El Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José dio curso a un proceso de investigación contra La Ministra de Planificación, Pilar Garrido González y contra el Ministro de Hacienda, Elian Villegas Valverde, por infracciones a las leyes de trabajo y previsión social.
La decisión del Juzgado de Trabajo de elevar el caso a audiencia oral se da luego de la demanda presentada por el representante sindical Luis Leal Ruiz, quien funge como Presidente de la Seccional ANEP-Imprenta Nacional, por incumplimiento del Estado en el pago de reajuste salarial por costo de vida durante el año 2020.
Los hechos se remontan al 17 de diciembre del año 2019 cuando se publicó el decreto Nº 42121-MTSS-H-MIDEPLAN, en el cual se dispuso un aumento salarial anual al salario base de todas las categorías del sector público de 7.500 colones, que se haría efectivo de forma retroactiva en la segunda quincena del mes de febrero del año 2020. Sin embargo, luego en el decreto Nº 42286-MTSS-H-MIDEPLAN, se suspendió el aumento establecido.
Ante esta situación, la ANEP y el presidente de la seccional ANEP-Imprenta Nacional acuden al Jugado de Trabajo al no realizarse el reajuste salarial establecido, a pesar de que existe la partida presupuestaria para proceder con su aplicación.
Dentro de los alegatos presentados por la ANEP ante el Juzgado de Trabajo, se indica que la conducta adoptada en el decreto Nº 42286-MTSS-H-MIDEPLAN es disconforme con el ordenamiento jurídico laboral, ya que violenta lo dispuesto en el artículo70, inciso i, del Código Trabajo, así como los artículos 167,177 y 178 ídem.
A estos argumentos, se suma “la transgresión cometida también violenta normas prohibitivas de carácter supra constitucional y de naturaleza legal, destinadas a proteger el salario y el patrimonio como derechos fundamentales de todos los servidores y servidoras públicas y como elemento esencial del contrato de trabajo, pues según lo establece el numeral 167 del Código, a trabajo igual corresponde salario igual, prohibición que surge de una interpretación armónica de este numeral, más los cánones 83 inciso i) y 70 inciso i) ibídem”.
Además, indican que “el actuar de estos servidores públicos, transgrede los mandatos de la Constitución Política y del Código de trabajo y esto constituye una infracción a las leyes laborales; sin dejar de lado las normas que permiten actualizar los salarios por costo de vida. Además de convenios internacionales referentes a la protección del salario”.
La ANEP también detalló, entre ostros aspectos, que ha existido inflación durante los años 2019, 2020 y 2021 generándose una pérdida del valor adquisitivo de los salarios, de acuerdo con lo indicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
Ante estos y otros alegatos por parte del sindicato, el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José y de conformidad con los ordinales 672 del Código de Trabajo convoca a las partes a una audiencia oral, establecida el 17 de enero del año 2023. No obstante, la ANEP ya está gestionando lo pertinente para el adelanto de la audiencia.
El 7 de septiembre del 2020 el presidente, Carlos Alvarado firmó una ley en la cual se estipulaba trasladar un aproximado de 3.000 millones de colones a la Cruz Roja por concepto del impuesto a la telefonía móvil y convencional, lo cual permitiría la contratación de unos 300 socorristas nuevos, pero a la fecha no se ha depositado un solo colón.
Gracias a la disposición y apertura entre ambas partes, se logró firmar un acuerdo en el Ministerio de Trabajo que permite dar inicio al trabajo sindical dentro del municipio.
Representantes de la Seccional ANEP-OBAS iniciaron el pasado jueves las primeras negociaciones de la Convención Colectiva de Trabajo con la empresa Cooperación Agrícola del Monte Bandeco, ubicada en Colonia San José en Sarapiquí.
Así lo denuncia la seccional ANEP-Cárceles OIJ, luego de que se debiera cerrar temporalmente la sección de cárceles del I Circuito Judicial de San José, debido a un brote de Covid 19 entre los oficiales destacados en el lugar y los privados de libertad que se mantiene en celdas.
Así lo confirma un correo enviado por el Sub Secretario General del Organismo de Investigación Judicial, Armando Castillo Fallas, a varias personas a lo interno del Poder Judicial, donde indica la situación sanitaria que afecta de forma critica a las personas funcionarias destacadas como custodios de personas detenidas de la Sección de Cárceles del Primer Circuito Judicial de San José.
