Sobreexplotación laboral en la Policía Penitenciaria

Honorable señor
Lic. Fernando Ferraro Castro
Ministro
MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ
Su despacho

Estimado señor Ministro:

En primer término, atento y respetuoso saludo. Con fecha 3 de febrero del 2010, el señor Guillermo Ugalde Víquez, Director de la Policía Penitenciaria, emitió la Circular No. 05-2010, dirigida al Personal de Seguridad del Sistema Penitenciario, acerca de las JORNADAS DE TRABAJO Y PERÍODOS DE DESCANSO (las mayúsculas son nuestras).

Ante la crisis del Sistema Penitenciario Nacional (SPN), tema que la ANEP ha planteado al país en estos días pero de lo cual tenemos tres años de sostenida denuncia propositiva, urge que el despacho ministerial a su digno cargo emita directriz política firme para que cese la sobreexplotación laboral a que están siendo sometidos en los actuales momentos el personal de la Policía Penitenciaria, cuyos integrantes, en no pocos casos, están laborando hasta un total de 18 horas diarias, violentándose severamente el derecho al tiempo del debido descanso.

Tal y como la misma Sala Constitucional lo ha ordenado, este alto tribunal estima que “…la Administración tiene la obligación de respetar las jornadas de trabajo y los horarios de descanso de los agentes de seguridad”. (así lo indica en una de sus partes la circular a la que hacemos mención). De la misma manera, el propio Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), se ha pronunciado contundentemente en correspondiente “Acta de Inspección y Prevención”. Tan es así que en el “Por tanto” de la comunicación del señor Ugalde, el “Director de la Policía Penitenciaria recuerda:”… “2. Que el tiempo de descanso de los funcionarios es un derecho y una obligación que deben de acatar, con el fin de poder continuar brindando los servicios de seguridad de una manera óptima, evitando así un eventual abandono de servicio y la distorsión de la dinámica institucional”. La situación que estamos enfrentando es que las diversas jefaturas de seguridad en los centros penales no están respetando las orientaciones constitucionales que en materia de seguridad emitió el despacho del señor Lic. Ugalde Víquez.

Por tanto, señor Ministro Ferraro, reiterándole nuestro respeto y consideración, en la reunión de este lunes 20 que su despacho ha convocado para continuar el proceso de negociación hacia la suscripción de lo que será la Primera Convención Colectiva de Trabajo del Sistema Penitenciario Nacional; debemos definir, con la urgencia debida, con absoluta claridad y con la debida contundencia, el punto del debido descanso para la Policía Penitenciaria cuando está en funciones; el respeto absoluto a la indicada circular; la clara diferenciación entre el concepto de disponibilidad y el reconocimiento de tiempo extra laborado (a la luz de la histórica sentencia que la ANEP ganó en sede judicial en el caso del compañero policía penitenciario Gerardo Cascante Vargas); y los procedimientos para el registro y consecuente pago salarial de tales extremos.

Como de manera reiterada la ANEP lo viene afirmando, “solamente el abnegado compromiso y el más grande sacrificio de la abrumadora mayoría del personal carcelario de Costa Rica, ha impedido un desastre mayor en el Sistema Penitenciario Nacional”. Así que, jornadas extenuantes, sobreexplotación laboral, violentación del debido descanso, acumulación de deudas salariales (entre otros factores), conspiran contra la estabilidad estratégica que la institución requiere en las actuales circunstancias. Debemos actuar con celeridad.

Honrar a los que ya no están. Ni una muerte más.

Se están cumpliendo dos años del fallecimiento del compañero de la Policía Penitenciaria, FRANCIS MORALES FALLAS, caído en el cumplimiento de su deber como servidor público responsable de la seguridad carcelaria del país. Este triste acontecimiento fue en el 2011. Recordamos también que MARCO TULIO PRADO LEÓN, otro compañero Policía Penitenciario dio su vida en el año 2006, igualmente caído en el cumplimiento del deber. Más antes, en el 2002, el compañero chofer JOHHNY VEGA CHAVES, también perdió la vida mientras ejercía su cargo público para el Sistema Penitenciario Nacional. ¡No olvidarlos jamás! debe ser nuestra consigna. Rindamos homenaje a su memoria. Ante la grave crisis del Sistema Penitenciario Nacional, pedimos vuestro apoyo para la propuesta de la ANEP: que se le declare en Estado de Emergencia Nacional.

La ANEP estima que solamente el abnegado compromiso y el más grande sacrificio de la abrumadora mayoría del personal carcelario de Costa Rica, ha impedido un desastre mayor en el Sistema Penitenciario Nacional

El Ministro Ferraro recibirá de la ANEP, este lunes 13 de mayo de 2013, un planteamiento denominado “Se debe enfrentar con seriedad la crisis y revertir el creciente deterioro del Sistema Penitenciario Nacional”, con la idea de, incluso, obtener una escucha seria y responsable de parte de la propia Presidenta de la República, Licda. Laura Chinchilla Miranda.

La situación en el Sistema Penitenciario Nacional podría estar llegando a punto de “no retorno” y la propuesta de la ANEP para que se le declare en Estado de Emergencia Nacional, busca evitar más episodios de dolor, de tragedia humana y de profundización al irrespeto a los Derechos Humanos.

Pedimos declaratoria de Estado de Emergencia Nacional en el Sistema Penitenciario Nacional

Este lunes 13 de mayo de 2013, representantes de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), sostendrán una reunión en con el Ministro de Justicia y Paz, Fernando Ferraro Castro, acerca de la grave situación que enfrenta el Sistema Penitenciario Nacional, entidad que para la ANEP está en una peligrosa y delicada crisis que merece una declaratoria de Estado de Emergencia Nacional.

