ANEP rechaza un fondo de avales para beneficio de tagarotes

Las personas que hemos dedicado gran parte de nuestras vidas a la lucha social, de alguna forma estamos conscientes de que es posible encontrar cualquier tipo de persona en el ejercicio de la política, en nuestro país.
 
En tal sentido, es bueno hacer notar que una gran cantidad de sectores productivos, en el ejercicio de la política, han venido luchando con ahínco por lograr una conquista a la que han llamado fondo de avales; logro del cual ellos deben estar contentos y expectantes.
 
Nosotros, en ANEP, que creemos en el apoyo y en el protagonismo de las políticas públicas en favor de los sectores productivos, vemos bien eso de un fondo de avales.  
 
Sin embargo, nos genera una profunda indignación y un enorme enojo, la  frivolidad de la clase política que actualmente gestiona la cosa pública del país; pero, particularmente, en este caso, la desvergüenza de esta Asamblea Legislativa.
 
En términos sencillos, el fondo de avales es un instrumento jurídico y financiero pensado para reforzar, por una parte; y, por otra, y hasta para sustituir las garantías que respaldan las operaciones de crédito productivo; básicamente para aquellos que no pueden hacerle frente a la mismas por diversas razones ajenas a su propia voluntad.
 
El fondo de avales, presuntamente desde su propia concepción, está pensado para pequeños empresarios, pequeños comerciantes y los pequeños productores agropecuarios; las mujeres emprendedoras (mil veces golpeadas en la historia); los jóvenes emprendedores a quienes se les asesina la esperanza en sus narices; en fin, el fondo de avales es un instrumento pensado para las mayorías desventajadas y rezagadas por la política económica de los últimos años y profundizada por la pandemia.
 
Pero indigna muy poderosamente que, ahora sí, una vez hecho el esfuerzo de lucha por este tipo de fondo de avales para estos sectores, y según los sostenidos esfuerzos de sus representaciones gremiales legítimas; aparezcan los inescrupulosos y los oportunistas de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), junto a los de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC) -cuya hegemonía interna es la que imponen los banqueros privados-; para aprovechar la exagerada influencia política que tienen y asegurarse el control del fondo de avales que actualmente tramita la Asamblea Legislativa. 
 
¿Es acaso que la Uccaep y/o la banca privada, expresan y representan a don Cristino en San Vicente de Nicoya; a don Ramón, en Guácimo; a doña Valeria en Bijagua; a la familia Pérez en Santa Cruz, de Guanacaste; a los miles y miles de empobrecidos y olvidados en Limón, en las zonas costeras; a aquellos que abandonaron el sistema educativo, para procurar comida en la casa de sus familias. ¡Por supuesto que no!
 
Tales entidades expresan y representan a los pocos Gerardo Corrales, a los pocos Enriques Egloff, a quienes las garantías, si es que ocuparan créditos, les incomodan.
 
Esta Asamblea Legislativa no puede seguir burlándose de los ciudadanos y de las ciudadanas. La paciencia tiene límites, y nuestro pueblo trabajador está acercándose a ellos.
 
Este es el camino del enriquecimiento grosero y anticristiano de los que ya de por sí son ricos. Esta decisión no va en la lógica de la urgente reactivación económica del país. Así es el fondo de avales que están imponiendo el actual parlamento.
 
San José, miércoles 9 de junio de 2021.
 
Albino Vargas Barrantes, Secretario General
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto.
 
 
 
 

Narcotráfico se expande y MSP debilita Policía de Control de Droga

• Policías han perdido a sus familias por extenuantes jornadas
• ANEP se ha acercado al MSP, pero no ha habido interés en solucionar el problema.

Como ha quedado en evidencia tras los diversos operativos, Costa Rica dejó de ser un lugar de bodegaje de droga y pasó a ser un centro logístico muy atractivo para las organizaciones de tráfico internacional.

A pesar de la gran labor que hace el personal operativo, sus esfuerzos son casi en vano, ante el debilitamiento constante de la Policía de Control de Drogas (PCD)

Jonathan Flores Mata, Asesor sindical, manifestó que durante los últimos años le han externado la problemática de la falta de personal a los ministros de seguridad, pero más allá de lamentar la situación, no se han dignado a generar un cambio.