“Se han alcanzado un total de 34 personas incapacitadas y aisladas lo que representa un 43% del total del equipo de trabajo destacado para esas funciones, quienes al sumarse al personal administrativo supera el 50% de quienes lamentablemente no pueden ofrecer sus servicios en los horarios de turno durante las 24 horas del día, y considerando de manera adicional que, tenemos por confirmado un total de 23 personas detenidas n el aérea de celdas de dicha sección con el virus SARS-COV2, es entonces que se vuelve materialmente imposible mantener la operatividad de la sección”, indica la comunicación electrónica
Además, agrega “Y en razón de lo anterior es urgente suspender temporalmente, hasta nuevo aviso, el ingreso de personas detenidas a efecto de no exponerlas a un posible contagio por esta enfermedad”.
Para la seccional ANEP-Cárceles OIJ era cuestión de tiempo para que esta situación sanitaria se presentara en cualquier momento, ya que no se respetan las normas sanitarias respectivas por la pandemia, a pesar de las constantes denuncias por parte del sindicato.
“Siempre se pasan con el aforo de los detenidos. La cantidad de infecciones es bastante y no se toman medidas preventivas. Existe hacinamiento, los espacios sin ventilación, el equipo de protección y limpieza es insuficiente. Es imposible mantener metro ochenta de distanciamiento establecido por las autoridades sanitarias en la labor del custodio de cárceles. La cantidad de infecciones se ha tratado con un secretismo impresionante”, manifestó José Poveda Cedeño, presidente de la Seccional ANEP-Cárceles OIJ.
Poveda detalló que en sitios donde deben de permanecer solo sesenta personas en ocasiones hay más cien. Además, indicó que la activación de los protocolos es insuficiente.
“Cuando se presenta un caso positivo de Covid-19, no se toman las medidas con el personal que tuvo contacto con esa persona, y por eso la transmisión se extiende sin control en algunos momentos. La desinfección de las instalaciones se da 4 o 5 días después, mientras que los resultados de las pruebas de los detenidos tardan 5, 6 y hasta 8 días. Producto de estas malas prácticas ahora la situación se desbordó y ahora se tiene el cierre del Primer Circuito Judicial”, explicó Poveda.
La Seccional ANEP-Cárceles hace un llamado al Ministerio de Salud, para que no sea permisivo y pasivo ante la situación que se vive en la Sección de Cárceles del OIJ, ya que actualmente el personal de Salud Ocupacional del Poder Judicial pareciera no importarle la situación.
– ANEP hace un llamado a los trabajadores y a las trabajadoras para que se acerquen a las cooperativas respectivas y realicen el reclamo de sus excedentes
La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo interpuesto por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en contra de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), luego de que esta última planteara una respuesta completamente diferente en el recurso en cuestión a la respuesta brindada al sindicato, ante una consulta por el no pago de excedentes a afiliados de algunas cooperativas.
Los hechos en cuestión se remontan al 11 de mayo de 2021, cuando la ANEP solicitó a la SUGEF una copia de la directriz emitida por esta superintendencia donde supuestamente se le habría recomendado u ordenado a las Cooperativas de Ahorro y Crédito de no hacer entrega de excedentes a sus afiliados, hasta que no se resuelva una acción de inconstitucionalidad presentada por nuestra organización en contra de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, por atentar contra el salario mínimo de los trabajadores, según denunciaron los propios afectados.
No obstante, el 19 de mayo de 2021, la SUGEF negó la entrega de lo solicitado, con el argumento de que se trata de información confidencial.
Ante este escenario, la ANEP acude a la Sala Constitucional en busca de que ésta respalde el pedido de nuestra organización, al plantear que lo solicitado es de interés público porque miles de trabajadores y trabajadoras han sido afectados por la retención aludida, sin brindarles la posibilidad de impugnar una directriz que desconocen y que está afectando sus intereses económicos y sociales.
Sin embargo, la respuesta de la SUGEF y su Superintendente, Rocío Aguilar Montoya ante la Sala Constitucional, fue completamente diferente en su descargo, al indicar que dicha directriz nunca existió, engañando a los afiliados del cooperativismo y la opinión pública al ocultar dicha información.