Con el paso de cada día, la situación carcelaria costarricense tiende a complicarse con altísimo riesgo para la vida de las personas que están involucradas en ella: el personal asalariado y las personas privadas de libertad.

Los más recientes acontecimientos relacionados con esta situación indican un empeoramiento de la crisis del Sistema Penitenciario Nacional.

Por un lado el recurso de amparo y el de habeas corpus que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) interpuso contra la Dirección General de Adaptación Social por la estadía prolongada en condición de detenidas de unas 126 personas en las cárceles judiciales cuando, según el recurrente, deben estar dentro de la entidad penitenciaria.

Por otro, la orden judicial que ha ordenado restricción de ingreso a 6 cárceles del país, porque ya no hay más campo para internar personas privadas de libertad, agudizan la crisis penitenciaria y le dan más fortaleza a la petición de la ANEP para una declaratoria de Estado de Emergencia Nacional.

Ambos grupos humanos, el personal asalariado y el privado de libertad, con el desarrollo de la crisis penitenciaria, viven un deterioro radical de sus condiciones psicoemocionales y la cadena de violaciones a los Derechos Humanos, en uno y en otro caso, es ya insostenible. Ni hablar de lo que está implicando para sus propias vidas.

La ANEP estima que solamente el abnegado compromiso y el más grande sacrificio de la abrumadora mayoría del personal carcelario de Costa Rica, ha impedido un desastre mayor en el Sistema Penitenciario Nacional

El Ministro Ferraro recibirá de la ANEP un planteamiento denominado “Se debe enfrentar con seriedad la crisis y revertir el creciente deterioro del Sistema Penitenciario Nacional”, con la idea de, incluso, obtener una escucha seria y responsable de parte de la propia Presidenta de la República, Licda. Laura Chinchilla Miranda.

La situación en el Sistema Penitenciario Nacional podría estar llegando a punto de “no retorno” y la propuesta de la ANEP para que se le declare en Estado de Emergencia Nacional, busca evitar más episodios de dolor, de tragedia humana y de profundización al irrespeto a los Derechos Humanos.

La ANEP adjunta documentos en torno a la propuesta de declaratoria de “Estado de Emergencia Nacional” para el Sistema Penitenciario Nacional.

ANEP pide pensión especial para los y las policías

Estimado señor Presidente de la Asamblea Legislativa:
Estimadas señoras y señores, jefas y jefes de fracción parlamentaria:

1 – Luego de saludarles de la manera más respetuosa nos dirigimos a ustedes para solicitarles, oficialmente y por esta vía, ahora que ha iniciado la cuarta legislatura del período constitucional parlamentario 2010-2014 y con la apertura del período de sesiones ordinarias correspondiente a la misma (1 de mayo de 2013-31 de julio de 2013); que se convenga darle el debido trámite al expediente legislativo No. 17.695, “Ley de Pensiones de los Cuerpos Policiales del Ministerio de Gobernación y Policía y Seguridad Pública”; tal y como fuera indicado por los cientos de efectivos de la Fuerza Pública que el pasado día lunes 22 de abril de 2013 se manifestaron públicamente para, entre otras reivindicaciones, solicitar al parlamento costarricense la conversión en ley de la República de tal proyecto.

2 – De la misma manera formulamos por esta vía petición oficial para que al título del indicado expediente legislativo se agregue la siguiente frase: “y del Ministerio de Justicia y Paz”, de tal suerte que quede comprendido el acceso a esa eventual nueva ley de quienes son servidores y servidoras de la Policía Penitenciaria de nuestro país.

3 – Así que, previa tramitación de la moción necesaria que por esta vía les estamos solicitando impulsar, el expediente legislativo No. 17.695 pasaría a denominarse “Ley de los Cuerpos Policiales de los ministerios de Gobernación y Policía, de Seguridad Pública y de Justicia y Paz”.

4 – La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), próxima a cumplir 55 años de fundada, presenta un expediente de lujo en la defensa y promoción de los derechos laborales y de búsqueda de mejores condiciones salariales y de empleo para el personal de la Policía Penitenciaria de Costa Rica.

5 – En concreto, la ANEP tiene ya 30 años de acciones de lucha sostenida en tal dirección y por ello, como reconocimiento a este gran compromiso social, totalmente transparente (dado que no está permeado por intereses político-partidistas de ninguna especie y porque tampoco responde a ideologías extrañas y extremistas; y, mucho menos, a intereses oportunistas de carácter lucrativo y de “negocio” laboral); es que esta organización se ha ganado la confianza, el respeto y el cariño de la abrumadora mayoría de quienes son servidores públicos asalariados integrantes de la Policía Penitenciaria.

6 – La ANEP, hoy por hoy, una organización laboral de amplio reconocimiento ciudadano, no es ningún “sindicato artificial” y, por ello es que ostenta una incuestionable legitimidad para abogar por el bienestar de ese estratégico personal al servicio de la Seguridad Ciudadana en el cuido de las prisiones del país.

