitucional indicó que:

“XL.- DE LA FIJACIÓN DE SALARIOS. El artículo 76 del Código Municipal es impugnado en cuanto establece una categorización de las municipalidades en razón del presupuesto y confiere al Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, en coordinación con la Contraloría General de la República, la tarea para fijar los salarios de los entonces Ejecutivos Municipales y sus aumentos en relación con los presupuestos de las mismas, lo cual se estima violatorio de la autonomía municipal y el principio de razonabilidad. Efectivamente, conforme a todo lo dicho anteriormente en esta sentencia, esta disposición es absolutamente inconstitucional, en abierta violación de la autonomía administrativa de las municipalidades definida en el artículo 170 constitucional, en tanto la fijación del salario de su Alcalde (antes Ejecutivo) es materia propia de su gobierno y administración, debiendo corresponder a sus autoridades su determinación, conforme a las funciones que tiene encomendadas, lo cual, en todo caso, debe estar en relación proporcional con el presupuesto de la municipalidad, tal y como se define en el artículo 20 del Código Municipal, número 7794. En virtud de lo cual, la frase del párrafo tercero del artículo 76 que dice “La Contraloría General de la República y el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal fijarán, anualmente, los salarios de los ejecutivos municipales, con base en el monto de los presupuestos municipales a que se refiere este artículo”; resulta inconstitucional. Esta inconstitucionalidad es declarativa y retroactiva a la fecha de entrada de vigencia de la norma, sea el seis de noviembre de mil novecientos ochenta y seis.” Sala Constitucional, voto no. 5445-99.

CONCLUSION:

Es decir, queda absolutamente claro que dentro de la autonomía municipal está la definición administrativa y de gobierno de su política salarial interna, debiendo eso sí guardar proporcionalidad con su presupuesto, que para el caso que nos ocupa existe un presupuesto aprobado de un 5% y contenido económico para sustentarlo.
Resulta claro que el Código Municipal exige para la aceptación de negociaciones colectivas que impliquen modificaciones presupuestarias, que se demuestre el costo de vida ha aumentado sustancialmente según los datos oficiales. Esto evidentemente no implica una determinación de cuál debe ser la política salarial de determinada Municipalidad. Por el contrario, solo implica que debe demostrarse tal incremento sustancial para que proceda una negociación colectiva salarial que implique la modificación de un presupuesto ordinario.

De ninguna forma podría interpretarse, so pena de violentar la autonomía constitucional, que la fijación salarial deba ser exclusivamente de acuerdo a la determinación de la inflación que haya hecho un órgano de gobierno, como vendría a ser el Instituto Nacional de Estadística y Censo INEC.

Por el contrario, esta norma establece la autorización legal a las Municipalidades de establecer negociaciones colectivas salariales que impliquen la modificación de los presupuestos ordinarios, siempre y cuando el costo de la vida haya crecido sustancialmente. El “quantum” de esa negociación, es decir, la política salarial concreta negociada con los trabajadores es definida por la Municipalidad en el ejercicio de su autonomía municipal, siempre atendiendo la proporcionalidad con relación al presupuesto Municipal.

Huelga General en la Municipalidad de Goicoechea

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Para mañana jueves 20 de setiembre de 2012, tendrá lugar la tercera jornada de Huelga General en la Municipalidad de Goicoechea, cuyo personal, en abrumadora mayoría, ha dejado de laborar desde este martes 18 de los corrientes. El movimiento de protesta laboral ha afectado importantes servicios administrativos como los de carácter comunal, cajas recaudadoras, plataforma de servicios, sección de obras, sección de aseo de vías y en el servicios de recolección de basura se ha empezado a aplicar el tortuguismo, como paso previo a la paralización total de este servicio si fuese necesario.

Ante la petición de la ANEP, ya se dio la intervención oficial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), cuyo Viceministro del Area Laboral, Lic. Eugenio Solano Calderón, ha citado a las partes para las 10 de la mañana de este jueves 20 de stiembre, en su despacho del edificio Tournón, sexto piso.

