La Asociación Nacional de Empelados Públicos y Privados (ANEP), visitó esta tarde la sede de la embajada de la República de Chile, ubicada en nuestro país, para solicitar al Gobierno chileno cesar la represión brutal y la violación a los Derechos Humanos contra su pueblo, ya que está situación recuerda, los momentos más duros de la dictadura de Pinochet.
Compartimos la carta presentada por la ANEP ante la Embajada de la República de Chile
San José, 6 de noviembre de 2019.
S.G. 17-21-1688-19
Señor
Oscar Alcaman Riffo
Embajador de Chile en Costa Rica
Presente:
¡El Movimiento Sindical y Social quiere respuestas!
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), afiliada a la Internacional de Servicios Públicos – ISP, organización global que representa a 20 millones de trabajadores/as públicos/as en el mundo y que en Chile aglutina a las Federaciones y Confederaciones del sector Público más importantes como ANEF, ANEJUD, AJUNJI, ASEMUCH, AFIICH, ANEIICH, CONFUSAM. CONFEMUCH, FENPRUSS, y del sector privado como FENATRAOS; viene por medio de la presente, a solicitar que el gobierno del Presidente, Sebastián Piñera cese la represión brutal y la violación a los Derechos Humanos contra el pueblo de Chile, que sin duda nos recuerdan, los momentos más duros de la dictadura de Pinochet.
Por otro lado, sabemos que la actual Crisis Social que desde el 18 de
octubre ha tenido al pueblo chileno bajo el lema “Chile despertó” en las calles
de Arica a Punta Arenas, es la expresión espontánea que sintetiza las diversas
demandas del país por acabar con un sistema que oprime y abusa sistemáticamente
contra derechos humanos como el agua, la salud, la educación, la seguridad
social y que la actual Constitución no contempla. Al contrario, ha permitido
que se privaticen y mercantilicen durante más de 40 años.
El movimiento sindical y social en Chile viene denunciando hace décadas
esta situación, y en estas casi dos semanas se ha sumado como actor a la
principal demanda de la gente “una nueva Constitución” y ha planteado -al alero
de “Unidad Social” que congrega a más de 200 organizaciones sindicales,
sociales y estudiantiles-, un pliego con 10 demandas laborales y sociales, y que no se continúe
con la tramitación de los proyectos de Ley que van en contra de los derechos
del pueblo, incluido el llamado a no ratificar por parte del Senado el TPP 11.
En tal sentido, creemos fundamental, avanzar hacia un cambio de la Constitución Política, cambio que necesariamente debe ser efectuado mediante una Asamblea Constituyente que ha comenzado con los cabildos que se están realizando desde el 24 de octubre autónomamente del poder y que en forma deliberativa debaten sobre el país que quieren tener.
Este fin de semana el Gobierno de México realizó foros en los diferentes estados del país con la finalidad de conformar el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el cual se creará de la mano de ciudadanos.
Ciudad de México, 17 de marzo.– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy, durante el Foro Nacional para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que “declaramos formalmente desde Palacio Nacional el fin de la política neoliberal,aparejada con una política económica de pillaje, antipolular y entreguista”.
El mandatario propuso un plan alternativo postneoliberal basado en ocho conceptos como economía para el bienestar, honradez y honestidad.
“Declaro formalmente desde Palacio Nacional el fin de la política neoliberal en México y su política económica de pillaje, antipopular y entreguista”, dijo este domingo en la clausura de los foros nacionales “Planeando Juntos la Transformación de México”, los cuales contribuirán al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que se entregará al Congreso a más tardar el 30 de abril.
El Presidente destacó que en el periodo neoliberal no se hablaba de la planeación para el desarrollo y se guiaban por las recetas que enviaban desde el extranjero, “desde allá se definía la agenda nacional y se imponían las políticas públicas que iban dirigidas a las minorías”.
Enumeró ocho conceptos para la etapa postneoliberal en México:
1. Honradez y honestidad.
2. La economía para el bienestar. “Pensemos que hay
crecimiento de la economía, pero también distribución de la riqueza y el
ingreso, que siempre pensemos en el desarrollo”, dijo.
3. El mercado no sustituye al Estado. “Esa fue una patraña
para imponer la política neoliberal, el Estado tiene la finalidad de que
mejoren las condiciones de vida de todos los mexicanos”.