7 – “Calificados estudios realizados en otros países, por ejemplo, demuestran que a partir de los 40 años de edad, el o la policía muestra un deterioro físico significativo, reduciendo, paulatinamente, su capacidad de recuperación ante el desgaste que implica la labor policial; misma que genera problemas físicos frecuentes como molestias en la columna, las várices, esguinces y quemaduras, afecciones en el aparato respiratorio, alteraciones gastrointestinales, dolores de cabeza, cansancio crónico, alergias, dolencias cardiovasculares y hepáticas, entre otras”. Esta caracterización se lee en la exposición de motivos del indicado expediente legislativo en su versión original y fue elaborada pensando, básicamente, en las condiciones de un policía de la Fuerza Pública luego de que llegue a los 40 años de edad.

8 – No obstante, prácticamente, es el mismo cuadro que puede presentar un compañero o una compañera de la Policía Penitenciaria al llegar a esa edad; además, de que en el caso de la labor de seguridad de las cárceles el deterioro psicoemocional puede ser inmensamente mayor, dado que por la estructura horaria de tal servicio público, se puede afirmar que del total de la vida laboral al servicio de la seguridad penitenciaria, exactamente la mitad es de “internamiento carcelario”, casi como lo vive la persona privada de libertad.

9 – Adicionalmente, el cambio cualitativo que muestra la actividad delicuencial de hoy en día, por razones que luego se pueden exponer ampliamente ante ustedes, señores diputados y señoras diputadas, pero que no son desconocidas para nadie; obligan a que el país reflexione sobre la conveniencia de tener a sus policías penitenciarios en condiciones de tercera edad, en tan delicadas labores. Es más que claro que en el caso de la Policía Penitenciaria jubilarles anticipadamente se hace tan vital como lo es para sus colegas de la Fuerza Pública.

10 – Esta situación fue también reivindicada por la gran cantidad de integrantes de la Policía Penitenciaria que junto a sus homólogos y homólogas de la Fuerza Pública se manifestaron ese lunes 22 de abril, atendiendo específica convocatoria de la ANEP al respecto.

11 – Finalmente, esperamos que se nos conceda audiencia por parte de cada una de sus distinguidas autoridades legislativas, solicitud que peticionamos, oficialmente y por esta vía, a partir del recibo de la presente. Pretendemos extendernos con más detalle en las consideraciones que nos motivan para gestionar este apoyo vuestro al indicado proyecto de ley con la inclusión en el mismo de la Policía Penitenciaria de Costa Rica, adscrita al Ministerio de Justicia y Paz.

12 – Nosotros, como ANEP y como la legítima organización abrumadoramente representativa del personal de la Policía Penitenciaria, estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes, con cada una de ustedes y con sus respectivos compañeros y respectivas compañeras de fracción, pues el año pasado 2013, ante gestión nuestra, ustedes votaron, de manera unánime, otro proyecto de ley a favor del personal de la Policía Penitenciaria.

13 – Hablamos del proyecto que permitió saldar con este personal una deuda salarial que el Estado les tenía pendiente de honrar, correspondiente a nueve meses no pagados de la revaloración salarial extraordinaria que se dio en el año 2009; autorizando al Poder Ejecutivo una partida de 700 millones de colones para tal propósito. Valga esta ocasión para el reconocimiento debido.

14 – Confiados en que nuevamente hemos de obtener de sus correspondientes fracciones parlamentarias escucha debida en esta circunstancia, quedamos a la espera de que nos comuniquen la fecha en que seremos atendidos. Anticipadas gracias.

Manifiesto Peticional de los Policías

San José, lunes 22 de abril de 2013.

Honorables señores y señoras
Diputados y diputadas
Asamblea Legislativa

Honorable señora
Licda. Laura Chinchilla Miranda
Presidenta de la República

Estimados señores y estimadas señoras:

Las personas trabajadoras asalariadas integrantes, como servidores públicos y como servidoras públicas de los cuerpos de seguridad del país Fuerza Pública, Policía Penitenciaria y Policía Profesional de Migración y Extranjería, que en este día nos estamos manifestando presencialmente; recogiendo además el sentir de nuestros miles de compañeros y de compañeras de labor que por razones obvias, físicamente no están acompañándonos hoy pero moral y emocionalmente están también aquí; en gran unidad laboral venimos al parlamento costarricense y a la Presidencia de la República, organizados en nuestra legítima agrupación sindical que nos representa, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en conjunto con sus correspondientes seccionales (ANEP-Fuerza Pública, ANEP-Policía Penitenciaria y ANEP-Migración y Extranjería); para con el máximo respeto planear lo siguiente:

PRIMERO: Que se proceda a la modificación de los artículos 12 y conexos de la Ley No. 6836, “Ley de Incentivos Profesionales en Ciencias Médicas”, de 22 de diciembre de 1982; artículos que se han convertido en la “excusa perfecta” de los sucesivos gobiernos para limitar las posibilidades de mejores reajustes salariales semestrales por costo de vida y para más justas revaloraciones salariales extraordinarias y gremiales, en los sueldos que se pagan a los y a las integrantes de las diferentes policías del país que están dentro del Poder Ejecutivo.

Particularmente, nos referimos a las representaciones presentes en este acto de manifestación cívica y pacífica: Fuerza Pública, Policía Penitenciaria y Policía Profesional de Migración y Extranjería; pero que también incumbe y afecta a la Policía de Tránsito, a los guardas de las instalaciones educativas públicas a cargo del Ministerio de Educación Pública MEP (escuelas y colegios), así como a los guardaparques del Servicio Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Igualmente, como bien se sabe, toda esta situación afecta a otros servidores y a otras servidoras, de otras ramas del servicio público distintas del policial del Poder Ejecutivo que devengan los más bajos salarios del Gobierno Central.

