Categoría: Acción Sindical

La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia acogió el Recurso de Amparo interpuesto por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), contra lo que se consideran despidos arbitrarios ejecutados en el Ministerio de Justicia y Gracia, de varios de los policías penitenciarios involucrados en el caso de la fuga de La Reforma, del 9 de octubre del 2006; fuga que, dolorosamente, provocó la muerte del agente de seguridad de dicho centro penal, Marco Tulio Prado León.

La Sala Constitucional encontró en los argumentos presentados por la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP, elementos convincentes de serias arbitrariedades administrativas que, de cierta manera, debilitaron el ejercicio del derecho al debido proceso en los casos de despidos y de suspensiones.

Además, varias de las argumentaciones jurídicas de la ANEP enfatizaron en serias violaciones al principio constitucional de presunción de inocencia, pues algunos de los despidos obedecen a conjeturas sin ningún sustento real.

La ANEP espera que sin mayor dilación, las autoridades políticas y administrativas del Ministerio de Justicia y Gracia, procedan a la restitución de cada uno de los trabajadores injustamente sancionados, a la espera de la resolución final de la Sala IV.

San José, 12 de diciembre de 2007.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Héctor Prado Monge
Presidente Junta Directiva
Seccional ANEP-Policía Penitenciaria

San José, 10 de diciembre de 2007.
S.G. 07-09-0217-07

Señor
MBA. José Antonio Li Piñar
Presidente Ejecutivo
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
Su Despacho
Fax 253 15 49
Correo electrónico: presidencia@imas.go.cr

Estimado señor:

Con todo respeto, le expresamos un atento saludo de nuestra parte.

Como probablemente sea de su conocimiento, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y otras fuerzas laborales, llegó a un acuerdo con el Gobierno de la República ministros de Trabajo y Seguridad Social y de Hacienda, más la Dirección General de Servicio Civil), en el seno de la “Comisión de Política Salarial del Sector Público”; para la implementación de un nuevo Modelo Ocupacional Salarial aplicable a los y a las profesionales del Gobierno Central en cuanto a sus entidades cubiertas por el Régimen de Servicio Civil, así como a otras entidades homologadas al mismo. Este acuerdo se rubricó el 26 de noviembre anterior.

La pretensión central de incuestionable principio de justicia laboral y de reivindicación salarial para uno de los sectores más mal pagados de la Administración Pública costarricense en el nivel profesional; es lograr un posicionamiento al Percentil 50 del Sector Público, de conformidad con los resultados del estudio y propuesta presentada por la Dirección General del Servicio Civil y el Ministerio de Hacienda.

El citado acuerdo también indicó lo siguiente: “Los efectos del primer tracto de este nuevo Modelo Ocupacional Salarial se pagarán en la primer quincena del mes de febrero del año 2008. Las Oficinas de Recursos Humanos de las instituciones involucradas, deberán realizar los estudios pertinentes a la brevedad posible, de acuerdo con las resoluciones que emita la Dirección General de Servicio Civil”.

Ahora bien, en el caso de las instituciones homologadas al Régimen de Servicio Civil, el citado acuerdo estipula que “La Autoridad Presupuestaria según su proceder administrativo y técnico hará extensivas, según corresponda, a las entidades y órganos cubiertos por su ámbito, las resoluciones que respecto a las disposiciones del presente acuerdo, emita la Dirección General de Servicio Civil”.

Es en tal sentido que siendo la institución a su digno cargo está en esta última condición, muy respetuosamente, le estamos haciendo formal exhortación para que su despacho se disponga a gestionar lo pertinente, de forma tal que el personal profesional del IMAS pueda recibir lo que en justicia salarial merece, en la misma fecha en que está establecido para sus homólogos del Gobierno Central cubierto por el Régimen de Servicio Civil.

Reiterándole nuestro mayor respeto y consideración, desde ya le agradecemos una respuesta de su parte a la presente exhortación; respuesta que amparamos a los preceptos constitucionales respectivo.

