Acción Sindical

Continúa la polémica de la ANEP con la Ministra de Salud

Publicada el 30/04/2008 | por | Dejar un comentario

San José, 29 de abril de 2008.
S.G. 07-09-0473-08

Doctora
María Luisa Ávila Agüero
Ministra
Ministra de Salud
Su Despacho

Estimada señora Ministra:

Luego de saludarle de la manera más atenta y respetuosa, hacemos referencia a su comentario aparecido en Diario Extra, el pasado viernes 25 de abril (página 23), bajo el título “Aclaración de la Ministra de Salud”, el cual es reacción a nuestras declaraciones al indicado medio de prensa (que como usted bien dice es el diario más leído del país), aparecidas el día anterior, jueves 24, tituladas “Vientos de huelga soplan en el Ministerio de Salud”, luego del subtítulo “_Por reestructuración de esa cartera_”.

Primero: Hemos realizado una revisión exhaustativa del sistema de registro de correspondencia que llega a la ANEP (electrónicamente, por fax, por el sistema tradicional) y no consta una convocatoria de su despacho a nuestra organización para la supuesta reunión del pasado 15 de abril. Le reto, respetuosamente, a que nos demuestre, de manera documentada y fehaciente, que la ANEP fue convocada a esa reunión. Ni llegamos tarde (cosa que no acostumbramos), ni estuvimos presentes, sencillamente porque no fuimos enterados de la misma.

Segundo: El contenido de su respuesta confunde la acción sindical, en cuanto a institución del Derecho Laboral, con las acciones que personas determinadas puedan realizar a nombre de un determinado sindicato. Es más, se esfuerza usted en destacar a una determinada persona y su respectiva organización (muy respetables ambas, por cierto), pero ese tipo de sindicalismo, unipersonal, no es el que practica la ANEP. No vamos a cuestionar la preferencia de la señora Ministra de Salud por ese tipo de sindicalismo, pues está en su derecho a tener sus simpatías y sus antipatías con respecto a la organización sindical; sin embargo, su posición política de alta jerarquía ministerial debe darle la comprensión necesaria de la diversidad de representaciones laborales que tiene el personal del ministerio que dirige. Entendemos que usted prefiere un tipo de sindicalismo que le pueda ser “_funcional_” a su gestión. No tiene la ANEP ni la más mínima intención de obstaculizar su gestión, pero son sus mismos funcionarios, señora Ministra, quienes expresan las preocupaciones que la ANEP verbalizó.

Tercero: Para muestra un botón. “…_la nueva estructura orgánica, las funciones, procesos y procedimientos asignados a cada unidad organizativa, información que como es de su conocimiento no se nos ha facilitado, no se encuentra disponible en la página electrónica del Ministerio y por lo tanto representa una traba indiscutible para la toma de decisión que se nos requiere en este momento_”. Oficio PDRC-001-08, fechado 22 de abril de 2008, dirigido por el personal de la Dirección de Registros y Controles, a su directora, la Dra. María de los Ángeles Morales Vega.

Cuarto: Se hace usted eco de la campaña del miedo, con ocasión del referéndum sobre el TLC, tan maquiavélicamente desarrollada en el deplorable y nefasto memorandum Casas-Sánchez, salido de las entrañas del gobierno del cual usted forma parte. Dice usted que el suscrito, Secretario General de la ANEP, quiere “_abrir otro frente en el país para seguirlo perjudicando_”. El tufillo antisindical es más que evidente y repite la infame campaña que en contra de la humanidad de este servidor, se hizo en los días más cercanos al “f_rauderéndum_” sobre el TLC, en varios medios de comunicación colectiva, en injuriosos campos pagados con dineros de dudosa procedencia. Colegimos entonces que el sindicalismo que a usted no le es funcional, es aquel que quiere “_perjudicar al país_”.

Quinto: La experiencia de esta organización en cuanto a transformaciones de estructuras institucionales, vividas en no pocas entidades públicas y en los últimos años, nos indica que el D.O. es una verdadera reestructuración, en el amplio sentido del término, aunque sus propulsores se esfuercen en llamarle “_proceso de reorganización_”. Es más, esta es la tercera vez desde que las concepciones neoliberales se infiltraron en la política pública del país, que el Ministerio de Salud vive un proceso parecido.

Sexto: Dice usted que ANEP “_quiere bloquear_” el D.O., “_ahora que somos más efectivos y eficaces, que hemos dado una lucha frontal contra funcionarios corruptos_…”. Aquí hay una perversa insinuación suya que rechazamos de plano; es decir, ANEP “_quiere bloquear_” porque defendemos a corruptos. Y, por otra parte, usted afirma que los que temen son “_los vagos_”, “_los que se sienten amenazados porque van a tener que trabajar por objetivos y logrando impacto_…” La emplazamos para que, por un lado, nos dé la lista de los funcionarios corruptos contra los cuales usted ha dado una “_lucha frontal_” y que nosotros estaríamos “_defendiendo_”. Por otro, dé también la lista de “_los vagos_”, póngale nombre y apellidos a los holgazanes y a los corruptos que, con toda seguridad y luego de comprobadas tan perversas conductas contrarias a la ética pública, ANEP la respaldará. Queremos saber cuántos procesos administrativos ha abierto usted contra los “_corruptos_” y los “_vagos_”, dada su obligación por ley de vigilar porque sus trabajadores y trabajadoras se ajusten a los mandamientos institucionales.

Sétimo: ¿Cómo infiere usted que estemos cuestionando su quehacer en diversas áreas, simplemente porque la ANEP se convirtió en el vehículo verbalizador de los cuestionamientos silenciosos, por miedo, al proceso del D.O.? No lance una cortina de humo sobre el manejo de un proceso que, reiteramos, ha sido vertical y dirigista, donde la participación laboral ha sido de escucha pasiva, de charlas magistrales y con conceptos altisonantes e ingenieriles, muy de moda en las consultorías multimillonarias de los últimos años en el Sector Público.

Octavo: El principal elemento que hemos detectado en el proceso del D.O., es el miedo. Sí, el miedo. La gente del Ministerio de Salud tiene miedo de hablar, de preguntar, de cuestionar, por temor a represalias. ¿Es en tal marco de condiciones que se va a dar el espacio ofrecido por su autoridad, para los días sábado 10 y domingo 11 de mayo?…

Noveno: Estamos con nuestra conciencia muy tranquila. Hemos actuado con base en la ley laboral que nos autoriza para abogar por los intereses económicos y sociales de las personas trabajadoras afiliadas a la ANEP en el Ministerio de Salud. Para eso están las organizaciones sindicales de verdad y por eso es que estamos acostumbrados a toda clase de ataques.

Décimo: Por último, le hacemos solicitud oficial para que en la reunión del próximo lunes 5 de mayo, se nos brinde toda la información acerca de los recursos financieros invertidos en el proceso del D.O.: nombres y entidades consultoras, montos pagados, duración de las consultorías y toda otra información similar. Si se va a tener un ministerio sumamente fortalecido para la felicidad de la población usuaria de sus servicios, es bueno que la sociedad conozca cuánto está invirtiendo en ello.

Una vez más, reciba nuestro respeto y consideración.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Denuncia anónima sobre supuestas irregularidades de la Contralora General de la República

Publicada el 28/04/2008 | por | Dejar un comentario

San José, 25 de abril del 2008.
S.G. 07-09-0458-08

Licenciada
Rocío Aguilar Montoya
Contralora General
Contraloría General de la República
Su Despacho

Estimada señora:

Con el respeto de siempre, le expresamos el atento saludo de parte de esta organización sindical.

Ha llegado a nuestras manos una copia de una carta anónima, dirigida a los señores diputados de la Asamblea Legislativa, presentándose como “denuncia pública”, “sobre el debilitamiento de la Contraloría General de la República”; “denuncia” que plantea diversas cuestiones en las que estaría involucrado el alto cargo que su digna autoridad ostenta.

Para la ANEP no es desusado la recepción de denuncias anónimas de todo tipo, especialmente contra actuaciones presuntamente incorrectas de los jerarcas. Por otra parte, no todas las denuncias anónimas que recibimos merecen la credibilidad o, al menos, el beneficio de la duda, de parte de la organización. Es en ciertos casos en que la investidura del cargo involucrado, la redacción de la denuncia por los detalles que conlleva y la cita de circunstancias, lugares y personas que nos llevan a la necesidad de no dejarla pasar y, al menos, pedir la información pertinente.

