Categoría: Sector Privado

Un importante grupo de personas trabajadoras asalariadas de la conocida firma comercial Pizza Hut, han tocado las puertas de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), para hacer un vehemente llamado a sus respectivos patronos, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y a la opinión pública nacional, ante el creciente rumor de una eventual situación de quiebra de su asociación solidarista.

Alegan sentir gran indefensión ante una convocatoria a Asamblea Extraordinaria de tal entidad solidarista, indicándoseles que el asunto a tratar es “Liquidación de la Asociación Solidarista de Empleados de Pizza Hut”; asamblea que se ha de celebrar el próximo martes 2 de julio, en la Casa Libanesa, frente a Scotiabank Torre Mercedes, Paseo Colón, a las 8:30 de la mañana.

Se les conmina a asistir indicándoseles que “la asistencia es obligatoria de todos los socios y recordamos que existe permiso de la compañía para asistir, por tanto nadie puede impedir la asistencia del asociado a esta Asamblea”.

En conversación privada, bajo una atmósfera de clandestinaje y miedo, el grupo de trabajadores de Pizza Hut que habló con la ANEP planteó (entre otros aspectos) que: a) Se les habría obligado a afiliarse y que la deducción salarial es del 6%; b) que nos les estarían dando estados de cuenta de sus ahorros y dineros disponibles; c) que quienes habrían tenido la suerte de recibir dividendos, la última vez que éstos se distribuyeran, ahora se les está indicando que se les deducirá pues deberán “compensar” lo que ya se les dio; d) que en lo que va del año se les estaría debiendo salario pues solamente se les paga lo de las propinas.

Además, alegan que en los últimos meses ha habido una gran desafiliación producto de las presuntas “nebulosas” sobre la situación financiera de la indicada entidad solidarista, misma que hace unos dos años habría afrontado una delicada situación, con ribetes de presunta ilegalidad, que habría afectado el patrimonio en unos 300 millones de colones.

ANEP hace una exhortación pública al Ministerio de Trabajo y Seguridad (MTSS) para que haga una urgente intervención de oficio, con base en el marco legal que le asiste al efecto, para que asuma un rol protector de los derechos de este grupo laboral y evitar un presunto deterioro a su patrimonio obrero por cesantía y/o por ahorros que ahora, al parecer, podrían perder.

La ANEP estará en seguimiento de esta situación e insta a la parte patronal de Pizza Hut a no ejercer represalia alguna contra los y las denunciantes.

El pasado domingo 9 de junio el equipo de trabajo de la Oficina de Atención al Trabajador Migrante, conformada por los compañeros que trabajan en ANEP gracias al convenio con el Frente Nacional de Trabajadores de Nicaragua (FNT) y al convenio con el Grupo de Monitoreo Independiente (GMIES), brindaron la primer capacitación en Derechos Laborales y Migratorios a los compañeros del Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP) en Siquirres, provincia de Limón.

La capacitación fue impartida a 35 personas, todos y todas líderes sindicales, en su mayoría de origen nicaragüense, que se desempeñan en plantaciones agrícolas, sobretodo en plantaciones bananeras.

Esta población laboral sufre grandes dificultades y violaciones a sus derechos laborales, por supueso cometidas en su perjuicio por la patronal de la zona en las bananeras y otros cultivos, como la yuca. Al final de la actividad, los participantes expresaron sentirse satisfechos con la metodología de enseñanza de la compañera expositora Licenciada Fidelina Mena Corrales.

A la vez se contó con la participación de la compañera María Hayde Hernández Hernández, diputada en el Parlamento Centroamericano por Nicaragua, quien tuvo la oportunidad de interactuar y compartir con nuestros hermanos nicaragüenses sus necesidades y diferentes situaciones de orden migratorio, expresándole ellos la necesidad de mejorar la atención y recepción de sus solicitudes en el Consulado Nicaragüense tanto en San José como en las distintas oficinas consulares en el país.

Como dijimos, este es el primero de varios talleres de capacitación de este tipo que se impartirán en zonas rurales y urbano marginales, no necesariamente sólo con personas afiliadas a la ANEP, sino que tengan necesidad del mismo y que contacten a la organización sindical nuestra.

