A Y A: Acoso a representación sindical de ANEP en Fondo de Ahorro

San José, 16 de marzo de 2009.
S.G. 07-09-1240-09
¡URGENTE!

Licenciado
Francisco Morales Hernández
Ministro
Ministerio de Trabajo y Seguridad
Su despacho

Estimado señor Ministro:

Como siempre, para la ANEP es un honor saludarle de la manera más respetuosa y atenta.

Con base en las potestades legales que son en asistirle a la cartera ministerial de Trabajo y Seguridad Social, dignamente depositada en sus manos; estamos solicitando la más pronta intervención del despacho a su cargo, a fin de discutir la situación que se está presentando en el seno del Fondo de Ahorro, Retiro y Garantía (FARG), del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A), donde dos personas trabajadoras del mismo, los señores Lic. Freddy Bonilla García y Edwin Marín Bonilla, Delegados Sindicales Oficiales de la ANEP-FARG-A y A, están sometidos a una serie de presiones que bien podrían catalogarse como “Prácticas Laborales Desleales”, en una sucesión de acontecimientos que para la ANEP vuelven intolerable la persistencia de tal situación.

Consta bien al señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social la naturaleza de la vocación de diálogo y de negociación que nos caracteriza y en el caso en mención, hemos realizado diversos intentos a nivel institucional, para hallar una salida negociada a la problemática apuntada que está en pleno desarrollo y con diversos elementos de comportamientos antisindicales.

Nuestro último intento fue una visita directa del suscrito servidor, al señor director de Recursos Humanos de A y A, solicitando la apertura de una conversación abierta, respetuosa y transparente de las partes en conflicto; sin embargo, una vez más, se prestaron oídos sordos a nuestra bienintencionada pretensión conciliatoria. En dicha visita también se apersonaron los dos dirigentes de la ANEP arriba mencionados, junto al compañero Carlos Monterrey López, quien labora para la agrupación en su Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO), como Responsable de la ANEP para A y A.

Así las cosas, solicitamos se convoque a las siguientes autoridades:

Nombre de la autoridad a convocar Cargo que ostenta Localizable en
Lic. Guillermo Arce Oviedo Sugerente General, A y A Sede central de A y A, en Pavas
MBA. Max Gutiérrez López Director, Recursos Humanos, A y A Sede central de A y A, en Pavas
Lic. Marlen Rodríguez Barrantes Directora Ejecutiva, FARG-A y A Edificio de enfrente al de La Llacuna, 5to. piso.

Estimado señor Ministro: Deseamos resaltar el carácter urgente de la intervención que estamos pidiendo, considerando que en uno de los dos casos de los delegados sindicales de la ANEP, la amenaza del despido se cierne sobre él, pese a compromisos institucionales contraídos al más alto nivel para garantizarle su estabilidad en el empleo.

Debemos indicarle que nos encontramos en completa disposición para sostener, documental y vivencialmente hablando, nuestra tesis de acoso laboral de carácter antisindical, de manera sostenida y a lo largo de varios meses; pero, a la vez, nos encontramos, igualmente, en completa disposición, para buscar una arreglo conciliatorio, intermediando los oportunos oficios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, como ente componedor de las relaciones entre las partes. Esperamos una atención urgente a esta respetuosa petición.

La reiteramos nuestra mayor consideración y respeto.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

C.c.
Lic. Eugenio Solano Calderón, Viceministro, Área Laboral, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Lic. Alfonso Solórzano Rojas, Dirección de Asuntos Laborales, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Junta Directiva Nacional de la ANEP.
Lic. Freddy Bonilla García, Delegado Sindical ANEP-FARG-A y A.
Sr. Edwin Marín Bonilla, Delegado Sindical ANEP-FARG-A y A.
Sr. Carlos Monterrey López, Responsable, Unidad de Desarrollo Organizacional, ANEP-A y A.
Archivo.

Justicia: ANEP pide investigar al Jefe de los servicios médicos penitenciarios

San José, 9 de marzo de 2009.
S.G. 07-09-1216-09

Licenciada
Viviana Martín Salazar
Ministra
Ministerio de Justicia y Gracia
Su despacho

Estimada señora Ministra:

En primer término, le expresamos el más atento y respetuoso saludo de nuestra parte.

Le estamos adjuntando a la presente, copia de dos oficios relacionados con la situación laboral del doctor Armando Javier Silva Solórzano, de quien según tenemos entendido, es en estos momentos la persona sobre la cual recae la jefatura nacional de los servicios médicos penitenciarios, según controversial designación de que fuera objeto en las últimas fechas.