El presente es uno de esos casos. Estamos hablando de la máxima autoridad de la Contraloría General de la República, institucionalidad vital en un sistema republicano que presente severas fisuras como el nuestro, haciéndose absolutamente imprescindible que la transparencia en un ente de tal envergadura como el que usted dirige, sea un asunto del interés de toda la ciudadanía todo el tiempo.

Valga indicar que las veces en que por funciones de su cargo y atendiendo a peticiones nuestras de audiencia, usted ha tenido siempre la gentileza, la cortesía y el respeto debido para con esta agrupación laboral, lo cual nos ha posibilitado aquilatar su seriedad profesional y su gran sentido de la responsabilidad. Esta percepción nuestra sobre su autoridad, nos lleva a adelantar que usted estará más que gustosa disipando las especies contenidas en la citada denuncia, para asegurar el necesario proceso de confianza cívica que necesita una entidad como la Contraloría General de la República.

Así las cosas, seguidamente formulamos, con el debido respeto que le estamos reiterando, las siguientes cuestiones, utilizando la frase que se emplea en la “denuncia” para identificar el ítem que plantea la presunta irregularidad.

“1. Disfrute de vacaciones en exceso y sin tener derecho”: Si usted ha disfrutado de días de vacaciones superando la cifra a la que ha tenido derecho; eventualmente, por viaje (s) al exterior en asuntos personales.

“2. Nombramiento ilegal de asesores, violando la Ley Contra la Corrupción”. Se trataría de un nombramiento de asesoría profesional en su despacho, trasladando a la persona beneficiada con el mismo, que es de la misma Contraloría y a la cual se le reserva la plaza original que tenía esa persona, plaza que tiene en condición de propiedad. Esta situación, presuntamente, rozaría con el artículo 17 de la “Ley contra la Corrupción”.

“3. En el segundo semestre 2007 la Contralora se Duplicó el sueldo con apenas una anualidad en el sector público”. Al respecto, surgen varias interrogantes: ¿Cuál era el salario del puesto de Contralora General de la República, al último día de 2007?; ¿cuál era ese salario, a partir del 1 de enero del 2008?; ¿entre uno y otro momento hubo un salto económico de 2 millones, aproximadamente, a 3 millones 600 mil colones, aproximadamente?. Si hubo este tipo de variación salarial en el puesto indicado, u otra variación similar, ¿fue así aprobado por la Asamblea Legislativa cuando se tramitó el presupuesto de la República para el 2008?. Si hubo un aumento en ese máximo puesto contralor, ¿cuándo, cómo y quién lo decidió?.

“4. Crea plaza Gerente de Despacho para manejar 3 secretarias y una asesora”. ¿Se ha creado una “Gerencia de Despacho” de la oficina de la señora contralora, al mismo nivel de otras gerencias de alta especificidad jurídico-técnica que tiene la estructura institucional?. ¿Cuántas veces ha sufrido cambios la estructura atinente a lo que se conoce como la División Jurídica y la de Contratación Administrativa?

“5. Impide estudio de denuncia contra el Superintendente General de Entidades Financieras (MBA Oscar Rodríguez Ulloa) y ordena la destitución del Gerente que atendía las denuncias en Contraloría durante el año 2007”. ¿Hubo alguna denuncia contra tal funcionario que fuera presentada en el ente contralor?; si la hubo ¿qué trámite siguió?; ¿fue conocida en el seno de la DFOE?. ¿Fue usted, señora Contralora, compañera de trabajo en algún momento del señor Rodríguez Ulloa?, ¿en qué empresa/entidad, público y/o privada?. ¿Hubo un “profesional joven” que, contratado para trabajar en la Contraloría, se devolvió para el Ministerio Público? ¿Qué pasó con el anterior Gerente de Denuncias, el señor Ronald Bejarano?, ¿fue él “destituido” de su puesto?

“6. Procedimiento administrativo contra un chofer y su jefa porque no la recogieron un día temprano en su casa”. ¿Fue así tal situación?.

“7. Uso de recursos de la CGR para favorecer concesionarias de la Soda”. ¿Se están utilizando recursos públicos de la Contraloría para incrementar la asistencia de personal a los servicios de la soda, ahora que tiene nuevos concesionarios, los cuales, al parecer, no están satisfaciendo las expectativas de buena parte del personal?

Como notará, señora Contralora, la majestad de su cargo y su propia trayectoria ética y profesional, hacen imperioso que, necesariamente, haya que referirse a estos asuntos.

Nuevamente, expresamos a la señora Contralora General nuestro mayor respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

C.c.
Honorables señores diputados y honorables señoras diputadas, Asamblea Legislativa.
Dra. Lisbeth Quesada Tristán, Defensora de los Habitantes de la República.
Personal de la Contraloría General de la República.
Junta Directiva Nacional de ANEP.
Junta Directiva Seccional ANEP-CGR.
Medios de Comunicación Colectiva.
Archivo.

Personal de salud del Sistema Penitenciario objeta decisiones de Viceministro de Justicia

Publicada el 27/04/2008 | por | Dejar un comentario

San José, 10 de abril del 2008.

Licenciada
Laura Chinchilla Miranda
Primera Vicepresidenta de la República
y Ministra de Justicia y Gracia
Su Despacho

Estimada señora Primera Vicepresidenta y Ministra:

La Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería (ANPE) y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), representadas oficialmente por quienes suscribimos la presente, nos apersonamos ante su despacho para, en primer término, expresarle un respetuoso saludo.

Por otra parte, nos presentamos ante su autoridad con base a las potestades legales que asisten a nuestras respectivas organizaciones laborales, para abogar en pro de los intereses profesionales, económicos y sociolaborales de las personas trabajadores afiliadas, respectivamente, a nuestras organizaciones; y, en este caso en particular, de estimables profesionales del campo de la Enfermería y de otros sectores a cargo de la atención en salud a la población privada de libertad en las cárceles del país, a cargo de la Dirección General de Adaptación Social y, lógicamente, de la cartera ministerial a su digno cargo.

En tal caso, ANPE y ANEP, al acudir a su autoridad, lo hacemos movidos por la grave situación que aquí denunciamos, respecto de lo que a nuestro juicio son contradictorias políticas y directrices de gestión, impartidas por parte del señor Viceministro de Justicia y Gracia, el Lic. Fernando Ferraro Castro; políticas y directrices que afectan los servicios médicos y de enfermería que se prestan en los centros penitenciarios a la indicada población penal.

Dichas actuaciones atentan contra la lógica de la gestión y administración en salud. Asimismo, deterioran preocupantemente las relaciones laborales para con un grupo importante de profesionales en ciencias de la salud de este Ministerio, a los que se les está dando un trato injustificado y de acoso laboral, menospreciando su trabajo y hasta desplazándolos de su labor profesional especializada.

Con los cambios unilaterales que se están promoviendo en el citado campo profesional, el señor Viceministro Ferraro persigue resaltar, que nuevos empleados elegidos por él han llegado a “rescatar” el sistema, dando a entender que el mismo se encontraba colapsado. Durante muchos años, el citado personal profesional representado por ANPE y por ANEP, ha tenido como consigna, como funcionarios públicos de trayectoria honesta y de vocación de servicio público, trabajar y producir. Ello ha dado como resultado la excelencia en el servicio de salud penitenciario, que se ha mantenido activo y lleno de vitalidad desde mucho antes del arribo de este grupo de señores y señoras hoy impulsado por el citado jerarca.

En su afán, el señor Viceministro Ferraro ha organizado e implementado, sin consultar a la Dirección General del Servicio Civil, una reestructuración basada en conceptos que desconocen el trabajo en equipo de forma interdisciplinaria, irrespetando las estructuras jerárquicas aún vigentes y el principio de legalidad.