Asociación de Emprendimiento Tecnológico Inclusivo (ADETI)
Seccional ANEP-Mefi Boset-Personas con Discapacidad
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Padres, madres, familiares, profesionales, amigos y amigas de personas con discapacidad

Manifiesto a la opinión pública nacional
Emplazamiento al MEP:

Consulta de cualquier plan, reglamento, legislación u otra propuesta que afecte de manera directa o indirecta al colectivo con discapacidad; específicamente con relación a la calidad de la Educación que reciben los y las estudiantes con discapacidad en Escuelas de Enseñanza Especial y Aulas Integradas.

Los padres, madres, familiares, profesionales, amigos y amigas de personas con discapacidad, estamos solicitando a través de esta petitoria a las autoridades del Ministerio de Educación, que se les de intervención y participación en la reformulación de los planes de estudio de los centros de formación en Educación Especial y cualquier carrera que tenga materias pedagógicas o implique la atención de personas con discapacidad.

En esta línea, planteamos que los planes de estudio deberán tener las materias básicas para la atención de personas con discapacidad en su currícula. Teniendo en cuenta, que desde siempre nuestros hijos, hijas y familias han padecido una propuesta educativa que los ha dejado fuera del sistema educativo, según el Censo del 2011, se indica que apenas el 25% del colectivo con discapacidad logra concluir la educación primaria.

Históricamente esto ha ocurrido porque las autoridades, docentes, miembros de equipos técnicos y otras autoridades han carecido de una visión paradigmática desde la perspectiva social y de derechos humanos relacionados con esta población, lo que ha ocasionado falta de propuestas adecuadas para atender el derecho a la educación de nuestros hijos e hijas.

En nuestras familias valoramos la importancia de colaborar estrechamente con las instituciones educativas para garantizar la inclusión, optimizando las experiencias y experticias de todos los sectores (autoridades, profesionales, familias, personas con discapacidad y comunidad), para que se cumplan las leyes y el derecho de todos.

“Contribuyendo al logro de la igualdad de oportunidades, la inclusión que todos anhelamos y el cambio de paradigma educativo, con un verdadero modelo social, de derechos, que se promueva en todo el territorio nacional para servicios del Estado y también privados.”

La petitorio se concentra en trece puntos centrales:

1. Consulta de cualquier plan, reglamento, legislación u otra propuesta que afecte de manera directa o indirecta al colectivo con discapacidad, según lo establecido en el artículo 13 de la ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, esta indica que:

“Obligación de consultar a organizaciones de personas con discapacidad: Las organizaciones de personas con discapacidad legalmente constituidas deben ser consultadas por parte de las instituciones encargadas de planificar, ejecutar y evaluar servicios y acciones relacionadas con la discapacidad”.

Al respecto, se refiere al particular la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (Ley 8661), de la Organización de Naciones Unidas, en su artículo 4, inciso 3, sobre las Obligaciones Generales:

En la elaboración y aplicación de legislación y políticas para hacer efectiva la presente Convención, y en otros procesos de adopción de decisiones sobre cuestiones relacionadas con las personas con discapacidad, los Estados Partes celebrarán consultas estrechas y colaborarán activamente con las personas con discapacidad, incluidos los niños y las niñas con discapacidad, a través de las organizaciones que las representan.

En este caso, el Plan de Estudio de Aulas Integradas y Escuelas de Enseñanza Especial ,es un instrumento desarrollado en el año 2000, encontrándoce anacrónico con los nuevos instrumentos jurídicos importantes, como la Convención de la ONU y la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminción de la OEA.

2. Por tanto requerimos se realicen los nuevos planes con un abordaje que sea consecuente con los instrumentos anteriormente señalados, haciendo no solo a las consultas a las organizaciones de la sociedad civil, sino ser actores en el diseño, desarrollo e implementación de estos planes

3. Requerimos se homologue el concepto de discapacidad en todas las esferas del aparato estatal, con el fin de abordar la temática de esta población de manera transversal, sobre todo apegado a la legislación nacional y a los acuerdos internacionales ratificados por nuestro país, esto en todas las instancias del Estado Costarricense.

4. Eliminar las prácticas y condiciones de hacinamiento en todos los centros de Educación Especial de este país, que no solo atentan con la calidad de educación que se merece el colectivo con discapacidad, sino también por salvaguardar la integridad física y emocional de las y los estudiantes de estos Centro Educativos.

