ANEP propone foro sobre transporte público

San José, 13 de octubre del 2008.
S.G. 07-09-0891-08

Licenciado
Rodolfo Madrigal
Presidente
Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras
Banco Popular y Desarrollo Comunal
Su despacho
Fax 2233 2494
Solicitud de Foro sobre Transporte Público

Estimado señor Madrigal:

Reciba un respetuoso saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP). Como es del conocimiento público, el asunto del transporte público, cada vez más, es un tema de gran preocupación para todas las personas trabajadoras, tanto por su costo, por sus perspectivas, por sus limitaciones y por las diversas iniciativas que se discuten en torno a él.

Aspectos como el sistema de autobuses, la fijación de tarifas de servicio público, el tren metropolitano, la exoneración de impuestos al diesel o a los transportistas públicos, los alcances de Petrocaribe, los planes de infraestructura vial, la planificación y el ordenamiento territorial, el impacto ambiental, las necesidades de las personas con discapacidad, la problemática en torno a la concesión del servicio de taxi, las condiciones laborales de las personas que trabajan en el transporte público (incluida el impedimento real de libre sindicalización); son tan solo algunos aspectos que reflejan la diversidad de variables y su central importancia para las personas trabajadoras.

Es por ello que hacemos una instancia respetuosa al honorable directorio de la Asamblea, para que promueva la realización de un foro sobre transporte público, a partir del cual se pueda generar conclusiones estratégicas para las personas trabajadoras y sus organizaciones.

Solamente con un conocimiento generado colectivamente, con participación de personas expertas, así como de los diversos actores interesados, podremos abordar adecuadamente y con realismo un tema que normalmente ha sido olvidado en nuestro ámbito de discusión.

Reiterándole nuestro mayor respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

C.c.
Junta Directiva Nacional de ANEP.
Organizaciones sociales.
Archivo.

Propiedad Intelectual: Debe realizarse consulta a las comunidades indígenas

San José, 6 de octubre de 2008.
S.G. 07-09-0867-09
¡URGENTE!

Honorables señoras y señores
Diputadas y diputados
Fracciones parlamentarias
Partido Acción Ciudadana (PAC)
Partido Frente Amplio (PFA)
Partido Accesibilidad sin Exclusión (PASE)
Asamblea Legislativa
Presente

Estimadas señoras diputadas:
Estimados señores diputados:

Con gran respeto para sus dignas autoridades parlamentarias, les hacemos llegar atento saludo de nuestra parte.

Queremos resaltar que es de extraordinaria importancia la iniciativa de someter a consulta ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, nuevamente, el proyecto que pretende reformas a varias normas reguladoras de materias relacionadas con la Propiedad Intelectual (último proyecto en trámite de la denominada agenda de_ “implementación”_ del TLC); toda vez que la coalición parlamentaria gobiernista insiste en violar los señalamientos puntuales que al respecto de la tramitación de tal proyecto, el indicado tribunal constitucional ha ordenado observar, específicamente el procedimiento de consulta a las comunidades indígenas costarricenses.

Como vuestras autoridades legislativas saben de sobra, las violaciones a la institucionalidad electoral, parlamentaria y constitucional, han estado a la orden del día en prácticamente todas las tramitaciones de los diversos proyectos de ley de la mencionada agenda; tramitaciones inmersas en una cadena de procedimientos espurios, descarados tráficos de influencias, violaciones a la división constitucional de poderes y atropellos a la reglamentación parlamentaria.

Consta a un considerable número de ciudadanos y de ciudadanas que tanto en el proceso mismo del referéndum sobre el TLC (que precisamente, está cumpliendo un año de su realización); como en la tramitación de las diversas leyes de su agenda de “implementación”; la institucionalidad republicana ha salido seriamente lesionada y desacreditada; y no es sino hasta que el magistrado constitucional de abierto sesgo gobiernista, por presión popular, hubo de abandonar su escaño judicial, que la Sala Constitucional recobró, aunque fuera tan sólo en este caso puntual, lo que siempre debió ser su constitucional independencia con respecto a los poderes Ejecutivo y Legislativo, en este asunto del TLC y sus leyes de “implementación”.

Por otra parte, las revelaciones de Diario Extra acerca de las comunicaciones que sobre el mismo se habrían cursado entre la diputada Andrea Morales, Presidenta de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa (que es donde se tramita tal iniciativa), con el señor Luis Pal, reconocido representante de transnacionales farmacéuticas en materia de inscripción de patentes e integrante de la Junta Administrativa del Registro Nacional (precisamente la institución donde se inscriben esas patentes), además de ser él esposo de la diputada María de los Ángeles Antillón, una de las más insignes militantes ideológicas del TLC; nos llevan a presuponer que la tramitación de la indicada iniciativa legal sobre Propiedad Intelectual tendría elementos de presunto tráfico de influencias.

La institucionalidad republicana de la división constitucional de poderes debe ponerse a prueba en esta crucial ocasión de la tramitación irregular del proyecto de ley de Propiedad Intelectual, especialmente cuando queda en evidencia que la coalición parlamentaria gobiernista, con toda desfachatez y descaro, pretende burlar la orden constitucional de consulta a las comunidades indígenas.

Por tanto, reiterándoles nuestro mayor respeto, saludamos la iniciativa que desde esas honorables fracciones parlamentarias ya se ha anunciado de elevar a consulta, nuevamente, el indicado proyecto de ley. Miles y miles de compatriotas les respaldarán en tan afortunada decisión.

Con la mayor consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

C.c.
Movimientos patrióticos.
Medios de Comunicación Colectiva.
Junta Directiva Nacional de ANEP.
Archivo.

«Chuzos» de ¢38 millones para Presidente y Gerente del IDA

La denuncia pública la hizo el sindicato de trabajadores del IDA, que ve con muy malos ojos la compra y considera que existe despilfarro de recursos. La adquisición fue confirmada por la gerente general del IDA, Annie Saborío, quien dijo a DIARIO EXTRA que el cambio de vehículo obedece a una necesidad, pese a que las anteriores eran modelo 2003.

La funcionaria dijo que tanto el carro viejo de la Presidencia como el de gerencia fueron devueltos y valorados en ¢8 millones cada uno, por lo que el pago en efectivo fue de ¢60 millones por los dos automotores.

“Mientras los trabajadores arriesgan la vida en vehículos que han recorrido 500 mil y hasta 800 mil kilómetros y se la tienen que jugar para atender el Programa de Granos Básicos, la administración del IDA se da el lujo de comprar vehículos último modelo bajo el argumento de que las unidades que tienen reportan 250 mil kilómetros de recorrido”, dijo Walter Quesada, presidente de la Seccional de ANEP. El sindicato afirma que se pudieron comprar carros más modestos y dejar más plata para la atención del Programa de Granos Básicos. Según Quesada, lo más prudente es devolver los vehículos al proveedor o recuperar el dinero invertido.

“NO ES TANTA PLATA”

En defensa de la institución, Saborío justifica que para las giras de trabajo, tanto el presidente, Carlos Bolaños, como ella, requieren un vehículo en condiciones adecuadas.

“Los carros que teníamos ya tenían seis años de antigüedad, más de 240 mil kilómetros, habían sido chocados en dos ocasiones. Ya salía muy caro el mantenimiento”, expresó la gerente.

Consultada sobre el precio de los carros y la necesidad de andar sobre ¢38 millones, Saborío dijo que se ajustaban al presupuesto y que “no es tanta plata, no son carros caros, son muy parecidos a un camión de carga. Además, ocupamos algo apto para nuestras giras”. Agregó que para este año, la Contraloría General de la República les aprobó que invirtieran ¢500 millones en renovar parte de su flotilla.

“No se ha descuidado la flotilla de trabajo en campo. Se comprarán 99 pick up, 30 motos, 8 camiones y una buseta”, explicó.

En una carta que envió días atrás Bolaños a los empleados del IDA, les informó que la compra de los vehículos obedece a un cumplimiento del informe de Contraloría del 7 de marzo de 2007, cuando señaló que 172 unidades de la institución superan los 10 años.

Fuente: Diario Extra
Marcelino Rivera Salazar
mrivera@ diarioextra.com
Foto: Víctor Benavides

El trabajo decente es más que un salario mínimo

Para mi el trabajo decente es aquel que le da al trabajador un salario que le alcance para consumir“. Con esas palabras definió el representante de las Cámaras Patronales lo que la oligarquía piensa que es un trabajo decente y digno. El señor Numa Estrada Zúñiga, miembro de UCCAEP, fue uno de los participantes del Foro sobre Trabajo Decente que se realizó el 7 de octubre en las instalaciones de la ANDE, convocado por el Movimiento Social y Sindical.

