Comunicados de Prensa

Es momento de dignificar el salario de nuestros policías

Publicada el 05/09/2022 | por ANEP | Dejar un comentario

– Es momento de dignificar el salario de nuestros policías

Tal como es de dominio público, hace poco se dispuso aumentar el salario de los ministros de Estado, el argumento único fue que sus salarios eran muy bajos. Bajo esa misma premisa, se hace pertinente solicitar la dignificación salarial que por décadas se les ha negado a las personas trabajadoras integrantes de los distintos cuerpos policiales.

Según datos oficiales, en los últimos diez años, el incremento promedio para los agentes del orden ha sido de un 28.25% sobre el salario base, para un promedio anual del 2.82%, lo cual hace que en la actualidad el salario base de un agente de la Fuerza Pública sea de tan solo ₵342.500,00, mensuales.

Es claro, que el salario de nuestros uniformados se encuentra entre los más bajos del gobierno central, que el monto antes dicho, no es acorde a la peligrosidad que deben enfrentar, con un desgaste físico y emocional, mucho mayor al que posiblemente se tenga en otras labores. La responsabilidad que debe asumir un oficial de policía, en sus labores diarias, implica llevar sobre sus hombros la tranquilidad de la sociedad, la protección de los bienes jurídicos de terceros y hasta la vida de la población, a costa de la propia vida, indubitablemente ese nivel de riesgo y de responsabilidad, tiene que ser recompensado, la función policial es esencial para la sociedad, no puede seguir siendo tan maltratada.

Por eso, desde la Seccional ANEP Fuerza Pública, hacemos un llamado respetuoso al Gobierno de la Republica, para que, en aplicación de la excepcionalidad de la función policial, bajo el mismo argumento utilizado para aumentar el salario de los ministros de Estado, teniendo en consideración el criterio de la Procuraduría General de la Republica, Opinión Jurídica PGR-OJ-102-2022, se ordene a la brevedad posible un incremento salarial a la base de nuestros oficiales de Policía, partiendo del hecho de que no están siendo compensados por el trabajo que realizan al servicio del país, saldándose así una deuda histórica con tan importante sector laboral.

ANEP solicita aprobación legislativa urgente a proyecto gubernamental ante el alto precio de los combustibles

Publicada el 08/08/2022 | por ANEP | Dejar un comentario

Sobran fuentes de financiamiento sano para mantener congelado el valor del litro de gasolina y el del diésel.

ANEP confía en la sabiduría popular para planificar la movilización necesaria.

Sobran las palabras. El pueblo trabajador, los y las de abajo y hasta los de en medio, están exigiendo un alto drástico al altísimo precio de los combustibles. Todo indica que la movilización sectorial, regional y nacional es cuestión de tiempo.

¡Plata sobra! Congelar el valor del litro de gasolina en 900 colones y el del diésel en 800, es completamente factible pues sobran las fuentes de financiamiento.

PRIMERO: Según el Banco Central de Costa Rica (BCCR), los bancos comerciales atesoraban al 30 de abril de 2022, la inimaginable cantidad de, prácticamente, 38 mil millones de dólares ($ 38.000.000.000). En colones: unos 25 billones de colones (25.000.000.000.000). Un subsidio de 6 meses, apenas representaría el 1 % de tal cantidad. Se puede tramitar un impuesto extraordinario-especial y excepcional a pagar por los banqueros, específicamente, para que la gente pueda tener un respiro ante la incesante subida de precios de bienes y de servicios producto del altísimo precio de los combustibles.

SEGUNDO: El pago diario, cada 24 horas, de intereses de la deuda pública, durante el pasado año 2021, ascendió a unos 5.500 millones de colones. Estamos hablando de 165 mil millones de colones cada mes (165.000.000.000). El subsidio estatal para mantener el precio de los combustibles, contabilizado mensualmente, apenas representaría un 28 % de ese pago mensual obsceno de intereses de la deuda pública. Se puede renegociar ese abusivo pago de intereses mensual-diario y la abrumadora mayoría del pueblo costarricense.

TERCERO: Un impuesto especial y solidario para las grandes fortunas y capitales acumulados, considerando que la evasión fiscal-tributaria es del orden de los 360 millones de dólares al mes, según estimaciones del propio Presidente de la República. Es decir, Bastaría únicamente un mes, 240 mil millones de colones, para hacerle frente a un subsidio de 6 meses ante el congelamiento eventual del precio de los combustibles como lo promueve el actual Gobierno. Aunque pueda parecer un escenario “utópico”, el margen de maniobra es cuantitativamente factible.

La ANEP lanza una fuerte y vehemente exhortación a todas las señoras diputadas y a todos los señores diputados, sin excepción, para que emitan la urgentísima legislación del congelamiento del precio de los combustibles: 900 colones para la gasolina y 800 colones para el diésel.

La ANEP estima que, con base en la sabiduría popular, debemos pensar seriamente en la movilización que las circunstancias nos están imponiendo.

San José, lunes 8 de agosto de 2022.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Walter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP

ANEP solicita a la fiscalía General de la República investigar inversiones de la CCSS en La Nación S.A.