4. No hay paz sin justicia. “Tenemos que crear políticas que
atiendan a los jóvenes, adultos mayores y todos los ciudadanos”.
5. Regresar a conceptos como el respeto al derecho ajeno es
la paz y el principio de autodeterminación de los pueblos.
6. No más migración por hambre o por violencia. “Que la
migración sea opcional, no forzada, no por falta de oportunidades”, dijo.
7. La democracia que significa el poder del pueblo. “El
pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de si gobierno, por
eso también es importante el que podamos dejar el principio de la revocación
del mandato”, indicó el Presidente.
8. Ética, libertad y confianza. “Vamos al renacimiento de México, a la búsqueda del bienestar material y del alma, haciendo uso de la gran reserva de valores que tenemos en el país”
Por su parte, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez,
Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob),
reconoció que las mujeres son el sector de la población que más ha sufrido
discriminación en México, por lo cual, dijo, “se necesitan políticas de género”
que se incorporen en el Plan Nacional de Desarrollo.
La desigualdad, exclusión y violencia ha sido una constante
en el país. “El gobierno está poniendo énfasis en las necesidades de las
personas. Es urgente cerca las enormes rachas de desigualdad que viven los
grupos discriminados del país, como las mujeres indígenas”, señaló Encinas
durante el segundo día de los foros para la elaboración del Plan Nacional de
Desarrollo.
Irma Eréndira Sandoval, titular de la Secretaría de la Función Pública, destacó que la corrupción llevó a la descomposición social del país y aseguró que el nuevo gobierno asume esa responsabilidad mediante una nueva ética en el servicio público. “En nuestra visión para 2014 la corrupción se castigará, la transparencia se garantizará y también los ahorros”.
Sandoval detalló que es importante dar seguimiento a los
servidores públicos para evitar la corrupción en el Gobierno y destacó algunos
logros en materia de transparencia realizados en estos primeros meses de la
administración federal:
–Por primera vez en la historia de México, todo el Gabinete
legal y ampliado hizo públicas sus declaraciones patrimoniales.
– Se modificó el Declaranet.
– Se reanudaron los trabajos de la alianza para el Gobierno Abierto.
En tres meses, dijo, se han abierto casi las mismas investigaciones que todo el año pasado, entre 1 de diciembre de 2018 y el 4 de marzo de 2019 se han turnado a la áreas investigación 23 investigaciones, 133 expedientes de evaluación patrimonial, 68 análisis de incompatibilidades patrimoniales, 12 mil 500 constancias de inhabilitación y no inhabilitación y se han realizado más de 150 audiencias por controversias sobre contrataciones públicas.
Josefa González Blanco, titular de la Semarnat, destacó que
la flora y la fauna también son importantes en la elaboración del Plan Nacional
de Desarrollo, pues son la base del desarrollo del país.
“No habrá desarrollo, justicia social ni bienestar, si no
tenemos bosques, agua, recursos naturales sanos que provean medios de vida a
los comunidades. Cuando una comunidad pierde sus medios de vida tiene que
emigrar y la migración desprotege los territorios, es entonces cuando explotan
a nuestro pueblo y nuestros jóvenes son corrompidos en actividades ilegales”,
destacó.
En materia ambiental, el Gobierno tiene una deuda con el
pueblo de México, aseguró. “La naturaleza está en una etapa de emergencia”.
Román Meyer Falcón, titular de la Sedatu, destacó que en las
últimas décadas los gobiernos permitieron políticas públicas excluyentes. “Al
día de hoy no contamos con un sistema único de información territorial y
urbano. No podemos ser un gobierno que cometa los mismos errores que
administraciones anteriores”.
Villatoro indicó que Lula Da Silva será el candidato presidencial del Partido de los Trabajadores en octubre próximo, cuando se realicen las elecciones presidenciales brasileñas.
En su afán por encontrar un delito –cualquier delito- para condenar a Lula en los tribunales, los oponentes del líder político más importante de Brasil han entablado un juicio paralelo en los medios de comunicación a través de la campaña de difamación más extraordinaria jamás lanzada contra una figura pública en la historia de este país.