Sin otro particular por el momento,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

cc.: Lic. Francisco Morales Hernández, Ministro de Trabajo y Seguridad Social. Fax No. 222 80 85.
cc.: Lic. Guillermo Zúñiga Chaves, Ministro de Hacienda. Fax No. 255 48 74
cc.: Lic. José Joaquín Arguedas Herrera, Director General de Servicio Civil. Fax No. 227 02 31.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-IMAS
cc.: Junta Directiva Nacional de IMAS.
cc.: Personal Profesional IMAS.
cc.: Archivo.

ANEP llama a todo el personal de la Policía Penitenciaria y, en general, del Sistema Penitenciario Nacional, a solidarizarse con los compañeros agentes de seguridad “ejecutados” civil y laboralmente

Manifiesto de la ANEP para todo el personal de la Dirección General de Adaptación Social y del Ministerio de Justicia y Gracia

1- Tenemos un profundo respeto por la memoria del compañero policía penitenciario Marco Tulio Prado León, fallecido como consecuencia de la fuga de La Reforma, ocurrida el 9 de octubre de 2006. La solidaridad de la ANEP fue evidente para todos, tomando una iniciativa que buscó honrar para siempre su memoria, lo que ni siquiera se le ocurrió a los altos jerarcas de la institución. La familia del citado compañero tiene derecho a demandar justicia por su vil asesinato y nosotros, como ANEP, también la demandamos. El o los culpables intelectuales y materiales de este crimen deben recibir todo el peso de la ley.

2- La presunción de inocencia y el debido proceso son derechos constitucionales que cubren a todas las personas trabajadoras del Sector Público. Nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Los compañeros policías penitenciarios de La Reforma, involucrados en esa fuga, también tienen derecho a dichos derechos constitucionales. En función de ello, es que la ANEP, asumió la defensa de la mayoría de ellos, por su expresa voluntad y dado que forman parte de la familia anepista de Adaptación Social. Sin embargo, aquí empezaron los problemas. La Licda. Laura Chinchilla Miranda, Ministra de Justicia y Gracia adelantó criterio y dictó sentencia muy anticipadamente.

3- Los compañeros representados por ANEP contaron con una defensa jurídica profesional de alta calidad y a tiempo completo. La estrategia de la Unidad de Asesoría Jurídica tendiente a demostrar que la esencia del problema de la fuga es producto de un deterioro sistemático de las condiciones de la seguridad penitenciaria, llevó a un callejón sin salida a la parte patronal. Prácticamente iba a ser imposible para ésta determinar responsables directos, con conductas dolosas, como para sancionar con despidos. La representación patronal suspendió el proceso cuando éste ya estaba transcurriendo, alegando que por órdenes de la Ministra Chinchilla, debían “replantearlo”. Por varias semanas el proceso se detuvo. A su reinicio era obvio que las instrucciones políticas estaban más que claras: debe haber culpables a como haya lugar.

4- La sorpresiva aparición de la Ministra Chinchilla, en magna conferencia de prensa, anunciando los despidos, las suspensiones y las “absoluciones”, tuvo todas las características de una operación política de relaciones públicas para “limpiar” su imagen, ante la gravedad de los acontecimientos de la citada fuga. Lanzó cargos muy graves, afirmaciones temerarias y sin sustento alguno. Veamos algunas:

“El ingreso de las armas no está demostrado, son los testimonios los que dejan entrever esa posibilidad. Estamos seguros de que medió un pago, pero no sabemos cuánto, es casi imposible de determinar”. (Diario Extra, 28 de noviembre de 2007).

Aunque el Ministerio de Justicia no pudo reunir pruebas para demostrar ante un tribunal que los presidiarios pagaron dinero a los funcionarios, Chinchilla manifestó creer que “se sospecha de un pago importante”. (La Nación, 28 de noviembre de 2007).

Según la Ministra, ninguno de los despedidos “cuenta ni con la más mínima de las cualidades para cumplir con el cargo que tenían”. (La Nación, 28 de noviembre de 2007).

Amenazas de muerte. La Ministra de Justicia calificó las investigaciones como “difíciles, complejas” y reveló que varios de los funcionarios que realizaron las pesquisas fueron amenazados de muerte. Laura Chinchilla no reveló si los funcionarios que llevaron a cabo las investigaciones reciban actualmente algún tipo de protección (La Nación, 28 de noviembre de 2007).