Publicada el 04/07/2022 | por ANEP | Dejar un comentario

Dentro de las petitorias que la ANEP, solicita a la Fiscalía General, es que se informe si existe alguna denuncia planteada en contra de La Nación S.A. por los hechos denunciados por la prensa nacional, o bien, si el Ministerio Público tomará acciones concretas, con base en la información que ha transcendido a la luz pública, donde se describen algunos comportamientos supuestamente irregulares en el manejo de inversiones que involucran fondos de la CCSS

La ANEP logró extraer las notas periodísticas publicadas por Diario Extra, Semanario Universidad, El Guardián y El Mundo.cr, en las cuales se informa que La Nación S. A. tiene una deuda, en apariencia, por aproximadamente ¢19 mil millones de colones, misma que vence entre 2024 y 2025. Estas informaciones han sido presentadas ante la Fiscalía General de la República junto a la petitoria de nuestra organización.

En las informaciones dadas a conocer por los medios de comunicación en mención, también se extrae que de los dineros de pensiones que administra la CCSS, que corresponden al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y del Fondo de Retiro de los Empleados de la Caja Costarricense de Seguro Social (FRE), se tendrían invertidos aproximadamente ¢6 mil millones de colones en instrumentos de deuda con La Nación S. A.

La CCSS tiene invertidos en La Nación S. A., según notas del elmundo.cr y Semanario Universidad, 2 mil cuatrocientos millones de colones del IVM; también 3 tres mil millones de colones del FRE y 732 millones de colones de la Operadora de Pensiones Complementarias de la CCSS.

En julio de 2020, La Nación S. A. le indicó a la Superintendencia General de Valores (Sugeval), que desarrollaría un proyecto inmobiliario por medio de un fideicomiso, a pesar de reportar deudas desde el año 2019. En dicho proyecto inmobiliario, se indicó, que incluirían la propiedad de Llorente de Tibás, además de otras propiedades, indican las informaciones periodísticas.

Trascendido a la luz pública que la CCSS, mediante el oficio GF-365-06-2022-GP-1046-2022, enviado a la Sugeval, con fecha 29 de junio de 2022, le pide información sobre este fideicomiso y el impacto que ha tenido en los estados financieros de La Nación S. A.

Otro de los cuestionamientos, indicados en las notas de prensa, hace referencia a las calificaciones financieras de La Nación S. A. que pasaron de “AAA” a “A”, razón por la cual, la CCSS, con base en diversos informes emitidos por el Comité de Riesgos para los Fondos Institucionales, así como por la Gerencia de Pensiones y la Gerencia Financiera, ha mantenido una atención especial a inversiones que se tienen en los instrumentos de La Nación. S. A.

En criterio de ANEP, los hechos publicados por esta prensa nacional, reflejan una situación de urgencia que debe ser analizada por las autoridades superiores del Poder Judicial, en especial del Ministerio Público, pues podríamos estar, en apariencia, frente a algún fraude de simulación que involucra fondos del IVM, del FRE y de la Operadora de Pensiones Complementaria de la CCSS.

ANEP ve necesaria una investigación del Ministerio Público mediante la cual se aclare si los fondos pertenecientes a la CCSS sufren algún riesgo, pero también que se investiguen las conductas denunciadas públicamente y se determine si configuran algún tipo de hecho castigado por el ordenamiento jurídico penal.

San José, lunes 04 de julio de 2022.

Unidad de Información y Comunicación ANEP.

FISCALÍA-LA-NACIÓN Descarga

Detectan plaguicida altamente contaminante y letal en agua de ASADA de Cipreses de Oreamuno

Publicada el 27/06/2022 | por ANEP | Dejar un comentario

– Ministerio de Salud pide investigar situación al AyA. Actualmente la Asada de Cipreses de Oreamuno abastece de agua a más de cuatro mil personas de tres cantones diferentes de la provincia de Cartago.

– ANEP respalda las acciones del Frente Ecologista de Cipreses.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), como organización sociopolítica que practicamos el sindicalismo ciudadano, nos pronunciamos con vehemencia a favor de las acciones jurídicas y comunales del FRENTE ECOLOGISTA DE CIPRESES, referente a la contaminación del agua con agroquímicos letales y en defensa de sus tomas de agua en Cipreses de Oreamuno de Cartago.

ANEP le pide cuentas al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), especialmente a su Laboratorio Nacional de Aguas (LNA) sobre la contaminación del agua en Cipreses de Oreamuno.

Petición respaldada en análisis realizados en el agua de la localidad por el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional (IRET-UNA), en el cual se detectaron productos de degradación clorotalonil, sobre el límite permitido, así como trazas de otros plaguicidas; lo cual incluso ha sido reconocido por el AyA en su informe técnico: GSD-UEN-GAR-2022-01098.

Además, muestras del agua de Cipreses fueron enviadas desde el IRET-UNA al laboratorio suizo EAWAG (Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology, por sus siglas en inglés), en donde se encontró que también había otros productos de la degradación de clorotalonil, encontrando hasta 13 productos diferentes de la degradación, como se indica en el oficio UNA-LAREP-OFIC-054-2021 dirigido a la ASADA de Cipreses.