Además del representante patronal, participaron de la actividad dos trabajadores del Ministerio de Trabajo, el señor Adolfo Ciudad Reynaud, representante de la OIT y quien moderó el foro, además de Edgar Morales Quesada por la CSJMP y Dennis Cabezas Badilla de CUSIMA, ambos conocidos miembros del sindicalismo nacional.

La visión del sindicalismo sobre el trabajo decente difiere mucho de la escueta y mercantil visión del señor Estrada. Edgar Morales, que además es el Secretario General Adjunto de la ANEP, hizo una profunda exposición sobre la visión de la clase trabajadora de lo que debe ser el trabajo digno y decente; como aquí en Costa Rica no existe la libertad sindical, y sin ella no puede ser decente un empleo. De los estragos del neoliberalismo y su forma de ver el mundo, corrosivo, depredador, lo cual también hace q ningún trabajo sea digno en esas condiciones.




Edgar Morales Quesada, CSJMP

Este foro formó parte de una serie de actividades que se realizaron en toda América Central para celebrar la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Además que se enmarcó en esta fecha tan importante (7 de octubre) para el movimiento social costarricense, donde se cumplía un año de la lucha social por derrotar al neoliberalismo criollo en el referendum por el TLC, que en realidad se transformó en un Fraudurendum por todas las artimañas y chorizos que realizaron para poder pasar el nefasto TLC.

La actividad fue convocada por CMTC, CTRN, CUSIMA, FIT-ICE y la Central Social Juanito Mora Porras.

Contra la corrupción

Finalizado el foro todos y todas, menos el representante “empresarial”, se dirigieron hacia el Parque Central de San José en donde se realizaba una concentración de protesta contra el alto costo de la vida y contra la corrupción.

Hoy 7 de octubre, hace un año, se realizó el primer Referéndum en Costa Rica. Se suponía que el pueblo costarricense tendría la oportunidad de decidir sobre un proyecto neoliberal de nefastas consecuencias, el TLC.

Lo que parecía ser un proceso democrático de consulta popular terminó siendo un absoluto fraude que quedó marcado en los libros de historia de nuestro país como una mancha.

Cientos de hombres y mujeres, de diversas organizaciones se hisiceron presentes, tomando su tiempo de almuerzo, en medio de un día de jornada laboral.

Música, cimarronas, payasos y verdaderos artistas nacionales, aportaron alegría a un evento que hacía recordar una herida que duele a la Patria.

Cientos de hombres y mujeres valientes mantienen viva la llama de la esperanza y la lucha por nuestra Patria.

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Apoyamos el Llamamiento que a nivel internacional se realiza por “Trabajo decente para una vida decente”.

Llamamiento a la Acción: Trabajo Decente para una Vida Decente

El auge económico mundial no ha tenido necesariamente como efecto una mejora en el nivel de vida de la mayoría de la población en el mundo.

Además de un desempleo declarado significativo, muchos están subempleados o no cobran lo que les correspondería por el trabajo realizado. La mitad de la fuerza laboral mundial gana menos de US$2 al día. 12,3 millones de hombres y mujeres trabajan en condiciones de esclavitud. 200 millones de niños menores de 15 años trabajan en lugar de asistir a la escuela. 2,2 millones de personas mueren a causa de accidentes y enfermedades laborales cada año. La gente en países desarrollados y en desarrollo trabaja más por menos dinero, y cada vez son más las personas – mayoritariamente mujeres – que se ven obligadas a ganarse la vida en la denominada economía informal, sin protección social alguna ni derechos y con empleos precarios. Entre tanto, las empresas utilizan la amenaza de la subcontratación para reducir los salarios y eliminar ciertos derechos que costó mucho ganarse, como el derecho a la negociación colectiva y a la huelga. Los sindicalistas que combaten esta tendencia son despedidos, amenazados, encarcelados o incluso asesinados.

Sólo un sistema internacional basado en la solidaridad y el respeto de los derechos de la persona, consagrados en los convenios de Naciones Unidas y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) puede poner fin a estas tendencias. Exhortamos a nuestros gobiernos a que firmen estos convenios, los apliquen de forma urgente y sitúen el trabajo decente como un elemento central de sus políticas.

En julio de 2006, los gobiernos miembros del Consejo Económico y Social de la ONU adoptaron una Declaración Ministerial cuyo primer artículo indica que: “Estamos convencidos de la urgente necesidad de crear un entorno a escala nacional e internacional que propicie el logro del empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos como base del desarrollo sostenible”. Este llamamiento debe ir acompañado por la ratificación e implementación de las normas de la OIT, al tiempo que las agencias internacionales utilizan la nueva Guía Práctica de la ONU para la incorporación sistemática del empleo y el trabajo decente, como primer paso para fomentar una mayor coherencia política y convergencia para cumplir la promesa de Trabajo Decente para Todos.

Hay que empezar a cumplir estas promesas de inmediato.

Pensamos que el trabajo decente es un elemento esencial para erradicar la pobreza, mejorar las vidas de hombres y mujeres y permitir que las gentes vivan en paz y dignidad. Instamos por tanto urgentemente a los responsables políticos a:

1. Trabajo decente: Reafirmar la contribución de unos empleos estables y de calidad para el logro de una economía saludable y comunidades justas y equitativas, implementando estrategias inclusivas para un empleo pleno y productivo, incluso para aquellos que trabajan actualmente en la denominada economía informal y que necesitan derechos y justicia para defender sus intereses. Toda persona tiene derecho a trabajar, a unas buenas condiciones de trabajo, y a obtener ingresos suficientes para cubrir sus necesidades económicas, sociales y familiares básicas, un derecho que debería reforzarse mediante la aportación de salarios dignos y adecuados.

2. Derechos: Los derechos de los trabajadores/as a formar y afiliarse a sindicatos y a negociar colectivamente con su empleador son fundamentales para lograr el trabajo decente, y todas las organizaciones internacionales, los gobiernos y las empresas han de cumplir sus responsabilidades respetando los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras.

3. Protección social: Reforzar y ampliar la cobertura de la protección social garantizando el acceso a la seguridad social, las pensiones, las prestaciones de desempleo, la protección de la maternidad y los servicios sanitarios para todos. Cualquiera debería tener acceso a estos beneficios, incluyendo los trabajadores/as en la denominada economía informal.

4. Comercio: Cambiar las normas comerciales injustas y asegurarse de que los acuerdos comerciales se utilicen como un instrumento para lograr el trabajo decente, el desarrollo sostenible y el empoderamiento de los trabajadores, las mujeres, los desempleados y los pobres en todo el mundo. Deben incluirse en los acuerdos comerciales mecanismos vinculantes para la promoción y el reforzamiento del trabajo decente, incluyendo una referencia a las normas fundamentales del trabajo. Los gobiernos deben dejar de concertar acuerdos comerciales que perjudiquen a los pobres, creen desempleo y conduzcan a la explotación. Las reivindicaciones de las organizaciones de trabajadores/as y del resto de la sociedad civil deben ser escuchadas.

5. Deuda: Asegurarse de que las prioridades de las instituciones financieras internacionales incorporen preocupaciones sociales y medioambientales. Particularmente debe ponerse fin a las condiciones vinculadas a los créditos y al alivio de la deuda, que obligan a los países a desregular los mercados laborales, reducir el gasto público y privatizar servicios públicos a costa del acceso y la calidad de los mismos. Todos los proyectos financiados por estas instituciones tienen que respetar las normas fundamentales del trabajo en su implementación.

6. Ayuda: Asegurarse de que los gobiernos cumplan su compromiso de incrementar el nivel de ayuda oficial al desarrollo de los países ricos hasta que represente al menos el 0,7% del PIB. Una adecuada financiación para el desarrollo resulta esencial si queremos alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio de la ONU.

7. Migración: Asegurarse de que los trabajadores/as migrantes no sean explotados y que disfruten de los mismos derechos que el resto de los trabajadores/as, ratificando los Convenios de la OIT relevantes y la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias.

ANEP formula planteamiento reivindicativo integral para la Fuerza Pública

San José, 1 de octubre de 2008.
S.G. 07-09-0853-08

Licenciada
Janina Del Vecchio Ugalde
Ministra
Ministerio de Seguridad Pública y de Gobernación Y Policía
Su Despacho

Asunto:
PROPUESTA DE ORDEN POLÍTICO-REIVINDICATIVO DESDE LA PERSPECTIVA DE ANEP: EJES A CONSIDERAR EN EL ABORDAJE DE LA SEGURIDAD; ASÍ COMO ASPECTOS REINVIDICATIVOS QUE DEBEN SER RESUELTOS CON GRAN CELERIDAD PARA EL BIENESTAR DEL ABNEGADO PERSONAL DE LA FUERZABLICA.