Señora Ministra: Al analizar esta situación que ya tiene varios meses en desarrollo, presumimos la existencia de autoritarismo e incoherencia en una serie de medidas tomadas. No puede ser posible que se cuestione y se quiera dejar ver al citado personal profesional, como un grupo de “ineficientes”, cuando por tantos años han asumido la atención, el trabajo y la producción, incluso con falta de recursos que ellos y ellas han solventado con el esfuerzo propio más que con los aportes institucionales.

Cabe aquí respetuosamente preguntarle: ¿Está su digna autoridad enterada de los movimientos de personal y de la supuesta reestructuración a los servicios médicos penitenciarios que está realizando el señor Viceministro Ferraro Castro?

Hablamos de un personal defensor de la atención en salud de los privados de libertad. Este personal ha tratado de buscar soluciones por medio del diálogo, pero ha sido precisamente en la figura del señor Viceministro Fernando Ferraro Castro donde se ha encontrado una negativa. Son varias las reuniones que el personal médico y de enfermería ha sostenido con este jerarca, sin resultados ni mejoría. Al contrario, como consecuencia dicho funcionario reacciona con represalias y apoyo a los acosadores. Por lo tanto, consideramos que la vía de negociación con él está agotada.

Entre las acciones arbitrarias y aparentemente ilegales del señor Viceministro Ferraro podemos citar las siguientes:

– Trasladó al Dr. Silva Solórzano al despacho viceministerial en calidad de asesor, privando así de un recurso médico al CAI San José.

– Contrató, de motu propio, a la Licda. Kathia Alfaro Molina, profesional en Enfermería, para acompañar en la asesoría al Dr. Silva Solórzano, no para realizar funciones en su campo. Ambos perfiles antes dichos no existen en el perfil de clases de la Dirección General del Servicio Civil.

– Las funciones asignadas por el Viceministro Ferraro al Dr. Silva y a la Licda. Alfaro, en realidad corresponden a las que el manual de clases anchas del Servicio Civil asigna al Jefe Médico Nacional y al Coordinador Nacional de Enfermería respectivamente, quienes aún permanecen funcionalmente en sus cargos, pero sin real poder resolutivo, dado que con los nombramientos antes dichos el señor Viceministro ha creado dos jefaturas paralelas, duplicando funciones, gasto de recursos, modificando perfiles de clases y dejando sin funciones reales al Dr. Luis Eduardo Mejía Arias y al licenciado Luis Mario Aguilar Alvarado.

– Presunta violación a la Ley General de Control Interno, al solicitar el señor Viceministro Ferraro, la colaboración de los voluntarios del Proyecto Epidemiológico Guanacaste; así como la de un ginecólogo externo a la institución, para realizar las funciones del especialista en Ginecología de planta del CAI El Buen Pastor, al que removió de ese puesto en el mes de noviembre del 2007. A dichos voluntarios se les estaría exponiendo a riesgo carcelario sin ser funcionarios del ministerio.

– Existe un clima de incertidumbre en el personal por acciones abiertas de acoso laboral, especialmente en el CAI El Buen Pastor y en el CAI Gerardo Rodríguez, donde los funcionarios ya están reaccionando ante las órdenes arbitrarias, las amenazas y los desplazamientos de jefaturas y trabajadores médicos, enfermeras y psicólogos. Algunos, la mayoría, dan muestras de ausentismo laboral por incapacidades médicas en Psiquiatría; otros, los menos, han optado por renunciar al ministerio ó solicitar rotación de sus centros de trabajo, en procura de escapar de la tensión laboral que los enferma.

– Rotación injustificada de médicos de los distintos centros penitenciarios, lo que representa un ius variandi abusivo, especialmente por la inestabilidad laboral que produce, repercutiendo negativamente en la calidad de la atención en el servicio a los privados de libertad.

Señora Ministra: Sentimos que la paciencia del personal involucrado, se agota. Deseamos dejar patente de manera respetuosa, pero firme, que de no tener una respuesta adecuada de su digna persona, estaremos asumiendo que la resolución de estas situaciones se darían en las vías legales establecidas. Lo anterior podría provocar un deterioro de la imagen de la querida institución Adaptación Social, pero es imposible para dicho personal y para las organizaciones que le representamos, continuar bajo esta situación que ridiculiza los procesos de respeto que deben enmarcar la relación de los trabajadores y los representantes institucionales.

Esperamos de su parte una actitud distinta a la del señor Viceministro Fernando Ferraro Castro. Confiamos en su buen sentido de negociación y resolución. Manifestamos nuestra disponibilidad para el diálogo únicamente con su persona, reiterando la voluntad de hacer prevalecer el respeto y la lógica administrativa en el proceso de atención en salud del Sistema Penitenciario Costarricense.

Le reiteramos el mayor respeto y consideración de nuestra parte, esperando ser recibidos en audiencia por su digna autoridad lo más pronto posible.

Rodrigo López
Secretario General
ANPE

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
ANEP

C.c.
Licda. Rocío Aguilar Montoya, Contralora General de la República.
Dra. Lisbeth Quesada Tristán, Defensora de los Habitantes de la República
Dra. María Luisa Ávila Agüero, Ministra de Salud.
Lic. Fernando Ferraro Castro, Viceministro de Justicia y Gracia.
Lic. Reynaldo Villalobos Zúñiga, Director General de Adaptación Social a.í.
Colegio Profesional de Enfermeras de Costa Rica.
Colegio de Médicos y Cirujanos.
Personal de Enfermería y Médico del Sistema Penitenciario Nacional.
Personal del Sistema Penitenciario Nacional.
Junta Directiva de ANPE.
Junta Directiva Nacional de ANEP.
Archivo.

Asamblea General de trabajadoras/es Adaptación Social

Publicada el 25/04/2008 | por | Dejar un comentario

¡¡¡ATENCIÓN!!! ¡¡¡ATENCIÓN!!! ¡¡¡ATENCIÓN!!!

Por este medio, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) convoca a sus afiliadas y a sus afiliados en el Sistema Penitenciario Nacional y en las oficinas centrales del Ministerio de Justicia y Gracia, a Asamblea General para conformar la JUNTA DIRECTIVA DE LA SECCIONAL NACIONAL ANEP-ADAPTACIÓN SOCIAL-JUSTICIA Y GRACIA.

Esta Asamblea General tendrá lugar el viernes 25 de abril de 2008,
a partir de las 8 de la mañana en la sede del sindicato SINAE:
150 metros al sur de la “Puerta de Médicos” del Hospital San Juan de Dios; frente al parquecito del Ministerio de Salud.

Además, se conocerá el proyecto de Convención Colectiva de Trabajo para el Sistema Penitenciario Nacional.

Igualmente, se dará a conocer el proyecto de Fondo de Mutualidad-Régimen de Seguridad Social de la ANEP; y se brindará la información más actualizada sobre proyecto de ANEP Centro Turístico Recreativo “El Tití”, en la playa de Manuel Antonio.

La persona afiliada con interés de participar en la asamblea debe inscribirse previamente, para tramitar el permiso. Para mayor comodidad, se puede llamar a los teléfonos 8-895-24-26, 8-839-71 71 y 2-233-02-33

Si tiene acceso a internet, inscríbase enviando mensaje a: hectorpra@costarricense.cr, hectorprado@anep.or.cr

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Publicado desde el 27 de marzo 08

Zozobra y temor laboral afloran en el Ministerio de Salud

Publicada el 22/04/2008 | por | Dejar un comentario

San José, 21 de abril de 2008.

S.G. 07-09-0449-08
¡URGENTE!

Doctora
María Luisa Ávila Agüero
Ministra
Ministerio de Salud

Su Despacho
Fax No. 22 55 25 94

Asunto: Implantación vertical del D.O.

Estimada señora Ministra:

Una vez más, la ANEP le expresa su respeto y su atento saludo.

Con la intención de no abrir otra polémica innecesaria, en el ámbito de la cartera a su digno cargo, nos permitimos con todo respeto, solicitarle audiencia con carácter de urgencia, para tratar el asunto del D.O. Institucional y los resquemores que ha desatado entre el personal del Ministerio de Salud dicho proyecto.

Cabe resaltar que desde que se inició el proceso, solicitamos a la doctora Rossana García González, Directora General Salud, nos informara sobre los contenidos del mismo y el objetivo fundamental para aplicarlo en esta administración.

