Personal de la Fuerza Pública vigilado como en la película de ciencia ficción «1984» de Orwell

San José, 12 de julio del 2006.
¡URGENTE!
S.G. 05-070682-06

Licenciado
Fernando Berrocal Soto
Ministro
Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública
Su Despacho

Estimado señor:

Hemos sido enterados, tanto por personal administrativo y policial destacado en las nuevas instalaciones de la Región Uno, ubicadas en Hatillo, de la instalación en este espacio de un circuito cerrado de video.

Consideramos que por razones de seguridad, en ciertas áreas institucionales, tal sistema puede ser un apoyo muy importante para la gestión y control de los equipos utilizados por el personal.

Con tal propósito y para fortalecer su seguridad, estos sistemas son utilizados, en el sistema financiero nacional y en muchas instituciones que manejan importantes recursos de capital.

Estos sistemas los entendemos y los apoyamos, siempre y cuando, no atropellen los espacios íntimos y vitales de las personas.

En el caso de comentario se nos dice por parte de los y las denunciantes, que se están apostando cámaras de video que no solamente captan la imagen de las personas trabajadoras o visitantes, sino que además se captan todas sus conversaciones.

Lo que nos preocupa además, es que se nos dice, que dicho sistema no será dirigido por profesionales, si no que estará, supuestamente en la oficina del Director Regional.

Des ser así tal instrumento de apoyo para la seguridad, puede transformarse en un simple instrumento de control del personal por parte del Director General y esto generar en una serie de conflictos sicológicos y sociolaborales, de temores de parte del personal, que pueden dar al traste con una sana política de control de seguridad.

Se nos apunta que además de las tres cámaras que ya están instaladas se pretende instalar otra en el comedor, lo que de ser cierto, lesionaría la privacidad de las personas.

A nuestro juicio está bien que se utilice esa tecnología al servicio de la seguridad, pero esta nos debe en ningún caso, transgredir el derecho a la intimidad de la gente. Por ejemplo si además de la imagen se graban las voces, esto conllevaría prácticamente a que las autoridades manejaran y controlaran toda conversación de sus subalternos, por más íntima y personal que esta sea.

Por tal razón y conforme al derecho, solicitamos respetuosamente se nos informe lo siguiente:

1. Los estudios técnico-policiales que recomendaron el uso de tal tecnología, las empresas que participaron en la licitación. El costo de los equipos, costo de instalación, y el costo de la operación del sistema.

2. Además le rogamos se nos informe si tales equipos serán instalados en áreas de uso privado de los y las trabajadoras y si las conversaciones de los y las trabajadoras serán grabadas.

3. Nos parece oportuno además conocer si tales equipos serán instalados en otras dependencias de igual importancia estratégica que la Región Uno y el costo de tal implementación.

Por otra parte respetuosamente, le recomendaríamos a su autoridad, realizar una explicación a las personas trabajadoras sobre la importancia de esta tecnología, sus alcances, beneficios y limitaciones para proteger la intimidad de las personas.

De tal suerte que el instrumento logre sus objetivos y la gente del trabajo además de familiarizarse con el sistema lo comprenda como un instrumento para su propio beneficio y se evite cualquier posible utilización del mismo como un instrumento represor e intimidatorio contra el personal de trabajo.

Sin más nos suscribimos con toda consideración y respeto,

Édgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

Julio Soto Vargas
Responsable ANEP-Seguridad Pública

C.c. Coronel Rafael Ángel Gutiérrez, Viceministro de Seguridad Pública.
C.c.Comisionado Osvaldo Alpízar Núñez, Director Nacional Fuerza Pública.
C.c.Comisionado Francisco Sáenz Patterson, Director Región Uno.
C.c.Junta Directiva Nacional ANEP.
C.c.Trabajadores y trabajadoras Región Uno.

Campaña por la defensa de los Derechos Humanos Sindicales

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El entorno laboral en que trabaja la clase obrera industrial y de plantaciones, sobre todo de los enclaves transnacionales y en las zonas francas, y la fuerte arremetida a sus derechos laborales que sufren los empleados del sector público costarricense contradicen en mucho al régimen de democracia formal existente en el país.

Tras el portón de las empresas y de las plantaciones y en el seno de las instituciones y dependencias del Estado desaparecen las más elementales posibilidades para el ejercicio del derecho ciudadano fundamental de un trabajador o trabajadora: la libertad de organizarse en un sindicato o en una asociación laboral para ampararse y defenderse ante la situación de desigualdad y sujeción frente a la voracidad empresarial y neoliberal.

El deterioro de la libertad sindical en el país no solo es vergonzoso sino que es una afrenta a la dignidad de la persona en su condición de trabajador y trabajadora.

A la situación de explotación en que laboran miles y miles de trabajadores y trabajadoras –tanto costarricenses como inmigrantes- y de las empleadas y empleados públicos, se suma una obstinada y permanente campaña en contra de la organización sindical, de los sindicatos y de la dirigencia sindical, que no se detiene ante la injuria ni la ofensa al buen nombre de las personas.

Ejemplos tenemos a diario, baste poner un poco de atención a los editoriales de algunos de los diarios de mayor circulación, de la radio y la televisión, o a las informaciones y denuncias infundadas en contra de los sindicatos y de sus dirigentes.

Al criticar y atacar diversos aspectos de las convenciones colectivas suscritas en el sector público, se busca a la vez que minar su organización sindical y acabar con conquistas legítimas, crear un cinturón preventivo que impida a toda costa su traslado al sector privado.

Esta campaña contra la organización sindical tiene las siguientes características:

• Tiene un trasfondo ideológico clasista que surge desde las cámaras empresariales y de las esferas del poder económico.

• Es permanente y omnipresente y se realiza especialmente por medio de las empresas de comunicación de masas.

• Se realiza en condiciones de gran desigualdad en cuanto a la posibilidad de replica por parte de las personas y organizaciones que son aludidas.

• Recurre a los mecanismos de dominación ideológica más sutiles y a la mediatización de la organización sindical por medio del solidarismo.