Varios honorables señores legisladores y señoras legisladoras han ofrecido sus buenos oficios para materializar esta necesaria modificación legal, razón por la cual les instamos a impulsar, negociando entre sí y con nuestra legítima representación, lo correspondiente.

Valga indicar que el “desenganche” no es posible variando el decreto ejecutivo ligado a la ley salarial médica. El “desenganche” tiene que quedar claro, total y radicalmente, sin la menor confusión jurídica y esto sólo es posible si se varían los artículos 12 y conexos de la Ley No. 6836.

Lo que nuestra organización sindical ANEP ha planteado al país como el “desenganche”, si bien es cierto no resolverá de manera inmediata, mágica y súbitamente, la situación salarial de los y de las policías del Gobierno Central; sí abre posibilidades para discutir sin la presión del impacto de nuestros incrementos en la estructura salarial médica, cuál debe ser, en realidad, la política pública para con nosotros, los y las policías, salarial y reivindicativamente hablando; considerando que la sociedad exige y demanda más y mejor Seguridad Ciudadana, pero no se decide a una gratificación plena de quienes estamos a cargo de la misma en las calles, en las cárceles, en los puestos fronterizos, en las carreteras y similares.

Los y las policías de Costa Rica, especialmente quienes pertenecemos a los indicados cuerpos de seguridad, denunciamos que el creciente problema nacional número uno: el crecimiento de la desigualdad y la concentración abusiva de la riqueza, también nos hace sus víctimas; ya no solamente por la presión interna en el seno de nuestras familias que genera la naturaleza de nuestro trabajo y la mala paga que por él se nos da; sino que nos obliga a enfrentarnos, a riesgo de nuestras propias vidas, con muchas de esas situaciones de injusticia social que escenifican personas que han quedado por fuera de los procesos de integración social, hoy cada vez menores, teniendo que incurrir en la delincuencia para sobrevivir.

SEGUNDO: Urgimos a los señores diputados y a las señoras diputadas para que se proceda con la tramitación del expediente legislativo No. 17.695, “Ley de Pensiones de los Cuerpos Policiales del Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública”; una iniciativa de ley salida del mismo seno del Poder Ejecutivo, con el impulso laboral oportuno, en la administración gubernativa anterior.

Se hace necesario que se incluya en la misma a los y a las integrantes de la Policía Penitenciaria, adscrita al Ministerio de Justicia y Paz; de la misma manera que se debe explicitar el acceso a tal eventual legislación del personal de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, aunque su pertenencia legal al Ministerio de Gobernación y Policía (ente jurídico que está vigente), tácitamente les incorpora en ese expediente legislativo No. 17.695.

Calificados estudios realizados en otros países, por ejemplo, demuestran que a partir de los 40 años de edad, el o la policía muestra un deterioro físico significativo, reduciendo, paulatinamente, su capacidad de recuperación ante el desgaste que implica la labor policial; misma que genera problemas físicos frecuentes como molestias en la columna, las várices, esguinces y quemaduras, afecciones en el aparato respiratorio, alternaciones gastrointestinales, dolores de cabeza, cansancio crónico, alergias, dolencias cardiovasculares y hepáticas, entre otras.

TERCERO: Urge atender los siguientes aspectos reivindicativo-salariales pendientes según detalle; asuntos éstos que han venido generando un clima de tensión laboral, frustración profesional, desestímulo y decepción a lo interno de los cuerpos policiales cuyas representaciones en manifestación hoy, lunes 22 de abril de 2013, estamos dejando en evidencia la naturaleza de nuestro malestar.

1- Inconformidad con el más reciente reajuste por manual de puestos en la Fuerza Pública, de unos 15 mil colones a la base, en promedio, cuando las expectativas que se forjaron (mediando un gran nivel de irresponsabilidad y de demagogia), hablaron de una cifra hasta diez veces superior. La división de clase intergremial en el seno de la Fuerza Pública sigue, prácticamente intacta: Su máxima cúpula política y la alta oficialidad gana bien, pero muy bien (y esto es justo); pero y pese al cuestionado y reciente reajuste, el personal de base, el de a pie, el que recorre las calles y enfrenta, directa y físicamente a la delincuencia, sigue ganando mal, pero muy mal. Esto debe ser revisado y pedimos abrir los espacios pertinentes para lo que corresponda.

2- El indicado y cuestionado monto que han recibido los y las integrantes del personal de base de la Fuerza Pública, debe ser aplicado al salario base de los y de las integrantes de la Policía Penitenciaria y de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, de inmediato; razón por la cual urgimos de que se coordine lo pertinente exhortando al Gobierno de la República, especialmente al Ministerio de Hacienda, y con el apoyo político-legislativo, para que emita la directriz pertinente. Particularmente, es más que urgente que al centenar de oficiales con plaza de Fuerza Pública que están prestados a la Policía de Migración (porque ésta tiene un gran faltante de personal), se les apliquen los no muy “queridos” 15 mil colones a la base aplicados al personal policial raso de la Fuerza Pública. En esta última situación están integrantes de lo que se denomina Policía Aeroportuaria, a quienes también hay que aplicarles tal reajuste.

3- Es perentorio que se defina el nuevo Manual de Puestos para la Policía Profesional de Migración y Extranjería. Su tramitación, excesivamente dilatada, se ha dado en una atmósfera de “misterio” y de opacidad. La nueva Ley General de Migración ya vigente, ordenó la profesionalización de su policía especializada y si “por la víspera se saca el día”, dado lo que aconteció con el Manual de Puestos del personal de base de la Fuerza Pública; otra gran decepción (_“alegrón de burro”_) puede ocurrir en el caso del personal policial migratorio del país. Alertamos sobre ello y pedimos a sus integrantes, luego de esta manifestación, la más alta atención y disposición movilizatoria.

