Categoría: Acción Sindical

San José, 14 de abril de 2010.
S.G. 09-11-0557-10

Señores
Ing. Pedro Pablo Quirós Cortés
Presidente Ejecutivo
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)
Fax No. 2220 1555
Correo electrónico: pedropquiros@ice.go.cr

Dr. Guillermo Constenla Umaña
Presidente Ejecutivo
Instituto Nacional de Seguros (INS)
Fax No. 2222 2310
Correo electrónico: gconstenla@ins-cr.com

Sus despachos

Asunto: Pago del seguro por la planta hidroeléctrica de Cinchona al ICE

Estimados señores:

Expresamos a ambas autoridades, el más atento y respetuoso saludo de nuestra parte.

Honorables señores: En ejercicio del derecho constitucional de petición ante una oficina pública y en atención a los mandatos inscritos en la Ley de Control Interno, que procura la correcta administración de los riesgos institucionales en las entidades estatales; y considerando los oficios del INS que al final de la presente son mencionados; nos permitimos, respetuosamente, solicitarles información actualizada sobre el pago del siniestro de la planta hidroeléctrica Cariblanco, ubicada en la comunidad de Cinchona, póliza U-500 del ICE, en virtud del terremoto acaecido el 8 de enero del 2009, de acuerdo con las siguientes consultas:

1.- ¿Obtuvo ya el ICE el pago completo de la indemnización? ¿Es correcto que tal indemnización alcanzará los 28 millones de dólares, aproximadamente?

2.- En caso de ser negativa la respuesta, favor indicarnos cuál es el motivo del atraso, a más de un año del acaecimiento del siniestro.

3.- Después de la experiencia negativa del reaseguramiento de la póliza U 500 durante el periodo 1998-2002, ¿por qué vuelven a presentarse problemas con el corredor de reaseguro de esta póliza?; ¿por qué el ICE no se mantuvo vigilante de la buena colocación del reaseguro y de la escogencia apegada a la normativa del corredor de reaseguro?

4.- ¿Por qué, una vez más, por falta de vigilancia y cumplimiento de las normas de control interno, se incurre en la contratación de un corredor de reaseguro sin, presuntamente, tener la capacidad necesaria, y con un presunto incumplimiento de los requisitos que el mismo INS había dispuesto desde el 2004 para la selección de corredores de reaseguro?

5.- ¿Por que el INS no recibió los Slips de Condiciones que el o los reaseguradores están obligados a enviar en toda negociación de reaseguro, específicamente para la negociación del 2007 para el reaseguro del ICE; documentos que eran fundamentales (según las normas de la Contraloría General de la República), para finiquitar y dar por aceptada la negociación con respecto a costo del seguro (primas, tarifa) y condiciones de renovación según lo establecido por la normativa del mismo INS?

6.- ¿Por qué, a pesar del incumplimiento de requisitos internos se insiste en contratar al mismo corredor para las vigencias de la póliza del 2006 al 2009? ¿Es cierto que tal era la incapacidad del corredor contratado que éste, a su vez, subcontrató la colocación con otro corredor, sin conocimiento del ICE?

7.- ¿Por qué se repite esta historia en la póliza y con la institución con la que más cuidado había que tener para que no se repitiera el perjuicio al patrimonio del ICE?

8.- ¿Es correcto que, en este caso, el INS adelantó una parte del pago indemnizatorio, de más de siete millones de dólares al ICE, y a la fecha no ha obtenido la recuperación de los reaseguradores?

9.- ¿Es correcto afirmar que en este caso, ya los reaseguradores indicaron que no van a pagar el siniestro, con la consecuente pérdida para el INS o para el ICE de más de veintiocho millones de dólares?

10.- Ó, en caso contrario, ¿existe certeza de que se obtendrá del INS o de los reaseguradores el pago total del siniestro de Cinchona?

11.- Por último quisiéremos dejar como referencia obligada que en el caso de PWS (el reasegurador londinense), caso que en estos momentos se discute en los Tribunales de Justicia, la pérdida para el Instituto Nacional de Seguros (INS), se estima en $3.400.000,oo, y que para el caso que nos ocupa las pérdidas para el INS, si los reaseguradores no cubren el reclamo de Cariblanco-Cinchona rondarían los $28.000.000,oo; ¿es así?…

Por otro lado, es importante mencionar que parte de la discusión planteada en nuestras preguntas, se encuentra mencionada en el oficio G-03212-2009-DR-01753-2009, así como en el oficio DR-1760-2009 de la Dirección de Reaseguros del INS, ambos de agosto de 2009.