• Es contraria a las leyes laborales y a las garantías sociales existente en el país.

• Es contraria a los tratados y convenios internacionales suscritos por el país en materia laboral.

• Es contraria a la doctrina social de la Iglesia y la doctrina social que dio fundamento al Estado Social de Derecho y a la legislación laboral.

• En casos extremos se recurre a mecanismos más directos de adoctrinamiento ideológico (como cuando se realizaron charlas y seminarios en las empresas y en la sede de la Unión de Cámaras previo a la movilización de miles de obreros industriales de todo el país que fueron llevados a desfilar en apoyo al TLC con los Estados Unidos).

• Al cercenar derechos adquiridos, busca el abaratamiento de la mano de obra nacional de cara a la entrada de las transnacionales en el marco del TLC con los Estados Unidos.

• Busca crear un muro ideológico y de prejuicios entre los trabajadores y trabajadoras del sector público y los del sector privado. En ese afán busca es satanizar a los primeros, a los que se relaciona con el gigantismo estatal y con la_ “burocracia”_, culpable de la corrupción y del “despilfarro de los recursos que además pagan todos y todas las costarricenses”.

Los ejes de esa campaña contra los sindicatos son los siguientes:

Los sindicalistas y dirigentes de los gremios son corruptos
Los sindicalistas son vagabundos
Los sindicalistas defienden sus propios intereses.
Los derechos sindicales, especialmente los salariales, atentan contra la estabilidad económica del país y de las empresas.
Los sindicalistas son “cabezas calientes”, no son democráticos.
Los derechos sindicales y laborales, expresados en las convenciones colectivas, son prebendas y privilegios.
Los reclamos de los sindicalistas atentan contra la competitividad del país.

Los públicos meta de dicha campaña son, en primer lugar, los propios trabajadores y trabajadoras que se ven afectadas por la falta de libertad sindical.

En una mezcla de terror psicológico y venta de un mundo de ilusiones se pretende vacunar al trabajador y la trabajadora contra la organización sindical mediante diferentes mecanismos de corte paternalista.

También es un público meta de dicha campaña la llamada opinión pública, con la cual se alude a una amorfa masa cambiante de receptores de mensajes, pero que en determinados momentos conforman corrientes de opinión moldeadas desde los grandes medios de comunicación.

Finalmente, en el otro extremo, son objeto de su campaña los patronos independientemente de si son grandes o pequeños empresarios, a los que se busca unificar ideológicamente bajo el paraguas del neoliberalismo.

El sector patronal más oligárquico y poderoso actúa igualmente en otros escenarios como el institucional, donde ha contado con la complicidad cada vez más descarada de la Sala Constitucional, ejerce presión sobre las autoridades del ministerio de Trabajo y los tribunales laborales; además de la Asamblea Legislativa desde donde se ha pretendido variar la legislación laboral para promover la flexibilización laboral y legalizar las prácticas antisindicales.

II.- Una realidad que debemos cambiar

El resultado concreto y más elocuente del ambiente represivo en que se desenvuelve la lucha sindical se resume en los siguientes hechos y realidades:

Eliminación de aspectos puntuales de convenciones colectivas suscritas por los sindicatos del sector público por parte de la Sala IV. La cual se ha extralimitado en sus facultades y ha actuado como punta de lanza de la ofensiva contra los derechos de ese sector, dentro de los planes neoliberales de privatización de los servicios y empresas públicas.

La casi inexistencia de sindicatos en las empresas industriales, principalmente concentradas en la Gran Área Metropolitana, GAM, y el fuerte debilitamiento del movimiento sindical bananero, otrora bastión del movimiento sindical costarricense.

La complicidad de los tribunales laborales y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha sido a tal punto que actualmente hay más de 30 quejas por prácticas antisindicales y por violación al derecho a la concertación de convenciones colectivas ante el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional de Trabajo.

En muchas empresas y plantaciones las condiciones de salubridad son infrahumanas, los trabajadores y trabajadoras están expuestas a químicos nocivos para la salud, su trabajo es riesgoso y las normas de seguridad laboral no se cumplen; además de que los salarios no llegan a los mínimos de ley.

En términos de seguridad social, se incumple parcial o totalmente el pago de las cuotas obreras (aunque muchas veces se les rebaja del salario) o patronales a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y la póliza de riesgos del trabajo al INS (Instituto Nacional de Seguros).

Además de represiva, la política antisindical del sector neoliberal es discriminatoria con respeto de las mujeres. La fuerte represión antisindical en las empresas tiene una de sus peores consecuencias en la superexplotación ejemplo en las maquilas del textil, y en la discriminación salarial de las mujeres.

Esa discriminación laboral de la mujer es una triste realidad que en las esferas de los gobiernos y de la sociedad se silencia de manera vergonzosa. Las mujeres sufren en mayor proporción el desempleo, en la menor calidad de su empleo, el acoso sexual y la violación de la jornada laboral.

También las minorías sufren una discriminación adicional, como los inmigrantes especialmente nicaragüenses ilegales y los que provienen de los pueblos indígenas ticos y panameños, los cuales suelen ser víctimas de una súper explotación laboral.

Neoliberalismo y TLC

En las últimas décadas, a la campaña ideológica contra el sindicalismo y las asociaciones laborales, se suma la riada neoliberal que ha iniciado el desmantelamiento del Estado Social de Derecho y que afecta de manera directa las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera costarricense.
El neoliberalismo justifica los cambios con argumentos relacionados con la necesidad de permitir el funcionamiento libre del mercado y la autonomía de las partes.

Se afirma que el salario y el nivel de empleo deben ser fijados a partir el libre juego de las fuerzas del mercado y que impedir el último afectará negativamente los primeros.

La protección contenida en la legislación laboral es presentada por los neoliberales como una rigidez que resta flexibilidad al mercado laboral y encarece artificialmente, el costo del factor trabajo impidiendo el empleo pleno.

El Banco Mundial por su parte plantea que “la legislación sobre salario mínimo, las regulaciones que restringen la capacidad de los empleadores de contratar y despedir y otras intervenciones similares tienden a aumentar los costos, a reducir la competitividad y a limitar el crecimiento del empleo”.