En el caso de la Policía Penitenciaria, el Gobierno de la República, a través del Ministerio de Justicia y Paz, debe acelerar, conforme a petición que ya le hiciera la ANEP, el proceso de negociación para el reconocimiento de las deudas salariales que se han acumulado por labores de Disponibilidad prestadas y no reconocidas salarialmente, adeudadas. Estos compromisos financieros del Estado con sus policías penitenciarios son inobjetables, legal y jurídicamente hablando.

La ANEP, en sede constitucional y gracias a la gestión del servidor policial de Migración y Extranjería, don Gerardo Mora Ordóñez (el atleta corredor que con su caminar ha motivado esta manifestación), logró un histórico fallo de la Sala IV a favor del personal policial que debe prestar servicio en condición de Disponibilidad. Y como si este fallo no fuese suficiente, otro servidor policial, en este caso de la Policía Penitenciaria, don Gerardo Cascante Vargas, logro en sede judicial una sentencia a su favor, con la asesoría jurídica de la ANEP y en este mismo ámbito de la obligación estatal de pagar la situación de Disponibilidad de sus policías.

Exigimos una mesa resolutoria de pago en sede administrativa, para quien así lo quiera, de las deudas que tiene el Ministerio de Justicia y Paz con sus policías penitenciarios por disponibilidades laboradas y que cada servidor o servidora ha venido documentando y lo hará en próximos días.

A la Administración le resulta más beneficioso un reconocimiento en sede administrativa que enfrentar los costos de un proceso judicial largo y engorroso, toda vez que siempre el trabajador ganará; y, a su vez, éste, si esa es su voluntad, se puede evitar ir a la vía judicial por un larguísimo período de varios años (hasta ocho según algunos expertos dado el volumen de reclamos en proceso), librándose así de ser explotado por abogados inescrupulosos que solamente pretender lucrar con las necesidades de reivindicación laboral del personal penitenciario costarricense.

CUARTO: Finalmente, a nivel institucional y en cada uno de los tres cuerpos representados en esta manifestación urgen procesos internos para:

1) Fuerza Pública: Reducir el maltrato, la denigración, la humillación y amenaza del traslado ante la protesta; la racionalización de la aplicación del modelo de evaluación; eliminar la práctica del “amiguismo” y el “favoritismo” por sobre el profesionalismo, la capacidad y el compromiso; acabar con la deshumanización de los roles de servicio…

2) Policía Penitenciaria: El desempeño de las jornadas y de los roles dentro de la misma, en colisión cuando se dan incapacidades y/o vacaciones, ante una práctica nociva de “reposición de tiempo”; la misma naturaleza del descanso intramuros según varias sentencias judiciales emitidas al respecto; la reglamentación futura de la práctica del concepto de Disponibilidad; entre otros.

3) Policía Profesional de Migración y Extranjería: Definición compartida de los horarios para combinar la necesidad del servicio, con la humanización de su desempeño y con la escasez de personal, mismo que necesita ser reforzado con nuevas contrataciones.

Igualmente también dejamos constancia de que este nuevo episodio de la lucha emprendida por la ANEP para la plena reivindicación de los principales cuerpos de policía y de seguridad de Costa Rica adscritos al Poder Ejecutivo, forma parte de un proceso que arrancó en la administración gubernativa anterior y que culminara con un acuerdo a finales del año 2009.

Han pasado unos casi seis años de haberse iniciado este proceso y nuestro caminar sigue en pie a favor de que la sociedad, su clase gobernante, el país, sepa en qué condiciones ha venido teniendo al personal de servicio público encargado de las tareas de Seguridad Ciudadana; qué estamos reclamando y cuál es la justicia que esperamos, en una tarea que como comprobado está, no solamente se nos afecta nuestro entorno sociofamiliar y comunal; sino que en esa tarea se nos va la vida misma.

Finalmente, dejamos constancia de nuestra responsabilidad para con la institucionalidad republicana que nos ha sido confiada con el ejercicio de las tareas de Seguridad Ciudadana en cada uno de los ámbitos de política pública en el cual nos desempeñamos laboralmente, como policías.

Anunciamos nuestra disposición de continuar en esta senda de lucha cívica, de la mano de la ANEP, hasta una plena reivindicación estratégica de nuestro valioso quehacer para el país.

Con todo respeto,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Wálter Quesada Fernández
Secretario General Adjunto ANEP

Máinor Anchía Angulo
Policía Fuerza Pública
Directivo Nacional ANEP
Vicepresidente Junta Directiva
Seccional ANEP-Fuerza Pública

Adrián López Matarrita
Policía Fuerza Pública
Presidente Junta Directiva
Seccional ANEP-Fuerza Pública

Héctor Prado Monge
Policía Penitenciario
Directivo Nacional ANEP
Presidente de la Junta Directiva
Seccional ANEP-Policía Penitenciaria

Gerardo Cascante Vargas
Policía Penitenciario
Vicepresidente de la Junta Directiva
Seccional ANEP-Policía Penitenciaria

Gerardo Mora Ordóñez
Policía de Migración
Integrante de la Junta Directiva
Seccional ANEP-Migración y Extranjería

Cristina Fernández Borge
Presidenta de la Junta Directiva
Seccional ANEP-Migración y Extranjería

