Se avecinan cambios violentos en Régimen de Pensiones IVM: ANEP no legitimará con su firma nueva agresión a la clase trabajadora

•Mujeres tendrán que laborar 5 años más, hombres 3

•Monto de pensión quedaría en 40% del promedio salarial

Se espera para próximos días que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), imponga cambios violentos y modificaciones bruscas en el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que representarán, sin la menor duda, una nueva agresión a la clase trabajadora asalariada, tanto la del sector público como la del privado; agresiones anti-obreras que se imponen aprovechando la crisis de la pandemia del covid-19.

De entrada, la edad para acceder a la pensión de dicho régimen será de 65 años, indistintamente de si se es hombre, o de si se es mujer. En éste caso, las trabajadoras deberán laborar 5 años más del tope actual (59 años y 11 meses); los varones, pasarán de la fijación actual de 61 años y 11 meses, para tener que laborar 3 años más.
Por otra parte, el monto final a recibir por pensión quedaría en un 40 %, no ya el 60 % actual; y, ese 40 % sería producto del cómputo de los salarios devengados durante toda la vida laboral de la persona trabajadora cotizante para el régimen; ya no como en la actualidad que es el promedio cotizado durante 20 años de desempeño activo en el mercado de trabajo.

La posibilidad del retiro anticipado quedaría completamente descartada.

ANEP anuncia que con su firma no se legitimará una nueva agresión en contra de los derechos de la clase trabajadora; y, con vehemencia, exhorta al ciudadano Mario Devandas Brenes, integrante de la Junta Directiva de la CCSS, en representación de los sindicatos, para que no dé su voto en la sesión que está prevista para la adopción de estos cambios violentos y estas modificaciones bruscas en el régimen de pensiones más importantes del país.

La crisis financiera del IVM-CCSS tiene que tener un abordaje integral considerando las distintas causas que la generaron, ninguna de las cuales es atribuible a la parte cotizante obrera. Por ejemplo, las erráticas y riesgosas inversiones que habrían generado una considerable pérdida y que siguen un trámite en sede penal para determinar responsabilidades político-ejecutivas en la toma de esas deplorables decisiones. La impunidad se ha impuesto, lamentablemente.

Aprovecharse del ambiente sociopolítico y económico nacional contaminado por la pandemia del covid-19 para imponer tales cambios anti-obreros en el IVM, desborda toda lógica ética y moral, pues encubriría debajo de la alfombra, determinaciones puntuales de carácter fundamental que deberían emerger si se trata de una reestructuración de corto, de mediano y de largo plazo que le retornen la seguridad financiera a este régimen de pensiones, hoy severamente vulnerada por, repetimos, causas no obreras.

ANEP aboga por que tal decisión se postergue y que se abra la más transparente discusión, metodológicamente ordenada, multifactorialmente diversa, con suficiente base sociolaboral realmente legítima, con plazo definido para llegar o no llegar a acuerdos; y extra-muros institucionales.

ANEP alerta a las diversas organizaciones aglutinadoras del cuerpo obrero cotizante del régimen de pensiones IVM-CCSS para que se construya una única posición de perspectiva trabajadora, sin cálculos personalistas; a fin de brindarle a la clase trabajadora una posición férrea y sólida, sin demagogias legitimadoras para el fortalecimiento de las posiciones enemigas mismas de la propia Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

San José, miércoles 28 de julio de 2020.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP

Rebaja salarial en el sector público: golpear más duro a la Caja

  • Movilizaciones obrero-sociales apoyaron su creación
  • Movilizaciones obrero-sociales deben defenderla

Para el año 2019, a pesar de que la fuerza laboral asalariada del sector Público apenas representó un 18 % de la Población Económicamente Activa (PEA), con empleo formal y con salario fijo, su aporte a las finanzas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), andaba por el orden del 45 % de los ingresos de tan vital institución para la salud de la población y para la vida democrática misma del país.

Durante los primeros seis meses del presente año 2020, en plena pandemia (aunque ésta nos llegó en marzo anterior), el conjunto del aporte obrero del personal asalariado del Estado para con las finanzas de la Caja ha crecido sustancialmente, si consideramos que la parte del aporte obrero privado ha mermado de manera significativa por la suspensión de contratos laborales, las reducciones de jornada, los despidos duros y abiertos.

Los datos provienen del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Incrementar las dificultades financieras de la Caja en estos durísimos momentos que muchos pensamos van a ser más dolorosos próximamente, mediando una rebaja salarial para el sector Público, viene a representar una especie de crimen social que ANEP condena enérgicamente.

La institución ya acumula enormes dificultades, no solamente por la acumulación de la deuda del Estado con ella sobre lo cual no se ve voluntad política alguna para empezar a saldarla como debe ser; sino que la han obligado a otorgar concesiones al empresariado con relación a las propias responsabilidades de éstos en cuanto patronos que parecen haber rebasado una lógica comprensible por las circunstancias, agravando más la reducción de ingresos que sufre.