5. Mejorar y ampliar la infraestructura de los Centros Educativos de Educación Especial para que estos cumplan a satisfacción con los principios de accesibilidad, usabilidad y diseño universal, respondiento al principio de inclusión al espacio físico cumpliendo con las necesidades básicas de cada una de las personas con discapacidad atendidas en estas instituciones.

6. Incluir espacios curriculares relativos al abordaje de la discapacidad y multi discapacidad en los planes de estudio de los Centros de Formación Docente de Educación Especial de nuestro país.

7. Incluir espacios curriculares relativos al abordaje de la discapacidad y de la multi discapacidad en los planes de estudio de los Centros Formativos de Edución Especial, en las áreas de Educación Física, Educación Artística y otras.

8. Garantizar un proceso que asegura que todos los integrantes del colectivo con discapacidad participen de forma equitativa, ejerciendo su derecho a la autodeterminación, dejando de manifiesto el concepto de capacidad jurídica implementado en la Ley 8661.

9. Reconocimiento de los grupos sociales distintos el valor que hay en cada diferencia, el respeto a la diversidad, y el reconocimiento de un tercero vulnerable, con necesidades específicas que deben ser saciadas para que pueda estar en condiciones de igualdad y disfrutar de sus derechos fundamentales.

10. Exigimos pensar en lo que sucede cuando niños, niñas y adolescentes interactúan en el sistema en el que se encuentran incluidos la familia y el colegio, es decir en la comunidad y después de la etapa escolar.

11. Cubrir aspectos como la vida (plena) en comunidad, la autonomía en la toma de decisiones, la participación ciudadana, el acceso y uso de los bienes y servicios disponibles para los ciudadanos.

12. Exigimos una sociedad inclusiva, por tanto, se deberá de disponer y habilitar mecanismos para asegurar la garantía de los Derechos Humanos, la dignidad y la ciudadanía activa de todas las personas que la componen nuestra sociedad.

13. Requerimos la transversalización de la temática de la discapacidad en todas las esferas de la educación nacional, para que las capacidades de estos profesionales visibilicen la diversidad presente en este colectivo.

San José, lunes 8 de abril de 2013.

Firmas responsables:

Roberto Sánchez Leitón,
Mario Alvarado Porras, Presidente, ADETI
Verónica Picado Loaiza, Por familiares y personas solidarias
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Este domingo 7 de abril, en el distrito de Jiménez, del cantón de Osa, provincia de Puntarenas, más específicamente en la localidad de Puerto Jiménez, unas 300 personas se congregarán y desfilarán por las calles del pueblo, demandando del Gobierno de la República una atención más ágil hacia el pago de indemnizaciones pendientes establecidas para la protección más sólida de la increíble riqueza natural costarricense que se concentra en el Parque Nacional de Corcovado y Piedras Blancas, de proyección e impacto mundial y de una reconocida reserva aurífera.

La decisión-país de preservar tal patrimonio natural obliga a la sociedad a velar por la situación socioeconómica de las personas trabajadoras que por años han logrado su sustento familiar extrayendo oro de dicho parque nacional; actividad que, afortunadamente, quedó del todo prohibida.

Por tanto, se hace necesario proceder con el pago de indemnizaciones a esas personas que se quedaron sin ninguna fuente de ingresos económicos dado que el “oreo” era su única entrada financiera para los correspondientes núcleos familiares.

Unas 720 personas se han aglutinado en torno a la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), fundando la Seccional ANEP-Exoreros Parque Nacional de Corcovado y Piedras Blancas, cuya dirigencia ha realizado diversas gestiones, especialmente ante los ministerios de la Presidencia y de Ambiente y Energía (MINAE).

ANEP reconoce que ha habido interés gubernamental en este grave problema social y, particularmente, desde el Ministerio de la Presidencia se la venido prestando atención calificada. No obstante, la situación de pobreza de todas estas personas es de tal gravedad que si tales indemnizaciones no llegan pronto, se corre el riesgo de una invasión sin control a las áreas protegidas de Corcovado y Piedras Blancas, para “orear”, enfrentando riesgos de enfrentamiento con los guardaparques de consecuencias imprevisibles.