Los abogados de Lula han enumerado varias violaciones de los derechos fundamentales en la campaña en su contra, que incluyen la privación de libertad, escuchas telefónicas ilegales, filtración de correspondencia, interceptación de sus comunicaciones con sus abogados, presunción de culpabilidad sin pruebas ni juicio, la ausencia de un juez imparcial y de un procedimiento judicial justo. Esta posición ha sido respaldada por reconocidos expertos jurídicos internacionales, como el destacado abogado británico de derechos humanos Geoffrey Robertson.
Antiguo líder sindical, Lula es el padre del Brasil moderno. Encarcelado por la dictadura militar, años más tarde se convertiría en el presidente más popular de la historia de Brasil, pues sacó a 33 millones de personas de la pobreza y consiguió que la economía brasileña funcionara para los ciudadanos de a pie. Su gran popularidad ayudó a elegir a su sucesora, la presidenta Dilma Rousseff, en 2010 y 2014.
Sin embargo, en 2016, un grupo de políticos corruptos encabezados por Michel Temer destituyó a Dilma, tomando el poder a través de un golpe parlamentario. Desde entonces, Temer ha intentado desmantelar el legado social de Lula, incluyendo la inclusión de enmiendas antisindicales en el código laboral, recortes en las inversiones públicas, ataques a la protección social e incluso el intento de legalizar el trabajo forzoso al modificar la definición de esclavitud.
“El pueblo brasileño ha visto lo que puede conseguirse. Con el liderazgo de Lula, el gusto de la prosperidad para todos les infundió esperanza. Sin embargo, desde que los empresarios coludidos con Temer tomaron las riendas del país, ¡ahora hay 22 millones de personas que se encuentran por debajo del umbral de pobreza y una de cada cinco familias carece de ingresos! Es realmente increíble en un país rico”, señaló la Secretaria General de la CSI, Sharan Burrow.
“La élite y los corruptos de este país no merecen respeto si realmente queremos sanar nuestro desgarrado mundo así como la paz, la democracia y los derechos humanos. El movimiento laboral internacional está con Lula para luchar por el pueblo brasileño y su democracia”.
La ANEP y la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)se sienten orgullos de haber participado de esta Jornada Continental por la Democracia y contra el Neoliberalismo y brindar sus aporte para la formulación de la Declaración de Montevideo
Declaración de Montevideo
1. Los movimientos, organizaciones sociales y diversas expresiones del campo popular de las Américas, herederos y protagonistas de las luchas contra el imperialismo y los regímenes militares en América Latina y El Caribe, que nos levantamos contra la agenda neocolonial de libre comercio, privatización, saqueo y pobreza representada en el derrotado proyecto del ALCA, reafirmamos los principios de solidaridad e internacionalismo que nos unen, así como el compromiso de seguir luchando por una transformación sistémica contra el capitalismo, el patriarcado, el colonialismo y el racismo.
2. Reunidos en el Encuentro Continental por la Democracia y Contra el Neoliberalismo, realizado en Montevideo, Uruguay, entre los días 16 al 18 de noviembre, luego del intenso intercambio de experiencias y luchas, ratificamos la agenda unitaria y de articulación de fuerzas sociales y políticas que acordamos en el Encuentro de La Habana, en noviembre de 2015. Reafirmamos la necesidad de re-articular las diversas alternativas e iniciativas populares para enfrentar el modelo de dominación capitalista neoliberal.
3. El avance del capital sobre los pueblos y sus territorios nos muestra que capitalismo, racismo y patriarcado forman un modelo entrelazado de múltiples dominaciones. La nueva ofensiva de fuerzas neoliberales profundiza los mismos mecanismos de acaparamiento de territorios, saqueo de los bienes comunes, explotación del trabajo y control de los cuerpos. Las tasas de ganancia son garantizadas por ajustes que se sostienen sobre más trabajo sin derechos y sobrecarga de trabajo no pagado de las mujeres, que garantizan que la vida se sostenga en el marco de la precarización acelerada de sus condiciones de vida. Las empresas transnacionales (ETN), y las elites nacionales asociadas, son las mayores beneficiarias del modelo de globalización neoliberal. La arquitectura de esta dominación se expresa en los tratados de libre comercio y de inversión de nueva y vieja generación cuyo garante es, entre otros, la Organización Mundial de Comercio (OMC).
