Categoría: Acción Sindical

Los empleados públicos y las empleadas públicas no tienen noción de cuánto será el monto de su reajuste salarial, valedero para este segundo semestre del presente año. A siete días de iniciado el mismo, no hay ninguna señal de parte del Gobierno acerca de una eventual negociación con las principales agrupaciones laborales representativas del Sector Público.

El costo de la vida sigue en su aplastante carrera ascendente que pulveriza los bolsillos de la clase trabajadora. Veamos algunos datos, generados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Se terminó el semestre anterior con un Índice de Precios al Consumidor, de 6.55 %; cifra mucho mayor que la generada en igual período del año pasado, cuando fue de 4.65 %. Además, la variación interanual, julio 2007 a junio 2008, fue de 12.82 %; 4.07 % mayor de la que hubo en el año precedente, cuando fue de 8.75 %.

La situación es más dramática si hablamos del rubro de los alimentos y de las bebidas no alcohólicas, pues su crecimiento es mucho más veloz, es el doble de la inflación. Efectivamente, julio 2007 a junio 2008, la canasta básica alimentaria creció en un escandaloso 23.61 %.

El Gobierno de la República debe convocar cuanto antes a la Comisión de Política Salarial del Sector Público y discutir con los sindicatos representativos, no solamente el monto del reajuste salarial del segundo semestre, sino una serie de aspectos colaterales integrados en una propuesta más global, presentada a nombre de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP).

San José, 7 de julio de 2008.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

San José, 3 julio del 2008.
S.G. 07-09-0598-08

Licenciada
Ana Lorena Brenes Carvajal
Procuradora General
Procuraduría General de la República
Su despacho

Estimada señora:

Reciba un respetuoso saludo de parte de nuestra organización sindical.

La ANEP ha sido siempre enfática defensora del Estado de Derecho que cobija a nuestro país, y lo demostramos constantemente dentro de este proceso histórico de enfrentamiento al modelo neoliberal que ha venido impulsando, de manera sistemática, una campaña permanente de desmantelamiento de la institucionalidad del Estado costarricense, un estado social que todos conocemos y que nos ha permitido desarrollarnos de manera distinta al resto de países latinoamericanos, en la mayoría de los cuales la polarización social es extrema.

Hemos combatido y así lo seguiremos haciendo, la corrupción solapada y abierta que se da dentro de nuestro Estado, mal que ha carcomido y ha causado mucho daño a nuestra institucionalidad.

Nos opusimos, férreamente, a la concesión de la actividad portuaria en Puerto Caldera que, finalmente, fue entregada a las empresas Sociedad Portuaria de Caldera S. A, y Sociedad de Caldera S. A.; pero el Instituto Costarricense de Puertos del Pacifico (INCOP), sigue siendo el ente rector e inmediato de la fiscalización de dicha concesión.

Se van a cumplir dos años de que la actividad portuaria en Puerto Caldera está en manos privadas, propiamente el día 11 de agosto de este año.

Nuestra preocupación radica en el hecho del incumplimiento de la naturaleza jurídica de su representada, propiamente en lo señalado en su ley orgánica, por las siguientes razones:

1-) Antes de la fecha del traspaso a manos privadas de la concesión señalada, el Ing. Urías Ugalde Varela, mediante oficio GGC-001264-2006, de fecha 10 de mayo y recibido por su despacho el día 15 del mismo, en su calidad de GERENTE GENERAL DEL INCOP, consultó si ante la liquidación de las personas trabajadoras del instituto señalado, podían estas ser recontratadas por alguna institución estatal.

Su despacho emite dictamen vinculante C-317-2006, de fecha 9 agosto del 2006, indicando que aquellos que fuesen liquidados del INCOP, debían estar fuera de la administración pública un tiempo igual a los años reconocidos por concepto de pago de prestaciones, de acuerdo a la Convención Colectiva de Trabajo, que establecía un tope de 13 meses; y en caso de volver a ingresar a laborar para el Estado, deberían devolver el pago de las prestaciones e indemnización.