Por lo que la Sala Constitucional, en su por tanto, indica que se “declara con lugar el recurso. Se ordena a Rocío Aguilar Montoya, en su condición de Superintendente General de Entidades Financieras, o a quien en su lugar ocupe el cargo, que dentro del plazo de TRES DÍAS, contado a partir de la notificación de esta sentencia. se emita una nueva respuesta a la solicitud de información de 11 de mayo de 2021, tal y como se indicó en esta resolución. Se condena a la Superintendencia General de Entidades Financieras al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo”.
Rafael Mora Solano, Asesor Político de la ANEP, manifestó que es lamentable la posición de la SUGEF y su máxima representante al suministrar información incorrecta o falsa para no entregar la documentación solicitada.
“Le indican a la Sala (Constitucional) que nunca existió una directriz a las cooperativas, por qué no le respondieron eso desde el principio a la ANEP, argumentaron que no daban la información por ser confidencial. Esto es de suma gravedad, porque se trata de un ente público que maneja y gestiona recursos públicos en las diferentes entidades financieras del país, en nuestro criterio mintió y posibilito que las cooperativas generaran un discurso culpando a la ANEP sobre la retención de los dividendos de las cooperativas, cosa que resultó falsa”, finalizó Mora.
La ANEP hace un llamado a los trabajadores y a las trabajadoras para que se acerquen a las cooperativas respectivas y realicen el reclamo de sus excedentes.
Así se dio a conocer este domingo en una reunión sostenida entre representantes de la ANEP, la seccional ANEP-OBAS y los afiliados de las fincas Chira 1,2 3 y 4, donde se detalló que las negociaciones sobre la convención colectiva inician este jueves
– ¡CCSS miente! Dinero es insuficiente, se tendría que tomar dinero de la reserva a partir de este año y no en el 2033 como indicaron las autoridades
– Desvío de fondos y otros hechos que afectaron al IVM se cuantifican en 49 billones de colones por una inadecuada gestión de las autoridades de la CCSS
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y la Federación Costarricense de Trabajadores de la Salud (Fectsalud) se oponen a la serie de acciones, entre las que se encuentra, elevar la edad mínima de retiro por vejez a los 65 años, para las pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) anunciadas por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y en su lugar tienen varias propuestas para fortalecer el régimen.
Las propuestas elaboradas por el experto en matemática actuarial, Rodrigo Arias López junto con las organizaciones sindicales consisten en ajustar las cuotas requeridas y permitir a los hombres retirarse a partir de los 60 años de edad y con 480 cuotas mensuales. En el caso de las mujeres pasaría de 450 a 462 cuotas, es decir, aportaría 12 cuotas más.
Otra de las alternativas, es que se utilicen los últimos 300 salarios cotizados, actualizados con un índice construido a partir del 50% de la tasa de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el 50% de la tasa de variación del salario promedio cotizado a IVM. Actualmente, se utilizan los últimos 240 salarios indexados con el IPC para calcular el salario base de referencia.
Es importante resaltar que también existe oposición a los cambios que propone la Caja para calcular el monto de la pensión, en su lugar se presenta la opción de que el beneficio básico de pensión sea único e igual a un 50% del Salario Promedio de Referencia (SPR) por los primeros 25 años cotizados y el beneficio adicional de pensión por cada cuota mensual cotizada en exceso de 300 sea de un 0.0833% del SPR, tal y como está vigente.
Además, se plantea que el monto de la pensión mínima sea igual a 3.5 veces el monto de la Canasta Básica Alimentaria Total que calcula el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
También se propone la garantía de que después de aplicar el tope máximo de pensión, ninguna pensión será menor al 45% del SPR; conforme a lo establecido en el Convenio 128 de la Organización Internacional del Trabajo y para quienes se retiren a los 65 años o más edad con menos de 25 años cotizados, pero más de 15; la proporción de pensión será la misma que hoy está vigente, con garantía del monto de pensión mínima.
