Sistema Penitenciario

Piden al Gobierno declarar estado de emergencia por situación del sistema penitenciario nacional

Publicada el 08/08/2013 | por ANEP | Dejar un comentario

Autoridades del Partido Acción Ciudadana (PAC), en conjunto con la Defensoría de los Habitantes y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), pidieron declarar como un estado de emergencia nacional la situación del sistema penitenciario.

El anuncio se hizo mediante una conferencia de prensa liderada por la diputada del PAC, Carmen Muñoz en conjunto con la Defensora, Ofelia Taitelbaum y el Secretario General de ANEP, Albino Vargas.

“Estamos pidiendo una declaración de emergencia del estado del sistema penitenciario nacional, al igual que una intervención a la unidad ejecutora del préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo”, citó Muñoz.

El experto Eugenio Polanco, emitió su criterio basado en algunos datos existentes sobre la actualidad de esta problemática.

“Hace seis años el sistema no tenía sobre población penitenciaria, que era citado por expertos latinoamericanos como modelo. La semana pasada se llegó a la cifra récord de 3.500 privados de libertad hacinados en territorio costarricense, sin solución pronta a este problema”, dijo el experto Eugenio Polanco

Polanco, dijo que la situación es preocupante, ya que las cifras de población podrían aumentar un 50% en los próximo años.

“7.000 mil jóvenes saldrán de la prisión en los próximos 20 años y saldrán de varees hacinadas, donde no se les brindo la posibilidad de recibir oportunidades para incorporarse a la sociedad con mejores condiciones”, añadió Polanco.

Para Ofelia Taitelbaum, el tema es de suma importancia, por lo que se deben buscar prontas soluciones para evitar posibles hechos lamentables. Al mismo tiempo criticó la función de los tribunales de flagrancia.

“Las preocupaciones son que estos centros son depósitos de seres humanos. Son peligros para los presos, los custodios y la sociedad. En San Sebastián tenemos un 78% de sobre población. Esto es un problema terrible para toda la sociedad, en cualquier momento podemos tener una desgracia”, dijo Taitelbaum.

La funcionaria explicó que no se pueden seguir endureciendo las penas, ya que en el 2007 no existían estos problemas, ante la ausencia de los Tribunales de Flagrancia y las prisiones preventivas.

Por su parte, Albino Vargas se refirió a las condiciones de los trabajadores penitenciarios

“Hay datos impresionantes. En estos momentos la población penal supera los 31400 personas, en las diferentes categorías, este número hace u las personas sean atendidas por 3125 policías penitenciarios y 1900 personas en el segmento técnico (…) todo el personal esta exhausto, la política pública ha olvidado los derechos de las personas que trabajan en las cárceles”, comentó Vargas.

El líder sindical, señaló que han realizado en los últimos años 352 denuncias. Donde han alertado sobre la posibilidad de que ocurra una emergencia.

Los camarotes de tres camas

Publicada el 19/07/2013 | por ANEP | Dejar un comentario

A partir de esta fecha empezarán a instalarse en las cárceles del país, los camarotes de tres camas; específicamente, en el Centro de Atención Institucional “Gerardo Rodríguez Echeverría” (más conocido como “El Virilla”), lo que para la ANEP constituye un todo un simbolismo de una profundización de la crisis del Sistema Penitenciario Nacional (SPN), que esta organización ha venido denunciando, de manera reiterada y argumentada, desde hace ya unos 3 años.

Adjuntamos el documento (uno más de los que, responsablemente, la ANEP ha preparado para sostener sus tesis en materia de la crisis carcelaria), que el próximo lunes le será entregado en sus manos a la nueva Ministra de Justicia y Paz, Ana Isabel Garita Vílchez; por parte tanto de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Sistema Penitenciario Nacional, como de la Junta Directiva de la ANEP-Policía Penitenciaria; planteamiento firmado por las servidoras y los servidores, Martha González Madriz y Ligia Solís Solís, en el primer caso; y por Héctor Prado Monge y Gerardo Cascante Vargas, en el segundo.

El planteamiento de que el Sistema Penitenciario Nacional debe ser declarado como Estado de Emergencia Nacional, se refuerza con los camarotes de tres niveles que están llegando en esta fecha al indicado centro penal. La crisis se ha de profundizar: más privados de libertad en ese centro pero con la misma cantidad de personal para atenderles (tanto técnico, como profesional y administrativo); la misma cantidad de integrantes de la Policía Penitenciaria para vigilarles; la misma cantidad de presupuesto para alimentarles y más trabajo para el personal de cocina; más problemas de higiene (es muy díficil una buena limpieza debajo del primer nivel de un camarote de tres pisos (el tercer nivel, prácticamente pega con el techo de la celda).

En fin, todo un acontecimiento simbólico que dramatiza una crisis carcelaria que violenta tanto los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad, como los Derechos Humanos del abnegado personal penitenciario mismo que ha venido sosteniendo lo que es un estallido inminente de consecuencias imprevisibles.

Finalmente, ANEP hace un llamado a todo el personal penitenciario para la movilización bajo todas las modalidades posibles a fin de que el Gobierno, el parlamento, el sistema político y la opinión pública entiendan la alta prioridad de atención que está requeriendo la explosiva situación carcelaria costarricense.
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Doctora
Ana Isabel Garita Vílchez
Ministra
MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

Estimada señora Ministra:

Reciba de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), sindicato representado en este Ministerio por la Seccional del Sistema Penitenciario Nacional, Por Justicia y Paz y la Seccional de la Policía Penitenciaria, un cordial saludo de bienvenida.

Indudablemente conociendo su exitosa trayectoria profesional, para la ANEP su llegada a este Ministerio, que pasa por una profunda crisis desde hace años, es una luz de esperanza. Para un sindicato empeñado en la construcción de una sociedad costarricense y latinoamericana solidaria en lo social, inclusiva en lo político y sustentable en lo ecológico, siempre sobre la base general del reconocimiento y respeto de la dignidad de la persona y la construcción permanente del bien común, la posibilidad que significa su presencia como Ministra de Justicia y Paz para enfrentar con seriedad y responsabilidad lo enormes problemas que sufre el Sistema Penitenciario Nacional son, ciertamente, una luz al final de túnel.

Tenemos la ilusión de que se puedan producir verdaderos y profundos cambios en una institución donde, sólo para decir algo, la violación de derechos humanos tanto de las personas privadas de libertad como del personal penitenciario que la atiende (administrativo, técnico-profesional y de seguridad), es cosa de todos los días.