A pesar del dictamen señalado, que es de acatamiento obligatorio para la Administración Superior de INCOP; esta institución liquidó el 11 de agosto de 2006, a más de 961 personas trabajadoras, con el pago de sus respectivas prestaciones sociales e indemnización en dólares, por un monto global que ascendió a mas de 20 millones de dólares, pero inmediatamente contrató a un grupo aproximado de 60 personas trabajadoras que laboraban y siguieron laborando apartir del 12 de agosto del 2006.

2-) No contentos con el dictamen C-317-2006 e incumpliendo con el mismo, el Lic. Franklin Stevanovich Castro, Auditor General del INCOP, consultó nuevamente a su despacho mediante oficio AG-277-2007, del 17 de agosto del 2007, un año después del dictamen C-317-2006, sobre la misma situación mencionada, y su despacho mediante dictamen 350- del 02 de octubre del 2007, más esclarecedor y contundente, sostiene la posición ya bastante dictaminada.

Ha sido clara la violación por parte de las autoridades administrativas del INCOP, a los dictámenes señalados, pero lo mas grave que consideramos nosotros como organización seria y responsable es que, nuevamente, mediante oficio PESJU-535-2007, de fecha 11 de octubre del pasado año, el Ing. Urías Ugalde Varela, ahora Presidente Ejecutivo de INCOP, realizando un evidente uso abusivo de una potestad que la ley le otorga, ha insistido en una nueva consulta recibida por su despacho el mismo día de emisión del oficio mencionado.

Tenemos conocimiento de que a la fecha su despacho no ha resuelto. Es por eso que consideramos oportuno, con el respeto que nos merece la Procuraduría General de la República, manifestarle que a nuestro juicio, la recontratación de personas liquidadas por el INCOP, por esta misma institución un día después de que recibieron millones de colones por concepto de prestaciones legales e indemnización por desarraigo, atenta contra nuestro ordenamiento jurídico; razón por la que no existen elementos para que la Procuraduría cambie el criterio sostenido en dos dictámenes anteriores.

De conformidad con los artículos 27 de la Constitución Política y 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, solicitamos que no se aplace más la resolución de esta última consulta y por seguridad jurídica, precluya esta discusión.

Con consideración y respeto,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Douglas Carrillo Azofeifa
Directivo Nacional de ANEP

C.c.
Señores y señoras Jefes de Fracción Parlamentaria, Asamblea Legislativa.
Lic. Rodrigo Arias Sánchez, Ministro de la Presidencia.
Licda. Rocío Aguilar Montoya, Contralora General de la República.
Dra. Lisbeth Quesada Tristán, Defensora de los Habitantes de la República.
Lic. Francisco D’Anallese Ruiz, Fiscal General de la República.
Señores Junta Directiva INCOP.
Ing. Urías Ugalde Varela, Presidente Ejecutivo INCOP.
Lic. Witman Cruz Méndez, Gerente General INCOP.
Lic. Ricardo Vargas Vásquez, Procuraduría General de La Republica.
Medios de comunicación colectiva.
Archivo.

San José, 1 de julio del 2008.

S.G. 07-09-0588-08

Señores y señoras
Honorable Junta Directiva
Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP)
Su Despacho

Estimados señores:
Estimadas señoras:

Con el mayor respeto para sus dignas autoridades, les expresamos nuestro atento saludo.

El 18 de diciembre del año 2006 la Administración del INFOCOOP presentó ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) el texto borrador de Convención Colectiva tal y como lo señala el artículo 8 del Reglamento para la negociación de convenciones colectivas en el sector público.

18 meses han transcurrido y aun el documento de Convención Colectiva no se dictamina. Por consiguiente, hemos optado por someter a su respetable consideración la siguiente propuesta:

CONSIDERANDO QUE:

1.El artículo 27 de la Constitución Política “garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante cualquier funcionario público o entidad oficial, y *+el derecho a obtener pronta resolución+*”. (Subrayado nuestro).