5- Como vemos, la Ministra Chinchilla se basa en suposiciones, en conclusiones antojadizas, en subjetividades y acusaciones sin fundamento, temerarias, como lo de las “amenazas”. Típica política del miedo entronizada en la presente administración gubernamental, en la cual se busca “satanizar” como “violentos” a sus contrapartes.

6- Con tales declaraciones, se mancharon honras ajenas como la de compañeros policías penitenciarios de 25, 26 y 27 años de servicio y de impecable trayectoria de servicio público. Ahora han quedado ante la opinión pública como “corruptos”, han sido despedidos sin derechos laborales, con su nombre manchado y sin posibilidades de un nuevo empleo porque han quedado como “corruptos” y casi “asesinos”; y porque ya están en esas edades donde el mercado laboral no acepta a las personas mayores de 30-35 años. Las temerarias afirmaciones de la citada jerarca han llevado dolor a las estimables familias de estos compañeros honestos, víctimas de directrices políticas en cuanto a sus sanciones; y, de un proceso que, evidentemente, está manchado en cuanto a su transparencia. Hasta a los políticos corruptos del sistema político bipartidista al que pertenece la Ministra Chinchilla, se les va a hacer un juicio justo. Pero en este caso, ella sentenció y condenó a la muerte civil a compañeros a quienes nunca se les pudo demostrar que introdujeron armas y/o que recibieron dinero por ello.

7- La ANEP logró demostrar, con prueba abundante y contundente, que el día de la fuga se conjugaron una serie de factores que venían creando las condiciones para semejante acontecimiento, pese a que, en las mismas actas del Consejo de Seguridad de La Reforma aparecen advertencias clarísimas del deterioro de las condiciones de seguridad del penal; severas carencias de todo tipo y algunas tan “ridículas” como que había una orden administrativa de no reponer candados porque los anteriores se “habían perdido”.

8- La argumentación de la ANEP permitió dejar al desnudo las graves omisiones y negligencias de autoridades político- administrativas, internas y externas de La Reforma, que pasaron por alto las advertencias previas del deterioro sistemático de esas condiciones de seguridad en un penal tan estratégico. Es más, ya desde el 28 de octubre de 2006, la ANEP había indicado en su pronunciamiento “La verdad sobre la fuga en el Centro Penitenciario La Reforma”, la naturaleza de los problemas acumulados (Usted puede consultarlo si tiene acceso a internet, en nuestro sitio web www.anep.or.cr). “No vamos a permitir que se diga que el culpable es un Estado que no ha invertido en seguridad”, dijo la Ministra Chinchilla a “Al Día” (edición del 28 de noviembre de 2007). Claro que ha habido inversión pero, ¿la suficiente?, ¿la estratégica?, ¿para únicamente encerrar ó para rehabilitar y reinsertar?… ¿Y la logística de la seguridad?; ¿y la Salud Ocupacional?…, etc., etc. Queda claro que lo que la principal preocupación de la citada jerarca es su imagen política pues ella es el “Estado” en el Sistema Penitenciario Nacional en este momento.

9- “Al perro flaco es al que se le pegan las pulgas”, dice el sabio refrán popular. “Los de arriba” se lavaron las manos, se libraron de rendir cuentas, no fueron llamados a dar explicaciones, ni fueron incluidos en el proceso cuando las argumentaciones de ANEP dejaban en evidencia esas negligencias y ese desdén ante los llamados correctivos de las condiciones de seguridad que reflejan las actas del Consejo de Seguridad de La Reforma, en los días previos a esa fuga.

