Categoría: Sistema Penitenciario

Estimadas compañeras y estimados compañeros
Afiliados y afiliadas a la ANEP en la Policía Penitenciaria

Respetuosos saludos. Con sumo agrado informamos, de manera general, los resultados de la reunión que la ANEP sostuvo en la tarde de este jueves 24 de octubre, con el señor Jorge Rodríguez Boogle, Viceministro de Asuntos Estratégicos de la cartera de Justicia y Paz; con el señor Manrique Sibaja Álvarez, Director General de Adaptación Social; con el señor Guillermo Ugalde Víquez, Director Nacional de la Policía Penitenciaria; y con el señor Giovanny Morales Sánchez, Director de Recursos Humanos; quienes con instrucciones precisas de la señora Ministra de Justicia y Paz, Ana Isabel Garita Vílchez, se reunieron con nuestra organización para, finalmente, establecerse lo siguiente:

PRIMERO: Sí hay voluntad política para pagar en sede administrativa las deudas que hay con cada policía penitenciario por concepto de Disponibilidad. Es decir, quien así lo desee no tendrá que acudir al desgastante, largo, tedioso y potencialmente incierto proceso judicial. Si bien es cierto en sede administrativa el pago no será inmediato, es sustancialmente inferior el plazo de espera para que el Estado honre esas deudas que el plazo de espera si se tiene que ir a lo judicial. ANEP contactará en los próximos días, por representantes de nuestra organización debidamente acreditados, una a una, a las personas trabajadoras de la Policía Penitenciaria que están confiando en nuestra organización para indicarles cómo hemos de proceder.

SEGUNDO: La institución tiene claridad de que no hay “escapatoria” para proceder a honrar lo pertinente producto de la última revaloración salarial dada en la Fuerza Pública. La homologación es una obligación jurídica ineludible y lo que corresponde es enviar el material del caso a la Autoridad Presupuestaria (AP) del Ministerio de Hacienda, la cual se opondrá, obviamente. Pero esta es tarea de todos y de todas quienes integramos la Policía Penitenciaria, de tal suerte que habrá que salir a la calle llegado el momento preciso. ANEP dejó formal propuesta y solicitud de que se haga tal envío a la AP, pues es una decisión política del propio despacho ministerial, a lo cual se nos responderá en dos semanas.

TERCERO: Se vieron varios temas puntuales sobre controversias laborales del ejercicio de la actividad de la Policía Penitenciaria que se canalizaron debidamente y que fueron bien atendidas. En comunicación escrita (volante) de próxima entrega, ampliaremos sobre el particular.

EL RECONOCIMIENTO ECONÓMICO POR DISPONIBILIDAD. Primero, es una victoria jurídica de la ANEP, ¡inobjetable! Ahora que se va a pagar en sede administrativa, también es un logro de la ANEP. Esta historia nada ni nadie la podrá cambiar y no vamos a lucrar cobrándole un centavo adicional, más que la cuota normal de afiliación, por llevar este proceso para quienes confían en la ANEP.

Hacemos de vuestro conocimiento la grata noticia de que se ha abierto, políticamente hablando, la posibilidad de que en sede administrativa, sin ir a lo judicial, la institución honre sus deudas por concepto de pago de Disponibilidad, derecho éste que como bien se sabe fue ganado por la ANEP, a través del juicio pionero y valiente entablado por el compañero Gerardo Cascante Vargas, Policía Penitenciario como ustedes, con el respaldo de la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ), de nuestra agrupación.

Efectivamente, en la tarde de este martes 22 de octubre de 2013, ante instancia de la ANEP y durante una reunión en su despacho, la señora Ministra de Justicia y Paz, Dra. Ana Isabel Garita Vílchez, expresó su voluntad política para abrir una negociación tendiente al pago de tales deudas en sede administrativa para el compañero o la compañera de la Policía Penitenciaria que así lo quiera.

Esta negociación, luego de la expresión de tal voluntad política, empezará este jueves 24 de octubre, a las 08:30 de la mañana con las máximas autoridades institucionales vinculadas a una decisión de tal calibre y que fueran delegadas por la señora Ministra Garita para tales efectos.

En el caso de la ANEP, específicamente hablando, ya tenemos en nuestro poder las primeras 506 certificaciones, individualizadas y por centro de trabajo. Los compañeros integrantes de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria y las diferentes personas delegadas de la misma, se pondrán en contacto con cada una de esas 506 personas, para orientarles sobre los procedimientos de pago, una vez que hayamos alcanzado un acuerdo al respecto, a partir de la indicada sesión de trabajo de este jueves 24 de octubre.

