En primer término, expresamos a sus dignas autoridades el más atento y respetuoso saludo de nuestra parte.
Considerando que la organización que nos honramos en representar es, valga la redundancia, la legítima representante de los intereses económico-sociales de la abrumadora mayoría del personal de la institución que sus ilustres autoridades conducen; atendiendo, además, a nuestras propias obligaciones legales para actuar en consecuencia con esa representación que nos ha sido dada; con todo respeto, acudimos a sus respectivas instancias para obtener información oficial, de primera mano, acerca de las presuntas intenciones de promover una eliminación de la actual Convención Colectiva de Trabajo; ó, en su defecto, promover una renegociación de sus términos.
Recientemente tuvimos la importante posibilidad de visitar la Municipalidad de Santa Cruz, pudiendo notar un cierto clima de preocupación y de incertidumbre laboral, ante la posibilidad de que en uno u otro caso, la administración patronal esté elaborando criterios al respecto, sin que haya, de manera abierta, una comunicación transparente para el colectivo laboral institucional, o al menos, para su legítima representación, la Junta Directiva Seccional ANEP-Municipalidad de Santa Cruz, así debidamente acreditada ante las instancias jurídico-administrativas correspondientes.
Es por ello que, siempre reiterándoles el debido respeto e invocando el artículo 27 de nuestra Constitución Política y el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, solicitamos tanto al despacho de la Alcaldía de Santa Cruz como al Honorable Concejo de la Municipalidad de Santa Cruz, emitir comunicaciones oficiales al respecto, dirigidas a esta organización y a nuestra representación sindical local, la ya citada Junta Directiva Seccional ANEP-Municipalidad de Santa Cruz.
Por último y con el mismo nivel de importancia sobre lo que acabamos de reseñar, deseamos que sus dignas autoridades tengan claro la transparente y genuina voluntad de diálogo y de negociación de esta organización sindical; así como nuestro sincero anhelo de que se logre una combinación armoniosa entre la máxima protección para los derechos económicos y sociales de las personas asalariadas trabajadoras de la Municipalidad de Santa Cruz, con la necesidad que la misma tiene de brindar servicios públicos de alta calidad y eficiencia, en un ambiente de total transparencia y honestidad.
Quedando en espera de sus respectivas respuestas, nuevamente les reiteramos el mayor respeto y consideración de nuestra parte,
Albino Vargas Barrantes Secretario General
Edgar Morales Quesada Secretario General Adjunto
C.c. Personal de la Municipalidad de Santa Cruz. Junta Directiva Seccional ANEP-Municipalidad de Santa Cruz. Junta Directiva Nacional de ANEP. Sra. Iris Cervantes Paniagua, Responsable ANEP-Sector Municipal. Archivo.
El allanamiento se realizó la tarde de hoy viernes 20 de marzo y pretendía secuestrar cinco folios en los que se demuestra la realización de falsedad ideológico, o sea, brindar datos falsos a la Contraloría General de la República con el fin de lograr el despido de 60 trabajadores y trabajadoras de la institución.
La supuesta insuficiencia económica en la institución no es real, por tanto los “razonamientos técnicos” para el despido del personal parecieran ser falsos.
Ahora será la Fiscalía de Delitos Económicos quién determine, con los documentos secuestrados hoy, si el Presidente Ejecutivo del IFAM, Fabio Molina Rojas, mintió y falseó información económica ante la Contraloría General de la República.
Orden del Ministerio Público
Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos Corrupción y Tributos MINISTERIO PÚBLICO Tel: 295-48-65/295-3244 *Fax: 295-3893
SE ORDENASECUESTRO DE DOCUMENTOS FISCALÍA ADJUNTA DE DELITOS ECONÓMICOS, CORRUPCIÓN Y TRIBUTARIOS. A las quince horas del dos de marzo de dos mil nueve. El suscrito Fiscal Auxiliar, Lic. Christian Fernández Mora, Fiscal de Delitos Económicos Corrupción y Tributarios, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 198 del Código Procesal Penal, dispone ORDENAR EL SECUESTRO de la siguiente documentación:
Realizar el secuestro de los siguientes documentos originales que se encuentran en la Dirección Ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (lFAM), o bien en la oficina en donde se encuentren en ese momento:
1) Oficio DAI-815-08, del Director de Administración Interna, dirigido al Director Ejecutivo, junto con el análisis financiero realizado.
2) Oficio DAI-1647-08 del 23 de setiembre de 2008, del Director de Administración Interna, dirigido al Director Ejecutivo, junto con el análisis financiero realizado.
3) Oficio DE-1169-08 del 24 de setiembre de 2008, del Director Ejecutivo, dirigido al Director de Administración Interna.
4) Oficio DAI-1672-08 del 26 de setiembre de 2008, del Director de Administración Interna, dirigido al Director Ejecutivo, y documentos que respaldan el mismo.
5) Oficio DAI-2097-08 del 24 de noviembre de 2008, del Director de Administración Interna, dirigida al Director Ejecutiva, y documentación de respaldo del documento.
FUNDAMENTACIÓN
La presente diligencia se ordena por estimarse útil y pertinente para la investigación de los hechos, que fueran denunciados en este despacho, de donde se desprende la existencia de posibles anomalías en el manejo de la información presupuestaria de los ingresos y egresos del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal IFAM presentada ante la Contraloría General de la República, con el fin de que se aprobara la modificación presupuestaria N° 18-2008 para el pago de prestaciones legales por la necesidad de acudir a la figura de la reducción forzosa de personal, prevista por el artículo 192 de la Constitución Política, reduciendo así el 50% del personal de la institución; así como en el manejo de esa información para la aprobación del presupuesto ordinario 2009.