Sin duda alguna, se están presentando diversas circunstancias que obligan a lanzar una alerta general a la población trabajadora del país, acerca de que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), enfrenta el más severo ataque de toda su historia pues los enemigos de siempre, los que ansían apropiarse de los servicios públicos de salud para convertirlos en mercado de negocios, se han descarado a tal nivel que ya plantean, sin asco, su privatización abierta como lo impulsa el sindicato patronal-empresarial más agresivo del país en contra del Estado Social.

Nada raro sería que la primera rebaja salarial en contra del empleo público esté concatenada para golpear más duro a la Caja, más allá de las insostenibles justificaciones fiscales que se vienen esgrimiendo en contra de las personas asalariadas del sector público.

Hay que señalar con el dedo cívico-popular acusador a quienes, de manera farisea, se rasgan las vestiduras a propósito del amor que dicen tenerle a la Caja pero que, en la práctica, están haciendo todo lo contrario para estrangularla. 

Si grandes e importantes movilizaciones obrero-sociales hubo en los años 40 del siglo anterior para que tuviéramos Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); tocará a la generación presente (joven, adulta y adulta mayor), salir a defender su existencia, también mediando importantes movilizaciones obrero-sociales.

San José, lunes 13 de julio de 2020.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

Walter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP

Gobierno neoliberal de Alvarado se alista para nuevo ataque al empleo Público

  • Impulsará legislación para imponer las primeras rebajas salariales
  • ANEP rechaza radicalmente tan nefasta pretesión que, además, es golpe directo a la Caja
  • Es hora de demandar impuestos especiales solidarios a las grandes fortunas hasta ahora intocadas e intocables

Esta nueva y perversa intención de Alvarado y del grupo real de poder de su entorno más íntimo (en el cual figuran círculos empresauriales de cuestionado comportamiento tributario a lo largo de los últimos tiempos), habrá de generar una profundización más grave y desestabilizadora del deterioro de las finanzas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ya muy golpeadas por la multimillonaria inversión en atención de la pandemia, por un lado, y, por otro, dadas las excesivas concesiones que se vienen dando para con las responsabilidades patronales, más allá de lo lógicamente comprensible.

En efecto, datos provenientes del prestigioso Instituto de Investigaciones Sociales (IIS), de la también prestigiosa Universidad de Costa Rica (UCR), indicaron que para el año 2018 (obviamente, período pre-pandemia), aunque la Población Económicamente Activa (PEA), del sector Público representó apenas un 18 % del total de la misma, para la Caja los aportes provenientes de la misma significaron un 44 % de sus ingresos. Para el 2019, ya andábamos en el 45 %; es decir, casi la mitad de los ingresos de la Caja lo viene aportando la colectividad laboral estatal y, repetimos, en época de pre-pandemia.

Imaginemos y pensemos cómo estará esta relación para el primer semestre del presente año 2020, con tanta reducción de jornadas y de despidos en el sector Privado, lo cual hace más grave todavía en imponer reducciones salariales en el empleo público.

Si la intentona gobiernista para rebajar salariales fuese para aplicarlos a montos de un millón, o de un millón y medio de colones hacia arriba (aparte de dejar abierto el nefasto camino para reducciones salariales posteriores y a montos menores a los apuntados), incrementará el estrés financiero de la Caja en estos críticos momentos, amén de fortalecer las intentonas ya descaradas y abiertas para su privatización, tal y como lo plantean esos círculos empresauriales amigos de Alvarado.

Al continuar con esa lógica enfermiza en contra de las personas trabajadoras asalariadas que laboran para el sector Público, Carlos Alvarado Quesada y su gobierno, se aprestan para lanzar un nuevo ataque al mundo obrero estatal: presentar a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para imponer lo que serían las primeras rebajas salariales, duras y directas, a las remuneraciones del empleo público; una peligrosísima iniciativa que, de manera contundente y categórica, la ANEP rechaza dejando constando por esta vía nuestra oposición rotunda al respecto.

Luego de muchísimos meses de combatir la perversa tesis, hoy completamente derrotada, de que el déficit fiscal se debía a los salarios estatales, empezar a rebajar salarios en el empleo público es la más incorrecta, aparte de injusta e inútil, medida que se pueda tomar para enfrentar, de manera estructural, el problema del déficit fiscal que, reiteramos, no tiene origen salarial alguno. Solamente hará gran daño social y económico, deteriorando más la ya precaria paz social.

Aparte del grave daño financiero a la Caja, enormes impactos negativos tendrían las entidades del sector financiero-bancario y cooperativista considerando, como bien se sabe, el altísimo endeudamiento salarial de las personas trabajadoras; endeudamiento muy fuerte en el caso de quienes laboran para el sector Público. Los créditos personales, de vivienda, de estudio y hasta de micro-emprendimientos se verán en puertas de colapso, de impago, no descartándose remates de casas y casos de familias en la calle.

Por otra parte, en lo económico-social, las rebajas salariales en el sector Público serán devastadoras, también, para la sostenibilidad de la maltrecha actividad productivo-empresarial, en épocas en que la necesidad de circulante en manos de la gente es más que vital para evitar el derrumbe económico total que, lamentablemente, cada día parece estar más cercano.

