Categoría: Acción Sindical

El allanamiento se realizó la tarde de hoy viernes 20 de marzo y pretendía secuestrar cinco folios en los que se demuestra la realización de falsedad ideológico, o sea, brindar datos falsos a la Contraloría General de la República con el fin de lograr el despido de 60 trabajadores y trabajadoras de la institución.

La supuesta insuficiencia económica en la institución no es real, por tanto los “razonamientos técnicos” para el despido del personal parecieran ser falsos.

Ahora será la Fiscalía de Delitos Económicos quién determine, con los documentos secuestrados hoy, si el Presidente Ejecutivo del IFAM, Fabio Molina Rojas, mintió y falseó información económica ante la Contraloría General de la República.

Orden del Ministerio Público

Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos
Corrupción y Tributos
MINISTERIO PÚBLICO
Tel: 295-48-65/295-3244 *Fax: 295-3893

SE ORDENA SECUESTRO DE DOCUMENTOS
FISCALÍA ADJUNTA DE DELITOS ECONÓMICOS, CORRUPCIÓN Y TRIBUTARIOS. A las quince horas del dos de marzo de dos mil nueve.
El suscrito Fiscal Auxiliar, Lic. Christian Fernández Mora, Fiscal de Delitos Económicos Corrupción y Tributarios, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 198 del Código Procesal Penal, dispone ORDENAR EL SECUESTRO de la siguiente documentación:

Realizar el secuestro de los siguientes documentos originales que se encuentran en la Dirección Ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (lFAM), o bien en la oficina en donde se encuentren en ese momento:

1) Oficio DAI-815-08, del Director de Administración Interna, dirigido al Director Ejecutivo, junto con el análisis financiero realizado.

2) Oficio DAI-1647-08 del 23 de setiembre de 2008, del Director de Administración Interna, dirigido al Director Ejecutivo, junto con el análisis financiero realizado.

3) Oficio DE-1169-08 del 24 de setiembre de 2008, del Director Ejecutivo, dirigido al Director de Administración Interna.

4) Oficio DAI-1672-08 del 26 de setiembre de 2008, del Director de Administración Interna, dirigido al Director Ejecutivo, y documentos que respaldan el mismo.

5) Oficio DAI-2097-08 del 24 de noviembre de 2008, del Director de Administración Interna, dirigida al Director Ejecutiva, y documentación de respaldo del documento.

FUNDAMENTACIÓN

La presente diligencia se ordena por estimarse útil y pertinente para la investigación de los hechos, que fueran denunciados en este despacho, de donde se desprende la existencia de posibles anomalías en el manejo de la información presupuestaria de los ingresos y egresos del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal IFAM presentada ante la Contraloría General de la República, con el fin de que se aprobara la modificación presupuestaria N° 18-2008 para el pago de prestaciones legales por la necesidad de acudir a la figura de la reducción forzosa de personal, prevista por el artículo 192 de la Constitución Política, reduciendo así el 50% del personal de la institución; así como en el manejo de esa información para la aprobación del presupuesto ordinario 2009.

Con la denuncia se acompaña documentación del proceso 08-015609-0007-CO, en donde los jerarcas del IFAM, señalan que la insuficiencia presupuestaria, ha sido provocada sobre todo a raíz de las resoluciones judiciales N° 2007-0222 Y 2007-800 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, que ordenaron la homologación de salarios para 30 funcionarios, por un monto de mil quinientos millones de colones, provocando así una insuficiencia presupuestaria de mas de seiscientos millones de colones para el año 2009. No obstante lo anterior, según se desprende del oficio FOE-SM-2304 del Área de Servicios Municipales de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, de la Contraloría General de la República, se improbó la previsión presupuestaria para el pago de prestaciones legales, porque la información presentada presentaba inconsistencias en la información sobre los ingresos para poder proyectar si realmente había insuficiencia de recursos que obligaran a la aplicación del artículo 192 constitucional y reducir por ello la planilla, así como se echó de menos un estudio técnico jurídico que justificara la reducción forzosa de personal. En dicho documento, la Contraloría General de la República, indica que “la información de los ingresos de los años 1999-2008 varía según diversas fuentes, como son las liquidaciones presupuestarias y el anexo Nro. 1 denominado “Histórico de Ingresos Totales” del oficio DE¬-1371-08 del 30 de octubre de 2008, remitido por el Director Ejecutivo de ese Instituto.”