Con la denuncia se acompaña documentación del proceso 08-015609-0007-CO, en donde los jerarcas del IFAM, señalan que la insuficiencia presupuestaria, ha sido provocada sobre todo a raíz de las resoluciones judiciales N° 2007-0222 Y 2007-800 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, que ordenaron la homologación de salarios para 30 funcionarios, por un monto de mil quinientos millones de colones, provocando así una insuficiencia presupuestaria de mas de seiscientos millones de colones para el año 2009. No obstante lo anterior, según se desprende del oficio FOE-SM-2304 del Área de Servicios Municipales de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, de la Contraloría General de la República, se improbó la previsión presupuestaria para el pago de prestaciones legales, porque la información presentada presentaba inconsistencias en la información sobre los ingresos para poder proyectar si realmente había insuficiencia de recursos que obligaran a la aplicación del artículo 192 constitucional y reducir por ello la planilla, así como se echó de menos un estudio técnico jurídico que justificara la reducción forzosa de personal. En dicho documento, la Contraloría General de la República, indica que “la información de los ingresos de los años 1999-2008 varía según diversas fuentes, como son las liquidaciones presupuestarias y el anexo Nro. 1 denominado “Histórico de Ingresos Totales” del oficio DE¬-1371-08 del 30 de octubre de 2008, remitido por el Director Ejecutivo de ese Instituto.”
En la documentación que consta en el proceso 08-015609-0007-CO que se tramita ante la Sala Constitucional, el Presidente Ejecutivo del IFAM, Lic. Fabio Molina Rojas, señala que la reducción forzosa de personal encuentra sustento en la insuficiencia presupuestaria, comprobada en criterios técnicos, citando entre ellos el oficio N° DAI-1647-08, de fecha 23 de setiembre de 2008, que demuestra el desequilibrio financiero y presupuestario y sus causas. Además entre los documentos que se aportan a ese proceso, constan los oficios DAI-815-08, del Director de Administración Interna, dirigido al Director Ejecutivo, junto con el análisis financiero realizado; Oficio DAI-1647-08 del 23 de setiembre de 2008, del Director de Administración Interna. dirigido al Director Ejecutivo: Oficio DE-1169-08 del 24 de setiembre de 2008, del Director Ejecutivo, dirigido al Director de Administración Interna; Oficio DAI-1672-08 del 26 de setiembre de 2008, del Director de Administración Interna, dirigido al Director Ejecutivo; y el oficio DAI-2097-08 del 24 de noviembre de 2008, del Director de Administración Interna, dirigido al Director Ejecutivo, los cuales tienen relación con el primer documento referido, por lo que se hace necesario contar con el original de dichos documentos para esta investigación, en donde se señala la posible manipulación de datos en documentos públicos por parte de funcionarios públicos, lo que podría ser constitutivo de los delitos de Falsedad Ideológica, previsto por el artículo 360 del Código Penal.
De conformidad con lo expuesto, y lo indicado por el artículo 198 del Código Procesal Penal, se ordena el secuestro de la documentación señalada supra, a fin de continuar con el desarrollo de la presente investigación.
La diligencia se realizarán en horas hábiles durante días hábiles. Se otorgará copia de la presente resolución al personal encargado de la custodia de la documentación, debiendo levantar un acta de secuestro, cuya copia dejarán en los archivos de la misma. PROCÉDASECONFORME. .LIC. CHRISTIAN FERNÁNDEZMORA. FISCALÍA ADJUNTA DE DELITOS ECONÓMICOS, CORRUPCIÓN Y TRIBUTARIOS.
Expediente: 08-000152-621 –PE ImputadoS. Dionisio Miranda Rodríguez y Fabio Molina Rojas Delito. Falsedad ideológica Ofendido. La Fe Pública
Nuestras organizaciones sindicales UNDECA Y ANEP, hacemos un llamado al conglomerado laboral de la Caja Costarricense del Seguro Social, CCSS, a prepararse, una vez más, para dar la lucha por nuestros derechos laborales.
Las autoridades de la institución deben comprender que los salarios de los trabajadores de la institución son de los más bajos del Sector Público. Existen notables diferencias entre las anualidades del grupo médico, el de enfermería y el resto de trabajadores de la institución. Asimismo, la Junta Directiva de la CCSS pretende desconocer lo resuelto por la Sala IV en el pago de 20 años de cesantía.
Las tácticas dilatorias de las autoridades institucionales hacen que la revisión de la Normativa de Relaciones Laborales, lleve casi cinco años sin resolverse. O sea, no contamos con un marco normativo que sea acorde a la realidad laboral, ocasionando en no pocos casos un trato injusto en los asuntos de los trabajadores y las trabajadoras.
Las demandas de los grupos laborales de más bajos salarios duermen el “sueño de los justos”, a pesar del enorme esfuerzo que hacen cada día, a lo largo y ancho del país, quienes sostienen con mística y dedicación el sistema de salud y los servicios que ofrece la Caja Costarricense del Seguro Social.
Se requiere de una política transparente en el nombramiento de las plazas profesionales, especialmente en los servicios de atención crítica.
La Caja debe desistir de la compra de servicios privados y dirigir ese recurso a la creación de códigos nuevos.
No puede seguirse cargando sobre las espaldas de los trabajadores, el costo de los errores administrativos, respondiendo dócilmente a las políticas neoliberales de Estado; menos, si ello significa un acelerado empobrecimiento y la perdida del poder de compra y, por ende, de la calidad de vida de los trabajadores, con los salarios tan bajos que paga la institución.
Hacemos un llamado a las demás organizaciones de la institución a sumarse a esta lucha en resguardo.
¡No más espera ! Todos a prepararnos para el próximo 26 de marzo,desde las 6:00 a.m. y a las 11:00 de la mañana, en el Parque la Merced.
Reunidos, el día de hoy, y conforme al llamado del Movimiento Sindical, ANEP y SITECO, unen esfuerzos y recursos para garantizar la movilización de las apersonas trabajadoras no profesionales del Ministerio de Salud y otras instituciones, en defensa de un salario digno.
Desde ya nos daremos a la tarea de movilizarnos, conjuntamente, por todo el país de tal suerte que conserjes, misceláneos, chóferes, oficinistas, secretarias, cocineros, técnicos y técnicos profesionales, queden debidamente convocados a participar en la Huelga de un Día, que se convocó para el miércoles 1º de abril y la respectiva concentración, a partir de las 10:00 a.m. en el Ministerio de Hacienda, antiguo Banco Anglo.