La ofensiva neoliberal en las empresas se sustenta en dos argumentos básicos: la flexibilidad laboral y la desregulación. Con ambos se busca elevar su competitividad a costa de los y las trabajadoras.

En el TLC con los Estados Unidos se concretan toda esta filosofía que se puede resumir en la frase: el TLC es la renuncia a ser una nación soberana convertida en un enclave de mano de obra barata para las transnacionales.

Nuestras banderas

1. Frente a esa realidad adversa los participantes de este encuentro levantamos las banderas de la libertada sindical como un Derecho Humano Fundamental, persuadidos de que no puede haber democracia sin sindicatos.

2. Levantamos la bandera de la defensa de las convenciones colectivas de trabajo y denunciamos y repudiamos el papel vergonzoso que realiza la Sala IV de gendarme y punta de lanza de la ofensiva contra el movimiento sindical que es el principal valuarte en la defensa de las condiciones de vida de miles y miles trabajadores y trabajares del país.

3. Levantamos la bandera de la lucha contra el TLC que significaría la muerte de nuestro Estado Social de Derecho del cual forma parte consustancial la legislación laboral y los convenios laborales internacionales suscritos por nuestro país.

Nuestro llamamiento

Llamamos a todas las fuerzas y organizaciones que expresan diferentes derechos y sensibilidades, como los grupos feministas, ambientalistas, y a los que representan a grupos de la sociedad que son discriminados, relegados u olvidados.

Llamamos a la Iglesia que hoy retoma con fuerza los principios de la justicia social y que bajo el liderazgo de Monseñor Víctor Manuel Sanabria fue actora indiscutible de la reforma social de los años 40.

Llamamos al movimiento contra el TLC que se nutre desde muchos sectores, como el estudiantado, las organizaciones del magisterio y del sector público, la intelectualidad progresista, las universidades, el estudiantado y los trabajadores de la cultura.

Llamamos a los movimientos y partidos políticos progresistas y al movimiento sindical en todas sus corrientes ideológicas.

Llamamos a todas las sensibilidades que actúan y articulan con mayor frecuencia sus agendas y en su conjunto conforman un movimiento social que en el enfrenamiento al modelo neoliberal siente la necesidad de construir su propio proyecto de país.

A todos y a todas las que se indignan ante las injusticias, hacemos el llamado a asumir la consigna de la libertad sindical como una aspiración que no solo es de los sindicatos sino de toda la sociedad.

Llamamos en fin a emprender esta campaña por la Libertad Sindical como Derecho Humano Fundamental.

San José, 10 de julio de 2006
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¿Qué es la “flexibilidad” laboral?
Campaña Regional contra la Flexibilidad Laboral

¡SIN SINDICATOS NO HAY DEMOCRACIA!

Los asistentes al evento aprobaron realizar la campaña “Por la libertad Sindical como Derecho Humano Fundamental”, en respuesta a la ofensiva contra los derechos laborales de los trabajadores públicos así como por la fuerte represión sindical en las empresas privadas, en el marco del impulso del TLC y de la flexibilidad laboral.

Al evento asistieron 57 personas de 25 organizaciones laborales y sociales, además de los diputados Oscar López y José Merino del Río, el Sacerdote Orlando García de la Pastoral Social de la Iglesia y el representante del ministro de Trabajo, Sr. Gonzalo Solórzano.

Nota de Diario Extra

Costa Rica con la tasa más baja de América Latina:

REPROCHAN AL SECTOR PRIVADO IMPEDIR LA SINDICALIZACIÓN

Shirley Sandí
Diario Extra

Costa Rica posee la taza más baja de sindicalización en el sector privado de toda América Latina, debido a la persecución de la que son víctimas los trabajadores que se agrupan con el fin de defender sus derechos laborales.

Según comentó Gerardo Cerdas, representante de la Organización Latinoamericana “Grito de los Excluidos”, del 10% de la población económicamente activa (PEA) que se encuentra sindicalizada en el país sólo el 0,2% pertenece al sector privado, cuando los porcentajes superan el 10% en países de mayor represión social como Honduras y Guatemala.

Es por este y otros motivos que 25 organizaciones sociales se reunieron este lunes en San José para arrancar con la campaña “Por la Libertad Sindical como Derecho Humano Fundamental”, la cual busca extender a corto y mediano plazo todas aquellas acciones que respalden las libertades sindicales por medio de publicaciones, afiches, seminarios con empresarios y pretende hasta promover una feria nacional en este tema.

Cerdas comentó que la persecución sindical en el país es terrible, aunada a reciente eliminación de derechos estipulados en las convenciones colectivas por parte de la Sala Cuarta como la punta de lanza a los planes neoliberales de privatización que impulsa el Tratado de Libre Comercio, resalta la inexistencia de sindicatos en las empresas industriales del Área Metropolitana y el debilitamiento en el sector bananero.

“Vamos a luchar por un reconocimiento social a nivel de derechos que indiscutiblemente se traducirá en enfrentamiento, porque los trabajadores deben reclamar su dignidad”, comentó Cerdas.

30 QUEJAS POR PRÁCTICAS ANTISINDICALES

Cabe destacar que actualmente en el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo hacen fila más de 30 quejas por prácticas antisindicales y para el próximo mes se tiene prevista la vista de una delegación de este organismo internacional que verificará dicha situación.

Finalmente los sindicatos reprocharon las condiciones de insalubridad en que se labora en muchas empresas y plantaciones, sin salarios mínimos de ley, el incumplimiento del pago de las cuotas a la CCSS y la póliza de riesgos de trabajo del INS y la discriminación hacia la mujer, inmigrantes e indígenas.

¿CÓMO SE ATACA A LOS SINDICATOS?

Los ejes de la compaña en contra de los sindicatos, la cual lideran empresarios y ciertos medios de comunicación son los siguientes:

  • Los sindicatos son corruptos.
  • Los sindicatos son vagabundos.
  • Los sindicalistas defienden sus propios intereses.
  • Los derechos sindicales, especialmente los salariales, atentan con la estabilidad económica del país y las empresas.
  • Los sindicalistas son cabezas calientes, no democráticos.
  • Los derechos sindicales y laborales, expresados en convenciones colectivas, son prebendas y privilegios.