En la documentación que consta en el proceso 08-015609-0007-CO que se tramita ante la Sala Constitucional, el Presidente Ejecutivo del IFAM, Lic. Fabio Molina Rojas, señala que la reducción forzosa de personal encuentra sustento en la insuficiencia presupuestaria, comprobada en criterios técnicos, citando entre ellos el oficio N° DAI-1647-08, de fecha 23 de setiembre de 2008, que demuestra el desequilibrio financiero y presupuestario y sus causas. Además entre los documentos que se aportan a ese proceso, constan los oficios DAI-815-08, del Director de Administración Interna, dirigido al Director Ejecutivo, junto con el análisis financiero realizado; Oficio DAI-1647-08 del 23 de setiembre de 2008, del Director de Administración Interna. dirigido al Director Ejecutivo: Oficio DE-1169-08 del 24 de setiembre de 2008, del Director Ejecutivo, dirigido al Director de Administración Interna; Oficio DAI-1672-08 del 26 de setiembre de 2008, del Director de Administración Interna, dirigido al Director Ejecutivo; y el oficio DAI-2097-08 del 24 de noviembre de 2008, del Director de Administración Interna, dirigido al Director Ejecutivo, los cuales tienen relación con el primer documento referido, por lo que se hace necesario contar con el original de dichos documentos para esta investigación, en donde se señala la posible manipulación de datos en documentos públicos por parte de funcionarios públicos, lo que podría ser constitutivo de los delitos de Falsedad Ideológica, previsto por el artículo 360 del Código Penal.

De conformidad con lo expuesto, y lo indicado por el artículo 198 del Código Procesal Penal, se ordena el secuestro de la documentación señalada supra, a fin de continuar con el desarrollo de la presente investigación.

La diligencia se realizarán en horas hábiles durante días hábiles. Se otorgará copia de la presente resolución al personal encargado de la custodia de la documentación, debiendo levantar un acta de secuestro, cuya copia dejarán en los archivos de la misma. PROCÉDASE CONFORME. .LIC. CHRISTIAN FERNÁNDEZ MORA. FISCALÍA ADJUNTA DE DELITOS ECONÓMICOS, CORRUPCIÓN Y TRIBUTARIOS.

Expediente: 08-000152-621 –PE
ImputadoS. Dionisio Miranda Rodríguez y Fabio Molina Rojas
Delito. Falsedad ideológica
Ofendido. La Fe Pública

Nuestras organizaciones sindicales UNDECA Y ANEP, hacemos un llamado al conglomerado laboral de la Caja Costarricense del Seguro Social, CCSS, a prepararse, una vez más, para dar la lucha por nuestros derechos laborales.

Las autoridades de la institución deben comprender que los salarios de los trabajadores de la institución son de los más bajos del Sector Público. Existen notables diferencias entre las anualidades del grupo médico, el de enfermería y el resto de trabajadores de la institución. Asimismo, la Junta Directiva de la CCSS pretende desconocer lo resuelto por la Sala IV en el pago de 20 años de cesantía.

Las tácticas dilatorias de las autoridades institucionales hacen que la revisión de la Normativa de Relaciones Laborales, lleve casi cinco años sin resolverse. O sea, no contamos con un marco normativo que sea acorde a la realidad laboral, ocasionando en no pocos casos un trato injusto en los asuntos de los trabajadores y las trabajadoras.

Las demandas de los grupos laborales de más bajos salarios duermen el “sueño de los justos”, a pesar del enorme esfuerzo que hacen cada día, a lo largo y ancho del país, quienes sostienen con mística y dedicación el sistema de salud y los servicios que ofrece la Caja Costarricense del Seguro Social.

Se requiere de una política transparente en el nombramiento de las plazas profesionales, especialmente en los servicios de atención crítica.

La Caja debe desistir de la compra de servicios privados y dirigir ese recurso a la creación de códigos nuevos.

No puede seguirse cargando sobre las espaldas de los trabajadores, el costo de los errores administrativos, respondiendo dócilmente a las políticas neoliberales de Estado; menos, si ello significa un acelerado empobrecimiento y la perdida del poder de compra y, por ende, de la calidad de vida de los trabajadores, con los salarios tan bajos que paga la institución.

Hacemos un llamado a las demás organizaciones de la institución a sumarse a esta lucha en resguardo.

¡No más espera !
Todos a prepararnos para el
próximo 26 de marzo,desde las 6:00 a.m.
y a las 11:00 de la mañana, en el Parque la Merced.