El primer oficio del cual le estamos hablando está firmado por el doctor José Pablo Campos Díaz, Director Médico del Área Rectora de Salud de San Rafael de Heredia; oficio número DGASSRH-0145-09, fechado 19 de febrero de 2009. El segundo, está suscrito por el máster Rómulo Castro Víquez, Director de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Justicia Gracia; oficio DRH-2009-13, de 24 de febrero de 2009. Ambos responden a peticiones formuladas por la ANEP por el caso en mención.

Un primer análisis de esos dos oficios, lleva a la conclusión de la posibilidad de que el Dr. Silva Solórzano, por un lado, tenga una dualidad de nombramiento que resulta imprescindible esclarecer; por otro, muestran diversa contraposición horaria pues del análisis en mención se deriva que en ocasiones, este profesional habría estado en dos sedes laborales simultáneamente.

Valga indicar que todavía no hemos recibido respuesta a una consulta formulada a la rectoría de la Universidad Latina, pues recibimos informes de que el citado profesional es docente en la misma, en un horario que podría estar chocando con el que ahora tiene en la mencionada posición jerárquica.

Acudimos por esta vía y de manera oficial ante su digna autoridad, como la máxima autoridad político-jerárquica del Ministerio de Justicia y Gracia, para que proceda a ordenar la apertura de la investigación de rigor y determinar la verdad real de los hechos.

Invocamos al respecto al derecho constitucional de respuesta consagrado en el artículo 27 de nuestra carta magna y lo que indica el artículo 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional. Como le indicamos, anexamos copia de los oficios citados arriba.

Le reiteramos nuestro respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP

C.c.
Lic. Fernando Ferraro Castro, Viceministro de Justicia y Gracia.
Msc. Rómulo Castro Víquez, Director de Recursos Humanos, Ministerio de Justicia y Gracia.
Dr. Armando Javier Silva Solórzano.
Junta Directiva Seccional ANEP-Personal de Salud-Sistema Penitenciario Nacional.
Junta Directiva Seccional ANEP-Policía Penitenciaria.
Junta Directiva Nacional de ANEP.
Archivo.

__________________________________________________________

San José, 16 de marzo de 2009.
S.G. 07-09-1243-09

Licenciada
Viviana Martín Salazar
Ministra
Ministerio de Justicia y Gracia
Su despacho

Estimada señora Ministra:

Reciba su digna autoridad, nuestro más atento y respetuoso saludo.

Hacemos referencia a nuestro oficio S.G. 07-09-1216-09, fechado 9 de marzo anterior, en el cual le presentamos nuestras observaciones relacionadas con la situación laboral del doctor Armando Javier Silva Solórzano, quien esta hoy en día a cargo de la jefatura nacional de los servicios penitenciarios; adicionándole en esta ocasión, según podrá apreciar en copia adjunta a la presente, copia de oficio fechado 5 de marzo de 2009 y dirigido a esta organización sindical, por parte del señor Wálter Bolaños Quesada, Rector de la Universidad Latina (Costa Rica).

En el mismo, este jerarca dice lo siguiente: “…me permito informarle que efectivamente el Dr. Armando Javier Silva Solórzano es docente de nuestra universidad en el curso y horario indicado dicho oficio”.

El señor Bolaños Quesada hace referencia la interrogante que la ANEP le planteara, en cuanto a que el Dr. Silva Solórzano estaría brindando lecciones en la U Latina, en horario matutino de, presuntamente, 7 a.m. a las 9:00 a.m., con lo cual colisiona con su horario laboral para el Ministerio de Justicia y Gracia.

Tal y como se lo solicitamos, respetuosamente, en nuestra comunicación anterior sobre este tema, reafirmamos nuestra solicitud para que se proceda con la investigación de rigor; y, adicionalmente, recibamos de su parte debida respuesta a esta nota, según los términos de ley usualmente invocados al efecto.

Le reiteramos nuestra mayor consideración y respeto.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP


C.c.
Lic. Fernando Ferraro Castro, Viceministro de Justicia y Gracia.
MSc. Rómulo Castro Víquez, Director de Recursos Humanos, Ministerio de Justicia y Gracia.
Dr. Armando Javier Silva Solórzano.
Junta Directiva Seccional ANEP-Personal de Salud-Sistema Penitenciario Nacional.
Junta Directiva Seccional ANEP-Policía Penitenciaria.
Junta Directiva Nacional de ANEP.
Archivo.