ANEP deja constancia de que ninguna persona exorera cuyos intereses está representando esta organización, está metida en estos momentos en los terrenos protegidos indicados y no invadirán para nada los mismos, aunque los niveles de desesperación son tan altos que el control se dificulta para la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Exoreros Parque Nacional de Corcovado y Piedras Blancas.

En todo caso, la posición oficial de ANEP es de total respaldo a la prohibición de todo tipo de actividad extractiva en ese patrimonio ecológico nacional y mundial, especialmente la extracción aurífera.

ANEP espera que con la manifestación de este domingo 7 de abril de unas 200 personas, por las calles de Puerto Jiménez, alrededor de las 10 de la mañana, el clamor que genere abra más las sensibilidades gubernamentales para resolver este conflicto social en desarrollo de la mejor manera.

Más detalles los puede brindar el ciudadano Navid Sobrado Obregón, Presidente de la Junta Directiva Seccional ANEP-Exoreros Parque Nacional de Corcovado y Piedras Blancas, en el teléfono celular No. 88 23 03 12.

Este día lunes 25 de febrero, un importante grupo de compatriotas, personas con discapacidad, se reunirán en el Parque Central de esta ciudad capital, a las 9 de la mañana, sitio desde el cual marcharán, en sillas de ruedas principalmente, hacia la Asamblea Legislativa.

La actividad está propiciada por el grupo “Movimiento de Vida Independiente” y el Proyecto MORPHO; lográndose que el “Movimiento Mefi-Boset” (el nuevo agrupamiento de personas con discapacidad), se una al evento. Asimismo, ambas entidades tienen el respaldo de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Según los representantes del “Movimiento de Vida Independiente” y el Proyecto MORPHO, “los proyectos de ley presentados en el congreso, referentes a la población con discapacidad no han sido consultados adecuadamente a la misma. Esto como lo establece la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad”. Se trata de la ley de la República No. 8661.

Esta razón motiva la actividad de este lunes 25 de febrero. “Asimismo, se desea resaltar que la consulta actualmente se realiza en un plazo de ocho días hábiles. Esto en detrimento del derecho de las personas con discapacidad a expresar su voluntad especialmente si requieren de apoyos técnicos tales como formatos de audio, LESCO, braille, entre otros”, según lo indican los impulsores de esta marcha que, como se indica, cuentan con el respaldo de la ANEP.

Finalmente, agregan que “Así se hace patente la indiferencia de la que, por década, ha sido objeto este grupo. Con ello se invisibiliza a personas que, de contar con las herramientas adecuadas, podrían ejercer su derecho a expresar eficazmente su criterio en temas que les competen”.

El Movimiento de Vida Independiente y el Proyecto MORPHO, así como el Movimiento Mefi-Boset y la propia ANEP, tienen el pleno convencimiento de que esta acción, la anterior y otras que vendrán, marchando en la calle, han de servir como herramienta para lograr los cambios sociales que necesita la población con discapacidad y que son urgentes en la materia.

ANEP indica que el ciudadano don Carlos Barrantes Ulloa puede ampliar sobre el particular, localizándosele en los siguientes números celulares: 84 01 80 41 y 87 66 71 08.

Este martes 22 de enero, un grupo de costarricenses, personas con discapacidad, quienes para movilizarse deben utilizar una silla de ruedas, dieron una conferencia de prensa, para anunciar una protesta en las calles en próximos días; debido a serios incumplimientos por parte de varios entes institucionales que tienen que ver con la aplicación plena de la Ley 7600.

Para tales efectos, estas personas anunciarán la fundación de su movimiento al que han de llamar “Mefi-boset”, denominación bíblica en alusión al nombre del primer hijo (con discapacidad), del primer rey de Israel, Saúl.

La ANEP decidió cobijarles dentro de sus filas y les apoyará de ahora en adelante.

La manifestación convocada se realizará el próximo lunes 28 de enero, a partir de las 9 de la mañana, convocando salida frente al edificio municipal José Figueres Ferrer, de la Municipalidad de San José, bajando por la Junta de Protección Social y luego hacia los Tribunales de Justicia tomando la Avenida Segunda.

Como lo explicó nuestro Secretario General, Albino Vargas Barrantes, lo que se quiere es generar visibilidad a través de la calle y los medios de comunicación, para poder pedirle al Gobierno de la República una comisión de alto nivel que elimine las faltas a la ley 7600 en todos los ámbitos (transporte público, infraestructura adecuada, trabajo, etc.).