La gente en movilización organizada y pacífica debe actuar con firmeza y determinación para detener esta nefasta intentona del grupo de Alvarado y sus apoyaturas mediáticas, de continuar castigando y hostigando a las personas trabajadoras asalariadas del sector Público, gran parte de las cuales están en la primera línea de fuego del combate a la pandemia, por una parte; y, por otra, el sector Público resultará vital para la reconstrucción económico-social en la post-pandemia.

Tal movimiento debe, entre otras acciones urgente, exigir a la Asamblea Legislativa que se apreste a apoyar iniciativas de ley que ya están en su seno, tendientes a exigir de parte de los sectores económicamente muy adinerados, los súper-ricos, aportes tributarios solidarios extraordinarios, considerando que deben existir en su seno culturas de evasión impositiva que, entre otros factores, les ha contribuido a acumular las incuantificables fortunas que ya atesoraban antes de la pandemia.

Esta gigantesca tarea que deben acometer las fuerzas sanas de los movimientos sociales y patrióticos, también tiene la misión histórica de acometer la transformación tributaria estructural cuya ausencia ha venido permitiendo el robo de impuestos de, al menos, 3 mil 800 millones de dólares anuales; cifra conservadora y baja que pudo haber acumulado en la última década, tal cantidad que ahora es muy cercana a la cifra de endeudamiento público que está estrangulando ya al país.

Esa transformación tributaria estructural debe incluir lo concerniente para hacer algo con las extraordinariamente gigantes cifras de dinero sucio circulante en el sistema financiero-económico del país, el lavado, que expertos estarían situando entre los 6 y los 22 puntos porcentuales de Producto Interno Bruto (PIB), ¡anuales!

Hacemos un llamado a todas las personas trabajadoras asalariadas del sector Público, así como a sus familias, para que se alisten a defenderse, desde las propias bases en sus respectivos centros laborales. Es un asunto de sobrevivencia, no de siglas sindicales.

San José, domingo 12 de julio de 2020.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP

ANEP presenta denuncia disciplinaria laboral contra juez Contravencional del Juzgado de Bribri

•  El juez indicó que no era de su competencia conocer los recursos de apelación por el caso de los trabajadores despedidos injustificadamente de la Municipalidad de Talamanca.
•  Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica concuerda con ANEP al considerar que le correspondía al Juzgado Contravencional de Bribri darle trámite a los expedientes.


La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) interpuso una denuncia en Inspección Judicial contra el juez Contravencional del Juzgado de Bribri, Víctor Orozco Zarate debido a que consideró que “dicho despacho era incompetente para conocer los recursos de apelación” que presentaron varios trabajadores por el despido injustificado realizado por el Alcalde de Talamanca, Rugeli Morales Rodríguez. 


De acuerdo con los hechos contemplados en la denuncia, el pasado 5 de junio, una trabajadora de apellido Selles, de la Municipalidad de Talamanca acudió al Juzgado Contravencional de Bribri a interponer el recurso de apelación contra la resolución administrativa de revocatoria del despido. Sin embargo, el Juzgado Contravencional de Bribri, declinó el conocimiento de este asunto al interpretar el artículo 159 del Código de Municipal y considerar que dicho despacho era incompetente para conocer este tipo de diligencias y ordenó remitir el asunto ante el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica. 

El actuar del juez Orozco Zarate fue el mismo ante los otros recursos de apelación de despido injustificado presentado por otros tres trabajadores de la Municipalidad de Talamanca, tramitados bajo los expedientes número 20-000044-1537-LA, 20-000043-1537-LA y 20-000042-1537-LA.


Por su parte, el Juzgado de Trabajo del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, elevó el caso al Tribunal de Apelación Civil y Trabajo Zona Atlántica solicitando un proceso de jerarquía impropia, ya que de acuerdo con la Reforma Procesal Laboral son los Juzgados Contravencionales y de Menor Cuantía los que  conocerán en materia de trabajo (como Juzgados de Trabajo por Ministerio de Ley) de todos los asuntos, cualquiera sea su valor económico, correspondientes a su circunscripción territorial, excepto de los conflictos colectivos de carácter económico y social, siempre y cuando en su territorio no exista Juzgado de Trabajo. 

“Por lo que a criterio de la suscrita, contrario a lo considerado por el Juez Contravencional, ese despacho quedó facultado por ministerio de ley a conocer todos los asuntos con excepción de los conflictos colectivos de carácter económico y social, de ahí que no podría declararse incompetente para resolver un recurso de apelación por jerarquía impropia de su jurisdicción”, indicó la jueza del Primer Circuito Judicial Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Ana Naranjo Solano.


“Lo que nos preocupa es que los casos de los cuatro de los compañeros se encuentran prácticamente detenidos y es lamentable, por eso nosotros presentamos la denuncia ante la Inspección Judicial porque queda claro que el Juzgado Contravencional era el que debía de resolver. Lo que hace este juez es dilatar los procesos tan urgentes como es el recurso de apelación del despido injustificado”, explicó José Pablo Quirós, asesor legal de la ANEP.