En el análisis exhaustivo de los datos y la situación de IVM, Rodrigo Arias López, licenciado y Master en Matemática Actuarial, exprofesor de la UCR y exjefe del Departamento Actuarial de la CCSS, llegó a la conclusión de que por muchos años se ha irrespetado lo que ordena el artículo 73 de la Constitución Política y el artículo 32 de la Ley Constitutiva de la Caja, en los cuales se estipula la forma en que deben gestionarse y distribuirse los aportes del seguro social. Dado el caso, convirtieron al IVM en un régimen para beneficios y gastos de reparto y no en un régimen de capitalización como legalmente está ordenado.
Más propuestas
Otras propuestas para salvar las pensiones del IVM son universalizar el Régimen No Contributivo de Pensiones; mejorando el monto de pensión que ofrece actualmente; crear un único régimen contributivo de pensiones; y que el Estado aumente el financiamiento no contributivo en el seguro de salud conforme lo establecen las leyes 5349, 5905, 7374, 7983, entre otras.
Es necesario también que se redireccionen hacia la CCSS los recursos que, en el futuro el Estado deje de aportar a los regímenes de pensiones que actualmente están con cargo al presupuesto nacional, los cuales se extinguirán gradualmente. Igualmente, se requiere mejor control de la evasión y la morosidad.
Para darle sostenibilidad durante por lo menos 25 años más a IVM se plantea que se le asigne gradualmente a este fondo, un 7,5% sobre los salarios, tal y como lo ordena el artículo 32 de la Ley Constitutiva de la CCSS y el 73 constitucional.
Situación financiera y actuarial de IVM
Los escenarios que analizan las autoridades de la Caja para IVM son insuficientes e independientemente, de cual decisión se tome, se tendría que tomar dinero este año de la reserva para pagar las pensiones y no hasta 2033 como lo indicaron anteriormente.
De acuerdo con el matemático, el Covid-19 vino a agravar aún más la situación. La reserva actual es de ₡2,3 billones, sin embargo, se necesita una reserva de ₡54 billones para honrar las pensiones futuras al 100%.
Para contextualizar la crisis financiera del IVM es importante mencionar que la reserva y el plan actual de cotización alcanzarían para pagar menos del 45% de los beneficios futuros.
En los últimos años los gastos crecieron más que los salarios y las cuotas no alcanzaron, por lo que, agravado por la pandemia, se tendrían que tomar recursos de la reserva este mismo año. Y en el año 2026, la reserva podría quedar sin recursos, si no se aplican las medidas correspondientes.
Causas de la crisis
De acuerdo con el actuario son muchas las razones por las que el régimen de pensión de IVM está en una situación precaria, entre las principales está el manejo inadecuado del seguro durante muchos años.
Apunta que se han desviado 7,5% sobre los salarios de cuotas del Seguro Social en una cuantía de ₡34 billones al 2020, que hubo omisión de cobro de casi ₡8 billones al Estado conforme al Artículo 9 de la Ley 7374. Además, hubo incumplimiento y reducción de la base mínima contributiva del 2006 al 2020, lo que representó un monto de ₡3,5 billones, a esto se suma la deuda del Estado a la CCSS ₡2,2 billones, sin incluir los ₡8 billones no cobrados. Además, dejaron la cuota de IVM fija en 7,5% durante 63 años.
En resumen, el régimen de Invalidez Vejez y Muerte fue inducido a la precaria situación actual, esas y otras decisiones representan en pérdidas para el IVM de ₡49 billones.
Las autoridades de la Caja convirtieron a IVM en un régimen de reparto contrario a lo ordenado por Ley N°17, existe ausencia de autonomía en la Junta Directiva de la CCSS, no ha existido transparencia ni rendición de cuentas, y se crearon regímenes de pensiones insostenibles, además de que hubo una disminución de las tasas de natalidad y fecundidad, aumentó la esperanza de vida en todas las edades, así como la informalidad en el empleo.
Ante este escenario, exigimos la instalación de una mesa de diálogo y negociación por parte de las autoridades de la Caja Costarricense del seguro Social con las distintas representaciones que han formulado propuestas, tal y como lo hacemos en este caso. Desconfiamos del manejo tecnocrático institucional de un asunto tan delicado como el que nos ocupa; rechazando el autoritarismo y las exclusiones de propuestas que difieran de análisis preestablecidos por la CCSS.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