En honor a la verdad, debemos informarle que fuimos atendidos por la profesional y que la charla magistral que nos ofreció, nos sirvió para prepararnos ante un proceso que más que de desarrollo organizacional, nos pareció una a nueva reestructuración institucional.

Así las cosas, iniciamos un trabajo en algunas dependencias del nivel central, regiones y áreas de Salud en todo el país, para conocer el criterio de las funcionarias y de los funcionarios afectados con el proceso, llegando a la conclusión de que éstos, en su gran mayoría, no tienen claro hacia dónde se va; confiesan no haber participado más que en charlas magistrales de los promotores y que consideran el D.O. como una imposición, a la cual no se han podido oponer por falta de una metodología que permita, con libertad y sin temores, una oposición expresa.

Quiere decir que el proceso se ha impulsado, según nos informan los funcionarios y funcionarias en su gran mayoría, al amparo de un clima de temores, imposiciones y sin la transparencia adecuada que motive al trabajador en el proceso. En tales circunstancias, habíamos decidido esperar el momento estratégico para pronunciarnos ante su despacho sobre el particular.

No obstante, es hasta hoy que consideramos que el personal ha trascendido las barreras del miedo, y ya afloran las manifestaciones cargadas de ansiedad, zozobra y temor; por cuanto ven la aprobación del proceso a la vuelta de la esquina y porque una vez más, la coacción institucional se hace presente en los centros de trabajo, provocando la reacción entre los funcionarios y funcionarias, al punto que se animan y nos piden ayuda para enfrentar las presiones y exigir respeto a su condición.

Sobre el tema de la coacción, nos permitimos adjuntar documento que ha empezado a circular en las esferas del ministerio y que habla por sí solo. Una vez más, hemos tenido que recortar el lugar de procedencia, por respeto a quienes lo enviaron y nos solicitaron la discrecionalidad del caso, por temor a represalias.

Señora Ministra: Permítanos comunicarle que esta nota, por la premura del caso y en resguardo del respeto que su autoridad nos merece, una vez entregada en su despacho, servirá de comunicado y voz de alertar a los funcionarios y funcionarias del Ministerio de Salud, para que se abstengan de firmar documentos que impliquen compromisos con el “Proceso”, sin que los alcances del mismo, en todas sus dimensiones (técnicas, operacionales, jurídicas y políticas), hayan sido de pleno debate (abierto, participativo, transparente y horizontal) para determinar cuán propicio o cuán nefasto puede ser el mismo en las actuales y futuras circunstancias de la cartera de Salud.

En lo inmediato y mientras se crea un clima de tranquilidad y de transparencia en torno a las intenciones del D.O., respetuosamente estimamos procedente una orden ministerial para desactivar cualquier aparato o gestión conminatoria que busque firmas forzadas para la legitimación del proceso de marras, cuyo conocimiento es superficial y estrictamente dirigido, para la inmensa mayoría del personal, según manifestaciones que hemos recogido. Como corolario de lo anterior, y también lo planteamos respetuosamente, debe formularse una directriz que le indique a ese personal que no será objeto de represalia alguna por expresar dudas, cuestionamientos, críticas y oposiciones rotundas al D.O.

Nuevamente le reiteramos nuestra mayor consideración y respeto.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Freddy Solórzano Jiménez
Responsable ANEP-Sector Salud

C.c. Dra. Lidiette Carballo Quesada, Viceministra de Salud. Fax No. 22 23 74 11
Dra. Rossana García González, Directora General de Salud, Ministerio de Salud. Fax No. 22 23 49 31
Personal del Ministerio de Salud.
Organizaciones laborales y gremiales del Ministerio de Salud.
Junta Directiva Nacional de ANEP.
Archivo.

ANEP plantea Revaloración Salarial Extraordinaria para el personal de la Fuerza Pública

Publicada el 21/04/2008 | por | Dejar un comentario

San José, 15 de abril de 2008.
S.G. 07-09-0426-08

Señora
Janina Del Vecchio Ugalde
Ministra
Ministerio de Seguridad Pública y de Gobernación y Policía
Su Despacho

Estimada señora Ministra:

Al asumir usted como Ministra de Estado en las estratégicas carteras de Seguridad Pública y de Gobernación y Policía, le expresamos el debido respeto de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), anhelando que su gestión sea exitosa porque así lo requiere y lo necesita el país.

Es innegable la naturaleza del desafío de la seguridad ciudadana en las actuales circunstancias, sosteniendo la tesis de nuestra parte de que el crecimiento de la desigualdad por el acelerado proceso de concentración de riqueza que vive el país, es la principal causa de alimento para el desarrollo de las conductas delictivas que estamos observando y sufriendo como sociedad.

La serie de medidas que se necesitan adoptar para combatir tal flagelo social son multifacéticas, sin duda alguna. Una de ellas tiene que ver con el desarrollo de una fuerza pública en las mejores condiciones posibles y fortalecida desde los diversos ámbitos de la estructura que le da soporte a su quehacer.

No puede el país afrontar el creciente fenómeno delicuencial, tanto cuantitativa como cualitativamente, con un personal a cargo de la seguridad de la ciudadanía, en condiciones salariales desventajosas y en ambientes ocupacionales insalubres, deteriorados e indignos, sin hablar del insuficiente aprovisionamiento y avituallamiento exigidos por la crisis de seguridad que vivimos.

En este orden de cosas y para empezar a mandar señales de que, efectivamente, el abordaje del problema es integral, es que se requiere una profunda revisión de las bases salariales de todos los puestos del personal de la Fuerza Pública y del personal que, desde otros ámbitos, le da soporte a ésta.

La ANEP reconoce que el actual Gobierno ha mostrado una voluntad política seria en el tema salarial y, por ejemplo, intermediando una negociación sindical de la cual la ANEP fue parte, hubo justicia salarial para el sector profesional del Gobierno Central; reparándose así una odiosa discriminación extendida por años.

La gran disposición mostrada por el señor Ministro de Hacienda, el Lic. Guillermo Zúñiga Chaves, avalada por supuesto por el propio Presidente de la República, Dr. Oscar Arias Sánchez, fue fundamental para satisfacer una justa demanda laboral durante mucho tiempo postergada.

Creemos que ha llegado la hora de una REVALORACIÓN SALARIAL EXTRAORDINARIA para los diferentes cuerpos policiales del país y, en este caso y en lo atinente a su cartera, al personal de la Fuerza Pública y al personal de la Policía de Migración.

Si la sociedad demanda mayor seguridad ciudadana (porque ante el influjo de una visión mediática corta en contenido del problema, hace que la gente pida más policía); es real que la ciudadanía tiene que entender que el trabajo en la Fuerza Pública lleva un considerable riesgo de perder la vida (y ya ha habido dolorosos casos en la presente administración); así como comprender que las condiciones horarias y de salud ocupacional son completamente atípicas y estresantes; lo que debe volver, por ende, suficientemente atractivo la oferta salarial para incorporar a nuevo personal y para mantener al que ya ha demostrado capacidad y aquilatado experiencia.

Aparte de estas consideraciones estratégicas, sobran las razones técnicas y económicas para justificar un aumento extraordinario, realmente sustancial, de todas las bases salariales de las diferentes clases de puestos de la Fuerza Pública y de aquellos puestos que están de soporte para su quehacer. Es pues ésta, una petición oficial de la ANEP en tal sentido.

Deseamos que su autoridad ministerial, una vez en funciones, nos reciba en audiencia para ampliarle sobre el particular.

Le reiteramos nuestro respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

C.c. Dr. Oscar Arias Sánchez, Presidente de la República.
Lic. Guillermo Zúñiga Chaves, Ministro de Hacienda.
Lic. Francisco Morales Hernández, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
Lic. José Joaquín Arguedas Herrera, Director General de Servicio Civil.
Personal de la Fuerza Pública.
Sr. Julio Soto Vargas, Responsable Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO)-ANEP-Fuerza Pública.
Junta Directiva Nacional de ANEP.
Archivo.