Este agroveneno que hoy contamina el agua de Cipreses (y probablemente en otras comunidades del país), está prohibido en Europa y otros 17 países del mundo precisamente por ser altamente contaminante y por los efectos mortales que causa en la salud pública y los efectos negativos en el ambiente.

Ministerio de Salud pide investigar

Ante esta grave situación, el pasado 3 de junio, la Jerarca del Ministerio de Salud, Joselyn Chacón, solicitó a Roberto Guzmán, Director Ejecutivo del AYA, su apoyo para incluir los derivados del clorothalonil en las mediciones de los parámetros N4, que se aplican en el Laboratorio Nacional de Aguas.

La directriz girada por la nueva Ministra de Salud es un gran triunfo para la protección del agua, la salud y el medio ambiente en Costa Rica, señalo el Frente Ecologista de Cipreses

“Agradecemos también que la inclusión del análisis de las moléculas de degradación del fungicida clorothalonil serán aplicadas no solamente en el monitoreo para detectar plaguicidas en agua potable (N4) que se hagan en el distrito de Cipreses, sino que ahora se empezarán a aplicar en los acueductos de todo el territorio nacional, esto permitirá tomar medidas precautorias y acciones correctivas con mucha más rapidez, lo cual va a evitar futuras afectaciones para la población”, manifestó el grupo ecologista.

Actualmente la Asada de Cipreses de Oreamuno abastece de agua a más de cuatro mil personas de tres cantones diferentes de la provincia de Cartago entre estos: Cipreses de Oreamuno, Cervantes de Alvarado y Paraíso.

Ante este escenario, urge que el Gobierno fortalezca las capacidades del Laboratorio Nacional de Aguas (LNA), ya que incluso sus propios funcionarios aceptan que carecen de recursos técnicos para el monitoreo y respuesta rápida; pues solamente pueden analizar 24 plaguicidas cuando en nuestro país hay más de 200 que podrían estar contaminando el agua de los y las costarricenses.

Las anteriores afirmaciones se realizaron el pasado 8 de junio por parte del funcionario del Laboratorio Nacional de Aguas del AyA, señor Darner Mora Alvarado en un foro efectuado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, donde también manifestó “que ellos trabajan en un cuchitril…” ¿cómo es posible que este importante laboratorio no sea prioridad nacional siendo este país uno de los que más utilizan fumigaciones en el mundo?

Para la ANEP y el Frente Ecologista de Cipreses resulta apremiante sacar al LNA de la Regla Fiscal y robustecer su competencia con el fin de proteger la salud pública y ambiental, ante la realidad de ser uno de los países de mayor uso y abuso de plaguicidas en el mundo, como consta en el reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre el Uso Aparente de Plaguicidas en Costa Rica 2022, donde se evidencia que incluso hay muchos plaguicidas contaminando nuestra comida y agua los cuales son altamente peligrosos y están prohibidos en otros países. Costa Rica debería ir a la vanguardia en protección ecológica y de la salud y no ser un país reconocido por usar todos los plaguicidas prohibidos en otros países. (https://impactoplaguicidas.cr/)

Dicho informe reveló que la población costarricense, especialmente la rural y las personas trabajadoras agrícolas están expuestas a una elevada cantidad de plaguicidas altamente tóxicos, que supera los 74 kilogramos de ingrediente activo por trabajador/trabajadora agrícola por año.

Es importante que el Laboratorio Nacional de Aguas establezca alianzas estratégicas con el prestigioso laboratorio del IRET (LARET) de la UNA. Para atender los hallazgos de productos de la degradación del clorotalonil en el agua de Cipreses; ya que hay nuevos desafíos en materia de ecotoxicología ambiental y salud pública, de manera que las comunidades afectadas cuenten con acompañamiento técnico de alta calidad.

Cuestionan resultados sin tener capacidades técnicas.

El Laboratorio Nacional de Aguas de AyA a pesar de no contar con las capacidades técnicas para detectar los productos de degradación del clorotalonil, se precipitó a criticar los análisis y resultados realizados por el IRET-UNA donde sí han podido detectar los productos de la degradación del plaguicida en el agua de Cipreses de Oreamuno gracias a su larga experiencia y contactos internacionales.

Hay que reconocer que este es un tema muy nuevo y apenas en el 2019 se descubría en Suiza y en Europa. Por otra parte, lamentamos las declaraciones ante la prensa del señor Darner Mora Alvarado del LNA del AyA según consta en su entrevista en Semanario Universidad (https://semanariouniversidad.com/pais/aya-dice-que-se-necesitan-mas-pruebas-para-comprobar-contaminacion-con-fungicida-en-agua-de-cipreses-de-oreamuno/) por lo que instamos a él y todo su equipo técnico en trabajar de forma proactiva con sus colegas del IRET-UNA para atender este problema que hoy enfrenta la sociedad costarricense, ya que no solo afecta a la comunidad de Cipreses de Cartago.