En la ANEP llevamos años no sólo denunciando tanto la violación de derechos y múltiples y grave irregularidades en el funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional; sino, también y como ha sido característico de nuestro sindicato, proponiendo una agenda de trabajo seria y responsable para superar esta situación.

Pero, lamentable y muy cuestionablemente, hemos topado con el ninguneo o llanamente “oídos sordos” como respuesta a nuestra voluntad de proponer soluciones.

Ahora bien, según lo acordado en la reunión del pasado 8 de julio en su despacho, con la presente le estamos remitiendo algunos de los planteamientos de nuestra organización sindical para enfrentar la crisis del Sistema Penitenciario Nacional, formulados en los últimos tres años.

En la ANEP consideramos que las soluciones ante la grave crisis por la que atraviesa la institución, que debiera ser garante de derechos humanos como último eslabón del proceso del Sistema de Justicia Penal en nuestro país, es un problema de Estado, una catástrofe social, por lo que los poderes supremos de la República la debieran asumir con responsabilidad y en concordancia con su magnitud: correspondiera entonces, declararse en Estado de Emergencia Nacional al Sistema Penitenciario de Costa Rica.

Sufrimos en el Sistema Penitenciario Nacional una persistente situación de violación a derechos humanos denunciada de manera reiterada por la ANEP, el personal penitenciario, la población penal y corroborada por personas y organizaciones independientes, como es el caso de la Contraloría General de La República, el Ministerio de Hacienda, medios de comunicación nacional e internacional y la misma Defensoría de los Habitantes de la República y el Servicio Civil .

Una realidad ante la cual la ANEP, como reiteramos es siempre su voluntad y propósito, no se ha limitado a denunciar, sino que ha hecho propuestas y buscado tesoneramente caminos de diálogo y espacios de trabajo conjunto con las autoridades responsables para superar lo que está mal .

Sin embargo, y es necesario reiterar en este hecho, lamentablemente, nuestra voluntad de proponer y construir se ha topado con oídos sordos y ojos que simple, pero en nuestra opinión cínicamente, miran hacia otro lado.

La realidad y verdad, señora Ministra, como usted ha podido constatar en las visitas carcelarias que ha venido realizado, es que las condiciones laborales y de vida de la población penal en el Sistema Penitenciario Nacional y su eficacia de cara a la seguridad ciudadana, en vez de mejorar se ha venido empeorando gravemente en los últimos años y lo más peligroso, en los últimos meses.

Para nuestra organización es necesario luchar, por un lado, por devolverle la dignidad y condiciones de trabajo y de vida al personal del Sistema Penitenciario, dentro de un marco de resguardo a su seguridad humana, para que así éste se encuentre en condiciones de poder cumplir con la misión que el Estado nos ha conferido; y, por otra parte, revertir el abandono en que el Estado costarricense ha sumido al Sistema Penitenciario Nacional, dejando de lado, simultáneamente, la miope visión y carencial decisión de creer que la solución de la problemática de la seguridad ciudadana social se logra a través del encarcelamiento de más y más personas.

Sabemos, como lo apuntábamos el 8 de julio en su despacho, que son solamente 10 meses de gestión como máxima jerarca institucional. Sin embargo, confiamos en su capacidad y disposición demostrada de llevar a cabo una tarea titánica. Nuestra organización sindical, y sabemos que las personas trabajadoras del Sistema Penitenciario Nacional igualmente, estamos en la mejor disposición de colaborar en todo para gestar una transformación radical del Sistema Penitenciario Nacional.

Le proponemos dar cuenta de las siguientes tareas pendientes que consideramos podrían iniciar un fructífero proceso, por el camino del respeto de derechos humanos en la reconstrucción del Sistema Penitenciario:

1. Acoger el llamado para que se declare en Estado de Emergencia Nacional al Sistema Penitenciario, tal como lo ha solicitado nuestro sindicato. El sombrío recuerdo de famosas por tétricas instalaciones carcelarias como la isla de San Lucas o la no menos conocida “Peni”, resaltan el camino que el país emprendió a finales de los años setenta del siglo anterior para dotarse de un Sistema Penitenciario moderno, respetuoso de derechos humanos y eficaz en “el tratamiento y reinserción social” de las personas condenadas por haber cometido un delito. Pero la realidad es que los propósitos, objetivos y metas trazadas con el cierre de San Lucas y la transformación de la Penitenciaría Central (en el hoy Museo de los Niños), poco a poco, a veces de manera acelerada, se están abandonando. Así, pues, hace 31 años para el Ministerio de Justicia y Paz y 41 años para la Dirección General de Adaptación Social, Costa Rica reafirmó la senda a derechos y libertades fundamentales para la administración del Sistema Penitenciario Nacional; sin embargo, hoy ese camino está seriamente amenazado.

2. Finiquitar el proceso de negociación de la Convención Colectiva de Trabajo, al ser el instrumento que vendrá a regular los principales aspectos de la relación laboral del personal penitenciario y, con ello, el redescubrimiento de una racionalidad burocrática en el Ministerio de Justicia y Paz.

3. Retomar la propuesta de realizar un Congreso sobre el Sistema Penitenciario Nacional, que no sólo posibilite una seria reflexión crítica sobre lo que ha sido la cárcel en el seno de la sociedad costarricense; sino, además, darle un nuevo horizonte y sentido social a nuestro trabajo como Adaptación Social

4. Acoger las recomendaciones que la Auditoria de la Dirección General de Servicio Civil emitió en Informe N° AU-1-009-2012; que vendría a iniciar el necesario proceso de poner a derecho al Sistema Penitenciario Nacional en cuanto a la administración del personal.

5. Acoger las recomendaciones emitidas en respectivos informes por parte de la Defensoría de los Habitantes de la Republica y del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (2012); que vendría a retomar el camino de la institución penitenciaria hacia la plena observancia de Derechos Humanos, tanto los atinentes al personal como los concernientes a la población privada de libertad; todo lo cual, vendría a darle una solidez a la institución como ente fundamental de la Democracia costarricense.