El conflicto laboral que estalló en este importante municipio de la provincia de San José, se centra en dos puntos: La petición laboral de una reajuste salarial por costo de vida y valedero para el segundo semestre de este año, de un 5%; cifra presupuestada y aprobada por el Concejo Municipal de Goicoechea, y por la propia Contraloría General de la República (CGR). Inexplicablemente, por razones que se desconocen, la Alcadía Municipal se niega a reconocer dicho reajuste.

Por otro lado, aproximadamente un 40% del personal institucional ha sido contratado al margen de la ley, con contratos laborales ilegales, de plazos sucesivos, de dos a tres meses; y negándoseles el reconocimiento de derechos consolidados de empleo público que ya tienen hasta mandatos constitucionales que los reconocen.

El colectivo laboral en huelga, que es, repetimos, abrumadoramente mayoritario, ha expresado un sentimiento de indignación largamente acumulado a lo largo de mucho tiempo, pues en la Municipalidad de Goicoechea se cometieron graves abusos que hoy han sido el germen del presente conflicto laboral en desarrollo.

Para ampliar esta información, se puede llamar a la trabajadora Rebeca Céspedes Alvarado, al número celular 8834-2246, quien es la Presidenta de la Junta Directiva de la Seccional ANEP – Municipalidad de Goicoechea, organismo sindical que con el apoyo de la ANEP Nacional, dirige esta huelga.

Al fin se logran acuerdos en AyA de Puriscal

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*ACTA DE ACUERDO
CONFLICTO LABORAL CON TRABAJADORES
DEL PLANTEL AyA DE PURISCAL*

Al ser las once horas del día jueves 13 de setiembre de 2012, en las instalaciones del plantel de Puriscal, del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA); se encontraron en reunión los trabajadores del mismo con las siguientes personas funcionarias institucionales, en representación de AyA:

  • Victoria Barrantes, Directora de Recursos Humanos AyA
  • Isabel Madrigal Aguilar, Directora Cantonal AyA de Puriscal
  • Carlos Hidalgo Cubillo, Departamento Pago AyA de Puriscal
  • Orlando Alvarado Segura, Jefe de Mantenimiento AyA de Puriscal

En representación de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP):

Jesús Sibaja Bustamante, Presidente de la Junta Directiva Seccional Nacional ANEP – AyA
Edwin Marín Bonilla, Vicepresidente de la Junta Directiva Seccional Nacional ANEP – AyA
Álvaro Granados Valverde, Responsable de ANEP para AyA, Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO), ANEP.

Se efectúan los siguientes acuerdos:

1) Con el fin de evitar que los funcionarios se trasladen a otro sitio, a partir del 14 de setiembre de 2012, los trabajadores registrarán su entrada y salida a través de un control manual, el cual estará supervisado por el señor Orlando Alvarado; o en su sustitución, quien ejerza el cargo de capataz. Lo anterior de forma provisional hasta que se instale el reloj marcador digital en el plantel, que se estima en un período aproximado de tres meses.

2) En cuanto al beneficio de exención de marca, los trabajadores expresan su anuencia de seguir marcando durante el tiempo ordinario en el entendido de que cuando no lo hagan, no serán sancionados por cuanto se encuentran exonerados. Asimismo, se aclara que los trabajadores que laboran tiempo extraordinario deben marcar durante este tiempo.

3) Las expensas serán canceladas de forma bisemanal. En caso de atraso involuntario, el señor Carlos Hidalgo se compromete a comunicarlo con anterioridad a los trabajadores.

4) El señor Orlando Alvarado Segura expone ampliamente los conflictos planteados por los trabajadores en cuanto al abuso de poder, rechazando los alegatos manifestados. Considera que las situaciones presentadas se deben a problemas de comunicación y falta de equipo, por lo que siempre debe quedar un trabajador en la bodega, lo cual no significa un castigo.

5) La señora Isabel Madrigal Aguilar, se compromete a entregar el Reglamento Interno a cada uno de los trabajadores en la próxima semana.