ANEP felicita a las personas del Frente Eco Cipreses, así como a quienes trabajan en el IRET-UNA que actualmente demuestran su compromiso en defensa de la salud pública y les reiteramos nuestro apoyo en su lucha por el bien común.

Al mismo tiempo recordamos que el Estado debe cumplir el artículo 50 de nuestra Constitución Política que establece: “Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Por ello, está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho y para reclamar la reparación del daño causado”.

San José, 21 de junio de 2022.

Directriz Ministerio de Salud

Directriz-Ministerio-de-Salud Descarga

Texto sustitutivo de jornada laboral 4×3 presentado por el Gobierno es más regresivo

Publicada el 16/06/2022 | por ANEP | Dejar un comentario

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y el Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP), enviamos el día de hoy al Gobierno de la República, el análisis sobre el texto sustituto al expediente legislativo Nº21.182 que busca instaurar la jornada laboral denominada 4×3, manifestando el rechazó a tal planteamiento; a la vez, indicamos que no asistiremos a la reunión en Casa Presidencial, este jueves 16 de junio, por no considerarlo necesario.

Para ANEP y SITRAP la propuesta contenida en el texto sustitutivo en nada subsana el problema medular que tiene el proyecto de ley por violación al artículo 58 de la Constitución Política. La nueva propuesta pretende permitir el uso de las jornadas ampliadas (extenuantes), de doce horas diarias en una serie de actividades productivas de denominación genérica y, por ende, de alcance general como lo es la manufactura tecnificada, considerada como cualquier proceso productivo que requiera de maquinaria para su producción y que se ejecuten en procesos continuos e ininterrumpidos de 24 horas; en la industria de implementos médicos y en los servicios de apoyo para atender ambas actividades; así como también en todos los servicios corporativos que por su naturaleza requieran procesos continuos e ininterrumpidos de 24 horas a fin de garantizar su operación en las diferentes zonas horarias geográficas.

Similar situación ocurre con la denominada jornada anualizada. En este caso, el texto sustitutivo propone que este tipo de jornada se pueda utilizar de manera generalizada en los sectores turismo, comercio, construcción, agricultura y agroindustria. La propuesta omite, incluso, definir cuáles serían los supuestos de excepción muy calificada que haría posible el uso de la jornada anualizada en estos sectores.

Insistimos en señalar que el proyecto de ley, tanto en su versión anterior como en la que recoge el texto sustitutivo propuesto por el Gobierno de la República, adolece de serios vicios de inconstitucionalidad. La regulación contenida en el artículo 145 bis para la implementación de la llamada “jornada excepcional ampliada” (jornada 4 x 3), no respeta el condicionamiento de orden constitucional previsto en el artículo 58 de nuestra Constitución

Política, conforme al cual los límites de las jornadas ordinarias que fija esa norma constitucional, sólo pueden desaplicarse en casos de excepción muy calificados que determine la ley.

En anteriores ocasiones hemos hecho ver que la expresión que recoge el artículo 58 de la Constitución Política en la frase de “excepción muy calificada”, deja claramente evidenciado el interés del legislador de dar una protección constitucional reforzada a los límites de las jornadas ordinarias en función del interés superior que representa el bienestar de los trabajadores en el equilibrio de intereses que recoge la ecuación capital- trabajo.

La redacción que se propone en el texto sustitutivo para los artículos del artículo 145 bis y 145 ter en nada se ajusta al condicionamiento de excepcionalidad muy calificada que exige el artículo 58 de la Constitución Política. Los supuestos de aplicación de la jornada ampliada y de la jornada anualizada que se establecen en el texto del proyecto de ley, lejos de constituir excepciones de orden muy calificada como lo ordena la Constitución Política, son reglas de alcance general que permitirían el uso de este tipo de jornadas de manera prácticamente generalizada.

Por otro lado, vemos con preocupación que en el texto sustitutivo del proyecto de ley se introducen algunas modificaciones que afectan aún más a los trabajadores. Tal cosa ocurre por ejemplo en el artículo 2.3, en el que se establece que la definición del día de descanso absoluto será facultad unilateral de la parte empleadora, cuando el texto del proyecto dictaminado establece que la definición del día de descanso se hará por mutuo acuerdo.

De igual forma, en el texto sustitutivo se está eliminando la obligación que tendrían las empresas que se acojan a la jornada ampliada de brindar la alimentación que se encuentra contemplada en el artículo 9 del proyecto dictaminado.

También se elimina la salvaguarda -aunque limitada-, que el texto dictaminado tiene para que las personas que tienen algún fuero de protección se puedan eximir de laborar una jornada ampliada.

Mucho más preocupante es ver que en el texto sustitutivo (art.7), se esté contemplando la posibilidad de que los trabajadores puedan laborar por requerimiento de la empresa alguno de los días libres, doce horas adicionales, con lo cual, se está habilitando la posibilidad de una jornada de hasta 60 horas por semana. Esta propuesta viene a introducir una nueva modalidad de jornada que bien podríamos denominar 5 x 2, esto es laborar 5 días doce horas diarias con un descanso de 2. Desde nuestra perspectiva una propuesta como esta es impensable y, por ende, inaceptable.