6. Consolidar la Comisión de Alto Nivel, encargada del análisis de diversa temática laboral-institucional que sea garante de la estabilidad del Sistema Penitenciario Nacional de cara a los desafíos de estos tiempos; que minimice, por accionar preventivo, los riesgos en que se está sumiendo al personal y a la población penitenciaria. Consideramos que en dicha comisión se traten temas en lo inmediato y de urgencia como:

a) homologación salarial para la Policía Penitenciaria y pago de deudas salariales por concepto de disponibilidad;
b) actualización del perfil de mercado laboral para el personal de cocina;
c) elaboración de reglamentación horas extras, disponibilidad, rotación, traslado;
d) estudio técnico de perfiles y cargas de trabajo de toda la institución, incluyendo los diferentes centros de atención de los cuatro programas (el cual deberá reflejar todas las necesidades de dichos espacios institucionales, debiendo incorporar, entre otros elementos, un estudio de clima laboral, el cumplimiento de las normas de salud ocupacional y derechos laborales fundamentales, así como otros elementos relacionados con el funcionamiento del personal;
e) iniciar la discusión y elaboración de: políticas integrales penitenciarias, hacinamiento carcelario e infraestructura deficiente o insuficiente;
f) empréstito del BID; g) deficiente calidad de vida y oferta de servicios en las prisiones: insuficiencia del personal penitenciario, inadecuada capacitación y procesos de inducción; limitado equipamiento, materiales e instrumentos de trabajo para el personal y la población privada de libertad;
g) excesiva centralización, ausencia de planificación, inflexibilidad e inadecuadas prácticas de gestión administrativa, presupuestaria, de personal, de infraestructura física y equipo;
h) ausencia de redes de coordinación externas institucionales estatales, empresa privada, ONG’s y otras;
i) políticas para eliminación de la brecha digital entre segmentos del personal penitenciario;
j) intervención profesional para subsanar las insuficiencias del sistema electrónico de transmisión de datos (SIAP-13).

El sólo enfrentar estas tareas sería toda una revolución de cambios positivos para un Sistema Penitenciario Nacional colapsado y derruido.

Con la mayor consideración,

Junta Directiva Seccional ANEP
Sistema Penitenciario Nacional

Junta Directiva Seccional ANEP
Policía Penitenciaria

Martha González Madriz
Presidenta

Héctor Prado Monge
Presidente

Ligia Solís Solís
Vicepresidenta

Gerardo Cascante Vargas
Vicepresidente

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Control estricto de tiempos de comida en las cárceles no es razonable

Publicada el 19/06/2013 | por ANEP | 2 comentarios

Licenciado
Geovanni Morales Sánchez
Director de Gestión Institucional de Recursos Humanos
Proceso Gestión del Ambiente Laboral
Dirección General de Adaptación Social
MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ

Estimado señor:

Todavía no hemos terminado de analizar, tanto por su forma como por su fondo, la circular que usted firma, DGIRH-PGAL-01-06-2013, dirigida a “Directores, coordinadores, jefes y personal del Viceministerio de Gestión Estratégica, del Viceministerio de Asuntos Penitenciarios, del Viceministerio de Paz, del Patronato de Construcciones, de la Dirección General de Adaptación Social y de Administración Central del Ministerio de Justicia y Paz”; planteando una serie de aspectos acerca de la “Jornada y horario de prestación de servicios, control de asistencia y puntualidad y otros”.

Nos ha llamado poderosamente la atención el tema de los 10 minutos para desayuno, 30 minutos para almuerzo y 10 minutos para refrigerio por las tardes, toda vez que aparte de tener esto un aspecto cuantitativo (cuántos minutos se consumen en cada uno de esos momentos de gestión de alimentos durante la jornada laboral), también está de por medio algo más poderoso: el aspecto cualitativo. Y por supuesto, lo estrictamente legal-laboral que ya lo plantearemos, oficialmente, en fecha próxima.

Como usted bien sabe, es un hecho ampliamente compartido por la comunidad costarricense de que el Sistema Penitenciario Nacional (SPN) está en una profunda crisis y que, lamentablemente, la petición que ha formulado la ANEP para declararlo en “Estado de Emergencia Nacional”, no ha sido debidamente valorada por el Gobierno de la República pues más allá de un tema de jurídico-legal, estamos de cara a un asunto de potencial explosivo social, tal y como la ha reconocido la propia Defensoría de los Habitantes de la República.

No podemos dejar de pensar en que no estamos en tiempos “normales” al interior del SPN (tal vez, nunca ha habido tiempos “normales” en la institución), de tal suerte que toda su circular muestra una gran frialdad y la “normativitis aguditis” en la que abunda, lejos de alcanzar un fin “disciplinario”, incrementa esa sensación de abandono que percibe el personal carcelario costarricense, todos los días y hora tras hora, por parte de sus jerarquías.

El personal policial, el técnico-profesional, el administrativo y el operativo llevan la pesada carga de mantener la estabilidad institucional al interior de la prisión en estos tiempos tormentosos. Esto les hace desarrollar una sensibilidad crítica y de reclamo constante, por unas políticas jerárquicas que pudieran estar bien intencionadas pero que desde la comodidad de una oficina del centro josefino, impide tener una valoración real de lo que se viene acumulando en el ambiente intramuros de la cárcel, con alto riesgo de vidas humanas.

Difícilmente, la preocupación jerárquico-burocrática de si son o no “respetados” los diez minutos, de si son o no “respetados” los treinta minutos del almuerzo, no tienen una posibilidad real de observarse “cuadradamente” en el ambiente carcelario intramuros; ¡no! La ingrata tarea de mantener la estabilidad institucional en las prisiones, del gran esfuerzo por la contención minuto a minuto, del desgaste en lidiar con una demanda de servicios que ya rebasó toda posibilidad real operativa de atenderse con prontitud pese al gran sacrificio individual y grupal del personal penitenciario, debería aconsejar otro tipo de canales y formas comunicacionales cuando de normas burocrático-administrativas de gestión de personal se necesite promover.

La jefatura a su digno cargo (según se indica en la correspondencia oficial de su despacho), habla de que la misma es parte de un “proceso gestión del ambiente laboral”. Pareciera que este concepto es de carácter más integral, más abarcador, de más perspectiva y de mayor profundidad. Sinceramente y con respeto pensamos de que tal concepto dista mucho de una puntillosa preocupación por la “jornada y horario de prestación de servicios, control de asistencia y puntualidad y otros”, como lo indica el “asunto” de circular DGIRH-PGAL-01-06-2013.

Al acercarse la celebración del DÍA NACIONAL DEL TRABAJADOR PENITENCIARIO, cuán lejos están, uno del otro, estos dos significados contradictorios: la profunda concepción humanista y social de esta celebración vs. la fría señalización de una normativa de control que niega la profunda naturaleza de la crisis del Sistema Penitenciario Nacional (SPN). Cada vez nos convencemos más de que al tener el personal penitenciario su CONVENCIÓN COLECTIVA DE TRABAJO (CCT), pondremos la primera piedra del abandono del unilateralismo jerárquico en materia de relaciones obrero-patronales y abriremos paso hacia una concepción de comunidad laboral en el amplio y humanista sentido del término. Ojalá usted esté con plena convicción de la importancia de ello como lo estamos en ANEP.