2.Los artículos 6 y 7 de la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos señalan:
Artículo 6º—Plazo y calificación únicos. Dentro del plazo legal o reglamentario dado, la entidad, órgano o funcionario deberá resolver el trámite, verificar la información presentada por el administrado y podrá prevenirle, por una única vez y por escrito, que complete requisitos omitidos en la solicitud o el trámite o que aclare información.
Artículo 7º—Procedimiento para aplicar el silencio positivo. Cuando se trate de solicitudes para el otorgamiento de permisos, licencias o autorizaciones, vencido el plazo de resolución otorgado por el ordenamiento jurídico a la Administración, sin que esta se haya pronunciado, se tendrán por aprobadas.

*3.*Los artículos 330 y 331 de la Ley General de Administración Pública establecen:

Artículo 330º — 1. El silencio de la Administración se entenderá como positivo cuando así se establezca expresamente o cuando se trate de autorizaciones o aprobaciones que deban acordarse en el ejercicio de funciones de fiscalización y tutela.
2. También se entenderá como positivo el silencio cuando se trate de solicitudes de permisos, licencias y autorizaciones.

Artículo 331º — 1. El plazo para que surja el silencio positivo será de un mes, a partir de que el órgano reciba la solicitud de aprobación, autorización o licencia con los requisitos legales. (Subrayado nuestro).

4.El inciso b) del artículo 13 del Reglamento para la negociación de convenciones colectivas en el sector público le confiere un plazo de un mes a la Comisión de políticas para la negociación de convenciones colectivas en el sector público, a efectos de definir las políticas de negociación. (Subrayado nuestro).

POR TANTO:
A la luz de la normativa vigente y considerando que ha transcurrido año y medio sin que la comisión de políticas para la negociación de convenciones colectivas en el Sector Público se pronuncie con respecto al texto borrador de Convención Colectiva presentado por el INFOCOOP, se infiere que dicha instancia ha incurrido en silencio positivo, por lo cual instamos a la Administración del INFOCOOP para que, en el marco del Reglamento supracitado, inicie junto con ANEP las negociaciones formales en procura de dictaminar, a la mayor brevedad posible, el nuevo texto de Convención.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Gustavo Fernández Quesada
Presidente Comité Seccional ANEP-INFOCOOP

C.c.
Lic. Francisco Morales, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
Junta Directiva Nacional de ANEP.
Junta Directiva Comité Seccional ANEP-INFOCOOP. funcionarios@infocoop.go.cr

Entrevista con Gilberto Bell Arrieta, Presidente Seccional ANEP-Correos

San José, 2 de julio de 2008.
S.G. 07-09-590-08
¡URGENTE!

Master
Álvaro Coghi Gómez
Gerente General
Correos de Costa Rica S. A.
Su Despacho

Estimado señor:

Reciba de parte de esta organización y de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Correos de Costa Rica S. A., un atento y respetuoso saludo. A la vez, estamos solicitando, con urgencia, sostener una reunión con su autoridad para tratar la siguiente temática:

1- ¿Cuándo se hará efectivo el aumento del 6.58 %, definido como reajuste para el segundo semestre de presente año, por parte del Consejo Nacional de Salarios (CNS), para ser aplicado en el Sector Privado; y, a la vez, el correspondiente a la clase de Trabajadores Calificados y Trabajadores No Calificados; teniendo presente, además, que es posición de esa honorable Gerencia General, representada por su persona, el interés de mejoras de los salarios del personal de la empresa que, por demás, son bastante bajos y que están sufriendo una pérdida acelerada en su poder adquisitivo. La clase trabajadora costarricense y, en general, los sectores más pobres de nuestra sociedad, enfrentan, en estos momentos, uno de los períodos más duros en cuanto al costo de la vida.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la variación de los primeros cinco meses de este año 2008 (enero a mayo), del Índice de Precios al Consumidor (IPC), fue de 5.08 ; mayor que la variación de este mismo período del anterior año 2007, cuando fue del orden del 4.06. Acaba de terminar el mes de junio y es de esperar que el costo de la vida supere la barrera del 6 % en este primer semestre, acercándose al término del 2008, a cifras cercanas o superiores al 12 %. Sin duda alguna, estamos enfrentando un período de alta inflación, como no se había visto en años.