ANEP – UNDECA

1- APERTURA Y DESMANTELAMIENTO DEL SECTOR ELECTRICO COSTARRICENSE

En primera instancia denunciamos que el Poder Ejecutivo, por medio del hasta hoy Ministro Roberto Dobles y en coordinación con las Cámaras Empresariales alineadas a la UCAEP están impulsando el desmantelamiento y destrucción del ICE y sus principios de solidaridad mediante leyes como: LEY MARCO DE CONCESIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS FUERZAS HIDRÁULICAS PARA LA GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA, expediente legislativo 19.949 – LEY DE FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS ENTIDADES Y EMPRESAS DEL SUBSECTOR ELECTRICIDAD, LEY GENERAL DE ELECTRICIDAD – LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA.

Dichas leyes, en su conjunto le quitan potestades a ICE sobre planificación eléctrica y el centro de control energético; y principalmente los principios solidarios que a lo largo de 60 años a posibilitado que el servicio eléctrico llegue a un 99% de la población con precios accesibles a los hogares. Lo más grave es que en estas leyes se privilegia el uso del agua para que transnacionales hagan negocio y conviertan el servicio eléctrico en un producto mercantil donde solo el que puede paga las tarifas de mercado lo recibe.

El objetivo de estas leyes van en concordancia con el proyecto neoliberal de abrir los mercados. En este caso, la apertura total del mercado eléctrico favorecerá a lo generadores privados, muchos de los cuales, en el corto tiempo se les finaliza sus contratos de generación con los que han ganado miles de millones de colones mediante contratos lesivos, según lo ha señalado la Contraloría General de la Republica.

2- DESMANTELAMIENTO INTERNO DEL ICE MEDIANTE LA CREACIÓN DE SOCIEDADES ANÓNIMAS.

No contentos con desmantelar el ICE a través de leyes, a lo interno, el presidente ejecutivo del ICE, Ingeniero Pedro Pablo Quirós, apoyado por el Gobierno, impulsan la creación de cinco sociedades anónimas, sospechosamente todas con el mismo objetivo de brindar servicios de telecomunicaciones, infocomunicaciones, electricidad y comercio en general.

Estas sociedades son:

1. ICE Energía Renovable
2. ICE Móvil
3. ICE Infraestructura
4. ICE Gobernabilidad Digital
5. ICE Proveeduría Digital.

La constitución de estas Sociedades Anónimas se da en el marco de desmantelamiento del ICE como empresa pública, a través de despedazar sus negocios de telecomunicaciones y electricidad mediante figuras de empresas privadas, desnudando la falacia de buscar un verdadero fortalecimiento y modernización del ICE.

La implementación de estas sociedades con criterios privados ratifica lo que denunciamos en la lucha contra el TLC, que el modelo público y solidario del ICE era incompatible con el modelo de mercado en competencia.

Para el FIT, resulta indignante que mientras el mundo, producto de la crisis financiera mundial, gira hacia un papel más determinante y participativo del Estado, inclusive para salvar de la quiebra a sector privado, en Costa Rica el Gobierno de la República y la administración del ICE sigan impulsando el desmantelamiento de la institución.

3- PRESIDENTE EJECUTIVO INCUMPLE SU PROMESA SOBRE LA ESTABILIDAD LABORAL DE LOS Y LAS TRABAJADORAS DEL ICE.

El FIT denuncia ante la opinión pública que en la implementación de las sociedades anónimas será requisito la liquidación del personal institucional al migrar a otra figura jurídica. Asimismo, se pretende aplicar la flexibilidad laboral y llevar a los derechos laborales consagrados en el Estatuto de Personal a los mínimos de ley. Inclusive se plantea eliminar la estabilidad laboral con la posibilidad de realizar despidos de acuerdo al Código de Trabajo. Mientras en todo el mundo se fortalecen las empresas estatales para mitigar la crisis económica, en Costa Rica se aprovechan para hacer lo contrario.

Por lo anterior:

1- Denunciamos la verdadera intención de esta administración de entregar al ámbito privado, nacional e internacional, los mercados de la electricidad y las telecomunicaciones por medio de actos de este tipo, incluyendo las dudosas concesiones que originaron la renuncia del Ministro Roberto Dobles, entre otras. Es sumamente curioso como los ministros rectores, presidentes ejecutivos del ICE y figuras gubernamentales son los principales actores en el desmantelamiento del ICE y en el otorgamiento de concesiones dudosas.