ANEP ha realizado cálculos preliminares de cuantificación de los dineros necesarios que el Estado deberá desembolsar por esas deudas. Para que tengamos una idea, solamente para hacerle frente a esas primeras 506 certificaciones, se necesitan unos 250 millones de colones. Indicamos que, preliminarmente, con base en estimaciones promédiales bastante conservadores. La suma podría ser mucho mayor, como será mucho mayor cuando estén listas todas las certificaciones que faltan.

Como hemos indicado, la filosofía humanista y de concepción de clase que ha animado el accionar de la ANEP durante todos los 30 años de lucha a favor de los intereses y de las reivindicaciones de la Policía Penitenciaria, reafirma nuestra convicción de que la ANEP no le cobrará un centavo a las 506 personas que depositaron su confianza en nuestra organización para estos efectos.

Solamente para que usted tenga clara la dimensión de la plata que está en juego en todo esto, si todas esas 506 personas tuvieran que ir a sede judicial y si todas esas 506 personas se hubieran puesto en manos de abogados “chupasangre”, que solamente buscan el lucro personal, tendrían que pagarle a éstos por sus servicios, unos 30 millones de colones.

Como vemos, ni un solo centavo de esos 30 millones de colones pretende la ANEP cobrar por tramitar estos 506 procesos. La ANEP no hace “negocio” con los derechos laborales. A la ANEP le basta con la confianza que como afiliados y como afiliadas le tienen a nuestra organización estas 506 personas que, inicialmente, se apuntaron con la ANEP.

Nos sentimos contentos y esperamos seguirles honrando su confianza. Luego del jueves emitiremos otra comunicación similar a ésta para puntualizar más orientaciones específicas; incluso, planteando otros temas abordados en la importante reunión con la señora Ministra Garita, a quien le expresamos nuestro mayor respeto por la alta importancia y la gran sensibilidad que mostró ante la delegación de la ANEP y sus acompañantes que estuvimos en su despacho el pasado martes 22; delegación sindical que estuvo conformada por las directivas de nuestras seccionales en la institución: ANEP-Sistema Penitenciario Nacional y ANEP-Policía Penitenciaria.

Autoridades del Partido Acción Ciudadana (PAC), en conjunto con la Defensoría de los Habitantes y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), pidieron declarar como un estado de emergencia nacional la situación del sistema penitenciario.

El anuncio se hizo mediante una conferencia de prensa liderada por la diputada del PAC, Carmen Muñoz en conjunto con la Defensora, Ofelia Taitelbaum y el Secretario General de ANEP, Albino Vargas.

“Estamos pidiendo una declaración de emergencia del estado del sistema penitenciario nacional, al igual que una intervención a la unidad ejecutora del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo”, citó Muñoz.

El experto Eugenio Polanco, emitió su criterio basado en algunos datos existentes sobre la actualidad de esta problemática.

“Hace seis años el sistema no tenía sobre población penitenciaria, que era citado por expertos latinoamericanos como modelo. La semana pasada se llegó a la cifra récord de 3.500 privados de libertad hacinados en territorio costarricense, sin solución pronta a este problema”, dijo el experto Eugenio Polanco

Polanco, dijo que la situación es preocupante, ya que las cifras de población podrían aumentar un 50% en los próximo años.

“7.000 mil jóvenes saldrán de la prisión en los próximos 20 años y saldrán de varees hacinadas, donde no se les brindo la posibilidad de recibir oportunidades para incorporarse a la sociedad con mejores condiciones”, añadió Polanco.

Para Ofelia Taitelbaum, el tema es de suma importancia, por lo que se deben buscar prontas soluciones para evitar posibles hechos lamentables. Al mismo tiempo criticó la función de los tribunales de flagrancia.

“Las preocupaciones son que estos centros son depósitos de seres humanos. Son peligros para los presos, los custodios y la sociedad. En San Sebastián tenemos un 78% de sobre población. Esto es un problema terrible para toda la sociedad, en cualquier momento podemos tener una desgracia”, dijo Taitelbaum.

La funcionaria explicó que no se pueden seguir endureciendo las penas, ya que en el 2007 no existían estos problemas, ante la ausencia de los Tribunales de Flagrancia y las prisiones preventivas.

