Trabajadores del CTP denuncian pésimo manejo de casos Covid-19 en la institución

Solicitan intervención del Ministerio de Salud

Varios trabajadores del Consejo de Transporte Público (CTP) denunciaron ante la Seccional ANEP-MOPT-CTP-Policía de Tránsito, su preocupación por el manejo que ha realizado la institución ante los casos positivos de Covid-19 que se han presentado en los diversos departamentos.

La incertidumbre se apoderó aún más de los trabajadores, luego de conocer el lamentable descenso de uno de sus compañeros, la semana anterior, debido al Covid-19.

Joyce Bustillos Fonseca, Presidenta de la seccional ANEP-MOPT-CTP-Policía de Tránsito detalló que les preocupa enormemente que en el CTP la situación de la pandemia por Covid-19 no es prioridad.

“No se están realizando los aislamientos necesarios, no se está cumpliendo con el tema de enviar a la gente a la casa por nexo, el tema de sanitización es otra preocupación. A esto se agrega y la ausencia de protocolos por departamento, ya que cuando una persona de cierto departamento da positivo por Covid-19, sólo se envía a esa persona a aislamiento, mientras los demás siguen laborando”, explicó Bustillos.

Bustillos indicó que incluso la semana pasada, los días lunes y martes, dos compañeras presentaban síntomas de resfrío con tos y estornudo, sin embargo, aun así, fueron a laborar por órdenes de sus jefes, para el día miércoles dieron positivo por Covid-19. Pese a esto las autoridades del CTP no informaron de la situación y simplemente solicitaron al personal de ese departamento sacar vacaciones por dos días, ya hoy lunes se encuentran laborando.

Incluso, la seccional denuncia, que el pasado jueves 13 y viernes 14 de mayo, tres funcionarios del Departamento de Servicios Generales, por orden de Lidier Vázquez Chamorro, jefe inmediato, tuvieron que trabajar, dicha situación va en contra de las Directrices (Comunicado Interno DM-2021-1280 circular, CTP-DE-OF-0594-2021, Directriz-S-MTSS-MIDEPLAN del 25 de marzo de 2020 y sus respectivas reformas, así como el cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios del Ministerio de Salud y del Comunicado Interno CTP-DE-OF-0707-2020 emitido por el Director Ejecutivo el día 11 de mayo de 2021), sin embargo, en el transcurso del propio días viernes, de “forma precipitada” enviaron a los tres funcionarios a la casa y sin ninguna explicación.

“Como es posible que no se tenga un protocolo para este tipo de situaciones, nos mandan a nuestras casas sin ninguna información o razón, poniendo en riesgo a nuestras familias. Por su parte el departamento de Salud Ocupacional hace caso omiso a nuestras preocupaciones a pesar de existir los casos de Covid-19 en la institución.”, expresó la representante sindical. 

Ante esta situación, la seccional ANEP-MOPT-CTP-Policía de Tránsito solicitó al Ministerio de Salud la intervención en el Consejo de Transporte Público, con el fin de revisar la forma de como se maneja los casos Covid-19 en la institución, ya los casos van en aumentos, así como la hospitalización de funcionarios. 

Ante la petición de declaración de alerta roja por las gerencias de la Caja: ¿y de dónde cogemos la plata que demandará tal situación?

  • ANEP propone moratoria parcial del obsceno pago de intereses de la deuda pública
  • Se podría disponer de hasta unos 630 mil millones de colones

Las máximas cúpulas político-gerenciales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS): gerencias General, Médica, Administrativa, Financiera, Logística, Pensiones, Infraestructura y Tecnología; así como la dirección del Centro de Atención de Emergencias y Desastres; enviaron una desesperada carta al Dr. Román Macaya Hayes, en su condición de Presidente Ejecutivo de la institución, planteando lo que para tales autoridades es la Saturación Hospitalaria ante el estado actual de la situación de la pandemia del covid-19.

Solicitan a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) “…la declaratoria que corresponde en razón del nivel de emergencia en que nos encontramos frente a la saturación de los servicios de salud, que ha ocasionado el aumento exponencial de casos COVID 19; estando dicha comisión facultada por Ley para declarar la alerta que se requiere de manera urgente”.; pues, “…ya se ha manifestado de forma reiterada que se ha materializado el riesgo y se ha producido la saturación de los servicios de salud y por lo tanto, se tienen suficientes elementos objetivos,…” para una alerta roja.

Se indica en la carta al presidente ejecutivo de la CCSS que, la “Alerta Roja se reserva para momentos donde se determine la saturación en la capacidad de respuesta, por ejemplo, saturación de los servicios de salud”.