Estimada señora Ministra:

1- Con el respeto que su digna autoridad merece, le expresamos un atento saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

2- Hemos considerado oportuno formular el planteamiento siguiente, toda vez que es imprescindible un relanzamiento estratégico de la política pública en cuanto a las condiciones ocupaciones y reivindicativo-profesionales que ofrece a aquel grupo laboral de costarricenses, hombres y mujeres, que cumplen la estratégica tarea de seguridad ciudadana y de los servicios de apoyo a la misma desde la cartera de Seguridad Pública.

3- Nuestra visión de propuesta surge como resultado de un diagnostico in situ en los diversos comandos y direcciones regionales del país; específicamente y con gran énfasis en la región Huetar Atlántica y en la región Chorotega. Si bien cada región, cada comando, así como cada delta, tienen sus particularidades propias en el ámbito sociolaboral, éstas dos regiones nos suministran una radiografía general de las fortalezas y debilidades que subyacen a lo interno del ministerio y, por ende, en el personal; asumiendo como una fortaleza la mística, la entrega y el civismo del y la policía, muy a pesar de sus adversas condiciones del entorno, como lo son en muchos casos, las deplorables y antihumanas condiciones laborales y de salud ocupacional en que labora la Fuerza Pública, aspectos que nos permitimos documentar.

4- Así las cosas y con el único propósito de lograr encontrar la voluntad política para dotar a este abnegado personal de la Fuerza pública de las condiciones dignas necesarias, que deriven en altos niveles de eficiencia y eficacia, requeridos en las actuales condiciones de criminalidad que, lamentablemente, atraviesa nuestro país; con ese espíritu loable, de buena fe, es que formulamos respetuosamente nuestro diagnóstico propuesta cuyo objetivo es someterla a conocimiento, discusión y negociación con las máximas jerarquías de este ministerio.

I. EJES A CONSIDERAR EN EL ABORDAJE DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

5- Es de suma importancia en el tema de Seguridad, entender el contexto real que vive América Latina desde hace muchos años, el cual se ha venido profundizando con el pasar del tiempo. Nos podríamos preguntar algunos de nosotros y algunas de nosotras, ¿cuál es ese contexto? Pues no es otro más que el de un continente que es el más rico en cuanto a recursos y que cuenta con la región de mayor desigualdad del planeta; en donde vive la persona más adinerada del mundo y las personas más pobres; lo que nos deja claro la desmedida desigualdad existente y la nula distribución de la riqueza que sufre la región y, en general, a nivel mundial.

6- Ahora bien, la idea de la ANEP es poder tomar en cuenta la temática de la seguridad ciudadana, desde una preocupación por la vida y dignidad de las personas. Tal como se apuntaba, los países centroamericanos han sido abatidos por una problemática de inseguridad que se puede ver enfocada desde diferentes ámbitos y en diferentes contextos.

7- Sin embargo, se considera que muchas de las políticas que se implementan, aún más aquellas de corte neoliberal y orientadas desde el Banco Mundial o potencias mundiales tales como Estados Unidos y la Unión Europea, son insuficientes para abarcar el fenómeno, pues éstas son economicistas y reduccionistas de las dimensiones del tema de la seguridad; dejando de lado el sentido social y de distribución de la riqueza que deberían contener.

8- Por el contrario, como mencionamos, las políticas son de carácter meramente económico, orientadas a la acumulación de riqueza en manos de unos pocos, sumado a la creación de sociedades conformadas por personas con un sentido individualista, y moldeado para la formación de sociedades con una cultura consumista en donde las personas valen según lo que tienen materialmente. En el informe de las Naciones Unidas del año 1998, esta entidad exponía lo siguiente:

“…el 20% de la población más rica del mundo participa de 86% del producto mundial, mientras que el 20% de la población más pobre solo participa de 1, 3% del consumo mundial; 3000 millones de personas luchan por subsistir con menos de 2 dólares diarios; 1500 millones de personas carecen de agua potable. Por otra parte, los 225 habitantes más ricos del planeta poseen una riqueza equivalente superior a un billón de dólares, igual al ingreso anual del 47% más pobre de la población mundial, esto es, 2500 millones de habitantes” (Citado en Rojas Hernández: 2002)

9- Por tanto, lo que queremos evidenciar es que la seguridad no necesariamente es la que está ligada al tema de lo económico, o aquella que se ve amenazada por la violencia en las calles; trasciende en su importancia, hacia otros ámbitos. Por ello propugnamos para que nos ocupemos del tema de manera integral: económica, alimentaria, en materia de salud, ambiental, personal, comunitaria, política, entre otras.

10- Si bien es cierto, se trata de hacer un llamado para que se puntualice en el tema de seguridad desde otra perspectiva, no tanto desde la retórica, sino desde los hechos; la propuesta que aquí se expone, trata de evidenciar la realidad y los aspectos de inseguridad que viven las efectivas y los efectivos del cuerpo de la Fuerza Pública. La multiplicidad de factores que los afectan, hace necesario que nuestra organización se ocupe de formular esta idea alternativa, convencidos de que lo aquí expuesto, contribuirá al mejoramiento de las condiciones de las y los agentes de la Fuerza Pública de nuestra querida Costa Rica.

11- El anterior contexto sociopolítico, es confirmado por el mas reciente estudio del Estado de la Región, mismo que nos presenta una triada; por un lado, somos el país con la mayor brecha social entre ricos y pobres; en segundo lugar, el país donde mas rápido crece la inseguridad, y un tercer aspecto destacable es que Costa Rica goza de la mejor policía del área, lo que va en consonancia con nuestras características sociopolíticas.

II. ASPECTOS DE ORDEN REIVINDICATIVO CON EL PERSONAL DE LA FUERZA PÚBLICA

A. ROLES ESTABLECIDOS

12- Sobre este particular, es oportuno mencionar que en respuesta a nuestra organización sindical, según oficio No. 3526-08-DGFP, fechado el 22 de junio del año en curso, su despacho justifica el cambio de roles, a solicitud de la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes y otras instancias externas; mismas que recomiendan o abogan por una homologación o estandarización de roles, bajo el supuesto de un servicio de mayor evidencia por parte de las personas trabajadoras en la Fuerza Pública.

13- Otro argumento esbozado en el documento de marras, es el hecho de que el ministerio tuviese 28 diferentes tipos de roles, mismos que a criterio de su despacho estaban diseñados para satisfacer las necesidades particulares de los trabajadores y en contra del interés público del servicio de Seguridad Ciudadana, situación que no concuerda con lo expresado por el personal de Fuerza Pública.

14- Valga la oportunidad para indicar que esta delicada y sensible decisión no se sustentó en un previo diagnóstico real de las condiciones laborales que, cotidianamente, afrontan los y las oficiales en las diferentes regiones. Cabe mencionar que en ANEP compartimos a plenitud el binomio eficiencia y eficacia de estos servidores públicos, en tanto y cuanto se les propicie las idóneas condiciones laborales, no así las adversas condiciones actuales, que atentan en muchos casos hasta con el decoro y la dignidad humana.

15- Así las cosas y desde nuestra perspectiva, nos atrevemos a afirmar que el cambio de roles, nunca contempló las especificidades o particularidades propias, regionales cantonales y distritales. El alto mando de dicho ministerio decide establecer 26 roles, mismos que van desde el rango 15×15 hasta el 12×48, de los cuales la policía de Fuerza Pública considera como aceptables los siguientes: 5×5, 6×6, 7×7, 8×8, 10×10, 12×12 y 15×15. Lo anterior por las grandes distancias entre el lugar donde laboran y su residencia.

16- Los roles denominados como 6×4 y 2×2×2, son inaceptables prácticamente por el 100% de la policía, por cuanto es aplicado de manera generalizada, sin discriminar si el policía vive a poca distancia del centro laboral, ó, por el contrario, a abismales distancias; razón por la cual un rol 6×4 se convierte en un 7×3 u 8×2, dependiendo de la distancia, situación que se agrava con los horarios de los buses para trasladarse a sus casas. A raíz de esto, los y las oficiales de Fuerza Pública están manifestando tener problemas principalmente de carácter familiar, debido a que los roles establecidos no les permite tener, y mucho menos disfrutar, de una vida familiar plena, lo que deriva en altos índices de desintegración familiar, separaciones y divorcios.

17- Vale la pena mencionar que el rol 2×2×2 es totalmente inapropiado para la salud mental, física, familiar y emocional de los compañeros y compañeras de la Fuerza Pública, debido a que el último día del mencionado rol, a los compañeros les toca el turno de noche, por lo que se ven obligados a dormir el supuesto día de descanso, quedando apenas un día para la “interacción familiar y social”.

