Categoría: Sector Privado

La ANEP, en su afán de dirigir parte de su trabajo sindical a las comunidades y a la clase trabajadora más empobrecida, inició un proceso de apoyo a los exoreros de la Zona Sur del país, que desde hace bastantes años tuvieron que dejar la explotación del codiciado metal en pro de la conservación ambiental en el Parque Nacional Corcovado.

Por esto, se gestó una reunión en Casa Presidencial, con el Viceministro de la Presidencia, el señor Francisco Marín, a la cual asistieron el señor Viceministro de Trabajo, Eugenio Solano, así como Flor Bermúdez representando al MINAE, Rafael Mora y Walter Quesada por la ANEP, Lidier Aguirre y el señor Navid como representantes de los exoreros, así como personal de Judesur.

Cuando el Estado resolvió desmovilizar de sus trabajos a los exoreros, también conocidos como “Coligalleros“, de la Zona Sur, se gestó un proyecto de ley que brindaba un aporte de 2 millones de colones para cada persona que perdió su trabajo. En el año 2000 Judesur recibió los fondos para este menester e indemnizó a más de 200 personas, pero el dinero no alcanzó para todos y por esto 138 personas se quedaron en la ruina.

Por esto, se está buscando la forma en que se pueda revivir la ley del año 2000 para cubrir las necesidades de estas personas, eso sí, dotando de recursos del MINAE a Judesur para poder financiar el proceso.

Dicha movida tiene una serie grande de complicaciones, entre ellas que no hay una lista unificada entre el movimiento de los exoreros y Judesur, por lo que se desconoce si ambos listados concuerdan o si se queda gente por fuera, o “demás“ en la misma.

También está poder convencer al Ministerio de Hacienda de agregar aproximadamente 275 millones de colones más al presupuesto del año 2013, algo muy difícil de hacer.

ANEP se compromete a seguir avanzando en esta ardua tarea de apoyar a este grupo de personas, que viven una situación de extrema pobreza, y que sólo piden a ayuda prometida para poder salir adelante.

EL MARTES 8 DE MAYO ESTAREMOS FRENTE A LA ASAMBLEA A LAS 2PM

DENUNCIAMOS:

Que en el proyecto de Ley de Tránsito que se discute en la Asamblea Legislativa bajo el expediente No. 18.032, se está variando profunda e ilegalmente el capítulo del Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA), cargando la prima de este seguro social con un porcentaje de hasta un 6% de utilidad, y además se está transformando este seguro social en un seguro comercial dándole la posibilidad de seleccionar riesgo dependiendo de la interpretación de la legislación nacional que determine cada compañía aseguradora.

Lo anterior se desprende de lo que establece el artículo No. 58 de dicho proyecto de ley que estipula lo siguiente:

“+ARTICULO 58.- Seguro obligatorio de vehículos+
Todo vehículo automotor deberá estar asegurado de conformidad con lo dispuesto en este capítulo y su reglamento así como por lo que dispone la Ley N ° 8653 de 7 de agosto de 2008 y sus reformas, Ley Reguladora del Mercado de Seguros, y demás sobre la materia.

Las entidades aseguradoras que ofrezcan el seguro obligatorio no podrán negarse a emitir el seguro, por la cobertura obligatoria establecida en esta ley, siempre que el vehículo cumpla con los requisitos exigidos por la legislación para circular en el país.

El reglamento definirá las pautas para la emisión de la póliza.

Las tarifas de las primas serán determinadas por cada una de las entidades aseguradoras y deberán ser suficientes para hacer frente a los compromisos definidos para el seguro obligatorio. La Superintendencia General de Seguros no tramitará solicitudes de autorización de tarifas cuyo margen de utilidad sea superior al seis por ciento (6%). La nota técnica que sustenta la tarifa deberá cumplir con las formalidades requeridas en la normativa que emita el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero……”(el subrayado no es del original)

Lo propuesto pretende eliminar la Universalidad y la Solidaridad en este seguro, porque autoriza la creación de un margen de utilidad de hasta un 6% y a la vez implementa la selección de riesgo, al permitir que a un seguro netamente social se le dé carácter de seguro comercial, es decir, las empresas aseguradoras seleccionaran los mejores riesgos. Además, deja a la potestad reglamentaria aspectos sustantivos del SOA, que deberían fijarse por ley, sobre todo lo que tiene que ver con los parámetros de cobertura, costo, responsabilidad solidaria, servicio al costo, etc.