Una eventual declaratoria de alerta roja como lo plantean las cúpulas gerenciales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), implicará una mayor movilización de recursos humanos: profesionales, técnico-especializados, asistenciales y de servicio; y, a la vez, de recursos financieros que, presuntamente, no estarían disponibles para enfrentar el mayúsculo reto de una alerta roja por saturación hospitalaria.

Y es aquí, en tal situación, que Alvarado y su gobierno deben hacer una escogencia fundamental: la salud y la vida de las personas; ó, la salud del sistema bancario-financiero que se encuentra tan excesivamente robusto que llegó la hora de pedirle un aporte solidario con la urgencia requerida.

ANEP propone, así las cosas, que se decrete una moratoria del pago de intereses de la deuda pública, al menos por un trimestre, 90, días de manera tal que el país y su sistema de salud dispongan de una cantidad de dinero fresco por la cantidad de 630 mil millones de colones, equivalentes a un 1.75 % de Producto Interno Bruto (PIB).

Bien se sabe que la impagable deuda pública ha llegado a tal nivel que está demandando un obsceno pago diario, cada 24 horas, de, prácticamente, 7 mil millones de colones, según lo ha reconocido el propio Ministerio de Hacienda.

Es hora de decisiones estratégicas, realmente heroicas, en función del bien común y de la salud de las personas trabajadoras, principalmente; las cuales, por ejemplo, no tienen dinero para salir del país a vacunarse.

“La élite económica en estas circunstancias debiera concertarse para patrocinar planes de ayuda al sector más vulnerable de nuestra población. La gente pierde su trabajo, pierde su remuneración, carece de medios y, encima, los obligan a encerrarse en sus casas”. De manera atinada, lo ha planteado el pensador latinoamericano, filósofo chileno, Gastón Soublette, en su reciente entrevista para BBC-Mundo.

Si el 75 % de la deuda pública costarricense está centrada en deuda pública interna; y si ésta es, en gran parte, entre entes del sector estatal (“se coge plata de un bolsillo para pasarlo a otro del mismo pantalón”), no habrá grandes riesgos de descalabro financiero y, mucho menos, de que se diga que esta operación de reingeniería financiera intra-sector Público, es una especie de default; considerándose que el principal de la deuda se mantendrá intocado.

Téngase en cuenta que la Alerta Roja podría potenciar, todavía más, el autoritarismo gubernamental de seguir impulsando cierres económico-sociales para afectación de las más amplias mayorías de la población costarricense; con los efectos multidimensionales (sociales y culturales y ya no solamente económicos) que hacen que la pandemia, sin dejar de serlo, ahora sea una sindemia; según lo ha denunciado el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE), de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), en su carta oficio CICDE-023-021, fechado 7 de mayo, dirigido a la Presidencia de la República y su Ministro de Salud, así como a las presidencias de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE).

Repetimos, la propuesta de ANEP para destinar el pago de obscenos intereses de la deuda pública, al menos por 90 días, para enfrentar la Alerta Roja de la Saturación Hospitalaria que está generando la pandemia y ante la transición de ésta (sin dejar de serlo), a la situación de sindemia (como lo plantea el CICDE-UNED); no implicará riesgo de colapso financiero ni mucho menos asomo de un default.

San José, domingo 10 de mayo de 2021.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto

Todo listo para la Gran Manifestación Laboral en defensa de la Autonomía Constitucional del Régimen Municipal

• Fuera manos de Alvarado de las municipalidades

Un fuerte conglomerado del personal municipal costarricense se manifestará este martes 23, exigiendo que el gobierno de Carlos Alvarado Quesada saque sus manos de las municipalidades.

Los y las manifestantes, procedentes de las municipalidades metropolitanas y de zonas rurales, se juntarán, a partir de las 9 a. m., en el parque La Merced, en San José (centro), para desfilar, de manera pacífica, hacia la horrible sede de la Asamblea Legislativa.

Nunca antes un gobierno había intentado tanto, de manera insistente pero torpe y peligrosamente, acabar con la autonomía constitucional del régimen municipal, como lo ha hecho la administración de Carlos Alvarado Quesada.

De manera más que lamentable, en el ataque anti-municipal, han participado los partidos del co-gobierno con el PAC, Liberación, Unidad, Restauración y Nueva República.

El proyecto Ley Marco de Empleo Publica, expediente legislativo 21.336, representa el más grave intento por acabar con la autonomía constitucional de las municipalidades desde la entrada en vigencia de la Constitución Política de Costa Rica, el 7 de noviembre de 1949.

El clamor cívico-obrero e institucional en la práctica totalidad de los gobiernos locales del país es fuertemente abrumador: las municipalidades debe ser excluidas de la pretendida e inconstitucional Ley Marco de Empleo Público.

Se espera la presencia activa de grandes delegaciones de, al menos, 60 municipalidades del país; mostrándose así lo que podría ser la más grande muestra de la cultura socopolítica del municipalísmo costarricense de toda su historia.