18- Estos dos roles, lejos de ser la excepción son la regla, adicionándole a lo anterior el hecho de que al pernoctar el policía por no poder trasladarse a su casa, está lejos de descansar, queda como disponible en su propio día libre, esté el mismo cubierto o no por dicho plus. En conclusión, la implementación de estos dos roles ha acrecentado, desproporcionadamente, las ya deplorables condiciones laborales de la Fuerza Pública, al extremo de encontrarnos con un clima laboral de altísima efervescencia que pudiese incluso, llevar al estado de inflexión, de no ser atendidos y corregidas estas legitimas demandas.

19- Aunado a lo anterior tenemos informes de la implementación de jornadas laborales de 18 horas, esto en Chomes de Puntarenas, situación que pone a este ministerio en un estado de ilegalidad; razón por la cual debe de verificarse esta situación y corregirse de manera inmediata.

20- En resumen, es necesario acotar que en el oficio 3526-08-DGFP, del 26 de junio del 2008, del que ya hemos hecho mención, se exponen una serie de razones y criterios para adjudicar el rol correspondiente de acuerdo a la necesidad del funcionario de la Fuerza Pública y la mayor presencia policial en las comunidades; no obstante, dada la práctica que se lleva adelante en los diferentes deltas, esa situación “teórica” no se cumple y la realidad es que los roles establecidos son perjudiciales para los y las trabajadores. Todo lo anteriormente planteado, nos lleva a indicar que para la ANEP, los roles 6×4 y 2×2×2 son inaceptables, según el amplio clamor labor escuchado.

III. AUSENCIA DE SALUD OCUPACIONAL

B. INFRAESTRUCTURA

21- Este es un tópico de primer orden. Las mismas restricciones económico-presupuestarias de los últimos gobiernos, han impedido la inversión en el mantenimiento de la infraestructura, así como la ejecución de nuevas obras. Es deprimente observar el estado de deterioro en que se encuentran muchos deltas y subdelegaciones. Como ejemplos típicos de lo anterior, podemos mencionar la Subdelegación de San Rafael de Alajuela, Matina de Limón, Comandancia de Limón y Comandancia de Liberia, Comando La Cruz, Guararí de Heredia y Cañas Dulces de Liberia.

22- Típico ejemplo, lo representa las instalaciones de la policía de Sardinal donde permanece un número de diez policías que deben en su tiempo libre pernoctar, en solamente dos camas, según información en nuestro poder. Situación similar ocurre en los distritos de Belén y Palmira. Otra situación en donde se denota la falta de infraestructura adecuada son los puestos de frontera para revisión vehicular en La Cruz, Guanacaste, mismos que están desprovistos de agua potable, energía eléctrica, contando con un servicio sanitario de letrina. Estas son verdaderas condiciones infrahumanas que imposibilitan la eficiencia y eficacia en la prestación del servicio y no son éstas las condiciones óptimas que deriven en un valor agregado para la Fuerza Pública.

23- Curiosamente y a pesar de estas deplorables condiciones, de salud ocupacional, nunca vistas en otras dependencias del Estado, este Ministerio cuenta con un departamento de Salud Ocupacional.

24- Las siguientes graficas, son tan solo una muestra contundente de nuestras vehementes afirmaciones. Las mismas corresponden a los puestos de carretera en La Cruz de Guanacaste.

25- Otro caso es el de la Comandancia de Liberia que, aunque de recién construcción y confortabilidad, presenta problemas de aguas en los tanques sépticos, así como fétidos olores en el comedor, producto de las celdas que se encuentran de manera lateral, mismas que cuentan con un servicio sanitario colectivo. No obstante en cada celda se dispuso de un orificio donde los privados de libertad hacen sus necesidades fisiológicas, lo que obliga a un constante mantenimiento de higiene. Además de presentar condiciones antihumanas, esta situación constituye un problema de salud.

26- Igualmente ocurre con la Fuerza Pública de Cañas, donde el Ministerio de Salud ordenó la salida del personal por las pésimas condiciones de salud ocupacional y riesgo de enfermedad, hoy trasladados de manera temporal a la casona del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA).

27- Circunstancias similares ocurren en el delta de Matina, que sufre de constantes inundaciones y donde los oficiales tienen que compartir los pocos alimentos con los reos, así como el un único servicio sanitario para los y las policías, y también para las personas privadas de libertad, situación generalizada a nivel nacional.

28- Reconocemos por supuesto, la inversión que ha realizado el ministerio tanto en las nuevas instalaciones de comando y dirección regional de Liberia, así como construcción del delta de Bagaces, sólo para mencionar dos ejemplos de lo positivo en materia de inversión, en cuanto a infraestructura se refiere.

29- Ahora bien, es cierto que las nefastas condiciones de infraestructura inciden negativamente en el bienestar de las trabajadoras y los trabajadores, pero es aún mas grave el problema de orden emocional psico-afectivo como derivación de las adversas condiciones laborales, teniendo como resultado un cuerpo policial en desmejoradas condiciones de salud emocional.

C. ARMAMENTO

30- El tema de las armas fue otra preocupación exteriorizada por los oficiales de este ministerio, los que aducen escasez en armamento, al extremo de que, en algunos casos, por cada pareja policial es entregada únicamente un arma, adicionándole el inconveniente de que se desconoce si el armamento se encuentra en óptimas condiciones en caso de tener que ser accionadas y de igual manera se cuestiona el estado de las municiones. Es importante destacar que el personal policial es sometido a practicas de tiro, únicamente cuando se está en proceso de reclutamiento o nombramiento; posterior a esta prueba, el o la policía no es sometido o sometida a más prácticas en un polígono, lo que les genera gran incertidumbre e inseguridad, en el fortuito caso de tener que utilizar o accionar las armas. Esta es una enorme debilidad que refleja el ministerio a su cargo, situación que debe de ser resuelta con gran prontitud.

D. CHALECOS ANTIBALA Y UNIFORMES

31- Con respecto al chaleco antibalas nos encontramos con dos situaciones generales. Una es lo relacionado con la cantidad, o sea, no hay suficientes para todo el personal. Ello implica el uso del chaleco por más de un servidor público ocasionando el intercambio de sudor y eventualmente enfermedades relacionadas con la humedad como hongos entre las personas que lo usan. En segundo lugar, el uso del chaleco en lugares con excesivas temperaturas provoca, una mayor transpiración convirtiéndose su uso casi en una tortura más que en un mecanismo de seguridad personal.

32- Adicional a lo anterior, los tamaños no son variados o suficientes, lo que provoca muchas veces una presión inoportuna, y en el caso de las compañeras, los chalecos no están anatómicamente confeccionados para ellas, agregando una presión demasiado molesta en los pechos.

33- Con relación a los uniformes, manifiestan los trabajadores y las trabajadoras que reciben un uniforme al año y que sólo algunos y algunas oficiales reciben dos por año. Aunado a esto, por ejemplo en las zonas de clima caliente, se manifiesta una gran disconformidad en relación a la tela con la que se confeccionan los uniformes, debido a que son telas que absorben mucho el calor por su textura y color; además, con la utilización de los chalecos, se vuelve un verdadero “infierno” estar laborando.

E. MAL ESTADO DE LAS PATRULLAS

34- Esto tiene una relación directa con el altísimo riesgo a sufrir un accidente automovilístico en el cumplimiento de sus deberes, a la vez que limita o impide la eficiencia operacional del cuerpo policial. Ejemplo de esto es la unidad Toyota Hilux, código 498, asignada al comando de La Cruz, Guanacaste cuyo estado mecánico es deplorable al extremo que los frenos no funcionan y, por supuesto, no cuenta con revisión técnica vehicular, no obstante era conducida por oficiales; nos permitimos documentar fotográficamente el vehículo. (Adjunto)

35- Este ejemplo, es patente en muchos deltas a lo largo y ancho del territorio nacional. Si bien se ha realizado una renovación de la flotilla vehicular, pareciera ser que estos son asignados al Área Metropolita y direcciones regionales, desplazando las unidades más viejas y, además deterioradas, a los comandos regionales.

F. DEFICIENTE ALIMENTACIÓN

36- Nos encontramos con que la alimentación es, en algunos casos, insuficiente, además la dieta de alimentos que se maneja es bastante limitada; sumándole a esta situación, el hecho de que en muchos deltas los alimentos son de muy mala calidad o llegan en mal estado. Para citar un ejemplo, lo que ocurre con la carne, que además se ser cortes de muy mala calidad, en muchas ocasiones llega en mal estado, lo mismo podemos citar con los huevos, frutas y verduras; lo anterior es inadmisible si tomamos en cuenta que el ministerio contrata y paga al Concejo Nacional de Producción (CNP), por productos de primera calidad.