De la misma manera, instamos al sector profesional del Ministerio de Salud, para que de forma solidaria, con sus compañeros y compañeras de trabajo, se unan a esta noble causa, sobre todo considerando que en negociación anterior, los sindicatos, logramos consolidar el pago del percentil para este importante sector laboral.
Por otra parte, nuestras organizaciones sindicales rechazan, tajantemente, la prédica del gobierno, cuando se afirma “que no es posible pagar la deuda que se tiene con los y las trabajadoras no profesionales, porque estamos en crisis, porque no hay plata”. Contradictoriamente, vemos cómo se inyectan recursos financieros para el gran empresariado exportador y el gran capital financiero y otros despilfarros no menos abominables como las famosos consultorías, asesorías, publicidad, presuntas_ “reestructuraciones”_ y otros “horrores de sobrepago”.
Con fines ilustrativos, apuntamos los siguientes ejemplos sobre el tamaño del despojo salarial que sufren conserjes, misceláneos, chóferes, oficinistas, secretarias, especializados o calificados, cocineros, técnicos y técnicos profesionales. Conserje. En promedio a un conserje se le adeudan 72,309 colones mensuales al salario base; a un Chofer, 84,814 colones; a un Trabajador Especializado, 81,132 colones; a un Técnico 3, 104,533 colones.
1- APERTURA Y DESMANTELAMIENTODELSECTORELECTRICO COSTARRICENSE
En primera instancia denunciamos que el Poder Ejecutivo, por medio del hasta hoy Ministro Roberto Dobles y en coordinación con las Cámaras Empresariales alineadas a la UCAEP están impulsando el desmantelamiento y destrucción del ICE y sus principios de solidaridad mediante leyes como: LEYMARCO DE CONCESIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO DE LASFUERZAS HIDRÁULICASPARA LA GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA, expediente legislativo 19.949 – LEY DE FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LASENTIDADES Y EMPRESASDELSUBSECTORELECTRICIDAD, LEYGENERAL DE ELECTRICIDAD – LEY DE LA INDUSTRIAELECTRICA.
Dichas leyes, en su conjunto le quitan potestades a ICE sobre planificación eléctrica y el centro de control energético; y principalmente los principios solidarios que a lo largo de 60 años a posibilitado que el servicio eléctrico llegue a un 99% de la población con precios accesibles a los hogares. Lo más grave es que en estas leyes se privilegia el uso del agua para que transnacionales hagan negocio y conviertan el servicio eléctrico en un producto mercantil donde solo el que puede paga las tarifas de mercado lo recibe.
El objetivo de estas leyes van en concordancia con el proyecto neoliberal de abrir los mercados. En este caso, la apertura total del mercado eléctrico favorecerá a lo generadores privados, muchos de los cuales, en el corto tiempo se les finaliza sus contratos de generación con los que han ganado miles de millones de colones mediante contratos lesivos, según lo ha señalado la Contraloría General de la Republica.
2- DESMANTELAMIENTOINTERNODELICEMEDIANTE LA CREACIÓN DE SOCIEDADES ANÓNIMAS.
No contentos con desmantelar el ICE a través de leyes, a lo interno, el presidente ejecutivo del ICE, Ingeniero Pedro Pablo Quirós, apoyado por el Gobierno, impulsan la creación de cinco sociedades anónimas, sospechosamente todas con el mismo objetivo de brindar servicios de telecomunicaciones, infocomunicaciones, electricidad y comercio en general.
La constitución de estas Sociedades Anónimas se da en el marco de desmantelamiento del ICE como empresa pública, a través de despedazar sus negocios de telecomunicaciones y electricidad mediante figuras de empresas privadas, desnudando la falacia de buscar un verdadero fortalecimiento y modernización del ICE.
La implementación de estas sociedades con criterios privados ratifica lo que denunciamos en la lucha contra el TLC, que el modelo público y solidario del ICE era incompatible con el modelo de mercado en competencia.
Para el FIT, resulta indignante que mientras el mundo, producto de la crisis financiera mundial, gira hacia un papel más determinante y participativo del Estado, inclusive para salvar de la quiebra a sector privado, en Costa Rica el Gobierno de la República y la administración del ICE sigan impulsando el desmantelamiento de la institución.
3- PRESIDENTEEJECUTIVOINCUMPLE SU PROMESASOBRE LA ESTABILIDADLABORAL DE LOS Y LASTRABAJADORASDELICE.
El FIT denuncia ante la opinión pública que en la implementación de las sociedades anónimas será requisito la liquidación del personal institucional al migrar a otra figura jurídica. Asimismo, se pretende aplicar la flexibilidad laboral y llevar a los derechos laborales consagrados en el Estatuto de Personal a los mínimos de ley. Inclusive se plantea eliminar la estabilidad laboral con la posibilidad de realizar despidos de acuerdo al Código de Trabajo. Mientras en todo el mundo se fortalecen las empresas estatales para mitigar la crisis económica, en Costa Rica se aprovechan para hacer lo contrario.
Por lo anterior:
1- Denunciamos la verdadera intención de esta administración de entregar al ámbito privado, nacional e internacional, los mercados de la electricidad y las telecomunicaciones por medio de actos de este tipo, incluyendo las dudosas concesiones que originaron la renuncia del Ministro Roberto Dobles, entre otras. Es sumamente curioso como los ministros rectores, presidentes ejecutivos del ICE y figuras gubernamentales son los principales actores en el desmantelamiento del ICE y en el otorgamiento de concesiones dudosas.
2- Dejamos patente ante el pueblo de Costa Rica que estas políticas van más allá del TLC-CAFTA y que una vez más se descubren todas las mentiras que con desesperación se emitieron a raíz de su discusión.
3- Alertamos al Pueblo de Costa Rica que este tipo de Sociedades Anónimas se han utilizado en el pasado para alimentar el clientelismo y amiguismo político, encubrir actos de corrupción y contrataciones espurias con los dineros de todos los y las costarricenses.