ANEP invita a organizaciones amigas y a ciudadanía patriótica a solidarizarse con la defensa de los valores democráticos de la Constitución de 1949 que representa la manifestación de las municipalidades este martes 23 de marzo.

Albino Vargas Barrantes
Wálter Quesada Fernández
ANEP

Sindicato ANEP-AyA cuestiona medida transitoria de Acueductos y Alcantarillados al considerarla política y no técnica

Comunicado de Prensa

Sindicato ANEP-AyA cuestiona medida transitoria de Acueductos y Alcantarillados al considerarla política y no técnica

El sindicato de ANEP en Acueductos y Alcantarillados (AyA), cuestiona la medida transitoria adoptada por la institución para atender casos de recibos con incrementos anormales, al considerarla como una estrategia política, la cual no subsana las verdaderas razones de las altas facturación durante la pandemia.   

Para el sindicato, el informe de la Auditoría Interna de AyA (AU-2020-00506) es claro y contundente, debido a que revela los factores por los que se dan las altas facturaciones, algunos de estos están asociadas a los problemas de gestión y mal funcionamiento de los hidrómetros.

“Dicho informe indica que, existen 299,696 hidrómetros instalados en el campo que registran el rango de siete o más años de instalación, cumpliendo con su vida útil.  Así mismo, 118,305 hidrómetros presentan registro de consumos mayores a los 3,000 metros cúbicos, contraviniendo esta situación a lo dispuesto por la Junta Directiva en cuanto a criterio operativo para el cambio de medidores, detalló Ivonne Mata Núñez, miembro del sindicato ANEP-AyA.

La medida transitoria aprobada por AyA, regirá a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, y se aplicará cuando se cumplan los siguientes escenarios. 

Tarifa residencial: cuando el consumo sea mayor a los 15 metros cúbicos y se presente un aumento del consumo cliente de más de un 25% respecto a su histórico.

Tarifa comercial u ordinaria: cuando el consumo sea mayor a los 25 metros cúbicos y el aumento de consumo sea de más de un 100% con respecto a su histórico.

Ambos escenarios se aplicarán solamente si las causas no sean atribuibles al cliente, como fugas internas o variación de hábitos de consumo, lo cual se corroborará mediante inspecciones de campo.

Este transitorio aprobado por la Junta Directiva del AyA estará vigente por 24 meses. Además, se podrá aplicar a casos de “alta facturación” presentadas en el periodo comprendido del 20 de marzo de 2020 a l14 de abril 2021, según detalla el comunicado de prensa enviado por AyA.

Para Ivonne Mata Núñez, esto quiere decir que dejan el problema para el próximo Gobierno, porque no aseguran que al finalizar la medida no se presentarán errores en las facturaciones y cobros altos.

“Esta medida evidencia que la administración de AyA ha mentido todo este tiempo de pandemia a los usuarios, ya que prácticamente aceptan que hubo errores en la facturación y no explica un fundamento técnico para su aplicación, más bien pensamos que es una medida 100% política en un período de campaña electoral. El AyA en la representación de Tomas Martínez (Presidente Ejecutivo) está aplicando una medida paliativa para los altos consumos en la facturación”, manifestó Mata.

Otro de los cuestionamientos del sindicato ANEP-AyA es que el jerarca de la institución manifestó que la aplicación de este transitorio traerá un ahorro por el tema de reclamos, pero no expone cual es ese ahorro que viene a compensar el hueco económico al dejar de percibir, casi 800 millones de colones mensuales, como así lo expresaron a la prensa.

“Ponen en riesgo financiero a la institución, ya que con esta medida habrá una diferencia entre lo facturado y lo cobrado, el AyA deberá asumir el Impuesto al Valor Agregado y con los números en rojo creemos que no tendrá la capacidad para asumirlo”, aseveró Edwin Marín, presidente del sindicato ANEP-AyA

Otra de las preocupaciones de la seccional, recae en la inversión de una Plataforma Tecnológica como solución a todo el problema de facturación, la cual ha sido impulsada desde la Presidencia Ejecutiva, sin embargo, se desconoce de dónde saldrán los dineros para su implementación. 

“Nos preocupa enormemente que tenga la institución que solicitar un aumento tarifario para que el gobierno entrante le haga frente a este compromiso, por un lado, le dan al consumidor y por otro lado le quita. Lo anterior, porque bajo fe de juramento Manuel Salas (ex Gerente General de AyA y ahora Subgerencia Ambiente y Desarrollo) en la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, indicó que la plataforma se financiaría con recursos públicos, pero no han querido mostrarnos el presupuesto 2021 donde compromete esos recursos ni los flujos de caja proyectados, frente a un estado de resultados que muestra sus números en rojo”, cuestionó Marín.