4. A su vez, el sistema de endeudamiento perpetuo es un mecanismo de dominación, de condicionamiento del modelo productivo y de expropiación de los recursos públicos y bienes colectivos, al mismo tiempo que profundizan el lucro de las elites locales, cada vez más corruptas y dependientes del sistema financiero internacional.
5. Esa misma alianza es la que agudiza la disputa entre el proceso de acumulación permanente del capital y los procesos de sostenibilidad de la vida, generando una explosión de conflictos socio-ambientales en la región, facilitando el acaparamiento de tierras y el desplazamiento de grandes masas de campesinas y campesinos y pueblos originarios, creando una crisis migratoria, ambiental y alimentaria. Al profundizar los procesos de financierización de la economía y de la naturaleza, se están destruyendo las bases nacionales y las competencias soberanas de los estados para desarrollar políticas públicas ambientales y laborales en favor de los pueblos.
6. Las instituciones de la democracia formal y el ejercicio de los derechos humanos se han convertido en un obstáculo para esa dinámica del capital. Eso explica la reducción de los espacios de la democracia, el desconocimiento de la voluntad popular, la criminalización y judicialización de la política, cuya expresión culminante, entre otros, ha sido el golpe parlamentario, jurídico y mediático contra la presidenta Dilma Rousseff y la pretensión de impedir la candidatura del expresidente Lula da Silva en Brasil.
7. El proceso de monopolización, concentración y control de la información y la tecnología por parte de corporaciones mediáticas, con ramificaciones hacia otras ramas de la economía, es un atentado a las bases de la democracia. Ya que en un mundo globalizado quien controle y distribuya la información tiene poder incluso por sobre los poderes políticos y la soberanía popular.
8. La derecha continental pretende avanzar en la precarización de las relaciones laborales y la eliminación de la negociación colectiva, la desregulación de las contenidas en las reformas brasileñas y argentinas, así como la ofensiva de la patronal uruguaya contra la negociación colectiva en la OIT, son claros ejemplos de esa estrategia.
9. Este nuevo avance conservador y reaccionario refuerza discursos de odio y misoginia concretizados en prácticas racistas y discriminatorias contra afrodescendientes, pueblos originarios, migrantes y la población joven de los sectores populares. El control sobre los cuerpos y la sexualidad se impone con feminicidios, criminalización del aborto, violencia contra las mujeres y la población LGBTI. Las políticas xenofóbicas, racistas y de criminalización de los migrantes que se han instalado en el discurso político en EE.UU y la Unión Europea, son peligrosamente imitadas por la derecha fascista de América Latina y el Caribe.
10. A esto hay que sumarle el ataque a los derechos humanos, la criminalización de los movimientos populares, el asesinato y la desaparición de líderes y lideresas sociales. La impunidad del terrorismo de Estado de ayer se convierte en base fundante de la impunidad de hoy del gran capital.
11. Como parte de esa avanzada, el gobierno de los EE.UU. pretende reforzar su influencia imperial en la región y despliega una política de intervencionismo abierto que, utilizando todos los dispositivos diplomáticos, culturales, económicos y militares, ataca la soberanía de los países de la región. La estrategia de militarización a través de la ampliación de bases militares y la presencia de tropas con ejercicios “humanitarios” ocultan la pretensión de control territorial sobre los bienes comunes estratégicos de la región. La permanencia de fuerzas de seguridad extranjeras en Haití, como parte de la nueva misión de la ONU, Misión de Naciones Unidas para la Justicia de Haití (MINUJUSTH), continúa la ocupación de ese pueblo y responde a esta misma lógica.
12. Esta estrategia imperial se condensa en la guerra multidimensional contra Venezuela, que tiene momentos de violencia paramilitar, de bloqueo económico, asfixia financiera, sanciones internacionales, criminalización mediática y aislamiento diplomático.
13. El grave incumplimiento de los acuerdos de La Habana que pone en serio peligro al proceso de Paz en Colombia y profundiza la violencia en la ocupación de territorios por parte de fuerzas paramilitares, con el recrudecimiento de los asesinatos cada vez de líderes sociales populares. A su vez se ve estancado el proceso de dialogo con el ELN por parte del gobierno, que desconoce al mismo tiempo la participación de los sectores agrarios, campesinos y afros en dicho proceso.