Fuente: Campaña por la defensa de los Derechos Humanos Sindicales.

ANEP pide a Defensoría intervenir en el INS: Nombramientos políticos sin idoneidad

San José, 11 de julio de 2006.
S.G. 05-07-0679-06

Doctora
Lisbeth Quesada Tristán
Defensora de los Habitantes de la República
Defensoría de los Habitantes de la República
Su Despacho

Estimada señora Defensora:

En primer término, le expresamos el mayor de nuestros respetos.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), que nos honramos en representar, conjuntamente con la Junta Directiva de la Seccional de la ANEP en el Instituto Nacional de Seguros (INS), solicitamos se intervenga para que se investigue los hechos relacionados con el nombramiento del Presidente Ejecutivo y del Subgerente del Instituto Nacional de Seguros (INS), realizados por el actual Gobierno de la República; pues a tenor de lo dispuesto por los estatutos jurídicos correspondientes, cuyo lema ha sido salvaguardar el principio de la técnica, dichos nombramientos carecen de validez jurídica dado que no satisfacen los requisitos exigidos por dichos estatutos.

Aquí lo que más preocupa es que la ley que regula esta materia, se hizo para defender el interés de los ciudadanos de un país, en este caso de todos los y de todas las costarricenses; interés que se ve puesto en serio peligro, cuando no son las personas o los profesionales con los perfiles requeridos y debidamente normados (según la normativa jurídica que detallaremos más adelante), los que los diferentes poderes ejecutivos nombran en las instituciones del Estado Costarricense.

Y es que en el caso específico del Instituto Nacional de Seguros, una institución que no sólo es una aseguradora comercialmente hablando, sino que es un ente público que debido a su génesis de creación fue estructurada y pensada como un ente fundamental en el soporte de la “Seguridad Social Costarricense” (dándosele la administración total de los seguros sociales de Riesgos del Trabajo, Seguro Obligatorio de Automóviles, y por supuesto del Benemérito Cuerpo de Bomberos, entre otras); hace que un manejo ineficiente e ineficaz de la institución por falta de conocimientos de sus jerarcas sea de elemental relevancia, para los intereses de la ciudadanía, toda vez que una mala administración afectará el bienestar público.

Son las actividades anteriores, más el manejo técnico de los Seguros Comerciales, los que en la gestión y control de los seguros en Costa Rica, requieren necesariamente de que quienes controles sus decisiones político-técnicas y gerenciales, sean personas de una amplia experiencia y conocimiento de la actividad aseguradora en el país y en el mundo. Condiciones que, definitivamente, no cumple el actual Presidente Ejecutivo del INS, el señor Guillermo Constenla Umaña y que tampoco cumple el recién nombrado Subgerente General del INS, Lic. Luis Ramírez Ramírez. Entendemos que los dos son abogados de profesión y esta por demás demostrado que nunca han estado en el campo de la actividad de los seguros del país.
Es por todo lo anterior que recurrimos a su digna representación como Defensora de los Habitantes, a plantear lo siguiente:

A. Sobre el nombramiento del Presidente Ejecutivo

La ley de Presidentes Ejecutivos de las Juntas Directivas del Banco Central de Costa Rica y demás Instituciones Autónomas y Semiautónomas No Bancarias (Ley No.5507 del 19 de abril de 1974), establece en su Artículo 3 la reforma al Artículo 4 de la Ley 4646 del 20 de octubre de 1970, donde señala que la Junta Directiva debe estar integrada por un

“1) Presidente Ejecutivo de reconocida experiencia y conocimiento en el campo de las actividades de la correspondiente institución designado por el Consejo de Gobierno cuya gestión se regirá por las siguientes normas (…)”.

Similarmente, la Ley de Reorganización del Instituto Nacional de Seguros (Ley No.33, del 23 de diciembre de 1936) reitera la disposición anterior acerca de la experiencia y conocimiento que el Presidente Ejecutivo debe poseer en el campo de las actividades institucionales.

Como es de dominio público, el Consejo de Gobierno nombró al Ing. Guillermo Constenla Umaña como Presidente Ejecutivo del INS; sin embargo, el perfil profesional del Ing. Guillermo Constenla Umaña no se ajusta ni en experiencia ni en conocimiento al campo de los seguros.

Por esta razón, dicho nombramiento por parte del Consejo de Gobierno configura un hecho irregular que no es compatible con una sana administración de los fondos públicos dado que, siendo el Presidente Ejecutivo la figura de mayor jerarquía para efectos de gobierno de la institución, delegar la Presidencia Ejecutiva en una persona cuyo perfil no corresponde al campo de actividades de la institución eventualmente comprometería el buen uso del patrimonio institucional.

En ese sentido y de manera conexa, la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública No. 8422, también es congruente con los motivos expuestos.

Dado que hay presunción de vicios de nulidad en este nombramiento, estimamos que es necesario, a fin de resguardar el patrimonio institucional, proceder a un nuevo nombramiento de Presidente Ejecutivo que satisfaga los requisitos expresamente mencionados en la Ley.

B. Sobre el nombramiento del Subgerente

De igual manera, las condiciones de idoneidad que se establecen para ostentar el cargo de Presidente Ejecutivo del INS, se reiteran en el Artículo 4 de la Ley de Reorganización del Instituto Nacional de Seguros (Ley No.33, del 23 de diciembre de 1936) cuando establece la condición de idoneidad en el campo de los seguros para el servir al cargo de Gerente y Subgerente:

“Designará también la Junta Directiva un Gerente que tendrá a su cargo la administración de los negocios del Instituto, con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, de acuerdo con la ley y con las instrucciones generales que le imparta la Junta Directiva; y un Subgerente, con igual poder, que reemplazará al Gerente en sus ausencias temporales y coadyuvará en la administración superior de la Institución, con las funciones que expresamente le señalen la Junta Directiva y el Gerente.” (se suple el subrayado)

Similarmente, el Reglamento General del Instituto Nacional de Seguros (Decreto Ejecutivo No.29 del 24 de junio 1964) establece en el Artículo 17 la potestad del Subgerente de reemplazar al Gerente en sus ausencias y de ostentar la representación judicial y extrajudicial del Instituto.