Por estas razones la seccional considera como un paliativo totalmente político la medida transitoria impulsada desde la Presidencia Ejecutiva, que podría poner en riesgo a la institución y con esto terminar de afectar a los consumidores.

Para declaraciones o entrevistas comunicarse con Edwin Marín, Presidente ANEP-AyA al 6017-8216 o Ivonne Mata Núñez, miembro del sindicato ANEP-AyA al 8837-6030

Trabajadores municipales se manifestarán en defensa del Régimen Municipal y en contra del proyecto de Empleo Público

Manifestación se realizará el martes 23 de marzo del 2021 desde las 9:00 de la mañana.

Las diversas seccionales de la ANEP presentes en 62 municipalidades del país, nuevamente alzarán la voz este 23 de marzo a partir de las 9:00 de la mañana, en las calles de la capital, en defensa del Régimen Municipal y en contra del Proyecto Ley Marco de Empleo Público que se discute en la Asamblea Legislativa.

En la manifestación que saldrá desde el parque La Merced rumbo a la Asamblea Legislativa, se dejará constancia explícita de la más rotunda oposición al expediente legislativo No. 21.336, Ley Marco de Empleo Público; y, en lo específico, exigirán la exclusión del régimen municipal del mismo.

Fuerte respaldo a este planteamiento se manifiesta prácticamente en la totalidad de la institucionalidad del sistema municipal costarricense. Abrumadora mayoría de alcaldes, de alcaldesas, de concejos municipales, han venido expresando su crítica y oposición a lo que se considera un nuevo ataque del Gobierno Central de la República por controlar la acción político-ejecutiva y financiera de las municipalidades.

Aparte del mundo obrero municipal, entidades como la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), y la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), manifiestan clara oposición al indicado proyecto de ley, pues atenta, como nunca antes había ocurrido, a la autonomía constitucional del régimen municipal.

Los gobiernos locales no dependen de las finanzas del Gobierno Central-Ministerio de Hacienda para funcionar pues son autosuficientes. Además, como reiteradamente lo ha demostrado la ANEP y ya nadie lo refuta, los salarios de las personas trabajadoras asalariadas estatales no son responsables del déficit fiscal; mucho menos, la clase trabajadora asalariada de las municipalidades.

Conferencia de Prensa

El Proyecto Marco de Empleo Público dará sepultura al artículo 170 de la Constitución Política, que da vida jurídica a la autonomía plenas de las municipalidades, como gobiernos locales. En consecuencia, morirá también el artículo 4 del Código Municipal que indica “La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política.

Este proyecto de ley, también liquidaría la autonomía de instituciones como la Caja Costarricense del Seguro Social, el Instituto Costarricense de Electricidad, Acueductos y Alcantarillados, Universidades Públicas y el Poder Judicial.

ANEP hace llamado a Alcaldes y Alcaldesas

Como parte del trabajo de concientización realizado por la ANEP, la organización ha enviado una misiva a los 82 municipios del país, solicitando a los Alcaldes y Alcaldesas el apoyo a la lucha contra el Proyecto Ley Marco de Empleo Público, en el entendido, que este afectará las finanzas y toma de decisiones de las municipalidades y por ende el desarrollo de las comunidades.

1.         Afectación administrativa: El municipio perdería la potestad que implica no solo la auto-normación, sino también la auto-administración.

En el voto n. º 5445-99, la Sala Constitucional establece que la autonomía municipal abarca la organización y administración de los intereses locales, y la organización y administración interna de la respectiva municipalidad, siendo reiterada por Tribunales de Justicia.

Una de las principales afectaciones que tendrá el gobierno local si se aprueba dicho proyecto, es que ya no podrá decidir respecto de su estructura organizativa, porque el proyecto establece el “Sistema General de Empleo Público” y coloca, como su ente rector a la Dirección General del Servicio Civil, invadiendo groseramente el área de Administración Municipal, al otorgarle competencias invasivas por sobre el Recurso Humano de la municipalidad, dando órdenes específicas a cada municipalidad para organizar su gestión de empleo.

Una de las versiones del Proyecto convierte a MIDEPLAN en una posición de ¨Súper Ministerio¨ al colocarlo como ente rector de cada institución, con potestades por encima de cualquier decisión inclusive del mismo Concejo Municipal.

En síntesis: “lo que hoy deciden el Alcalde y el Concejo Municipal, pasaría a ser una decisión del Gobierno Central por medio de su ministerio, en otras palabras, cualquier restructuración organizativa, recalificaciones, o todo lo referente a plazas, deberán pasar por la intromisión del Ministerio de Planificación, como si los municipios fueran ministerios.