37- Contrasta la situación anteriormente mencionada con lo que se vivió tiempos atrás, según lo señalan los mismos policías, pues había una dieta de alimentos más amplia y de mayor cantidad y calidad, lo que es indicativo de un deterioro en este respecto. Valga mencionar que hasta donde tenemos conocimiento, una política ministerial que cobra fuerza es la eventual eliminación de la alimentación a cambio de un ajuste salarial, situación que desde ya rechazamos como organización sindical; considerando que el ministerio debe de suplir de una alimentación balanceada de altísima calidad; pues fueron eliminados los lácteos, el pan, los atunes, embutidos y quesos. Hoy el cuadro básico de alimentación lo constituyen el arroz, los frijoles, huevos, aceite, azúcar, café y, esporádicamente, una porción de pollo o carne.

G. DESCANSO DE 12 HORAS

38- A pesar de existir una resolución, según cita el oficio 114-2008-DGFP-A, que en su párrafo tercero plantea lo siguiente: “El personal una vez finalizada su jornada de 12 horas de trabajo descansa las otras 12 horas en la unidad policial o en cualquier otro sitio (si él así lo decide)”; no obstante, esto no se cumple y de manera arbitraria algunas jefaturas obligan al personal policial a permanecer en dentro de la sede como “disponible”.

H. PROBLEMAS DE COMUNICACÍON ENTRE MANDOS Y SUBALTERNOS:

39- No existe sintonía comunicacional. Contrariamente, los circuitos de comunicaciones entre jerarquías y subalternos son un problema acentuado en la Fuerza Publica, nos atreveríamos a afirmar que es parte de una cultura propia de orden y mando, entendida, muchas veces, de manera irracional.

40- Es normal encontrarnos jefaturas o rangos intermedios que toman decisiones y giran órdenes de palabra, sin que medien justificaciones por escrito, las que no comunican a jefaturas inmediatas, provocando esto un circuito comunicacional, comprometiéndose así al personal policial ante jefaturas inmediatas que, en muchos casos, injustamente sancionan y elevan a órganos del debido proceso al personal policial.

41- Las autoridades ministeriales deben de poner gran énfasis en el mejoramiento de la comunicación institucional, lo que redundará en el mejoramiento de las relaciones laborales e interpersonales.

I. SITUACION SALARIAL DE LA FUERZABLICA Y LAS REITERADAS PROPUESTAS DE ANEP.

42- No es concebible ni aceptable, que los casi once mil policías que conforman la seguridad del Estado, además de las deplorables condiciones laborales, en las que indefectiblemente hasta entreguen la vida, tengan a cambio las paupérrimas condiciones salariales que hasta hoy mantienen, lo que ha sido contradictorio con un régimen laboral de excepción.

43- En tal sentido nuestra organización sindical ha venido, de manera reiterada, proponiendo tanto en la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público como ante su despacho ministerial, la urgente necesidad de dotar al personal policial de un sustantivo ajuste en sus salarios, propuesta que ha sido rechazada ad portas por el Gobierno en dicha comisión y en el caso de su despacho, no hemos tenido respuesta alguna, hasta la fecha.

44- En tal caso, debemos reiterar las peticiones de la ANEP para una Revaloración Salarial Extraordinaria en la Fuerza Pública; oficios de la Secretaría General de la organización, números S.G. 07-09-0426-08, fechado 15 de abril de 2008; y S.G. 07-09-0537-09, fechado 3 de junio de 2008. Copias de los mismos se adjuntan al presente documento, como anexos números 1 y 2, respectivamente.

45- Como es de su conocimiento, señora Ministra, en la presente administración se propició a lo interno de es este ministerio, un estudio para el otorgamiento de un significativo ajuste de los salarios, tanto de altos mandos como mandos medios, mismo que ya cuenta con respectivo aval de la Autoridad Presupuestaria. A la ANEP le parece esto una decisión sumamente acertada y es congruente con nuestro planteamiento de una Revaloración Salarial Extraordinaria para la Fuerza Pública.

46- Con mucho mas razón, debe de haber voluntad política de su despacho y, por ende, del propio Gobierno para, conjuntamente con nuestra organización sindical, establecer una mesa de discusión y análisis que nos lleve, con la mayor prontitud, a definir el correspondiente ajuste técnico que sea aplicable a toda la Fuerza Pública, máxime que este importante sector laboral no percibió el 9.81, producto de la histórica huelga del A y A, en octubre del 2005, lo cual fue extendido al gobierno central, entidades autónomas y semiautónomas, cubiertas por el régimen del Servicio Civil.

47- Tenemos la seguridad de que usted, señora Ministra, comprenderá la vehemente posición que desde ANEP mantiene para que, con carácter de urgencia, se proceda a una real revaloración salarial para éste estratégico sector laboral, con el objeto de que estos funcionarios y estas funcionarias puedan contar con una mejor calidad de vida, lo que se traducirá en mejores niveles de eficiencia y eficacia en el cometido fundamental que es asegurar la seguridad ciudadana.

J. TODO POLICIA DEBIO QUEDAR CUBIERTO POR EL ESTATUTO POLICIAL, DESDE EL MOMENTO EN QUE SE PROMULGÓ DICHO ESTATUTO

48- La Ley 7410, promulgada en 1994, contempla un conjunto de reformas direccionadas a la profesionalización de la policía. Este instrumento jurídico establece, como nuevo requisito para su ingreso el tercer año de secundaria aprobado, mismo requisito exigido para todo aquel trabajador o trabajadora policial que quedase cubierto por el Estatuto Policía, habiendo establecido al momento de su promulgación un tiempo preventorio hasta el 2010, para que todo el personal policial de la Fuerza Pública pudiese concluir con este requisito y, en consecuencia, estar cubierto bajo este régimen.

49- La realidad es que hoy, a dos años de la finalización de este período de gracia, no sabemos qué porcentaje de policías permanecen fuera del Estatuto Policial, dato que consideramos de trascendental importancia, para poder visualizar conjuntamente el panorama y las acciones que emprenderá el Ministerio, a fin que podamos llegar al 2010 con cero policías fuera del estatuto; pues todo parece indicar que a esa fecha, todavía tendremos un significativo número de policías sin cumplir los requisitos. Es imperativo señalar que de lo manifestado, en forma general por la Fuerza Pública, las razones del porqué no se puede lograr ese objetivo, están, entre ellas, deficiencias en los programas educativos y roles de trabajo que impiden o hacen inviable tal objetivo.

50- No obviamos manifestar que lo ideal hubiese sido que todo el personal policial hubiese quedado cubierto por el estatuto desde el momento de su promulgación, lo anterior vía excepción de requisitos, de tal manera que este instrumento aplicara para el nuevo personal que contratase el ministerio una vez completado el ingreso total de su personal en aquel momento.

K. DISPONIBILIDAD

51- En cuanto al tema de la disponibilidad existe una gran confusión entre los y las agentes de Fuerza Pública, pues tienen claro que el pago de la disponibilidad lo gozan aquellos y aquellas agentes graduados de la academia; sin embargo, quienes no son graduados de la academia y que no gozan del pago de la disponibilidad, son sometidos de igual manera a cumplir la disponibilidad, situación que se considera indebida, pues tampoco se les pagan a los funcionarios y funcionarias que no tienen disponibilidad las horas extras correspondientes al cumplimiento, fuera de horario, de sus funciones.

52- Adicionalmente a lo anterior, nos encontramos con el uso abusivo por parte de las autoridades, respecto a los policías que gozan de este plus, pues se interpreta de manera equivocada que el gozar de este derecho, lo condiciona a estar disponible las 24 horas, independientemente de estar ante una situación considerada de emergencia nacional, o se trate, por ejemplo, de un partido de fútbol o fiestas patronales; y, por supuesto, es peor cuando ocurre con quienes no gozan de este plus y son sometidos igualmente a cubrir tales acontecimientos, sean emergencias o no, caso ya mencionado anteriormente con los roles.

53- ¿En qué casos concretos y específicos se debe cumplir y aplicar la disponibilidad? Es ésta la interrogante que se hacen cotidianamente las y los policías, cada vez que los destacan en actividades obviamente no de emergencia nacional; por tanto pedimos, muy respetuosamente, la aclaración correspondiente, tanto para nuestra organización como para todo el personal de Fuerza Pública.

54- Situación similar ocurre con las horas extras y los feriados. Si bien se acepta que el régimen laboral de la Fuerza Pública sea un “régimen de excepción”, no significa esto que se tenga que restar derechos laborales ya consolidados; de tal manera que impedir tanto el pago de horas extras como el debido reconocimiento de los feriados, significaría una violación del derecho laboral.