Javier González Villalobos
Policía Fuerza Pública
Delegados y delegadas sindicales
ANEP-Fuerza Pública

cc.: Lic. Carlos Ricardo Benavides Gutiérrez, Ministro, Ministerio de la Presidencia.
cc.: Lic. Mario Zamora Cordero, Ministro, Ministerio de Gobernación y Policía y de Seguridad Pública.
cc.: Lic. Fernando Ferraro Castro, Ministro, Ministerio de Justicia y Paz.
cc.: Lic. Olman Segura Bonilla, Ministro, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
cc.: Dr. Edgar Ayales Esna, Ministro de Hacienda.
cc.: Licda. Ofelia Taitelbaum Yoselewicz, Defensora de los Habitantes de la República.
cc.: Compañeros trabajadores y compañeras trabajadoras, oficiales de las policías Fuerza Pública, Policía
Penitenciaria y Policía Profesional de Migración y Extranjería.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-Fuerza Pública.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-Policía Penitenciaria.
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-Migración y Extranjería.
cc.: Junta Directiva Nacional (JDN), ANEP.
cc.: Medios de comunicación colectiva.
cc.: Archivo.

Don Gerardo Mora corre por los derechos policiales

El integrante de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, oficial Gerardo Mora Ordóñez, quien es integrante de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Migración y Extranjería, ha salido esta mañana de sábado 20 de abril, desde la Comandancia de Puntarenas, rumbo al Parque Central de San José, en recorrido atlético de unos 80 kilómetros; dando así al “banderazo de salida” de la importante manifestación policial del próximo lunes 22 de abril, promovida por la ANEP, en el Parque Central de San José y en ruta hacia la sede de la Asamblea Legislativa.

El recorrido maratónico del policía Gerardo Mora Ordóñez se hará en tres tractos: Puntarenas-San Ramón, San Ramón-Alajuela, Alajuela-San José. La meta será, precisamente, el Parque Central de San José este próximo lunes 22 y con su llegada, alrededor de las 10 de la mañana, la manifestación dará comienzo oficialmente.

La manifestación policial indicada integrará a oficiales de la Fuerza Pública, de la Policía Penitenciaria y de la de Migración y Extranjería.

Las motivaciones centrales de esta protesta policial son dos: La reforma a la Ley General de Incentivos Médicos, No. 6836, de forma tal que la estructura salarial del personal de ciencias médicas del país se “desenganche” de la estructura salarial de puestos del Poder Ejecutivo, incluyendo los policiales. Esta situación genera que cada mil colones de aumento salarial en estas policías, se convierte en un aumento de hasta 4 mil colones en el salario médico.

La segunda motivación central tiene que ver con aspectos reivindicativo-salariales de este gran grupo de servidores públicos del país que están pendientes de resolución, que no son del todo satisfactorios; de forma tal que se desea con la manifestación del próximo lunes 22 llamar la atención de la sociedad sobre las condiciones de empleo y de salarios en que ésta tiene a sus cuerpos policiales más importantes.

¡El Juicio lo ganó la ANEP y punto!

El compañero trabajador de la Policía Penitenciaria, Gerardo Cascante Vargas, con 26 años de laborar para la institución, dio un paso al frente y contra viento y marea, de la mano de la asesoría jurídica de la ANEP, logró el reconocimiento legal del pago de todos los llamados a Disponibilidad que él desempeñó, desde el año 2001 y que él pudo demostrar que las laboró, aportando la certificación oficial que así lo acreditó; pues él fue llamado a atender situaciones en la semanas en que estaba libre, porque si a un policía penitenciario le convocan en su tiempo libre a atender situaciones de cualquier naturaleza, eso es horas extra.

La Disponibilidad es la obligación de todo policía penitenciario por estar expectante, disponible para ser llamado en cualquier momento, porque su compromiso es de ser un policía de 24 horas, casi sin tener derecho a una privada.

Esta histórica sentencia demostró que una cosa muy distinta es el tiempo extra, otra, radicalmente diferente, es la Disponibilidad. Incluso, aún dentro del penal, si el tiempo de descanso sufre interrupciones, no se puede alegar disponibilidad, eso es tiempo extra.

El Estado, por tanto, deberá pagarle al citado compañero (quien además es el actual Vicepresidente de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-Policía Penitenciaria), un monto por tal concepto que está por ser determinado; pero que, de manera histórica, abre paso para que todos los compañeros y para que todas las compañeras de la Policía Penitenciaria puedan hacer lo mismo que él hizo: demandar pago por Disponibilidad, por todas las veces de todos estos años en que han tenido que ejercerla; siempre y cuando logren la debida acreditación para entablar las correspondiente demanda, es decir, presentar la prueba requerida para abrir el proceso legal.

La ANEP, sin costo alguno, llevará los casos de quienes siendo afiliados o afiliadas a la organización, así nos lo pidan, siguiendo las instrucciones de rigor. ANEP no cobrará ni un centavo adicional por llevar estos juicios. Con el pago de la cuota de afiliación es suficiente.

ANEP alerta contra la presencia de elementos sin escrúpulos, ajenos a la cultura y a la vida laboral institucional y sindical de la Policía Penitenciaria, que pretenden lucrar, hacer plata, “pirateando” el gran esfuerzo de pensamiento jurídico-intelectual que hizo la ANEP para convencer a los jueces de que la Disponibilidad no es un pago por laborar horas extra.