2.         Afectación económica: genera la enorme duda del impacto económico en las finanzas de cada municipalidad, estableciendo por “imperio”, nuevas reglas para el reconocimiento de remuneraciones para todo el personal de la Municipalidad, omitiendo el contenido de estas nuevas escalas salariales, a “riesgo de ruleta rusa”, al desconocer el detalle práctico del impacto financiero, por el costo de las nuevas planillas salariales. Así la municipalidad estaría obligada a pagar ajustes económicos, pago de indemnizaciones, o liquidaciones de personal, dando al traste con los objetivos del municipio, afectando el importantísimo equilibrio económico en medio de un momento de crisis financiera.

3.         Afectación de paz social: El Proyecto de Ley Marco de Empleo Público está desatando movilizaciones sociales que polarizan aún más el país, esto por elevar la presión sobre toda la clase trabajadora, agravando factores como desempleo, precarización del salario, mayor pérdida de valor adquisitivo, repercutiendo negativamente en la paz social, y enrareciendo el clima organizacional a lo interno de cada municipalidad.

Algo preocupante es que toda esta discusión se da en medio de tiempos electorales por lo que se atiza la confrontación social, distrayendo la discusión de las causas reales y estructurales del déficit fiscal, más relacionadas al modelo de desarrollo que privilegian al mercado por encima del Estado.

Por estas razones, la ANEP y los trabajadores municipales, defenderemos con la “Democracia de la Calle”, nuestra Constitución Política, nuestro Código Municipal, la seguridad jurídica del país; y nuestros derechos laborales.

ANEP presenta recurso de amparo contra Coopeservidores ante la negativa de entregar los excedentes a sus asociados

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en representación de dos asociados de Coopeservidores R.L., presentó ante la Sala Constitucional un recurso de amparo contra esta cooperativa, debido a la negativa de entregar los excedentes a sus asociados, así como contra el Banco Central de Costa Rica; este último en representación de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).

El recurso fue presentado luego de que los amparados recibieron, el 7 de abril del presente año, una comunicación oficial por parte de la cooperativa en la cual se les informó que para el año 2021 no se realizará la entrega de excedentes, aduciendo que mediante una directriz de SUGEF se le ordenó no hacer entrega de excedentes hasta tanto no se conozca el impacto de la resolución de un proceso ante la Sala Constitucional contra la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.

David Estrada, Abogado de la Unidad de Asesoría Jurídica de la ANEP, manifestó que dicha directriz es de carácter desconocido para los amparados y para el recurrente, pues SUGEF nunca la hizo pública. Además, se ha solicitado la directriz a la cooperativa y a la misma SUGEF pero ambas se han negado a brindar la información.  

Para la ANEP, “la supuesta” directriz violenta el artículo 64 de la Constitución Política, el cual indica “El Estado fomentará la creación de cooperativas como medio para facilitar mejores condiciones de vida de los trabajadores.  Asimismo, procurará el desarrollo del solidarismo como instrumento de crecimiento económico y social de los trabajadores, tanto en el sector privado como en el sector público.”

“Como se observa en la norma citada, el ordenamiento constitucional vela por el cooperativismo como medio para la mejora de condiciones de vida de las personas trabajadoras; pero cuando las recurridas acogen la posición de denegarle a los trabajadores los excedentes que le corresponden, se está restringiendo completamente uno de los principios esenciales del cooperativismo como es la entrega de excedentes; restricción que se da de manera arbitraria y sin ningún fundamento legal”, detalló Estrada.

Otro de los argumentos planteados en el recurso, hace referencia a que la actuación de la cooperativa y la SUGEF violenta el artículo 45 de la Constitución Política que indica que:

“La propiedad es inviolable; a nadie puede privarse de la suya si no es por interés público legalmente comprobado, previa indemnización conforme a la ley. En caso de guerra o conmoción interior, no es indispensable que la indemnización sea previa. Sin embargo, el pago correspondiente se hará a más tardar dos años después de concluido el estado de emergencia.”

“Debe entenderse que los excedentes o dividendos producto de las operaciones que los asociados realicen con la cooperativa de acuerdo a su participación en el trabajo común, son dineros propiedad de éstos, es decir, son recursos que por Ley les pertenecen y que la cooperativa recurrida no tiene fundamentación alguna para retenerles”, explicó Estrada. 

Además, para la ANEP, resulta altamente cuestionable que se justifique por parte de las recurridas, la negativa de entregar excedentes por parte de las cooperativas como una “medida preventiva” en caso de ser acogida la acción de inconstitucionalidad contra la ley 9918 planteada por la ANEP ante la Sala Constitucional.

En este sentido, se debe aclarar que dicha acción de inconstitucionalidad únicamente se opone a los rebajos automáticos de planilla al salario mínimo inembargable, el cual es un derecho fundamental de los trabajadores, protegido por la Constitución Política.