Pero, lamentablemente, la situación es todavía más grave pues el alza en los alimentos básicos es mucho más dramática de lo que suponíamos. Entre mayo del 2007 y mayo del 2008, la canasta básica alimentaria aumentó en un 23 %, es decir, el doble de la inflación general del país en esos mismos doce meses, que fue de un 11.90 %.

2- Con urgencia se requiere la renegociación de la Convención Colectiva de Trabajo (CCT) para equiparar, especialmente, el trabajo de la Junta de Relaciones Laborales. Actualmente la parte sindical está en desventaja clara, y necesitamos la incorporación de normas para tratar los diferentes acosos: sexual, laboral y psicológico que sabemos que se están padeciendo algunas trabajadoras y algunos trabajadores en Correos

3- Falta de presupuesto para la sustitución de vacaciones y en los puestos de Auxiliar Postal y Carteros, provocando alteraciones en los diferentes procesos.

*4-*Desde hace ya cierto tiempo el almacén de suministros de la empresa carece de diverso material. Ejemplos: marcadores, liga, tintas y enceres de limpieza (ceras, cloro, jabón, etc.).

5- Finalmente, desde el pasado 21 de mayo se recibió en su despacho, petición nuestra para conocer el estado financiero de la empresa, sin que hasta la fecha tengamos respuesta; petición que, entre otras, iba aunada a una para tener acceso a la comunicación electrónica con el personal, con base en sentencia constitucional No. 7163-08.

Dadas las últimas ocupaciones de esa honorable Gerencia General, así como las que desempeña la ANEP, es que agradecemos desde ya, la cortesía en que podamos establecer la coordinación necesaria de la audiencia aquí pedida.

Reiterándole nuestra mayor consideración y respeto,

Gilberto Bell Arrieta
Presidente Seccional ANEP-Correos de Costa Rica S. A.

Claudio Sánchez González
Vicepresidente
Junta Directiva Seccional ANEP-Correos de Costa Rica S. A.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

C.c.
Junta Directiva Nacional ANEP.
Junta Directiva Seccional ANEP-Correos de Costa Rica S. A.
Trabajadores y trabajadoras Correos de Costa Rica.
Archivo.

Original para leer e imprimir en ARCHIVOS ADJUNTOS

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DIARIO EXTRA. Lunes 30 de junio de 2008
Campo pagado

BASTA YA DE CALUMNIAR A LOS TRABAJADORES Y LAS TRABAJADORAS DE JAPDEVA
DIGAN LA VERDAD

Desde hace mucho tiempo; pero con mayor énfasis y encono en los últimos 2 años, algunos politiquillos de turno, representando intereses económicos propios y bien definidos, le vienen mintiendo al país sobre las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras de JAPDEVA, el Sindicato y la institución misma. Para esto se valen de sus instrumentos mal llamados “medios de información” y de seudo intelectuales que se auto-definen como creadores de opinión pública. Su odio hacia los limonenses y la clase trabajadora los hace rayar en lo absurdo y perder todo sentido de realidad. Ya no solo irrespetan a los ciudadanos y ciudadanas que consumen sus despropósitos, sino que se irrespetan a sí mismos. Unos bateando, opinando sobre temas que no conocen y sin la decencia para investigarlos. Otros – los peor- teniendo la información, tergiversándola y mintiendo descaradamente.

Veamos un par de VERDADES QUE QUIEREN OCULTAR.