Municipalidad de Tibás: Alcalde desconoce reclamos de ANEP

San José, 23 de marzo del 2009.
S.G. 07-09-1268-09
¡URGENTE!

Licenciado
Jorge Salas Bonilla
Alcalde
Municipalidad de Tibás
Su despacho

Estimado señor:

Reciba, en primera instancia, un respetuoso y cordial saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y de la Junta Directiva Seccional ANEP-Municipalidad de Tibás.

Consta a su digna autoridad nuestra reiterada iniciativa de hacer de su conocimiento el faltante de herramientas e instrumentos de protección para los trabajadores operativos y la trabajadora operativa de la institución; así como el incumplimiento de las estipulaciones de la Convención Colectiva de Trabajo, en cuanto a la entrega de uniformes, capas y otros implementos necesarios para dicho personal.

Igualmente, su autoridad ha recibido la reiterada petición de la ANEP, para que proceda a convocar a la Comisión de Salud Ocupacional, con el fin de que asuma el cometido que es en corresponderle según lo ordena la ley del caso.

Con todo respeto pero de la manera más vehemente, le solicitamos proceder a ordenar lo que corresponde para dar buen cumplimiento a lo establecido en la Convención Colectiva de Trabajo vigente en la Municipalidad de Tibás; en lo que se refiere a implementos y herramientas para los trabajadores y la trabajadora del área operativa; así como convocar a la Comisión de Salud Ocupacional, no sin antes indicarle que en esta instancia, el compañero Eliécer Tencio Durán, continuará representando al personal.

Señor Alcalde: nuestra organización ha escogido el camino del diálogo como el medio más idóneo para buscar soluciones a los conflictos que afecten el desempeño eficaz y eficiente del personal municipal.

Sin embargo, esta actitud no está dando los resultados que esperábamos lo que nos obligaría, trascurrido un prudencial tiempo que estamos en buena fe de conceder, a solicitar la intervención del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), como tercero en escena en función componedora y en concordancia con el papel que la ley le da para tal efecto.

Esperamos que nuestra gestión sea considerada a la mayor brevedad posible.

Con toda consideración y estima,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto ANEP

Alfredo Vargas Bonilla
Presidente Junta Directiva
Seccional ANEP-Municipalidad de Tibás

C.c.
Junta Directiva Nacional de ANEP.
Junta Directiva Seccional ANEP-Tibás.
Personal Operativo, Municipalidad de Tibás.
Sra. Iris Cervantes Paniagua, Responsable ANEP-Sector Municipal, Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO), ANEP.
Archivo.

Municipalidad de Santa Cruz: Temores sobre vigencia de Convención Colectiva

San José, 16 de marzo de 2009.
S.G. 07-09-1247-09

Señor
Jorge Chavarría Carrillo
Alcalde Municipal

Señores y señoras
Honorable Concejo

Municipalidad de Santa Cruz

Presente

Honorables señores y honorables señoras:

En primer término, expresamos a sus dignas autoridades el más atento y respetuoso saludo de nuestra parte.

Considerando que la organización que nos honramos en representar es, valga la redundancia, la legítima representante de los intereses económico-sociales de la abrumadora mayoría del personal de la institución que sus ilustres autoridades conducen; atendiendo, además, a nuestras propias obligaciones legales para actuar en consecuencia con esa representación que nos ha sido dada; con todo respeto, acudimos a sus respectivas instancias para obtener información oficial, de primera mano, acerca de las presuntas intenciones de promover una eliminación de la actual Convención Colectiva de Trabajo; ó, en su defecto, promover una renegociación de sus términos.

Recientemente tuvimos la importante posibilidad de visitar la Municipalidad de Santa Cruz, pudiendo notar un cierto clima de preocupación y de incertidumbre laboral, ante la posibilidad de que en uno u otro caso, la administración patronal esté elaborando criterios al respecto, sin que haya, de manera abierta, una comunicación transparente para el colectivo laboral institucional, o al menos, para su legítima representación, la Junta Directiva Seccional ANEP-Municipalidad de Santa Cruz, así debidamente acreditada ante las instancias jurídico-administrativas correspondientes.

Es por ello que, siempre reiterándoles el debido respeto e invocando el artículo 27 de nuestra Constitución Política y el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, solicitamos tanto al despacho de la Alcaldía de Santa Cruz como al Honorable Concejo de la Municipalidad de Santa Cruz, emitir comunicaciones oficiales al respecto, dirigidas a esta organización y a nuestra representación sindical local, la ya citada Junta Directiva Seccional ANEP-Municipalidad de Santa Cruz.