Pero dicha acción no libera a las personas deudoras de su responsabilidad con sus créditos, pues igualmente éstos mantendrían el deber de pagar en ventanilla; sino que únicamente se pretende devolver al trabajador la capacidad de disponer de su salario como estime más conveniente.

El rebajo automático de planilla a los salarios mínimos es una práctica inconstitucional e ilegal, que fomenta la miseria y hambruna entre la población costarricense, y que lamentablemente ha sido utilizada por las cooperativas durante muchos años para asegurarse el pago de créditos.

Presentan moción para ampliar plazo de proyecto de ley que dotaría de recursos a la Policía de Migración y Extranjería

Moción fue firmada por 10 diputados y diputadas

La Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración continua su lucha para reformar el artículo 11 de la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, con el objetivo de dotar de recursos a la Dirección General de Migración y Extranjería, para fortalecer la Policía Profesional de Migración (PPM).

Moción presentada

Por lo que, en conjunto con el diputado del Partido Frente Amplio, José María Villalta, presentaron el día de ayer, una moción para extender el plazo cuatrienal al expediente Nº 20.323. “Reforma del artículo 11 de la ley Nº 9428, Ley de impuestos a las personas jurídicas, 22 de marzo de 2017, y sus reformas, para dotar de recursos a la Dirección General de Migración y Extranjería.

La acción presentada, es respaldada por el artículo 119 del Reglamento de la Asamblea Legislativa y obedece a que el próximo 29 de marzo se cumplen cuatros años desde que la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración presentó, con el apoyo de 19 diputados y diputadas de diversas bancas, el Proyecto de Ley Nº20.323.

La moción contó con la firma de 11 diputados y diputadas de diversas bancadas como: Carmen Chan , Patricia Villegas, Jonathan Prendas, Ignacio Alpizar, Harllan Hoepelman Páez, Dragos Donalescu, así como Walter Muñoz, Nidia Céspedes, Shirley Díaz, Welmer Ramos y Erick Rodríguez. quienes apoyan la necesidad de dotar de recursos a la Policía Profesional de Migración y Extranjería. 

En el Artículo 11 de la Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas se dispuso que el 90% de los recursos recaudados se destinen al Ministerio de Seguridad Pública, el 5% al Ministerio de Justicia y Paz y el restante 5%al OIJ del Poder Judicial, dejando por fuera el Ministerio de Gobernación y Policía y por ende a la Policía Profesional de Migración.

ANEP solicita al Banco Central y al Ministerio de Hacienda explicaciones sobre el pago abusivo de los intereses de la deuda pública

El pueblo costarricense debe conocer a quiénes se les debe tanto dinero, quiénes son los que se han hecho “ricos” con el pago de intereses.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) solicitó, esta mañana, a las máximas autoridades del Banco Central y del Ministerio de Hacienda información detallada sobre el pago de los intereses de la deuda pública, la cual en los últimos años ha crecido considerablemente.

La ANEP, desde hace mucho tiempo, ha insistido en la necesidad de atacar el abusivo pago de intereses de la deuda pública ya que desde el 2016, este rubro ha pasado a ser el agravante del déficit fiscal. De acuerdo con datos obtenidos en el sitio web del Ministerio de Hacienda, el pago de intereses representó en el año 2020 un 4,8% como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), en contraste con el déficit primario, que fue de un 3,5% del PIB.

Una de las críticas más fuerte contemplada en el documento enviado por la ANEP, tiene que ver con la pasividad con la que las autoridades han manejado el tema de los intereses de la deuda pública costarricense, así como la poca contención o acciones presentadas para evitar estas cifras tan alarmantes.

Las cifras involucradas en los pagos por intereses en el año pasado 2020, el año 1 de la pandemia, son absolutamente escandalosas: estamos hablando de un pago de prácticamente de 195.000.000 millones de colones, ¡por hora!; y de un pago, más que abusivo, de 4 680 millones de colones ¡al día! (4.680.000.000 cada 24 horas). Es desconcertante observar cómo este monto creció a ritmos por encima del 19 % anual, y hasta del 28 %, durante el trienio 2017-2019. Y, entre tanto, ¿qué hacían las autoridades económicas? ¡No movieron un dedo para frenar semejante desborde de irracionalidad!.

Para nuestra organización, las tasas de interés sobre la deuda pública interna, son, desde todo punto de vista, abusivas. Según los datos que se ofrecen en la página web del Ministerio de Hacienda, durante todo el segundo semestre de 2020, mientras golpeaban la crisis sanitaria y la recesión económica, y el desempleo volaba a niveles sin precedentes; en promedio se pagaban tasas de interés en los alrededores del 7 %, las cuales hacia finales de año rozaban el 8%.