Comprenderán ustedes que, sin duda alguna, este es un asunto de enorme interés público y que, por tanto, la ciudadanía tiene interés objetivo es conocer con detalle todo lo concerniente a este caso, tratándose de dos de las instituciones públicas de mayor relevancia en la vida nacional y, por ende, del país.

Agradecemos que con la celeridad que el caso amerita, nos brinden ustedes pronta y debida respuesta.

Reiterándoles nuestro respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

cc.: Licda. Laura Chinchilla Miranda, Presidente Electa de la República.
cc.: Lic. Rocío Aguilar Montoya, Contralora General de la República.
cc.: Junta Directiva de UPINS.
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Medios de comunicación colectiva.
cc.: Archivo.

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Planta Hidroeléctrica Cariblanco

Entra en operación en mayo de 2007. Se ubica en la cuenca alta del río Sarapiquí. Las obras se encuentran en el distrito #14 Sarapiquí, del cantón Central de la provincia de Alajuela.

Tiene dos unidades idénticas con una potencia conjunta de 87.941 KW.

San José, lunes 5 de abril de 2010.
S.G. 09-11-0523-10

Doctora
María Luisa Ávila Agüero
Ministra
Ministerio de Salud
Su despacho

Honorable señora Ministra:

En primer término, expresamos a su digna autoridad atento y respetuoso saludo de nuestra parte.

Invocando las potestades que para los efectos del caso se preceptúan en el artículo 27 de la Constitución Política de Costa Rica y en el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, nos dirigimos a vuestra digna autoridad para solicitarle una información referida a una presunta derogatoria de un decreto ejecutivo que toca el tema del bromato de potasio, para regular la cantidad en cuanto a su uso en la fabricación del pan, alimento fundamental para, prácticamente toda la población costarricense, especialmente para las amplias mayorías componentes de los sectores populares de nuestro país.

Tenemos entendido que el bromato de potasio es un material carcinógeno, aunque confesamos nuestra ignorancia al respecto. Presuntamente, le da al pan un crecimiento y una esponjosidad grandes. Nos interesa saber si, efectivamente, había alguna regulación en cuanto a su uso según un decreto ejecutivo que se habría emitido en el año 2007; e, igualmente, cuáles serían las motivaciones actuales de que tal decreto se hubiese derogado en fecha reciente, mediando, nos imaginamos, una norma legal de igual naturaleza (otro decreto).

Específicamente, queremos saber si el bromato de potasio tiene alguna repercusión adicional en personas con padecimiento de cáncer estomacal y/o puede contribuir a su manifestación.

Finalmente, queremos que se nos haga saber por esta vía cuáles son las entidades empresariales y/o de negocios fabricantes de pan que ha constado en los registros de la cartera ministerial de Salud, para los efectos de la eventual regulación que existía sobre la cantidad de uso de bromato de potasio para los fines apuntados.

Quedando en espera de su respuesta, nuevamente le reiteramos nuestro mayor respeto.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP

C.c.
Medios de comunicación colectiva.
Honorable Defensoría de los Habitantes de la República.
Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP).
Junta Directiva Nacional de ANEP.
Estimados compañeros, Unidad de Información y Comunicación (UIC), ANEP.
Archivo.
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Nota de anep.cr
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El bromato de potasio: Un peligro para la salud

Para mantener el pan esponjoso, dorado, suave, con volumen y evitar así que se endurezca, los panaderos han utilizado un aditivo (acondicionador de la masa) llamado bromato de potasio.

Es una sustancia inorgánica y cristalina muy similar, en su apariencia física, a la sal o el azúcar.

Esta sustancia está compuesta por un átomo de potasio, uno de bromo y tres de oxígeno, y fue patentada en 1914. A partir de ese momento de utilizó ampliamente alrededor del mundo, ya que no sólo mejoraba la consistencia del pan sino que también ayudaba a la conservación de la forma de la pieza.