Con la mayor consideración y respeto,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Inicia Negociación Colectiva en el Sistema Penitenciario

Publicada el 03/06/2013 | por ANEP | Dejar un comentario

¡¡¡Empezó ya la negociación de lo que será la Primera Convención Colectiva de Trabajo (CCT) del Sistema Penitenciario Nacional!!! 15 artículos se negociaron el pasado lunes 27 de mayo de 2013. Trabajamos con la propuesta que se hizo circular meses atrás.

La CCT vendrá a cubrir a los compañeros y a las compañeras de todas las sectores laborales institucionales: Profesionales, Técnicos, Administrativos, Operativos y Policía Penitenciaria. Además, se abordó en esta reunión el tema del pago de los 15 mil colones a la base de los salarios de la Policía Penitenciaria, como homologación al último incremento extraordinario que recibió la Fuerza Pública.

Nuevamente, también se tocó la necesidad de obtener los recursos para pagar en sede administrativa las deudas por Disponibilidad, en el caso de aquellos policías que así lo quieran y que no quieran pagar grandes sumas por “honorarios” profesionales.

ANEP discutió con la Dirección Nacional de la Policía Penitenciaria el asunto de la sobreexplotación laboral del personal de la Policía Penitenciaria. Habrá una segunda reunión para que se respete el debido descanso, según lo ordenó la Sala Constitucional, durante la permanencia en el centro.

ANEP elaborará un criterio jurídico sobre las bases legales necesarias a observar cuando se habla jornada diurna, jornada nocturna y jornada mixta, según se da cada una durante los 7 días de labor continua en el centro; para establecer en cada una de ellas, cuál es el mínimo y cuál es el máximo, según el propio Código de Trabajo, la jurisprudencia en la materia y las regulaciones internacionales de la OIT.

ANEP rechazó, tajantemente, las pretensiones del señor Guillermo Ugalde Víquez, para implantar en las cárceles el horario de hospital para la Policía Penitenciaria. Es una idea descabellada y que afectaría, directamente, el bolsillo del trabajador: más gasto de pasajes porque habría que ir y volver a la casa, ¡¡¡a diario!!!; y, además, pagar la comida que ingerimos en el centro de trabajo.

Sobreexplotación laboral en la Policía Penitenciaria

Publicada el 20/05/2013 | por ANEP | Dejar un comentario

Honorable señor
Lic. Fernando Ferraro Castro
Ministro
MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ
Su despacho

Estimado señor Ministro:

En primer término, atento y respetuoso saludo. Con fecha 3 de febrero del 2010, el señor Guillermo Ugalde Víquez, Director de la Policía Penitenciaria, emitió la Circular No. 05-2010, dirigida al Personal de Seguridad del Sistema Penitenciario, acerca de las JORNADAS DE TRABAJO Y PERÍODOS DE DESCANSO (las mayúsculas son nuestras).

Ante la crisis del Sistema Penitenciario Nacional (SPN), tema que la ANEP ha planteado al país en estos días pero de lo cual tenemos tres años de sostenida denuncia propositiva, urge que el despacho ministerial a su digno cargo emita directriz política firme para que cese la sobreexplotación laboral a que están siendo sometidos en los actuales momentos el personal de la Policía Penitenciaria, cuyos integrantes, en no pocos casos, están laborando hasta un total de 18 horas diarias, violentándose severamente el derecho al tiempo del debido descanso.

Tal y como la misma Sala Constitucional lo ha ordenado, este alto tribunal estima que “…la Administración tiene la obligación de respetar las jornadas de trabajo y los horarios de descanso de los agentes de seguridad”. (así lo indica en una de sus partes la circular a la que hacemos mención). De la misma manera, el propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), se ha pronunciado contundentemente en correspondiente “Acta de Inspección y Prevención”. Tan es así que en el “Por tanto” de la comunicación del señor Ugalde, el “Director de la Policía Penitenciaria recuerda:”… “2. Que el tiempo de descanso de los funcionarios es un derecho y una obligación que deben de acatar, con el fin de poder continuar brindando los servicios de seguridad de una manera óptima, evitando así un eventual abandono de servicio y la distorsión de la dinámica institucional”. La situación que estamos enfrentando es que las diversas jefaturas de seguridad en los centros penales no están respetando las orientaciones constitucionales que en materia de seguridad emitió el despacho del señor Lic. Ugalde Víquez.

Por tanto, señor Ministro Ferraro, reiterándole nuestro respeto y consideración, en la reunión de este lunes 20 que su despacho ha convocado para continuar el proceso de negociación hacia la suscripción de lo que será la Primera Convención Colectiva de Trabajo del Sistema Penitenciario Nacional; debemos definir, con la urgencia debida, con absoluta claridad y con la debida contundencia, el punto del debido descanso para la Policía Penitenciaria cuando está en funciones; el respeto absoluto a la indicada circular; la clara diferenciación entre el concepto de disponibilidad y el reconocimiento de tiempo extra laborado (a la luz de la histórica sentencia que la ANEP ganó en sede judicial en el caso del compañero policía penitenciario Gerardo Cascante Vargas); y los procedimientos para el registro y consecuente pago salarial de tales extremos.

Como de manera reiterada la ANEP lo viene afirmando, “solamente el abnegado compromiso y el más grande sacrificio de la abrumadora mayoría del personal carcelario de Costa Rica, ha impedido un desastre mayor en el Sistema Penitenciario Nacional”. Así que, jornadas extenuantes, sobreexplotación laboral, violentación del debido descanso, acumulación de deudas salariales (entre otros factores), conspiran contra la estabilidad estratégica que la institución requiere en las actuales circunstancias. Debemos actuar con celeridad.

Honrar a los que ya no están. Ni una muerte más.

Publicada el 13/05/2013 | por ANEP | Dejar un comentario

Se están cumpliendo dos años del fallecimiento del compañero de la Policía Penitenciaria, FRANCIS MORALES FALLAS, caído en el cumplimiento de su deber como servidor público responsable de la seguridad carcelaria del país. Este triste acontecimiento fue en el 2011. Recordamos también que MARCO TULIO PRADO LEÓN, otro compañero Policía Penitenciario dio su vida en el año 2006, igualmente caído en el cumplimiento del deber. Más antes, en el 2002, el compañero chofer JOHHNY VEGA CHAVES, también perdió la vida mientras ejercía su cargo público para el Sistema Penitenciario Nacional. ¡No olvidarlos jamás! debe ser nuestra consigna. Rindamos homenaje a su memoria. Ante la grave crisis del Sistema Penitenciario Nacional, pedimos vuestro apoyo para la propuesta de la ANEP: que se le declare en Estado de Emergencia Nacional.