Quirós agregó que la situación es preocupante, ya que este proceso puede durar años si no se revuelve con celeridad y la negativa del juez causa prejuicios graves a la parte más débil de la relación laboral, es decir, a los trabajadores quienes requieren volver a su puesto de trabajo lo más pronto posible. 


En la denuncia presentada ante Inspección Judicial, la ANEP incluyó varias pretensiones en contra del juez Víctor Orozco Zarate; entre las que se encuentran el traslado del Juzgado Contravencional de Bribri con el objetivo de evitar perjuicios a los pobladores de la zona de Talamanca, ante la incompetencia laboral del Juzgador denunciado. Además, que sea sancionado con la suspensión de su cargo por 20 días sin goce de salario por el incumplimiento de labores en la tramitación de los expedientes antes mencionados y que se le ordene tramitar sin dilataciones injustificadas, futuros procesos laborales o de otra naturaleza, que sean de su competencia. 

Cartel licitatorio del Incofer generaría desempleo en tiempo de crisis

Unos 70 trabajadores de empresa privada que brindan el servicio operativo-logístico para el Incofer, se quedarían sin empleo en setiembre.

 • ANEP solicitó una reunión con representantes del ministerio de la Presidencia, Incofer y de la empresa Transfeco, encargada de dar mantenimiento y servicio a los trenes.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) ve con suma preocupación y alarma el cartel licitatorio del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) denominado “Servicios de logística para el transporte de pasajeros en el Gran Área Metropolitana” el cual vendría a generar una mayor afectación económica y desempleo en tiempos de crisis. 

Para ANEP el cartel licitatorio del cual se están recibiendo ofertas de forma electrónica en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), amerita una valoración integral por cuanto existen temas obreros-laborales involucrados. Además, es necesario el abordaje de la vigencia de la misma actividad micro-empresarial hasta ahora participante en la prestación de los actuales servicios de logística, en vista de que nuestra organización posee representación sindical en la misma y se podría generar un conflicto social innecesario en el marco de la pandemia del Covid-19 y el riesgo inminente de más desempleo.

“Este cartel licitatorio va a perjudicar a los trabajadores de la parte operativa- logística que actualmente operan para el Incofer, ya que la licitación menciona que se requieren cobradores, pero con grado académico superior, es decir, que cuenten con bachiller o estudios universitarios. Alrededor de un 60% a 70% de los trabajadores que hacen esas funciones actualmente para el Incofer no tienen ese rango y no tienen los recursos ni las condiciones para estudiar debido a que la mayoría son cabeza de hogar.  Al solicitar esos requisitos y no tenerlos, obviamente creemos que se van a generar los despidos”, comentó Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP. 

De acuerdo con Vargas, el cartel licitatorio afectará a los trabajadores que realizan el cobro tanto en el tren como en los puestos de estación y prácticamente conllevaría la renovación completa del personal, lo cual se traduce en que unos 70 trabajadores aproximadamente se quedarían sin empleo. 

“Hay mucha preocupación en los trabajadores de perder sus empleos dada la situación actual que enfrenta el país. En el caso de un cobrador del tren se les está solicitando formación académica de Tercer Año aprobado y preferiblemente Bachillerato en Educación Secundaria, prácticamente aquel que tiene bachillerato es el que va a tener más opción para obtener el puesto de cobrador. A la vez solicitan capacitaciones o certificaciones de servicio al cliente, Ley 7600, comunicación y atención de emergencias. Este cartel es discriminatorio, se podría considerar desigual en cuanto a los atestados que se les están pidiendo ahora”, agregó Vargas

Además, existen cuestiones referentes a las funciones que se les exigen y que no son propias de ese puesto que se está solicitando, este es un tema importante de definir porque los perfiles son la parte más sensible de una contratación.

El Secretario General de ANEP y su seccional en Transfeco consideran la necesidad de establecer una reunión urgente con los jerarcas del Ministerio de la Presidencia, Marcelo Prieto Jiménez, ministro y  Silvia Lara Podevano, viceministra;  así como con Presidenta Ejecutiva de Incofer, Elizabeth Briceño y la  empresa Transfeco & Cía., en representación de  Jorge Castro Murillo.

Algunas consideraciones  de ANEP que contiene el cartel que  son de cuidado tiene que ver con el establecimiento de los perfiles, las funciones asignadas  y el puesto; la validación en la elaboración de los perfiles a la población vulnerable y la realidad laboral de los colaboradores; el cartel no posee ninguna referencia de participación de género ni de población discapacitada de conformidad con la Ley de Igualdad de Oportunidades; asimismo,  los criterios de evaluación  deben de ser revisados ya que genera duda al brindar el puntaje de 100 % al precio menor es excesivo.  Aparte de las observaciones de legalidad y oportunidad del cartel, debe atenderse a los plazos previstos en la ley de contratación y su reglamento y el tipo de licitación con respecto a la una eventual objeción al cartel en atención al interés legítimo que ostentaría la persona trabajadora afectada.