2- Dejamos patente ante el pueblo de Costa Rica que estas políticas van más allá del TLC-CAFTA y que una vez más se descubren todas las mentiras que con desesperación se emitieron a raíz de su discusión.

3- Alertamos al Pueblo de Costa Rica que este tipo de Sociedades Anónimas se han utilizado en el pasado para alimentar el clientelismo y amiguismo político, encubrir actos de corrupción y contrataciones espurias con los dineros de todos los y las costarricenses.

4- Hacemos un llamado a las fracciones políticas representadas en la asamblea legislativa a investigar este acto que puede llevar a la destrucción del Instituto Costarricense de Electricidad, acción que contradice todas las promesas gubernamentales de modernización y fortalecimiento institucional.

5- Exigimos a la Presidencia Ejecutiva del ICE y su Gerencia General la paralización total de este traicionero intento por desmantelar al ICE y sus áreas operativas.

6- Convocaremos a asambleas de los trabajadores y trabajadoras del ICE en todo el país, con el objetivo de informar, discutir y acordar las medidas que se tomarán en aras de proteger los derechos laborales, la estabilidad laboral y los principios solidarios de los servicios que brinda el ICE.

7- Responsabilizamos a la administración superior del ICE por las acciones que emprenderemos las organizaciones laborales en pos de defender una verdadera modernización y fortalecimiento del ICE.

San José, 10 Marzo de 2009

Frente Interno Trabajadores y Trabajadoras del ICE

La Asociación Sindical de Empleados de IFAM, ASEIFAM
La Asociación de Profesionales de IFAM, ASPI,

Comunican a la opinión publica lo siguiente:

FABIO MOLINA MIENTE

a. Los salarios del año 2009 divulgados en medios de prensa por el señor Molina Rojas son falsos. Evidencia de lo anterior es que en tres casos como los de las compañeras Vilma Monge, Bellanira Solís y del compañero Olman Piedra, las diferencias entre lo dicho por el señor Presidente de IFAM y la realidad fundamentada en las acciones de personal de estos funcionarios son de ¢980.334, ¢735.651 y ¢1.002.121 respectivamente. ¿Qué pretende el señor Molina con inflar los salarios de los trabajadores del IFAM? Es importante resaltar que los “asesores de confianza” del Presidente Ejecutivo y Director Ejecutivo, tienen una demanda presentada contra IFAM, para el reconocimiento del beneficio de homologación de salarios.

*b.*Los funcionarios del IFAM no tienen privilegios. El privilegio que falsamente el señor Molina nos endilga es pretender un salario igual al promedio de nuestra misma clase en otras instituciones del Estado. La homologación salarial de la cual fue objeto un grupo de funcionarios y funcionarias del IFAM se dio mediante una resolución judicial y tiene como objeto dar cumplimiento a principios constitucionales de igualdad, a igual trabajo igual salario. En la práctica, esta resolución ordenó homologar el salario de los funcionarios de nuestra Institución con el salario de sus similares en otras Instituciones del Estado, no más, no menos. ¿Será que el señor Molina considera que un conserje del INS –por citar un ejemplo-debe ganar más que un conserje del IFAM? y peor aún, ¿Califica como un privilegio el trato igualitario entre iguales?

c. El IFAM no está quebrado como lo pregona el señor Presidente Ejecutivo del IFAM, mintiéndole a sus superiores y al país entero. La Liquidación de Presupuesto al 31 de diciembre del año 2008, refleja un superávit acumulado superior a los ¢6.000.0 millones

d. Miente el señor Molina al indicar como origen de la falsa debacle financiera del IFAM, el tema salarial. El espejismo creado por el señor Molina sobre la insostenible situación financiera del IFAM no puede ser justificado por el gasto en salarios de sus trabajadores, pues en el ejercicio económico del 2008, lo correspondiente a salarios significó cerca del 20% de los ingresos totales y las proyecciones presupuestarias realizadas por la dependencia correspondiente indican que para el 2009 –incluyendo la homologación ya mencionada- la razón entre salarios e ingresos totales no supera el 33 %.

e. El señor Presidente Ejecutivo asume nuevamente posiciones falsas cuando persigue funcionarios cuestionando la falta de requisitos académicos de algunos de ellos en relación de los puestos que estos ocupan, cuando él, ejerciendo el derecho a doble voto en una reñida sesión de Junta Directiva, eliminó los requisitos académicos del puesto de Director Ejecutivo para nombrar a Dionisio Miranda Rodríguez. Con su doble voto evidenció también su doble discurso. Hoy, existen más requisitos académicos para ser oficinista en el sector público que para ser Director Ejecutivo del IFAM.