El pasado 2 de marzo la representación sindical de la ANEP en la empresa de transportes LA 400 se presentó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para retomar las negociaciones con la empresa en el marco del despido, a nuestro parecer totalmente injusto, del presidente de la Seccional ANEP – LA 400, señor Gilberto Arias Montero. En dicha reunión los representantes de la empresa se negaron a negociar, aduciendo que el compañero Gilberto ya no trabajaba en la empresa por lo que no tenían nada que negociar con él.

LA 400 despidió al compañero Arias Montero sin responsabilidad patronal bajo el criterio de “quebranto de la armonÍa de las relaciones obrero
patronales“, y a quien no se le llevó el debido proceso al estar protegido por el fuero sindical, violentando los convenios 87 y 98 de la organización Internacional del Trabajo y lo estipulado en el Código de Trabajo de nuestro país.

Para nuestra organización es inaceptable el despido, al igual que la empresa se niegue a negociar, y reiteramos que en este momento en la
empresa no existe hacia la dirigencia sindical actual y hacia los trabajadores sindicalizados el ánimo de buena fe que han manifestado tener; con esta actitud de la empresa se rompe el diálogo y se crea un ambiente que podría afectar la paz laboral.

Seguiremos en nuestro afán de buscar puntos de coincidencias y mantener abiertas las puertas del diálogo, no obstante ejerceremos las medidas que consideremos necesarias, para que se respeten los derechos sindicales de nuestros agremiados y la libertad sindical en
dicha empresa.

Honorable señora
Maribel Arroyo Soto
Recursos Humanos
Transportes Unidos Alajuelenses S. A. (TUASA)
Su despacho

Estimada señora:

En primer término, le expresamos el más atento y respetuoso saludo de nuestra parte.

La Junta Directiva de la Seccional ANEP-TUASA acordó transmitir a su representada, como producto del análisis de la situación laboral que efectuó durante su sesión de trabajo del pasado jueves 26 de los corrientes; las siguientes peticiones, mismas que deseamos discutir en mesa para ampliar sobre las motivaciones de las mismas y discutir las viabilidades de implementación en el menor plazo posible, de tal suerte que se conviertan en factores de mejoramiento sustancial de la relación y la comunicación obrero-patronal y de la buena marcha de la empresa:

Primera: Proponemos la instalación de un reloj marcador, a ubicarse en Montecillos, lo que habrá de clarificar en gran medida el tema de las horas laboradas realmente, de tal suerte que se habrán de reducir al mínimo cualquier controversia sobre el particular.

Segunda: Consideramos necesario establecer con propiedad el tema de que para acudir a cita médica de cualquier tipo, a recibirse en los diferentes centros de salud y médicos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), no implica el rebajo del día y/o de las horas laborales empleados en ello, haciendo una realidad el permiso para la salud a favor del trabajador.

Tercero: Planteamos el pleno respeto a los tres tiempos de ingesta de alimentos –comidas-; o bien, que se asigne la suma de 4 mil colones diarios como viáticos, al día, en vez de lo anterior.

Cuarto: Planteamos la situación que se presenta con los compañeros de Villa Bonita, a los cuales ni se les asigna dinero ni tampoco comida alguna.

Quinto: Creemos que dos cajeros es totalmente insuficiente para la recepción de dineros, lo que nos lleva a emplear gran cantidad de tiempo que debería ser libre, pues es un situación caracterizada por la lentitud. Proponemos que, al menos, se abra una tercera caja.

Sexto: Proponemos que se tenga una persona a tiempo completo, especializada en recibir planteamientos por parte de los choferes, sobre una serie de situaciones cotidianas que no ayudan para una mejor labor. Por el contrario, alguien con capacidad ejecutiva ante los problemas cotidianos de la labor, ayudará a aumentar la eficiencia y la eficacia del servicio que presenta la empresa.

Sétima: Proponemos que se establezca un sistema de supervisión para las reparaciones mecánicas de las unidades, de tal suerte que esas reparaciones sean sólidas, consistentes, seguras y que generan la mayor confianza.

Octavo: Creemos que los tiquetes-comprobante del control de la recaudación del pasaje por el sistema de barras, requiere que se haga diariamente.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Javier Rodríguez Campos
Presidente Junta Directiva
ANEP-TUASA

La Defensoría de los Habitantes solicitó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social un informe con las acciones inmediatas que debe realizar dicho ministerio ante la denuncia pública que realizó la ANEP en conjunto con el diputado José María Villalta, del Frente Amplio, y la diputada Carmen Muñoz y el señor Claudo Monge, del PAC, sobre la situación inhumana que viven trabajadores de la piña.