10- La ANEP llevará esta lucha hasta sus últimas consecuencias y en diferentes ámbitos. Para la ANEP es un problema de principios. Llama poderosamente la atención que, por ejemplo, los siete despedidos son afiliados a la ANEP y la mayoría de los sancionados, son afiliados a la ANEP. Esto nos da pie para deducir alguna perversa intencionalidad oculta en alguna mente institucional verticalista y antidemocrática, probablemente recién llegada a las jerarquías, para la cual la presencia de la ANEP en el Sistema Penitenciario Nacional es un “problema”. ¿Se quería demostrar algo con esta “curiosa” coincidencia?… ¿Mandar un mensaje “subliminal?…

11- Finalmente, apelamos a la solidaridad de la familia laboral penitenciaria para con estos injustos despidos de evidente matiz político. Especialmente hacemos un llamado a los compañeros y a las compañeras que integran la Policía Penitenciaria para que, el lunes 17 de diciembre, acudamos a un acto de solidaridad, con la presencia de la prensa nacional, en el cual insistiremos en las arbitrariedades, abusos, intransparencias y falta de sustentación, especialmente en cuanto a los despidos, sobre todo, de compañeros policías penitenciarios con un cuarto de siglo y más al sistema de Adaptación Social.

12- La ANEP, entendiendo la naturaleza neurálgica que tiene para la seguridad del país, la paz y la tranquilidad en el seno del Sistema Penitenciario Nacional, seguirá comprometida con este principio de nuestra acción sindical responsable y seria como le consta a la propia Ministra Chinchilla. Sin embargo, nosotros nos debemos a la familia laboral penitenciaria que es nuestro principal desvelo y así actuaremos en consecuencia, como consta en la ya larga trayectoria de la ANEP en Adaptación Social.

13- Esta es una primera manifestación oficial de la ANEP sobre el caso de los injustificados despidos por la fuga de La Reforma. Habrá otras pues queremos que la familia laboral penitenciaria tenga un amplio panorama de este triste acontecimiento.

San José, 3 de diciembre de 2007.

Krissia Morris Gray
kmorris@ prensalibre.co.cr
Al respecto, Albino Vargas Barrantes, secretario general de la agrupación laboral, dijo que están conscientes de que el IMAS requiere vehículos para el debido funcionamiento de la entidad en el desarrollo de los programas sociales para las familias que menos tienen.

“En tal sentido, nos interesa conocer de cuántas unidades estamos hablando, qué tipo de vehículo se estaría pretendiendo adquirir y cuánto habrá que invertir en cada uno, así como para qué autoridades de departamento sede se estarían destinando tales carros nuevos. Igualmente, cuáles empresas están concursando para adjudicarse la licitación en trámite. Adicionalmente, tenemos informes de que dentro de tal compra se pretende la adquisición de seis carros de lujo —full extras— para uso discrecional, aspirándose al tipo de marca Toyota modelo Prado”, detalló Vargas Barrantes.

Sobre el particular, recalcó que “si se pretende la compra de vehículos para uso discrecional, deseamos se nos informen para qué autoridad estarían designados, cuáles justificaciones estarían fundamentando este tipo de decisiones, cuánto se presupuestó para la compra de cada uno de estos carros y cuáles empresas estarían haciendo ofertas para adjudicarse la compra”.

No es la primera vez que al IMAS se le cuestiona la compra de vehículos, debido a que en meses anteriores se habían dado una serie interrogantes sobre vehículos adquiridos para la actualización de flotilla, los cuales fueron distribuidos en las diferentes sedes de la entidad.

Fuente: La Prensa Libre 03-12-07

Así lo publicó la prensa
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San José, 29 de noviembre de 2007.
S.G. 05-07-0202-07

Licenciado
José Antonio Li Piñar
Presidente Ejecutivo
Instituto Mixto Ayuda Social (IMAS)
Su Despacho
Fax No. 253 15 49

Estimado señor:

Con todo respeto, le expresamos el más atento saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Con base en el Artículo 27 de la Constitución Política y del 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, le agradecemos nos proporcione toda la información referida al proceso de compra ya en trámite según tenemos entendido, de varios vehículos para el servicio institucional, lo cual, en principio, se ve como una oportuna y atinada decisión.

En tal sentido, nos interesa conocer de cuántas unidades estamos hablando, qué tipo de vehículo se estaría pretendiendo adquirir y cuánto monto habrá que invertir en cada uno; así como para qué autoridades/departamento/sede se estarían destinando tales carros nuevos. Igualmente, cuáles empresas están concursando para adjudicarse la licitación en trámite.