Finalmente, la previsión que se propone en el texto sustitutivo para la promoción de programas de cuido y atención de la niñez y personas dependientes, es claramente insuficiente. Al respecto, el proyecto se limita en establecer que será el Ministerio de Trabajo

el que con otras instituciones (no se indica cuáles), deberá promover este tipo de programas, pero no se establece ni siquiera como referencia, nada respecto al financiamiento de estos programas ni de los alcances reales que estos tendrían, como tampoco se hace referencia alguna a acciones específicas que aseguren la efectividad de los mismos. Con el debido respeto debemos decir que se trata de una siempre declaración de buenas intenciones, desprovista de toda eficacia práctica.

En definitiva, creemos que el texto sustitutivo no solamente no subsana en nada los graves vicios e inconvenientes que tiene el texto dictaminado; sino que agrava el perjuicio para las personas trabajadoras y acentúa el desequilibrio de los intereses que la propuesta tiene claramente definidos a favor del sector empresarial en perjuicio de los trabajadores y de las trabajadoras del país.

En otro orden de ideas, nos parece que la justificación del proyecto con un enfoque centrado en la productividad y en la promesa incierta de más fuentes de empleo, pero en desatención de la salud de la persona trabajadora, en detrimento del equilibrio diario de actividades y en ampliación de la jornada, concebida como el tiempo de duración del trabajo diario, es un ejercicio de regresividad de los derechos económicos, sociales y culturales.

Cabe destacar que el ejercicio de intercambio de pareceres sobre la temática abordada, con la participación de una notable diversidad sectorial y político-partidista, en un único espacio físico, resultó interesante.

Agradecemos la invitación que se nos formuló y consideramos que, con este tercer documento, las autoridades del Gobierno tienen absoluta claridad y contundencia de que es imposible para la corriente sindical que representamos avalar las pretensiones abusivas de la propuesta de legislación comúnmente denominada “jornada 4/3”.

Documento enviado al Gobierno de la República

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ANEP celebra revisión del monto del salario mínimo en el sector privado

Publicada el 09/06/2022 | por ANEP | Dejar un comentario

El 9 de mayo anterior, la ANEP lo planteó en una carta enviada al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles.

ANEP considera necesario volver a realizar los reajustes por costo de vida cada seis meses.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) celebra la intención del Consejo Nacional de Salarios (CNS) de someter a discusión la revisión del monto actual del salario mínimo, considerando la brutal e indetenible alza en el costo de la vida, sobre todo en los productos y servicios básicos que ocupa la clase de trabajadora de ingresos medios y bajos.

La ANEP lo había planteado en su carta al presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, con fecha del 9 de mayo anterior: “Que se emita una revaloración general del valor actual de los salarios mínimos para hacerlos congruentes con el dictado del Artículo 57 de la Constitución Política: debe procurar bienestar y existencia digna. Hoy en día no lo está haciendo”, menciona el documento.

“Nosotros planteamos como primeros puntos en la carta enviada al presidente algunos aspectos relacionados con la política salarial del sector privado, ya la población sufre por el alto costo de la vida y el crecimiento de la desigualdad”, agregó Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP.

Nuestra organización sindical, ANEP, espera recibir la convocatoria de rigor para presentar ampliamente los argumentos sobre la necesidad de una fijación extraordinaria de los salarios. Además, de reforzar la pretensión de que los reajustes por costo de vida en materia de salarios mínimo vuelvan a ser semestrales y no anuales.

Otra de las peticiones es que se restablezca la protección de una cantidad mínima del salario inembargable en el sector privado.

En ANEP existen muchas personas trabajadoras afiliadas del sector privado, entre ellos choferes de autobús, trabajadores de las plantaciones agrícolas, de vigilancia privada, entre otros sectores de la economía.

Combustibles a más de mil colones el litro: urgen medidas políticas extraordinarias, no «parchecitos»

Publicada el 05/06/2022 | por ANEP | Dejar un comentario

• Se deben romper tabúes: el sector financiero-bancario debe aportar pues la gente ya no tiene de donde.

692 mil 853 millones de colones (692.853.000.000), es el monto pagado por concepto de intereses de la deuda pública durante los primeros tres meses del presente año 2022. Sin duda, escandaloso y obsceno pago. Son datos publicados por el propio Ministerio de Hacienda.

Tenemos, entonces que, en enero anterior, se pagaron por intereses de la deuda pública, 230 mil 951 millones de colones (230.951.000.000). Cifra exactamente igual se pagó en febrero y en marzo pasados.

En cuanto a lo recaudado por concepto de impuesto único a los combustibles, en el pasado mes de enero, el monto es de 68 mil millones de colones (68.000.000.000).

EL Gobierno está pegando el grito al cielo ante la posibilidad de que le quitaran este impuesto, en todo o en parte. Dice que le quedaría un hueco fiscal y que nadie le dice cómo lo llenaría (lástima que no está gritando lo debido por el pago de intereses de la deuda pública).