“O hay una falta de liderazgo o tienen más poder dentro de la institucionalidad las propias jefaturas de PCD o están protegiendo los intereses contrarios a los que la ciudadanía quiere. Es difícil no despertar ese morbo, ¿Para quién están trabajando?”, aseveró

Según datos otorgados por el MSP, desde el 2017 al 2020 participaron 2.900 personas por una plaza, pero solo se contrataron a 23.

La poca contratación de oficiales ha llevado a cabo un recargo de funciones importante, lo que le ha generado una afectación considerable a nivel de salud, familiar, entre otros factores para los policías.

“Les tienen roles que son contrarios a la salud. Ellos no tienen derecho prácticamente a una educación superior, no les dan ese permiso desde la Dirección General. Hay compañeros que han perdido a su familia, ya que prácticamente no los ven porque tienen jornadas extenuantes. Asimismo, hay compañeros y compañeras que tienen registro y las bitácoras que comprueban que han tenido jornadas de 32, 36 y hasta de 48 horas consecutivas, lo que es inhumano.”

Por parte de la seccional, se quiera dejar claro que a pesar de los múltiples esfuerzos en los que se ha buscado la solución, no hay mayor interés por parte del MSP. Además, de que la opinión pública pida cuentas del porqué la Administración no subsana este tipo de acciones que debilitan este cuerpo de policía técnico y especializado en combatir este flagelo que cada vez más se acrecienta en el país.

Zonas francas: ANEP aplaude acción jurídica de inconstitucionalidad emprendida por alcalde de Alajuela

– Zonas francas: les sobra protección jurídica y respaldo político

Expresamos nuestra más efusiva y sincera felicitación al señor Alcalde de la Municipalidad de Alajuela, don Humberto Soto Herrera, por la valiente y políticamente necesaria decisión de interponer una Acción de Inconstitucionalidad en contra de la Ley No. 9851; legislación que golpea duramente a aquellos gobiernos locales en cuyos territorios están instaladas empresas bajo el régimen de Zona Franca, pues obliga a esos municipios a la devolución de dineros cobrados por concepto de impuesto a bienes inmuebles.

La legislación cuestionada por el Sr. Alcalde de la Municipalidad de Alajuela es, además, sumamente necesaria pues sería nefasto para las arcas municipales devolución de dineros ya cobrados e incorporados al giro financiero ordinario de los correspondientes presupuestos; amén de que los tiempos de pandemia también han golpeado a los gobiernos locales.

Mientras en las comunidades, todas las personas propietarias honran el pago del impuesto a los bienes inmuebles, pese a la severidad de la crisis sanitaria y económica que estamos viviendo; de manera cínica las empresas de zonas francas pretenden la devolución de lo que han pagado por tal impuesto, sin mostrar ni la menor pizca de solidaridad activa con el sufrimiento y la angustia de miles de compatriotas.

Debemos rechazar, con especial énfasis, la manipuladora tesis política de los jerarcas ejecutivos de que tal acción de inconstitucionalidad interpuesta por don Humberto Soto Herrera, Alcalde de Alajuela, trae “inseguridad jurídica” a los grupos inversionistas; cuando éstos ya cuentan con tan amplia, diversa y sólida protección que, por el contrario, el régimen de zonas francas parece pretender que se le considere una “república independiente”.

Mal hicieron las señoras diputadas y los señores diputados que, de manera irresponsable y precipitada aprobaron tal ley 9851 (“Interpretación auténtica del inciso 4), del artículo 20 de la Ley No. 7210, Ley de Régimen de Zonas Francas”). Probablemente, la “orden” de legislar así fue dada desde Casa Presidencial y en los tiempos del “superministro” André Garnier Kruze.

Se legisló, en tal sentido, retroactivamente, a contrapelo del principio constitucional respectivo; además, se legisló en contra de los intereses de las comunidades que tales personas diputadas dicen representar en el actual parlamento, por demás, el más anti-obrero de la época de la Segunda República.

El régimen de Zonas Francas ha gozado, durante sus más de tres décadas de existencia en el país, de una protección jurídica en exceso, sin hablar del poderoso respaldo político al más alto nivel de parte de los partidos coludidos en la promoción del neoliberalismo excluyente y depredador: Liberación, Unidad y PAC, básicamente.

Es así que la alta cúpula ejecutivo-macroempresarial de las empresas de las zonas francas se puede considerar parte importante dentro del conglomerado de la plutocracia gobernante de la actualidad.