La ANEP estima que solamente el abnegado compromiso y el más grande sacrificio de la abrumadora mayoría del personal carcelario de Costa Rica, ha impedido un desastre mayor en el Sistema Penitenciario Nacional

El Ministro Ferraro recibirá de la ANEP, este lunes 13 de mayo de 2013, un planteamiento denominado “Se debe enfrentar con seriedad la crisis y revertir el creciente deterioro del Sistema Penitenciario Nacional”, con la idea de, incluso, obtener una escucha seria y responsable de parte de la propia Presidenta de la República, Licda. Laura Chinchilla Miranda.

La situación en el Sistema Penitenciario Nacional podría estar llegando a punto de “no retorno” y la propuesta de la ANEP para que se le declare en Estado de Emergencia Nacional, busca evitar más episodios de dolor, de tragedia humana y de profundización al irrespeto a los Derechos Humanos.

Pedimos declaratoria de Estado de Emergencia Nacional en el Sistema Penitenciario Nacional

Publicada el 13/05/2013 | por ANEP | Dejar un comentario

Este lunes 13 de mayo de 2013, representantes de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), sostendrán una reunión en con el Ministro de Justicia y Paz, Fernando Ferraro Castro, acerca de la grave situación que enfrenta el Sistema Penitenciario Nacional, entidad que para la ANEP está en una peligrosa y delicada crisis que merece una declaratoria de Estado de Emergencia Nacional.

Con el paso de cada día, la situación carcelaria costarricense tiende a complicarse con altísimo riesgo para la vida de las personas que están involucradas en ella: el personal asalariado y las personas privadas de libertad.

Los más recientes acontecimientos relacionados con esta situación indican un empeoramiento de la crisis del Sistema Penitenciario Nacional.

Por un lado el recurso de amparo y el de habeas corpus que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) interpuso contra la Dirección General de Adaptación Social por la estadía prolongada en condición de detenidas de unas 126 personas en las cárceles judiciales cuando, según el recurrente, deben estar dentro de la entidad penitenciaria.

Por otro, la orden judicial que ha ordenado restricción de ingreso a 6 cárceles del país, porque ya no hay más campo para internar personas privadas de libertad, agudizan la crisis penitenciaria y le dan más fortaleza a la petición de la ANEP para una declaratoria de Estado de Emergencia Nacional.

Ambos grupos humanos, el personal asalariado y el privado de libertad, con el desarrollo de la crisis penitenciaria, viven un deterioro radical de sus condiciones psicoemocionales y la cadena de violaciones a los Derechos Humanos, en uno y en otro caso, es ya insostenible. Ni hablar de lo que está implicando para sus propias vidas.

El Ministro Ferraro recibirá de la ANEP un planteamiento denominado “Se debe enfrentar con seriedad la crisis y revertir el creciente deterioro del Sistema Penitenciario Nacional”, con la idea de, incluso, obtener una escucha seria y responsable de parte de la propia Presidenta de la República, Licda. Laura Chinchilla Miranda.

La ANEP adjunta documentos en torno a la propuesta de declaratoria de “Estado de Emergencia Nacional” para el Sistema Penitenciario Nacional.

ANEP pide pensión especial para los y las policías

Publicada el 06/05/2013 | por ANEP | Dejar un comentario

Estimado señor Presidente de la Asamblea Legislativa:
Estimadas señoras y señores, jefas y jefes de fracción parlamentaria:

1 – Luego de saludarles de la manera más respetuosa nos dirigimos a ustedes para solicitarles, oficialmente y por esta vía, ahora que ha iniciado la cuarta legislatura del período constitucional parlamentario 2010-2014 y con la apertura del período de sesiones ordinarias correspondiente a la misma (1 de mayo de 2013-31 de julio de 2013); que se convenga darle el debido trámite al expediente legislativo No. 17.695, “Ley de Pensiones de los Cuerpos Policiales del Ministerio de Gobernación y Policía y Seguridad Pública”; tal y como fuera indicado por los cientos de efectivos de la Fuerza Pública que el pasado día lunes 22 de abril de 2013 se manifestaron públicamente para, entre otras reivindicaciones, solicitar al parlamento costarricense la conversión en ley de la República de tal proyecto.

2 – De la misma manera formulamos por esta vía petición oficial para que al título del indicado expediente legislativo se agregue la siguiente frase: “y del Ministerio de Justicia y Paz”, de tal suerte que quede comprendido el acceso a esa eventual nueva ley de quienes son servidores y servidoras de la Policía Penitenciaria de nuestro país.

3 – Así que, previa tramitación de la moción necesaria que por esta vía les estamos solicitando impulsar, el expediente legislativo No. 17.695 pasaría a denominarse “Ley de los Cuerpos Policiales de los ministerios de Gobernación y Policía, de Seguridad Pública y de Justicia y Paz”.

4 – La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), próxima a cumplir 55 años de fundada, presenta un expediente de lujo en la defensa y promoción de los derechos laborales y de búsqueda de mejores condiciones salariales y de empleo para el personal de la Policía Penitenciaria de Costa Rica.

5 – En concreto, la ANEP tiene ya 30 años de acciones de lucha sostenida en tal dirección y por ello, como reconocimiento a este gran compromiso social, totalmente transparente (dado que no está permeado por intereses político-partidistas de ninguna especie y porque tampoco responde a ideologías extrañas y extremistas; y, mucho menos, a intereses oportunistas de carácter lucrativo y de “negocio” laboral); es que esta organización se ha ganado la confianza, el respeto y el cariño de la abrumadora mayoría de quienes son servidores públicos asalariados integrantes de la Policía Penitenciaria.

6 – La ANEP, hoy por hoy, una organización laboral de amplio reconocimiento ciudadano, no es ningún “sindicato artificial” y, por ello es que ostenta una incuestionable legitimidad para abogar por el bienestar de ese estratégico personal al servicio de la Seguridad Ciudadana en el cuido de las prisiones del país.