El monto total recaudado por concepto de impuesto a los combustibles es, apenas, un 30 % (29.44 %, para ser exactos), de lo que hubo que erogar para atender ese obsceno y escandaloso pago de intereses de la deuda pública.

Dicho de otra manera: Tanto el Gobierno como la Asamblea Legislativa pueden tomar medidas para aliviarle la carga a la población del país, especialmente la conformante de la clase trabajadora, tomando dineros del pago de intereses de la deuda pública para reducir, sustancialmente, la cruel carga tributaria sobre el precio de la gasolina y del diésel, principalmente.

Sin tocar un centavo de los dineros tributarios destinados a las municipalidades que están establecidos dentro del impuesto a los combustibles, con la medida que estamos proponiendo se puede reducir, significativamente, la carga de impositiva actual del 28 % sobre el precio del litro de gasolina súper. En idéntico sentido, el 17 % de impuesto que pesa sobre el valor del litro de diésel, también se podría bajar sustancialmente.

Se trata de tomar una decisión extraordinaria para estos tiempos que no son normales. Se trata de indicarle a los sectores financiero-bancarios que, por ejemplo, durante un cierto período de tiempo, tendrán que contenerse en su avidez sin freno en cuanto a la acumulación abusiva que les representa el pago mensual de intereses de la deuda pública que, repetimos, es de 230 mil 951 millones de colones (230.951.000.000).

En vez de pagarles esa gigantesca cantidad cada 30 días, estarían recibiendo 162 mil 951 millones de colones (162.951.000.000) cada mes. Y no se “empobrecerán”.

Es más, se pueden diseñar mecanismos de reingeniería y de reestructuración financiera a nivel de intereses de la deuda pública, de forma tal que no perderían un centavo.

Este asunto del, repetimos, escandaloso y obsceno pago de intereses de la deuda pública fue mencionado en el programa de gobierno del hoy Presidente de la República, don Rodrigo Chaves Robles.

La sola mención podría interpretarse como una decisión de romper un tabú: que es “entrarle” al negocio privado más rentable de todos los que se hacen a diario en el país, a juicio del economista de la Universidad Nacional (UNA), don Fernando Rodríguez Garro. ¿Se comerá, en serio, esta bronca el mandatario Chaves Robles?

En todo caso, es interés de la ANEP dejar en evidencia una de las razones de mayor impacto para graficar la espantosa realidad de la desigualdad social que amenaza, seriamente, ya no solamente la paz social sino la propia estabilidad republicana.

San José, domingo 5 de junio de 2022.

-Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

-Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP

ANEP deja claro a presidente Chaves Robles que se opone a la jornada laboral 4×3

Publicada el 31/05/2022 | por ANEP | Dejar un comentario

– Proyecto de Ley busca eliminar la histórica jornada de 8 horas

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), presentó esta tarde-noche al Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles, su rotunda oposición al proyecto de Ley No. 21.182, denominado “Reforma de los artículos 136, 142, 144 y 145 del Código de Trabajo, para actualizar las jornadas de trabajo excepcionales y resguardar los derechos de las personas trabajadoras”, al considerar que busca eliminar la histórica jornada laboral de 8 horas.

Para la ANEP, los proyectos de flexibilización de la jornada de trabajo que se discuten en la Asamblea Legislativa, contienen efectos extremadamente nocivos de la utilización de una jornada flexibilizada (4-3 y acumulativa anual), esto último en los términos establecidos en el proyecto de ley 21.182.

En el documento de 257 páginas presentado ante el Gobierno de la República, la ANEP cuestiona las justificaciones para la promulgación de la reforma, al considerar que no existe un estudio serio que logre atender los objetivos descritos

“No existe absolutamente ningún estudio serio que, más allá de las audaces aseveraciones de los proponentes, demuestren que el proyecto logra atender tales objetivos. Por el contrario, la evidencia nos indica que el efecto bien puede ser contrario a tales objetivos”, indica parte del documento.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP indicó que el razonamiento opositor no obedece a un planteamiento panfletario ni, mucho menos, dogmático. La presente incluye diversa documentación que sustenta nuestras razones adversas a que el Expediente Legislativo No. 21.182 se convierta en Ley de la República.

“Así, a grosso modo y a modo de síntesis apretadísima, se violenta tanto el Artículo 58 Constitucional, tanto como la esencia del Convenio No. 1 de la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT). Abunda el citado proyecto en efectos negativos para diversos grupos de la sociedad obrera-laboral del país: las mujeres, las personas que tienen dos empleos hoy en día dada la gran necesidad económico-familiar, las personas trabajadoras estudiantes de noche, el incremento de exposición física a riesgo en zonas peligrosas, la proclividad a sustituir empleo femenino por masculino, más riesgos del trabajo, entre otros aspectos”, detalló el Secretario General de la ANEP.

Para la ANEP, organización sindical que cuenta con afiliados y afiliadas en el sector privado en sectores agrícolas, seguridad privada, transportes y otros, las empresas que presionan por este tipo de jornada no necesariamente es para ocupar más gente trabajadora; sino para incrementar la explotación de la mano de obra que actualmente tienen y, por tanto, economizarse grandes cantidades en inversión por pago de tiempo extra.