Policía Penitenciaria: ANEP formula petición de Revaloración Salarial Extraordinaria

Publicada el 21/04/2008 | por | Dejar un comentario

San José, 17 de abril de 2008.
S.G. 07-09-0441-08

Licenciada
Laura Chinchilla Miranda
Primera Vicepresidenta de la República
y Ministra de Justicia y Gracia
Su Despacho

Asunto: Petición oficial de la ANEP para que se establezca una REVALORACIÓN SALARIAL EXTRAORDINARIA en todas las clases de puestos de la Policía Penitenciaria

Estimada señora Primera Vicepresidenta y Ministra de Estado:

Con el mayor respeto para su digna autoridad, le expresamos atento saludo, a nombre de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria.

Por esta vía sometemos a la consideración de su despacho y por su medio al propio Gobierno de la República, petición formal para la fijación de una REVALORACIÓN SALARIAL EXTRAORDINARIA, que cubra todos los salarios base de todos los puestos del conglomerado laboral Policía Penitenciaria, a cargo de la estratégica tarea de seguridad en todos los centros carcelarios de Costa Rica, el Sistema Penitenciario Nacional, dependiente de la cartera ministerial a su cargo.

La necesidad de esta REVALORACIÓN SALARIAL EXTRAORDINARIA para la Policía Penitenciaria de Costa Rica, se basa en las siguientes razones:

1- Actualmente, el salario base de ingreso a la función de Policía Penitenciario está establecido en 159.350 colones, cantidad ésta que no es, desde todo punto de vista, atractiva para el reclutamiento de nuevo personal en dicho ámbito laboral; toda vez que la experiencia está mostrando que, por un lado, mucho aspirante a colocarse como policía penitenciario se desestimula cuando sabe que ese es el salario base de ingreso; y, por otro, si aún sabiéndolo, decide ingresar, cuando se topa con la realidad laboral penitenciaria constata que lo delicado de la labor no está bien compensada económicamente hablando. En estos momentos sabemos de un importante número de vacantes sin llenar y se aproxima la creación de nuevas plazas, lo cual profundizará la dificultad apuntada.

2- Es decir, se requiere una elevación sustancial del monto de ese salario base de ingreso, con lo cual, se generaría una subida general de las demás bases salariales de las diferentes clases de puestos que componen la relación de puestos de la Policía Penitenciaria.

3- Si hablamos de salario base de ingreso, comparando la situación en la Fuerza Pública (Ministerio de Seguridad Pública) y la ya apuntada en la Policía Penitenciaria, ésta es inferior a aquella. En estos momentos, una persona que ingresa a la Fuerza Pública tiene un salario base de ingreso de 181.100.oo colones, con lo cual hay una diferencia de 21.750.oo que entra ganando de menos una persona que presta servicios de seguridad carcelaria.

4- Nosotros separamos, radicalmente, la vinculación entre salario base de ingreso y el monto de los riesgos que como sobresueldo percibe el policía penitenciario. Conceptualmente no hay relación pero aún si se quisiera posicionar la tesis de que hay que verlo como un todo, salarialmente hablando, en nada desmerece la necesidad de una REVALORACIÓN SALARIAL EXTRAORDINARIA, dadas las circunstancias que estamos apuntando.

5- El reforzamiento de la intervención pública en materia de seguridad ciudadana, incluye, imprescindiblemente, el reforzamiento de la seguridad penitenciaria. Es de obvia constatación que el crecimiento del fenómeno delictivo, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo, acrecienta la responsabilidad de la estratégica labor de la vigilancia en las cárceles, lo cual pasa, necesariamente, por que el Estado reconozca con toda plenitud la dedicación, el compromiso, el cuidado, el sacrificio y la entrega de un personal que, por lo general, pasa invisibilizado para la sociedad (excepto en circunstancias problemáticas que todos conocemos y hemos vivido).

6- Además, resulta invaluable la experiencia aquilatada por muchos policías penitenciarios que ajustan bastantes años de servicio (muchos de ellos colocados en los diferentes niveles jerárquicos), que es necesario conservar para la transición necesaria a la nueva generación de policías penitenciarios que, como indicamos al principio, no ven atractivo el salario base de ingreso con relación al mundo laboral en que se están insertando.

7- Por otra parte es bien notorio que el Estado, en cuanto tal, se ha “olvidado” del Sistema Penitenciario Nacional, desde una perspectiva estratégica y, aunque se han realizado diversas inversiones y otras están en camino, lo real es que se ha acumulado un enorme déficit atención de la política pública para con la cuestión carcelaria del país, vista integralmente.

8- No se está responsabilizando al actual Gobierno de la República, del cual usted forma parte porque estamos hablando de una situación heredada y acumulada a través de varias administraciones. Por otra parte, ANEP reconoce los esfuerzos suyos y de su gestión en la presente gestión gubernativa para corregir tales “deudas” de la política pública para con el Sistema Penitenciario Nacional.

9- Sabemos que será un largo proceso para que la dignidad y el decoro lleguen por completo a las cárceles del país. En el entretanto, el personal de la Policía Penitenciaria desarrolla su quehacer en medio de adversidades, dificultades, estrecheces y, como indicamos, en situación de riesgo constante y creciente.

10- La sobrecarga laboral cotidiana, débiles (o ausentes) estrategias institucionales de Salud Ocupacional, el desarraigo sociofamiliar (aunque haya una conveniencia compartida sobre el horario de servicio), son factores que generan considerables montos de deterioro psicoemocional, psicobiológicos (el trastorno del sueño, por ejemplo), y hasta físico; obligan a la sociedad a reconocer a quienes estén dispuestos a servirle a ella en esta tarea de seguridad carcelaria, lo que en realidad corresponde: salarios dignos y atractivos, condiciones de salud ocupacional óptimas, alta capacitación y descanso pleno.

11- Por todo ello, una REVALORACIÓN SALARIAL EXTRAORDINARIA en estos momentos, apunta en la dirección correcta de la reivindicación plena del rol de la Policía Penitenciaria, como política pública estratégica según lo demanda la sociedad.

12- Por otra parte, es consenso nacional que el alto costo de la vida, por las circunstancias que sea y que no viene al caso analizar, está golpeando fuertemente los bolsillos de la clase trabajadora asalariada, especialmente aquellos segmentos de la misma que tienen los salarios más bajos dentro de la actual estructura de reconocimientos salariales que hay en el país.

13- Hoy se estima que si una familia pequeña aspira a condiciones de vida dignas, la suma de medio millón de colones mensuales, como promedio de ingreso no es un lujo, sino una necesidad imperiosa y aún así, las restricciones y congojas económicas no se eliminarían del todo. Este nivel de ingreso para un policía penitenciario en la actualidad no es la regla general y si alguien se acerca es porque tiene un cuarto de siglo, al menos, al servicio de la seguridad penitenciaria.

14- Mención especial merece el caso de las compañeras mujeres de la Policía Penitenciaria, cuya realidad como madres de familia y como jefas de hogar muchas de ellas, tornan más dramática su situación sociolaboral y familiar. Sabemos que usted, por su condición de mujer y madre, tiene la sensibilidad suficiente para comprender, en toda su magnitud, lo que podría representar para estas compañeras una REVALORACIÓN SALARIAL EXTRAORDINARIA, no solamente en lo económico-salarial, sino en cuanto a sus autoestimas y a su valía como servidoras públicas en esta dura tarea de la seguridad penitenciaria.

Finalmente, señora Primera Vicepresidenta y Ministra de Justicia y Gracia, la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria, en pleno, desea ser recibida por su digna autoridad, lo más pronto posible y por esta vía se le formula petición formal al respecto.

Nuevamente, le reiteramos nuestro mayor respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

Héctor Prado Monge
Presidente Junta Directiva
Seccional ANEP-Policía Penitenciaria

C.c. Lic. Guillermo Zúñiga Chaves, Ministro de Hacienda.
Lic. Francisco Morales Hernández, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
Lic. Fernando Ferraro Castro, Viceministro de Justicia y Gracia.
Lic. José Joaquín Arguedas Herrera, Director General de Servicio Civil.
Lic. Reynaldo Villalobos Zúñiga, Director General de Adaptación Social, a.í.
Lic. Guillermo Ugalde Víquez, Director Nacional de la Policía Penitenciaria.
Junta Directiva Seccional ANEP-Policía Penitenciaria.
Junta Directiva Nacional de ANEP.
Personal de la Policía Penitenciaria de Costa Rica.
Archivo.

