Comité Pro Defensa de Ojo de Agua tiene alternativas al proyecto de AyA.
Representantes comunales estiman afectaciones importantes para los agricultores.
Proyecto no contaba con estudios de impacto ambiental.
El Comité Pro Defensa de Ojo de Agua se encuentra en máxima alerta, debido al proyecto “Ampliación de la Producción en los Sistema GAM a través de la Captación del Manantial de Ojo de Agua” de Acueductos y Alcantarillados, el cual, busca tomar recursos hídricos de la comunidad ubicada en Belén y en San Rafael de Alajuela para llevarlos hasta los Hatillos y Alajuelita.
La preocupación de los lugareños se da, porque los productores agrícolas serán los mayores afectados por la racionalidad del agua, además, se impactará de forma negativa el ecosistema del río La Fuente – Ojo de Agua sumado que, al no haber aguas puras del manantial, el balneario perdería su atractivo.
Marvin Venegas Meléndez, sindico y miembro del Comité rechazó por completo el proyecto impulsado por el AyA, “Lo que no compartimos y no estamos de acuerdo y defendemos es que expensas del río La Fuente y de Ojo de Agua, no podemos nosotros ser sacrificados para beneficiar a otras comunidades. Creemos que la AyA tiene opciones muy importantes y que debe abogar por las mismas”.
Además, afirmó que quieren preservar el ecosistema que ha sido galardonado con cuatro banderas ecológicas, “Nosotros defendemos la vivencia y sobrevivencia del Río La Fuente que nace y muere en San Rafael y que es un ecosistema que tiene en estos momentos el acompañamiento por parte de ASADA”
Sergio Jiménez Vargas, también del Comité afirmó que no buscan ser egoístas con los barrios del sur de San José, ya que comprenden y entienden las penurias por las que pasan, por lo que en la reunión que se tenga con Roberto Guzmán Gutiérrez, presidente del AyA, se van a presentar las alternativas viables que tiene el proyecto.
“Estamos ofreciendo tres opciones. Las Cataratas de Pedregal, Los Chorros del Río Virilla donde el AyA tiene una planta y Escazú que tiene una zona de recargo muy grande, además, colinda con Alajuelita y los Hatillos.”
Tras la reunión sostenida entre el Comité y la ANEP, el pasado 23 de mayo de 2022 se envió la solicitud al presidente ejecutivo de AyA para que pueda brindar una audiencia a los representantes del grupo organizado y en la misma llegar a una solución beneficiosa para todas las partes.
Desautorizamos de manera contundente que los siguientes comentarios de ANEP sean utilizados como parte de la campaña de las histéricas voces del periodismo de odio, en su campaña en contra el ahora mandatario Chaves Robles, las cuales son las mismas que le atacaron siendo candidato presidencial.
Empecemos. La alianza de trabajo que la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados tiene con el Movimiento Estudiantil de Secundaria (MEDSE), desde el 2019, permitió a ANEP sensibilizarnos acerca de que las pruebas FARO constituían un experimento arbitrario e imprudente, carente de rigidez pedagógica y, peor aún, sin considerar aspectos psicosociales y sociofamiliares del estudiantado víctima.
Las máximas autoridades político-jerárquicas del anterior gobierno, tanto a nivel de Casa Presidencial como del propio Ministerio de Educación Pública (MEP), continúan en la impunidad sin que, entre otros aspectos, rindan cuentas por los 2 mil y resto de millones de colones que, literalmente, quedan botados.
Ante tal concepción aventurada de las pruebas FARO, la oposición del estudiantado objeto del experimento no se hizo esperar, como tampoco la de las madres y la de los padres de familia de esa niñez y adolescencia que sufrió verdaderas agresiones psicoemocionales. Las personas jerárquicas ejecutoras de las mismas, también continúan en la impunidad.
Ahora el Presidente de la República, don Rodrigo Chaves Robles, anuncia con carácter de decisión política presidencial, que se eliminan las actuales pruebas FARO para lo cual razones hay de sobra. Además, múltiple aplauso está generando lo que el mandatario ha anunciado.
Aunque ANEP también aplaude, en tal marco de condiciones conviene compartir nuestras reflexiones al respecto:
El problema no es la decisión, es la forma en que se toma. Por vez primera, en 50 años, un Presidente de la República se salta toda la gestión del MEP para imponer una decisión.
El Consejo Superior de Educación (CSE) es una instancia creada, justamente, para velar por la calidad del sistema educativo y generar una política educativa independiente del poder de turno en el MEP o en el poder Ejecutivo.
El Consejo Superior de Educación tiene una relevante función y por eso, desde la ANEP, señalamos los errores de toma de decisiones y ausencia de responsabilidades del CSE 2018-2022. Pero, aunque cuestionamos al Consejo, debemos advertir de que es delicado saltarse la institucionalidad que representa y coaccionar a las personas que se están integrando al Consejo para el período 2022-2026.