¿Por qué ha sido cuestinado su uso?

Después de un tiempo de utilizar masivamente el bromato de potasio, se pudo observar lo siguiente:

• La manipulación física* de esta sustancia es extremadamente peligrosa porque puede producir combustión espontánea y explosión.

• El gran parecido* que tiene el bromato de potasio con el azúcar y la sal favorece la intoxicación accidental.

• Si se produce una sobredosis*, la persona sufre de vómito, diarrea, depresión del sistema nervioso, daño renal irreversible, efectos mutagénicos, destrucción de la vitamina B1 y la niacina, inhibición de la disponibilidad del hierro y degradación del ácido fólico.

A pesar de estos hechos, el compuesto continuó usándose sin regulación alguna hasta 1982. En ese, año el científico japonés Yuki Kurokawa demostró que el bromato de potasio causa cáncer en ratas en un período de tiempo relativamente corto y con cantidades cercanas a las empleadas en el pan y la harina.

Al siguiente año, 1983, el efecto cancerígeno fue reconocido por la Agencia Internacional de Investigación para el Cáncer. La Fao (Organización de Alimentos y Agricultura de Naciones Unidas) y la OMS (Organización Mundial de la Salud) propusieron no permitir concentraciones mayores de 75 mg. por kilogramo de harina.

Luego, en el año 1989, la Comisión de la Comunidad Europea prohibió totalmente su uso en los alimentos.

Es importante señalar que aún existen países que lo utilizan alrededor del mundo como, por ejemplo, los Estados Unidos donde la utilización del bromato depende de cada estado.

Las investigaciones continúan

Las investigaciones han continuado y se ha podido detectar, gracias a diversas técnicas de análisis, que aún después de la fermentación y cocción de la masa, se puede detectar niveles residuales de bromato de potasio en el pan.

Igualmente, se ha podido determinar que el bromato de potasio también produce tumores en las células renales, las células perifonéales y las células foliculares de la tiroides.

Pan alternativo

En la actualidad los fabricantes de pan deben trabajar con aditivos alternativos como la mezcla de ácido ascórbico (vitamina C) y enzimas o la azodicorbonamida.

La industria panadera tienen muchas críticas con los aditivos alternativos al bromato, ya que lo consideran más caros y que no mejoran con éxito la mala calidad que puede tener la harina.

De todos modos, muchos industriales ya se han adecuado a la fabricación de pan sin este aditivo tan peligroso siguiendo las recomendaciones de los organismos internacionales.

Sin embargo, como todavía existen países donde se puede utilizar con legalidad, resulta conveniente revisar los ingredientes que contiene el pan que consumimos a diario para observar si aparece el bromato de potasio.

San José, domingo 11 de abril de 2010.
S.G. 09-11-0548-10
¡URGENTE!

Señor
MAE. Francisco Ibarra Arana
Gerente General
Junta de Protección Social (JPS)
Su despacho

Asunto: Robo de la placa de la tumba del Expresidente don Juan Rafael Mora Porras

Estimado y honorable señor:

Con el debido respeto, reciba usted el más atento saludo de nuestra parte, no solamente en nuestra condición de Secretario General de esta organización sindical, sino como Presidente de una organización de segundo nivel de mayor amplitud, nucleadora de entidades de mayor diversidad, precisamente denominada Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP).

Recientemente habíamos sido notificados por el distinguido ciudadano Ing. Arturo Robles Coronas, integrante de un grupo cívico de estudio y rescate del significado histórico de la gesta patriótica de 1856, de que la placa de la tumba del ilustre Expresidente de la República y Benemérito de la Patria, don Juan Rafael Mora Porras, conocido por el pueblo costarricense como don Juanito, había sido sustraída del Cementerio General de San José, una situación de profanación que ofende nuestra ya de por sí golpeada identidad nacional.

La noticia periodística que da cuenta de lo siguiente, aparecida hoy domingo 11 de abril, en el diario La Nación, nos refuerza toda vía más la iniciativa que habíamos pensado de dirigirnos a su distinguida autoridad para plantearle lo siguiente con la debida urgencia, aunque usted estará conociendo de ello, oficialmente, este lunes 12 de abril.