El dispendioso sistema de exenciones tributario-fiscales muestra lo grotesco de su situación archi-privilegiada, comparada con la situación socioeconómica de miles de personas trabajadoras desempleadas y de salarios precarizados; además de las decenas de miles de micro-pequeñas y medianas empresas, tratadas de manera inmisericorde con relación a un sistema tributario que, aparte de su perversa naturaleza regresiva, está corrupto.

En algún momento habrá que realizar una profusa investigación ante sospechas crecientes de la gran manipulación jurídico-legal del régimen de Zonas Francas, de cara a eventuales maniobras de cierto empresariado tico para realizar sus correspondientes actividades productivas engañando al fisco para ser cubierto por tan dispendioso sistema de exenciones que tiene tal régimen.

ANEP hace formal instancia al personal trabajador de la Municipalidad de Alajuela para que promueve diversas acciones de apoyo a su alcalde, don Humberto Soto Herrera.

San José, domingo 11 de abril de 2021.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto

Deuda pública llegó a los 30 billones de colones: ¡Cada costarricense “debe” 6 millones de colones!

  • No es el Empleo Público la causa de la crisis fiscal
  • ¡Cada costarricense “debe, 10 mil dólares! es la deuda pública per cápita.
  • Pago de intereses, por hora, es de 230 millones de colones al inicio del 2021

Con base en el informe más reciente en la materia, emitido por la Contraloría General de la República (CGR), ente fiscalizador de hacienda pública nada amigable con el empleo público, la impagable (en criterio nuestro), deuda pública ha llegado, al terminar el año pasado 2020, a los TREINTA BILLONES DE COLONES. En cifras, hay que escribir el número 30 seguido de 12 ceros (30.000.000.000.000).

Es ésta la verdadera y profunda causa de los serios problemas fiscales del país; los cuales se agravan porque esa gigantesca e impagable deuda pública está demandando, al inicio del presente año 2021, la no menos gigantesca carga de 230 millones colones, por hora, en pago de sus intereses, calificados como obscenos en las mismas esferas de la hegemonía económica dominante, que es la del fanatismo neoliberal.

Treinta billones de colones de deuda pública (30.000.000.000), nos indican que cada persona costarricense viva en estos momentos (bebé, infante, niño-niña, adolescente, persona joven, adulto joven, adulto y de tercera edad), está “debiendo” 6 millones de colones.

Treinta billones de colones de deuda pública (30.000.000.000), convertidos en dólares estadounidenses, promediando un valor de 615 colones de tipo de cambio, indican que equivalen a 48 mil 780 millones de $ (exactamente, 48.780.487.804, 87). Para mejor comprensión, de manera redondeada, la deuda pública es de 50 MIL MILLÓNES DE DÓLARES: 50.000.000.000.

En consecuencia, con una población costarricense de 5 millones de personas, la deuda pública, per cápita, en moneda estadounidense, es de 10 mil dólares.

Esta monstruosidad de las cifras de deuda pública, al cerrar el año pasado 2020, aunada a la espantosa circunstancia de un pago de intereses por hora de 240 millones de colones (al inicio del 2021), es la base fundamental del problema fiscal nacional; por ende, no es el empleo público. ¡No lo es y nunca lo ha sido!

He aquí la gran patraña, la más grande manipulación de la opinión pública desde la fundación de la denominada Segunda Pública, en 1949, de que el empleo público era la razón de todos los males, fiscales y no fiscales, del país.

Si gigantesca es la magnitud de la deuda pública al término del 2020, como su pago obsceno de intereses por el orden de los 240 millones de colones cada 60 minutos; políticamente hablando, estamos presenciando y sufriendo la gigantesca irresponsabilidad de la mayoría mecánica que en la Asamblea Legislativa no abordan este tema; y, por el contrario, siguen impulsando la Ley Marco de Empleo Público, plagado de inconstitucionalidades y otras aberraciones jurídicas; proyecto que, ni en lo más mínimo, aportará a superar el problema más que gigante del endeudamiento público.

Por el contrario, lo realmente urgente es, por una parte, emitir una ley para la realización de una Auditoría Ciudadana de la deuda pública y, a la vez, entrarle con fuerza a su renegociación, a su reingeniería, a su redimensionamiento. Por otra parte, mediando un gran pacto nacional de fuerzas políticas y sociales, fomentar una revisión integral de todo los aspectos y contenidos de la situación fiscal-tributaria nacional.