Adicionalmente, tenemos informes de que dentro de tal compra se pretende la adquisición de seis carros de lujo, “full extras”, para uso discrecional, aspirándose al tipo de marca Toyota modelo prado.

Si se pretende la compra de vehículos para uso discrecional, deseamos se nos informe para qué autoridad estarían designados; cuáles justificaciones estarían fundamentando este tipo de decisiones; cuánto se presupuestó para la compra de cada uno de este tipo de carros y cuáles empresas estarían haciendo ofertas para adjudicarse la compra.

Reiterándole nuestro mayor respeto y consideración, le agradece

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

cc.: Trabajadores y trabajadoras IMAS.
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Medios de Comunicación Colectiva.
cc.: Archivo.

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Krissia Morris Gray
kmorris@ prensalibre.co.cr

Los empleados profesionales del Gobierno Central que están percibiendo los peores salarios, tendrán una revaloración salarial que los subirá al percentil 30 a partir del 1º de enero.

Cerca de 7 mil profesionales que laboran en el Gobierno Central recibirán a partir de la primera quincena de febrero, un alza salarial que oscila entre el 6% y el 17,5%, con lo cual llegarán al percentil 30, que a partir del 1º de enero de 2008, se convertirá en el piso ocupacional de dicho sector laboral, esto como parte de la revaloración salarial aprobado ayer.

En la actualidad un número importante de empleados del Gobierno Central se encuentra dentro de los percentiles 20 y 25, por lo que a partir del 1º de enero de 2008 pasarán al percentil 30, pero el pago será en la primera quincena de febrero, retroactivo al primer mes del año.

Para el segundo semestre pasarán al percentil 35, en el transcurso de 2009 alcanzarán el percentil 45 y en el primer semestre de 2010 llegarán a la mitad del mercado salarial, que es el percentil 50.

La Comisión Nacional de Salarios (CNS) se reunió para escuchar la propuesta elaborada por la Dirección General de Servicio Civil (DGSC) y la respuesta del Ministerio de Hacienda, que fueron aprobadas por las partes.

El objetivo de la revaloración es mejorar la situación salarial de los empleados del Gobierno Central, pues en la actualidad se encuentran dentro de los grupos peores pagados, lo que ha ocasionado un fuga importante, tanto hacia instancia autónomas o la empresa privada de profesionales que buscan un mejora salarial.

Según se indica en el acta de acuerdo “los efectos del primer tracto de este nuevo Modelo Ocupacional-Salarial se pagarán en la primer quincena del mes de febrero del año 2008. Las Oficinas de Recursos Humanos de las instituciones involucradas deberán realizar los estudios pertinentes a la brevedad posible, de acuerdo con las resoluciones que emita la Dirección General de Servicio Civil; la propuesta además contempla un cierre de brechas y posicionamiento de este sector profesional y gerencial”.

De acuerdo con el documento, la Autoridad Presupuestaria (AP) según su proceder administrativo y técnico hará extensivas y autorizará, tal cual corresponda, a las entidades y órganos cubiertos por su ámbito, las resoluciones que emita la DGSC respecto a las disposiciones del presente acuerdo.

Consultado al respecto el ministro de Hacienda, Guillermo Zúñiga, dijo que se trata de un nuevo modelo de ocupación salarial, cuyo objetivo es cerrar el número de clases y niveles salariales, para ubicarlas en nueve y diez respectivamente.

“Permite empezar a cerrar la brecha en el terreno de los profesionales. Este es un aspecto contenido en el Plan Nacional de Desarrollo y constituye el cumplimiento de una promesa de campaña del presidente Arias”, respondió Zúñiga, a quien se le consultó sobre lo que pasará para el segundo semestre de 2010, si la revaloración continuará, a lo que dijo que eso dependerá de la administración de ese momento.

Guillermo Matamoros, viceministro de Trabajo, recordó que la revaloración salarial fue una de las propuestas acordadas en la negociación salarial del sector pública, en agosto anterior, cuyo propósito es la reducción de la brecha salarial existente.

Reseñó que será un ajuste gradual y el costo total del mismo será de ¢20 mil millones.