Por su parte, Albino Vargas se refirió a las condiciones de los trabajadores penitenciarios

“Hay datos impresionantes. En estos momentos la población penal supera los 31400 personas, en las diferentes categorías, este número hace u las personas sean atendidas por 3125 policías penitenciarios y 1900 personas en el segmento técnico (…) todo el personal esta exhausto, la política pública ha olvidado los derechos de las personas que trabajan en las cárceles”, comentó Vargas.

El líder sindical, señaló que han realizado en los últimos años 352 denuncias. Donde han alertado sobre la posibilidad de que ocurra una emergencia.

A partir de esta fecha empezarán a instalarse en las cárceles del país, los camarotes de tres camas; específicamente, en el Centro de Atención Institucional “Gerardo Rodríguez Echeverría” (más conocido como “El Virilla”), lo que para la ANEP constituye un todo un simbolismo de una profundización de la crisis del Sistema Penitenciario Nacional (SPN), que esta organización ha venido denunciando, de manera reiterada y argumentada, desde hace ya unos 3 años.

Adjuntamos el documento (uno más de los que, responsablemente, la ANEP ha preparado para sostener sus tesis en materia de la crisis carcelaria), que el próximo lunes le será entregado en sus manos a la nueva Ministra de Justicia y Paz, Ana Isabel Garita Vílchez; por parte tanto de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Sistema Penitenciario Nacional, como de la Junta Directiva de la ANEP-Policía Penitenciaria; planteamiento firmado por las servidoras y los servidores, Martha González Madriz y Ligia Solís Solís, en el primer caso; y por Héctor Prado Monge y Gerardo Cascante Vargas, en el segundo.

El planteamiento de que el Sistema Penitenciario Nacional debe ser declarado como Estado de Emergencia Nacional, se refuerza con los camarotes de tres niveles que están llegando en esta fecha al indicado centro penal. La crisis se ha de profundizar: más privados de libertad en ese centro pero con la misma cantidad de personal para atenderles (tanto técnico, como profesional y administrativo); la misma cantidad de integrantes de la Policía Penitenciaria para vigilarles; la misma cantidad de presupuesto para alimentarles y más trabajo para el personal de cocina; más problemas de higiene (es muy díficil una buena limpieza debajo del primer nivel de un camarote de tres pisos (el tercer nivel, prácticamente pega con el techo de la celda).

En fin, todo un acontecimiento simbólico que dramatiza una crisis carcelaria que violenta tanto los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad, como los Derechos Humanos del abnegado personal penitenciario mismo que ha venido sosteniendo lo que es un estallido inminente de consecuencias imprevisibles.

Finalmente, ANEP hace un llamado a todo el personal penitenciario para la movilización bajo todas las modalidades posibles a fin de que el Gobierno, el parlamento, el sistema político y la opinión pública entiendan la alta prioridad de atención que está requeriendo la explosiva situación carcelaria costarricense.
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Doctora
Ana Isabel Garita Vílchez
Ministra
MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

Estimada señora Ministra:

Reciba de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), sindicato representado en este Ministerio por la Seccional del Sistema Penitenciario Nacional, Por Justicia y Paz y la Seccional de la Policía Penitenciaria, un cordial saludo de bienvenida.

Indudablemente conociendo su exitosa trayectoria profesional, para la ANEP su llegada a este Ministerio, que pasa por una profunda crisis desde hace años, es una luz de esperanza. Para un sindicato empeñado en la construcción de una sociedad costarricense y latinoamericana solidaria en lo social, inclusiva en lo político y sustentable en lo ecológico, siempre sobre la base general del reconocimiento y respeto de la dignidad de la persona y la construcción permanente del bien común, la posibilidad que significa su presencia como Ministra de Justicia y Paz para enfrentar con seriedad y responsabilidad lo enormes problemas que sufre el Sistema Penitenciario Nacional son, ciertamente, una luz al final de túnel.

Tenemos la ilusión de que se puedan producir verdaderos y profundos cambios en una institución donde, sólo para decir algo, la violación de derechos humanos tanto de las personas privadas de libertad como del personal penitenciario que la atiende (administrativo, técnico-profesional y de seguridad), es cosa de todos los días.

En la ANEP llevamos años no sólo denunciando tanto la violación de derechos y múltiples y grave irregularidades en el funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional; sino, también y como ha sido característico de nuestro sindicato, proponiendo una agenda de trabajo seria y responsable para superar esta situación.