En esos mismos momentos, al finalizar 2020, la Tasa Básica Pasiva se encontraba en 3,5 %, y la Tasa de Política Monetaria en 0,75 % ¿Cómo entender que haya diferencias tan grandes entre las tasas que paga el Ministerio de Hacienda y las principales tasas de referencia de los mercados financieros? Sobre todo, ¿cómo explicar la pasividad de las autoridades económicas ante un atropello tan brutal a las finanzas públicas?

Se hace obligatorio reiterar la pregunta ¿qué han hecho las autoridades económicas para frenar este intolerable abuso? En particular, ¿qué ha hecho el Banco Central -como autoridad monetaria del Estado costarricense-, para detener esa terrible hemorragia de recursos públicos? Son preguntas que se agigantan cuando, al mismo tiempo, y de forma paradójica y contradictoria, esas autoridades económicas insisten en políticas que cortan la inversión pública, restringen los servicios sociales y decretan el congelamiento indefinido, aparentemente a perpetuidad, de los salarios públicos. Detrás de esto no hay ninguna racionalidad económica ni social respetable, sino tan solo un dogma ideológico realmente dañino.

Múltiples indicios permiten pensar que ha habido comportamientos especulativos, que afectan la colocación de bonos de deuda pública en los mercados financieros. Es posible que esto haya sido de alguna forma liderado por los propios bancos públicos, así como por alguno o algunos bancos privados relativamente grandes; pero es claro que es algo de lo que los demás actores participantes en los mercados financieros se aprovechan, a fin de obtener jugosas ganancias ¿Qué ha hecho el Banco Central y qué han hecho las diversas entidades a cargo de la regulación y supervisión del sistema financiero, por frenar y poner bajo control esos comportamientos anómalos y antisociales?

Para la ANEP, es urgente que el Banco Central intervenga los mercados financieros para frenar, en seco, los juegos especulativos contra la deuda pública y hacer bajar sustancialmente las tasas de interés; como es igualmente urgente que, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, defina un plan que garantice que se podrá avanzar en una estrategia de reactivación económica, recuperación del empleo y restablecimiento del equilibrio de las finanzas públicas, sin que ese esfuerzo se vea perturbado por presiones financieras especulativas sobre el propio sector público.

Ante el escenario descrito anteriormente la ANEP ha solicitado a las autoridades del Banco Central y el Ministerio de Hacienda la siguiente información respecto a la deuda pública

a)         Cantidad total de la deuda pública nacional al 31 de enero de 2021.

b)         Cantidad total de la deuda pública, en colones; y, cantidad total de la deuda pública en moneda extranjera, particularmente en dólares y en euros.

c)         Porcentaje de la deuda pública cuyos acreedores son de origen nacional.

d)        Porcentaje de la deuda pública cuyos acreedores son de origen extranjero.

e)         Listado de las entidades/personas, tanto nacionales como extranjeras, acreedoras de esa deuda pública del país, detallando en cada caso el monto adeudado.

f)         Fecha de formalización de cada una de esas operaciones crediticias catalogadas como deuda pública.

g)         Finalidades de cada uno de esos créditos y entidad, público-privada, receptora en cada caso.

h)         Tasa de interés pactada en cada una de esas operaciones crediticias con cargo a la deuda pública.

i)          Porcentajes/cantidades pagadas por concepto de comisión en cada caso, tanto a personas/como entidades públicas y privadas.

j)          Fechas de concreción de cada crédito con cargo a la deuda pública del país.

k)         Listado de las entidades (bancario-financieras y jurídico-legales) que han intermediado en las operaciones crediticias del Estado con sus acreedores; así como en proceso de concreción de nuevos préstamos.

l)          Listado de vencimientos de pago del principal de créditos de la deuda pública al término del presente año 2021.

m)        Listado de vencimientos de pago a partir del año 2022.

n)         Respuesta a cada una de las interrogantes que quedaron planteadas en el documento enviado.

Compartimos el documento completo enviado a los jerarcas del Ministerio de Hacienda y Banco Central de Costa Rica.

Para declaraciones o entrevistas comunicarse con Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP al 88397171.

ANEP solicita al Banco Central y al Ministerio de Hacienda explicaciones sobre el pago abusivo de los inter… by EugenioGuerrero on Scribd

Municipalistas firmes en oponerse a nueva violación a su autonomía

  • Personal municipal asume reto institucional histórico
  • ANEP arranca proceso organizativo contra el proyecto de Empleo Público en municipalidades

Esta semana da inicio un proceso de sensibilización y de organización en las bases de, prácticamente, la totalidad de los municipios de Costa Rica, promovido por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en conjunto, con cada una de sus seccionales en todos los gobiernos locales.