ANEP hace el señalamiento de que una medida de corte autoritario como ésta, abriría la puerta de las tempestades. En primer lugar, nos lleva al peor escenario de la gestión educativa caracterizado por decisiones personales, impulsivas, sin estudios técnicos y, aún más grave, sin consultar a docentes, estudiantes y familias.
En segundo lugar, significa una injerencia política partidaria sobre la gestión educativa y debilita al Consejo Superior de Educación, justo en momentos en los cuales el país requiere la construcción de una política educativa técnicamente fundamentada y democráticamente inclusiva para integrar las visiones de las comunidades educativas.
En tercer lugar, el origen de esta medida (vertical, tomada por una persona, ajena a los procesos del MEP, inconsulta y debilitadora del CSE), debe alertar al Magisterio Nacional en momentos donde el país debatirá la sensible problemática del examen de idoneidad para asignación de propiedades, las posibles soluciones al interinazgos de decenas de miles de funcionarios del MEP, la mayor crisis presupuestaria del MEP en el siglo XXI, las políticas salariales y las medidas pedagógicas para salir del apagón educativo. En esos temas surge la pregunta: ¿la decisión vendrá desde Zapote?
Invitamos al señor Presidente y a la señora Ministra de Educación Pública para responder a los grandes desafíos de la educación costarricense con diálogo. ANEP-Magisterio Nacional reitera que la inclusión de docentes, estudiantes, familias y la sociedad civil son la única alternativa para la construcción de respuestas pertinentes, relevantes y de larga duración.
Finalmente, es importante insistir en el hecho de que las pruebas FARO, hoy totalmente desacreditadas y políticamente eliminadas, se liquidaron per se ante el apresurado y pésimamente planificado proceso de sensibilización y de implementación. Éste careció de un orden sólido y consistente, con total carencia de adecuada capacitación para concretarlo en la práctica.
San José, domingo 29 de mayo de 2022.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
– El Gobierno y la Asamblea están indolentes ante el sufrimiento popular.
– Más de 1.000 colones por litro de gasolina/diésel, mientras no hay una política salarial ante el alto costo de vida situación que tiene indignada a la clase trabajadora y personas pensionados por IVM CCSS.
Que la gasolina y el diésel superen la barrera de los mil colones por litro, solamente representa más combustible para la caldera en ebullición de las tensiones sociales.
Peligrosa es la pasividad tanto del Gobierno de la República como de la Asamblea Legislativa ante el creciente enojo de la gente. La indolencia de ambos pone en alto riesgo la paz social, ya de por sí agravada por una ola delincuencial que parece estar sin control.
ANEP estima que esta fuerte agresión económica a los bolsillos de la gente, del pueblo trabajador en especial, requiere que los poderes Ejecutivo y Legislativo tomen, coordinadamente, medidas excepcionales, como lo puede ser:
a) El control del tipo de cambio utilizando los 8 mil millones de dólares acumulados en reservas internacionales.
b) Imponer un impuesto extraordinario, al menos transitorio, a las rentas del gran capital sustitutivo del impuesto único a los combustibles.
c) Renegociar el pago diario de intereses de la deuda pública para contar recursos frescos que reemplacen esa injusta carga.
ANEP deja constancia de que ve con simpatías cualquier esfuerzo de expresión popular, cívico-pacífico, que se manifieste en las calles del país contra este inmisericorde ataque contra la estabilidad socioeconómica de las familias costarricense; apoyando, según sus posibilidades, tales esfuerzos.
Costo de vida sube y poder adquisitivo disminuye
Como organización sindical que aglutina a importantes sectores obrero-laborales de la clase trabajadora con empleo formal en los sectores Público y Privado, la ANEP recalca que no hay política salarial ni para el uno ni para el otro.
Ni siquiera puede afirmarse que alzas “automáticas” por costo de vida, compensen la acelerada curva descendente del poder de compra de los salarios.
En tal sentido, ANEP recuerda que, contándose con el apoyo de importantes gremios sindicales, con fecha 9 de mayo se le entregó al propio Presidente de la República una carta señalando la gravedad del problema indicado; y, puntualizando la urgente necesidad de abordar esta agenda de temas salariales, con miras de desacelerar, aunque fuera un poco, esa precarización de los salarios. Veamos:
1- Que se decrete con urgencia, una fijación extraordinaria al salario mínimo, emitida por el Consejo Nacional de Salarios (CNS), de manera inmediata; al menos para la clase trabajadora de la producción agrícola bananero-piñera y cañera; a los choferes de autobús, a quienes laboran en seguridad privada y en comercio.
2- Que se vuelva a la fijación semestral de reajuste por costo de vida al salario mínimo para la clase trabajadora del sector privado.