L. DISFRUTE DE VACACIONES

55- Constantemente llegan a nuestras oficinas, policías manifestando tener períodos acumulados de vacaciones, disfrute que es denegado por sus respectivas jefaturas o mandos intermedios, situación que atenta contra lo estipulado en nuestro marco jurídico, específicamente en el Código de Trabajo.

56- El Ministerio a su digno cargo deberá realizar una profunda revisión para determinar todos los casos que se encuentren en esta situación, y proporcionarles de inmediato el debido desfrute de vacaciones. Valga afirmar que con respecto a este tema, nos encontramos ante una clara violación del derecho laboral, pues no sólo se limita el derecho al disfrute de períodos de vacaciones en la fecha que corresponde, sino que el mismo instrumento jurídico prohíbe la acumulación de períodos.

M. SUBEJECUCION PRESUPUESTARIA

57- Llama poderosamente la atención lo referente al mas reciente informe de la Contraloría General de la República, al admitir que dicho Ministerio no invirtió una suma millonaria presupuestada para aspectos de logística de la Fuerza Pública, lo que es injustificable, si determinamos con la debida atención el faltante y deteriorado armamento y equipo de trabajo como radios de comunicación entre otros.

N. NORMATIVA JURIDICA

58- En ANEP somos del criterio de que se hace necesario la realización de una profunda revisión tanto de la Ley General de Policía Nº 7410, como del Estatuto Policial, pues todo parece indicar que existen roces, contradicciones e incompatibilidades, según lo manifiestan policías de las distintas regiones, que cursan estudios avanzados en Derecho. Al respecto manifestamos nuestro interés para que conjuntamente el Ministerio y la ANEP, conformemos una instancia de análisis y propuesta en el tema de las normativas jurídicas.

O. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE LA FUERZA PÚBLICA

59- Si bien valoramos los esfuerzos que ha realizado el Ministerio en la formación profesional de la Fuerza Pública, abogamos desde nuestra organización sindical por una formación integral, cuyo estamento se sustente en el civismo, la negociación y la prevención del delito, para evitar, finalmente llegar al estadio de la represión abierta y directa.

P. UNA GESTIÓN MINISTERIAL CON PERPECTIVA DE GÉNERO

60- Desde ANEP abogamos por una gestión ministerial con una visión integral de perspectiva de género, tomando en cuenta que históricamente este ministerio ha mantenido una cultura excluyente y dominada por el sexo masculino. La participación de la mujer en igualdad de oportunidades y capacidades, así como el respeto pleno a sus condiciones humanas, deben de ser garantía en la gestión que usted como ministra impulsa, aspecto que sabemos es objetivo central en sus preocupaciones del ejercicio de la jerarquía.

61- De igual manera, debe de haber una serie de consideraciones especiales para el adulto y la adulta mayores, quienes, actualmente, son tratados con las mismas condiciones y niveles de exigencia que las nuevas generaciones de policías. Es nuestro criterio que este personal adulto mayor debe de ser estimulado de tal manera que se conviertan en especie de personal consejero y formativo de las nuevas generaciones. En tal dirección consideramos, respetuosamente, que debe de haber una directriz o resolución dirigida a garantizar tales condicionamientos y trato preferencial a este importante segmento policial.

62- Otro aspecto de gran importancia es la decisión política que debe de imperar en el gobierno para el nombramiento de mas policías, de tal manera que pueda disponerse de más personal para cubrir, eficiente y eficazmente, cantones y distritos de todo el país.

63- Finalmente hemos de admitir en el caso de la Región Chorotega, haber sostenido importantes conversaciones con algunas autoridades regionales. Tal es el caso de el Capitán José Domingo Cruz, quién nos recibió con toda gentileza y a quien le expusimos de manera general y específica la problemática de la región Chorotega; no obstante, pese a los ingentes esfuerzos que realiza en la gestión regional, manifiesta que en temas de infraestructura y mejoramiento de la flotilla vehicular, se trata de aspectos de orden presupuestario que salen de su competencia.

64- Amén de lo anterior nos llamó poderosamente la atención el hecho de encontrarnos, de manera general, con una contundente indisposición de los policías, mismos que no comparten el estilo de gestión y liderazgo que ejerce el Capitán José Domingo Cruz. Pese a su amplia experiencia policial que no cuestionamos en absoluto, a todas luces es palpable un tenso clima laboral muy marcado sobre todo en el comando de La Cruz, mismo donde según nos infamaron, en la administración anterior, se despeño como primer comandante.

65- Por lo anterior es que consideramos necesaria la inmediata intervención por parte de las altas jerarquías ministeriales, con el propósito de dar la mejor solución y evitar así conflictos mayores. Considérese que según nos fue dado a conocer, el comandante Cruz, incluso, ha sido declarado “non grato” por la comunidad de La Cruz, Guanacaste.

66- Todo lo expuesto en este documento, ha sido elaborado a partir de la exposición situacional de las condiciones laborales, por parte de los compañeros y las compañeras de la Fuerza Pública.

67- Cabe mencionar que aquí se comentan las problemáticas de carácter más general; por tanto, existen una serie de problemáticas que son más específicas, las cuales no están consideradas; no por que no tengan la importancia necesaria, sino por que serán razonadas en acciones que posteriormente estará llevando adelante la ANEP.

68- Valga mencionar que si bien parte de ésta problemática es atinente a otros cuerpos policiales con otras situaciones y problemas distintos, como la policía turística y la policía guardacostas.

69- Señora Ministra, de la manera más respetuosa, solicitamos con todo respeto, pero con toda vehemencia, ser atendidos en audiencia con las máximas autoridades de su cartera, para discutir sobre nuestro planteamiento y empezar a generar acciones propositivas en función de las más nobles aspiraciones del abnegado personal de la Fuerza Pública, por un servicio público de seguridad ciudadana, en condiciones de eficiencia, eficacia, respeto pleno a los derechos laborales, justa retribución económica y dignas condiciones de salud ocupacional.

Con consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

Equipo Responsable ANEP-Seguridad Pública

Gerardo Cascante Amador
Luis Diego Alfaro Méndez
Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO) de la ANEP

Colaborador en el proceso

Carlos Monterrey López
Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO)-ANEP

C.c.
Lic. Gerardo Lascares Jiménez, Viceministro de Seguridad Pública.
Comisario Erick Lacayo Rojas, Director General de la Fuerza Pública.
Comisionado Randall Picado Jiménez, Subdirector General de la Fuerza Pública
Población trabajadora de la Fuerza Pública.
Junta Directiva Nacional de ANEP.

 Archivo.

Sala IV ordenó frenar pintada del INS

Marietta Espinoza M.
mespinoza@diarioextra.com
Foto: Rándall Sandoval

Según el argumento del sindicalista, la actuación arbitraria de Constenla, pone en peligro el entorno de las edificaciones de importancia histórica que se encuentran en los alrededores del INS.

Para Vargas, “una pintura inapropiada en el edificio de tales dimensiones le restaría perspectiva y predominio a los monumentos culturales que se ubican a su alrededor”.

En la notificación, firmada por la Presidenta Interina de la Sala, Ana Virginia Calzada, se le indica al jerarca del INS que cuenta con tres días para exponer sus argumentos sobre el tema.

DIARIO EXTRA dio a conocer semanas atrás el inicio de las obras en las fachadas del INS, al tiempo que la ANEP cuestionaba el elevado costo de la pintura y que el granito con el que está construido el edificio se está dañando. En ese momento los Personeros del Centro de Investigación y Documentación del Patrimonio Nacional del Ministerio de Cultura, confirmaron a DIARIO EXTRA que aunque el edificio del INS no está catalogado como patrimonio, el hecho de estar rodeado de edificios de valor histórico, los obligaba a pedir los permisos para ejecutar cualquier tipo de obra.

No obstante, Constenla aseguró que las obras no se detendrían y tampoco pedirían ningún permiso.

“El INS tiene todas las facultades para darle mantenimiento a sus edificios, no hay ningún fallo judicial, ni ninguna norma o ley que lo impida, en el momento que se nos muestre un instrumento legal que nos obligue a hacer esto, obedeceremos la Ley, pero en tanto que la Ley no nos obligue no lo vamos a hacer”, dijo el jerarca a DIARIO EXTRA, semanas atrás.

ANEP rinde cuentas al personal de A y A sobre acción sindical en reivindicaciones de puestos. Serios cuestionamientos a ASTRAA

I. Desde hace alrededor de ocho meses, se conformó el Frente Sindical del A y A, con la participación de los sindicatos SIPAA, ASTRAA y ANEP. En todo este tiempo y en todo momento, la ANEP, como es nuestra filosofía, ha actuado con responsabilidad, honestidad, transparencia y solidaridad; y, sobre todo, guardando lealtad al Frente Sindical del A y A y, a lo más importante, las trabajadoras y los trabajadores de la institución.