De manera conexa, la Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas (Ley 7105), señala en su Artículo 15, que sólo los miembros del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas podrán ser nombrados en cargos públicos que requieran conocimientos en las ramas y especialidades de las Ciencias Económicas:
Artículo 15.- Solamente los miembros activos, los temporales, los asociados y los honorarios del Colegio podrán:

a) Ejercer la profesión en los campos de competencia de las Ciencias Económicas, tanto en el sector público como en el sector privado.

b) Ser nombrados en cargos, en entes o empresas públicas para los cuales se requieran conocimientos en materias propias de las Ciencias Económicas.

Desde este punto de vista, el nombramiento del Sr. Luis Ramírez como Subgerente de la institución, realizado por la Junta Directiva del Instituto Nacional de Seguros, también tiene vicios de nulidad, puesto que el mencionado funcionario carece de experiencia y conocimiento en el campo de los seguros; y en general, en el campo de las Ciencias Económicas.

De nuevo, se configura un hecho irregular que no es compatible con una sana administración de los fondos públicos dado que, siendo el Subgerente la figura que sustituye al Gerente y que debe asumir la administración de los negocios del INS, que son negocios en el campo de los seguros; al delegar la Subgerencia, y eventualmente la Gerencia, en una persona cuyo perfil no corresponde al campo de actividades de la Institución, se estaría comprometiendo el buen uso del patrimonio institucional.

De ahí la necesidad de proceder con un nuevo nombramiento de Subgerente que satisfaga los requisitos expresamente mencionados en los cuerpos normativos.

C. Sobre el nombramiento de miembros de la Junta Directiva del INS

El nombramiento de los directivos Sonia Picado Sotela y Alberto Raven Odio, de igual manera incumplen con los requisitos de idoneidad en materia de seguros. Específicamente, en el Artículo 2 de la Ley de Reorganización del Instituto Nacional de Seguros, se consigna lo siguiente acerca del nombramiento de los directivos:

“2) Seis personas de amplios conocimientos o de reconocida experiencia en el campo de actividades de la correspondiente institución (…)” (se suple el subrayado)

Esto mismo está consignado en la ley de Presidentes Ejecutivos de las Juntas Directivas del Banco Central de Costa Rica y demás Instituciones Autónomas y Semiautónomas No Bancarias (Ley No.5507 del 19 de abril de 1974), en su Artículo 3 que reforma al Artículo 4 de la Ley 4646 del 20 de octubre de 1970.

Como es de dominio público, el perfil profesional de los directivos Picado Sotela y Raven Odio, no se ajusta ni en experiencia ni en conocimiento al campo de los seguros.

Precisamente, la no idoneidad de estas personas hace presumir que para el caso del INS (y en un momento en que algunos de los principales jerarcas que han ejercido en el pasado puestos directivos están siendo severamente cuestionados por la opinión pública y sus casos en manos del Ministerio Público), se estaría aumentando el riesgo de posibles irregularidades con daño patrimonial evidente producto de la impericia en la materia por parte de algunos de sus directivos.

Por tales razones, como indicamos, la ANEP y la Seccional ANEP-INS solicitan a la Defensoría de los Habitantes de la República intervenir en esta situación procedimiento a emitir los señalamientos pertinentes y demandando las debidas explicaciones, en aras del inobjetable interés ciudadano que implica la estabilidad financiero-institucional del Instituto Nacional de Seguros.

Anexamos texto de las disposiciones legales indicadas.

Muy respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Víctor Ríos Sanabria
Presidente de la Junta Directiva
Seccional ANEP-INS

cc.: Trabajadores y trabajadoras del INS.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-INS.
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Medios de Comunicación Colectiva.
cc.: Archivo.

ANEP denuncia prácticas de acoso laboral contra sus dirigentes en Adaptación Social (Sistema Penitenciario Nacional), por denuncias de presuntas irregularidades en las cárceles del país.

San José, 10 de julio del 2006.
¡S.G. 05-07-0674-06
¡URGENTE!

Licenciada
Laura Chinchilla Miranda
Primera Vicepresidenta de la República
y Ministra de Justicia y Gracia

Licenciando
Fernando Ferraro Castro
Viceministro
Ministerio de Justicia y Gracia

Su Despacho

Estimada señora y estimado señor:

Con la mayor consideración, expresamos a vuestras dignas autoridades el más respetuoso saludo de nuestra parte.

De manera enfática, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) que mucho nos honra en representar, les exhorta con vehemencia para que se giren las directrices que a bien han de corresponder, a fin de proteger la integridad moral, laboral, psicológica y hasta física de todos aquellos compañeros y de todas aquellas compañeras que en el Sistema Penitenciario Nacional y en el propio Ministerio de Justicia y Gracia ostentan cargos de representación sindical a nombre de la ANEP, así debidamente acreditados ante las instancias de ley; ante ciertos episodios de acoso, increpación, malacrianzas, intimidación y hasta amenazas veladas que han empezado a sufrir algunos de ellos, simplemente porque la ANEP y sus estructuras sindicales intermedias en las mencionadas entidades institucionales, han tenido la “osadía” de formular preguntas, hacer cuestionamientos y presentar denuncias de presuntas irregularidades en varias situaciones que los despachos de vuestras autoridades ya conocen.

Aunque podría valorarse como una posibilidad totalmente hipotética, en algunos de los y de las representantes de ANEP en el Sistema Penitenciario Nacional, empieza a tomar cuerpo una especie de temor de que se intente una especie de “vendetta” política en su contra; en el sentido de que, eventualmente y de manera abrupta aparezca, en sus correspondientes y particulares espacios de trabajo, material u objetos radicalmente prohibidos en las cárceles del país, que buscase inculpar por su presunta tenencia a cualesquiera de los dirigentes de ANEP que han decidido comprometerse con la tarea del saneamiento institucional. Aunque tal monstruosidad no cabe en nuestra concepción sindical, sí queremos expresar aquí esa especie de angustia que empieza a inquietarnos, para que conste ante eventualidades trágicas.