3- Que se emita una revaloración general del valor actual de los salarios mínimos para hacerlos congruentes con el dictado del Artículo 57 de la Constitución Política: debe procurar bienestar y existencia digna. Hoy en día no lo está haciendo.
4- Que se restablezca la protección de una cantidad mínima inembargable al salario, legislando con urgencia al efecto. Ya salió la primera sentencia judicial en tal sentido.
5- Que se restablezca la Comisión de Negociación de Política Salarial para el Sector Público: analizando con urgencia la precariedad salarial en programas sociales y de seguridad: CEN-CINAI, control de plagas, cuerpos policiales, por ejemplo.
6- Que se pague la deuda pendiente del reajuste salarial por costo de vida para el sector Público correspondiente al año 2021, arbitrariamente retenida por el saliente gobierno pese a tener contenido presupuestario debidamente financiado.
Adicionalmente, el planteamiento al Presidente de la República indicó el deterioro de la situación socioeconómica de las personas trabajadoras ya pensionadas por el sistema de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), señalándose:
7- Que se pague la deuda por reajustes pendientes de costo de vida ante la pérdida de poder adquisitivo a las personas trabajadoras pensionadas del régimen de IVM-CCSS, 80 % de las cuales ni siquiera tiene un monto de pensión igual al actual valor del salario mínimo que, por cierto, ya no está procurando ni bienestar ni existencia digna.
8- Que se instale, con urgencia, una mesa de discusión, no amañada y transparente, para analizar lo que está pasando con la sostenibilidad financiera del régimen IVM-CCSS: las razones del faltante en sus arcas de casi 50 billones de colones (50.000.000.000.000); y de la cruel decisión, aún no puesta en práctica, de elevar la edad para pensionarse, de reducir la cuantía al jubilarse y de, eventualmente, un nuevo aumento en la cotización obrera.
Mención especial merece resaltar el drama de un millón de personas compatriotas sin empleo y sin esperanzas, cuya batalla diaria por subsistir es ahora más dolorosa con el impacto generalizado de la desconsiderada alza en el precio de los combustibles.
San José, sábado 21 de mayo de 2022.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
–Además, solicita que caso sea visto de forma inmediata en la Corte Plena
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), envió una carta al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, solicitando que el caso de la denuncia contra la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia y presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano Castro, sea visto de forma urgente por la Corte Plena, además que se separe a la magistrada de su cargo mientras se realizan las investigaciones pertinentes.
La solicitud de la ANEP se basa luego de darse a conocer públicamente la denuncia, presentada por parte de la jefa del Centro de Información Jurisprudencial del Poder Judicial, Patricia Bonilla Rodríguez contra la Magistrada, en la que, a esta última, se le atribuye haber ordenado borrar del sistema NEXUS PJ (plataforma con información de casos judiciales) datos concernientes a casos de relevantes personajes políticos.
“Así las cosas, consideramos que las conductas atribuibles en grado de probabilidad suficiente a la magistrada Patricia Solano Castro, contienen elementos gravísimos de probabilidad que justifican, con la mayor de las premuras, la intervención de su persona (Fernando Cruz); no sólo para poner en conocimiento del Ministerio Público la noticia criminis para establecer posibles responsabilidades penales y/o disciplinarias contra la funcionaria pública Patricia Solano Castro (magistrada)”, explicó Albino Vargas Barrantes, Secretario general de la ANEP.
Para la organización sindical, de ser ciertos los hechos que se le atribuyen a la magistrada, se estaría en presencia de uno de los casos de corrupción “más nefastos de la historia”, lo que justifica la solicitud de separación de su cargo y que el caso sea visto por la Corte Plena de forma urgente.
En la carta enviada por la ANEP al presidente de la Corte Suprema de Justicia también se solicita brindar protección a la denunciante de apellidos Bonilla Rodríguez quien también labora en el Poder Judicial.
“19- Que la Presidencia de la República establezca un despacho en Casa Presidencial, con una autoridad con el carácter de comisionada, para presentarle todo tipo de denuncia de presunta corrupción y de irregularidades con fondos públicos y con tráfico de influencias que se hayan dado o que estén por darse en todas las instituciones del Estado, especialmente cuando se da la sucia connivencia de empresarios privados con funcionariado corrupto”.
Así, textualmente, lo indica el enunciado punto 19 (de 20), de la Proclama y Demanda Sindical que se hizo pública el pasado domingo 1 de mayo con ocasión de la histórica conmemoración del PRIMERO DE MAYO, Día Internacional de la Clase Trabajadora; al dársele lectura integral a la misma, de manera pública y al aire libre, en la Plaza de las Garantías Sociales, al término de la manifestación de la corriente sindical en la cual milita ANEP.