4- Hacemos un llamado a las fracciones políticas representadas en la asamblea legislativa a investigar este acto que puede llevar a la destrucción del Instituto Costarricense de Electricidad, acción que contradice todas las promesas gubernamentales de modernización y fortalecimiento institucional.
5- Exigimos a la Presidencia Ejecutiva del ICE y su Gerencia General la paralización total de este traicionero intento por desmantelar al ICE y sus áreas operativas.
6- Convocaremos a asambleas de los trabajadores y trabajadoras del ICE en todo el país, con el objetivo de informar, discutir y acordar las medidas que se tomarán en aras de proteger los derechos laborales, la estabilidad laboral y los principios solidarios de los servicios que brinda el ICE.
7- Responsabilizamos a la administración superior del ICE por las acciones que emprenderemos las organizaciones laborales en pos de defender una verdadera modernización y fortalecimiento del ICE.
San José, 10 Marzo de 2009
Frente Interno Trabajadores y Trabajadoras del ICE
Nota del M.Sc. Luis Carlos Amador Brenes, Director de la Junta Directiva del Centro Nacional de la Música, convocando a concurso para las plazas en la OSN.
La Asociación Sindical de Empleados de IFAM, ASEIFAM La Asociación de Profesionales de IFAM, ASPI,
Comunican a la opinión publica lo siguiente:
FABIOMOLINA MIENTE
a. Los salarios del año 2009 divulgados en medios de prensa por el señor Molina Rojas son falsos. Evidencia de lo anterior es que en tres casos como los de las compañeras Vilma Monge, Bellanira Solís y del compañero Olman Piedra, las diferencias entre lo dicho por el señor Presidente de IFAM y la realidad fundamentada en las acciones de personal de estos funcionarios son de ¢980.334, ¢735.651 y ¢1.002.121 respectivamente. ¿Qué pretende el señor Molina con inflar los salarios de los trabajadores del IFAM? Es importante resaltar que los “asesores de confianza” del Presidente Ejecutivo y Director Ejecutivo, tienen una demanda presentada contra IFAM, para el reconocimiento del beneficio de homologación de salarios.
*b.*Los funcionarios del IFAM no tienen privilegios. El privilegio que falsamente el señor Molina nos endilga es pretender un salario igual al promedio de nuestra misma clase en otras instituciones del Estado. La homologación salarial de la cual fue objeto un grupo de funcionarios y funcionarias del IFAM se dio mediante una resolución judicial y tiene como objeto dar cumplimiento a principios constitucionales de igualdad, a igual trabajo igual salario. En la práctica, esta resolución ordenó homologar el salario de los funcionarios de nuestra Institución con el salario de sus similares en otras Instituciones del Estado, no más, no menos. ¿Será que el señor Molina considera que un conserje del INS –por citar un ejemplo-debe ganar más que un conserje del IFAM? y peor aún, ¿Califica como un privilegio el trato igualitario entre iguales?
c. El IFAM no está quebrado como lo pregona el señor Presidente Ejecutivo del IFAM, mintiéndole a sus superiores y al país entero. La Liquidación de Presupuesto al 31 de diciembre del año 2008, refleja un superávit acumulado superior a los ¢6.000.0 millones
d. Miente el señor Molina al indicar como origen de la falsa debacle financiera del IFAM, el tema salarial. El espejismo creado por el señor Molina sobre la insostenible situación financiera del IFAM no puede ser justificado por el gasto en salarios de sus trabajadores, pues en el ejercicio económico del 2008, lo correspondiente a salarios significó cerca del 20% de los ingresos totales y las proyecciones presupuestarias realizadas por la dependencia correspondiente indican que para el 2009 –incluyendo la homologación ya mencionada- la razón entre salarios e ingresos totales no supera el 33 %.
e. El señor Presidente Ejecutivo asume nuevamente posiciones falsas cuando persigue funcionarios cuestionando la falta de requisitos académicos de algunos de ellos en relación de los puestos que estos ocupan, cuando él, ejerciendo el derecho a doble voto en una reñida sesión de Junta Directiva, eliminó los requisitos académicos del puesto de Director Ejecutivo para nombrar a Dionisio Miranda Rodríguez. Con su doble voto evidenció también su doble discurso. Hoy, existen más requisitos académicos para ser oficinista en el sector público que para ser Director Ejecutivo del IFAM.
f. Para no dejar de sorprendernos con su capacidad para mentir, mientras en los medios de comunicación y en casa presidencial nuestro Presidente Ejecutivo combate los “altos salarios” de los trabajadores del IFAM, en sesiones de Junta Directiva se aprueban aumentos salariales para las altas autoridades –Auditor incluido- recetándose en unos de los casos un aumento de un 30%.
g. Por la manipulación de cifras presentadas para justificar los despidos desde octubre del 2008, hemos presentado una demanda ante el Ministerio Público, según expediente No.08-000152-621P.
Nuestros escasos recursos no nos permiten continuar puntualizando por esta vía sobre la actuación del Presidente Ejecutivo, pues el costo que ello conlleva es alto, sin embargo, nos comprometemos a utilizar hasta el último de nuestros centavos con el objeto de desenmascarar a Fabio Molina Rojas y al escenario que este ha construido para justificar el despido del 50 % de planilla del IFAM.
Sabemos que Fabio está en plena campaña y que el presentarse como defensor de los ciudadanos ante presuntos abusos de los trabajadores del sector público le puede provocar un rédito político, pero no se vale que esta pose oportunista se sustente con base en discursos demagógicos y manipulando la opinión pública, bueno.…. se vale solo en cierta clase política.
Licenciado Rodrigo Arias Sánchez Ministro Ministerio de la Presidencia
Licenciado José Rafael Torres Castro Director General Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) Presente
Estimados señores:
Con nuestra presencia física esta mañana de jueves 5 de febrero de 2009, aquí, frente a las instalaciones de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), planteamos fuerte demanda y exigencia de que se dé la apertura total de sus archivos secretos que sabemos existen; y que, paralelamente, se nos permita tener acceso a los expedientes personales, a las fichas personales de cientos y cientos de personas, ciudadanos y ciudadanas costarricenses; quienes, como los que hoy aquí hemos venido a estas oficinas centrales de la DIS, hemos asumido posiciones patrióticas y de defensa de la soberanía nacional, en distintos momentos y por diversas circunstancias, a lo largo de los últimos años.