Pero, lamentable y muy cuestionablemente, hemos topado con el ninguneo o llanamente “oídos sordos” como respuesta a nuestra voluntad de proponer soluciones.

Ahora bien, según lo acordado en la reunión del pasado 8 de julio en su despacho, con la presente le estamos remitiendo algunos de los planteamientos de nuestra organización sindical para enfrentar la crisis del Sistema Penitenciario Nacional, formulados en los últimos tres años.

En la ANEP consideramos que las soluciones ante la grave crisis por la que atraviesa la institución, que debiera ser garante de derechos humanos como último eslabón del proceso del Sistema de Justicia Penal en nuestro país, es un problema de Estado, una catástrofe social, por lo que los poderes supremos de la República la debieran asumir con responsabilidad y en concordancia con su magnitud: correspondiera entonces, declararse en Estado de Emergencia Nacional al Sistema Penitenciario de Costa Rica.

Sufrimos en el Sistema Penitenciario Nacional una persistente situación de violación a derechos humanos denunciada de manera reiterada por la ANEP, el personal penitenciario, la población penal y corroborada por personas y organizaciones independientes, como es el caso de la Contraloría General de La República, el Ministerio de Hacienda, medios de comunicación nacional e internacional y la misma Defensoría de los Habitantes de la República y el Servicio Civil .

Una realidad ante la cual la ANEP, como reiteramos es siempre su voluntad y propósito, no se ha limitado a denunciar, sino que ha hecho propuestas y buscado tesoneramente caminos de diálogo y espacios de trabajo conjunto con las autoridades responsables para superar lo que está mal .

Sin embargo, y es necesario reiterar en este hecho, lamentablemente, nuestra voluntad de proponer y construir se ha topado con oídos sordos y ojos que simple, pero en nuestra opinión cínicamente, miran hacia otro lado.

La realidad y verdad, señora Ministra, como usted ha podido constatar en las visitas carcelarias que ha venido realizado, es que las condiciones laborales y de vida de la población penal en el Sistema Penitenciario Nacional y su eficacia de cara a la seguridad ciudadana, en vez de mejorar se ha venido empeorando gravemente en los últimos años y lo más peligroso, en los últimos meses.

Para nuestra organización es necesario luchar, por un lado, por devolverle la dignidad y condiciones de trabajo y de vida al personal del Sistema Penitenciario, dentro de un marco de resguardo a su seguridad humana, para que así éste se encuentre en condiciones de poder cumplir con la misión que el Estado nos ha conferido; y, por otra parte, revertir el abandono en que el Estado costarricense ha sumido al Sistema Penitenciario Nacional, dejando de lado, simultáneamente, la miope visión y carencial decisión de creer que la solución de la problemática de la seguridad ciudadana social se logra a través del encarcelamiento de más y más personas.

Sabemos, como lo apuntábamos el 8 de julio en su despacho, que son solamente 10 meses de gestión como máxima jerarca institucional. Sin embargo, confiamos en su capacidad y disposición demostrada de llevar a cabo una tarea titánica. Nuestra organización sindical, y sabemos que las personas trabajadoras del Sistema Penitenciario Nacional igualmente, estamos en la mejor disposición de colaborar en todo para gestar una transformación radical del Sistema Penitenciario Nacional.

Le proponemos dar cuenta de las siguientes tareas pendientes que consideramos podrían iniciar un fructífero proceso, por el camino del respeto de derechos humanos en la reconstrucción del Sistema Penitenciario:

1. Acoger el llamado para que se declare en Estado de Emergencia Nacional al Sistema Penitenciario, tal como lo ha solicitado nuestro sindicato. El sombrío recuerdo de famosas por tétricas instalaciones carcelarias como la isla de San Lucas o la no menos conocida “Peni”, resaltan el camino que el país emprendió a finales de los años setenta del siglo anterior para dotarse de un Sistema Penitenciario moderno, respetuoso de derechos humanos y eficaz en “el tratamiento y reinserción social” de las personas condenadas por haber cometido un delito. Pero la realidad es que los propósitos, objetivos y metas trazadas con el cierre de San Lucas y la transformación de la Penitenciaría Central (en el hoy Museo de los Niños), poco a poco, a veces de manera acelerada, se están abandonando. Así, pues, hace 31 años para el Ministerio de Justicia y Paz y 41 años para la Dirección General de Adaptación Social, Costa Rica reafirmó la senda a derechos y libertades fundamentales para la administración del Sistema Penitenciario Nacional; sin embargo, hoy ese camino está seriamente amenazado.