Este planteamiento (y toda la Proclama y Demanda Sindical), será entregado, por escrito, a primera hora del próximo lunes 9 de mayo, en la Casa Presidencial, para que así quede constancia oficial del recibido.
La respectiva carta que contiene los 20 planteamientos se dirige al propio y nuevo Presidente de la República, don Rodrigo Chaves Robles; así como al señor Primer Vicepresidente, don Stephan Brunner Neibig; y a la señora Segunda Vicepresidenta, Mary Munive Argenmüller.
Aparte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), también suscriben el documento las siguientes agrupaciones sindicales:
Asociación Sindical de Empleados de la Energía y de las Comunicaciones (ASDEICE) Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP) Sindicato de Trabajadores y de Trabajadoras del Poder Judicial (SITRAJUD) Sindicato de la Defensa Pública (SINDEPU) Sindicato de la Judicatura (SINDIJUD) Sindicato de Trabajadores del Tribunal Supremo de Elecciones (SETSE) Sindicato de Trabajadores del CNP y FANAL (SIPRO-CNP) Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP) Federación Costarricense de Trabajadores de la Salud (FECTSALUD) Unión de Personal del Instituto Nacional de Seguros (UPINS)
Se ha considerado conveniente que, de esta gestión sindical, tengan conocimiento autoridades político-civiles como: el señor Fernando Cruz Castro, Presidente de la Corte Suprema de Justicia; la señora María Eugenia Zamora Chavarría, Presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE); la señora Catalina Crespo Sancho, Defensora de los Habitantes de la República; la señora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Ministra de Trabajo y Seguridad Social; el señor Álvaro Sánchez González, Presidente del Colegio de Abogados y de Abogadas de Costa Rica.
También, se valoró como muy importante que las siguientes entidades conocieran este planteamiento sindical sobre el tema de la corrupción (y, por supuesto, el contenido integral de: la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR), el Movimiento Cooperativo, el Consejo Nacional de Recortes (CONARE). De la misma manera, se difundirá en el amplio mundo de los movimientos sindicales y sociales.
Valga indicar que la Propuesta y Demanda Sindical, ya se ha hecho del conocimiento de cada una de las seis fracciones parlamentarias de la Asamblea Legislativa que entró en funciones el pasado domingo 1 de mayo.
Estaremos muy expectantes del contenido del mensaje presidencial de este 8 de mayo a ver si hay señales más concretas del nuevo mandatario en esto del combate a la corrupción.
San José, sábado 7 de mayo de 2022.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP.
–ANEP-Pensionados IVM solicita reajuste de 7,8% de las pensiones por inflación de los precios
La seccional ANEP-Pensionados de IVM solicitó a la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), explicaciones sobre el por qué no ha realizado los respectivos ajustes y pagos por costo de vida o pérdida de valor adquisitivo en las pensiones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), ya que a la fecha la deuda ascendería a ₡118.000 millones anuales.
Así se desprende de un nuevo estudio y análisis realizado por Rodrigo Arias López, actuario matemático y Asesor de la ANEP en IVM, que comprende desde junio del 2016 al 31 de marzo del 2022, donde se muestra que la pérdida de valor adquisitivo en los montos de las pensiones llegó a un 7,8%, debido a que la Junta Directiva de la CCSS no ha reconocido aún la inflación de los precios.
“De mayo de 2019 a marzo de 2022 la inflación de los precios ha sido de un 7,57%; sin embargo, esa Junta Directiva solamente ha realizado una revalorización a los montos de las pensiones en una cuantía ridícula de un 0,76%, lo que ha ocasionado que los montos de las pensiones hayan perdido un 7,8% a marzo de 2022, pues en mayo de 2019 ya habían perdido un 1,1% adicional”. detalla el documento de la Secciona ANEP-Pensionados IVM, entregado a la CCSS
En el siguiente cuadro se detalla como los montos de las pensiones se están deteriorando de manera alarmante. El 53% de los pensionados reciben una pensión inferior a ₡150.000 y el 80% de las pensiones son inferiores al salario mínimo.
Cuadro No 1. Distribución de las pensiones de beneficiarios de IVM
Según detalló la seccional ANEP-IVM, los ₡118.000 millones anuales se desglosan de la siguiente manera: ₡96.800 millones son por pensiones, ₡8.000 millones por aguinaldo y ₡13.200 millones que están dejando de trasladar al seguro de salud correspondientes al costo de 13,75% para la atención médica de los pensionados.
“Como podrán comprender los costarricenses, esta es la forma en que los nueve directivos de la Caja Costarricense del Seguro Social, pretenden darle sostenibilidad al régimen de pensiones hasta el año 2050, es decir estafando a los actuales pensionados con montos de hambre y afectando a los actuales y futuros pensionados”, aseveró William Arias Soto, presidente de la seccional ANEP-Pensionados IVM
Cuadro N° 2. Pérdida de valor adquisitivo de las pensiones de IVM
Ante este escenario, la ANEP y su seccional de Pensionados de IVM solicitaron el martes 26 de abril de 2022 a la Junta Directiva de la CCSS, el pago de esa deuda de 7,8% por costo de vida que mantienen con los pensionados de IVM.