La DIS, una verdadera policía política que ofende profundamente la convicción democrática del pueblo costarricense y que representa una afrenta a nuestras mejores tradiciones de convivencia civilizada, ha realizado toda una labor de espionaje político, bajo distintas formas y modalidades y, en todos los casos, al margen de la ley; en contra de los derechos democráticos y de la intimidad privada de cientos y cientos de ciudadanos y de ciudadanas de diversas creencias y filosofías políticas que, por una razón u otra, hemos estado en defensa del Estado Social de Derecho que nos fue legado y en defensa de la institucionalidad democrática tan mancillada por el grupúsculo de gran poder económico cuyos intereses estratégicos, desde el espionaje político, han sido defendidos por la DIS.
Es más, si desde los mismísimos grupos mediáticos al servicio de ese gran poder económico, hoy también se reclama, como nosotros lo hacemos, por la disolución de la DIS; es muy probable que se estén manejando datos y situaciones más allá de lo político-ideológico, para constituirse, eventualmente, en elementos de chantaje ante las disputas internas que se dan en el seno de ese gran poder económico por hegemonías personal y/o sectoriales, en el manejo de la cosa pública facilitadora de negocios privados.
También venimos a reclamar para que, con la más absoluta transparencia, se manifieste la naturaleza de presuntos vínculos externos, en materia de asesoría en seguridad y espionaje político brindados a la DIS por parte de otras policías políticas de otros países.
Tal es el caso del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), de la República de Colombia, hoy abiertamente cuestionado por sus supuestas conexiones con el narcotráfico y el paramilitarismo e, incluso, por la venta en el mercado de datos privados producto del espionaje realizado aún en contra de sus propias autoridades político-gubernamentales. Igualmente, es preciso saber la naturaleza de los vínculos de la DIS con los servicios de inteligencia estadounidense que presumimos de su existencia.
Hoy venimos, también, a manifestar nuestro respaldo a la necesaria iniciativa de ley que permita la disolución de la DIS, completa, sin eufemismos y a la mayor brevedad. Afortunadamente, nuestra Patria goza hoy en día de una ciudadanía sumamente crítica que entiende la práctica de la democracia mucho más allá de los torneos electorales cuatrienales; y, por tanto, una ciudadanía que no necesita esconderse para practicar la política en el buen sentido del término. Así lo demostramos con ocasión de la gesta histórica en oposición al pernicioso tratado (TLC) con los Estados Unidos; proceso en el cual, estamos absolutamente convencidos, de que la DIS nos espió, nos siguió, nos puso “fijos”, fotografió, tomo videos, hurgó en nuestros espacios privados de recreación grupal, elaboró reportes, se infiltró en nuestras reuniones, asambleas, marchas, etc., etc.
Y, probablemente, lo hizo con toda facilidad, sin mucho esfuerzo, dada la profunda transparencia y la total apertura con que fueron ejecutados todas las acciones, procesos y movimientos de la gigantesca coalición cívica del No al TLC; pero, todo lo hicieron ilegalmente, violando nuestras libertades constitucionales y la cultura democrática costarricense; espiándonos como si fuésemos elementos cuasiterroristas.
Y es aquí, precisamente, donde expresamos un fuerte emplazamiento público al señor Ministro de la Presidencia, Lic. Rodrigo Arias Sánchez, superior jerárquico-político con poder absoluto sobre la DIS, para que rinda cuentas sobre todas las directrices, directivas, orientaciones, instrucciones, que debió haber impartido en tal condición, para que nuestras actividades cívicas, nuestros eventos organizaciones, nuestras protestas pacíficas, fuesen espiadas e infiltradas con ocasión del proceso del No al TLC.
El señor Ministro de la Presidencia debió haber recibido una enorme cantidad de reportes secretos acerca de los resultados del seguimiento y de la infiltración de nuestras actividades cívico-patrióticas. Y, por tanto, tenemos derecho a saber cuántas veces nuestros nombres, en cuántas ocasiones nuestras organizaciones, cada cuánto nuestros procesos fueron objeto del interés de la policía política costarricense y, particularmente, del Lic. Rodrigo Arias Sánchez.
A la vez, hemos quedado profundamente sorprendidos al enterarnos que la policía política costarricense, la DIS, ha sido utilizada para el resguardo de material electoral, especialmente con ocasión del referéndum sobre el TLC con Estados Unidos lo que, indudablemente, aumentan los cuestionamientos sobre las actuaciones del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en tal proceso, profundizando la duda acerca de la transparencia de las actuaciones de éste, que ya anida en importantísimos sectores de la ciudadanía democrática costarricense.
Finalmente, exhortamos a todos los señores diputados y a todas las señoras diputadas para que, sin mayor dilación, procedan a aprobar una ley para disolver a la DIS. No hay duda de que muchas de las actuales personas legisladoras del parlamento costarricense, deben tener su ficha, su expediente en la DIS; en algunos casos por razones político-ideológicas; en otros, como elementos de potencial chantaje para las eventuales disputas internas del grupo de poder económico que controla la acción política de la mayoría parlamentaria ya conocida.
Somos personas honestas, somos personas trabajadoras y somos personas de fuerte convicción patriótica. Somos una parte de la gran ciudadanía activa que, para ventura de la democracia, ya viene jugando papeles históricos. Por tanto, aquí dejamos nuestros nombres, porque nada escondemos, porque nada ocultamos, porque ustedes, los de la DIS, con toda seguridad, saben todo de nosotros. Reiteramos nuestra exigencia de que abran todos sus archivos secretos y que a cada persona incluida en ellos, se le devuelvan los mismos, se le permita recuperar su privacidad violentada y se le permita la recuperación de sus derechos constitucionales violentadas por el espionaje ilegal ejercido durante muchos años por la policía política costarricense: la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).