La canasta básica nunca debió ser gravada

Asamblea Legislativa debe reconocer su error y eximirla  del IVA completamente.

ANEP lanza idea de manifestación en carros.

Es sumamente urgente que las personas diputadas de la actual Asamblea Legislativa corrijan el grave error político de haber gravado con el injusto impuesto al valor agregado (IVA), los artículos de la canasta básica; tal y como se castigó al pueblo trabajador mediante la detestada ley del combo fiscal, No. 9635.

Tal corrección no puede ser otra más que los 195 artículos de la canasta básica, de manera definitiva e indefinida, sean eximidos de la aplicación del IVA; por demás, el más injusto de todos los impuestos de un sistema tributario como el costarricense que es profundamente inequitativo.

Además, se debe rechazar, radicalmente, la manipuladora pretensión del gobierno de Alvarado de que se posponga la aplicación de la entrada del IVA para la canasta básica, sustituyendo los recursos que tal impuesto le generaría al fisco, gravando el salario escolar con tributo de renta.

Esto no tiene ni pies ni cabeza, pues solamente busca incrementar el odio de clase en contra de las personas trabajadoras asalariadas del sector público, aumentando el escenario de confrontación social que, de por sí, está en desarrollo.

Mantener el impuesto a los artículos de la canasta básica representa una burla grotesca para miles de personas trabajadoras en severa angustia económica en estos momentos, dado que acaba de conocerse el listado de las grandes empresas que, cínicamente, volvieron a declarar CERO IMPUESTOS alegando no haber tenido utilidades en los pasados períodos fiscales 2018-2019.

La continua agresión socioeconómica al pueblo trabajador costarricense y, en lo especifico, mostrar un apoyo fuerte a que los artículos de la canasta básica queden completamente libres de ser gravados con el IVA, motiva a la ANEP a proponer y a fomentar la realización de una manifestación en carros, en fecha próxima, a convenir entre los sectores que estemos dispuestos a mostrar gran repudio por las continuadas políticas de exclusión social y de empobrecimiento generalizado.

ANEP denuncia ante Ministerio Público 4 posibles delitos en detención arbitraria e ilegal de Albino Vargas Barrantes

Informe policial presenta grandes y graves inconsistencias

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), presentó ante el Ministerio Público la denuncia penal por la detención arbitraria e ilegal que sufrió el pasado 3 de junio el Secretario General de la organización, Albino Vargas Barrantes, en la zona de Talamanca, donde se solicita investigar cuatro posibles delitos.

En la denuncia que fue presentada este jueves 11 de junio, ante la Unidad de Transparencia, Probidad y Anticorrupción, figuran como imputados el alcalde de Talamanca, Rugelli Morales Rodríguez y Jorge Rojas González, Fiscal de la Fiscalía de Talamanca, a quienes se les achaca los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, tráfico de influencias y denuncia calumniosa.

Sobre el delito de abuso de autoridad la denuncia indica que se estaría bajo este ilícito ya que “el fiscal no contaba ni con denuncia penal formal ni con informe policial alguno y si bien, el alcalde confirma su (la del fiscal) presencia en la Municipalidad, lo cierto del caso es que a pesar de que se da un conflicto de varios contra otros, éste, ordenando u cometiendo cualquier acto arbitrario en perjuicio de los derechos de alguien, detiene para investigar y no investiga para detener”, esto respaldado en el artículo 338 del Código Penal.

Con respecto al delito de incumplimiento de deberes, éste se le achaca al alcalde de Talamanca Morales Rodríguez quien, en vez de recibir una documentación oficial contra el municipio y su persona, ordenó la detención de los representantes de la ANEP.   

La denuncia presentada por la ANEP, también solicita que se investigue el posible delito de tráfico de influencias, ya que el propio alcalde de Talamanca confirmó en un medio de comunicación que, el fiscal Jorge Rojas se encontraba en su oficina durante los hechos.

“…se desprende que la presencia del fiscal en la oficina del alcalde tal y como este último lo afirmó es factible de subsumirse en lo descrito por el numeral 52 de la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito cuando mediante un tráfico de influencias, el alcalde de Talamanca -influyendo en un servidor público- (el fiscal aquí imputado), prevaleciéndose de su cargo influyó en el fiscal para que éste haga un acto o resolución propio de sus funciones, de modo que genere un beneficio económico o ventaja indebido para sí o para otro”. Dicha ventaja podría apreciarse en un alcalde que no resolvería un tema laboral que le era álgido y en una protección velada a otro sindicato del cual no era asociado el funcionario que a nosotros (ANEP) había recurrido para la defensa adecuada de sus derechos”, indica la denuncia.

Denuncia ante la Unidad de Transparencia, Probidad y Anticorrupción

Finalmente, la ANEP solicita al Ministerio Público investigar si durante los hechos, la detención y la indagatoria de los representantes de la ANEP se generó una denuncia calumniosa, ya que se cuestiona la forma en que se recabaron los testimonios, así como el propio informe policial.