“El accidentado trámite de este controversial proyecto, intra y extraparlamentariamente, incluye episodios de jugadas políticas tramposas como la ejecutada en el gobierno que acaba de finalizar su gestión, donde se ordenó bloquear un extraordinario pronunciamiento técnico adverso a tal iniciativa, emitido por personal especializado del Consejo de Salud Ocupacional (CSO), siendo sustituido tiempo después por uno más afín al afán gubernativo-empresarial de ese momento, de imponerlo a como diera lugar”, aseveró Albino Vargas.

El documento al que hace referencia el Secretario General de la ANEP, Albino Vargas Barrantes es el criterio técnico (DE-ST-CRITT-1-2020), del Consejo de Salud Ocupacional (CSO), ente adscrito al Ministerio de Trabajo oponiéndose a la modificación de la jornada laboral. Este criterio fue entregado esta noche al presidente de la República, junto a la siguiente documentación.

• La carta de invitación que nos envió la Presidencia de la República.

• Consideraciones breves sobre el Convenio No. 1-OIT: Un hito en materia de derechos de trabajadores.

• Oficio ANEP-17-21-1817-20, fechado 24 de enero 2020 – Dirigido a la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa – Consulta sobre proyecto 21.182.

• Oficio DE-ST-CRITT-1-2020, fechado 7 de diciembre 2020; dirigido a la Licda. María Gabriela Valverde Fallas, Directora Ejecutiva del Consejo de Salud Ocupacional (CSO), del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) – Criterio técnico original del CSO acerca del Expediente 21.182.

• Oficio CSO-DE-OF-238-2021, de fecha 1 de octubre de 2021, dirigido a la Sra. Ana Lucía Cordero Ramírez, Jefa, a. í., del Departamento de Asesoría y Reglamentación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

• Criterio-pronunciamiento INAMU-PE-0032-2020, fechado 15 de enero de 2020, emitido por el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), dirigido a la jefatura de Área de Comisiones Legislativas VII de la Asamblea Legislativa.

• Criterio sobre el proyecto de Ley Expediente Legislativo No. 20.182, emitido por el abogado laboralista Lic. Eugenio Solano Calderón, exjerarca político del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

• Dos documentos del Comité de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR), de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que abren expediente-país ante las pretensiones de inobservancia del Convenio No. 1-OIT, según planteamiento sindical en ese momento de parte de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN).

• Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2018 – Distribuir los beneficios del crecimiento más ampliamente – Cuadro Productividad laboral es baja/La utilización de la mano de obra es alta debido a largas horas de trabajo.

• Recorte de prensa: Trabajadores costarricenses dieron un salto en su productividad a partir del 2010.

• Organización Internacional del Trabajo (OIT) – Comisión Mundial sobre el futuro del trabajo: Trabajar para un futuro más prometedor.——-

Documneto entregado en Casa Presidencial

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ANEP solicita reunión a presidente de AyA en defensa de Ojo de Agua

Publicada el 30/05/2022 | por ANEP | Dejar un comentario

Comité Pro Defensa de Ojo de Agua tiene alternativas al proyecto de AyA.
Representantes comunales estiman afectaciones importantes para los agricultores.
Proyecto no contaba con estudios de impacto ambiental.

El Comité Pro Defensa de Ojo de Agua se encuentra en máxima alerta, debido al proyecto “Ampliación de la Producción en los Sistema GAM a través de la Captación del Manantial de Ojo de Agua” de Acueductos y Alcantarillados, el cual, busca tomar recursos hídricos de la comunidad ubicada en Belén y en San Rafael de Alajuela para llevarlos hasta los Hatillos y Alajuelita.

La preocupación de los lugareños se da, porque los productores agrícolas serán los mayores afectados por la racionalidad del agua, además, se impactará de forma negativa el ecosistema del río La Fuente – Ojo de Agua sumado que, al no haber aguas puras del manantial, el balneario perdería su atractivo.

Marvin Venegas Meléndez, sindico y miembro del Comité rechazó por completo el proyecto impulsado por el AyA, “Lo que no compartimos y no estamos de acuerdo y defendemos es que expensas del río La Fuente y de Ojo de Agua, no podemos nosotros ser sacrificados para beneficiar a otras comunidades. Creemos que la AyA tiene opciones muy importantes y que debe abogar por las mismas”.

Además, afirmó que quieren preservar el ecosistema que ha sido galardonado con cuatro banderas ecológicas, “Nosotros defendemos la vivencia y sobrevivencia del Río La Fuente que nace y muere en San Rafael y que es un ecosistema que tiene en estos momentos el acompañamiento por parte de ASADA”

Sergio Jiménez Vargas, también del Comité afirmó que no buscan ser egoístas con los barrios del sur de San José, ya que comprenden y entienden las penurias por las que pasan, por lo que en la reunión que se tenga con Roberto Guzmán Gutiérrez, presidente del AyA, se van a presentar las alternativas viables que tiene el proyecto.