f. Para no dejar de sorprendernos con su capacidad para mentir, mientras en los medios de comunicación y en casa presidencial nuestro Presidente Ejecutivo combate los “altos salarios” de los trabajadores del IFAM, en sesiones de Junta Directiva se aprueban aumentos salariales para las altas autoridades –Auditor incluido- recetándose en unos de los casos un aumento de un 30%.

g. Por la manipulación de cifras presentadas para justificar los despidos desde octubre del 2008, hemos presentado una demanda ante el Ministerio Público, según expediente No.08-000152-621P.

Nuestros escasos recursos no nos permiten continuar puntualizando por esta vía sobre la actuación del Presidente Ejecutivo, pues el costo que ello conlleva es alto, sin embargo, nos comprometemos a utilizar hasta el último de nuestros centavos con el objeto de desenmascarar a Fabio Molina Rojas y al escenario que este ha construido para justificar el despido del 50 % de planilla del IFAM.

Sabemos que Fabio está en plena campaña y que el presentarse como defensor de los ciudadanos ante presuntos abusos de los trabajadores del sector público le puede provocar un rédito político, pero no se vale que esta pose oportunista se sustente con base en discursos demagógicos y manipulando la opinión pública, bueno.…. se vale solo en cierta clase política.

San José, 5 de marzo de 2009.

Licenciado
Rodrigo Arias Sánchez
Ministro
Ministerio de la Presidencia

Licenciado
José Rafael Torres Castro
Director General
Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS)
Presente

Estimados señores:

Con nuestra presencia física esta mañana de jueves 5 de febrero de 2009, aquí, frente a las instalaciones de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), planteamos fuerte demanda y exigencia de que se dé la apertura total de sus archivos secretos que sabemos existen; y que, paralelamente, se nos permita tener acceso a los expedientes personales, a las fichas personales de cientos y cientos de personas, ciudadanos y ciudadanas costarricenses; quienes, como los que hoy aquí hemos venido a estas oficinas centrales de la DIS, hemos asumido posiciones patrióticas y de defensa de la soberanía nacional, en distintos momentos y por diversas circunstancias, a lo largo de los últimos años.

La DIS, una verdadera policía política que ofende profundamente la convicción democrática del pueblo costarricense y que representa una afrenta a nuestras mejores tradiciones de convivencia civilizada, ha realizado toda una labor de espionaje político, bajo distintas formas y modalidades y, en todos los casos, al margen de la ley; en contra de los derechos democráticos y de la intimidad privada de cientos y cientos de ciudadanos y de ciudadanas de diversas creencias y filosofías políticas que, por una razón u otra, hemos estado en defensa del Estado Social de Derecho que nos fue legado y en defensa de la institucionalidad democrática tan mancillada por el grupúsculo de gran poder económico cuyos intereses estratégicos, desde el espionaje político, han sido defendidos por la DIS.

Es más, si desde los mismísimos grupos mediáticos al servicio de ese gran poder económico, hoy también se reclama, como nosotros lo hacemos, por la disolución de la DIS; es muy probable que se estén manejando datos y situaciones más allá de lo político-ideológico, para constituirse, eventualmente, en elementos de chantaje ante las disputas internas que se dan en el seno de ese gran poder económico por hegemonías personal y/o sectoriales, en el manejo de la cosa pública facilitadora de negocios privados.

También venimos a reclamar para que, con la más absoluta transparencia, se manifieste la naturaleza de presuntos vínculos externos, en materia de asesoría en seguridad y espionaje político brindados a la DIS por parte de otras policías políticas de otros países.

Tal es el caso del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), de la República de Colombia, hoy abiertamente cuestionado por sus supuestas conexiones con el narcotráfico y el paramilitarismo e, incluso, por la venta en el mercado de datos privados producto del espionaje realizado aún en contra de sus propias autoridades político-gubernamentales. Igualmente, es preciso saber la naturaleza de los vínculos de la DIS con los servicios de inteligencia estadounidense que presumimos de su existencia.