Ademas, la organización sindical presentó una queja contra el Fiscal de Talamanca ante la Fiscalía General de la República, para que se investigue el actuar de Jorge Rojas González.

Cuestionamiento de informe policial

Para Mainor Anchía Angulo, presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública y Directivo Nacional de la ANEP, con más de 9 años de carrera policial y 5 años en área administrativa, ambos en Fuerza Pública, existen varias inconsistencias claras y graves en el informe policial, lo que genera muchas dudas y cuestionamientos.

“En el punto 1 del informe policial se indica que a las 11:30 a.m. el subjefe de la delegación observa que en las instalaciones de la municipalidad (Talamanca) hay un disturbio, a las 11:32 a.m.  llegan al municipio, a las 11:44 a.m. indican que se aprende a Albino Vargas, esto sin comunicárselo. Sin embargo, una hora después el supuesto detenido está brindando una entrevista en vivo con su celular a Noticias Repretel, lo que comprueba que aún no ha sido detenido, ya que de haber sido detenido debió realizarse el decomiso del celular e ingresar al aprendido a una celda de la delegación”, indica Anchía.

Otro cuestionamiento que realiza Anchía sobre el informe policial, es que este tiene el sello de la fiscalía de Bribri con una hora de recibido de las 16:02 horas, pero en el informe, en el punto 7, dice que fue confeccionado para los trámites a las 16:30 horas. “¿Cómo fue entregado antes?, esto permite la presunción que hay una irregularidad”

Dentro de las irregularidades más llamativas encontradas en el informe policial, se encuentra que el testimonio del sindicalista Winston Norman fue tomado a las 11:20 a.m., pese a que en el punto 1 del informe se indica que la Fuerza Pública se apersonó a la Municipalidad de Talamanca a las 11:32 de la mañana para atender la situación.

“Las horas descritas en el informe policial no concuerdan, como es el caso de la declaración de Winston Norman, algo completamente irregular. Incluso, se observa claramente que las entrevistas que confeccionaron los policías a los supuestos testigos fueron escritas por las mismas personas ofendidas, cuando debe ser el oficial quien transcriba la declaración. El informe está plagado de inconsistencias, que evidencias una manipulación de los hechos”, manifestó Anchía. 

Los hechos

La detención de Vargas Barrantes y de las personas que le acompañaban se da luego de que éstos se presentaran en la Municipalidad de Talamanca a entregar un documento, a raíz de una serie de despidos que se están dando en contra de funcionarios municipales de la localidad, afiliados a la ANEP, lo que se considera una clara violación a sus derechos, ya que no existe un argumento claro para el despido.

Dicho documento corresponde a un Conflicto de Carácter Económico y Social presentado por la ANEP ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), contra la Municipalidad de Talamanca el pasado 2 de junio, el cual debía ser presentado por el sindicato ante el municipio, como lo establece el artículo 619 del Código de Trabajo.

Está situación habría desencadenado el enojo del representante sindical del otro sindicato de la Municipalidad de Talamanca, lo que llevó a una agresión en contra de los representantes de la ANEP.

Segunda denuncia

En próximos días, la ANEP presentará una segunda denuncia en contra de las mismas personas; denuncia colectiva a cargo de los tres asesores sindicales acompañantes de Vargas Barrantes, personal profesional integrante de la Unidad de Desarrollo Organizacional (UDO) de la agrupación y especialistas en organización de los colectivos laborales municipales, Álvaro Valverde Granados, Antonio Ortiz Fiorabanti y Gerardo Cascante Amador. Además, denunciarán los trabajadores despedidos de la Municipalidad de Talamanca, Jonathan Cascante Torres y Christian Rivera González, Presidente y Vicepresidente de la recién conformada Junta Directiva Seccional ANEP-Municipalidad de Talamanca.

Acogen recurso de Habeas Corpus presentado por la ANEP ante la detención ilegal y arbitraria de Albino Vargas Barrantes

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), presentó esta tarde ante la Sala Constitucional un recurso de Habeas Corpus (No. 20-9861-007-CO) contra la Fiscalía de Bribri de Talamanca, luego de la detención del Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes y cinco personas en la zona de Talamanca al considerarla arbitraria e ilegal.

En el documento, que ya fue acogido para su estudio, la ANEP solicita la liberación del Secretario General de la ANEP, así como de los tres trabajadores de la ANEP que le acompañaban. Además, de dos trabajadores de la municipalidad de Talamanca afiliados a la ANEP.

“El Fiscal de Bribri detuvo a nuestros compañeros por una orden verbal, sin mediar una orden judicial o auto que ordene la privación de libertad de los sujetos detenidos. Por esto estamos solicitando se ordene a la Fiscalía de Bribri, la liberación inmediata de los señores Vargas Barrantes, Cascante Amador, Ortiz Fiorabanti, Valverde Granados, Cascante Torres y Rivera González”, detalló Rafael Mora, Asesor político de la ANEP.