Primero: Ordene usted, con la celeridad y urgencia debida, la investigación pertinente que determine las circunstancias en que tan abominable acto de perturbación patriótica ocurrió.

Segundo: Proceda su honorable representada, la Junta de Protección Social, a disponer lo pertinente, en instancias judiciales y policiales, para que se proceda a un rastreo urgente por las fundidoras capitalinas, sumamente conocidas por las autoridades respectivas y que no son muchas, para determinar si la placa de la tumba de don Juanito llegó a alguna de ellas, a quién se la compraron, porqué lo hicieron y otros detalles.

Esta debe ser una acción, dentro de varias, para hacer algo y, al menos, evitar la sensación de que tan repudiable acto no merece una reacción de parte de los y de las costarricenses de hoy en día, quienes jamás deberíamos olvidar la gigantesca deuda que tenemos con don Juanito, verdadero artífice de la independencia nacional, la integridad territorial de la Patria y la soberanía política de la misma, tal y como lo ha indicado el distinguido periodista e investigador, don Armando Vargas Araya.

Tercero: De no ser posible la recuperación de la placa de la tumba de don Juanito, o recuperándola, su representada debe proceder a organizar un acto público para reparar esa ofensa, la acción de mancillar la memoria de un costarricense excepcional cuyo legado, a casi 150 años de su fusilamiento, es más que urgente para nuestra Patria de hoy.

Precisamente, en el sesquicentenario del magnicidio de don Juan Rafael Mora Porras es algo vital recordar su sacrificio y, por ende, este asunto del robo de la placa de su tumba, debe ser repudiado y, como indicamos, reparado en toda su dimensión, más allá de lo material de la misma.

Con base en el artículo 27 Constitucional y el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, le rogamos nos brinde una respuesta a nuestro respetuoso planteamiento.

Reiterándole nuestro respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Presidente
CENTRAL SOCIAL JUANITO MORA PORRAS (CSJMP)

cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-JPS.
cc.: Directorio Nacional, Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP).
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Consejo Consultivo Nacional de la ANEP.
cc.: Honorable señor Armando Vargas Araya, ciudadano periodista e historiador.
cc.: Honorable Defensoría de los Habitantes de la República.
cc.: Movimiento Sindical Costarricense.
cc.: Movimientos cívicos costarricenses.
cc.: Medios de comunicación colectiva.
cc.: Archivo.

San José, 6 de abril de 2010.
S.G. 09-11-0531-10
¡URGENTE!

Licenciada
Laura Chinchilla Miranda
Presidenta Electa de la República
Su despacho

Fax : 22583471
Correo electrónico: irepacheco @ gmail. com

Estimada señora Presidenta Electa de la República:

Con gran respeto, le expresamos nuestro atento saludo.

Hemos sido informados de que, presuntamente, en el día de ayer, lunes 5 de abril de 2010, la Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros (INS), celebró su sesión No. 8995, en la cual se abordó el tema de los reajustes salariales para los altos puestos de la cúpula político-gerencia de tan relevante entidad de servicio público. Este asunto ya ha salido a la luz pública, especialmente gracias a Diario Extra.

El señor directivo don Moisés Valitutti habría presentado en esa sesión, una moción para que tal aumento acordado días atrás, también se hiciese efectivo para el actual Presidente Ejecutivo del INS, el señor Guillermo Constenla Umaña; pese a que él mismo había indicado, públicamente, que tal aumento (sumamente polémico como seguramente usted ya lo habrá notado, señora Presidenta Electa), para su propio caso no sería aplicado.

Aunque nos ha resultado imposible tener claridad absoluta de lo debatido al respecto, la fórmula que se aplicaría en el caso del Presidente Ejecutivo del INS para aumentar su salario, indicaría que a tal puesto habría, anualmente, un incremento del 0.1 % de los resultados de la gestión de negocios de la actividad comercial que desarrolla tal ente.

Para el caso en mención, el resultado de gestión de negocios visto a la luz de lo que fueron las cifras del 2009, habría que el salario del Presidente Ejecutivo del INS (en este momento don Guillermo Constenla Umaña), pasaría de 4.663.565 colones por mes, a la increíble suma de 7.985.407 colones; ¡casi un 100 % de aumento!