II. Gracias al trabajo arduo y persistente del Frente Sindical del A y A, y a la planificación estratégica llevada adelante para lograr el cumplimiento de los acuerdos con relación a la aplicación del Estudio Integral de Puestos (derivación de la gloriosa e histórica Huelga General del A y A, del año 2005); ejercimos la presión necesaria tanto a lo interno de la institución, como también lo hicimos en aquellas entidades relacionadas. Actuando de tal manera, en varias ocasiones, se visitaron la Defensoría de los Habitantes de la República, la Autoridad Presupuestaria, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, entre otros entes.

De manera paralela, y como parte de tal planificación estratégica, siempre estuvo considerada la opción del paro y de la movilización, si no se cumplían nuestras exigencias de respeto pleno e implementación efectiva de los acuerdos atinentes al Estudio Integral de Puestos.

Fue así como se llegó a un acuerdo de convocar a paro para el día, ya pasado, 18 de setiembre; sin embargo, ante una maniobra patronal ejecutada por el señor Presidente Ejecutivo, Lic. Ricardo Sancho Chavarría, a propósito de la celebración de las fiestas patrias, nos vimos en la necesidad de un cambio de fecha, quedando previsto el día 24 de setiembre, como el día del paro y de la movilización.

III. Como resultado del trabajo del Frente Sindical del A y A se logró, en la primera etapa, la aprobación y pago del Estudio Integral de Puestos en las siguientes condiciones:
1- El pago correspondiente al percentil 35, aprobado por el Servicio Civil y la Autoridad Presupuestaria, se pagará, a más tardar, el 30 de setiembre. Este punto es un inobjetable logro sindical, debido a la incidencia de la ANEP en la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público; y, paralelamente, al trabajo de recolección de firmas realizado por el SIPAA, para impulsar y asegurar dicho pago.
2- En el caso de la fecha de vigencia del Estudio Integral de Puestos, se logró un consenso con la Presidencia Ejecutiva, de oficializarlo a partir del 1 de diciembre de 2008. Los documentos que legalizan la reubicación de puestos correspondiente a cada trabajadora y a cada trabajador, se entregarán en el mes de diciembre de 2008.
3- El pago correspondiente por concepto de las remuneraciones salariales del Estudio Integral, se cancelarán, en forma retroactiva, a más tardar en el mes de marzo de 2009.

IV. El 19 de setiembre, con oficio fechado el día anterior, día 18, el Presidente Ejecutivo, don Ricardo Sancho Chavarría, envía la nota PRE-2008-0856, en la cual hace alusión a la puesta en marcha del Estudio Integral de Puestos, en los términos negociador por el Frente Sindical de A y A, aunque él se arroga para sí todo el logro del esfuerzo.

Debemos aclarar que hasta el día de hoy, el señor Presidente Ejecutivo no ha querido firmar un documento que lo comprometa al cumplimiento de la serie de compromisos indicados con relación al Estudio Integral de Puestos.

Por otra parte, en las reuniones mencionadas en el supracitado oficio institucional, PRE-2008-0856, celebradas los días miércoles 17 y jueves 18 de setiembre, el sindicato ASTRAA estuvo ausente. Además, no es cierto que esas reuniones fueran con la finalidad de “_comunicar_” al Frente Sindical de A y A, la “_exitosa_” gestión del señor Presidente Ejecutivo. Todo lo contrario, fueran sesiones de intenso debate y ardua negociación para lograr las mejores condiciones posibles en la implementación del Estudio Integral de Puestos.

V. Es el deber de la ANEP denunciar que desde hace alrededor de veintidós días, el sindicato ASTRAA no ha estado presente en el proceso de negociación y de trabajo, pese a que en todo momento han tenido la comunicación oficial del Frente Sindical de A y A de cada una de las actividades llevadas a cabo.

Más aún, en la reunión convocada por el Presidente Ejecutivo y celebrada en el auditorio de la sede central, en Pavas, con todo el personal presente y en la cual se anunció la aprobación del Manuel de Puestos, el representante de ASTRAA se deshizo en halagos a favor del citado jerarca y otros funcionarios de alto nivel.

Fuentes confidenciales nos han indicado que ASTRAA decidió abandonar el Frente Sindical de A y A, sin tener la más mínima cortesía de advertirlo, a raíz de presuntas reuniones secretas con la Presidencia Ejecutiva, cuyos alcances desconocemos. Lo que sí está claro fue que en la mañana del día jueves 18, ambas instancias, Presidencia Ejecutiva y ASTRAA, se reunieron; y por la tarde, ante SIPAA y ante ANEP, se alegó la “_ausencia_” de ASTRAA para no firmarse ningún documento de compromiso para la implementación del Estudio Integral de Puestos.

VI. En comunicación verbal efectuada el día18 de setiembre, el señor Wálter Navarro, de ASTRAA, le indicó a representantes de ANEP y de SIPAA, su desacuerdo en cuanto a convocar a un paro de labores para el día 24 de setiembre. Luego, fue el mismo señor Presidente Ejecutivo quien nos indicó que ese parecer del señor Navarro, también le fue comunicado por él mismo.

VII. Todo este panorama nos lleva a la ANEP a plantear lo siguiente:
A) La implementación del Estudio Integral de Puestos es un logro sindical inobjetable. ANEP y SIPAA han actuado con gran responsabilidad, acreditada transparencia y total consecuencia con los intereses laborales de personal de A y A. Nada nos han regalado ni el Gobierno ni don Ricardo Sancho. El Estudio Integral de Puestos es una derivación estratégica de la gloriosa e histórica Huelga General de A y A. Por razones obvias, el distinguido señor Presidente Ejecutivo no estaba en la institución. Nosotros sí y vivimos 36 días de intensa lucha que ahora, como uno de sus frutos, nos da el Estudio Integral de Puestos.
B) Evidentemente, la “_huída_” de ASTRAA debilitó al Frente Sindical de A y A. “Divide y vencerás” sigue siendo una realidad. Si hubiésemos llegado en unidad total hasta el final del proceso, hubiese habido un mejor acuerdo con relación al Estudio Integral de Puestos.
C) Por el momento, se suspende el paro programado para el 24 de setiembre.
D) ANEP se reserva su derecho de formular, promover, impulsar y desarrollar las medidas de presión necesarias a fin de que la Presidencia Ejecutiva del A y A, honre con sus firma sus promesas de cumplimiento de fechas.

San José, 22 de setiembre de 2008.

Compra de vehículos caros en el IDA: Seccional ANEP cuestiona.

San José 18 de setiembre del 2008
SANEP-062-2008

DE: SECCIONAL ANEP

A: TODOS LOS TRABAJADORES

ASUNTO: VEHICULOS NUEVOS PARA PRESIDENCIA EJECUTIVA Y GERENCIA GENERAL

Mientras se habla de crisis alimentaria, de alto precio de los combustibles, de escasez de personal y de vehículos para realizar las labores de campo, la administración del IDA se da el lujo de comprar dos vehículos con un precio superior a los treinta millones de colones para ser usados por el Presidente Ejecutivo y por la Gerencia General. definitivamente esas cosas no se pueden callar.

Es doloroso que en las actuales circunstancias, en vez de dotar a las oficinas regionales y a las oficinas centrales de unidades debidamente equipadas para realizar las labores de campo, los recursos se destinen a comprar vehículos de lujo para las altas jerarquías de la institución, poniendo en riesgo nuevamente la imagen institucional y abriendo un nuevo flanco para la critica, nadie entiende como se olvidan que los ojos de la opinión pública están puestos sobre nuestra institución.

Nuestra organización no puede guardar silencio ante esta nueva barbaridad y va a ser la primera en pegar el grito al cielo para denunciar lo que esta pasando en el IDA, no podemos seguir aceptando que estas cosas sucedan a vista y paciencia de todos nosotros.

Con los recursos que se están gastando en la compra de esos vehículos se hubiese atendido las necesidades de una cantidad de agricultores muy similar a la que se beneficio con la primera etapa del programa de granos básicos, hay que recordar que en esa oportunidad se gastaron ochenta millones, cantidad muy cercana a la que se esta gastando en la compra de esas unidades.

Si la compra se concreta como parece ser, la administración va atener la difícil responsabilidad de explicar a la opinión pública y a los trabajadores del IDA, las razones por las cuales se compraron vehículos nuevos cuando hay tantas otras necesidades que cubrir en la institución.