2. Finiquitar el proceso de negociación de la Convención Colectiva de Trabajo, al ser el instrumento que vendrá a regular los principales aspectos de la relación laboral del personal penitenciario y, con ello, el redescubrimiento de una racionalidad burocrática en el Ministerio de Justicia y Paz.

3. Retomar la propuesta de realizar un Congreso sobre el Sistema Penitenciario Nacional, que no sólo posibilite una seria reflexión crítica sobre lo que ha sido la cárcel en el seno de la sociedad costarricense; sino, además, darle un nuevo horizonte y sentido social a nuestro trabajo como Adaptación Social

4. Acoger las recomendaciones que la Auditoria de la Dirección General de Servicio Civil emitió en Informe N° AU-1-009-2012; que vendría a iniciar el necesario proceso de poner a derecho al Sistema Penitenciario Nacional en cuanto a la administración del personal.

5. Acoger las recomendaciones emitidas en respectivos informes por parte de la Defensoría de los Habitantes de la Republica y del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (2012); que vendría a retomar el camino de la institución penitenciaria hacia la plena observancia de Derechos Humanos, tanto los atinentes al personal como los concernientes a la población privada de libertad; todo lo cual, vendría a darle una solidez a la institución como ente fundamental de la Democracia costarricense.

6. Consolidar la Comisión de Alto Nivel, encargada del análisis de diversa temática laboral-institucional que sea garante de la estabilidad del Sistema Penitenciario Nacional de cara a los desafíos de estos tiempos; que minimice, por accionar preventivo, los riesgos en que se está sumiendo al personal y a la población penitenciaria. Consideramos que en dicha comisión se traten temas en lo inmediato y de urgencia como:

a) homologación salarial para la Policía Penitenciaria y pago de deudas salariales por concepto de disponibilidad;
b) actualización del perfil de mercado laboral para el personal de cocina;
c) elaboración de reglamentación horas extras, disponibilidad, rotación, traslado;
d) estudio técnico de perfiles y cargas de trabajo de toda la institución, incluyendo los diferentes centros de atención de los cuatro programas (el cual deberá reflejar todas las necesidades de dichos espacios institucionales, debiendo incorporar, entre otros elementos, un estudio de clima laboral, el cumplimiento de las normas de salud ocupacional y derechos laborales fundamentales, así como otros elementos relacionados con el funcionamiento del personal;
e) iniciar la discusión y elaboración de: políticas integrales penitenciarias, hacinamiento carcelario e infraestructura deficiente o insuficiente;
f) empréstito del BID; g) deficiente calidad de vida y oferta de servicios en las prisiones: insuficiencia del personal penitenciario, inadecuada capacitación y procesos de inducción; limitado equipamiento, materiales e instrumentos de trabajo para el personal y la población privada de libertad;
g) excesiva centralización, ausencia de planificación, inflexibilidad e inadecuadas prácticas de gestión administrativa, presupuestaria, de personal, de infraestructura física y equipo;
h) ausencia de redes de coordinación externas institucionales estatales, empresa privada, ONG’s y otras;
i) políticas para eliminación de la brecha digital entre segmentos del personal penitenciario;
j) intervención profesional para subsanar las insuficiencias del sistema electrónico de transmisión de datos (SIAP-13).

El sólo enfrentar estas tareas sería toda una revolución de cambios positivos para un Sistema Penitenciario Nacional colapsado y derruido.

Con la mayor consideración,

Junta Directiva Seccional ANEP
Sistema Penitenciario Nacional

Junta Directiva Seccional ANEP
Policía Penitenciaria

Martha González Madriz
Presidenta

Héctor Prado Monge
Presidente

Ligia Solís Solís
Vicepresidenta

Gerardo Cascante Vargas
Vicepresidente

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Licenciado
Geovanni Morales Sánchez
Director de Gestión Institucional de Recursos Humanos
Proceso Gestión del Ambiente Laboral
Dirección General de Adaptación Social
MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

Estimado señor:

Todavía no hemos terminado de analizar, tanto por su forma como por su fondo, la circular que usted firma, DGIRH-PGAL-01-06-2013, dirigida a “Directores, coordinadores, jefes y personal del Viceministerio de Gestión Estratégica, del Viceministerio de Asuntos Penitenciarios, del Viceministerio de Paz, del Patronato de Construcciones, de la Dirección General de Adaptación Social y de Administración Central del Ministerio de Justicia y Paz”; planteando una serie de aspectos acerca de la “Jornada y horario de prestación de servicios, control de asistencia y puntualidad y otros”.