La Defensoría destaca que la información brindada en conferencia de presa es alarmante y por consiguiente solicita de forma inmediata:

1- Las acciones que ha emprendido el Ministerio de Trabajo en defensa de los derechos laborales de este grupo de trabajadores.

2- Los arreglos directos que puedan existir entre trabajadores y patronos en las fincas denunciadas.

3- Si a partir de lo informado en medios de prensa, ya se han llevado a cabo las inspecciones oportunas y si se ha girado alguna prevención a los patronos para que cesen las agresiones, intimidaciones y posibles actos de hostigamiento a los trabajadores.

4- Si a la fecha se tiene verificado el cumplimiento por parte del patrono de los salarios mínimos de este grupo de trabajadores agrícolas.

5- Si el MTSS ha otorgado permisos de trabajo para personas migrantes en las fincas Muelle y Monte la Providencia.

6- Si el MTSS ha recibido denuncias por el no pago de prestaciones en dichas fincas.

7- Si el MTSS ha investigado la persecución sindical, en cuanto al despido del trabajador Ezequiel Pichardo.

8- Si el MTSS ha investigado lo relativo al despido al trabajor Ferlin Vargas, quien sufrió accidente laboral y luego fue cesado de sus funciones.

9- Si el MTSS ha investigado las condiciones en que estos trabajadores realizan su trabajo, atendiendo a las normas mínimas de salud ocupacional.

La ANEP agradece la gestión oportuna de la Defensoría de los Habitantes en tan delicado tema.

por Elvis Martínez
elperiodicocr.com

Las y los trabajadores, afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Empresa Privada y Pública (SITEPP), habían iniciado el movimiento el pasado 9 de noviembre, debido al incumplimiento de BANDECO, entre otros, los bajos salarios, los cambios unilaterales realizados en las modalidades de trabajo y el incumplimiento en el arreglo directo que regulaba las relaciones laborales.

Según los manifestantes la empresa Del Monte S.A. estaba aplicando la modalidad de trabajo llamada “El Combo“ en la cual un mismo trabajador, por un mismo salario, era obligado a realizar varias funciones que anteriormente ejercían otras personas.

Tras varias horas de reunión representantes del Ministerio de Trabajo y del sindicato acordaron solicitar al Tribunal de Trabajo el archivo definitivo del expediente en el que se solicitaba la calificación de la huelga. Asimismo, el Sindicato se comprometió a concretar la reintegración al trabajo de todos y todas sus afiliados y la Empresa a concederles un préstamo de ¢80 mil que les será deducido de su salario en un plazo de 12 meses a partir de enero del 2012.

Las partes acordaron realizar una convención colectiva en enero próximo donde se discutirá la eliminación de “El Combo“, el mejoramiento del salario y el pago de todas las horas extraordinarias.

Hace unos días del Monte S.A. solicitó la presencia policial en la zona y pidió declarar de ilegal la huelga, sin embargo el juez de trabajo de Limón corroboró que la manifestación era pacífica y que más del 90% de los trabajadores se mantenían en paro, por lo que dictaminó que la no podía declarla ilegal. La huelga finaliza justo en el momento en que los trabajadores recibían la solidaridad de varios gremios del país y amenazaba con extenderse a otras fincas.

Desde hace 27 años no se presentaba este tipo de manifestación en las plantaciones bananeras. La última huelga de este tipo se dio El 10 de julio de 1984 cuando más de 3.000 trabajadores de las plantaciones de la Compañía Bananera de Costa Rica, propiedad de la United Brands y de la Standard Fruit Company, se alzaron en huelga reivindicando aumentos salariales y la negociación de un nuevo convenio colectivo. La protesta fue reprimida de forma brutal, y costó la vida de 3 trabajadores.

Para el diputado José María Villalta, este es un “triunfo histórico, pues de este modo se suma un nuevo éxito a la lucha por erradicar 25 años de políticas anti-sindicales en las plantaciones bananeras del país“

“Ocurrió lo que debía ocurrir, es decir que, a la transnacional Del Monte, a la justicia laboral y al Ministerio de Trabajo no les quedó más remedio que reconocer la justicia de esta lucha de cientos de costarricenses por sus derechos a la libertad de organización sindical y a contar con una convención colectiva de trabajo“, señaló Villalta.

La mayoría de trabajadores de estas fincas bananeras son indígenas Guaymíes.