Es más, según tenemos entendido el señor Guillermo Constela Umaña habría dicho en sesión anterior, la número 8991, del pasado 8 de marzo, que él se comunicaría con usted, señora Presidenta Electa, para “explicarle” toda esta situación.

Además, si efectivamente la información en nuestro poder es correcta de que el salario del Presidente Ejecutivo del INS, crecería, anualmente en un porcentaje del 0.1 % según resultados; entonces, ¿a cuánto llegaría ese salario, por ejemplo, en cinco años si vemos que con base en los resultados del 2009, se dio un “salto” de casi un 100 %? También cabe preguntarse si esta “fórmula mágica” de calcular incrementos salariales con base en gestión anual de resultados y para la máxima cúpula política del INS, su Presidencia Ejecutiva ¿funcionará igualmente para los otros altos puestos político-gerenciales?…

Aquí, respetuosamente, nos surge la interrogante de si, efectivamente, él le informó a usted y si así fuese, usted le dio el “visto bueno” para proceder de tan cuestionable situación; misma que desde nuestra perspectiva nos impacta profundamente, si la vemos con base en la dura y triste realidad de que, por ejemplo, a una de cada tres personas asalariadas ni siquiera se les paga el salario mínimo de ley, ya de por sí sumamente bajo, indigno e insuficiente para que una familia trabajadora asalariada viva decentemente.

En consecuencia, doña Laura, creemos que es urgente que usted se refiera públicamente a este asunto que ha ofendido la dignidad de miles de personas trabajadoras asalariadas, de los sectores Público y Privado, las cuales viven en una angustia total ante las estrecheces salariales de los últimos años, por unas políticas económicas que en nada han mostrado efectos redistributivos sustanciales; generando que tengamos, como ya está científicamente demostrado, importantes indicadores de concentración de riqueza y de crecimiento de la desigualdad.

Además, esto que está ocurriendo en el INS, con los sueldos de sus máximas jerarquías es algo desmoralizante que no podemos dejar pasar desapercibido sin una denuncia fuerte de nuestra parte; y sin que la máxima autoridad política del país próxima a asumir, su distinguida persona, tenga algo que decir al respecto.

Esto es más que necesario a la luz del aumento también recientemente establecido y, en la misma sesión en que habría ocurrido lo del aumento salarial que acabamos de comentar, a las rentas a trabajadores y beneficiarios de riesgos de trabajo del INS; cuando el porcentaje decretado de incremento en este caso, de un 2.8 %, a la hora de verlo en dinero constante y sonante, las cantidades a recibir son sumamente ridículas.

De antemano le agradecemos su valiosa atención y le reiteramos el máximo respeto y consideración de nuestra parte.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

cc.: Personas trabajadoras asalariadas del Instituto Nacional de Seguros (INS).
cc.: Honorable directiva Unión del Personal del Instituto Nacional de Seguros (INS).
cc.: Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP).
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Consejo Consultivo Nacional de la ANEP.
cc.: Medios de Comunicación Colectiva.
cc.: Archivo.

San José, lunes 5 de abril de 2010.
S.G. 09-11-0525-10

Licenciado
Rodrigo Arias Sánchez
Ministro
Ministerio de la Presidencia
Casa Presidencial
Su despacho

Estimado señor:

Ha sido hecho del conocimiento de esta organización sindical (cuya responsabilidad central, de acuerdo al Estado de Derecho todavía vigente en nuestro país, es la defensa, la protección y la promoción de los derechos que son en corresponderle a la clase trabajadora asalariada según nuestro ordenamiento jurídico); la situación que afecta a personas trabajadoras asalariadas de familias de escasos recursos de la región de Bebedero, Cañas, Guanacaste; a quienes se les adeudan sumas importantes producto de una relación laboral que se dio con ocasión de un proyecto constructivo desarrollado en el Ingenio Taboga; firma comercial ésta en la cual (como es de amplio y notorio conocimiento público), usted, señor Ministro de la Presidencia, tiene relevantes intereses de negocios, compartidos con su hermano, el Presidente de la República, Dr. Oscar Arias Sánchez, todavía ambos figuras públicas sujetas de auscultación ciudadana.