Por último y con el mismo nivel de importancia sobre lo que acabamos de reseñar, deseamos que sus dignas autoridades tengan claro la transparente y genuina voluntad de diálogo y de negociación de esta organización sindical; así como nuestro sincero anhelo de que se logre una combinación armoniosa entre la máxima protección para los derechos económicos y sociales de las personas asalariadas trabajadoras de la Municipalidad de Santa Cruz, con la necesidad que la misma tiene de brindar servicios públicos de alta calidad y eficiencia, en un ambiente de total transparencia y honestidad.

Quedando en espera de sus respectivas respuestas, nuevamente les reiteramos el mayor respeto y consideración de nuestra parte,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

C.c.
Personal de la Municipalidad de Santa Cruz.
Junta Directiva Seccional ANEP-Municipalidad de Santa Cruz.
Junta Directiva Nacional de ANEP.
Sra. Iris Cervantes Paniagua, Responsable ANEP-Sector Municipal.
Archivo.

O.I.J. allana el IFAM: Denuncia por el delito de falsedad ideológica

El allanamiento se realizó la tarde de hoy viernes 20 de marzo y pretendía secuestrar cinco folios en los que se demuestra la realización de falsedad ideológico, o sea, brindar datos falsos a la Contraloría General de la República con el fin de lograr el despido de 60 trabajadores y trabajadoras de la institución.

La supuesta insuficiencia económica en la institución no es real, por tanto los “razonamientos técnicos” para el despido del personal parecieran ser falsos.

Ahora será la Fiscalía de Delitos Económicos quién determine, con los documentos secuestrados hoy, si el Presidente Ejecutivo del IFAM, Fabio Molina Rojas, mintió y falseó información económica ante la Contraloría General de la República.

Orden del Ministerio Público

Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos
Corrupción y Tributos
MINISTERIO PÚBLICO

Tel: 295-48-65/295-3244 *Fax: 295-3893

SE ORDENA SECUESTRO DE DOCUMENTOS
FISCALÍA ADJUNTA DE DELITOS ECONÓMICOS, CORRUPCIÓN Y TRIBUTARIOS
. A las quince horas del dos de marzo de dos mil nueve.
El suscrito Fiscal Auxiliar, Lic. Christian Fernández Mora, Fiscal de Delitos Económicos Corrupción y Tributarios, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 198 del Código Procesal Penal, dispone ORDENAR EL SECUESTRO de la siguiente documentación:

Realizar el secuestro de los siguientes documentos originales que se encuentran en la Dirección Ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (lFAM), o bien en la oficina en donde se encuentren en ese momento:

1) Oficio DAI-815-08, del Director de Administración Interna, dirigido al Director Ejecutivo, junto con el análisis financiero realizado.

2) Oficio DAI-1647-08 del 23 de setiembre de 2008, del Director de Administración Interna, dirigido al Director Ejecutivo, junto con el análisis financiero realizado.

3) Oficio DE-1169-08 del 24 de setiembre de 2008, del Director Ejecutivo, dirigido al Director de Administración Interna.

4) Oficio DAI-1672-08 del 26 de setiembre de 2008, del Director de Administración Interna, dirigido al Director Ejecutivo, y documentos que respaldan el mismo.

5) Oficio DAI-2097-08 del 24 de noviembre de 2008, del Director de Administración Interna, dirigida al Director Ejecutiva, y documentación de respaldo del documento.

FUNDAMENTACIÓN

La presente diligencia se ordena por estimarse útil y pertinente para la investigación de los hechos, que fueran denunciados en este despacho, de donde se desprende la existencia de posibles anomalías en el manejo de la información presupuestaria de los ingresos y egresos del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal IFAM presentada ante la Contraloría General de la República, con el fin de que se aprobara la modificación presupuestaria N° 18-2008 para el pago de prestaciones legales por la necesidad de acudir a la figura de la reducción forzosa de personal, prevista por el artículo 192 de la Constitución Política, reduciendo así el 50% del personal de la institución; así como en el manejo de esa información para la aprobación del presupuesto ordinario 2009.