Promedio será de 13% y 14%

Sobre el particular, el director general de DGSC, José Joaquín Arguedas Herrera señaló que en promedio los aumentos salariales rondarán entre el 13% y 14%, pero que el procentaje dependerá del percentil en el que se ubican los trabajadores en la actualidad.

“Todos los empleados del Gobierno Central están por debajo del percentil 25, por lo que la medida beneficiará a cerca de 7 mil profesionales. Este es un buen paso pues los salarios de los empleados mejorarán. Todavía no se alcanzará el grado competitivo, pero se dará una mejora en los ingresos”, explicó Arguedas.

Al consultar sobre las razones por las que la revaloración no rige desde ahora y de una vez arrancar desde el percentil 50, respondió que desde 1994 existe un déficit que ha hecho que la brecha salarial entre el Gobierno Central y otras dependencias autónomas, semiautónomas y la la empresa privada, haya crecido de manera importante.

El funcionario detalló que a la DGSC le corresponderá emitir la resolución salarial correspondiente, al tiempo que para el jueves próximo se contará con los nuevos manuales de clasificación de puestos, pues se redujo la cantidad de reglamentos a 36 a dos o tres.

“El percentil 30 todavía está dentro de la escala de valoración baja, mientras que el 50 se encuentra dentro de lo regular, por ello es que se trazó como meta 2010 para llegar a ese objetivo. No vamos a ser competitivos todavía, pero estamos de cara a ello”, mencionó Arguedas. Xiomara Rojas Sánchez, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Estatales Independientes (Siteco), se mostró satisfecha por el acuerdo alcanzado, porque éste forma parte de la política de salarios crecientes que desde hace años las organizaciones laborales reclamaban al Gobierno.

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Ajuste promedio de 14% desde enero

Profesionales recibirán aumento salarial extra

Alonso Mata B. | amata@ nacion.com

Unos 6.800 profesionales del Gobierno Central recibirán el próximo año un ajuste salarial extraordinario de un 14% en promedio.

La decisión se tomó ayer durante una sesión de la Comisión de Política Salarial, integrada por representantes del Ministerio de Trabajo, Registro Civil, Ministerio de Hacienda y de los trabajadores.

El Ministerio de Trabajo prometió , el pasado 9 de agosto, presentar una propuesta para cerrar las brechas salariales entre los profesionales del Gobierno Central y sus colegas que laboran en instituciones autónomas y otros Poderes de la República.

Un estudio determinó que esos profesionales están por debajo del percentil 25, es decir, que un 75% de los funcionarios que realizan su mismo trabajo en el sector público ganan más dinero.

“En términos competitivos, significa estar en desventaja si lo comparamos con los trabajadores del ICE, cuyo objetivo es tener un percentil de 75”, explicó José Joaquín Arguedas, director general del Servicio Civil.

Ayer, el Gobierno acordó aumentar el percentil de forma escalonada en los próximos tres años.

El objetivo es subirlo a 30 para enero del 2008 y aumentarlo cinco puntos cada semestre hasta llegar a 50 en el año 2010.

Aunque el promedio del incremento es de 14%, el monto final dependerá del salario que reciba cada funcionario y su categoría.

Por ejemplo, el sueldo de un profesional 1 aumentará en un 6%, mientras que el de un profesional 2 subirá un 10%.

El ajuste regirá a partir de enero, pero se pagará en febrero de forma retroactiva, y es independiente del aumento salarial por costo de vida que se realiza cada semestre.

Guillermo Matamoros, viceministro de Trabajo, explicó que la medida evitará la fuga de profesionales hacia puestos mejor remunerados en el sector privado o en otras instituciones del Estado.

“La brecha salarial perjudica al Ejecutivo en la contratación de personal calificado, ahora podremos buscar gente con perfiles más elevados”, comentó Matamoros.

Simplificación. Ayer también, se acordó simplicar la estructura ocupacional- salarial, la cual pasará de 385 clases de puestos a 9, y de 45 niveles salariales a 10. “Este cambio es revolucionario y pondrá fin a una dispersión terrible”, afirmó Arguedas, del Servicio Civil.