Nos ha llamado poderosamente la atención el tema de los 10 minutos para desayuno, 30 minutos para almuerzo y 10 minutos para refrigerio por las tardes, toda vez que aparte de tener esto un aspecto cuantitativo (cuántos minutos se consumen en cada uno de esos momentos de gestión de alimentos durante la jornada laboral), también está de por medio algo más poderoso: el aspecto cualitativo. Y por supuesto, lo estrictamente legal-laboral que ya lo plantearemos, oficialmente, en fecha próxima.

Como usted bien sabe, es un hecho ampliamente compartido por la comunidad costarricense de que el Sistema Penitenciario Nacional (SPN) está en una profunda crisis y que, lamentablemente, la petición que ha formulado la ANEP para declararlo en “Estado de Emergencia Nacional”, no ha sido debidamente valorada por el Gobierno de la República pues más allá de un tema de jurídico-legal, estamos de cara a un asunto de potencial explosivo social, tal y como la ha reconocido la propia Defensoría de los Habitantes de la República.

No podemos dejar de pensar en que no estamos en tiempos “normales” al interior del SPN (tal vez, nunca ha habido tiempos “normales” en la institución), de tal suerte que toda su circular muestra una gran frialdad y la “normativitis aguditis” en la que abunda, lejos de alcanzar un fin “disciplinario”, incrementa esa sensación de abandono que percibe el personal carcelario costarricense, todos los días y hora tras hora, por parte de sus jerarquías.

El personal policial, el técnico-profesional, el administrativo y el operativo llevan la pesada carga de mantener la estabilidad institucional al interior de la prisión en estos tiempos tormentosos. Esto les hace desarrollar una sensibilidad crítica y de reclamo constante, por unas políticas jerárquicas que pudieran estar bien intencionadas pero que desde la comodidad de una oficina del centro josefino, impide tener una valoración real de lo que se viene acumulando en el ambiente intramuros de la cárcel, con alto riesgo de vidas humanas.

Difícilmente, la preocupación jerárquico-burocrática de si son o no “respetados” los diez minutos, de si son o no “respetados” los treinta minutos del almuerzo, no tienen una posibilidad real de observarse “cuadradamente” en el ambiente carcelario intramuros; ¡no! La ingrata tarea de mantener la estabilidad institucional en las prisiones, del gran esfuerzo por la contención minuto a minuto, del desgaste en lidiar con una demanda de servicios que ya rebasó toda posibilidad real operativa de atenderse con prontitud pese al gran sacrificio individual y grupal del personal penitenciario, debería aconsejar otro tipo de canales y formas comunicacionales cuando de normas burocrático-administrativas de gestión de personal se necesite promover.

La jefatura a su digno cargo (según se indica en la correspondencia oficial de su despacho), habla de que la misma es parte de un “proceso gestión del ambiente laboral”. Pareciera que este concepto es de carácter más integral, más abarcador, de más perspectiva y de mayor profundidad. Sinceramente y con respeto pensamos de que tal concepto dista mucho de una puntillosa preocupación por la “jornada y horario de prestación de servicios, control de asistencia y puntualidad y otros”, como lo indica el “asunto” de circular DGIRH-PGAL-01-06-2013.

Al acercarse la celebración del DÍA NACIONAL DEL TRABAJADOR PENITENCIARIO, cuán lejos están, uno del otro, estos dos significados contradictorios: la profunda concepción humanista y social de esta celebración vs. la fría señalización de una normativa de control que niega la profunda naturaleza de la crisis del Sistema Penitenciario Nacional (SPN). Cada vez nos convencemos más de que al tener el personal penitenciario su CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO (CCT), pondremos la primera piedra del abandono del unilateralismo jerárquico en materia de relaciones obrero-patronales y abriremos paso hacia una concepción de comunidad laboral en el amplio y humanista sentido del término. Ojalá usted esté con plena convicción de la importancia de ello como lo estamos en ANEP.

Con la mayor consideración y respeto,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)