Ciudadanas y ciudadanas costarricenses cuyas firmas están adjuntas a la presente carta, con copia:
Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Dr. Oscar Arias Sánchez, Presidente de la República. Honorables señores y señoras, diputados y diputadas, Asamblea Legislativa. Honorable magistratura, Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Lic. Francisco Dall’Anese Ruiz, Fiscal General de la República. Dra. Lisbeth Quesada Huertas, Defensora de los Habitantes de la República. Honorables jueces Corte Plena, Poder Judicial. Medios de comunicación colectiva. Organizaciones de la sociedad civil costarricense. Archivo.
San José, 23 de febrero de 2009. S.G. 07-09-1189-09 ¡URGENTE!
Doctora Viviana Martín Salazar Ministra
Licenciado Fernando Ferraro Castro Viceministro
Ministerio de Justicia y Gracia Su despacho
Estimada y honorable señora Ministra: Estimado y honorable señor Viceministro:
Con gran respeto para sus autoridades, les expresamos atento y respetuoso saludo de nuestra parte.
Ha llegado a nuestras manos el documento_ “Proyecto Piloto de Investigación Criminológica Penitenciaria-Centro de Atención Institucional La Reforma”_ (Resumen Ejecutivo), elaborado por la máster Martha E. González Madriz; documento al cual le hemos dado ya una primer lectura, causándonos gran impacto por lo que decidimos indicarle a vuestras ilustres autoridades la enorme preocupación que nos ha generado su contenido, dentro del cual sobresale el que se refiere al Centro de Atención Institucional La Reforma, citado algunos párrafos cuya lectura es de gran impacto.
Antes resulta importante indicar que tal proyecto obedeció a una solicitud expresa del señor Director del Instituto Nacional de Criminología para que se realizase una “investigación tanto cuantitativa como cualitativa sobre esta población (personas sentenciadas a altos montos)i para que en el seno del Departamento Técnico podamos discutir y analizar sobre los hallazgos encontrados en cuanto a la realidad que enfrenta este tipo de población que va en franco crecimiento”.
Ahora bien, tal y como se indica en el apartado _“Método de investigación utilizado_” y a la hora de abordar el caso del CAI-La Reforma, indica la autora que “Se consideró que debería asumirse de manera responsable, un hecho que ha venido denunciándose por múltiples medios (internos y externos a la institución) y durante varios años, de que el Sistema Penitenciario Costarricense se encuentra desde hace ya diversos períodos en franco proceso de crisis a lo que los últimos acontecimientos de la realidad nacional y mundial tiende a profundizar y agudizar; por lo que éstos son momentos para privilegiar el camino a las soluciones más que a sumirse en las frustraciones y privaciones que ha traído consigo la crisis.
Resulta también notoria la frase de que “Es así, como vemos que las prisiones en el país están siendo tomadas en los espacios de convivencia por la población. El Estado los saca de sus lugares de residencia o convivencia y les brinda lugares que les permite consolidar su organización violenta”.
Ahora sí, podemos entrar a lo que se determina con respecto al CAI-La Reforma. Veamos:
El Centro Penitenciario La Reforma, es el centro en donde se alberga la mayor cantidad de personas privadas de libertad (alrededor de 2000) en su mayoría sentenciada y de personal técnico, administrativo y de seguridad.
Cuenta con una estructura organizativa de alta complejidad operativa. Se podría homologar con la de la Dirección General de Adaptación Social; y aseverar, que reproduce en su interior las dificultades de manejo de la Dirección General (Oficinas Centrales), como son: canales de comunicación inexistentes o deteriorados, ambiente y cultura organizacional con niveles de violencia verbal, psicológica, de género, de amenaza a la estabilidad laboral, de sentidos favoritismos y de dogmatismos, por señalar algunos; aislamiento, distanciamiento, deslegitimación y pérdida de credibilidad de las bases en personas jefas y/o estructuras (INC, DGAS, Despacho; etc); pero con la enorme diferencia y agravante que es a la gente del Centro (Personal/Población) a la que se le ubica en grave peligro en su integridad física, porque de la salud psicológica, laboral y orgánica, ya está trágicamente dañada, y de continuar persistiendo las condiciones insalubres en que se encuentran ya se estaría calificando de fatalidad. Valga señalar que lo anterior se aplica igualmente, pero con distintos grados y áreas, a otros centros y oficinas, ya que se entiende a partir de la teoría del Análisis Institucional, que La Reforma es un emergente institucional, es el que por sus condiciones infraestructurales y organizativas logra denunciar de diversas maneras y medios su calamitosa realidad operativa organizacional, y ante la ausencia de respuesta oportuna, integral y sistemática, se llega al extremo de la actuación institucional de denuncia en el ámbito penitenciario: las muertes, ya no solo de población, sino de personal.
Se encuentra el personal del Centro La Reforma laborando en condiciones indeseables: el temor, la desconfianza, incredibilidad, en las autoridades superiores en general, condiciones infraestructurales insuficientes e impropias para la atención de las personas, sin espacios para la reflexión o la producción teórica, la ausencia de capacitación y de formación actualizada en materia criminológica y de temas como derechos humanos, no solo en cuanto a su normativa sino comprendida como una forma de ver al mundo, en donde la persona es sujeta de dignidad y respeto.
Es en este personal, por lo consiguiente, en donde se logra observar como el denominador común Institucional “el miedo” utilizado como recurso para el control, la paralización e inmovilización, no obstante y a pesar de ello logra, este personal, elevar la denuncia y demostrar una vez más su compromiso con el encargo social.