Hoy venimos, también, a manifestar nuestro respaldo a la necesaria iniciativa de ley que permita la disolución de la DIS, completa, sin eufemismos y a la mayor brevedad. Afortunadamente, nuestra Patria goza hoy en día de una ciudadanía sumamente crítica que entiende la práctica de la democracia mucho más allá de los torneos electorales cuatrienales; y, por tanto, una ciudadanía que no necesita esconderse para practicar la política en el buen sentido del término. Así lo demostramos con ocasión de la gesta histórica en oposición al pernicioso tratado (TLC) con los Estados Unidos; proceso en el cual, estamos absolutamente convencidos, de que la DIS nos espió, nos siguió, nos puso “fijos”, fotografió, tomo videos, hurgó en nuestros espacios privados de recreación grupal, elaboró reportes, se infiltró en nuestras reuniones, asambleas, marchas, etc., etc.

Y, probablemente, lo hizo con toda facilidad, sin mucho esfuerzo, dada la profunda transparencia y la total apertura con que fueron ejecutados todas las acciones, procesos y movimientos de la gigantesca coalición cívica del No al TLC; pero, todo lo hicieron ilegalmente, violando nuestras libertades constitucionales y la cultura democrática costarricense; espiándonos como si fuésemos elementos cuasiterroristas.

Y es aquí, precisamente, donde expresamos un fuerte emplazamiento público al señor Ministro de la Presidencia, Lic. Rodrigo Arias Sánchez, superior jerárquico-político con poder absoluto sobre la DIS, para que rinda cuentas sobre todas las directrices, directivas, orientaciones, instrucciones, que debió haber impartido en tal condición, para que nuestras actividades cívicas, nuestros eventos organizaciones, nuestras protestas pacíficas, fuesen espiadas e infiltradas con ocasión del proceso del No al TLC.

El señor Ministro de la Presidencia debió haber recibido una enorme cantidad de reportes secretos acerca de los resultados del seguimiento y de la infiltración de nuestras actividades cívico-patrióticas. Y, por tanto, tenemos derecho a saber cuántas veces nuestros nombres, en cuántas ocasiones nuestras organizaciones, cada cuánto nuestros procesos fueron objeto del interés de la policía política costarricense y, particularmente, del Lic. Rodrigo Arias Sánchez.

A la vez, hemos quedado profundamente sorprendidos al enterarnos que la policía política costarricense, la DIS, ha sido utilizada para el resguardo de material electoral, especialmente con ocasión del referéndum sobre el TLC con Estados Unidos lo que, indudablemente, aumentan los cuestionamientos sobre las actuaciones del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en tal proceso, profundizando la duda acerca de la transparencia de las actuaciones de éste, que ya anida en importantísimos sectores de la ciudadanía democrática costarricense.

Finalmente, exhortamos a todos los señores diputados y a todas las señoras diputadas para que, sin mayor dilación, procedan a aprobar una ley para disolver a la DIS. No hay duda de que muchas de las actuales personas legisladoras del parlamento costarricense, deben tener su ficha, su expediente en la DIS; en algunos casos por razones político-ideológicas; en otros, como elementos de potencial chantaje para las eventuales disputas internas del grupo de poder económico que controla la acción política de la mayoría parlamentaria ya conocida.

Somos personas honestas, somos personas trabajadoras y somos personas de fuerte convicción patriótica. Somos una parte de la gran ciudadanía activa que, para ventura de la democracia, ya viene jugando papeles históricos. Por tanto, aquí dejamos nuestros nombres, porque nada escondemos, porque nada ocultamos, porque ustedes, los de la DIS, con toda seguridad, saben todo de nosotros. Reiteramos nuestra exigencia de que abran todos sus archivos secretos y que a cada persona incluida en ellos, se le devuelvan los mismos, se le permita recuperar su privacidad violentada y se le permita la recuperación de sus derechos constitucionales violentadas por el espionaje ilegal ejercido durante muchos años por la policía política costarricense: la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).

Ciudadanas y ciudadanas costarricenses cuyas firmas están adjuntas a la presente carta, con copia:

Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
Dr. Oscar Arias Sánchez, Presidente de la República.
Honorables señores y señoras, diputados y diputadas, Asamblea Legislativa.
Honorable magistratura, Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Lic. Francisco Dall’Anese Ruiz, Fiscal General de la República.
Dra. Lisbeth Quesada Huertas, Defensora de los Habitantes de la República.
Honorables jueces Corte Plena, Poder Judicial.
Medios de comunicación colectiva.
Organizaciones de la sociedad civil costarricense.
Archivo.