El objetivo es que cada persona diputada de la Asamblea Legislativa constate el repudio que genera la inclusión de las municipalidades en el proyecto de Empleo Público; el cual contiene una nueva violación a la autonomía constitucional del régimen municipal, misma que ya había sido violentada desde la tramitación y aprobación impuesta con la Ley del Combo Fiscal, número 9635, en diciembre del 2018.

La idea central es dar a conocer un manifiesto a todas las comunidades en los respectivos cantones; al país en cuanto tal; y por supuesto a las autoridades legislativas de la República.

El régimen municipal debe ser fortalecido, especialmente, en momentos en los cuales la aceleración de las desigualdades y el nuevo impulso que se le da a la exclusión socioeconómica, requieren de los gobiernos locales una agresiva política social para evitar que se incremente la pobreza y la exclusión en los cantones del país.

Una de las principales actividades previstas en esta ofensiva de sensibilización y de organización de la ANEP para salvar la autonomía de las municipalidades, es la presencia en el propio parlamento de las delegaciones sindicales de las municipalidades de Costa Rica, en los próximos días; para mostrar el sentir generalizado de repudio a los diputados y a las diputadas que insisten en violar la autonomía municipal con el nefasto proyecto de Empleo Público.

La ANEP en conjunto con sus seccionales, impulsará la realización de un gran movimiento laboral de las municipalidades costarricense, con carácter histórico, luego de que se dé la manifestación de delegaciones municipales como indicamos anteriormente.

La posibilidad de un gran movimiento nacional municipal contra el proyecto de Empleo Público, incluye realizar diferentes coordinaciones con la finalidad de potenciar más la lucha social general de repudio al convenio con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Finalmente, la ANEP hace un vehemente llamado a cada alcalde y alcaldesa, a  los regidores y las regidoras de los concejos municipales; así como a la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), y a la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), para que junten voluntades, coordinen esfuerzos y compartan con  su personal y comunidades todas aquellas manifestaciones posibles de repudio al intento más grave de los últimos tiempos en contra de la autonomía municipal que representa el proyecto de Empleo Público.

San José, lunes 25 de enero 2021

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Walter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP.

Estudiantes de secundaria piden que se apliquen simulacros de pruebas F.A.R.O

  • Solicitud busca fortalecer conocimiento de estudiantes para enfrentar pruebas F.A.R.O.
  • Consideran que modalidad virtual-presencial no es eficaz.
  • Piden al MEP que analice la salud emocional de estudiantes.

El Movimiento de Estudiantes de Secundaria (MEDSE) envió una nota a las máximas autoridades del Ministerio de Educación Pública (MEP) con varios puntos, donde la principal petición radica en la suspensión de las pruebas para el Fortalecimiento de Aprendizaje para la Renovación de Oportunidades (F.A.R.O

En su lugar solicitaron que se aplique la prueba en forma de práctica, de modo de que los estudiantes tengan una especie entrenamiento para cuando ya les toque realizar el examen real.  

Dentro del documento enviado mencionaron que el rezago educativo que se ha tenido se viene arrastrando desde el 2018 cuando se perdió un trimestre debido a las protestas sociales.

Para el 2019 hubo una nueva jornada de manifestaciones, pero estas fueron contra el ex ministro, Edgar Mora Altamirano, lo que nuevamente generó atrasos en la formación de los estudiantes.

Continuando con el 2020 se dio la pandemia, que llevó a que suspendieran las clases presenciales, dando paso a la implementación de la educación virtual, pero con la limitante de que no todos los estudiantes cuentan con las facilidades económicas para conectarse y/o adquirir el material de trabajo.

Ya para el año en curso, el método mixto (presencial y virtual) no le ven eficaz, debido a que “esta modalidad no es eficiente, suponiendo que una sección se divida de 2 a 4 subgrupos (A, B, C, D) recibiendo materias académicas 2 veces por mes y un subgrupo por semana, únicamente se estaría asistiendo de manera presencial una vez al mes y como se dijo anteriormente el aprendizaje a distancia o virtual no es de un alto rendimiento”.

A los puntos cronológicos mencionados anteriormente, en la misiva le suman, la salud mental de los estudiantes y el golpe económico que vive la sociedad provocados por la coyuntura.

Los representantes del movimiento Elian Jiménez Campos y Yuliana Alfaro Chacón, presidente y vicepresidente, respectivamente le solicitaron a la ministra Cruz y a su equipo de trabajo que se les otorgue una reunión para poder exponer más a fondo la situación.

Además, en caso de que no se apruebe la anulación de las pruebas, solicitaron la disminución del porcentaje sumativo de las pruebas F.A.R.O y aumentar el valor de los instrumentos de medición sumativa, remitir material físico con prácticas e ítems semejantes a los de las pruebas, además de habilitar un apartado de preguntas o resolución de dudas sobre dichas pruebas.