Con la denuncia se acompaña documentación del proceso 08-015609-0007-CO, en donde los jerarcas del IFAM, señalan que la insuficiencia presupuestaria, ha sido provocada sobre todo a raíz de las resoluciones judiciales N° 2007-0222 Y 2007-800 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, que ordenaron la homologación de salarios para 30 funcionarios, por un monto de mil quinientos millones de colones, provocando así una insuficiencia presupuestaria de mas de seiscientos millones de colones para el año 2009. No obstante lo anterior, según se desprende del oficio FOE-SM-2304 del Área de Servicios Municipales de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, de la Contraloría General de la República, se improbó la previsión presupuestaria para el pago de prestaciones legales, porque la información presentada presentaba inconsistencias en la información sobre los ingresos para poder proyectar si realmente había insuficiencia de recursos que obligaran a la aplicación del artículo 192 constitucional y reducir por ello la planilla, así como se echó de menos un estudio técnico jurídico que justificara la reducción forzosa de personal. En dicho documento, la Contraloría General de la República, indica que “la información de los ingresos de los años 1999-2008 varía según diversas fuentes, como son las liquidaciones presupuestarias y el anexo Nro. 1 denominado “Histórico de Ingresos Totales” del oficio DE¬-1371-08 del 30 de octubre de 2008, remitido por el Director Ejecutivo de ese Instituto.”

En la documentación que consta en el proceso 08-015609-0007-CO que se tramita ante la Sala Constitucional, el Presidente Ejecutivo del IFAM, Lic. Fabio Molina Rojas, señala que la reducción forzosa de personal encuentra sustento en la insuficiencia presupuestaria, comprobada en criterios técnicos, citando entre ellos el oficio N° DAI-1647-08, de fecha 23 de setiembre de 2008, que demuestra el desequilibrio financiero y presupuestario y sus causas. Además entre los documentos que se aportan a ese proceso, constan los oficios DAI-815-08, del Director de Administración Interna, dirigido al Director Ejecutivo, junto con el análisis financiero realizado; Oficio DAI-1647-08 del 23 de setiembre de 2008, del Director de Administración Interna. dirigido al Director Ejecutivo: Oficio DE-1169-08 del 24 de setiembre de 2008, del Director Ejecutivo, dirigido al Director de Administración Interna; Oficio DAI-1672-08 del 26 de setiembre de 2008, del Director de Administración Interna, dirigido al Director Ejecutivo; y el oficio DAI-2097-08 del 24 de noviembre de 2008, del Director de Administración Interna, dirigido al Director Ejecutivo, los cuales tienen relación con el primer documento referido, por lo que se hace necesario contar con el original de dichos documentos para esta investigación, en donde se señala la posible manipulación de datos en documentos públicos por parte de funcionarios públicos, lo que podría ser constitutivo de los delitos de Falsedad Ideológica, previsto por el artículo 360 del Código Penal.

De conformidad con lo expuesto, y lo indicado por el artículo 198 del Código Procesal Penal, se ordena el secuestro de la documentación señalada supra, a fin de continuar con el desarrollo de la presente investigación.

La diligencia se realizarán en horas hábiles durante días hábiles. Se otorgará copia de la presente resolución al personal encargado de la custodia de la documentación, debiendo levantar un acta de secuestro, cuya copia dejarán en los archivos de la misma. PROCÉDASE CONFORME. .LIC. CHRISTIAN FERNÁNDEZ MORA. FISCALÍA ADJUNTA DE DELITOS ECONÓMICOS, CORRUPCIÓN Y TRIBUTARIOS.

Expediente: 08-000152-621 –PE
ImputadoS. Dionisio Miranda Rodríguez y Fabio Molina Rojas
Delito. Falsedad ideológica
Ofendido. La Fe Pública

La dignidad no se negocia: Paro laboral en la CCSS

Nuestras organizaciones sindicales UNDECA Y ANEP, hacemos un llamado al conglomerado laboral de la Caja Costarricense del Seguro Social, CCSS, a prepararse, una vez más, para dar la lucha por nuestros derechos laborales.

Las autoridades de la institución deben comprender que los salarios de los trabajadores de la institución son de los más bajos del Sector Público. Existen notables diferencias entre las anualidades del grupo médico, el de enfermería y el resto de trabajadores de la institución. Asimismo, la Junta Directiva de la CCSS pretende desconocer lo resuelto por la Sala IV en el pago de 20 años de cesantía.

Las tácticas dilatorias de las autoridades institucionales hacen que la revisión de la Normativa de Relaciones Laborales, lleve casi cinco años sin resolverse. O sea, no contamos con un marco normativo que sea acorde a la realidad laboral, ocasionando en no pocos casos un trato injusto en los asuntos de los trabajadores y las trabajadoras.

Las demandas de los grupos laborales de más bajos salarios duermen el “sueño de los justos”, a pesar del enorme esfuerzo que hacen cada día, a lo largo y ancho del país, quienes sostienen con mística y dedicación el sistema de salud y los servicios que ofrece la Caja Costarricense del Seguro Social.