Este escenario provoca que la consigna de la ANEP “salarios y costo de vida” para el Día Internacional de la Clase Trabajadora tome mayor fuerza y relevancia.
–Domingo primero de mayo a partir de las 8 de la mañana al pie del monumento a Juanito Mora, frente al edificio central de Correos de Costa Rica, San José.
En los actuales momentos, en el seno de la clase trabajadora el principal agobio es el altísimo costo de la vida. Hay graves problemas en el seno de las familias obreras de este país para sobrevivir, especialmente las de ingresos medios y bajos; y, muy dramáticamente, en los casos en que solamente se les paga el salario mínimo de ley y/o en las situaciones de restricciones de liquidez por el alto endeudamiento salarial.
De manera incuestionable, ligado a lo anterior está la grave situación de que no hay política salarial en este país, tan solamente aquella que ha venido imponiendo salarios a la baja, el congelamiento y la precarización de los mismos.
Es por tal razón que la Junta Directiva Nacional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), definió que el tema fundamental para la conmemoración histórica del PRIMERO DE MAYO, debe ser el de los salarios vs. costo de vida.
La ANEP está invitando y convocando para el domingo 1 de mayo, con ocasión de la festividad obrera mundial del DÍA INTERNACIONAL DE LA CLASE TRABAJADORA, a fin de realizar una importante concentración de ciudadanía trabajadora y cívico patriótica; para dar a conocer un fuerte emplazamiento al nuevo Gobierno de la República y a la nueva Asamblea Legislativa, a fin de que se tomen acciones de política pública según corresponda para lo siguiente:
Una revisión estructural del actual nivel del salario mínimo en Costa Rica, con base en la estipulación que ordena la Constitución Política en su artículo 57: “Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación periódica por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna”. No hay bienestar ni existencia digna con la cuantía del salario mínimo en la actualidad.
Corregir la errática decisión impuesta por el gobierno neoliberal saliente, en cuanto a una única fijación anual para el sector privado, según desafortunada decisión “consensuada” en el Consejo Nacional de Salarios (CNS), órgano adscrito a la cartera ministerial de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
Emitir fuerte ordenanza política al actual CNS para que éste, por una única vez y con carácter de reajuste extraordinario, emita una fijación especial para la segunda mitad del presente año habida cuenta del asfixiante costo de la vida: ni se reduce la carga tributaria excesiva por el costo de los combustibles y, ahora, se argumenta el conflicto bélico europeo para justificar la subida en el precio de alimentos y servicios básicos. Por ejemplo, los casos de obreros agrícolas (piñeros, bananeros y cañeros), choferes de autobús, vigilancia privada, comercio.
Desbloquear el pago del reajuste por costo de vida correspondiente al año 2021 que el Ministro de Hacienda actual, señor Elián Villegas Valverde, se negó a honrar en el caso de la clase trabajadora asalariada estatal, pese a contar con contenido financiero-líquido para pagarlo y que obligó a la ANEP a demandar en sede judicial (proceso en trámite), a tal jerarca.
Rehabilitar el funcionamiento de la Comisión de Políticas Salarial para el Sector Público. Instalada la misma, su prioridad debe ser abordar el tema de la precariedad salarial en sectores laborales como los cuerpos policiales, el personal de CEN-CINA y de Control de Manejo de Vectores del Ministerio de Salud, personal técnico y asistencial de la Seguridad Social (especialmente de la CCSS), vigilantes y personal de comedores escolares del sistema educativo público, entre otros en tal situación de extrema vulnerabilidad salarial.
–ANEP presentó una denuncia ante el Ministerio Público por aparentes nombramientos irregulares
Posición de la Seccional ANEP-AyA ante la respuesta de la Presidencia Ejecutiva de Acueductos y Alcantarillados (AyA) mediante correo masivo a todos los funcionarios el 31 de marzo de 2022 y ante las declaraciones del presidente de la institución Tomas Martínez a Diario Extra y Crhoy.com minimizando la denuncia presentada en su contra ante posibles nombramientos irregulares en puestos de alta gerencia.
Ante lo indicado por la Presidencia Ejecutiva manifestamos lo siguiente:
Primero: Que la denuncia fue remitida a la Fiscalía del Ministerio Público el 21 de enero del presente año, el caso fue abierto y en este momento tiene un número de expediente.
Segundo: La Constitución Política de nuestro país indica en su Artículo 192: Con las excepciones que esta constitución y el estatuto de servicio civil determinen, los servidores públicos serán nombrados a base de idoneidad comprobada y sólo podrán ser removidos por las causales de despido justificado que exprese la legislación de trabajo o en el caso de reducción forzosa de servicios, ya sea por falta de fondos o para conseguir una mejor organización de los mismos.