7 – “Calificados estudios realizados en otros países, por ejemplo, demuestran que a partir de los 40 años de edad, el o la policía muestra un deterioro físico significativo, reduciendo, paulatinamente, su capacidad de recuperación ante el desgaste que implica la labor policial; misma que genera problemas físicos frecuentes como molestias en la columna, las várices, esguinces y quemaduras, afecciones en el aparato respiratorio, alteraciones gastrointestinales, dolores de cabeza, cansancio crónico, alergias, dolencias cardiovasculares y hepáticas, entre otras”. Esta caracterización se lee en la exposición de motivos del indicado expediente legislativo en su versión original y fue elaborada pensando, básicamente, en las condiciones de un policía de la Fuerza Pública luego de que llegue a los 40 años de edad.

8 – No obstante, prácticamente, es el mismo cuadro que puede presentar un compañero o una compañera de la Policía Penitenciaria al llegar a esa edad; además, de que en el caso de la labor de seguridad de las cárceles el deterioro psicoemocional puede ser inmensamente mayor, dado que por la estructura horaria de tal servicio público, se puede afirmar que del total de la vida laboral al servicio de la seguridad penitenciaria, exactamente la mitad es de “internamiento carcelario”, casi como lo vive la persona privada de libertad.

9 – Adicionalmente, el cambio cualitativo que muestra la actividad delicuencial de hoy en día, por razones que luego se pueden exponer ampliamente ante ustedes, señores diputados y señoras diputadas, pero que no son desconocidas para nadie; obligan a que el país reflexione sobre la conveniencia de tener a sus policías penitenciarios en condiciones de tercera edad, en tan delicadas labores. Es más que claro que en el caso de la Policía Penitenciaria jubilarles anticipadamente se hace tan vital como lo es para sus colegas de la Fuerza Pública.

10 – Esta situación fue también reivindicada por la gran cantidad de integrantes de la Policía Penitenciaria que junto a sus homólogos y homólogas de la Fuerza Pública se manifestaron ese lunes 22 de abril, atendiendo específica convocatoria de la ANEP al respecto.

11 – Finalmente, esperamos que se nos conceda audiencia por parte de cada una de sus distinguidas autoridades legislativas, solicitud que peticionamos, oficialmente y por esta vía, a partir del recibo de la presente. Pretendemos extendernos con más detalle en las consideraciones que nos motivan para gestionar este apoyo vuestro al indicado proyecto de ley con la inclusión en el mismo de la Policía Penitenciaria de Costa Rica, adscrita al Ministerio de Justicia y Paz.

12 – Nosotros, como ANEP y como la legítima organización abrumadoramente representativa del personal de la Policía Penitenciaria, estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes, con cada una de ustedes y con sus respectivos compañeros y respectivas compañeras de fracción, pues el año pasado 2013, ante gestión nuestra, ustedes votaron, de manera unánime, otro proyecto de ley a favor del personal de la Policía Penitenciaria.

13 – Hablamos del proyecto que permitió saldar con este personal una deuda salarial que el Estado les tenía pendiente de honrar, correspondiente a nueve meses no pagados de la revaloración salarial extraordinaria que se dio en el año 2009; autorizando al Poder Ejecutivo una partida de 700 millones de colones para tal propósito. Valga esta ocasión para el reconocimiento debido.

14 – Confiados en que nuevamente hemos de obtener de sus correspondientes fracciones parlamentarias escucha debida en esta circunstancia, quedamos a la espera de que nos comuniquen la fecha en que seremos atendidos. Anticipadas gracias.

Manifiesto Peticional de los Policías

Publicada el 22/04/2013 | por ANEP | Dejar un comentario

San José, lunes 22 de abril de 2013.

Honorables señores y señoras
Diputados y diputadas
Asamblea Legislativa

Honorable señora
Licda. Laura Chinchilla Miranda
Presidenta de la República

Estimados señores y estimadas señoras:

Las personas trabajadoras asalariadas integrantes, como servidores públicos y como servidoras públicas de los cuerpos de seguridad del país Fuerza Pública, Policía Penitenciaria y Policía Profesional de Migración y Extranjería, que en este día nos estamos manifestando presencialmente; recogiendo además el sentir de nuestros miles de compañeros y de compañeras de labor que por razones obvias, físicamente no están acompañándonos hoy pero moral y emocionalmente están también aquí; en gran unidad laboral venimos al parlamento costarricense y a la Presidencia de la República, organizados en nuestra legítima agrupación sindical que nos representa, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en conjunto con sus correspondientes seccionales (ANEP-Fuerza Pública, ANEP-Policía Penitenciaria y ANEP-Migración y Extranjería); para con el máximo respeto planear lo siguiente:

PRIMERO: Que se proceda a la modificación de los artículos 12 y conexos de la Ley No. 6836, “Ley de Incentivos Profesionales en Ciencias Médicas”, de 22 de diciembre de 1982; artículos que se han convertido en la “excusa perfecta” de los sucesivos gobiernos para limitar las posibilidades de mejores reajustes salariales semestrales por costo de vida y para más justas revaloraciones salariales extraordinarias y gremiales, en los sueldos que se pagan a los y a las integrantes de las diferentes policías del país que están dentro del Poder Ejecutivo.

Particularmente, nos referimos a las representaciones presentes en este acto de manifestación cívica y pacífica: Fuerza Pública, Policía Penitenciaria y Policía Profesional de Migración y Extranjería; pero que también incumbe y afecta a la Policía de Tránsito, a los guardas de las instalaciones educativas públicas a cargo del Ministerio de Educación Pública ~~MEP~~ (escuelas y colegios), así como a los guardaparques del Servicio Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Igualmente, como bien se sabe, toda esta situación afecta a otros servidores y a otras servidoras, de otras ramas del servicio público distintas del policial del Poder Ejecutivo que devengan los más bajos salarios del Gobierno Central.

Varios honorables señores legisladores y señoras legisladoras han ofrecido sus buenos oficios para materializar esta necesaria modificación legal, razón por la cual les instamos a impulsar, negociando entre sí y con nuestra legítima representación, lo correspondiente.

Valga indicar que el “desenganche” no es posible variando el decreto ejecutivo ligado a la ley salarial médica. El “desenganche” tiene que quedar claro, total y radicalmente, sin la menor confusión jurídica y esto sólo es posible si se varían los artículos 12 y conexos de la Ley No. 6836.

Lo que nuestra organización sindical ANEP ha planteado al país como el “desenganche”, si bien es cierto no resolverá de manera inmediata, mágica y súbitamente, la situación salarial de los y de las policías del Gobierno Central; sí abre posibilidades para discutir sin la presión del impacto de nuestros incrementos en la estructura salarial médica, cuál debe ser, en realidad, la política pública para con nosotros, los y las policías, salarial y reivindicativamente hablando; considerando que la sociedad exige y demanda más y mejor Seguridad Ciudadana, pero no se decide a una gratificación plena de quienes estamos a cargo de la misma en las calles, en las cárceles, en los puestos fronterizos, en las carreteras y similares.