Téngase en cuenta que, por ejemplo, el abusivo pago de intereses de la deuda pública está golpeando la calidad de servicios públicos fundamentales, precarizándolos al máximo; que está dificultando la reactivación económica y que está empobreciendo, de manera acelerada, a amplios sectores de las capas medias a las cuales se les está exigiendo más cargas tributarias.

A la vez, es sabido que el mismo déficit, la propia y su pago de intereses está representando un extraordinario negocio financiero que enriquece a una minoría plutocrática ya de por sí con amplios márgenes de acumulación.

El pueblo trabajador, más allá de quienes deben reaccionar con urgencia, que es el sector laboral del empleo público, debe movilizarse en todos los niveles posibles; considerando ante que urge el establecimiento sobre la marcha de una coalición cívica urgente y para la acción, antes de que nos terminen aplastando la actual camarilla gobernante, neoliberalmente desalmada.

San José, viernes 9 de abril de 2021.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP

En ANEP Rechazamos y Condenamos el no pago de Excedentes de las Cooperativas y cualquier responsabilidad que se le quiera Endilgar a nuestra Organización Sindical

La actuación de las cooperativas de ahorro y crédito de negarse a entregar excedentes o dividendo para el año 2021 debe ser calificada de ilegal.

No existe ningún fundamento legal para que dichas entidades se nieguen a entregar dineros que son de sus afiliados, cuando, por el contrario, la Ley de Asociaciones Cooperativas No. 4179 establece en su artículo 3 inciso c), que es el deber de dichas entidades la «Devolución de excedentes y aceptación de pérdidas por parte de los asociados en proporción a las operaciones que realicen con la cooperativa de acuerdo a su participación en el trabajo común».

Resulta altamente cuestionable que se justifique la negativa de entregar excedentes por parte de las cooperativas como una «medida preventiva» en caso de ser acogida la acción de inconstitucionalidad contra la ley 9918 planteada por la ANEP ante la Sala Constitucional.

En este sentido, se debe aclarar que dicha acción de inconstitucionalidad únicamente se opone a los rebajos automáticos de planilla al salario mínimo inembargable, el cual es un derecho fundamental de los trabajadores, protegido por la Constitución Política.

Pero dicha acción, no libera a las personas deudoras de su responsabilidad con sus créditos, pues igualmente éstos mantendrían el deber de pagar en ventanilla; sino que únicamente se pretende devolver al trabajador la capacidad de disponer de su salario como estime más conveniente.

El rebajo automático de planilla a los salarios mínimos es una práctica inconstitucional e ilegal, que fomenta la miseria y hambruna entre la población costarricense, y que lamentablemente ha sido utilizada por las cooperativas durante muchos años para asegurarse el pago de créditos.

Para las entidades cooperativas, el rebajo automático de planilla a los salarios mínimos ha sido una mera facilidad para asegurar pagos más ágiles, pues igualmente tienen acceso a las correspondientes gestiones de cobro como cualquier entidad financiera.

Sin embargo, ante la posibilidad de que se elimine dicho recurso, la defensa cobarde de dichas entidades ha sido otra ilegalidad como la retención de dividendo o excedentes a sus usuarios.

La ANEP condena esta actuación por parte de algunas cooperativas de ahorro y crédito, fomentada por la misma SUGEF y su jerarca Rocío Aguilar, y las insta a respetar el ordenamiento jurídico costarricense, pues de lo contrario se exponen a acciones legales directas por el atropello a los derechos económicos fundamentales de los trabajadores.

Igualmente se invita a todas las personas que se estén viendo afectadas por esta medida ilegal, a acercarse a la ANEP para realizar las gestiones legales correspondientes para luchar por la restitución de sus derechos económicos y sociales.

ANEP y FECTSALUD solicitan postergación de acuerdo de reformas al régimen IVM-CCSS

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y la Federación Costarricense de Trabajadores de la Salud (FECTSALUD), solicitaron a la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) la postergación en la toma decisiones y acuerdos para reformar el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

La posición de las organizaciones sindicales, plasmada en la carta enviada a la Junta Directiva de la CCSS, indica que al ser un tema de gran relevancia para patronos y personas trabajadores (cotizantes), consideran que no ha sido sometido a conocimiento ni discusión profunda de los interesados.