Los hechos

La detención de Vargas Barrantes y las personas que le acompañaban se da luego de que estos se presentarán a en la Municipalidad de Talamanca a entregar un documento, a raíz de una serie de despidos que se están dando en contra de funcionarios municipales de la localidad, afiliados a la ANEP, lo que se considera una clara violación a sus derechos, ya que no existe un argumento claro para el despido.

Dicho documento corresponde a un Conflicto de Carácter Económico y Social presentado por la ANEP ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), contra la Municipalidad de Talamanca el pasado 2 de junio, el cual debía ser presentado por el sindicato ante el municipio, como lo establece el artículo 619 del Código de Trabajo. D

Está situación habría desencadenado el enojo del representante sindical del otro sindicato de la Municipalidad de Talamanca, lo que llevó a una agresión en contra de los representantes de la ANEP. Ha esto se une la negativa del alcalde de Talamanca a recibir el documento.

En declaraciones en vivo a Noticias Repretel, previó a su detención, el Secretario General de la ANEP denunció que los despidos obedecen “a una ejecución del Alcalde contra los trabajadores que no le dieron su apoyo durante las elecciones municipales, por lo que los trabajadores solicitaron la ayuda de la ANEP”.

“Como parte del proceso de defensa, habíamos acordado desplazarnos a esta localidad para explicar el manejo de este proceso con base a la Ley de la Reforma Procesal Laboral. Dentro de la gestión presentamos el documento (Conflicto de Carácter Económico y Social) a la Alcaldía, el espacio es muy pequeño y nos encontrábamos haciendo fila y de un pronto a otro irrumpen los personeros del sindicato local, nos empiezan a decir improperios; solicito que nos reciban el documento y en ese momento me sacaron a empujones, me tiran al suelo y me patearon; mis compañeros también fueron agredidos. El propio alcalde sale de su despacho y empieza a instigar de que saquen a la gente, por lo que la agresión adquiere un tono más dramático e intenso, afortunadamente se presenta la Fuerza Pública”, detalló Albino Vargas a Noticias Repretel.

Ante esta situación la ANEP estará presentando las denuncias respectivas ante los tribunales judiciales correspondientes, por lo que el Secretario General de la ANEP solicitó ser trasladado a medicatura forense o una clínica para su valoración.   

ANEP cuestiona ante CONASSIF nombramiento de Rocío Aguilar como Superintendente de Pensiones

Rocío Aguilar no cumplió orden contralora de suspensión

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), solicita al Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), brindar explicaciones de las razones que mediaron para nombrar a Rocío Aguilar Montoya, como nueva Superintendente de Pensiones.

Dentro de los cuestionamientos que plantea la ANEP al ente supervisor, se encuentran informar y dar a conocer sí se realizó un concurso público para el puesto, las bases respectivas del mismo, así como las personas participantes y la votación para el nombramiento; esto con el objetivo de demostrar que la elección de Aguilar Montoya no obedeció a una designación de corte político o a dedo.

En el documento enviado al CONASSIF, la ANEP también detalla y cuestiona que el puesto de Superintendente de Pensiones se entregó a una persona (Rocío Aguilar) que meses atrás burló una sanción que le correspondía cumplir de un mes de suspensión en su puesto anterior, como Ministra de Hacienda. “Aprovechando que la sanción aún no estaba en firme, renuncia a su cargo y evade el cumplimiento de su castigo”.

“La sanción de suspensión de 30 días sin goce de salario  para doña Rocío solicitada por la Contraloría General de la República (CGR), en octubre del 2019, al señor Presidente de la República, se fundamenta en que ella, como Ministra de Hacienda, pagó compromisos del Gobierno con sus acreedores a principios de la administración actual, sin tener contenido presupuestario para hacerlo;  es decir,  sin estar autorizada realizó pagos con fondos públicos, o más sencillo, desvió fondos públicos, pues con su actuar y según la mismísima Contraloría ella fue responsable de un hueco fiscal de alrededor de 900 millones de colones”, indica el documento.

Para Rafael Mora Solano, asesor político de la ANEP, es inexplicable que una persona con estos atestados de incumplimiento en la función pública sea nuevamente colocada en un puesto como el de Superintendente de Pensiones, ya que Aguilar Montoya no solo violentó el artículo 72 de la Ley Orgánica de la Contraloría General por el cual sería sancionada, si no también incumplió con el “Deber de Probidad”, tal y como lo establece la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en su artículo 3 (ver recuadro adjunto).

La Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en su Artículo 3, establece que: “El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público. Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente.”

Es decir, que, aunque para toda la ciudadanía y la opinión pública en general quedó claro que doña Rocío evadió de forma irresponsable la sanción que le correspondía y que causó un grave daño a las finanzas públicas; fue premiada con el puesto de Superintendente de Pensiones, por lo cual hacemos estos cuestionamientos ante el CONASSIF”, detalló Mora.

En el documento, ANEP recordó al CONASSIF, que son un ente público, por lo tanto, está sujeto a lo que establece la “Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito”, así como, la “Ley de Control Interno”, por lo que también es responsable en el ámbito de la función pública con relación al “Deber de Probidad”.