1. JAPDEVA. Es una institución autónoma creada hace 45 años con dos misiones trascendentales: construir, administrar, conservar y operar los puertos estatales actuales y futuros de la Vertiente Atlántica y; promover el desarrollo socio-económico integral, rápido y eficiente de la Vertiente Atlántica. Es la única institución netamente limonense. Es estratégica para el desarrollo de Costa Rica, ya que es factor determinante de la economía, el comercio y el desarrollo sociocultural del país y de Limón.

No obstante que el equipo portuario y el personal actuales son insuficientes, JAPDEVA presenta una situación financiera y presupuestaria estable. Es autosuficiente y muy rentable. Todos sus gastos e inversiones y los aportes al desarrollo se financian con recursos propios de la institución, generados en la actividad portuaria. No recibe ni un cinco de ningún impuesto, ni del Presupuesto Nacional, ni dineros de ningún político de turno. JAPDEVA genera sus propios recursos.

En lo que se refiere a la OPERACIÓN PORTUARIA somos un puerto muy eficiente. Los puertos de Limón y Moín operamos y siempre hemos operado las 24 horas del día, manejamos más del 80% de las importaciones y exportaciones de Costa Rica, ocupamos el lugar número 10 en el ranking de actividad portuaria por puerto de América Latina y El Caribe – entre 287 puertos- y somos el principal puerto de Centroamérica (sin Panamá). Los altos índices de productividad, eficiencia y las posiciones y reconoci­mientos en el ranking internacional no son regalados, se lograron con el rendimiento y dedicación de los trabajadores que laboran 24 horas en la actividad portuaria.

En lo que se refiere a la OPERACIÓN PORTUARIA somos un puerto muy eficiente. Los puertos de Limón y Moín operamos y siempre hemos operado las 24 horas del día, manejamos más del 80% de las importaciones y exportaciones de Costa Rica, ocupa­mos el lugar número 10 en el ranking de actividad portuaria por puerto de América Latina y El Caribe – entre 287 puertos- y somos el principal puerto de Centroamérica (sin Panamá). Los altos índices de productividad, eficiencia y las posiciones y reconoci­mientos en el ranking internacional no son regalados, se lograron con el rendimiento y dedicación de los trabajadores que laboran 24 horas en la actividad portuaria.

En lo que se refiere al DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO y a pesar de todos los obs­táculos y las amarras administrativas que se le han impuesto; JAPDEVA presenta, resul­tados y logros que no tiene ninguna otra institución pública o privada. Genera mas de 1800 Empleos Directos y más de 10000 Indirectos; Construye y da Mantenimiento a Caminos, Puentes, Escuelas, Salones Comunales, Centros Deportivos, Centros de Salud, Alcantarillados, Canales, Diques, Centros de Nutrición; Otorga Becas de Educación a los limonenses aunque no tengan vínculos con la institución; Brinda Asistencia Técnica; Asesora y Financia Pequeños Agricultores, Pequeños Empresarios y Artesanos; Promueve, Diversifica e Incentiva el Turismo Sostenible; Coordina y Facilita Acciones en Organización, Capacitación, Promoción y Gestión; Transfiere Recursos a otras instituciones. Promueve, apoya, da soporte, financia y facilita el desarrollo integral de la provincia. Coadyuva con aportes técnicos, financieros y logísticos a los esfuerzos y las gestiones institucionales, comunales, empresariales y municipales en pro del desarro­llo. Da apoyo logístico y financiero a otras instituciones públicas. Por ejemplo: en las elec­ciones nacionales el Tribunal Supremo de Elecciones usa vehículos y funcionarios de la institución para su trabajo fuera de Limón; la Comisión Nacional de Emergencias utiliza maquinaria, equipo y personal de la institución para atender las emergencias que se pre­sentan en la región Caribe. Las municipalidades reciben recursos directos. Instituciones como el MOPT o el Ministerio de Educación, solo para mencionar dos, alivianan su res­ponsabilidad gracias a que JAPDEVA construye caminos y escuelas. Solo en el año 2007 se aportó a la provincia de Limón; 14 mi! millones de colones en salarios que benefi­cian directamente a todo el comercio y la economía de Limón; más de 4 mil millones de colones en obras de Desarrollo, se transfirió directamente a las municipalidades más de 700 millones de colones, y la mayoría de la compra de bienes y servicios que realiza la institución se hace al comercio y empresas locales. Y un largo Etcétera, Etcétera. Para el 2008 se tiene previsto recursos superiores a los del año pasado. No hay rincón en la Provincia de Limón donde no haya presencia institucional, incluso más allá, en otros can­tones que no son de Limón.