Constituida Seccional Sindical en empresa Polymer S.A.

Publicada el 11/04/2008 | por | Dejar un comentario

El pasado 7 de abril, con la presencia de un numeroso grupo de trabajadores y trabajadoras de la empresa Polymer, se realizó la Asamblea para elegir la Junta Directiva de la primera Seccional Sindical en esa empresa y que representa para la misma, dar un paso adelante en cuanto a los requisitos internacionales de exportación y que se refieren a la Producción Limpia.

¿Qué es Producción Limpia? ¿Cuáles son sus beneficios?

Este concepto de Producción Limpia, las ISO o la SA8000, reconocen no solo el respeto, protección y fomento del Ambiente, sino que además exigen el respeto a las condiciones y derechos laborales de sus trabajadores como elemento fundamental para que sus productos sean exportables y no encuentren objeciones en Europa principalmente, pero también en los Estados Unidos de Norteamérica.

Además, está demostrado que la implementación de estas normas y el respeto a los derechos laborales, mejora la calidad y el estado de ánimo de los y las trabajadoras, aumenta la productividad, la reducción de turnos e incremento de ventas para la empresa.

Para los y las trabajadoras la contrapartida son la reducción del número de accidentes, mejor formación, tranquilidad por el respeto a sus derechos fundamentales y nuevas oportunidades para asociarse libremente y buscar, junto con los patronos, las condiciones ideales que les permita trabajar dignamente.

Ahora está en manos de la empresa continuar, fomentar y fortalecer las acciones que le permitan crecer, junto a sus trabajadores y trabajadoras, como una empresa líder en Costa Rica.

ANEP, apegada a su Misión y Visión, fomentará la capacidad de diálogo, resolución de conflictos, salud ocupacional, etc., que contribuyan al mejoramiento de las condiciones laborales y productividad.

Traslado de la planta

Este importante tema conlleva la posibilidad conflictiva sobre la distancia a la cual tendrían que trasladarse los y las trabajadoras.

El paso de la planta de la Uruca a Alajuela significa no solo un cambio obligado del centro laboral, sino también a cambios importantes en la dinámica personal y familiar que afectan, de una u otra forma, la calidad del trabajo a realizar.

Por ello ANEP, junto a su Seccional Sindical en la empresa, buscará la mejor solución a esta situación especial a fin de que tanto empresa como trabajadores queden satisfechos.

Por parte de nuestro sindicato la más amplia disposición de contribuir en este y futuros temas, relacionados a la situación laboral de sus afiliados y afiliadas, con el ánimo de ser parte de la construcción de una nueva oportunidad para el fortalecimiento de la democracia costarricense.

Está en manos del Grupo Polymer el reconocer y construir esta nueva forma de hacer empresa.

A los trabajadores y trabajadoras de Polymer, nuestro agradecimiento por la confianza y nuestra felicitación por la decisión fundamental de organizase sindicalmente en defensa de sus derechos humanos laborales.

Tarifas eléctricas: Sindicatos presentan propuesta formal a la ARESEP

Publicada el 10/04/2008 | por | Dejar un comentario

San José, 9 de abril de 2008.

Señor
Fernando Herrero Acosta
Regulador General
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP)
Su Despacho

Estimado señor:

Luego de saludarle de la manera más atenta, le agradecemos la prontitud con que ha atendido nuestra solicitud de ser recibidos por su autoridad, aunque para mayor sinceridad, pretendíamos conversar antes de la resolución del día de ayer, martes 8 de abril de 2008, que fijó las nuevas tarifas del servicio de electricidad, en una proporción que, según nuestra visión, resulta abusiva y que, por ende, dejamos constancia de nuestro rechazo contundente ante tal decisión.

Las nuevas tarifas siguen representando un duro golpe al bolsillo de las personas asalariadas, de los y las costarricenses que se desenvuelven en el sector informal, de las micro, pequeñas y medianas empresas, del campo y de la ciudad. Es decir, estamos hablando de un incremento tarifario que golpea la situación económica de la abrumadora mayoría de la población nacional.

Pese a la situación generada luego de la fijación tarifaria del día de ayer, como organizaciones representativas de un elevado número de trabajadores y de trabajadoras y, con la certeza de que estamos recogiendo un profundo sentir ciudadano que ve en la reciente alza en la electricidad, solamente la punta del iceberg de un proceso ascendente de corto plazo en el precio del servicio eléctrico. Según indicó usted mismo, en el comunicado oficial de la ARESEP a propósito de esta alza, “Se prevén tarifas altas en los próximos años. Ya no hay electricidad barata”. Este proceso es derivado de las políticas neoliberales en boga, incluido del TLC y, por ende, del mayor impulso a la ingerencia privada en su prestación.

Apunta usted el asunto de un “auge económico”, como aspecto destacable de la difícil situación energética del país; pero, a la vez, la ARESEP otorga un aumento proporcionalmente mucho menor, a favor de los sectores productivos que, precisamente son lo que están en “auge económico”, en detrimento del interés de los hogares de familias trabajadoras, por ejemplo.

En realidad, no nos toma por sorpresa esta decisión suya, ya de por sí anunciada; es, pues, el fin del principio solidario de subsidios en la tarifa eléctrica a favor de los sectores más desposeídos y residenciales. Ahora, por el contrario, son las tarifas eléctricas de los hogares de la clase trabajadora quienes subsidiarán la tarifa eléctrica del sector industrial, para que éste no pierda “competitividad”.

Otro aspecto destacable de la decisión en comentario, se refiere a que el funcionamiento de las plantas térmicas del ICE sufre el alto precio de los combustibles; pero en realidad, este argumento no es del todo sostenible porque la carga fiscal aquí inmersa es exagerada. No menciona usted que un 30 % de los altos costos de los combustibles, son impuestos del Gobierno que no tiene nada ver con el precio internacional del petróleo y sus derivados.

Por otro parte, lo que realmente nos dejó perplejos de los argumentos de su resolución, es que “el país arrastra un rezago en las inversiones necesarias para aumentar la generación de energía con fuentes renovables”; cuando la realidad indica que fue usted mismo, los últimos gobiernos y la autoridad perpetua del Banco Central de Costa Rica, así como las mismas cámaras empresariales que ahora pegan el grito al cielo por la alta tarifa eléctrica; quienes estuvieron sistemáticamente bloqueando durante los últimos años las inversiones que necesitaba el ICE, precisamente para evitar la situación que hoy estamos enfrentando con esta alza. Para muestra un botón: Se estuvo atrasando, deliberamente, el proyecto hidroeléctrico Pirrís, mismo que debió entrar en operación en el 2007, debiendo ser postergado para el 2010.

Además, es necesario indicar que tal situación obligó al personal del ICE a desarrollar la huelga del año 2003, precisamente contra ese bloqueo, movimiento que duró 22 días.

Nos preocupa sobremanera la ausencia de mención en su resolución, de la carga tributaria del 13 % del impuesto sobre las ventas que pesa sobre la tarifa eléctrica, lo cual aumento el impacto de la reciente alza.

Igualmente, es de resaltar la ausencia de la mención a la alta carga económica de la cogeneración privada de electricidad que ya se “traga” el 22 % del presupuesto general del sector eléctrico del ICE, aproximadamente ¡66 mil millones de colones! (66.000.000.000.oo), cuando produce un promedio de 14 % de la energía eléctrica consumida en el país.

Por tanto y considerando que el escenario completo del ajuste tarifario indicado debe contemplar los elementos que su resolución no consignó¸ planteamos ante su despacho las siguientes proposiciones que buscan, de manera alternativa, la preservación de la histórica preocupación solidaria que siempre animó la política en cuanto a las tarifas eléctricas.

Primera propuesta: La ARESEP debe formular al Poder Ejecutivo, formal planteamiento para eliminar la carga tributaria del 30 % del precio de los combustibles, que consume el ICE para la generación térmica.

Segundo propuesta: La ARESEP debe formular al Poder Ejecutivo, formal petición para eliminar la carga tributaria del 13 % del impuesto sobre las ventas, a las tarifas eléctricas iguales o menores a 400 kilovatios; medida que constituirá un estímulo al ahorro energético.