Los y las policías de Costa Rica, especialmente quienes pertenecemos a los indicados cuerpos de seguridad, denunciamos que el creciente problema nacional número uno: el crecimiento de la desigualdad y la concentración abusiva de la riqueza, también nos hace sus víctimas; ya no solamente por la presión interna en el seno de nuestras familias que genera la naturaleza de nuestro trabajo y la mala paga que por él se nos da; sino que nos obliga a enfrentarnos, a riesgo de nuestras propias vidas, con muchas de esas situaciones de injusticia social que escenifican personas que han quedado por fuera de los procesos de integración social, hoy cada vez menores, teniendo que incurrir en la delincuencia para sobrevivir.

SEGUNDO: Urgimos a los señores diputados y a las señoras diputadas para que se proceda con la tramitación del expediente legislativo No. 17.695, “Ley de Pensiones de los Cuerpos Policiales del Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública”; una iniciativa de ley salida del mismo seno del Poder Ejecutivo, con el impulso laboral oportuno, en la administración gubernativa anterior.

Se hace necesario que se incluya en la misma a los y a las integrantes de la Policía Penitenciaria, adscrita al Ministerio de Justicia y Paz; de la misma manera que se debe explicitar el acceso a tal eventual legislación del personal de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, aunque su pertenencia legal al Ministerio de Gobernación y Policía (ente jurídico que está vigente), tácitamente les incorpora en ese expediente legislativo No. 17.695.

Calificados estudios realizados en otros países, por ejemplo, demuestran que a partir de los 40 años de edad, el o la policía muestra un deterioro físico significativo, reduciendo, paulatinamente, su capacidad de recuperación ante el desgaste que implica la labor policial; misma que genera problemas físicos frecuentes como molestias en la columna, las várices, esguinces y quemaduras, afecciones en el aparato respiratorio, alternaciones gastrointestinales, dolores de cabeza, cansancio crónico, alergias, dolencias cardiovasculares y hepáticas, entre otras.

TERCERO: Urge atender los siguientes aspectos reivindicativo-salariales pendientes según detalle; asuntos éstos que han venido generando un clima de tensión laboral, frustración profesional, desestímulo y decepción a lo interno de los cuerpos policiales cuyas representaciones en manifestación hoy, lunes 22 de abril de 2013, estamos dejando en evidencia la naturaleza de nuestro malestar.

1- Inconformidad con el más reciente reajuste por manual de puestos en la Fuerza Pública, de unos 15 mil colones a la base, en promedio, cuando las expectativas que se forjaron (mediando un gran nivel de irresponsabilidad y de demagogia), hablaron de una cifra hasta diez veces superior. La división de clase intergremial en el seno de la Fuerza Pública sigue, prácticamente intacta: Su máxima cúpula política y la alta oficialidad gana bien, pero muy bien (y esto es justo); pero y pese al cuestionado y reciente reajuste, el personal de base, el de a pie, el que recorre las calles y enfrenta, directa y físicamente a la delincuencia, sigue ganando mal, pero muy mal. Esto debe ser revisado y pedimos abrir los espacios pertinentes para lo que corresponda.

2- El indicado y cuestionado monto que han recibido los y las integrantes del personal de base de la Fuerza Pública, debe ser aplicado al salario base de los y de las integrantes de la Policía Penitenciaria y de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, de inmediato; razón por la cual urgimos de que se coordine lo pertinente exhortando al Gobierno de la República, especialmente al Ministerio de Hacienda, y con el apoyo político-legislativo, para que emita la directriz pertinente. Particularmente, es más que urgente que al centenar de oficiales con plaza de Fuerza Pública que están prestados a la Policía de Migración (porque ésta tiene un gran faltante de personal), se les apliquen los no muy “queridos” 15 mil colones a la base aplicados al personal policial raso de la Fuerza Pública. En esta última situación están integrantes de lo que se denomina Policía Aeroportuaria, a quienes también hay que aplicarles tal reajuste.

3- Es perentorio que se defina el nuevo Manual de Puestos para la Policía Profesional de Migración y Extranjería. Su tramitación, excesivamente dilatada, se ha dado en una atmósfera de “misterio” y de opacidad. La nueva Ley General de Migración ya vigente, ordenó la profesionalización de su policía especializada y si “por la víspera se saca el día”, dado lo que aconteció con el Manual de Puestos del personal de base de la Fuerza Pública; otra gran decepción (_“alegrón de burro”_) puede ocurrir en el caso del personal policial migratorio del país. Alertamos sobre ello y pedimos a sus integrantes, luego de esta manifestación, la más alta atención y disposición movilizatoria.

En el caso de la Policía Penitenciaria, el Gobierno de la República, a través del Ministerio de Justicia y Paz, debe acelerar, conforme a petición que ya le hiciera la ANEP, el proceso de negociación para el reconocimiento de las deudas salariales que se han acumulado por labores de Disponibilidad prestadas y no reconocidas salarialmente, adeudadas. Estos compromisos financieros del Estado con sus policías penitenciarios son inobjetables, legal y jurídicamente hablando.

La ANEP, en sede constitucional y gracias a la gestión del servidor policial de Migración y Extranjería, don Gerardo Mora Ordóñez (el atleta corredor que con su caminar ha motivado esta manifestación), logró un histórico fallo de la Sala IV a favor del personal policial que debe prestar servicio en condición de Disponibilidad. Y como si este fallo no fuese suficiente, otro servidor policial, en este caso de la Policía Penitenciaria, don Gerardo Cascante Vargas, logro en sede judicial una sentencia a su favor, con la asesoría jurídica de la ANEP y en este mismo ámbito de la obligación estatal de pagar la situación de Disponibilidad de sus policías.

Exigimos una mesa resolutoria de pago en sede administrativa, para quien así lo quiera, de las deudas que tiene el Ministerio de Justicia y Paz con sus policías penitenciarios por disponibilidades laboradas y que cada servidor o servidora ha venido documentando y lo hará en próximos días.

A la Administración le resulta más beneficioso un reconocimiento en sede administrativa que enfrentar los costos de un proceso judicial largo y engorroso, toda vez que siempre el trabajador ganará; y, a su vez, éste, si esa es su voluntad, se puede evitar ir a la vía judicial por un larguísimo período de varios años (hasta ocho según algunos expertos dado el volumen de reclamos en proceso), librándose así de ser explotado por abogados inescrupulosos que solamente pretender lucrar con las necesidades de reivindicación laboral del personal penitenciario costarricense.