Atentamente

Walter Quesada Fernández
Presidente
Seccional ANEP-IDA

Servicios médicos penitenciarios: Controversia con la cartera de Justicia y Gracia

San José, 16 de setiembre de 2008.
S.G. 07-09-0742-08

Licenciado
Fernando Ferraro Castro
Viceministro
Ministerio de Justicia y Gracia
Su Despacho

Estimado señor Viceministro:

Con el respeto de siempre, le expresamos nuestro atento y respetuoso saludo.

Como parte del temario de una agenda de diálogo y de negociación sobre diversos tópicos del quehacer laboral-institucional en el Sistema Penitenciario Nacional, que se empezara a abordar la semana anterior en el ámbito de situaciones inherentes a la Policía Penitenciaria; nos parece oportuno en oportunidad de la fecha y con relación al asunto de los servicios médicos destinados a la atención de la población privada de libertad en los diferentes centros de atención institucional; la conveniencia de un abordaje, cara a cara, con el personal responsable de tales servicios, habida cuenta de la controversia generada por decisiones adoptadas por su despacho recientemente.

La ANEP estima, en consecuencia y que de darse un proceso como el indicado, las interrogantes siguientes deben ser respondidas, bajo el concepto de una total transparencia que nos permitiera iniciar un diálogo fructífero y, eventualmente, la generación de acuerdos de alta satisfacción para las partes involucradas, en aras del objetivo central compartido: la mejor calidad de atención en salud para las personas privadas de libertad.

Estas preguntas se elaboraron con base en un proceso de consulta sostenido durante las últimas semanas, a raíz de diversas solicitudes de intervención en el punto, llegadas a la ANEP, de lo cual su despacho ya tiene conocimiento. Dichas interrogantes específicamente son:

1. ¿Por qué un Ministerio de Justicia se da el lujo de tener un asesor profesional en Medicina?

2. ¿Cómo justifica que en el Ministerio de Justicia existen dos jefaturas para los servicios de salud, descuidándose con ello la atención a la salud de la población privada de libertad?

3. ¿Cómo justifica que ya se ajusta casi un año de que la población privada de libertad del CAI El Buen Pastor no cuenta con atención génico-obstétrica, contando la institución con un especialista en ginecología que esta siendo subutilizado en las oficinas centrales del Ministerio, laborando a tiempo completo con un promedio de consulta mensual de 17 consultas, con un costo promedio de 84.000.00 por consulta (ni en los hospitales privados)?

4. ¿Cómo explica usted que si el Ministerio de Justicia cuenta con un médico especialista en Ginecología, contratado para la atención de la población femenina privada de libertad, que a esta población desde el mes de febrero del 2008 no se le realizan Papanicolau, lo cual contraviene las políticas que en Salud Pública establecidas en la Ley General de Salud. Nos preguntamos entonces en que situación se encuentra el programa del control de cáncer de mama y de cáncer cérvico-uterino?

5. ¿Por qué en el CAI San José no se le da consulta a la población privada de libertad ni en Infectología, ni en Psiquiatría, si la institución cuenta con profesionales en ambas especialidades?

6. ¿Cómo justifica usted que eliminan el servicio de atención médica a los y las funcionarios, que había sido dado en la modalidad de medicina de empresa en las oficinas centrales del Ministerio desde el año 1991, lo que desestimula al personal y además les ocasiona perjuicio al no contar con la atención médica oportuna?

7. ¿Cómo explica usted que desde el mes de diciembre del 2007, creó usted un programa pro mejoramiento de los servicios de salud y ya a casi un año plazo existe alta evidencia del deterioro de estos servicios?

8. ¿A qué directriz técnica obedece que una profesional en medicina con plaza de G-3, ex-Directora de la Clínica del CAI “La Reforma”, se encuentra adscrita a la Subdirección General de Adaptación Social, sin tener en la actualidad ni funciones ni ubicación laboral definida, lo cual es disonante con la carencia del recurso humano profesional en medicina tan valioso que tiene el Ministerio?

9. ¿Cuáles son los parámetros que utiliza el Departamento de Procedimientos Administrativos de la Dirección Jurídica para determinar la celeridad con que se inician las investigaciones hechas por el personal por Acoso Laboral?

10. ¿Cómo explica usted que si la institución carece de una oferta de capacitación para profesionales especializados como los de Odontología, se le niegue la posibilidad de asistir al Coordinador de Odontología a una pasantía en el Hospital de Alajuela, cuando no es válida la justificación a esto al llamarle no “odontólogo operativo” cuando se le instruye para que cubra vacaciones de otros profesionales en esta materia?

11. ¿A que obedece la improvisación de los simulacros de secuestros hechos en los centros penales, que han expuesto a riesgo físico y mental al personal, conllevándole hasta incapacidades médicas por Psiquiatría?

12. ¿A que obedece el hecho de que los personeros de su Despacho trasladen plazas de médicos de un centro penal a otro, sin consultar el criterio técnico de la Jefatura Nacional de Servicios de Salud?

Como verá, señor Viceministro, es necesario un diálogo completamente abierto entre su despacho y su personal de confianza en esto de la salud de los servicios médicos penitenciarios; y el personal que los ha atendido tradicionalmente. Esperamos que se convoque un espacio en cuanto tal.

Respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

C.c.
Lic. Reynaldo Villalobos Zúñiga, Director General de Adaptación Social, a.í.
Personal Médico Penitenciario.
Personal de Adaptación Social.
Junta Directiva Nacional de ANEP.
Junta Directiva Seccional ANEP-Policía Penitenciaria.
Archivo.

Nombramientos a plazo fijo en Municipalidad de Curridabat: ANEP pide normalización de relación laboral

San José, 18 de setiembre de 2008.
S.G. 07-09-0777-08

Honorables señores y señoras
Concejo de Curridabat

Licenciado
Edgar Mora Altamarino
Alcalde Municipal

Municipalidad de Curridabat

Estimados señores y estimadas señoras:

A nombre de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y de la Seccional ANEP-Municipalidad de Curridabat, les expresamos el más atento y respetuoso saludo.

Nos hemos enterado de que en el presupuesto institucional previsto para el año entrante 2009, se ha decidido proponer la formalización plena de la relación laboral con una importante cantidad de servidores municipales que bajo la relación de contrato de plazo fijo, prestan sus servicios a la comunidad de Curridabat, en una sucesión de vencimientos y prórrogas que, indudablemente, tipifican una política de violación al derecho laboral consagrado en nuestro Código de Trabajo y en la misma Constitución Política.

Efectivamente, esas contrataciones de prórroga permanente constituyen, en la práctica, relaciones laborales disfrazadas que burlan, aunque sin mala fe, las obligaciones patronales para con la Seguridad Social costarricense, lo cual amerita correctivos estratégicos como los que se están proponiendo para, de una vez por todas, formalizar, a tono con la ley, esas contrataciones convirtiéndolas en relaciones laborales de plazo indefinido, como indefinido ha sido el carácter de su necesidad para la Municipalidad de Curridabat, por las sucesivas prórrogas en los nombramientos de plazo fijo que hasta la fecha se han venido dando.

La ANEP saluda tan loable iniciativa y felicita a sus propulsores, motivo por el cual, muy respetuosamente, instamos al Honorable Concejo de Curridabat a darle su aprobación a una iniciativa triplemente beneficiosa:

1) La comunidad de asegura la continuidad de un servicio municipal que a través de cada servidor en tales condiciones, se ha venido brindando;
2) a partir de esta necesidad comunal, la Municipalidad de Curridabat honra con cada servidor beneficiado, el sagrado principio constitucional de derecho al trabajo; y
3) la conversión de esas plazas a un estatus de fijas, fortalece el régimen de Seguridad Social del cual estamos orgullosos los y las costarricenses, como una sólida garantía de paz social.

La ANEP está convencida de que, dada la seriedad y la responsabilidad con que se despliegan las acciones ejecutivas y administrativas en la Municipalidad de Curridabat, así como el noble interés que anima a cada uno y a cada una de las honorables personas integrantes del Concejo de Curridabat; en la propuesta comentada no hay intereses subterráneos ni favoritismos de ninguna especie, tan sólo el interés de elevar la calidad, la eficiencia y la eficacia del servicio municipal que se le da a la ciudadanía de Curridabat. La ANEP jamás podría apoyar una iniciativa de este calibre si tuviéramos la menor noción de otras motivaciones a la apuntada.

Con la mayor consideración, no sin antes agradecerles la valiosa atención que sus dignas autoridades le brinden a esta manifestación,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Jorge Madrigal Rodríguez
Presidente Junta Directiva
Seccional ANEP-Municipalidad de Curridabat

C.c.
Junta Directiva Nacional de ANEP.
Junta Directiva Seccional ANEP-Municipalidad de Curridabat.
Personal de la Municipalidad de Curridabat.
Archivo.