“Les recordamos que por Legitimidad Jurídica (artículos constitucionales números 73 y 177), los seguros sociales que administra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), tienen inherente vinculación de un tripartidismo contributivo, que son Gobierno, Patronos y Trabajadores, los que deben ser consultados y considerados en su opinión e intereses”, indica el documento.

La solicitud de ANEP y FECTSALUD nace luego de conocer que, en el seno de la Junta Directiva de la CCSS, se discute modificaciones al régimen de IVM, aprovechando el estado de pandemia del país, modificaciones que incluirían el aumento de la edad de retiro hasta los 65 años, así como un aumento en la cotización y la reducción del monto a recibir por la jubilación.

“Consideramos que la Junta Directiva, Presidencia Ejecutiva y cuerpo gerencial de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), sabiendo de las limitaciones y alejamientos causados por la pandemia del Covid-19, y acatando las disposiciones emitidas rígidamente como medidas sanitarias, son razonado impedimento al diálogo social; por lo que ustedes deben reflexionar y valorar un acuerdo prudente de postergación ante reformas del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)”, indica la misiva.

En ANEP y FECTSALUD, hemos venido por meses analizando la propuesta institucional, publicada en mayo de 2020. Contamos con un equipo profesional en materia y queremos hacer llegar nuestros planteamientos correspondientes ante esa Junta Directiva y la sociedad en general.

Niegan información

Otro de los cuestionamientos realizados por la ANEP y FECTSALUD, es que la Junta Directiva de la CCSS ha negado información respecto al régimen de IVM para su estudio y la generación de propuestas, por lo que tuvieron que acudir a la Sala Constitucional.

“Ante esa Junta Directiva, procedimos desde el 28 de septiembre de 2020, a solicitar información relacionada con la base de datos técnicos que nutren su propuesta de reforma que, ciertamente, hemos sido correspondidos en parte de la información solicitada, quedando a deber otras informaciones primordiales; por lo que nuestra  solicitud aún tiene pendientes de entrega respecto de nuestro oficio de petición del pasado 28 de septiembre 2020, los puntos 1, 2, 3, 4, 5, 13 b) a 13 e), 14,15, 19, 20, 21, 22, 29, 30 y 33, por lo cual se violenta el principio constitucional de respuesta cumplida y suministro de información de interés público”, indicaron.

Para las organizaciones sindicales, firmantes de la solicitud, es claro que el régimen de Invalidez Vejez y Muerte, requiere de modificación para su conservación en el tiempo, para lo cual se requiere un poco más de tiempo y la inclusión de otros actores sociales y no de la forma abrupta que pretende realizar la Junta Directiva de la CCSS.

Para declaraciones o entrevistas comunicarse con Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP al 8839-7171 o con Carlos Gómez Ramos, Secretario General SISSS al 8830-2423

Trabajadores del CTP denuncian pésimo manejo de casos Covid-19 en la institución

Solicitan intervención del Ministerio de Salud

Varios trabajadores del Consejo de Transporte Público (CTP) denunciaron ante la Seccional ANEP-MOPT-CTP-Policía de Tránsito, su preocupación por el manejo que ha realizado la institución ante los casos positivos de Covid-19 que se han presentado en los diversos departamentos.

La incertidumbre se apoderó aún más de los trabajadores, luego de conocer el lamentable descenso de uno de sus compañeros, la semana anterior, debido al Covid-19.

Joyce Bustillos Fonseca, Presidenta de la seccional ANEP-MOPT-CTP-Policía de Tránsito detalló que les preocupa enormemente que en el CTP la situación de la pandemia por Covid-19 no es prioridad.

“No se están realizando los aislamientos necesarios, no se está cumpliendo con el tema de enviar a la gente a la casa por nexo, el tema de sanitización es otra preocupación. A esto se agrega y la ausencia de protocolos por departamento, ya que cuando una persona de cierto departamento da positivo por Covid-19, sólo se envía a esa persona a aislamiento, mientras los demás siguen laborando”, explicó Bustillos.

Bustillos indicó que incluso la semana pasada, los días lunes y martes, dos compañeras presentaban síntomas de resfrío con tos y estornudo, sin embargo, aun así, fueron a laborar por órdenes de sus jefes, para el día miércoles dieron positivo por Covid-19. Pese a esto las autoridades del CTP no informaron de la situación y simplemente solicitaron al personal de ese departamento sacar vacaciones por dos días, ya hoy lunes se encuentran laborando.