Tómese en cuenta que este tipo de comportamientos de ciertas jerarquías contra representantes sindicales debidamente acreditados, pueden ser objeto de, incluso, procesos penales a la luz de la Ley No. 7360 y sería sumamente penoso y engorroso que las máximas autoridades políticas institucionales tengan que verse involucrados en algo así, porque funcionarios de segunda ó de tercer rango se molestan ante la eventualidad de que deban rendir cuentas de sus actos pasados y/o presentes.

Pareciera que ciertas estructuras institucionales de vieja data, que nunca estuvieron acostumbradas a rendir cuentas de sus actos, hoy parecen sumamente molestas y agresivas por las gestiones que la ANEP viene realizando en pro de una gestión institucional más transparente, más abierta, más participativa y más conciente de la trascendencia para el país de una institucionalidad bastante postergada ante la sociedad, como lo es la del Sistema Penitenciario Nacional.

Valga indicar, además, que este accionar de la ANEP que tanto parece molestar a algunas autoridades de corte tradicional, está en estricta congruencia con fundamentales lineamientos éticos que ha decidido impulsar el Gobierno del Presidente Oscar Arias Sánchez; y si bien es cierto con esta Administración mantenemos fuertes discrepancias estratégicas sobre la concepción de desarrollo que mejor le conviene a la clase trabajadora, la ANEP está conciente de que en el tema de la transparencia y de la ética en la función pública mucho se puede hacer de manera compartida, entre los sindicatos y las autoridades institucionales respectivas.

Vistas así las cosas, respetables máximas autoridades del Ministerio de Justicia y Gracia, reiteramos nuestra petición de actuar en lo indicado con la urgencia debida; pues, como dice el refrán popular “quien nada debe, nada teme” y estamos convencidos de que todas nuestras gestiones presentadas recientemente ante sus despachos, guardan congruencia con la política de transparencia institucional que el Gobierno que ustedes integran ha manifestado promover.

Muy respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Ligia Solís Solís
Directiva Nacional
Responsable ANEP-Adaptación Social

cc: Junta Directiva Nacional ANEP.
cc.: Junta Directiva Sectorial ANEP-DGAS.
cc.: Juntas Directivas Seccionales ANEP-Adaptación Social-
cc.: Trabajadores y trabajadoras, Sistema Penitenciario Nacional-Ministerio de Justicia y Gracia.
cc.: Archivo.

ANEP respalda acciones de trabajadores y trababadoras del INS

San José, 7 de julio del 2006.
S.G. 05-07-0675-06

Doctor
Guillermo Constenla Umaña
Presidente Ejecutivo
Instituto Nacional de Seguros (INS)
Su Despacho

Estimado señor:

En primer término, expresamos a su autoridad un atento y respetuoso saludo de nuestra parte.

Queremos dejar constancia por esta vía de la profunda preocupación que anima a esta organización, por la delicada y crítica situación institucional generada a partir de la renuncia compulsiva de un elevado grupo de compañeros y de compañeras quienes habían acumulado un gran bagaje y una enorme experiencia en el campo de los seguros.

Esta preocupación se torna más grave cuando estamos percibiendo que no existe un proceso realmente estructurado que ubique al personal en los puestos atinentes a su experiencia técnica en los diversos tipos de seguros. Tenemos entendido que las sustituciones de puestos, y nos referimos a aquellos donde se deben tomar decisiones (asistentes, subjefaturas y jefaturas, etc.), se ha estado asignando a personas que no tendrían la experiencia necesaria. Sinceramente creemos que esto puede afectar seriamente la calidad técnica y de servicio que, hasta donde tenemos entendido, ha sido una de sus preocupaciones cuando asumió el alto cargo que hoy ostenta.

Por tales razones, siempre reiterándole nuestro respeto y consideración, le solicitamos disponer lo pertinente para que de su parte se realice una revaloración y reconsideración de los nombramientos efectuados y se dé la oportunidad de responsabilidades decisorias, a quienes sí han demostrado a través de los años, experiencia, conocimiento y una buena atención a la población usuaria del INS.

Sin más y agradeciendo su gentil atención, nos suscribimos con todo respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Víctor Ríos Sanabria
Presidente de la Junta Directiva
Seccional ANEP-INS.

cc.: Trabajadores y Trabajadoras INS.
cc: Junta Directiva Nacional ANEP.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-INS.
cc.: Archivo.

Sobre el financiamiento para el Proyecto de Mejoramiento del Medio Ambiente del Area Metropolitana de San José

Ocho argumentaciones que fundamentan
el empréstito del A y A con el
Banco Japonés para la Cooperación Internacional (JBIC);
y la necesaria aprobación
por parte de la asamblea legislativa,
antes del 31 de julio del año en curso

UNA VISIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DE LA ANEP

INTRODUCCIÓN

Las políticas neoliberales y aperturistas de los últimos dos decenios, han sometido al A y A al estrangulamiento y debilitamiento financiero, con el propósito de propiciar su incapacidad y dar término a sus principios fundadores como la solidaridad, la subsidiaridad, la universalidad del servicio del agua potable y del alcantarillado sanitario, que presta esta institución de orden estratégico en el desarrollo humano.

Después de mas de treinta años, el A y A, a través del Banco Japonés para la Cooperación Internacional (JBIC), decide realizar la inversión ambiental y social más significativa desde su fundación.

ARGUMENTACIONES

1- El rezago en las inversiones en el campo del alcantarillado sanitario, ha ocasionado un acelerado deterioro ambiental en el Área Metropolitana, en los cauces de los ríos y en los mantos acuíferos; en consecuencia, la contaminación del recurso hídrico, producto de las cargas residuales, domésticas e industriales que sin tener tratamiento alguno son vertidos en el Río Tárcoles, implicando consecuencias de orden ambiental y un impacto económico en el Golfo de Nicoya, por una suma superior a los 200 millones de dólares al año; lo que se traduce en aceleramiento de la pobreza de sectores con economías de pequeña escala como, por ejemplo, el sector pesquero.