Este miedo sumado a la ausencia de capacitación, acompañamiento, seguimiento en materia penitenciaria, del para qué, cómo y por qué del trabajo en el Sistema, ha llevado a que los ámbitos de convivencia de la población hayan sido usurpados por ellos. Y como lógica consecuencia, los grupos organizados han asumido el control del Centro de manera violenta e intimidatoria no solo hacia el personal sino hacia la gran mayoría de los que se convierten en soldados de estos grupos: les venden la comida, las llamadas telefónicas, pueden denunciar solamente en temas propios de los servicios que presta la institución no de la dinámica interna, utilizan las debilidades humanas como son las personas con problemática de drogadicción o sexual, han establecido una red de comunicación con altos niveles de eficiencia entre los distintos Centros de la Institución, y logran organizar acciones delictivas de toda índole, tanto intra, Inter. O extra institucional, a pesar de ello y por ingerencia del personal, se logra que algunos de los programas y personas privadas de libertad logren “sacar su cabeza” y puedan ser productivos y creativos. Esta realidad siempre ha existido, es propia de la cultura carcelaria, el problema son los grados y ámbitos de control de la población de la dinámica institucional en relación con la del control del personal penitenciario.
Para incrementar nuestra preocupación acerca de la alta situación de riesgo y de vulnerabilidad en que se encuentra el CAI-La Reforma, los tres párrafos siguientes del mencionado son lo suficientemente elocuentes:
Se encuentra una figura llamada “el gestor” que es el que se convierte en el enlace del personal con la población penal, es el que ingresa a los ámbitos, es decir, de hecho se está valorando la vida del personal en diferentes estratos, ¿por qué unas personas no ingresan a los ámbitos por temor a ser violentados y otros son obligados por su ubicación institucional?, esta persona no cuenta, evidentemente, con el soporte técnico y administrativo necesario para el desempeño de su función y con la formación técnica especializada, deficiencia de la que no escapa el departamento de seguridad en general, ya que la función de seguridad penitenciaria es diametralmente diferente al de la seguridad policial civil, pero en este caso con estas personas gestoras, se les está ubicando en un riesgo constante que abre la posibilidad de utilizar vías no recomendables para asegurar su subsistencia laboral y emocional.
Cabe señalar acá, que La Reforma, es atendida durante las noches con un número intrépido de vigilancia, aproximadamente 280 funcionarios para un Centro con la complejidad de Reforma. En tanto, la queja generalizada del personal en general (de todos los departamentos, incluyendo Oficinas Centrales), es que en Oficinas Centrales se encuentran ubicados/as personal de seguridad (alrededor de 50), sin mayor conocimiento de la materia penitenciaria desempeñando funciones entre otras de “inteligencia”, que aparentemente no tienen mayor incidencia en lo cotidiano y mediano plazo en el Sistema Penitenciario.
A nivel administrativo, la situación no es diferente, un escaso número de personal en los distintos departamentos, en algunos solamente se pueden localizar dos funcionarios/as, otros como el de nutrición, se encuentran un reducido numero de cocineros/as, por lo que deben recurrir a la población para poder solventar las necesidades, infringiendo por necesidad en algunos momentos, directrices en este sentido, de solamente ubicar a población para el trabajo de picado y pelado de alimentos. No cuentan con reconocimiento real de sus funciones, siendo que algunos asumen labores de jefatura sin el reconocimiento salarial que justamente les correspondería, pero que deben responder como tales cuando sucede algún percance, cosa que en transportes es constante, por el mal estado de la flotilla y el insuficiente número de vehículos VS número de carros y buses que respondan a las necesidades reales en las áreas técnicas, administrativas y de seguridad.
La ANEP como entidad laboral representativa de un importante grupo laboral de servidores y de servidoras del Sistema Penitenciario Nacional que se desempeñan en el mencionado centro, no puede dejar pasar desapercibido los ya no solamente preocupantes, sino más bien alarmantes, contenidos del citado estudio, por demás, realizado por una excelente profesional con amplia trayectoria de servicio público institucional con especialidad en la materia analizada.
Además, la ANEP no ha estado ajena a la grave situación denunciada. Con fecha 7 de noviembre de 2006, a la entonces señora Ministra de Justicia y Gracia, la licenciada Laura Chinchilla Miranda, le indicamos lo siguiente, mediante nuestro oficio S.G. 05-07-0947-06; carta que le enviamos con el planteamiento de la idea para la realización de un “congreso penitenciario”; idea que pretendió ser materializada, sin resultado alguno, al término de la gestión de la Licda. Chinchilla Miranda. Veamos lo que en ese momento apuntamos y en el contexto de la dolorosa pérdida, en medio de un intento de fuga, de un compañero policía penitenciario. Dijimos: “Tal y como se lo manifestáramos recientemente, vía telefónica, la ANEP considera oportuno, prudente y necesario un franco diálogo, respetuoso y abierto, entre su autoridad y el personal de los distintos segmentos laborales que brinda servicio en el Centro de Atención Institucional La Reforma, lo más pronto posible, a raíz de los dolorosos acontecimientos que todos conocemos.
En principio nos llenó de esperanza una carta enviada por su despacho, al señor Rodolfo Ledezma, Director de La Reforma, en la cual le indica que tal reunión estaría para el próximo 14 de noviembre, a las 10.30 a.m.; pero, se trataría de una reunión con una pequeña parte del personal del mencionado centro, cuya designación haría el señor Ledezma por indicación suya, señora Ministra.
Esto no fue el espíritu de nuestra solicitud, ni tampoco el que anima el escrito que un elevado número de personas trabajadoras de La Reforma le dirigiera a usted en días pasados y a propósito de los mismos dolorosos acontecimientos.
En los actuales momentos de tensión laboral, de incertidumbre institucional y de inseguridad sobre la propia vida de quienes laboran en La Reforma, es necesario que tal reunión sea totalmente abierta a todo el personal (con las lógicas restricciones cotidianas en pro de la seguridad carcelaria); de forma tal que la autoridad ministerial representada por su persona tenga una noción real, de viva voz y no filtrada, del sentir del personal de base de tal centro en estos momentos.
Una reunión como la que planteamos, no está en contradicción para que en un segundo momento y en otro día, usted desarrolle la reunión que plantea inicialmente con las estructuras jerárquicas del mencionado centro; porque esa sería la lógica decisión del Sr. Rodolfo Ledezma, de convocar solamente al personal con responsabilidades de jefatura, si se atiene al contenido de su carta del día 3 de noviembre.