Incluso, la seccional denuncia, que el pasado jueves 13 y viernes 14 de mayo, tres funcionarios del Departamento de Servicios Generales, por orden de Lidier Vázquez Chamorro, jefe inmediato, tuvieron que trabajar, dicha situación va en contra de las Directrices (Comunicado Interno DM-2021-1280 circular, CTP-DE-OF-0594-2021, Directriz-S-MTSS-MIDEPLAN del 25 de marzo de 2020 y sus respectivas reformas, así como el cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios del Ministerio de Salud y del Comunicado Interno CTP-DE-OF-0707-2020 emitido por el Director Ejecutivo el día 11 de mayo de 2021), sin embargo, en el transcurso del propio días viernes, de “forma precipitada” enviaron a los tres funcionarios a la casa y sin ninguna explicación.

“Como es posible que no se tenga un protocolo para este tipo de situaciones, nos mandan a nuestras casas sin ninguna información o razón, poniendo en riesgo a nuestras familias. Por su parte el departamento de Salud Ocupacional hace caso omiso a nuestras preocupaciones a pesar de existir los casos de Covid-19 en la institución.”, expresó la representante sindical. 

Ante esta situación, la seccional ANEP-MOPT-CTP-Policía de Tránsito solicitó al Ministerio de Salud la intervención en el Consejo de Transporte Público, con el fin de revisar la forma de como se maneja los casos Covid-19 en la institución, ya los casos van en aumentos, así como la hospitalización de funcionarios. 

Ante la petición de declaración de alerta roja por las gerencias de la Caja: ¿y de dónde cogemos la plata que demandará tal situación?

  • ANEP propone moratoria parcial del obsceno pago de intereses de la deuda pública
  • Se podría disponer de hasta unos 630 mil millones de colones

Las máximas cúpulas político-gerenciales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS): gerencias General, Médica, Administrativa, Financiera, Logística, Pensiones, Infraestructura y Tecnología; así como la dirección del Centro de Atención de Emergencias y Desastres; enviaron una desesperada carta al Dr. Román Macaya Hayes, en su condición de Presidente Ejecutivo de la institución, planteando lo que para tales autoridades es la Saturación Hospitalaria ante el estado actual de la situación de la pandemia del covid-19.

Solicitan a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) “…la declaratoria que corresponde en razón del nivel de emergencia en que nos encontramos frente a la saturación de los servicios de salud, que ha ocasionado el aumento exponencial de casos COVID 19; estando dicha comisión facultada por Ley para declarar la alerta que se requiere de manera urgente”.; pues, “…ya se ha manifestado de forma reiterada que se ha materializado el riesgo y se ha producido la saturación de los servicios de salud y por lo tanto, se tienen suficientes elementos objetivos,…” para una alerta roja.

Se indica en la carta al presidente ejecutivo de la CCSS que, la “Alerta Roja se reserva para momentos donde se determine la saturación en la capacidad de respuesta, por ejemplo, saturación de los servicios de salud”.

Una eventual declaratoria de alerta roja como lo plantean las cúpulas gerenciales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), implicará una mayor movilización de recursos humanos: profesionales, técnico-especializados, asistenciales y de servicio; y, a la vez, de recursos financieros que, presuntamente, no estarían disponibles para enfrentar el mayúsculo reto de una alerta roja por saturación hospitalaria.

Y es aquí, en tal situación, que Alvarado y su gobierno deben hacer una escogencia fundamental: la salud y la vida de las personas; ó, la salud del sistema bancario-financiero que se encuentra tan excesivamente robusto que llegó la hora de pedirle un aporte solidario con la urgencia requerida.

ANEP propone, así las cosas, que se decrete una moratoria del pago de intereses de la deuda pública, al menos por un trimestre, 90, días de manera tal que el país y su sistema de salud dispongan de una cantidad de dinero fresco por la cantidad de 630 mil millones de colones, equivalentes a un 1.75 % de Producto Interno Bruto (PIB).

Bien se sabe que la impagable deuda pública ha llegado a tal nivel que está demandando un obsceno pago diario, cada 24 horas, de, prácticamente, 7 mil millones de colones, según lo ha reconocido el propio Ministerio de Hacienda.

Es hora de decisiones estratégicas, realmente heroicas, en función del bien común y de la salud de las personas trabajadoras, principalmente; las cuales, por ejemplo, no tienen dinero para salir del país a vacunarse.

«La élite económica en estas circunstancias debiera concertarse para patrocinar planes de ayuda al sector más vulnerable de nuestra población. La gente pierde su trabajo, pierde su remuneración, carece de medios y, encima, los obligan a encerrarse en sus casas». De manera atinada, lo ha planteado el pensador latinoamericano, filósofo chileno, Gastón Soublette, en su reciente entrevista para BBC-Mundo.

Si el 75 % de la deuda pública costarricense está centrada en deuda pública interna; y si ésta es, en gran parte, entre entes del sector estatal (“se coge plata de un bolsillo para pasarlo a otro del mismo pantalón”), no habrá grandes riesgos de descalabro financiero y, mucho menos, de que se diga que esta operación de reingeniería financiera intra-sector Público, es una especie de default; considerándose que el principal de la deuda se mantendrá intocado.

Téngase en cuenta que la Alerta Roja podría potenciar, todavía más, el autoritarismo gubernamental de seguir impulsando cierres económico-sociales para afectación de las más amplias mayorías de la población costarricense; con los efectos multidimensionales (sociales y culturales y ya no solamente económicos) que hacen que la pandemia, sin dejar de serlo, ahora sea una sindemia; según lo ha denunciado el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE), de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), en su carta oficio CICDE-023-021, fechado 7 de mayo, dirigido a la Presidencia de la República y su Ministro de Salud, así como a las presidencias de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE).

Repetimos, la propuesta de ANEP para destinar el pago de obscenos intereses de la deuda pública, al menos por 90 días, para enfrentar la Alerta Roja de la Saturación Hospitalaria que está generando la pandemia y ante la transición de ésta (sin dejar de serlo), a la situación de sindemia (como lo plantea el CICDE-UNED); no implicará riesgo de colapso financiero ni mucho menos asomo de un default.

San José, domingo 10 de mayo de 2021.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto

Todo listo para la Gran Manifestación Laboral en defensa de la Autonomía Constitucional del Régimen Municipal

• Fuera manos de Alvarado de las municipalidades

Un fuerte conglomerado del personal municipal costarricense se manifestará este martes 23, exigiendo que el gobierno de Carlos Alvarado Quesada saque sus manos de las municipalidades.

Los y las manifestantes, procedentes de las municipalidades metropolitanas y de zonas rurales, se juntarán, a partir de las 9 a. m., en el parque La Merced, en San José (centro), para desfilar, de manera pacífica, hacia la horrible sede de la Asamblea Legislativa.

Nunca antes un gobierno había intentado tanto, de manera insistente pero torpe y peligrosamente, acabar con la autonomía constitucional del régimen municipal, como lo ha hecho la administración de Carlos Alvarado Quesada.

De manera más que lamentable, en el ataque anti-municipal, han participado los partidos del co-gobierno con el PAC, Liberación, Unidad, Restauración y Nueva República.

El proyecto Ley Marco de Empleo Publica, expediente legislativo 21.336, representa el más grave intento por acabar con la autonomía constitucional de las municipalidades desde la entrada en vigencia de la Constitución Política de Costa Rica, el 7 de noviembre de 1949.

El clamor cívico-obrero e institucional en la práctica totalidad de los gobiernos locales del país es fuertemente abrumador: las municipalidades debe ser excluidas de la pretendida e inconstitucional Ley Marco de Empleo Público.

Se espera la presencia activa de grandes delegaciones de, al menos, 60 municipalidades del país; mostrándose así lo que podría ser la más grande muestra de la cultura socopolítica del municipalísmo costarricense de toda su historia.

ANEP invita a organizaciones amigas y a ciudadanía patriótica a solidarizarse con la defensa de los valores democráticos de la Constitución de 1949 que representa la manifestación de las municipalidades este martes 23 de marzo.

Albino Vargas Barrantes
Wálter Quesada Fernández
ANEP

Sindicato ANEP-AyA cuestiona medida transitoria de Acueductos y Alcantarillados al considerarla política y no técnica

Comunicado de Prensa

Sindicato ANEP-AyA cuestiona medida transitoria de Acueductos y Alcantarillados al considerarla política y no técnica

El sindicato de ANEP en Acueductos y Alcantarillados (AyA), cuestiona la medida transitoria adoptada por la institución para atender casos de recibos con incrementos anormales, al considerarla como una estrategia política, la cual no subsana las verdaderas razones de las altas facturación durante la pandemia.   

Para el sindicato, el informe de la Auditoría Interna de AyA (AU-2020-00506) es claro y contundente, debido a que revela los factores por los que se dan las altas facturaciones, algunos de estos están asociadas a los problemas de gestión y mal funcionamiento de los hidrómetros.

“Dicho informe indica que, existen 299,696 hidrómetros instalados en el campo que registran el rango de siete o más años de instalación, cumpliendo con su vida útil.  Así mismo, 118,305 hidrómetros presentan registro de consumos mayores a los 3,000 metros cúbicos, contraviniendo esta situación a lo dispuesto por la Junta Directiva en cuanto a criterio operativo para el cambio de medidores, detalló Ivonne Mata Núñez, miembro del sindicato ANEP-AyA.

La medida transitoria aprobada por AyA, regirá a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, y se aplicará cuando se cumplan los siguientes escenarios. 

Tarifa residencial: cuando el consumo sea mayor a los 15 metros cúbicos y se presente un aumento del consumo cliente de más de un 25% respecto a su histórico.

Tarifa comercial u ordinaria: cuando el consumo sea mayor a los 25 metros cúbicos y el aumento de consumo sea de más de un 100% con respecto a su histórico.

Ambos escenarios se aplicarán solamente si las causas no sean atribuibles al cliente, como fugas internas o variación de hábitos de consumo, lo cual se corroborará mediante inspecciones de campo.

Este transitorio aprobado por la Junta Directiva del AyA estará vigente por 24 meses. Además, se podrá aplicar a casos de “alta facturación” presentadas en el periodo comprendido del 20 de marzo de 2020 a l14 de abril 2021, según detalla el comunicado de prensa enviado por AyA.

Para Ivonne Mata Núñez, esto quiere decir que dejan el problema para el próximo Gobierno, porque no aseguran que al finalizar la medida no se presentarán errores en las facturaciones y cobros altos.

“Esta medida evidencia que la administración de AyA ha mentido todo este tiempo de pandemia a los usuarios, ya que prácticamente aceptan que hubo errores en la facturación y no explica un fundamento técnico para su aplicación, más bien pensamos que es una medida 100% política en un período de campaña electoral. El AyA en la representación de Tomas Martínez (Presidente Ejecutivo) está aplicando una medida paliativa para los altos consumos en la facturación”, manifestó Mata.

Otro de los cuestionamientos del sindicato ANEP-AyA es que el jerarca de la institución manifestó que la aplicación de este transitorio traerá un ahorro por el tema de reclamos, pero no expone cual es ese ahorro que viene a compensar el hueco económico al dejar de percibir, casi 800 millones de colones mensuales, como así lo expresaron a la prensa.

“Ponen en riesgo financiero a la institución, ya que con esta medida habrá una diferencia entre lo facturado y lo cobrado, el AyA deberá asumir el Impuesto al Valor Agregado y con los números en rojo creemos que no tendrá la capacidad para asumirlo”, aseveró Edwin Marín, presidente del sindicato ANEP-AyA

Otra de las preocupaciones de la seccional, recae en la inversión de una Plataforma Tecnológica como solución a todo el problema de facturación, la cual ha sido impulsada desde la Presidencia Ejecutiva, sin embargo, se desconoce de dónde saldrán los dineros para su implementación. 

“Nos preocupa enormemente que tenga la institución que solicitar un aumento tarifario para que el gobierno entrante le haga frente a este compromiso, por un lado, le dan al consumidor y por otro lado le quita. Lo anterior, porque bajo fe de juramento Manuel Salas (ex Gerente General de AyA y ahora Subgerencia Ambiente y Desarrollo) en la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, indicó que la plataforma se financiaría con recursos públicos, pero no han querido mostrarnos el presupuesto 2021 donde compromete esos recursos ni los flujos de caja proyectados, frente a un estado de resultados que muestra sus números en rojo”, cuestionó Marín.

Por estas razones la seccional considera como un paliativo totalmente político la medida transitoria impulsada desde la Presidencia Ejecutiva, que podría poner en riesgo a la institución y con esto terminar de afectar a los consumidores.

Para declaraciones o entrevistas comunicarse con Edwin Marín, Presidente ANEP-AyA al 6017-8216 o Ivonne Mata Núñez, miembro del sindicato ANEP-AyA al 8837-6030