“Estamos ofreciendo tres opciones. Las Cataratas de Pedregal, Los Chorros del Río Virilla donde el AyA tiene una planta y Escazú que tiene una zona de recargo muy grande, además, colinda con Alajuelita y los Hatillos.”

Tras la reunión sostenida entre el Comité y la ANEP, el pasado 23 de mayo de 2022 se envió la solicitud al presidente ejecutivo de AyA para que pueda brindar una audiencia a los representantes del grupo organizado y en la misma llegar a una solución beneficiosa para todas las partes.

Acerca de la orden presidencial para eliminar las pruebas FARO: la forma también importa

Publicada el 29/05/2022 | por ANEP | Dejar un comentario

Posición de la ANEP

Desautorizamos de manera contundente que los siguientes comentarios de ANEP sean utilizados como parte de la campaña de las histéricas voces del periodismo de odio, en su campaña en contra el ahora mandatario Chaves Robles, las cuales son las mismas que le atacaron siendo candidato presidencial.

Empecemos. La alianza de trabajo que la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados tiene con el Movimiento Estudiantil de Secundaria (MEDSE), desde el 2019, permitió a ANEP sensibilizarnos acerca de que las pruebas FARO constituían un experimento arbitrario e imprudente, carente de rigidez pedagógica y, peor aún, sin considerar aspectos psicosociales y sociofamiliares del estudiantado víctima.

Las máximas autoridades político-jerárquicas del anterior gobierno, tanto a nivel de Casa Presidencial como del propio Ministerio de Educación Pública (MEP), continúan en la impunidad sin que, entre otros aspectos, rindan cuentas por los 2 mil y resto de millones de colones que, literalmente, quedan botados.

Ante tal concepción aventurada de las pruebas FARO, la oposición del estudiantado objeto del experimento no se hizo esperar, como tampoco la de las madres y la de los padres de familia de esa niñez y adolescencia que sufrió verdaderas agresiones psicoemocionales. Las personas jerárquicas ejecutoras de las mismas, también continúan en la impunidad.

Ahora el Presidente de la República, don Rodrigo Chaves Robles, anuncia con carácter de decisión política presidencial, que se eliminan las actuales pruebas FARO para lo cual razones hay de sobra. Además, múltiple aplauso está generando lo que el mandatario ha anunciado.

Aunque ANEP también aplaude, en tal marco de condiciones conviene compartir nuestras reflexiones al respecto:

El problema no es la decisión, es la forma en que se toma. Por vez primera, en 50 años, un Presidente de la República se salta toda la gestión del MEP para imponer una decisión.

El Consejo Superior de Educación (CSE) es una instancia creada, justamente, para velar por la calidad del sistema educativo y generar una política educativa independiente del poder de turno en el MEP o en el poder Ejecutivo.

El Consejo Superior de Educación tiene una relevante función y por eso, desde la ANEP, señalamos los errores de toma de decisiones y ausencia de responsabilidades del CSE 2018-2022. Pero, aunque cuestionamos al Consejo, debemos advertir de que es delicado saltarse la institucionalidad que representa y coaccionar a las personas que se están integrando al Consejo para el período 2022-2026.

ANEP hace el señalamiento de que una medida de corte autoritario como ésta, abriría la puerta de las tempestades. En primer lugar, nos lleva al peor escenario de la gestión educativa caracterizado por decisiones personales, impulsivas, sin estudios técnicos y, aún más grave, sin consultar a docentes, estudiantes y familias.

En segundo lugar, significa una injerencia política partidaria sobre la gestión educativa y debilita al Consejo Superior de Educación, justo en momentos en los cuales el país requiere la construcción de una política educativa técnicamente fundamentada y democráticamente inclusiva para integrar las visiones de las comunidades educativas.

En tercer lugar, el origen de esta medida (vertical, tomada por una persona, ajena a los procesos del MEP, inconsulta y debilitadora del CSE), debe alertar al Magisterio Nacional en momentos donde el país debatirá la sensible problemática del examen de idoneidad para asignación de propiedades, las posibles soluciones al interinazgos de decenas de miles de funcionarios del MEP, la mayor crisis presupuestaria del MEP en el siglo XXI, las políticas salariales y las medidas pedagógicas para salir del apagón educativo. En esos temas surge la pregunta: ¿la decisión vendrá desde Zapote?

Invitamos al señor Presidente y a la señora Ministra de Educación Pública para responder a los grandes desafíos de la educación costarricense con diálogo. ANEP-Magisterio Nacional reitera que la inclusión de docentes, estudiantes, familias y la sociedad civil son la única alternativa para la construcción de respuestas pertinentes, relevantes y de larga duración.

Finalmente, es importante insistir en el hecho de que las pruebas FARO, hoy totalmente desacreditadas y políticamente eliminadas, se liquidaron per se ante el apresurado y pésimamente planificado proceso de sensibilización y de implementación. Éste careció de un orden sólido y consistente, con total carencia de adecuada capacitación para concretarlo en la práctica.

San José, domingo 29 de mayo de 2022.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP

Categoría: Comunicados de Prensa