JAPDEVA genera al año más de 40 mil millones de colones (unos US$80 millones) que se invierten en el Desarrollo de Limón, de los que ningún habitante de este país debe pagar absolutamente nada. Esto no se divulga, pero se viene cacareando el Proyecto Limón Ciudad-Puerto que es un Préstamo del Banco Mundial por $72,5 millones de dóla­res que todos los costarricenses tendremos que pagar y que además es una suma infe­rior a lo que genera JAPDEVA en un año. En el tema del desarrollo socioeconómico tam­bién somos eficientes.

¿En qué se fundamenta el Gobierno y los bateadores que repiten como loras que somos ineficientes?

2. EL CAOS OPERATIVO ACTUAL y LAS HORAS EXTRAS. Los trabajadores de JAPDEVA no estamos en huelga. A nadie se le ha regalado dinero por extras no trabaja­das.

En estos momentos se está presentando en los puertos de Limón y Moín un caos sin precedentes. Pero no porque los trabajadores portuarios estemos en huelga o ejercien­do alguna medida de presión, ni por irresponsables o ineficientes. La situación actual es el resultado de la negligencia, irresponsabilidad, ineficiencia, impericia e incapacidad de un sector administrativo con poder de decisión y de la mala gestión administrativa a nivel gerencial y de altas jerarquías; quienes en los últimos 20 años, han tomado decisiones absolutamente desacertadas e ilegales. No solo en contra de los trabajadores, sino de la propia Institución y del país. Estos altos funcionarios, desde la Presidencia Ejecutiva hasta la propia Junta Directiva han llegado a la institución por nombramientos político-partidarios con un desconocimiento total del tema Portuario y de la labor social de Desarrollo.

¿Sabía Ud. ciudadano que los puertos de Limón siempre han operado las 24 horas del día? ¿Sabía que los salarios de JAPDEVA son salarios del sector público catalogados como los más bajos del país y de la región Centroamericana y del Caribe para activida­des similares, según estudios de mercado salarial?

Los trabajadores y trabajadoras de JAPDEVA, trabajamos digna y honradamente para que los puertos de Moín y Limón operen las 24 horas del día. Durante años la realidad ha sido que no ha habido personal suficiente para cubrir las distintas jornadas de las 24, horas de operación. Entonces los “sabios” que han dirigido la institución en vez de con­tratar el personal faltante optaron, por cubrir los distintos turnos con la misma can­tidad de personal mandando a los trabajadores a laborar tiempo extraordinario. Para lograr esa operación y cubrir las 24 horas se aplicaron jornadas laborales ilega­les, inhumanas, desgastantes y excesivas. Los trabajadores portuarios operativos, luego de terminar su jornada ordinaria debieron quedarse en los muelles por 18 y hasta 24 horas adicionales a las ordinarias ya laboradas. El recurrir a tiempo extraordina­rio es una facultad del patrono no del trabajador. Es decir, es el patrono el que tiene el poder de ordenarles a los trabajadores que se queden trabajando tiempo adicional, no es el trabajador el que decide si se debe trabajar tiempo extra. Por supuesto que esa facultad se acompaña del deber de pagar un monto adicional. ¿Quién va a trabajar de gratis? Hemos cumplido laborando jornadas excesivas porque tenemos la obligación de obedecer las instrucciones del patrono y porque con ese exceso de trabajo ajustamos los malos salarios que existen en la actualidad.