ANEP alerta de que algunos de esos individuos supuestamente son abogados pero no acreditan ningún grado profesional ante el Colegio de Abogados de Costa Rica. ANEP alerta de que este tipo de gentes, carentes de principios, tienen una investidura sindical bastante cuestionada y, lo que es peor, se burlaron de la justa lucha de la Policía Penitenciaria, dada de la mano de la ANEP, a favor de que se pagara la deuda de homologación del año 2009, que, como bien sabemos, terminó con un rotundo triunfo al lograrse una ley de la República. Todo ello lo logró la ANEP y su Seccional ANEP-Policía Penitenciaria.

Si usted, compañero o compañera de la Policía Penitenciaria, desea reclamar el pago de Disponibilidad de ocasiones anteriores, diríjase a la oficina de seguridad de su centro penal (y también a los otros donde estuvo laborando anteriormente), para que le certifiquen todos los días que usted ha brindado Disponibilidad, desde que usted empezó a laborar, incluso. Esta certificación es vital para abrir el proceso judicial.

Con la certificación en mano, busque al compañero o a la compañera que ejerce como Delegado o Delegada Sindical de la ANEP-Policía Penitenciaria, pídale el formulario de “Otorgamiento de Poder Legal”, poniendo los datos que se le piden y firmándolo como lo hace en la cédula. Llene tres formularios: uno se lo dejará usted, otro la persona delegada y el tercero será entregado a la Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ), de la ANEP para empezar el proceso.

ANEP buscará sentarse con las autoridades del máximo nivel de cartera de Justicia y Gracia para proponerles firmar un acuerdo de forma tal que se regule el pago de la Disponibilidad de ahora en adelante. A la vez, intentar llegar a acuerdos para saldar cada una de las deudas individuales y tratar de evitar costosos procesos legales que afectarán las finanzas institucionales y las del Poder Judicial mismo. Pero como esto no es seguro, es mejor empezar a abrir los procesos legales.

Espere en próximos días la reunión de su centro de trabajo. Hablaremos directamente con usted al respecto para mejorar la información y aclarar dudas.

Recuerde que como Policía Penitenciario tenemos dos luchas más que dar en el corto plazo:

PRIMERA: Que el Gobierno nos aplique el incremento salarial extraordinario, de 15 mil colones en promedio, que está recibiendo en estos momentos la Fuerza Pública (homologación).

SEGUNDA: Que se modifique el artículo 12 de la ley salarial médica para que nuestros próximos reajustes salariales, generales o particulares, se “desenganchen” de la estructura salarial de los y de las profesionales en Ciencias Médicas del país, sin que por ello estas personas pierdan ni un solo centavo de sus actuales salariales y ni un solo centavo de sus correspondientes pluses.

Gremios policiales se ven afectados por Incentivos Médicos

Representantes de los gremios policiales de la Fuerza Pública, la Policía Penitenciaria, la Policía de Migración y los encargados de la seguridad en los centros educativos del Ministerio de Educación Pública se manifestaron, en conferencia de prensa, pidiendo el “desenganche” de la Ley de Incentivos Médicos de sus negociaciones salariales.

Los representantes policiales reafirman la posición de nuestro sindicato, en que no se está pidiendo ningún tipo de intervención en los salarios médicos, sino desligar de ahora en adelante esta ley con las negociaciones salariales de su gremio.

La solicitud expresa es reformar el artículo 12 de dicha ley salarial, artículo que afecta directamente a trabajadores y trabajadoras que, por poner un ejemplo, ganan de salario base cerca de 250 mil colones, en contraposición a los salarios millonarios de los médicos.

Son cientos de policías de todos los ámbitos que se ven afectados por este tema. El Gobierno dice que la Ley de Incentivos afecta cualquier tipo de negociación con ellos, ya que cualquier aumento repercute proporcionalmente en el salario médico. Dos ejemplos puntuales son el aumento de 15 mil colones que recibirá la Fuerza Pública, que se traducen en hasta 60 mil colones en algunos doctores, o el caso de Seguridad del MEP, que no logran finalizar la negociación del plus salarial por peligrosidad ya que esto implica, también, un aumento a los galenos.

En la ANEP seguimos con nuestra lucha, no contra el gremio médico, sino por la justicia salarial de los trabajadores y trabajadoras con menores ingresos, como lo son los gremios policiales.

¡Cumplimos!

Contra todo pronóstico, contra toda adversidad, contra la mala fe de grupúsculos extremistas y de ciertos pesimistas que siempre anduvieron diciendo que jamás se lograría, que _“ni soñaran”_…

Apostamos por la fuerza de la organización; apostamos a la unidad laboral de la Policía Penitenciara; apostamos a la movilización y al profesionalismo sindical; en todo momento acudimos al diálogo y la incidencia de un sindicato como ANEP de gran prestigio y credibilidad ciudadanas.

¡¡¡POR FIN PAGARON!!!

Gracias a todos los compañeros y a todas las compañeras de la Policía Penitenciaria que siempre confiaron en la ANEP, a lo largo de todos estos años de esta lucha. Lucha que la ANEP levantó cuando nadie se imaginaba que los 9 meses que quedaron pendiente de la Revaloración Salarial Extraordinaria lograda en el 2009, fuera posible que se pagaran. Esa Revaloración Salarial Extraordinaria, por cierto, fue planteada por la ANEP, en abril del 2008.

…Y hasta la Asamblea Legislativa fuimos a dar, porque hubo sectores político-gobiernistas de mala fe que creyeron que mandándonos al parlamento, ahí se moriría nuestra lucha; y, ¡oh sorpresa!: Logramos convencer a 47 diputados y diputadas de todas las fracciones que votaron, unánimemente, la ley que se nos obligó a buscar para que esta plata fuera pagada como, ¡por fin!, ocurrió en este día: viernes 19 de octubre de 2012.