Tercero: Que el Reglamento Autónomo de AyA en su artículo 2 indica: A los efectos de la aplicación de este reglamento, se entenderá que: a) servidor o trabajador es toda persona física que, a cambio de una remuneración y en virtud de un acto válido y eficaz de nombramiento, presta sus servicios a AyA, temporal o permanentemente, como parte de su organización, en forma personal o subordinada, también indica el artículo 8, entiéndase por Administración Superior la Presidencia Ejecutiva, la Gerencia y Subgerencia de la Institución, no se incluye como Administración Superior a las Subgerencias de Área, el subrayado es nuestro, en su artículo 12: en su relación laboral con la Institución, el servidor está sujeto a las condiciones derivadas de la clase y puesto originadas en el acto de su nombramiento, la cual deberá formalizarse mediante acción de personal y, además de las
disposiciones e instrucciones particulares que contenga, tendrá como incorporados, -y así se entenderá-, las normas del presente reglamento, las contenidas en los acuerdos de la Junta Directiva y todas las demás del ordenamiento jurídico administrativo en materia de empleo público y manuales de puestos, artículo 16, para ingresar al servicio de AyA se requiere, inciso 3) poseer la capacidad, aptitud, idoneidad, integridad, disposición y disponibilidad necesaria para el desempeño del cargo y puesto, y demostrarlo mediante los documentos que la dirección de Recursos Humanos requiera. 4) estar incluido en la nómina de elegibles que elabore la Dirección de Recursos Humanos o Jefatura Regional, según corresponda. 5) ser elegido de una nómina presentada por la dependencia interesada y nombrado por la Administración Superior a través de la Dirección de Recursos Humanos, con sujeción a los procedimientos establecidos. 6) cumplir con cualquier otro requisito que establezcan las disposiciones legales y reglamentarias aplicables artículo 17. para integrar la nómina de elegibles se requiere: 1) cumplir los requisitos que establezca el manual descriptivo de clases y el de reclutamiento y selección, así como las funciones reales del puesto. 2) someterse a las pruebas de idoneidad que disponga la dirección de recursos humanos.
Cuarto: Que los Manuales de Puestos fueron aprobados según y modificados según acuerdo: AJD-2020-20 en el mes de enero 2020, que se encuentran vigentes y que además incluyen los puestos de Subgerentes porque así corresponde, ya que son Subgerencias Técnicas y especializadas aprobadas por Mideplan y no puestos políticos.
Quinta: Según el Manual de Puestos para ser Subgerentes se requiere más de diez años de experiencia en labores relacionadas con el puesto y diez años de experiencia en labores de dirección de personal, según consta en pruebas se nombraron de Subgerentes personas externas carentes de experiencia en puestos vitales.
Sexta: Este sindicato presenta ante los Diputados de la Comisión Ingreso y Control del Gasto Público de la Asamblea Legislativa toda la información relacionada con estos nombramientos incluidos los informes de Capital Humano que indicaban que algunos de estos no cumplían, la información fue presentada posterior a que se dieran los acuerdos de esos nombramiento, estos informes fueron cuestionados por el diputado Erick Rodríguez Steller en una comparecencia de don Tomás Martínez, dicha comparecencia consta en videos, pero fue a partir de ese momento que los nombramientos aparentemente irregulares fueron suspendidos, pues parece que se pretendía nombrar a dedo por compromisos políticos.
Séptimo: Según informe Nro. DFOE-AE-IF-00001-2020 29 de enero 2020, INFORME DE LA AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL ACERCA DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN EL PROCESO DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DEL RECURSO HUMANO EN EL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS indica lo siguiente: El AyA incurre en prácticas que vulneran el proceso de reclutamiento y selección de recurso humano, al carecer de una política que proporcione las orientaciones necesarias en la materia, la emisión de esta política es competencia de la Junta Directiva, en tanto le corresponde dictar la normativa necesaria para
el mejor desarrollo de los fines del Instituto, las circunstancias encontradas son incongruentes con lo estipulado en la Ley General de Control Interno, N.° 8292, en cuanto al componente
de ambiente de control, según el cual, corresponde al jerarca y titulares subordinados establecer políticas y prácticas de gestión de recursos humanos apropiadas, principalmente en cuanto a contratación y vinculación; de conformidad con el ordenamiento jurídico y técnico aplicable. en consecuencia, el AyA incurre en actuaciones administrativas que no aseguran la idoneidad del recurso humano contratado, a falta de insumos en calidad y cantidad para la toma de decisiones; lo cual coloca en riesgo la imparcialidad y transparencia del proceso de reclutamiento y selección, y el cumplimiento de los objetivos de desempeño en servicios críticos como la prestación del servicio de agua y saneamiento de aguas residuales.
Octavo: El acuerdo de Junta Directiva 2014-550 señala: […] en aras de un principio sano de administración y de buena gestión del capital humano, dispone que todas las gerencias, direcciones de UEN, Subgerencias y Jefaturas no deberán tomar decisiones improcedentes, tales como: asignar funciones a servidores que no cumplen con los requisitos exigidos para desempeñarse en el puesto designado por ellos. Además, en este mismo acuerdo se indica: “[…] a partir de la fecha de este acuerdo será responsable disciplinaria y/o civilmente aquel funcionario que por sus actuaciones improcedentes provoque u origine este tipo de erogaciones al AyA, trasladando el caso a la dirección jurídica para iniciar el procedimiento de ley.”
Noveno: Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en su artículo 3º señala—deber de probidad, el funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público, este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la república; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente.”
Este sindicato ha llevado responsablemente este caso a las últimas instancias y los vemos en las últimas noticias, ni gerentes ni presidentes ejecutivos son impunes a que les caiga el peso de la ley como corresponde. como funcionarios públicos tenemos la obligación de denunciar todo acto irregular
Comparecencia Tomas Martínez, Presidente AyA ante cuestionamientos por nombramientos irregulares
Antes de conocerse el resultado final del veredicto popular acerca de quién será el próximo Presidente de la República, producto de las elecciones de segunda vuelta del próximo domingo 3 de abril, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), llama, con vehemencia respetuosa, la atención de don José María Figueres Olsen y de don Rodrigo Chaves Robles (citados en orden de votación de primera ronda), de manera pública, acerca de las 5 grandes problemáticas del momento, las cuales están repercutiendo, fuertemente, en la calidad de vida de la población costarricense, en especial, su clase trabajadora:
PRIMERO: El altísimo precio de los combustibles que, si bien es cierto, tiene relación directa con lo que está sucediendo con el conflicto ruso-ucraniano, lo real es el impacto directo en su costo que significa la altísima carga de impuestos indirectos que pesan sobre ellos, dada la caótica situación fiscal del país y de la situación corrupta del sistema tributario (altamente injusto, inequitativo y de alta evasión). El nuevo mandatario debe hacerse sentir ante esta problemática y orientar lo que proceda para imponer justicia en este asunto.
SEGUNDO: Producto de lo anterior, se está dando una acelerada pérdida de poder de compra del salario, ya de por sí muy reducido por el práctico congelamiento a que ha sido sometido. Por tanto, es urgentísimo lo siguiente: A) Un reajuste extraordinario, por altísimo costo de vida, tramitado a nivel del Consejo Nacional de Salarios (particularmente para favorecer a clase obrera bananero-piñera, choferes de autobús, vigilancia privada y personal trabajador del comercio). B) Proceder a entregar, inmediatamente, los dineros retenidos por el Ministerio de Hacienda producto de reajustes por costo de vida a las personas trabajadoras empleadas públicas, en el año pasado 2021, cuyos recursos ya habían sido presupuestados.
TERCERO: Instalar una comisión político social, con representaciones (al menos) de los sectores obrero-sociales, productivo-empresariales, sector banquero-financiero y del nuevo gobierno, para que se dedique a atender con urgencia la problemática del alto pago de intereses, más que obscenos, de la deuda pública; así como para abordar el tema de la deuda pública en sí misma.
CUARTO: Urgente instalación de los escáneres en todos los puestos fronterizos del país, para aportar en la defensa de la institucionalidad republicana ante el avance del ataque en su contra del dinero sucio producto del crimen organizado y del tráfico internacional de estupefacientes; además del gigantesco contrabando defraudador fiscal. Existen las debidas disposiciones legales al respecto, promulgadas mediante leyes y orientaciones específicas, emitidas por parte de la Asamblea Legislativa.
QUINTO: De un modo u otro, ambos candidatos emitieron criterios cuestionadores acerca de la perversa Ley Marco de Empleo Público, la cual no solamente afecta derechos adquiridos y vulnera situaciones jurídicas consolidadas; sino que, además, precariza la estabilidad en el empleo y los salarios de la clase trabajadora estatal, en sus niveles medio y bajo, flexibilizando al máximo los procedimientos del despido. Urge la convocatoria de las entidades sindicales más representativas del sector Público para abrir el necesario espacio de análisis que permita la presentación de las diversas objeciones y de las propuestas alternativas.
San José, miércoles 30 de marzo de 2022.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto
– El caso del BCR: Máximo jerarca, que ya gana 9.3 millones, quedaría ganando menos que su subalterno.
– Mensaje directo para los candidatos presidenciales de segunda ronda
Nuevamente, el tema de los salarios exagerados, escandalosos y ofensivos en la esfera estatal, sale a la luz pública. Según publicación de prensa de este día, en el “reino” de las escandalosas remuneraciones salariales de los banqueros, cobra notoriedad, nuevamente, el caso del Banco de Costa Rica (BCR).
Por esos “raros” movimientos en esas altas cúpulas que nadie se explica, el máximo jerarca institucional, el Gerente General, quien gana 9 millones 300 mil colones mensuales de salario, sería rebasado por su inmediato subalterno, el Subgerente, quien llegaría a ganar más que él.
La denuncia de fuente laboral al respecto y que fundamenta la información de prensa, se queda cortísima: no es defender el salario del “pobrecito” Gerente General que quedaría ganando menos que su subalterno inmediato: el Subgerente.
Por el contrario, es impulsar la derogatoria de este sistema de salarios abusivos en los bancos públicos, pues tanta complicidad sindical durante tanto tiempo al respecto, ha generado que se dañen miles de honras de servidores públicos por toda la institucionalidad estatal.
¡Exacto! Contradictoriamente, la abrumadora mayoría de la clase trabajadora estatal, vilipendiada al máximo en los últimos años por una perversa campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico en contra del empleo público, no gana tan escandalosos sueldos. Es una minoría, por demás, insaciable. Gran injusticia se ha cometido y que está pendiente de saldar.
Bien harían los señores candidatos a la Presidencia de la República que disputarán la silla presidencial, en segunda ronda electoral, el domingo 3 de abril venidero, en ponerle buen cuidado a la propuesta de la ANEP, incluida en el documento-carta que esta organización les hizo llegar:
Urge la emisión de la una ley de la República para regular los salarios en el nivel de la alta cúpula político-gerencial y tecnocrática del Estado, de manera tal que quien aspire a tan elevados cargos públicos, por imposición política, por atributos profesionales y/o por imposiciones gremiales abusivas, sepa a qué atenerse si va a dirigir un ministerio, una institución autónoma/semiautónoma, una empresa pública, un banco estatal, una superintendencia, una alcaldía, un hospital, una universidad estatal, etc.
Este tipo de “salariazos” que se obtienen llegando a posiciones de poder por servidumbre con la clase política tradicional y sus suportes plutocráticos, no desaparecerán con el nefasto proyecto Ley Marco de Empleo Público, Expediente Legislativo 21.336, mismo que debe desaparecer del actual escenario legislativo, tal y como también lo planteó la ANEP en su carta a los indicados candidatos presidenciales, señores José María Figueres Olsen y Rodrigo Chaves Robles.
Por el contrario, quienes sirven en la función pública con salarios de niveles bajos, medios y profesionalmente justos, son las víctimas político-sociales de una agresión político-mediática sin parangón desde que existe lo que se conoce como la Segunda República.
San José, miércoles 16 de febrero de 2022.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto
Costa Rica no tiene “escapatoria”: cumple porque cumple, tal y como sucedió con el matrimonio igualitario y con la fertilización in vitro que ahora están en nuestro ordenamiento jurídico por mandatos de la Corte IDH.
Es una verdadera “ganga” para el eventual comprador del BCR que se lo llevaría en “combo” por tan ridículo precio, dado que el BCR es, en realidad, un conglomerado de negocios: BCR Pensiones, BCR Valores, BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, BCR Corredora de Seguros. Además, el BCR es el accionista mayoritario del Banco Internacional de Costa Rica (BICSA). ¿Qué significa todo esto? Para los más amplios sectores populares y los grandes grupos con conciencia cívico-patriótica, esto es un “megachorizo sin precedentes”.
Contundente: ¡el préstamo gota a gota ya es delito criminal! Gran papel jugó el Colegio de Abogados y de Abogadas de Costa Rica, mediante su Comisión de Crimen Organizado y Seguridad. Su Junta Directiva tomó el acuerdo 2023-01-024 de impulsar tal proyecto y don Gilbert y doña Gloria hicieron toda la gestión de promoción parlamentaria para que, afortunadamente, ya tenga segundo debate.
Es momento de visibilizarse como mujeres, de demostrar las capacidades que nos caracterizan, de tomar los espacios en las aulas, de capacitarnos, de tomar decisiones, de que valoren nuestras capacidades en los puestos laborales, de apoyar a otras mujeres y niñas, para así minimizar los índices de desigualdad de la mitad de la población como lo son las mujeres.
El sistema Nacional de las juventudes en nuestro país, a través del tiempo ha estado bajo el control de no solo personas adultas tratando de imponer sus decisiones hacia las juventudes de nuestro país, sino que, a su vez, el Sistema Nacional de Juventudes ha estado secuestrado por intereses partidarios y esto ha incidido en que muy pocas personas jóvenes de nuestro país (de los 12 años a los 35 años), sepan que existe un Sistema Nacional de Juventudes.