Como esta mala práctica promovida y ordenada por la Administración Superior se pro­longó por muchísimos años; los ingresos adicionales producto del trabajo adicional se convirtieron en parte de los derechos salariales de los trabajadores. De allí que la Sala Constitucional mediante sentencia ordenara que al suspenderse el trabajo extraordi­nario permanente debe pagarse una “liquidación parcial de cesantía”. Los dineros recientemente pagados a los trabajadores de JAPDEVA son la liquidación o “pres­taciones” de las extras que trabajó durante años. De modo que a nadie le han rega­lado nada.

Una parte del caos actual se genera porque se le ha prohibido a la institución continuar con esa ilegal práctica promovida por ella no por los trabajadores, de obligar a jorna­das extraordinarias permanentes. Al aplicarse la medida y no haber personal suficiente obviamente queda un tumo sin cubrirse por falta de personal. No es cierto que los puertos estén paralizados por 18 horas. Hay un turno de 6 i.oras en el que se están presentando problemas por la falta de personal.

Los trabajadores de JAPDEVA no estamos en huelga. Al contrario, estamos actuando en obediencia a las órdenes del patrono. Incluso hemos actuado de buena fe operando los muelles en turnos que de acuerdo a las directrices administrativas no cuentan con perso­na!, corriéndose eí riesgo de que ese trabajo adicional no sea pagado a los trabajadores que lo han realizado. Esta responsable actuación de los trabajadores ha sido con el pro­pósito de que los barcos puedan cargar y descargar su mercadería y que de esta forma no se perjudique la economía nacional ni los usuarios.

La crisis actual se soluciona contratando más personal. Denunciamos que el Gobierno de la República no tiene interés en solucionarla porque está usándola como pretexto para regalar JAPDEVA a manos privadas y así justificar su dogma de la concesión; sin impor­tarle el daño que está provocando a los trabajadores, el pueblo, los empresarios y la eco­nomía nacional.

NO SE PUEDE TAPAR EL SOL CON UN DEDO.
LA REALIDAD SE IMPONE. SINDICATO DE TRABAJADORES DE JAPDEVA SINTRAJAP

Firma responsable Ronaldo Valentín Blear Blear Céd 7-0077-0288

San José, 3 de junio de 2008.
S.G. 07-09-0537-08
¡URGENTE!

CARTA ABIERTA

Señora
Janina Del Vecchio Ugalde
Ministra
Ministerio de Seguridad Pública y de Gobernación y Policía
Su Despacho

Asunto: Fallecimiento del servidor Manuel Salvador Rodríguez Rodríguez y la necesidad de una REVALORACIÓN SALARIAL EXTRAORDINARIA para la Fuerza Pública

Estimada señora Ministra:

En primer término y con todo respeto, reciba su autoridad un atento saludo de nuestra parte.

Al asumir usted como Ministra de Estado, las estratégicas carteras de Seguridad Pública y de Gobernación y Policía, la ANEP le entregó por escrito, en su primer día en ese puesto, un planteamiento para la fijación de una REVALORACIÓN SALARIAL EXTRAORDINARIA para todo el personal de la Fuerza Pública (incluida la Policía de Migración) y para todo el personal ligado a este cuerpo policial tan necesario para nuestra sociedad. Nuestra petición, fechada 15 de abril de 2008, oficio S.G. 07-09-0426-08, todavía no ha sido respondida por su digna autoridad.

Hace pocos días, tomamos nota de una dolorosa noticia con relación al fallecimiento del policía don Manuel Salvador Rodríguez Rodríguez (q.d.D.g.), el pasado sábado 31 de mayo de 2008, quien realizaba otras labores en su tiempo libre, concretamente como electricista, buscando así cómo incrementar su ingreso para su propio sostenimiento y el de su familia, dados los bajos salarios que el Estado paga a quien está dispuesto a sacrificarse para servir en los diferentes cuerpos de la Fuerza Pública. Particularmente uno de los diarios nacionales, el oficialista, tituló así la noticia sobre el triste deceso de don Manuel: “Policía muere electrocutado al hacer otro trabajo por necesidad”. Como bien se sabe, la cantidad de compañeros de la Fuerza Pública que en su tiempo libre buscan otras labores para redondearse su salario, va en crecimiento, conforme avance el proceso de deterioro salarial, de la pérdida de poder de compra del mismo y de concentración de la riqueza; todo lo cual alimenta la perversa curva ascendente del crecimiento de la pobreza y de la desigualdad, factor vital –según nuestra perspectiva- en el crecimiento de la criminalidad.