14. Por otro lado, el imperialismo continúa el ataque a los procesos que mantienen gobiernos progresistas y de orientación popular, recrudece el criminal bloqueo contra Cuba y hace retroceder el proceso de normalización de las relaciones entre EEUU y la isla; toma medidas contra el gobierno de Nicaragua; impulsa el sabotaje a la gestión del gobierno de El Salvador; y asedia al gobierno de Bolivia.
15. También se ve amenazada la nueva institucionalidad regional impulsada los últimos años, como UNASUR y CELAC, que aun con déficits en sus contenidos y participación, constituyen esfuerzos importantes hacia una integración no subordinada a la política de EE.UU., hacia la región. Así mismo denunciamos los retrocesos que afectan el proceso de Mercosur y lo reorienta a la agenda del neoliberalismo.
16. Reivindicando las importantes conquistas sociales y políticas obtenidas por los gobiernos populares en los últimos años, reconocemos limitaciones que enfrentamos en estos procesos, especialmente la falta de reconocimiento de la importancia de la movilización social organizada para avanzar en esa transformación y superar la lógica depredadora del sistema capitalista.
17. Desde Montevideo y bajo el influjo enriquecedor de haber compartido las diferentes experiencias de lucha y resistencia y creatividad, de comunidades, colectivos y organizaciones que construyen formas diversas de enfrentamiento al poder del capital y de alternativas solidarias desde y para los pueblos, ratificamos nuestra apuesta a la Jornada Continental por la Democracia y Contra el Neoliberalismo, como proceso amplio, diverso, plural y unitario y espacio de articulación de las resistencias y alternativas de nuestros pueblos.
18. Es fundamental reforzar la acción política de movilización, organización y lucha desde las fuerzas populares para construir las democracias verdaderas e impulsar un proyecto político de unidad de transformación de carácter popular en América Latina y el Caribe. No puede haber democracia sin participación, sin distribución de la riqueza, sin acceso a la información y la justicia.
19. Continuaremos luchando por la integración de nuestros pueblos y naciones reivindicando nuestra diversidad cultural, social, política y económica, colocando en el centro los derechos de los pueblos.
20. Enfrentaremos la ofensiva reaccionaria, afirmando la libre circulación de las personas y el reconocimiento de la ciudadanía universal.
21. Asumiremos la defensa innegociable de la autonomía y libertad de las mujeres, la lucha para poner fin al feminicidio y todas las violencias machistas, también afirmamos el derecho al aborto legal, público y seguro.
22. Enfrentaremos a las empresas transnacionales y sus estrategias de captura y sometimiento de las instituciones democráticas, promoviendo acciones concretas para reducir el espacio que tienen para evadir y eludir sus responsabilidades.
23. Nos movilizaremos para que se establezcan instrumentos nacionales e internacionales que impidan que los derechos de las empresas tengan primacía sobre los derechos humanos y de los pueblos, participando del proceso para la adopción de un Tratado Internacionalmente Vinculante sobre Empresas Trasnacionales y DDHH.
24. Impulsaremos una integración popular que respete la diversidad de nuestras culturas. Que se construya desde la participación protagónica de nuestros pueblos. Que defienda la paz y la autodeterminación en nuestros territorios, libre de bases militares e intervencionismos, con complementariedad de las economías y relaciones de solidaridad y cooperación.
25. Continuaremos reivindicando la reforma agraria integral y popular, como proceso que garantice a los y las campesinas el acceso a la tierra, el agua y el territorio, así como la protección de la semilla criolla, y de los saberes ancestrales fomentando de esta manera el desarrollo de la soberanía alimentaria y la agroecología para alimentar a nuestros pueblos.
26. Continuaremos impulsando la articulación de nuestros medios alternativos y populares bajo una estrategia de comunicación coordinada y también sostendremos la lucha por la democratización de la comunicación en cada uno de nuestros países como una forma de limitar el poder mediático en la región. Enfrentaremos el poder de las transnacionales defendiendo la internet libre y las tecnologías libres.
27. Mantendremos nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela y su derecho soberano a desarrollar su proyecto social, político y económico sin agresiones, ni injerencias, con garantía de la paz y el respeto de sus instituciones.