Hablamos de un proyecto de montaje de una caldera con un costo de inversión de unos 10 millones 300 mil dólares, financiados por bancos estatales (todavía no conocemos cuáles), cuya construcción habría sido encomendada a las firmas “Constructora JMSC S. A.” y “COIN KRJ S. A.”.

Informes en nuestro poder indicarían que a dicho colectivo laboral se le estaría adeudando varias quincenas salariales y el pago de sus correspondientes prestaciones legales, por un monto que rondaría los 65 millones de colones; deuda que no pondría ser honrada hasta tanto el Ingenio Taboga honre, a su vez, una deuda de unos 520 mil dólares que, presuntamente, se le deben a las firmas empresariales indicadas arriba, las cuales son las contratantes patronales de ese grupo de trabajadores y quienes han debido acudir ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y ante los mismos tribunales de Justicia buscando precisamente eso, justicia laboral.

Aparentemente, el proyecto de montaje de una caldera tuvo una primera fase, la concerniente al montaje de toda la estructura principal y partes de presión, manifestándose ya, desde este inicio, un atraso por parte del Ingenio Taboga en cuanto a su compromiso de entrega de materiales (incluido el domo principal), debiendo las empresas contratadas sufragar los costos –incluidos los salariales-, de tal inconveniente. Al parecer, esta controversia terminó en un arreglo armonioso de partes sin despido de personal.

Superado el escollo mencionado, la cifra de personal de la obra habría llegado hasta, aproximadamente, unas 250 personas trabajadoras (soldadores, ayudantes, peones, capataces, personal administrativo); pero, en el camino, habría surgido un segundo problema, consistente en un corte abrupto por parte del Ingenio Taboga del proceso de construcción originalmente previsto en los contratos. Todo esto había venido aconteciendo en el año 2007.

La segunda controversia, sea el indicado corte abrupto del ya mencionado proceso de construcción de la obra descrita, habría generado compromisos por parte del Ingenio Taboga de honrar lo concerniente, entre ello, lo referido a la cuestión de derechos laborales. Un alto personero del mismo, de nombre Carlos Matamoros (no sabemos si todavía continúa en su cargo de Gerente), hasta habría formulado manifestaciones escritas para que se honrara las deudas laborales que quedaban pendientes; mismas que, presuntamente, ascenderían a la cifra de 65 millones de colones.

No es interés de la ANEP, en lo más mínimo, la controversia inter-empresarial sobre el fallido proyecto de montaje de una caldera en el Ingenio Taboga; como tampoco lo es si éste adeuda a las empresas Constructora JMSC S. A.” y “COIN KRJ S. A.”, la cantidad de 520 mil dólares (casi 280 millones de colones, al cambio actual).

Pero sí es de nuestro legítimo interés, el tema de las deudas laborales con el personal que fue contratado para ello y que hoy sigue en espera de que se les pague lo que la ley laboral establece: los salarios que quedaron sin honrar al momento del fracaso del proyecto, y, a la vez, lo que por concepto de prestaciones les correspondía.

La deuda que las firmas laboralmente demandas por esos extrabajadores alega que el Ingenio Taboga tiene con ellas, como indicamos, es de esos 520 mil dólares, casi 280 millones de colones. Casi una cuarta parte de esa deuda, entonces, correspondería al pago de derechos laborales del personal “liquidado” contra su voluntad: esos 65 millones de colones.

Vistas así las cosas, señor Ministro de la Presidencia, es imperioso que usted se refiera al punto para ayudar a esclarecer esta situación y, por sobre todo, para que a esos trabajadores y sus familias, todas de escasos recursos económicos, se les cancele lo que por ley se les debe.

Agradecemos su respuesta, misma que solicitamos, respetuosamente, invocando el artículo 27 Constitucional y el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional.

Con toda consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP

C.c.
Dr. Oscar Arias Sánchez, Presidente de la República.
Lic. Álvaro González Alfaro, Ministro, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
Licda. Sandra Pizk Feinzilber, Ministra (designada), Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
Lic. Eugenio Solano Calderón, Viceministro, Área Laboral, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
Honorable Defensoría de los Habitantes de la República.
Medios de comunicación colectiva.
Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP).
Junta Directiva Nacional de ANEP.
Estimados compañeros, Unidad de Información y Comunicación (UIC), ANEP.
Archivo.