CUARTO: Finalmente, a nivel institucional y en cada uno de los tres cuerpos representados en esta manifestación urgen procesos internos para:

1) Fuerza Pública: Reducir el maltrato, la denigración, la humillación y amenaza del traslado ante la protesta; la racionalización de la aplicación del modelo de evaluación; eliminar la práctica del “amiguismo” y el “favoritismo” por sobre el profesionalismo, la capacidad y el compromiso; acabar con la deshumanización de los roles de servicio…

2) Policía Penitenciaria: El desempeño de las jornadas y de los roles dentro de la misma, en colisión cuando se dan incapacidades y/o vacaciones, ante una práctica nociva de “reposición de tiempo”; la misma naturaleza del descanso intramuros según varias sentencias judiciales emitidas al respecto; la reglamentación futura de la práctica del concepto de Disponibilidad; entre otros.

3) Policía Profesional de Migración y Extranjería: Definición compartida de los horarios para combinar la necesidad del servicio, con la humanización de su desempeño y con la escasez de personal, mismo que necesita ser reforzado con nuevas contrataciones.

Igualmente también dejamos constancia de que este nuevo episodio de la lucha emprendida por la ANEP para la plena reivindicación de los principales cuerpos de policía y de seguridad de Costa Rica adscritos al Poder Ejecutivo, forma parte de un proceso que arrancó en la administración gubernativa anterior y que culminara con un acuerdo a finales del año 2009.

Han pasado unos casi seis años de haberse iniciado este proceso y nuestro caminar sigue en pie a favor de que la sociedad, su clase gobernante, el país, sepa en qué condiciones ha venido teniendo al personal de servicio público encargado de las tareas de Seguridad Ciudadana; qué estamos reclamando y cuál es la justicia que esperamos, en una tarea que como comprobado está, no solamente se nos afecta nuestro entorno sociofamiliar y comunal; sino que en esa tarea se nos va la vida misma.

Finalmente, dejamos constancia de nuestra responsabilidad para con la institucionalidad republicana que nos ha sido confiada con el ejercicio de las tareas de Seguridad Ciudadana en cada uno de los ámbitos de política pública en el cual nos desempeñamos laboralmente, como policías.

Anunciamos nuestra disposición de continuar en esta senda de lucha cívica, de la mano de la ANEP, hasta una plena reivindicación estratégica de nuestro valioso quehacer para el país.

Con todo respeto,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Wálter Quesada Fernández
Secretario General Adjunto ANEP

Máinor Anchía Angulo
Policía Fuerza Pública
Directivo Nacional ANEP
Vicepresidente Junta Directiva
Seccional ANEP-Fuerza Pública

Adrián López Matarrita
Policía Fuerza Pública
Presidente Junta Directiva
Seccional ANEP-Fuerza Pública

Héctor Prado Monge
Policía Penitenciario
Directivo Nacional ANEP
Presidente de la Junta Directiva
Seccional ANEP-Policía Penitenciaria

Gerardo Cascante Vargas
Policía Penitenciario
Vicepresidente de la Junta Directiva
Seccional ANEP-Policía Penitenciaria

Gerardo Mora Ordóñez
Policía de Migración
Integrante de la Junta Directiva
Seccional ANEP-Migración y Extranjería

Cristina Fernández Borge
Presidenta de la Junta Directiva
Seccional ANEP-Migración y Extranjería

Javier González Villalobos
Policía Fuerza Pública
Delegados y delegadas sindicales
ANEP-Fuerza Pública

cc.: Lic. Carlos Ricardo Benavides Gutiérrez, Ministro, Ministerio de la Presidencia.
cc.: Lic. Mario Zamora Cordero, Ministro, Ministerio de Gobernación y Policía y de Seguridad Pública.
cc.: Lic. Fernando Ferraro Castro, Ministro, Ministerio de Justicia y Paz.
cc.: Lic. Olman Segura Bonilla, Ministro, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
cc.: Dr. Edgar Ayales Esna, Ministro de Hacienda.
cc.: Licda. Ofelia Taitelbaum Yoselewicz, Defensora de los Habitantes de la República.
cc.: Compañeros trabajadores y compañeras trabajadoras, oficiales de las policías Fuerza Pública, Policía
Penitenciaria y Policía Profesional de Migración y Extranjería.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-Fuerza Pública.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-Policía Penitenciaria.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-Migración y Extranjería.
cc.: Junta Directiva Nacional (JDN), ANEP.
cc.: Medios de comunicación colectiva.
cc.: Archivo.

Don Gerardo Mora corre por los derechos policiales

Publicada el 22/04/2013 | por ANEP | Dejar un comentario

El integrante de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, oficial Gerardo Mora Ordóñez, quien es integrante de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Migración y Extranjería, ha salido esta mañana de sábado 20 de abril, desde la Comandancia de Puntarenas, rumbo al Parque Central de San José, en recorrido atlético de unos 80 kilómetros; dando así al “banderazo de salida” de la importante manifestación policial del próximo lunes 22 de abril, promovida por la ANEP, en el Parque Central de San José y en ruta hacia la sede de la Asamblea Legislativa.

El recorrido maratónico del policía Gerardo Mora Ordóñez se hará en tres tractos: Puntarenas-San Ramón, San Ramón-Alajuela, Alajuela-San José. La meta será, precisamente, el Parque Central de San José este próximo lunes 22 y con su llegada, alrededor de las 10 de la mañana, la manifestación dará comienzo oficialmente.

La manifestación policial indicada integrará a oficiales de la Fuerza Pública, de la Policía Penitenciaria y de la de Migración y Extranjería.

Las motivaciones centrales de esta protesta policial son dos: La reforma a la Ley General de Incentivos Médicos, No. 6836, de forma tal que la estructura salarial del personal de ciencias médicas del país se “desenganche” de la estructura salarial de puestos del Poder Ejecutivo, incluyendo los policiales. Esta situación genera que cada mil colones de aumento salarial en estas policías, se convierte en un aumento de hasta 4 mil colones en el salario médico.

La segunda motivación central tiene que ver con aspectos reivindicativo-salariales de este gran grupo de servidores públicos del país que están pendientes de resolución, que no son del todo satisfactorios; de forma tal que se desea con la manifestación del próximo lunes 22 llamar la atención de la sociedad sobre las condiciones de empleo y de salarios en que ésta tiene a sus cuerpos policiales más importantes.