2- El sistema de saneamiento actual cubre el 50% de la población del Área Metropolitana y un 25% a nivel nacional; con el agravante de que solamente el 4% recibe algún grado de tratamiento, lo que significa una potencial amenaza para el desarrollo y la sostenibilidad del país.

3- Las primeras inversiones realizadas en el alcantarillado sanitario datan de los años 1911 y 1930 cuando se inauguraron los colectores en los ríos Torres y María Aguilar. Más recientemente, en 1972 y 1981, se construyeron y extendieron cuatro grandes colectores a lo largo de los ríos Tiribí, María Aguilar, Torres y Rivera; de tal manera que desde 1981 hasta la fecha, el país no ha hecho inversión en alcantarillado sanitario. Valga decir que desde 1991 mas de cien urbanizaciones construidas con red de alcantarillado sanitario, no operan por la falta de colectores.

4- El país ha priorizado las inversiones en agua potable, lo que le ha permito gozar de estándares envidiables, solo comparables con un país desarrollado. Según datos del 2000, los niveles de cobertura de abastecimiento de agua para consumo humano es del 98% a nivel nacional. Esto no ocurre con el alcantarillado sanitario que ronda el 34% nacional, y en el caso del Área Metropolitana, sólo el 45% cuenta con acceso al alcantarillado sanitario.

5- El proyecto total tiene por objetivo mejorar las condiciones que presentan hoy los ríos y el medio ambiente del Área Metropolitana, que marcan un grave deterioro causado por las descargas de aguas residuales sin tratamiento alguno, mediante la rehabilitación y expansión del sistema de alcantarillado sanitario y la construcción de una gigantesca y moderna planta de tratamiento.

Los límites del área del proyecto total, incluida las dos etapas, abarca desde el este, el Cerro de Ochomogo, por la zona protectora del Río Tiribí, al sur; con Aserrí, San Miguel Higuito de Desamparados y los cerros del Tapezco en Escazú y de Santa Ana, al norte. Su límite natural es el Río Virilla, teniendo como puntas más altas al noroeste, San Rafael de Coronado y de este a oeste, las principales ciudades que conforma el límite de San Jerónimo de Moravia, San Juan de Tibás y Pavas.

6- El empréstito es tipificado de rango ambiental, por la suma de 15,001.000.000,00 yenes (100 millones de dólares), a un plazo de 25 años, una tasa de interés del 1.2% anual, fijándose el primer pago de amortización del principal para el 20 de marzo del 2013.

7- De no ser aprobado este empréstito, el A y A, como institución estratégica en el desarrollo humano, quedará limitada para la realización de inversiones de gran envergadura, pues su debilitamiento y su limitada capacidad de inversión social, la conducirá irremediablemente hacia la privatización.

8- El país y la sociedad costarricense habremos involucionado si la Asamblea Legislativa no diera el respetivo aval a esta oportunidad, para que el A y A vuelva a realizar inversión social, de tal manera que hagamos honor a la imagen internacional de país ambientalmente sostenible. Al respecto téngase presente que los estudios científicos demuestran que por cada dólar invertido en saneamiento ambiental, el sistema de salud y el país se ahorra 7 dólares.

9- Finalmente, comprendemos la preocupación externada por algunos honorables señores diputados y no menos honorables señoras diputadas, en el sentido de que este proyecto debe ser sometido a un profundo análisis, a partir de las experiencias con los empréstitos español y finlandés, así como el sonado caso ALCATEL; no obstante, nos preocupa que el país y la sociedad costarricense pierda la oportunidad de que el A y A pueda realizar la inversión social más ambiciosa en alcantarillado sanitario, una infraestructura colapsada desde hace veinte años.

PETITORIA

Por lo tanto, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), exhorta, respetuosa pero vehementemente, a la honorable Asamblea Legislativa, a aprobar con la urgencia del caso el Contrato de Préstamo No. CR-P4, suscrito por el Gobierno de la República de Costa Rica y el Banco Japonés para la Cooperación Internacional (JBIC) para financiar el Proyecto de Mejoramiento del Medio Ambiente del Area Metropolitana de San José; pudiéndose lograr así la inversión y la modernización de su colapsado alcantarillado sanitario.

San José, 5 de julio de 2006.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

Gerardo Cascante Amador
Responsable ANEP-AyA

Clima laboral de temor en el Área Rectora de Salud de Guácimo

San José, 29 de junio de 2006.

S.G. 05-07-0664-06

Doctora
María Luisa Ávila Agüero
Ministra
Ministerio de Salud
Su Despacho

Estimada Señora Ministra:

Reciba un respetuoso y cordial saludo de parte de nuestra organización sindical, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Particularmente le manifestamos nuestro agradecimiento, por la deferencia que ha tenido su estimable autoridad, al atender con tanta celeridad el asunto de los viáticos, que afecta a los funcionarios y funcionarias del ministerio a su digno cargo y, en particular, a los de la Región Huetar Atlántica.

Mucho le agradeceremos girar las instrucciones necesarias para la solución del problema suscitado, a las autoridades de la región, a fin de que se haga efectivo cuanto antes, el cumplimiento de lo que su autoridad considera positivo sobre nuestras sugerencias. De esa manera se fortalecerá la paz laboral y evitaremos acciones que afecten la imagen institucional y la atención a las personas.

En otro orden de cosas, pero siempre relacionadas con la Región Huetar Atlántica, nos permitimos remitirle una denuncia que de manera temerosa, nos externaron algunos funcionarios y funcionarias del Área Rectora de Salud de Guácimo.

Se trata del clima laboral que se respira en ese centro de trabajo, aparentemente, recargado por un estilo de mando impositivo y acoso laboral, practicado por parte de la nueva Directora del Área, Doctora Say Leng Sang A, hacia algunos funcionarios y funcionarias, quienes temen denunciar los hechos en lo particular por temor a represalias. Ante tal situación, nos han pedido interceder en el asunto, al considerar que esa actitud afecta la atención del área en todos los niveles.