Se requiere de una política transparente en el nombramiento de las plazas profesionales, especialmente en los servicios de atención crítica.

La Caja debe desistir de la compra de servicios privados y dirigir ese recurso a la creación de códigos nuevos.

No puede seguirse cargando sobre las espaldas de los trabajadores, el costo de los errores administrativos, respondiendo dócilmente a las políticas neoliberales de Estado; menos, si ello significa un acelerado empobrecimiento y la perdida del poder de compra y, por ende, de la calidad de vida de los trabajadores, con los salarios tan bajos que paga la institución.

Hacemos un llamado a las demás organizaciones de la institución a sumarse a esta lucha en resguardo.

¡No más espera !
Todos a prepararnos para el
próximo 26 de marzo,desde las 6:00 a.m.
y a las 11:00 de la mañana, en el Parque la Merced.

ANEP – UNDECA

ANEP y SITECO exigen aplicación del Estudio de Servicio Civil

Reunidos, el día de hoy, y conforme al llamado del Movimiento Sindical, ANEP y SITECO, unen esfuerzos y recursos para garantizar la movilización de las apersonas trabajadoras no profesionales del Ministerio de Salud y otras instituciones, en defensa de un salario digno.

Desde ya nos daremos a la tarea de movilizarnos, conjuntamente, por todo el país de tal suerte que conserjes, misceláneos, chóferes, oficinistas, secretarias, cocineros, técnicos y técnicos profesionales, queden debidamente convocados a participar en la Huelga de un Día, que se convocó para el miércoles 1º de abril y la respectiva concentración, a partir de las 10:00 a.m. en el Ministerio de Hacienda, antiguo Banco Anglo.

De la misma manera, instamos al sector profesional del Ministerio de Salud, para que de forma solidaria, con sus compañeros y compañeras de trabajo, se unan a esta noble causa, sobre todo considerando que en negociación anterior, los sindicatos, logramos consolidar el pago del percentil para este importante sector laboral.

Por otra parte, nuestras organizaciones sindicales rechazan, tajantemente, la prédica del gobierno, cuando se afirma “que no es posible pagar la deuda que se tiene con los y las trabajadoras no profesionales, porque estamos en crisis, porque no hay plata”. Contradictoriamente, vemos cómo se inyectan recursos financieros para el gran empresariado exportador y el gran capital financiero y otros despilfarros no menos abominables como las famosos consultorías, asesorías, publicidad, presuntas_ “reestructuraciones”_ y otros “horrores de sobrepago”.

Con fines ilustrativos, apuntamos los siguientes ejemplos sobre el tamaño del despojo salarial que sufren conserjes, misceláneos, chóferes, oficinistas, secretarias, especializados o calificados, cocineros, técnicos y técnicos profesionales. Conserje. En promedio a un conserje se le adeudan 72,309 colones mensuales al salario base; a un Chofer, 84,814 colones; a un Trabajador Especializado, 81,132 colones; a un Técnico 3, 104,533 colones.

Xiomara Rojas Sánchez
Secretaria General
SITECO

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
ANEP

Siniestro plan para desmantelar el ICE

1- APERTURA Y DESMANTELAMIENTO DEL SECTOR ELECTRICO COSTARRICENSE

En primera instancia denunciamos que el Poder Ejecutivo, por medio del hasta hoy Ministro Roberto Dobles y en coordinación con las Cámaras Empresariales alineadas a la UCAEP están impulsando el desmantelamiento y destrucción del ICE y sus principios de solidaridad mediante leyes como: LEY MARCO DE CONCESIÓN PARA EL APROVECHAMIENTO DE LAS FUERZAS HIDRÁULICAS PARA LA GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA, expediente legislativo 19.949 – LEY DE FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS ENTIDADES Y EMPRESAS DEL SUBSECTOR ELECTRICIDAD, LEY GENERAL DE ELECTRICIDADLEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA.

Dichas leyes, en su conjunto le quitan potestades a ICE sobre planificación eléctrica y el centro de control energético; y principalmente los principios solidarios que a lo largo de 60 años a posibilitado que el servicio eléctrico llegue a un 99% de la población con precios accesibles a los hogares. Lo más grave es que en estas leyes se privilegia el uso del agua para que transnacionales hagan negocio y conviertan el servicio eléctrico en un producto mercantil donde solo el que puede paga las tarifas de mercado lo recibe.