Compartimos documento enviado al CONASSIF

ANEP cuestiona ante CONASSI… by EugenioGuerrero on Scribd

Coronavirus y medidas gubernamentales: los ₡900 mil millones para créditos podrían ser “alegrón de burro”

  • Bancos parecen objetar ya directriz del poder ejecutivo
  • 20 billones tendrían los bancos “guardados” al llegar la pandemia: Se podría cancelar toda la deuda del Estado con la Caja  y tal cantidad equivale a 7 préstamos del FMI

La Asociación Bancaria Costarricense (ABC), entidad del poder financiero del país que agrupa a los bancos públicos y privados, está indicando ya que tales entidades están muy reguladas por lo cual deberán comportarse con “prudencia” y con “responsabilidad”, al momento de procesar la directriz del Poder Ejecutivo para que se disponga de la enorme cantidad de 900 mil millones a fin de otorgar créditos altamente flexibles para la reactivación económica del país, en el marco de las graves consecuencias  de la pandemia del coronavirus covid-19; créditos que serían a favor de las micro-pequeñas y medianas empresas.

El planteamiento de la ABC parece indicar una especie de “rebeldía” para con el mandato del Poder Ejecutivo, de forma tal que se estaría confirmando las preocupaciones que surgieron, al momento mismo del anuncio presidencial, en diversos sectores sociales y políticos de que, a efectos de disponer de esos 900 mil millones en poder de los banqueros, no será nada fácil accesar a esos dineros para  las miles de personas trabajadoras y emprendedoras afectadas por el covid-19, las cuales necesitan con urgencia apoyo económico-estatal para salir adelante.

Adicionalmente, ABC lo que está diciendo es que sin el aval del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), así como del propio Banco Central de Costa Rica (BCCR), los 900 mil millones para crédito de emergencia será, repetimos, un “alegrón de burro”.

Así las cosas, pareciera que el anuncio gubernamental de los 900 mil millones para créditos productivos e inmediatos, corre el riesgo de convertirse en un “alegrón de burro”; expresión popular que define un anuncio positivo como algo, finalmente, inmaterializable.

A los banqueros, literalmente hablando, les sobra la plata. Datos en poder de ANEP, proporcionados por el propio Banco Central de Costa Rica (BCCR), indican que, a setiembre de 2018, la cifra total en cuanto a depósitos del público y tenencia de activos de los bancos en moneda extranjera, ascendía, ¡en dólares USA!, a 32 mil 820 millones; es decir, 18 billones 707 mil 400 millones; repetimos, a setiembre de 2018.

Ocho años antes, en el 2010, tal cantidad era de $17 mil 933 millones 900 mil; o sea, 10 billones 222 mil 323 millones. Es decir, en este período de 8 años, los banqueros incrementaron sus activos-depósitos en moneda extranjera es $14 mil 886.100 millones: a razón de $1.860 millones 762 mil 500.

Entonces, si a setiembre de 2018, los banqueros tenían $32 mil 820 millones en activos-depósitos en moneda extranjera (básicamente dólares); y si llegaron a esta cantidad a partir de $17 mil 933 millones 900 mil que tenían en el 2018, ese gigantesco crecimiento fue a razón de 1$.860 millones 762 mil 500 anuales (o, 109.456.617.647 dólares por mes).

Entre setiembre de 2018 y febrero de 2020, transcurrieron 17 meses, lo cual pudo haber incrementado las arcas de los banqueros (creciendo, promedialmente, a razón de 109.456.617.647, por mes), hasta llevarla a la cantidad de $35 mil millones 456 mil 80; nada más y nada menos que 20 billones 209 mil millones.

Los 900 mil millones ofrecidos por el Poder Ejecutivo para crédito urgente a favor de las micro-pequeñas y medianas empresas, apenas representaría un 4.5 % del total de la plata que tienen los banqueros al momento de la llegada de la pandemia del coronavirus covid-19.

Es más, es tan gigantesca la cantidad de plata que hay en el sistema bancario-financiero del país que se podría pagar toda la deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), acumulada al momento, unos $3 mil 500 millones, tan solo el 10 % del monto total que habría en las arcas banqueras hoy en día.

Igualmente, $35 mil millones en poder de los bancos equivale a 7 veces el monto del crédito que se pretende imponerle al país con el Fondo Monetario Internacional (FMI), teniendo Costa Rica que vender sus mejores activos públicos, esos que, precisamente, han destacado en el combate a la pandemia del covid-19.

Nótese que no hemos hablado de los $8 mil millones que tiene por concepto de reservas monetarias internacionales, el Banco Central de Costa Rica (BCCR). Esto es completamente distinto de lo que hemos comentado aquí.

Definitivamente, el rumbo económico que le han impuesto al país las últimas administraciones gubernativas es una catástrofe para las mayorías ciudadanas; pero, a la vez, ha generado una concentración de poder financiero de tal magnitud que no tiene precedentes en la historia republicana costarricense.