Tercera propuesta: Los contratos de cogeneración eléctrica privada que van venciendo, deben eliminarse; ó, como mínimo, ser renegociados para que los nuevos precios de compra cubran solamente gastos de operación y mantenimiento, dado que hubo ya un enriquecimiento más allá de la lógica rentabilidad de la inversión realizada.

Muy respetuosamente,

Fabio Chaves Castro
ASDEICE

Luis Chavaría Vega
UNDECA

Albino Vargas Barrantes
ANEP

cc.: Asamblea Legislativa.
cc.: Defensoría de los Habitantes de la República.
cc.: Medios de comunicación colectiva.
cc.: Organizaciones sociales.
cc.: Archivos.

Carta enviada por APSE a Oscar Arias Sánchez

Publicada el 10/04/2008 | por | Dejar un comentario

San José, 09 de abril del 2008

Doctor
Oscar Arias Sánchez
Presidente de la República
Presente

Estimado señor:

Reciba un cordial saludo.

En mi condición de Presidenta de APSE y en nombre de los 18.621 agremiados y agremiadas de educación secundaria, que conforman la organización que represento, me dirijo a Usted, con el fin de exponer las razones que fundamentan el movimiento de huelga indefinido, que los trabajadores y trabajadoras de las instituciones educativas públicas de la Enseñanza Media del país, iniciamos a partir del lunes 31 de marzo del año en curso.

Cabe destacar que el pliego de peticiones en el cual se fundamenta nuestra lucha, fue puesto en conocimiento del señor Ministro de Educación Pública, desde el día 22 de febrero de este año. No obstante, su respuesta puntual a cada uno de nuestros planteamientos, además de no satisfacer nuestras demandas, generó gran molestia entre nuestros agremiados, por la forma en la que fueron abordados cada uno de los temas.

Con fecha 10 de marzo de este año, hicimos entrega de un segundo documento, al señor Leonardo Garnier, en el cual se puso de manifiesto, el resultado infructuoso del intercambio de notas entre ambas partes; de ahí que se le solicitó entablar un diálogo inmediato, donde estuvieran presentes otras autoridades gubernamentales (Ministro de Trabajo y Ministro de Hacienda), a quienes también compete atender parte de nuestras pretensiones; todo en aras de a lograr una solución consensuada.

El señor Garnier, responde a este último documento, mediante Oficio DM-1766-08 de fecha 25 de marzo de este año, recibido por mi persona el día viernes 28 de marzo, en el cual se consigna su disposición al diálogo. Sin embargo, este mismo día, pese a nuestra gestión en aras de concertar el diálogo ofrecido por el señor Ministro, se nos informa a través de una llamada telefónica realizada por la secretaria del Despacho Ministerial, que el señor Leonardo Garnier, ponía como condición para sentarse a dialogar, el que la APSE desconvocara el llamado al movimiento de huelga, programado para el lunes 31 de marzo. Así las cosas, desde esa fecha y hasta el día de hoy no hemos recibido de su parte ninguna CONTRAPROPUESTA A NUESTAS DEMANDAS, por lo que obligados ante la inacción del señor Ministro de Educación Pública, hemos mantenido el ejercicio del Derecho Constitucional de la Huelga.

Como consecuencia entonces, de la INCAPACIDAD RESOLUTIVA y de la INCAPACIDAD DE DIALOGO, demostrada por el Jerarca Ministerial de la cartera de Educación Pública, nos vimos en la necesidad de acudir el día 27 de marzo, ante el señor Francisco Morales Hernández, Ministro de Trabajo y Seguridad Social, para que en cumplimiento de la misión que legalmente le asiste, según lo establecido en la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo, procediera a intervenir y a coadyuvar en la búsqueda de una solución a nuestras justas peticiones, a través de la apertura de un proceso de negociación, en el que estuvieran presentes, el señor Leonardo Garnier Rímolo, Ministro de Educación Pública y el señor Guillermo Zúñiga, Ministro de Hacienda; lo cual de haberse atendido nuestra solicitud, no habría existido la necesidad de tomar medidas extremas.

Señor Presidente, en respeto al orden jerárquico que corresponde, hemos acudido en primera instancia, ante sus ministros de gobierno, sin embargo, lamentablemente en ninguna de esas instancias gubernamentales, hemos encontrado la apertura de diálogo y resolución requeridas. Es por ello, que me permito plantear ante Usted los motivos que fundamentan nuestra lucha, a fin de que en su condición de Presidente de la República y de Premio Nóbel de la Paz, se constituya en garante de la armonía y paz laboral, que demanda una situación de conflicto como la que nos ocupa.

1.-PAGO OPORTUNO Y COMPLETO DEL SALARIO

Ha resultado publico y notorio que nuevamente, el Ministerio de Educación Pública ha incumplido por problemas ajenos a los trabajadores, con el pago total y oportuno de sus salarios.

Ante esta grave situación, se impone de manera urgente, que el Ministerio de Educación, tome las medidas necesarias y urgentes, a fin de garantizar a los educadores del país, su pago salarial mensual en forma puntual y completa, y que se respete el Voto de la Sala Constitucional Nº 4218-03 de las 15:46 horas del 20 de mayo del 2003, que se dictó con ocasión del Recurso de Amparo presentado en el año 2003, por la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) a favor de miles de servidores afectados, y en cuya parte dispositiva se resolvió lo siguiente:

“Se ordena a Astrid Fischel Volio en su condición de Ministra de Educación Pública, Tomar de inmediato las medidas necesarias para regularizar el pago de los salarios adeudados a los amparados e impedir que en adelante se vulneren los derechos de éstos a recibir el pago oportuno de su remuneración. Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidaran en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo.”

Este es el segundo año, en el que al señor Leonardo Garnier Rímolo, Ministro de Educación Pública, le ha correspondido iniciar un curso lectivo, y en esta ocasión al igual que el año anterior, los problemas de pago no se han solucionado, pese a que para el curso lectivo del año 2007, nos vimos en la necesidad de salir nuevamente en defensa nuestros educadores, que al igual que hoy no han podido solventar sus necesidades básicas. Fue por ello que al igual que el año 2003, la Sala Constitucional emitió el Voto Nº 07-002803-0007-CO, en el cual se dispuso lo siguiente:

“Se ordena a Leonardo Garnier Rímolo o a quien ocupe el cargo de Ministro de Educación Pública, a Ligia Acuña Rodríguez o a quien ocupe el cargo de Directora General de Personal, que dispongan lo necesario para que se cancele a los y las amparadas la TOTALIDAD DEL SALARIO que se les adeuda por la labor realizada durante el presente curso lectivo, incluyendo TODOS LOS COMPONENTES SALARIALES COMO RECARGOS, ANUALIDADES, ZONA DE MENOR DESARROLLO, LECCIONES INTERINAS, CARRERA PROFESIONAL, AUMENTO POR COSTO DE VIDA Y CUALQUIER OTRO QUE SE LES ADEUDE…“

En este mismo sentido, cabe destacar, que a los servidores y servidoras del Magisterio Nacional, se les pagó hasta el día 26 de marzo, el porcentaje por concepto de Aumento por Costo de Vida, correspondiente al primer semestre del presente año, y que no aceptamos que se justifique tal atraso, según lo manifestado por el señor Ministro de Educación Püblica, en el hecho de que su aplicación ha sido así “…históricamente en virtud de limitaciones técnicas que existen para correr la planilla en paralelo con todos los nombramientos de inicio de curso lectivo”.

Lo cierto y lo legal, señor Presidente, es que mediante Resolución DG-004-2008 de la Dirección General de Servicio Civil de las 14:05 horas del 08 de enero del 2008, se resolvió revalorar todas las clases de puestos de la Escala de Salarios de la Administración Pública, de conformidad con la categoría y nivel salarial que ostentan, ajustando en un 5.88% el monto de salario base y el aumento anual, con un rige a partir del 01 de enero del 2008.

De manera que las justificaciones que esgrime el señor Ministro, para no pagar puntual, completa y oportunamente el salario de los servidores de la educación, así como el atraso en el pago por concepto de aumento por costo de vida, son contrarias a lo resuelto por la Sala Constitucional, en el citado Voto Nº 07- 002803-0007-CO, por lo que en este momento el señor Ministro de Educación Pública, está incurriendo en el DELITO DE DESOBEDIENCIA a las órdenes de la Sala Constitucional (Art.71 y 72 de la Ley de Jurisdicción Constitucional).