Roberto Sánchez, de Mefi-boset, se ha contactado con cuanta institución está para velar por los derechos de los costarricenses, Sala IV, municipalidades, la misma Defensoría de los Habitantes, y no ha recibido una respuesta satisfactoria a las múltiples violaciones a los derechos de las personas que viven con una discapacidad.

La ANEP se compromete a apoyar a este grupo de personas con discapacidad, que cada día crece más. Poner en manos de las personas nuestras herramientas de trabajo es honrar la promesa de ejercer el Sindicalismo Ciudadano.

En la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), celebramos la aprobación parlamentaria, de manera abrumadora, de las leyes para bajar el monto del pago del marchamo en el caso de los y de las motociclistas; y para empezar a hacer verdadera justicia laboral en el caso de los saloneros y de las saloneras.

Nos sentimos profundamente honrados de que representaciones calificadísimas de estos grupos sociales-gremiales hayan confiado en la ANEP, como la organización sindical orientadora y conductora de los procesos de lucha en la calle y en la negociación; que, bajo las respectivas circunstancias y especificidades, han obligado al sistema político (Gobierno y Asamblea Legislativa), a escuchar el correspondiente clamor popular y ciudadano, que en estos dos casos ha culminado en la promulgación de leyes de la República para llevar un poco de justicia y para contribuir al combate de la desigualdad social creciente que asola a nuestro país.

Precisamente, los casos de estos dos grupos sociales son muestras típicas de lo que en ANEP conceptuamos como el problema número uno de la sociedad costarricense de hoy: la concentración de la riqueza y el crecimiento de la desigualdad.

Los y las motociclistas venían siendo objeto de una odiosa discriminación bastante prolongada, año con año, cobrándoseles los más altos costos de una siniestralidad de accidentes en carretera de la cual se les venía señalando como los más responsables de la misma; situación ésta totalmente falsa que jamás el INS pudo demostrar como cierta. Por tanto, de alguna manera, este grupo social venía siendo víctima de desigualdad y de exclusión sociales.

Adicionalmente, este segundo episodio del Movimiento de Motociclistas, liderado por la ANEP, dejó al descubierto la triquiñuela del cobro indebido del aporte del 33% que en el marchamo se presenta como un rubro para el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi); situación ésta que fue la que nos permitió encontrar el camino para lograr una negociación efectiva, misma que, al final, posibilitó el acuerdo político, materializado luego en la ley ya, definitivamente, aprobada por el parlamento.

El caso de los y de las saloneras reviste características más dramáticas, toda vez que producto de un desatinado fallo constitucional y un subsecuente “error” de la cartera ministerial de Trabajo y Seguridad Social, este importante grupo laboral sufrió una abrupta flexibilización laboral, al mejor estilo neoliberal, quedando por fuera del Código de Trabajo; generándose despidos que todavía no han sido exactamente cuantificados pero que, sin duda alguna, incrementan los niveles de explotación laboral que ya de por sí se daban en esta actividad.

La ley aprobada en primer debate y próxima a recibir el segundo, permite, estratégicamente hablando dos cosas; por un lado, evita la consumación de nuevos despidos arbitrarios, restaura el concepto de salario mínimo y establece que la propina no es parte del salario. Por otro, le queda prohibido al patrono “jinetear” el dinero de la propina en su propio beneficio, corriendo el riesgo de incurrir en delito penal si lo hiciere; y, adicionalmente, quedan debidamente reguladas las formas de entrega al trabajador de esa propina de forma tal que no queda posibilidad alguna de retenérsela.

Difícilmente en una legislación como la aprobada, se podía resolver el caso de los saloneros injusta e ilegalmente despedidos antes de su emisión, lo que nos lleva a presionar tanto a nivel del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), como a nivel judicial mismo, tanto individual como grupalmente. En esto estriba nuestro compromiso como organización sindical en lo inmediato.

Ambos casos, motociclistas y saloneros, muestran a las claras la efectividad del ejercicio de la Democracia de la Calle, como uso legítimo de la presión social para que los gobernantes adopten políticas y leyes en pro del bien común. La ANEP se siente más que complacida de que se ha demostrado, nuevamente, cómo la organización seria con movilización responsable, puede generar importantes transformaciones en pro de la justicia social.