6) Se realizará una capacitación a través de la empresa Font sobre el uso y manejo de los compresores, al personal que indique la jefatura. Además, el señor Orlando Alvarado se compromete a darle el mantenimiento al compresor.

7) Se acuerda que los trabajadores reportarán cuando la maquinaria esté dañada, evitando utilizarlas hasta que se encuentren reparadas.

8) Se acuerda que aquellos trabajadores que por problemas de salud no puedan utilizar los equipos para salud ocupacional, deberán de presentar una epicrisis o un dictamen médico expedido por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS); dado que la utilización de este equipo es obligatorio. No obstante, la señora Isabel Madrigal Aguilar efectuará una consulta al Departamento de Salud Ocupacional en cuanto al uso del casco.

9) Dado que actualmente el rubro de refrigerio no se les está cancelando a los trabajadores, se acuerda que la señora Victoria Barrantes entregará a los representantes de ANEP el documento mediante el cual se consultó esta problemática en oficinas centrales de AyA, con el fin de que se apoye en la gestión impulsada por la oficina regional de Puriscal.

En vista de la buena fe se acuerda ratificar los anteriores acuerdos por un representante de cada sector,

Isabel Madrigal Aguilar
A y A de Puriscal

Róger Arroniz Berrocal
Por los Trabajadores

Jesús Sibaja Bustamante
Presidente Junta Directiva
Seccional ANEP-A y A

Álvaro Valverde Granados
ANEP

Sindicatos no participarán en Plataforma de la Piña

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Honorable señora Dra. Gloria Abraham Peralta, Ministra de Agriculturay Ganadería
Honorable señor Lic. René Castro Salazar, Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones

Presente

Distinguidas autoridades ministeriales:

Nos dirigimos a sus personas como representantes por el Gobierno de la República para el proyecto denominado “Plataforma Nacional de Comercio y Producción Responsable de la Piña en Costa Rica”, a fin de manifestarles lo siguiente, con el debido respeto que nos merecen sus dignas autoridades:

Desde que dio inicio en junio del 2011 el proyecto en referencia, las organizaciones sindicales costarricenses, agrupados en la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), en la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), así como en la Coordinadora de Sindicatos Bananeros de Costa Rica (COSIBA); señalamos que la iniciativa no estaba atendiendo el tema laboral en concordancia a la problemática que en la producción de piña se presenta y sobre la cual hay mucho argumento y quejas presentadas, no sólo en cuanto a las condiciones de trabajo existentes en algunas fincas, sino en el tema de la Libertad de Organización Sindical.

Consideramos que el proyecto que nos ocupa sería una oportunidad para hacer un esfuerzo sincero en estos temas y buscar alternativas para mejorar tanto las condiciones de vida de los trabajadores y de las trabajadoras costarricenses y migrantes que laboran en la producción piñera, y de paso mejorar la imagen de esta producción costarricense en el mercado internacional.

Hemos sostenido la tesis de que el proyecto plataforma requiere, siguiendo su propuesta metodológica, de la formación de un grupo de trabajo en el tema laboral, donde los actores sindicales, empresariales y de Gobierno discutan y busquen alternativas sobre el abordaje de la problemática laboral en la piña. Propusimos seguir los postulados del Dialogo Social que recomienda la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para lo que denomina el Trabajo Decente, principios que según entendemos comparte el Gobierno de la República, ya que recientemente se firmó en el seno del Consejo Superior de Trabajo, el acuerdo de Trabajo Decente para nuestro país, de manera tripartita y unánime.

Buscamos apoyo a esta iniciativa ante la misma OIT y ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, así como le solicitamos al señor Bernardo Vargas, Coordinador Nacional de la Plataforma, mediar con el sector empresarial, CANAPEP, para que se pronunciara y emitiera opinión.

Lamentablemente, señor René Castro y señora Gloria Abraham, todo ha caminado muy lentamente y en más de un año de este proyecto no se ha concretizado una jornada o encuentro para una comisión de asuntos laborales, aun cuando el señor Bernardo Vargas nos comunicó el 11 de julio del año en curso que las condiciones para la misma estaban dadas y que pronto nos comunicaría aspectos de agenda de trabajo y de reuniones.