INFORME FINAL DE LA DEFENSORIA DE LOS HABITANTES

Con fecha 24 de marzo del 2003, los Presidentes y Secretarios Generales de diversas Organizaciones Magisteriales, denunciaron ante la Defensoría de los Habitantes, por el incumplimiento del pago oportuno y completo de los salarios de los servidores y servidoras del Magisterio Nacional y solicitaron la intervención inmediata de esta Defensoría. Fue así como se abrió al efecto el Expediente Nº 14662-24-2003-QJ-RVQ, y una vez verificado y comprobados los hechos que fundamentaron la denuncia, se arribó emitió un amplio Informe final con recomendaciones, en el cual queda de manifiesto la ineficiencia administrativa demostrada por el M.E.P, ante la forma inapropiada en la que se implementó el nuevo Sistema Informático de Pagos; violentándose de esta forma los principios de buena administración, tales como: la eficiencia, la eficacia, la legalidad, la justicia, la participación y la transparencia.

No obstante lo anterior, resulta de suma gravedad, que pese a las recomendaciones emitidas en esa ocasión por la Defensoría, dirigidas a varias instancias gubernamentales, y las directrices vertidas en el Informe N DFOE-EC-26/2004 preparado por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativo de la Contraloría General de la República, denominado INFORME SOBRE LA EVALUACION DEL SISTEMA DE PAGO DE SALARIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA, de fecha 25 de octubre del 2004, el cual se rinde con ocasión de la denuncia presentada por la APSE, relacionada con las irregularidades surgidas en la ejecución del Sistema de Pagos del M.E.P; no solo no fueron atendidas por las autoridades del Ministerio de Educación Pública, sino que nuevamente, como ha sucedido desde ese entonces y hasta la fecha, los problemas de pago producto de la ineficiencia del sistema informático de pagos, subsisten.

2. EQUIPARACIÓN SALARIAL CON PROFESIONALES DEL GOBIERNO CENTRAL”.

Dentro de la propuesta técnica presentada por el Poder Ejecutivo, según compromiso adquirido y plasmado en el Acuerdo de Negociación de la Comisión de Política Salarial del Sector Público, para la revisión salarial del II período del 2007, de fecha 09 de agosto del 2007, en la cual tiene participación en representación del Poder Ejecutivo, los jerarcas de los Ministerios de Trabajo y de Hacienda; se acordó la realización de un estudio de REVALORACION SALARIAL DE LOS PROFESIONALES DEL GOBIERNO CENTRAL, a efecto de “cerrar las brechas salariales existentes dentro del Sector Público.”

No obstante lo anterior, tal y como a Usted le consta, para sorpresa e indignación nuestra, los servidores y servidoras de la educación, quienes siendo profesionales que laboran para el Gobierno Central y están cubiertos por el Título II del Estatuto de Servicio Civil, fueron excluidos de tal revaloración salarial.

Don Oscar, Usted conoce muy bien, que al sector Profesional y Gerencial que labora para el Gobierno Central y que está cubierto por el Título I del Estatuto de Servicio Civil, se le ajustó su base salarial al percentil 30 a partir del primer semestre de este año y gradualmente se le ajustará el percentil, hasta llegar al percentil 50 en primer semestre del año 2010.

De conformidad con lo anterior, resulta a todas luces incompresible como dentro del marco de la Política Salarial de este gobierno, tendiente a cerrar las brechas salariales en el sector público, se nos venga a negar el merecido ajuste salarial a la base, que se aplicó a los profesionales del Título I, alegándose que para ello se requiere “necesariamente un aumento en la carga tributaria del país”, según lo ha expresado el señor Ministro de Educación Pública y el señor Ministro de Hacienda.

Lo anterior no hace más que demostrarnos, que para el Gobierno de la República, el tan llamado “ejército de educadores”, no es más que un ejército de “profesionales de segunda categoría.”

Por lo expuesto, es que le solicitamos al señor Ministro de Trabajo, que por su digno medio, procediera a solicitar a las autoridades gubernamentales correspondientes, la entrega de una PROPUESTA TECNICA DE AJUSTE DE LA BASE SALARIAL, que reflejara la situación de los salarios del sector docente, con respecto a los percentiles, a fin de que se proceda con el ajuste correspondiente, tal y como se hizo con la clase profesional y gerencial cubierta por el Título I del Estatuto de Servicio Civil.

2.- CONCURSO PD-001-2007, CONVOCADO A EFECTO DE OBTENER UN REGISTRO UNICO DE ELEGIBLES para llenar plazas en PROPIEDAD E INTERINAS, propiamente docentes.

La situación de incertidumbre, indignación y zozobra, en que se encontraron nuestros educadores, ante la inhabilitación del citado concurso, lo cual pone en entredicho la inercia y eficiencia demostrada por parte de la Dirección General de Servicio Civil y la Dirección General de Personal del M.E.P, quienes no fueron capaces de planificar e implementar, los mecanismos administrativos y tecnológicos, que permitieran haber llevado a acabo para este curso lectivo, el proceso de nombramiento y selección de personal tanto interino como en propiedad, fundamentado en el criterio de idoneidad comprobada.

No debemos olvidar que este concurso, incluso desde su convocatoria, resultó violatorio de los PRINCIPIOS DE PUBLICIDAD Y DE TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA, lo cual obligó a la Dirección General de Personal del M.E.P, a que en el mes de agosto del 2007, gracias a las denuncia y alerta pública de la APSE, tuviera que depurar el listado de plazas vacantes que se exhibían en la página Web de la Dirección General de Servicio Civil.

Es por la gravedad de esta situación, que con fecha 22 de febrero del 2008, solicitamos al señor Ministro de Educación Pública y a Usted, señor Presidente, que de manera inmediata, realizaran los procesos de investigación pertinentes, a fin de que se sentaran las responsabilidades administrativas y disciplinarias correspondientes, contra los funcionarios públicos involucrados.

3.- DISMINUCION DEL NUMERO DE ALUMNOS POR SECCION

En aras de mejorar la calidad de la educación, es necesario que los docentes atiendan grupos que no excedan de 25 estudiantes. Sin embargo tal disposición no ha sido implementada de manera uniforme por parte del Ministerio de Educación Pública, toda vez que la directriz emanada en este sentido por el Departamento de Programación Presupuestaria, establece para la educación secundaria, un promedio de 35 alumnos por sección.

Además se requiere que de forma inmediata, este Ministerio proceda a la definición de los rangos de matricula en secundaria, cuando se cuenta en los grupos con estudiantes con necesidades educativas especiales.

4.- UNA EDUCACION DE CALIDAD

Como parte fundamental del proceso educativo, nuestros servidores y servidoras de la educación, nunca podrán alcanzar una efectiva estabilidad laboral y salarial, si nuestro país no cuenta con una verdadera Educación de Calidad, garantizada por el Estado mediante el financiamiento a la educación pública, según el porcentaje constitucionalmente establecido, atendiendo sin demora los faltantes de infraestructura, materiales didácticos en cantidad suficiente y oportuna, becas para estudiantes de escasos recursos distribuidas justamente, capacitación y motivación a los docentes y una administración moderna acorde con los retos actuales.

5.- CUMPLIMIENTO DE NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES EN EL TEMA DE SALUD OCUPACIONAL PARA EL SECTOR EDUCATIVO Y DEMANDA DE RESPETO, BUEN TRATO Y SERVICIO EFICIENTE PARA TODOS LOS Y LAS SERVIDORAS DE LA EDUCACION EN LAS OFICINAS CENTRALES Y REGIONALES DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA.

En este sentido, oportunamente solicitamos la intervención del Ministerio de Trabajo, para que de una vez por todas se pusiera fin al maltrato y mala atención de que son objeto los servidores y servidoras de la educación que acuden a las dependencias ministeriales.

Por lo expuesto, señor Presidente, nuevamente le reiteramos nuestra disposición al diálogo.

Atentamente,
Beatriz Ferreto López
PRESIDENTA APSE