El objetivo de estas leyes van en concordancia con el proyecto neoliberal de abrir los mercados. En este caso, la apertura total del mercado eléctrico favorecerá a lo generadores privados, muchos de los cuales, en el corto tiempo se les finaliza sus contratos de generación con los que han ganado miles de millones de colones mediante contratos lesivos, según lo ha señalado la Contraloría General de la Republica.

2- DESMANTELAMIENTO INTERNO DEL ICE MEDIANTE LA CREACIÓN DE SOCIEDADES ANÓNIMAS.

No contentos con desmantelar el ICE a través de leyes, a lo interno, el presidente ejecutivo del ICE, Ingeniero Pedro Pablo Quirós, apoyado por el Gobierno, impulsan la creación de cinco sociedades anónimas, sospechosamente todas con el mismo objetivo de brindar servicios de telecomunicaciones, infocomunicaciones, electricidad y comercio en general.

Estas sociedades son:

1. ICE Energía Renovable
2. ICE Móvil
3. ICE Infraestructura
4. ICE Gobernabilidad Digital
5. ICE Proveeduría Digital.

La constitución de estas Sociedades Anónimas se da en el marco de desmantelamiento del ICE como empresa pública, a través de despedazar sus negocios de telecomunicaciones y electricidad mediante figuras de empresas privadas, desnudando la falacia de buscar un verdadero fortalecimiento y modernización del ICE.

La implementación de estas sociedades con criterios privados ratifica lo que denunciamos en la lucha contra el TLC, que el modelo público y solidario del ICE era incompatible con el modelo de mercado en competencia.

Para el FIT, resulta indignante que mientras el mundo, producto de la crisis financiera mundial, gira hacia un papel más determinante y participativo del Estado, inclusive para salvar de la quiebra a sector privado, en Costa Rica el Gobierno de la República y la administración del ICE sigan impulsando el desmantelamiento de la institución.

3- PRESIDENTE EJECUTIVO INCUMPLE SU PROMESA SOBRE LA ESTABILIDAD LABORAL DE LOS Y LAS TRABAJADORAS DEL ICE.

El FIT denuncia ante la opinión pública que en la implementación de las sociedades anónimas será requisito la liquidación del personal institucional al migrar a otra figura jurídica. Asimismo, se pretende aplicar la flexibilidad laboral y llevar a los derechos laborales consagrados en el Estatuto de Personal a los mínimos de ley. Inclusive se plantea eliminar la estabilidad laboral con la posibilidad de realizar despidos de acuerdo al Código de Trabajo. Mientras en todo el mundo se fortalecen las empresas estatales para mitigar la crisis económica, en Costa Rica se aprovechan para hacer lo contrario.

Por lo anterior:

1- Denunciamos la verdadera intención de esta administración de entregar al ámbito privado, nacional e internacional, los mercados de la electricidad y las telecomunicaciones por medio de actos de este tipo, incluyendo las dudosas concesiones que originaron la renuncia del Ministro Roberto Dobles, entre otras. Es sumamente curioso como los ministros rectores, presidentes ejecutivos del ICE y figuras gubernamentales son los principales actores en el desmantelamiento del ICE y en el otorgamiento de concesiones dudosas.

2- Dejamos patente ante el pueblo de Costa Rica que estas políticas van más allá del TLC-CAFTA y que una vez más se descubren todas las mentiras que con desesperación se emitieron a raíz de su discusión.

3- Alertamos al Pueblo de Costa Rica que este tipo de Sociedades Anónimas se han utilizado en el pasado para alimentar el clientelismo y amiguismo político, encubrir actos de corrupción y contrataciones espurias con los dineros de todos los y las costarricenses.

4- Hacemos un llamado a las fracciones políticas representadas en la asamblea legislativa a investigar este acto que puede llevar a la destrucción del Instituto Costarricense de Electricidad, acción que contradice todas las promesas gubernamentales de modernización y fortalecimiento institucional.

5- Exigimos a la Presidencia Ejecutiva del ICE y su Gerencia General la paralización total de este traicionero intento por desmantelar al ICE y sus áreas operativas.

6- Convocaremos a asambleas de los trabajadores y trabajadoras del ICE en todo el país, con el objetivo de informar, discutir y acordar las medidas que se tomarán en aras de proteger los derechos laborales, la estabilidad laboral y los principios solidarios de los servicios que brinda el ICE.

7- Responsabilizamos a la administración superior del ICE por las acciones que emprenderemos las organizaciones laborales en pos de defender una verdadera modernización y fortalecimiento del ICE.

San José, 10 Marzo de 2009

Frente Interno Trabajadores y Trabajadoras del ICE

Trabajadores del IFAM: ¡Fabio Molina miente!