¡¡¡¡SEGUIMOS ADELANTE!!!

Nuestras luchas por el mejoramiento integral de las condiciones de empleo, de trabajo, de Salud Ocupacional; por la elevación sustancial de la calidad de vida de los y de las integrantes de la Policía Penitenciaria de Costa Rica; nos llevan a crecer, organizarnos y movilizarnos mejor; para

Primero: La Convención Colectiva de Trabajo (CCT), junto a nuestros compañeros y a nuestras compañeras de los sectores Operativo, Técnico, Administrativo y Profesional.

Segundo: Apoyar a nuestros compañeros y a nuestras compañeras de la Fuerza Pública en la lucha que tienen por su nuevo Manual de Puestos. Al darse éste, se deberá reajustar el nuestro.

Tercero: Lograr la reivindicación económico-salarial correspondiente para los mandos medios de la Policía Penitenciaria.

Cuarto: Lograr que se establezca, con toda claridad y contundencia, que la Disponibilidad es una cosa y el tiempo extraordinario, otra. Por cierto, este 24 de octubre de 2012, se desarrollará un juicio laboral planteado por ANEP.

Quinto: Adecuación a la realidad nacional de hoy en día (tanto económica como de peligrosidad) de los montos que percibimos por cada uno de los dos riesgos; considerando que, como dolorosamente comprobado está, entramos a la cárcel a laborar pero no sabremos si volveremos a nuestros hogares después. La sociedad debe recompensarnos adecuadamente esos riesgos: Penitenciario y de Seguridad y Vigilancia.

¡¡¡SEGUIREMOS LUCHANDO!!!
ANEP siempre junto a usted

ANEP rechaza vinculación de la lucha de la Policía Penitenciaria con RPL

Honorable señora Licda. Laura Chinchilla Miranda, Presidenta de la República:

Respetuosos saludos. Con profunda indignación hemos leído nota periodística arriba consignada, bajo la responsabilidad del señor periodista don Jarmon Noguera González, de La Prensa Libre; nota que aparece en la edición de este importantísimo medio de comunicación colectiva, en su edición de hoy lunes 15 de octubre de 2012. Al respecto y dada la credibilidad que sí nos merece dicho profesional periodístico, debemos indicar lo siguiente:

PRIMERO: Quedamos estupefactos ante la grosera manipulación de su parte, señora Presidenta, pretendiendo descalificarnos de la justa, noble y transparente lucha que por muchos años, muchísimo antes de que a usted se le ocurriera ser Presidenta de la República, la ANEP ha librado a favor de los derechos y de la plena reivindicación laboral del sacrificado personal de la Policía Penitenciaria de Costa Rica.

SEGUNDO: Es usted, señora Presidenta, la que con esa intentona burda de manipulación de la opinión pública, pretende mezclar el pago de la deuda salarial pendiente con la Policía Penitenciaria, con su repudiable veto al Código Procesal Laboral, o Reforma Procesal Laboral. La desacreditación que usted y que su Gobierno está sufriendo por ello, es la única causa que encontramos como “justificación” de su parte para mezclar ambas cosas.

TERCERO: Lo que usted hace, señora Presidenta, revela una pobreza argumental y una precaria debilidad intelectual de parte de su Gobierno, para sostener el veto a la Reforma Procesal Laboral. Usted vetó esa justa ley, señora Presidenta, obedeciendo a su prosternación a intereses inconfensables provenientes de los sectores empresariales piñero y bananero, así como de parte del más recalcitrante sector solidarista ajeno o apóstata del pensamiento de la Doctrina Social de la Iglesia Católica.

CUARTO: Categóricamente rechazamos esa malsana intención, señora Presidenta, de descalificar las sobradas razones que se tienen a favor de la Reforma Procesal Laboral; demeritando, a su vez, la sana reclamación de justicia del personal de la Policía Penitenciaria de Costa Rica, el cual reclama el pago de una deuda salarial legítima en la fecha en que su mismo Gobierno señaló para su pago: antes del 15 de octubre de 2012. No fue la ANEP la que estableció ese plazo.

Servidor atento,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)
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PRESIDENTA ESPERA QUEALBINO NO SE ESTÉ DESQUITANDO”
• Ante llamado a huelga de la Policía Penitenciaria

Ante el llamado a huelga que está realizando la Policía Penitenciaria, la Presidenta de la República indicó que espera que no se trate de un desquite de Albino Vargas, secretario general de la Asociación de Empleados Públicos (ANEP), porque a la Policía se le está cumpliendo.

“Yo espero que no sea don Albino que se quiere desquitar con nosotros por medio de la Policía Penitenciaria por lo que está ocurriendo con el Código Procesal Laboral, a mí me parece que hay que separar las cosas”, expresó Laura Chinchilla.

La Mandataria afirmó que la huelga no tendría ningún fundamento porque se les está destinando los recursos que se había prometido para el pago a los miembros de este cuerpo policial y así se seguirá haciendo.

“Se viene cumpliendo con la Policía Penitenciaria y no tengo la menor duda de que esta semana tendrán buenas noticias”, aseguró Chinchilla.

Esto fue confirmado por el Ministerio de Justicia, el cual informó que a partir del 16 de octubre se estará depositando en las cuentas de los oficiales de la Policía Penitenciaria el pago extraordinario que se les adeuda.