28. Desde Montevideo, convocamos a todos los actores sociales que no hacen parte de la Jornada y a las fuerzas políticas del continente para construir de conjunto una estrategia que nos permita fortalecer la movilización popular y las luchas en la región.
29. Ese camino de unidad es condición para trascender los marcos de la economía dominante y plantear otras formas de organizar las relaciones sociales, productivas y reproductivas que, asentadas en la igualdad, la solidaridad y la justicia social y ambiental, construyan la soberanía alimentaria y energética de nuestros pueblos y la vida digna en nuestros territorios.
EN TALSENTIDONOSCONVOCAMOS A:
1. Movilizarnos para repudiar la Cumbre Ministerial de la OMC en Buenos Aires en diciembre de 2017.
Año 2018
2. Movilización unitaria de todos los movimientos el 8 de marzo
3. Estar presentes y colocar nuestra agenda contra el libre comercio y las transnacionales en el Foro Mundial Alternativo del Agua (FAMA), Brasilia, marzo.
4. Movilización unitaria de todos los movimientos el PRIMERO DE MAYO.
5. Movilizarnos para denunciar la realización de la Cumbre de las Américas en Lima, en junio de 2018, como escenario en el que se pretende reinstalar la agenda de dominación neocolonial e imperialista en el continente.
6. Organizar nuestra acción unitaria alrededor de la Cumbre del G20 en Argentina, segundo semestre de 2018.
7. Finalmente llamamos a todos los pueblos del continente a movilizarnos de manera unitaria, combativa y solidaria en todos nuestros países la semana del 19 al 25 de noviembre, reivindicando la agenda acordada en el Encuentro de Montevideo, como expresión de la acción de nuestros pueblos en Defensa de la Democracia y Contra el Neoliberalismo.
Aclaración: Lo corriente sindical que representamos en Costa Rica, como Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y como Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), integrantes de la Confederación de Trabajadores y de Trabajadoras de las Américas (CSA), somos parte de este proceso de articulación continental.
Es una verdadera “ganga” para el eventual comprador del BCR que se lo llevaría en “combo” por tan ridículo precio, dado que el BCR es, en realidad, un conglomerado de negocios: BCR Pensiones, BCR Valores, BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, BCR Corredora de Seguros. Además, el BCR es el accionista mayoritario del Banco Internacional de Costa Rica (BICSA). ¿Qué significa todo esto? Para los más amplios sectores populares y los grandes grupos con conciencia cívico-patriótica, esto es un “megachorizo sin precedentes”.
Contundente: ¡el préstamo gota a gota ya es delito criminal! Gran papel jugó el Colegio de Abogados y de Abogadas de Costa Rica, mediante su Comisión de Crimen Organizado y Seguridad. Su Junta Directiva tomó el acuerdo 2023-01-024 de impulsar tal proyecto y don Gilbert y doña Gloria hicieron toda la gestión de promoción parlamentaria para que, afortunadamente, ya tenga segundo debate.
No crean que ese proyecto fue creado por generación espontánea. ¡NO! Ese proyecto está, presuntamente, apadrinado por la Asociación Costarricense de Microfinanzas (Asocomi), agrupación que vela por los intereses de un grupo de empresas financieras las cuales instrumentalizan el drama humano de miles de costarricenses que tienen que acudir a los créditos gota a gota; además, les sirve de excusa la supuesta exclusión financiera.
Es momento de visibilizarse como mujeres, de demostrar las capacidades que nos caracterizan, de tomar los espacios en las aulas, de capacitarnos, de tomar decisiones, de que valoren nuestras capacidades en los puestos laborales, de apoyar a otras mujeres y niñas, para así minimizar los índices de desigualdad de la mitad de la población como lo son las mujeres.
El sistema Nacional de las juventudes en nuestro país, a través del tiempo ha estado bajo el control de no solo personas adultas tratando de imponer sus decisiones hacia las juventudes de nuestro país, sino que, a su vez, el Sistema Nacional de Juventudes ha estado secuestrado por intereses partidarios y esto ha incidido en que muy pocas personas jóvenes de nuestro país (de los 12 años a los 35 años), sepan que existe un Sistema Nacional de Juventudes.