La Asociación Sindical de Empleados de IFAM, ASEIFAM
La Asociación de Profesionales de IFAM, ASPI,

Comunican a la opinión publica lo siguiente:

FABIO MOLINA MIENTE

a. Los salarios del año 2009 divulgados en medios de prensa por el señor Molina Rojas son falsos. Evidencia de lo anterior es que en tres casos como los de las compañeras Vilma Monge, Bellanira Solís y del compañero Olman Piedra, las diferencias entre lo dicho por el señor Presidente de IFAM y la realidad fundamentada en las acciones de personal de estos funcionarios son de ¢980.334, ¢735.651 y ¢1.002.121 respectivamente. ¿Qué pretende el señor Molina con inflar los salarios de los trabajadores del IFAM? Es importante resaltar que los “asesores de confianza” del Presidente Ejecutivo y Director Ejecutivo, tienen una demanda presentada contra IFAM, para el reconocimiento del beneficio de homologación de salarios.

*b.*Los funcionarios del IFAM no tienen privilegios. El privilegio que falsamente el señor Molina nos endilga es pretender un salario igual al promedio de nuestra misma clase en otras instituciones del Estado. La homologación salarial de la cual fue objeto un grupo de funcionarios y funcionarias del IFAM se dio mediante una resolución judicial y tiene como objeto dar cumplimiento a principios constitucionales de igualdad, a igual trabajo igual salario. En la práctica, esta resolución ordenó homologar el salario de los funcionarios de nuestra Institución con el salario de sus similares en otras Instituciones del Estado, no más, no menos. ¿Será que el señor Molina considera que un conserje del INS –por citar un ejemplo-debe ganar más que un conserje del IFAM? y peor aún, ¿Califica como un privilegio el trato igualitario entre iguales?

c. El IFAM no está quebrado como lo pregona el señor Presidente Ejecutivo del IFAM, mintiéndole a sus superiores y al país entero. La Liquidación de Presupuesto al 31 de diciembre del año 2008, refleja un superávit acumulado superior a los ¢6.000.0 millones

d. Miente el señor Molina al indicar como origen de la falsa debacle financiera del IFAM, el tema salarial. El espejismo creado por el señor Molina sobre la insostenible situación financiera del IFAM no puede ser justificado por el gasto en salarios de sus trabajadores, pues en el ejercicio económico del 2008, lo correspondiente a salarios significó cerca del 20% de los ingresos totales y las proyecciones presupuestarias realizadas por la dependencia correspondiente indican que para el 2009 –incluyendo la homologación ya mencionada- la razón entre salarios e ingresos totales no supera el 33 %.

e. El señor Presidente Ejecutivo asume nuevamente posiciones falsas cuando persigue funcionarios cuestionando la falta de requisitos académicos de algunos de ellos en relación de los puestos que estos ocupan, cuando él, ejerciendo el derecho a doble voto en una reñida sesión de Junta Directiva, eliminó los requisitos académicos del puesto de Director Ejecutivo para nombrar a Dionisio Miranda Rodríguez. Con su doble voto evidenció también su doble discurso. Hoy, existen más requisitos académicos para ser oficinista en el sector público que para ser Director Ejecutivo del IFAM.

f. Para no dejar de sorprendernos con su capacidad para mentir, mientras en los medios de comunicación y en casa presidencial nuestro Presidente Ejecutivo combate los “altos salarios” de los trabajadores del IFAM, en sesiones de Junta Directiva se aprueban aumentos salariales para las altas autoridades –Auditor incluido- recetándose en unos de los casos un aumento de un 30%.

g. Por la manipulación de cifras presentadas para justificar los despidos desde octubre del 2008, hemos presentado una demanda ante el Ministerio Público, según expediente No.08-000152-621P.

Nuestros escasos recursos no nos permiten continuar puntualizando por esta vía sobre la actuación del Presidente Ejecutivo, pues el costo que ello conlleva es alto, sin embargo, nos comprometemos a utilizar hasta el último de nuestros centavos con el objeto de desenmascarar a Fabio Molina Rojas y al escenario que este ha construido para justificar el despido del 50 % de planilla del IFAM.

Sabemos que Fabio está en plena campaña y que el presentarse como defensor de los ciudadanos ante presuntos abusos de los trabajadores del sector público le puede provocar un rédito político, pero no se vale que esta pose oportunista se sustente con base en discursos demagógicos y manipulando la opinión pública, bueno.…. se vale solo en cierta clase política.