Es por tal circunstancia que, nuevamente, acudimos ante su despacho con relación a la propuesta que la ANEP está formulando para que, por su digno medio, el Gobierno de la República defina los procedimientos necesarios para el establecimiento de una Revaloración Salarial Extraordinaria para la Fuerza Pública de Costa Rica y cuerpos anexos y de soporte. Este asunto bien puede abordarse con motivo de las negociaciones que, necesariamente, han de darse para fijar el monto general de reajuste salarial para el segundo semestre del presente año 2008, en el seno de la Comisión de Política Salarial para el Sector Público.

Nuestra tesis es que, independientemente de lo que se establezca como reajuste salarial general para el indicado período, esta REVALORACIÓN SALARIAL EXTRAORDINARIA debe darse desde el plano de que se trata de una imperiosa necesidad; no solamente porque la sociedad está obligada a reivindicar, con plenitud, la disposición laboral de quien sirve en la Fuerza Pública (tanto en lo salarial como en cuanto a condiciones de trabajo y de Salud Ocupacional); sino porque las personas a cargo de la seguridad ciudadana deben, en su tiempo libre, dedicarse al descanso que les repare las fuerzas perdidas en esas difíciles, estresantes y adversas condiciones de prestación de tal servicio; resultando, una vergüenza nacional, que el personal de la Fuerza Pública de Costa Rica deba “camaronear” (como popularmente se dice), en tiempo libre, porque su salario es indigno e insuficiente.

El mejor homenaje que se puede hacer para honrar la memoria de don Manuel Salvador Rodríguez Rodríguez, en consecuencia, es mostrar toda la voluntad política necesaria, al más alto nivel, para que, efectivamente, se establezca esta REVALORACIÓN SALARIAL EXTRAORDINARIA, en el menor plazo posible. En nuestra primera carta a usted, señor Ministra, sobre este tema, apuntamos que:

Si la sociedad demanda mayor seguridad ciudadana (porque ante el influjo de una visión mediática corta en contenido del problema, hace que la gente pida más policía); es real que la ciudadanía tiene que entender que el trabajo en la Fuerza Pública lleva un considerable riesgo de perder la vida (y ya ha habido dolorosos casos en la presente administración); así como comprender que las condiciones horarias y de salud ocupacional son completamente atípicas y estresantes; lo que debe volver, por ende, suficientemente atractivo la oferta salarial para incorporar a nuevo personal y para mantener al que ya ha demostrado capacidad y aquilatado experiencia.

Ahora, como queda demostrado, si para un policía de la Fuerza Pública, redondearse el salario es, también, una situación en la cual se puede perder la vida, no hay forma de que el país y la sociedad evadan su responsabilidad acerca de la deuda que se tiene para un mejoramiento sustancial de las condiciones de empleo y de salarios de las personas a cargo de la seguridad ciudadana de todos y de todas. Es pues, imprescindible, al menos, que en el corto plazo se dé la indicada REVALORACIÓN SALARIAL EXTRAORDINARIA propuesta por la ANEP.

Con la mayor consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

C.c. Dr. Oscar Arias Sánchez, Presidente de la República.
Lic. Guillermo Zúñiga Chaves, Ministro de Hacienda.
Lic. Francisco Morales Hernández, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
Lic. José Joaquín Arguedas Herrera, Director General de Servicio Civil.
Personal de la Fuerza Pública.
Junta Directiva Nacional de ANEP.
Archivo.