Con fecha 21 de agosto del 2012, las entidades laborales arriba indicadas, recibimos un correo electrónico del señor Bernardo Vargas Coordinador de la Plataforma Nacional de Producción y Comercio Responsable de Costa Rica, invitándosenos para el día 27 de agosto de 2012, a las 2:00 p.m. en la sede de la OIT (Sabanilla de Montes de Oca; esto con el fin de ver la propuesta para la conformación del Grupo de Trabajo sobre aspectos laborales en la producción de la piña, en el marco del ya mencionado proyecto. Ante el llamado varios dirigentes sindicales de estas organizaciones acudimos para conocer la propuesta.

Sin embargo, se nos hizo una propuesta que es inaceptable para el movimiento sindical; toda vez que se propone hacer dos mesas de trabajo para que discutan los temas laborales: una mesa ampliada con todos los actores que deseen participar incluyendo, dice el señor Bernardo Vargas, a otras organizaciones laborales, y otra mesa en donde estén los sindicatos. Nuestra propuesta es que debe de existir una sola mesa para que discuta la problemática laboral en las plantaciones piñeras, en donde la representación laboral debe estar compuesta únicamente por organizaciones sindicales. Aceptar otra conformación de la dicha mesa puede confundir a las personas a nivel nacional e internacional que estan poniendo mucha atención a este proyecto, y nos parece que los únicos que tenemos legitimidad para discutir el tema de la Libertad Sindical y la problemática laboral en las plantaciones piñeras somos los sindicatos.

En esta reunión, el señor Bernardo Vargas asumió dos compromisos. Primero, enviar una minuta de la reunión; y, segundo, hacer formal la propuesta del movimiento sindical al sector empresarial piñero (CANAPEP), de realizar con el acompañamiento de la OIT un encuentro entre las partes para ver la posibilidad de buscar un acercamiento para este proceso, y nos informen si ellos tienen disposición de discutir la situación laboral y libertad sindical en las plantaciones piñeras, o no están interesados, todo esto dentro del marco del proyecto.

En estos días las organizaciones sindicales recibimos invitación de sus personas a participar este próximo 13 de septiembre de la III Reunión Plenaria de la Plataforma Nacional de Producción y Comercio Responsable de Costa Rica, pero no consideramos asistir si al menos no hay una agenda y fechas de trabajo para esta comisión o grupo de trabajo de asuntos laborales ya comprometidas, que realmente es lo que nos motiva a presentarnos y ser actores activos de esta iniciativa de plataforma.
Es penoso asistir para hacer reclamo nuevamente de algo que supone todos los involucrados (empresarios, gobierno, PNUD,OIT), que es la discusión sincera y abierta de los actores legítimos de este proceso, que como hemos dicho son el Gobierno, los empresarios y los sindicatos, pero parece que esto no está debidamente concientizado.

De esta forma, respetuosamente les comunicamos nuestra posición de no asistir a esta convocatoria; posición que mantendremos hasta tanto se haga un esfuerzo de compromiso palpable de formalizar la comisión o grupo de trabajo de asuntos laborales, con la participación exclusiva de los sindicatos en mención.

Valga indicar que el suscrito servidor que aparece como firma responsable de este comunicado conjunto, había indicado una presencia para el evento de este viernes 13; sin embargo, efectivamente, se ha constatado que las condiciones que se solicitan no están dadas y, por tanto, la participación sindical es imposible.

Con nuestra mayor consideración y respeto,

Agradeciendo su atención:

Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN)
Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)
Coordinadora de Sindicatos Bananeros (COSIBA)
Personas responsables:
Rodrigo Aguilar Arce
Alejandro López Martínez
Marcela Naranjo Segura
Albino Vargas Barrantes
Didier Leitón Valverde
Ramón Barrantes Cascante

Firma responsable:
Albino Vargas Barrantes
Cédula No. 1-457-390