La Reforma, los restantes centros penales, en general, y el Sistema Penitenciario Nacional en cuanto tal, ocupan de un proceso de profunda reestructuración participativa, dentro del cual aspectos de corto y mediano plazo, se combinen con decisiones estratégicas a largo plazo.
Es obvio que el desarrollo cuantitativo y cualitativo del proceso criminal hoy en día, más su trasnacionalización, ha dejado a la política pública penitenciaria en total precariedad: escasez de personal (especialmente técnico y profesional), carencia de recursos, instalaciones precarias e insalubres, bajos salarios, recargo de casos, ausencia de estímulos, etc.
Es más, creemos urgente la realización de una especie de Congreso Penitenciario, con alta participación del personal de base, para que a través de una serie de jornadas de reflexión, el país defina nuestras políticas públicas de atención al proceso criminal bajo las nuevas condiciones que presenta, producto del proceso de globalización económica y de deshumanización social que vivimos en la Costa Rica de hoy.
Por otra parte, debe considerarse que el personal penitenciario, si bien conserva admirablemente altas dosis de mística, se siente en total estado de indefensión, ante la acumulación de una serie de factores que han llevado a la labor penitenciaria a estados de indignidad y de cruel invisibilización para quienes no están en las altas esferas de decisión jerárquica cotidiana.
Vistas así las cosas, señora ministra y señor viceministro, es imperioso un abordaje urgente de la situación que expone el informe de la máster Martha E. González Madriz; y, particularmente, a la organización que nos honramos en representar, nos urge que ustedes nos reciban en audiencia para que se definan una serie de acciones compartidas que apunten en la dirección de la búsqueda de soluciones. Al respecto, queremos compartir con ustedes, respetuosamente, algunas sugerencias de nuestra parte.
Finalmente, no creemos que la invisibilización de la situación planteada, la descalificación subjetiva del informe mencionado; y, peor aún, algún nivel de persecución que se pretenda desatar en contra de la citada profesional, sean medidas que ayuden a enfrentar el grave problema aquí planteado.
Una vez más, les reiteramos nuestro mayor respeto y consideración,
Albino Vargas Barrantes Secretario General ANEP
Edgar Morales Quesada Secretario General Adjunto ANEP
C.c. Lic. Reynaldo Villalobos Zúñiga, Director General de Adaptación Social, a.í. Lic. Guillermo Ugalde Víquez, Director Nacional de la Policía Penitenciaria. Msc. Rómulo Castro Víquez, Director de Recursos Humanos, Adaptación Social. Lic. Alexánder Obando Meléndez, Director, Instituto Nacional de Criminología (INC). Bach. Ronald Herrera Martínez, Director, Centro de Atención Institucional La Reforma. Msc. Martha E. González Madriz. Defensoría de los Habitantes de la República. Junta Directiva Seccional ANEP-Policía Penitenciaria. Junta Directiva Seccional ANEP-Personal de Salud-Sistema Penitenciario Nacional. Personal, Centro de Atención Institucional La Reforma. Archivo.
Doctor Guillermo Zúñiga Chaves Ministro Ministerio de Hacienda Su despacho
Estimado señor ministro:
Luego de saludarlo respetuosamente, deseamos manifestar una situación que en el seno de la Junta Directiva del Comité Seccional ANEP-Hacienda nos está preocupando.
Hemos tenido información del despido de cinco personas en la Aduana de Limón, todos en puestos de interinos; dicho despido se dio a partir de este 1 de marzo del 2009.
Estas personas son residentes de la zona, se han profesionalizado con gran esfuerzo con sus propios recursos debido que no han disfrutado de becas, demostrando su capacidad y eficiencia en el desempeño de sus labores.
Además cumplen los requisitos que se establecen en el Manual General de Clasificación de Clases, actualmente vigente. Incluso han acumulado valiosa experiencia en el desempeño de los procesos aduaneros demostrando capacidad y eficiencia y no entendemos que existen razones de peso para que los mismos sean despedidos.
Consideramos que despedir trabajadores y trabajadoras de aéreas estratégicas, como son los puestos de control de entradas y salidas de mercancías en puertos y aeropuertos para llenar plazas en oficinas de la Llacuna en San José es muy delicado, debido a que debilita el sistema en las diferentes Aduanas fomentando el contrabando y la evasión fiscal.
Dado lo anterior, y según lo establecido en el Estatuto del Servicio Civil y su Reglamento, en el articulo 10 indica “se consideraran servidores interinos sustitutos los que fueren nombrados para reemplazar temporalmente a un servidor regular…..”. De ahí se desprende que la cesación de los servicios de estos compañeros y compañeras interinas será únicamente cuando regrese el titular del puesto y/o se presente la nómina de elegibles por parte de la Dirección General del Servicio Civil.
Por lo tanto, solicitamos con todo respeto la integración de dichos funcionarios y funcionarias a sus respectivos puestos, de lo contrario viene a contradecir la política del Presidente de la República Oscar Arias Sánchez, de evitar los despidos y menos si estos no se justifican en aéreas tan sensibles como los puestos de controles aduaneros.
Así mismo tenemos conocimiento en el caso de la Aduana de Limón; la Gerencia apoya a estos funcionarios y funcionarias a que no sean despedidas, ya que reconocen la labor que han realizado y están muy preocupados por supuestos despidos masivos a futuro.
Esperamos pronta repuesta según el artículo 27 de la Constitución Política y el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, y si estos hechos se están suscitando denunciaremos ante la opinión pública todo prejuicio tanto a las personas trabajadoras del Estado como a las arcas del mismo, porque estamos vigilantes ante cualquier anomalía que se detecte en violación a los derechos laborales y del pueblo.
Sin más por el momento se suscriben de usted,
Albino Vargas Barrantes Secretario General
C.c. Sr. Desiderio Soto, Director General de Aduanas. Funcionarios y Funcionarias del Ministerio de Hacienda Unidad de Asesoría Jurídica de ANEP Junta Directiva Nacional de ANEP
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