En honor a la verdad, debemos manifestarle que nosotros no conocemos a la respetable Directora; no obstante, trasladamos la denuncia por cuanto consideramos que es nuestra obligación hacerlo, al tiempo que le solicitamos se ordene cuanto antes, el estudio del clima labora correspondiente, a fin de que aflore la verdad en beneficio de la institución y de quienes actúan con responsabilidad y respeto al ordenamiento.

Una vez más le reiteramos nuestro respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Freddy Solórzano Jiménez
Responsable ANEp-Sector Salud

C.c. Dr. Róger A Brown Stamp, Director Regional.
C.c. Dra. Rossana García González, Directora General.
C.c. Dra. Say Leng Sang A, Directora Área Rectora Guácimo.
C.c. Junta Directiva Nacional de ANEP.
C.c. Trabajadores y trabajadoras interesadas.

Paro general en la Junta de Protección Social de San José

El lapso que dimos la semana pasada a la Autoridad Presupuestaria, para que se dignara responder nuestra solicitud, fue tiempo perdido.

Evidentemente, a la señora Directora de ese ente financiero, no le preocupa lo que ocurra en nuestra institución y mucho menos a nosotros los trabajadores y trabajadoras de la misma, razón por la cual tendremos que retomar la lucha y prepararnos para la jornada de medio día, este próximo lunes.

En ese sentido, hacemos un llamado a todo el personal, para que con el mismo entusiasmo y valor con que nos presentamos el lunes 19, lo hagamos este lunes 3 de julio, en el portón principal.

Tomemos en cuenta que tenemos la razón y tenemos la fuerza de nuestro lado, que el Señor Gerente General M.Sc. Luis Polinaris, nos da la razón y lo que es más, una semana después del paro pasado, en su condición de Gerente General, presentó ante la AP, un excelente Recurso de Revocatoria con apelación en Subsidio, contra el oficio 1677-06 que nos tiene en ascuas, documento, imposible de refutar; sin que se caiga en la irresponsabilidad y el ridículo legal, razón por la cual la A P. guarda silencio.

Aplaudimos la actitud del señor Polinaris, su sentido de responsabilidad como Gerente de la institución y su consecuente compromiso con la justicia laboral, demostrada en este proceso.

Ahora nos toca a nosotros el trabajo más difícil, el de la presión para que los sordos escuchen.

Desafortunadamente, no tenemos otra alternativa, a eso nos lleva la AP y quienes pretendan despojarnos de nuestros derechos.

TODOS AL PARO PARA SENTIRNOS ORGULLOSOS
QUE NO TE QUEME LAS MANOS EL 9:81%.

Seccional ANEPJPSSJ

“Los derechos no se mendigan, se arrebatan”
José Martí

Trabajadoras (es) del Ministerio de Salud de la Región Huetar Atlántica solicitan pago de viáticos fijos para poder realizar su trabajo

San José, 23 de junio de 2006.
S.G. 05-07-0654-06
¡URGENTE!

Doctora
María Luisa Ávila Agüero
Ministra
Ministerio de Salud
Su Despacho

Estimada señora Ministra:

Los abajo firmantes, representantes de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y funcionarios del Ministerio de Salud de la Región Huetar Atlántica, muy preocupados por la situación que impera en esta región, relacionada con el pago oportuno de los viáticos al personal de campo; nos permitimos, nuevamente, acudir a su estimable autoridad, en procura de una solución expedita.

El caso es que desde hace aproximadamente dos meses se giró una directriz por parte de la Dirección Regional Huetar Atlántica, que obliga a los funcionarios con derecho a ese rubro, presentar el cobro de los mismos en un nuevo formulario.

En principio nos hemos opuesto a esa directriz, para exigir un proceso de inducción en el cual se explicara con detenimiento, el porqué del cambio y del método a seguir; a fin de que no se suscitaran contratiempos a la hora de cancelar el importe reportado. Eso no se atendió y provocó lo que se temíamos. Hoy nos están devolviendo las fórmulas precisamente por “fallas” en la confección.

En procura de la solución a nuestro problema y al de las comunidades de la zona, nos permitimos con todo respeto solicitar lo siguiente:

1) Que se ordene el proceso de inducción para el cambio de formularios de viáticos, por respeto al personal y para evitar los contratiempos ya suscitados.

2) Que se retome el formulario de viáticos fijos anterior, por cuanto hemos sido enterados que el Ministerio de Hacienda, no ha solicitado cambios para el pago de ese rubro.

3) Que se atienda la solicitud de transformación del viático fijo en sobresueldo, presentada por los sindicatos SITECO y ANEP, a finales de la anterior administración, para evitar la incertidumbre de ilegalidad del mismo, cada vez que lo cuestiona el Ministerio de Hacienda.

4) Que se ordene recibir los formularios de viáticos, devueltos el 19 de junio por parte del Departamento de Contabilidad de la Región Huetar Atlántica y otras donde se presente el mismo problema, para que se cancele cuanto antes lo adeudado; de lo contrario, el personal se verá obligado a no atender el trabajo de campo, a partir de la próxima semana.

Estimada señora Ministra; Insistimos respetuosamente en que su autoridad intervenga en este asunto para la solución de este problema; y que tome en cuenta que el personal de campo, no seremos los responsables de lo que ocurra por cuanto no se han atendido nuestras sugerencias ni planteamientos para mejorar la comunicación entre directores y subordinados.

En espera de una respuesta expedita, nos suscribimos atentos,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Freddy Solórzano Jiménez
Responsable ANEP-Ministerio de Salud

cc.: Dr. Róger A. Brown Stamp, Director General Región Huetar Atlántica, Ministerio de Salud.
cc.: Junta Directiva Nacional ANEP
cc.: Personal Región Huetar Atlántica, Ministerio de Salud.

FIRMAS DE RESPALDO DEL PERSONAL AFECTADO DE LA REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA