Categoría: Comunicados de Prensa

Denuncia ANEP: INA paga más de 490 millones de colones en salarios a funcionarios que no laboran en la institución

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–ANEP expuso dicha problemática ante las máximas autoridades del INA, a la fecha el problema persiste.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), a través de su seccional ANEP-INA, denuncia ante la opinión pública el gasto injustificado y malos manejos con los fondos del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), ya que en la actualidad existen varios funcionarios, que se encuentran laborando fuera de la institución, sin embargo, continúan activos en la planilla del INA; es decir el INA paga sus salarios.

Este escenario se viene presentando desde el año 2018, mediante una serie de convenios, en los que el INA presta funcionarios a otras instituciones del Estado hasta el año 2022, asumiendo el Instituto el pago de salarios por un monto total de ₡490.688.775.00. Incluso dejando plazas vacantes congeladas en la institución que son esenciales; o en algunos casos recargando funciones a trabajadores del INA.

En uno de los casos un funcionario de la Unidad de Servicio al Usuario (Agencia Nacional de Empleo) del INA, con un salario mayor a los 1.7 millones de colones, fue trasladado al Instituto Costarricense de puertos del Pacifico (INCOP). Actualmente el pago de las remuneraciones que percibe este funcionario siempre han sido cubiertas por el presupuesto del INA, su clave (puesto) no cuenta con sustituto, porque la misma se encuentra presente en la relación de puestos de forma activa para poder hacer efectivo el pago de su salario. El cargo dejado está siendo atendido mediante la figura de recargo de funciones por otra funcionaria de la institución.

En el cuadro adjunto se puede ver el salario percibido por cada funcionario, así como la institución en la que se encuentra laborando a través del convenio interinstitucional y la proyección de lo que estaría cancelando el INA a cada funcionario durante el tiempo de vigencia de cada acuerdo.

Freddy Bonilla, Presidente de la Seccional ANEP-INA, manifestó que esta situación es del conocimiento pleno del Presidente Ejecutivo, la Gerencia General, Unidad de Recursos Humanos y de todos los funcionarios. Ya que la ANEP expuso dicha problemática ante las autoridades del INA y a la fecha el problema persiste.

“Al tener conocimiento de que existen compañeros fuera de nuestra institución y que el INA asume su salario correspondiente de manera mensual, nos cuestionamos: ¿Por qué la Administración cede funcionarios a otras instituciones Públicas y no puede solventar las necesidades internas?, como por ejemplo el Núcleo Agropecuario hace ya más de 4 años que no tienen jefatura, además hace 2 años no hay encargado de Planeamiento y Evaluación y todavía no ha sido nombrado, por lo que por el exceso de trabajo se ven recargados los compañeros administrativos, así como los docentes.”, detalló el presidente de la Seccional de ANEP.

Para Bonilla, saltan a la luz muchas interrogantes sobre el manejo de estos convenios y el por qué el INA está incurriendo en esta erogación de pagos y qué papel asume el Servicio Civil, y si este último tiene conocimiento o no de estos convenios.   

“No sabemos cuál es la política de esta administración al otorgar plazas que realmente necesitamos para cederlas a otras instituciones, sabiendo que de un modo u otro se está pagando una duplicidad de funciones. ¿Por qué la Administración avala dichas erogaciones en donde Costa Rica sufre esta pandemia y la directriz del gobierno es disminuir el gasto?”, finalizó Bonilla

Cuadro sobre funcionarios trasladados del INA a otras instituciones.

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Fallas en planificación ponen en jaque recursos del MSP

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  • Ministro Soto anuncia “policías sin botas ni uniformes para el 2021 por recorte en presupuesto”.

El ministro de Seguridad, Michael Soto Rojas, anunció que los recortes en el presupuesto dejarían policías sin uniformes ni botas para el año 2021, inclusive, nos dice que se vería afectada la reparación de vehículos y pago de alquileres de delegaciones. Aunque en otras ocasiones hemos secundado ese discurso, porque tenemos clara la importancia de que nuestros abnegados policías cuenten con las herramientas e insumos necesarios para el desempeño de sus funciones, consideramos oportuno apuntar que, olvida el señor ministro que en la actualidad (2020), muchos funcionarios carecen de botas y uniformes, se ha reducido la alimentación y que muchas delegaciones siguen esperando ser intervenidas.

No se logra entender y digerir, como un ministerio con tantísima necesidad, devolvió en el año 2019, hace poco, la suma de ₵3.273 millones porque no pudo ejecutar esos recursos. Esa es una historia repetida año tras año, a pesar de cientos de delegaciones en mal estado, falta de botas, uniformes, cinturones, fundas, chalecos ¡se devuelve dinero por imposibilidad de ejecución! Ello solamente se puede atribuir a falta de planificación, mala gestión de los departamentos y funcionarios responsables, o problemas con el sistema de gestión y ejecución de compras. Si lo ultimo fuera la causa, desde hace mucho se debieron promover las reformas útiles y necesarias, a efectos de maximizar el uso de los recursos y, por ende, mejorar las condiciones de la población policial, así como la seguridad ciudadana.

La bandera que hemos levantado en ANEP se relaciona con la reivindicación de la función policial, hemos defendido la inyección de recursos, nos hemos opuesto a la reducción de los mismos, no obstante, no hemos observado las mejoras que se requieren con urgencia. Impuesto a sociedades, impuesto al banano, recursos de la CNE, donaciones millonarias de la República Popular de China o de los Estados Unidos de América. Por ejemplo: China donó más de ₵3.300 millones en el 2018, EEUU viene donando de manera sostenida equipo, dinero e insumos, pero ¡no alcanza!

Así las cosas, nos parece que el ministro Soto debería explicar las razones por las cuales nuestros uniformados carecen de botas y uniformes en la actualidad, al mismo tiempo que se ha limitado la alimentación en las delegaciones y se sigue desatendiendo lo ordenado por la Sala Constitucional en cuanto a la reparación inmediata de delegaciones insalubres.

Es preciso planificar, fiscalizar, priorizar y maximizar los recursos con que cuenta el MSP, para el cumplimiento de sus competencias.

Para declaraciones o entrevistas comunicarse con Mainor Anchía, Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública al 8432-2880.

Impuestos: ¡son los grandotes los que deben pagarlos!

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  • Los “gigantes” de la evasión y de la elusión deben asumir su responsabilidad
  • La clase media no soporta más agresiones económicas
  • El pueblo trabajador ha sido siempre puntual pagador de impuestos
  • Ministro de hacienda debe salir del Gobierno
  • Urge una acción civil de resistencia pacífica bien coordinada

Nuevamente, tal y como lo dijimos a pocas horas de darse a conocer el pretendido plan entreguista de Alvarado con el FMI, reiteramos, de manera categórica, que Costa Rica no ocupa de convenio alguno con el Fondo Monetario Internacional. ¡Sobran alternativas!

Rechazamos, con vehemencia absoluta, que se pretenda imponerle más impuestos, todos de un profundo carácter regresivo, al pueblo trabajador en todas sus dimensiones (con empleo y salario fijo, el que está en la informalidad, el que sufre el dolor del desempleo); tanto como rechazamos con toda contundencia que sea la clase media, hoy muy golpeada y vulnerabilizada económicamente hablando, la que siga llevando el peso abrumador de un sistema tributario perversamente injusto.

Ambos segmentos sociales de la población del país, han sido puntuales pagadores de impuestos; principalmente los más notables: el de ventas al momento de la compra en la caja registradora; el de renta salarial, es deducido directamente de la planilla; el de bienes inmuebles, siempre honrado cada año, ante la municipalidad correspondiente.

Repudiamos las provocadoras e insensibles palabras del Ministro de Hacienda, Elián Villegas Valverde, manifestando que la clase media “debe pagar más”. Este jerarca debe salir del Gobierno no solamente por torturar más a quienes menos responsabilidad tienen con relación al déficit fiscal; sino por mostrar ya una complaciente conducta política con la incontenible evasión tributaria y elusión fiscales, tal y como lo hicieron sus antecesores en el cargo.

He aquí la clave de los impuestos: ¡Son los grandotes los que deben pagarlos! Los que han disfrutado de los 3 mil 800 millones de dólares anuales en defraudación tributaria, con ropaje legal o sin él; los que han venido recibiendo los 6 puntos de Producto Interno Bruto (PIB), en exenciones-exoneraciones. Los que han venido metiendo “mano peluda” para que el cobro administrativo de deudas tributarias, en Hacienda, no opere como es debido y se roben expedientes con toda impunidad.

Alertamos al pueblo trabajador, al micro-pequeño y mediano empresariado, a la clase media que un discurso de “NO MÁS IMPUESTOS”, a secas, es una tramposa jugada de los grandotes de las mega-riquezas acumuladas; es una tramposa jugada de los “gigantes” de la evasión y de la elusión, esos que son “expertos” en declarar cero ganancias y/o declarar pérdidas. Una tramposa jugada para continuar en esa ruta perversa que nos tiene al borde del cataclismo económico-social; con grave riesgo sistémico de quiebra-país, llevando al precipicio a quienes sí han sido pagadores puntuales de impuestos.

El enojo del pueblo es total. Urge una acción civil de resistencia pacífica bien coordinada, debidamente articulada, de gran impacto y simultaneidad agobiante para este gobierno, el cual ya no tiene ni la menor pizca de apoyo de la ciudadanía honesta del país, que es la de la abrumadora mayoría.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto

En pandemia policías migratorios deben compartir chalecos antibalas

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La seccional ANEP- PPM denuncia dos puntos importantes y que preocupan mucho al personal en relación a la crisis actual que se vive por la pandemia y de los cuales muchos oficiales han salido contagiados.

El primer elemento, es que los chalecos antibalas, elemento fundamental para el desarrollo de la labor operativa se encuentran vencidos, por este motivo la Unidad de Armería se encuentra recogiéndolos, pero lamentablemente no se están reponiendo.

Los oficiales que entran a trabajar deben recibir chalecos los sudados de sus compañeros

Lo que lleva al segundo punto y es que para no salir desprotegidos, deben compartirlo con quienes acaban de salir de turno. Esto se encuentra completamente fuera de los lineamientos de higiene y segundo por las acciones operativas la mayoría están sudados y oliendo mal.

Gran cantidad de los uniformados y de parte de la seccional ANEP Policía Profesional de Migración le piden a los altos mandos acciones prontas, a fin de que los casos de covid 19 dentro de los oficiales y usuarios no continúe en aumento.

Ya de parte de Gerardo Mora, presidente de la seccional se le solicitó la información al señor Stephen Madden Barrientos, Director de la Policía Profesional de Migración información al respecto para saber cual va a ser el accionar de la institución.

7 mil personas trabajadoras empleadas públicas obligadas a “auto-despedirse”

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  • ¡ENCUBIERTOS, PERO DESPIDOS A FIN DE CUENTAS!
  • Administración determinará cuál puesto es “prescindible”
  • “Economía” fiscal es inversamente proporcional al desastre social en desarrollo

Las 7 mil plazas de empleo público que el Gobierno pretende suprimir, como parte de su entrega al Fondo Monetario Internacional (FMI), anunciadas como “movilidad laboral”, en realidad serán despidos puros y duros, dado que será la administración de cada entidad la que, de manera unilateral y vertical, determinará su carácter de puesto de trabajo “prescindible”. No es difícil imaginar el grave enfrentamiento intra-institucional que esta dura realidad causará.

La injusta medida, impregnada de una fuerte carga ideológica anti-obrera, castigará, fundamentalmente, a las entidades del Poder Ejecutivo, básicamente los ministerios y los entes adscritos a los mismos. Medida más que injusta pues en este tipo de instituciones se devengan los salarios más bajos y precarizados de la Administración Pública costarricense, considerando que es el sistema de Servicio Civil que rige en las entidades del Poder Ejecutivo.

Estas 7 mil personas trabajadoras que perderían sus trabajos, por otra parte, así como sus familias, resultan víctimas inocentes, por cuanto la carga de la deuda pública y el obsceno e irracional pago de intereses de la misma está, precisamente, colocada en el Poder Ejecutivo-Ministerio de Hacienda.

Son estos exorbitantes y astronómicos montos los que asfixian las finanzas en el Estado central; no, el equivalente anual de esos 7 mil puestos de trabajo. La Auditoría Ciudadana de la Deuda le urge al país del pueblo trabajador.

Efectivamente, según cálculos que hace el Ministerio de Hacienda, 7 mil puestos de trabajo menos en el Poder Ejecutivo, al cabo de 4 años, solamente representará una rebaja presupuestaria de 390 mil millones de colones; es decir, apenas 97.5 mil millones por año.

Por el contrario, solamente en intereses de la deuda pública, estamos ya hablando de 5 puntos porcentuales de PIB, al año, 1 billón 875 mil millones de colones (1.875.000.000.000).

Comparemos: 7 mil despidos, equivaldría a 97 mil 500 millones de colones, al año; vs., intereses de la deuda: 1 billón 875 mil millones de colones, que se traduce en 5 puntos PIB: 1.875.000.000.000.000.

La “economía” fiscal es inversamente proporcional al desastre social de 7 mil familias más agregadas a la brutal tasa de desempleo y de informalidad que azota al pueblo costarricense.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto

Costa Rica no ocupa de “convenio” alguno con el FMI

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  • Existen alternativas a la crisis fiscal jamás generada por el pueblo trabajador
  • ANEP rechaza “acuerdos” con el fondo monetario internacional

Hoy, 15 de setiembre de 2020, exactamente en el aniversario No. 199 de la independencia política de Costa Rica con respecto a España; y, justo a un año de la conmemoración del bicentenario de tal acontecimiento histórico, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), recogiendo el sentir de las miles de personas trabajadoras integrantes de esta agrupación, así como haciéndonos eco del sentimiento de múltiples sectores del civismo activo-patriótico del país con los cuales interactuamos en la vida cotidiana de la República, incluyendo a gran cantidad de ciudadanos y de ciudadanas que siguen con detenimiento el accionar de la ANEP y comparten, en términos generales, nuestras posiciones, manifestamos:

PRIMERO: Costa Rica no ocupa de ningún tipo de “convenio” con el Fondo Monetario Internacional (FMI), ente multilateral de crédito de cuestionado expediente con gran carga histórica de generación de sufrimientos y de exclusión social para muchos pueblos de la Tierra, especialmente en la América Latina.

SEGUNDO: Existen alternativas para enfrentar la crisis fiscal nacional, misma que no fue generada por el pueblo trabajador costarricense; pueblo trabajador que siempre ha sido pagador puntual de los impuestos a que ha sido sometido.

TERCERO: Tales alternativas, generadas desde el sindicalismo, por parte personas de gran solvencia moral, por parte de entidades serias de análisis de la realidad nacional, así como producto del sentido común popular al que no se puede seguir estafando, políticamente, más; incluyen aspectos como:

1- Tomar unos mil millones de dólares de las reservas internacionales en dólares que tiene en bóveda el Banco Central de Costa Rica (BCCR), las cuales superan los 8 mil millones en esa moneda estadounidense.

2- Realizar, mediando ley de la República, un Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública, para determinar escenarios de reestructuración, postergación de plazos de vencimiento, obsceno pago de intereses y eventual moratoria en este caso; identidad de las personas/entidades acreedoras; sobrepagos y aspectos similares. Todo ello con el propósito de aliviar la carga de la deuda sobre el pueblo costarricense.

3- Establecer, al menos por un tiempo, un impuesto especial a las transacciones financiero-bancarias diarias después de cierto monto hacia arriba para no afectar a los sectores medios y corporativos honestos; tributo que es conocido internacionalmente como Tasa Tobin. Esto permitiría, además, controlar con realidad activa las gigantescas movilizaciones de capital producto del lavado de dinero proveniente del negocio sucio del narcotráfico, del crimen organizado.

4- Establecer un impuesto solidario a las mega-riquezas, a las gigantescas fortunas, a la ostentación del lujo desenfrenado, a las rentas escandalosamente voluminosas de capital y de patrimonio excesivo; tal y como varios organismos financieros internacionales lo están recomendando.

5- Proceder a impulsar las legislaciones necesarias y/o las medidas administrativas complementarias para que en el país de sé una Transformación Tributaria Estructural; con base en los contenidos del informe legislativo “Los papeles de Panamá”, generado en el período constitucional anterior, 2014-2018. Esto permitirá, por ejemplo, captar recursos frescos provenientes de los 3 mil 800 millones de dólares anuales que se evaden al año.

6- De los 6 puntos porcentuales anuales del Producto Interno Bruto (PIB), en materia de exenciones y de exoneraciones, tomar las medidas pertinentes, con urgencia para, al menos, procurar allegar la mitad de esa escandalosa cifra fiscal, convertida en ingresos frescos a las alicaídas arcas estatales. Son casi 450 leyes emitidas en varias décadas que se pueden tocar con tal finalidad.

7- Descontaminar del peso de las regulaciones financieras abusivas, las gigantescas cantidades de dinero acumuladas en lo que llaman banca para el desarrollo, de forma tal que cientos y cientos de micro-pequeños y medianos emprendimientos, ahora caídos o por crearse, asuman papeles protagónicos en un nuevo brío de reactivación económica y de generación de empleo.

CUARTO: Llamamos a la organización civil, patriótica, obrero-social y laboral desde las propias comunidades, desde la base misma de la sociedad para la articulación de resistencia en el nivel local, al desmontaje del Estado Social de Derecho que viene impulsándose desde el tripartidismo neoliberal, lo cual se ha de fortalecer con la entrada en escena del Fondo Monetario Internacional (FMI) a la política nacional. Igualmente, pesamos que es menester la construcción de acuerdos de unidad social y popular con compromisos éticos férreos y transparentes por parte de las personas y entidades interesadas para que, sin mediar cálculos electorales de cortedad de visión y de inmediatez fugaz, se le pueda ofrecer al sufrido pueblo tico un esperanzador futuro de real inclusión social y económica.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP

ANEP denuncia despidos arbitrarios en Comité Cantonal de Deportes de San José

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•             Próximos despidos se realizarán en la municipalidad capitalina, se estima que 300 personas serán cesadas de su puesto

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) denunció la mañana de este lunes 24 de agosto de 2020, el despido de un total de 41 funcionarios del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de San José, quienes fueron cesados de su puesto de la noche a la mañana por parte de la municipalidad josefina.

Debido a esta situación, los afectados en compañía de los representantes sindicales se hicieron presentes en la alcaldía municipal este lunes, para manifestarse por la manera arbitraria en la que fueron cesados de sus funciones.

Los trabajadores despedidos se manifestaron afuera de la Municipalidad.

Este es el primer despido masivo que se da en el sector público, por motivo de la afectación económica que ha generado la pandemia del Covid-19, pero llamó atención de los agremiados que ningún cargo administrativo está dentro de las personas cesadas, solamente la parte operativa.

Jonathan Jiménez, quien contaba con 18 años de laborar en el comité manifestó que todo se dio en un abrir y cerrar de ojos, ¨nos pusieron un mensaje que nos pedía apersonarnos a oficinas centrales. Al llegar había policías municipales, fuerza pública y simplemente nos entregaron la carta de despido automático. No nos dejaron sacar nada, ni las pertenencias propias, todo fue muy atropellado¨, recalcó.

En total fueron 41 personas cesadas de su puesto.

En cuanto a la parte legal, se irrespetaron varios puntos, según el análisis de Rafael Mora, encargado de la unidad jurídica de la ANEP. ¨Se violaron aspectos estructurales de leyes y normativas. En cualquier caso, de despidos masivos se debe conversar con los representantes de los trabajadores y en este caso no hubo contacto alguno, solo llegaron y les entregaron las cartas de despido¨, enfatizó.

Se avecinan más despidos

Diversas informaciones que han llegado a la ANEP, por parte de trabajadores del municipio josefino afiliados a nuestra organización, indican que la Municipalidad de San José estaría preparando el despido de al menos 300 trabajadores. Lo que ha generado una incertidumbre laboral interna.

Sala Constitucional ordena suspender traslado de privados de libertad positivos Covid-19 entre cárceles

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–Además, solicita dotar de equipo especial de protección a funcionarios penitenciarios, así como que se les imparta una capacitación sobre el uso adecuado de estos equipos

El fallo de la Sala Constitucional, se da luego de un Recurso de Amparo presentado por Jonathan Fonseca, Dirigente Sindical de la ANEP-Seccional Occidental del Sistema Penitenciario contra el Ministerio de Justicia y Paz y el Ministerio de Salud, por el incumplimiento del Protocolo Operativo para el Abordaje Masivo de Personas Privadas de Libertad con COVID-19.

Los alegatos del dirigente sindical de la ANEP, indicaban que el Ministerio de Justicia y Paz violentaba los protocolos establecidos por la propia cartera y el Ministerio de Salud para centros penales, al realizar el traslado de privados de libertad positivos Covid-19 en condición leve de varios centros penales al CAI Reynaldo Villalobos.

El Protocolo Operativo para el Abordaje Masivo de Personas Privadas de Libertad con COVID-19, indica que “todos los centros penitenciarios deben disponer de la capacidad instalada de espacios existentes para aislamiento, se deberá de clasificar a los pacientes según la gravedad de la sintomatología y detallar la diferenciación de las categorías entre cada patología. Aquellos clasificados como leves se deberán de mantener aislados dentro del centro penal y aquellos clasificados como moderados o severos se internarán en servicios de la CCSS para recibir tratamiento, además de un espacio de aislamiento específico para pacientes con salud moderado y un espacio de aislamiento específico para la atención de las personas privadas de libertad COVID-19 positivos”.

En la información presentada por el Dirigente Sindical de la ANEP a la Sala Constitucional, se indica que se realizaron al menos cinco traslados desde los centros CAI Carlos Luis Fallas (Pococí), CAI Luis Paulino Mora (San Rafael), CAI Liberia y del Juzgado Penal de Santa Cruz hacia la Unidad de Atención Integral (UAI) Reynaldo Villalobos.

La denuncia presentada por Fonseca, fue verificada por el propio Ministerio de Salud, al realizar una inspección al CAI Reynaldo Villalobos, el día 23 de julio y detectar que en efecto se estaban realizando traslados de privados de libertad positivos con Covid-19, por lo que el ente regulador de salud, giro una orden sanitaria para suspender de forma inmediata los traslados. Hecho que fue reportado a la Sala Constitucional.

Jonatham Fonseca sobre recurso de amparo

“…En seguimiento a lo dispuesto en el oficio N° MS-DRRSCN-DARSA2-1421-2020, el 23 de julio de 2020 se realizó la inspección programada a la Unidad de Atención Integral (UAI) Reynaldo Villalobos Se evidenció que se están realizando el traslado de privados de libertad con diagnóstico positivo por COVID-19 de otros centros penitenciarios a las habitaciones de conyugales de esta UAI. Lo anterior no está autorizado en los Lineamientos generales para el manejo del COVID-19 en Centros Penitenciarios en el marco de la alerta sanitaria por Coronavirus, por lo que se emitió orden sanitaria número MS-DRRSCN-DARSA2-OS-1604-2020 para suspender de forma inmediata los traslados de privados de libertad a la UAI Reynaldo Villalobos, y se les entregue más Equipos de Protección Personal a los oficiales de seguridad”, así se indica en el punto 7 del resultando del Recurso de Amparo.

Ante este escenario, la Sala Constitucional declara parcialmente con lugar el Recurso de Amparo, y condena al Estado al pago de las costas procesales.

“Se declara parcialmente con lugar el recurso, únicamente en relación con Ministerio de Justicia y Paz. En consecuencia, se le ordena a Fiorella Salazar Rojas, Ministra de Justicia y Paz, o a quien ocupe ese cargo, que realice las gestiones necesarias para que, en forma inmediata, se cumpla con lo indicado en la orden sanitaria número MS-DRRSCN-DARSA2-OS-1604-2020, en lo que a la Unidad de Atención Integral Reynaldo Villalobos se refiere”, indica el Por Tanto de la Sala Constitucional.

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10 problemas para participar en el proceso “Costa Rica escucha, propone y dialoga”

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• Primeras impresiones sobre el proceso anunciado por el Gobierno. ¿Será un diálogo real o más de lo mismo?

1) Gobierno sin credibilidad y el Presidente, Carlos Alvarado Quesada ya no genera confianza.

2) Ya establecieron un acuerdo y una mesa aparte con el empresariado del alto corporativismo UCCAEP. Se desconocen lo que han pactado con Horizonte Positivo, el ala del real poder en Casa Presidencial.

3) La agenda legislativa, especialmente la de naturaleza anti-obrera y contraria al bien común, continuará. No se establece tregua alguna.

4) Proceso débil y de naturaleza unidireccional… no hay “cara a cara” entre contrarios determinantes. El verdadero Diálogo Social, ampliamente estudiado, es de otra naturaleza.

5) No se puntualizan las condiciones serias para determinar que es un proceso serio, y que tendrá real y efectiva incidencia.

6) Gobierno ya tiene posiciones político-ideológicas definidas como en materia de empleo público y en materia de eliminar la histórica jornada de 8 horas.

7) Los ámbitos definidos del “diálogo” son impuestos por el Poder Ejecutivo y presuponen ya un acuerdo con el macro-empresariado. Por ejemplo: no se visibiliza con toda claridad el tema tributario-fiscal. Ya tienen decidido el acuerdo con el FMI.

8) Temas ultrasensibles como pensiones IVM-CCSS y el futuro del ROP ni siquiera aparecen.

9) Metodología confusa y siempre bajo orientación vertical.

10) No hay garantes que generen la credibilidad suficiente.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP.

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP

Domingo 9 de agosto de 2020.

Desempleo en nivel histórico del 24%

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• Para muchos especialistas, la realidad social y económica indica cifras todavía más altas

• El “Quédate en casa” como política pública ante el covid-19 se desacredita, por ello, urgen medidas económico-sociales extraordinarias: proponemos varias

Las cifras oficiales de desempleo, dadas a conocer hoy por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), lo sitúan en un nivel histórico: ¡24%!; la cifra más alta desde la fundación de la Segunda República, en 1949.

Sin embargo, para muchos especialistas, la realidad social y económica indica cifras todavía más altas, tomando en cuenta las personas que ya declinaron buscar trabajo porque se cansaron de hacerlo; o las personas que tienen empleo ocasional y/o por horas. Todo ello, impulsa el crecimiento de la informalidad que podría llegar al 60% de la Población Económicamente Activa (PEA), para finales del 2020.

Prácticamente, estamos llegando a un punto en que, en Costa Rica, se puede afirmar que solamente una persona de cada tres, en edad de trabajar, contaría con empleo formal y salario fijo; y, por ende, serán la base fundamental de sostenimiento de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y de la Seguridad Social misma. Y, además, hay que recalcar que gran parte de esa base fundamental es el empleo público.

Sin duda alguna, y dada la persistencia de la pandemia del coronavirus covid-19, el “Quédate en casa”, como política pública para combatirla, se desacredita, pierde legitimidad y augura más tensiones sociales y más manifestaciones de calle.

El “Quédate en casa” sin medidas económico-sociales que lo hagan sostenible, va hacia el fracaso total y, por ende, podríamos tener un incremento de casos de pandemia en cifras insospechadas; amén de un aumento de tensiones sociales y de eventos de todo tipo en la calle.

Esas medidas económico-sociales no serán suficientes con una nueva asignación del bono proteger; es urgente, medidas como las siguientes para ser aplicadas en el último cuatrimestre del presente año 2020 -setiembre, octubre, noviembre y diciembre-: 1) moratoria en el pago de los recibos de agua, luz, teléfono e internet; 2) moratorias en el pago de las cuotas de los préstamos en entidades financieras; 3) inyección de capital a las micro-pequeñas y medianas empresas para aliviar sus cargas municipales, de seguridad social y fiscales.Además, de parte de la Asamblea Legislativa deben tomarse decisiones como: a) aprobación urgente del proyecto de cancelación de dudas del campo agropecuario; b) aprobación urgente de los proyectos de ley sobre tarifas de alquileres y sobre precios de medicamentos; c) supresión del pago del marchamo vehicular del año 2020-2021; d) aprobación del impuesto solidario a las altísimas fortunas y capitales acumulados en los últimos 10 años; e) aprobación de un proyecto de ley para regular el uso de las reservas del Banco Central de Costa Rica (BCCR) y su incidencia en el tipo de cambio.

Finalmente, es urgentísimo impulsar una política fiscal radicalmente distinta a la que viene promoviendo el grupo de élite empresarial que gobierna con Alvarado a la cabeza: a) abandono del recortismo presupuestario irresponsable, irreflexivo e irracional; b) reestructurar la deuda pública del país; c) moratoria, transitoria al menos, en el pago de los abusivos intereses; c) impuesto (al menos, transitorio) para las zonas francas; d) parar el ataque a los salarios del empleo público y frenar el odio hacia la clase trabajadora estatal; e) inyección de recursos para las municipalidades a fin de que propicien obra pública local y micro-pequeños emprendimientos para la reactivación económica; f) fortalecimiento integral del Ministerio de Hacienda para el logro de una verdadera recaudación de impuestos; g) retomar el informe legislativo sobre la investigación de “los papeles de Panamá”.

San José, jueves 6 de agosto de 2020.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Walter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto