-También advierten por desobediencia al presidente de la institución
– Proceso debió finalizar en setiembre de 2021 y a la fecha no hay resultados
La Sala Constitucional ordenó al Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER), finalizar con el proceso de reorganización administrativa para otorgar plaza en propiedad a 196 trabajadores interinos, esto luego de que la institución incumpliera el plazo de seis meses otorgados por la misma sala para finalizar dicho proceso.
Walter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto de la ANEP, manifestó que desde el 12 de marzo del 2021 se dio el fallo 2021-005033, donde la Sala Constitucional le otorgó seis meses de plazo al INDER para finalizar el proceso de reorganización administrativa interna. Sin embargo, pasaron más de dos años y no hay resultados, por lo que debieron acudir nuevamente a la Sala.
“Por esto presentamos una acción de desobediencia en contra de la administración. posteriormente otro de los sindicatos presentó un pronto despacho, lo anterior ante la afectación y zozobra que están sufriendo estos 196 trabajadores destacados en diversas sedes de la institución en todo el país” detalló Fernández.
Por lo anterior la Sala Constitucional, también advirtió al presidente Ejecutivo de la institución Eduardo Robert Ureña, o a quien ocupe su cargo, acatar lo dispuesto por el órgano constitucional, de lo contrario se le abrirá un proceso administrativo en su contra o bien se le acusará ante el Ministerio Público por el presunto delito de desobediencia a la autoridad.
Actualmente en el INDER existe un total de 196 funcionarios nombrados en forma interina, con prórrogas que datan de hace 6 años aproximadamente. Además, existen un total de 84 plazas vacantes que a la fecha no se han utilizado.
Este proceso ante la Sala Constitucional fue presentado por la Seccional ANEP-INDER, SITRAINDER, SIPROINDER y UNEINDER.
– Destrucción de ecosistemas, levantamiento de urbanizaciones sin control, explotación maderera en áreas protegidas, abusos laborales, reducción de penas para desarrolladores y pérdida de autoridad de la SETENA pretende este nuevo reglamento.
La nueva normativa de la Secretaría Técnica Ambiental (SETENA), la 43898, sustituye a la que rige actualmente, la 31489, y entre sus peligrosos enunciados se encuentra el consentimiento para pavimentar áreas ambientalmente frágiles, entre ellas las que albergan afloramientos o cursos de agua, suelos susceptibles de inundación y hundimiento, o de gran importancia ecológica para su conservación y que, por su belleza escénica, son los favoritos para asentar en ellos proyectos urbanísticos.
Además, autoriza la extracción forestal en las áreas silvestres protegidas, libera de permisos el cambio de uso del suelo en materia agrícola, excluye la obligatoriedad de los empresarios de informar a la población sobre sus proyectos en un medio impreso, elimina la obligación de la industria urbanística de presentar estudios de vialidad avalados por el Ministerio de Transportes, traslada gran parte de las responsabilidades de SETENA a las municipalidades sin que estas hayan sido consultadas, reduce las penas para los empresarios que incumplan las disposiciones, pero amenaza a los funcionarios que la pudieran quebrantar.
El reglamento, que empezó a regir este mes de agosto, retrocede 25 años en materia legal y deja indefensos los cuerpos de agua, el aire, el suelo, a los ciudadanos y demás habitantes de este nuestro territorio común, con el propósito de reducir al mínimo los trámites y obligaciones legales de la industria constructora, el sector que presenta ante la SETENA el 70% de lo que esa institución tramita.
No es casual que el presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles y el ministro del ambiente, Franz Tattenbach Capra, se hicieran acompañar de representantes de la Cámara de la Construcción el día en que anunciaron a la prensa, este pasado febrero, la derogación del Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) y su Manual de Instrumentos Técnicos. Tampoco es fortuito que días después, en febrero también, escogieran al Colegio de Ingenieros como escenario para anunciar la entrada del Reglamento de Setena número 43898, cargado de vicios, portillos, contradicciones, desregulaciones, regresiones e inconstitucionalidades.
El nuevo articulado carece de los elementos preventivos que sí estuvieron presenten en las normativas anteriores. Ante la ausencia de normas preventivas, se prevén daños ambientales irreversibles y en consecuencia desmejora de la calidad de vida, justo en el momento en que el mundo ha alertado sobre la escasez de agua.
Este reglamento, amplía el umbral de los proyectos calificados como “menores” a mil metros cuadrados (en el reglamento aún vigente el umbral es de 500 metros cuadrados) que constituyen el 65% de los proyectos ingresados al SETENA para ser evaluados y controlados.
Ese 65% de proyectos, según el reglamento 43898, pasarían a estar bajo inspección de los gobiernos locales que en un 50% carecen de su principal herramienta para regular asuntos ambientales, los planes reguladores. Y de ese 50% que sí los posee, solo el 6% ha definido, mediante estudio técnico, las áreas de fragilidad ambiental de sus cantones.
Además de lo expuesto en el punto anterior, la nueva normativa permite que en una misma finca se construyan sin permisos, uno tras otro, esos proyectos de hasta mil metros cuadrados considerados de “bajo impacto ambiental” y que al sumarse y acumularse terminan constituyéndose en megaproyectos que no requirieron de permisos, ni controles.
Por otra parte, el tamaño de los desarrollos no determina los impactos en el ambiente y por tanto la calificación de “bajo impacto” no posee sustento técnico.
Otra de las enormes deficiencias del reglamento 43898 es que elimina la obligación de los urbanizadores de presentar ante la SETENA un estudio vial avalado por el Ministerio de Transportes, con lo cual el aumento en el tránsito vehicular que traerán los desarrollos urbanísticos a las zonas rurales y urbanas agravará el congestionamiento que gobierna nuestras calles.
Esta normativa a punto de estrenarse se mete también en lo laboral, acosando psicológicamente al personal de la SETENA, al imponer plazos más cortos en los procesos de las Evaluaciones de Impacto Ambiental, EIA, desconociéndose si esto puede ser posible y amenazando al personal con procesos disciplinarios.
En sentido contrario caminan las cosas para los desarrolladores, a quienes este reglamento favorece notoriamente, no solo porque disminuye en gran medida el papeleo para los permisos y los controles sobre ellos de parte de la SETENA, sino que les baja las penas, les suaviza las sanciones en caso de incumplimiento.
En lo referente a los descuidos, la publicación de este documento en La Gaceta adolece de algunos anexos citados en sus artículos. Según estos, en determinados anexos deben figurar determinados formularios para ser llenados antes del inicio de algún proyecto.
Por si fuera poco, el derecho de los ciudadanos a ser debidamente informados se violenta en el reglamento, al eliminar de sus regulaciones el acceso a un medio impreso donde poder enterarse sobre el desarrollo de proyectos.
El nuevo reglamento de la Setena es un mamotreto eliminador y facilitador de trámites a favor de una minoría, que no contempla, sino más bien excluye, los intereses y derechos de las mayorías, así como deja indefensos los recursos naturales, pasando por encima de leyes, convenios internacionales y principios de la Constitución Política de Costa Rica.
Ante sus enormes deficiencias y parcialidades y ante las graves repercusiones socioambientales a que conllevaría esta normativa, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) ha decidido estrenarse hoy como figura ambientalista y solidaria, apoyando la iniciativa del también nuevo grupo ecológico Káñik.
Seremos sus cómplices en esta acción ante el Poder Judicial, una acción de inconstitucionalidad contra el reglamento 43898 sobre la cual les hablará a continuación su abogado, Msc. Juan Diego Quirós.
En la Seccional ANEP Fuerza Pública, vemos con suma preocupación el anunció hecho por el Ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero, en torno de que decenas de vehículos no podrán ser reparados, debido al recorte presupuestario de 350 millones de colones. Esto, luego de que hace poco se dijera que se contaba con un presupuesto extraordinario para la compra de nuevas patrullas.
En datos brindados por el Ministerio de Seguridad Pública, luego de una consulta de la seccional ANEP-Fuerza Pública, se indicó que, a la fecha, hay 594 patrullas y 358 motocicletas fuera de servicio. Entre las principales causas se encuentran fallas mecánicas, falta de repuestos y accidentes de tránsito.
Tal como hemos denunciado otras veces, en los últimos años se ha presentado escases de botas tácticas, botas para operación en montaña, uniformes, jackets, capas impermeables, focos, fundas para la portación del arma de reglamento, chalecos antibalas, se ha reducido la dieta alimenticia, en fin, se ha dejado de invertir en seguridad ciudadana, medida que afecta la operación de los cuerpos policiales y, por ende, se podría agudizar la situación de inseguridad que afronta nuestro país.
En la Seccional ANEP Fuerza Pública, de manera responsable habíamos señalado el riesgo para el país en materia de seguridad pública, si se incluía al Ministerio de Seguridad Pública en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, “Regla Fiscal”, que, efectivamente vino a repercutir negativamente en la gestión de seguridad ciudadana. Ahora, anuncia el ministro como medida paliativa que las comunidades “adopten” una patrulla, o sea, que se encarguen de su reparación, lo cual, deja ver que los cuerpos policiales nunca debieron entrar el la Ley 9635 y de manera urgente deben ser excluidos de la aplicación de la misma.
Nuestra patria vive una crisis en materia de inseguridad ciudadana, como si tratara de todo un plan maquiavélico, nuestros cuerpos policiales están atados, literalmente reducidos a la impotencia por la falta de recursos. Además de estar en primera línea, enfrentando el crecimiento delincuencial, ¿será que también deban los cuerpos policiales salir en defesa de recursos?
– Denuncia también recae sobre cuatro funcionarios de la institución
–También se denuncia decusaciones en torno a el tratamiento del portafolio de inversiones de infraestructura y tecnología de la CCSS
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), presentó una denuncia ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, así como ante la Contraloría General de la República (CGR), para que se investigue el accionar de la Presidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel Rodríguez, así como de los miembros de la Junta Directiva y cuatro funcionarios de la institución, por presuntos elementos graves en torno al posible amañamiento de datos actuariales y el tratamiento del portafolio de inversiones de infraestructura y tecnología de la CCSS.
Dentro de la denuncia planteada, también se solicita se investigue a la ingeniera Susan Peraza Solano, Directora de Planificación; a Carolina González Gaitán, Directora Actuarial; a Allan Quesada Soto, Asesor Económico de la Presidenta Ejecutiva, todos los anteriores por presuntos actos contrarios a la ley. Así como, a Ólger Sánchez Carrillo, Auditor Interno de la CCSS, por presunto incumplimiento de deberes.
Para la ANEP, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) es un pilar de la democracia del país, institución fundamental para el desarrollo y la protección social, a través de los aportes en salud y pensiones, así como las ayudas económicas directas e indirectas y la gran inversión que realiza anualmente para beneficio de miles de personas en el mercado laboral.
“En estos primeros seis meses del 2023 hemos sido testigos, como organización sindical, de una política de terror, persecución con rasgos de autoritarismo, como nunca en la historia institucional. Actitud que, sin duda entre otros objetivos no menos importantes, atiende preferentemente el de debilitar la imagen de la CCSS y su gobernanza, que, aunque con defectos, virtudes y focos de diversas formas de corrupción, no dudamos es una institución que es una insignia del país y su democracia y desde esa caracterización sumamente objetiva, la ANEP es uno de los actores que ha alzado la voz en defensa de esta institución, por lo que denunciamos a las autoridades correspondientes los hechos que se presentan en la institución ” manifestó Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.
Posible maquillaje de informes
Nos presentamos, nuevamente, a denunciar las actuaciones de Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Presidenta Ejecutiva, del licenciado Roberto Quirós Coronado, Vicepresidente y de los directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social; quienes, hasta donde ha sido público y notorio, adoptaron, presuntamente, acuerdos en contra de los criterios técnicos y financieros en posible perjuicio de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), específicamente los generados por la Dirección Actuarial y Económica para la sesión de Junta Directiva donde se informó a la población de una crisis financiera grave.
La señora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez tiene, posiblemente, una mayor cuota de responsabilidad como superior jerárquico de la Dirección de Planificación y la Dirección Actuarial; pero, sobre todo, porque medios de comunicación digital y otros, entendemos, han expuesto que desde el despacho de ella se conocían los ajustes propuestos en los escenarios actuariales.
Además, confirman en principio que la misma Junta Directiva fue informada por ella, 8 días antes de que se tomara la decisión de suspender las obras del portafolio de infraestructura y equipamiento.
La Junta Directiva de la CCSS, el 9 de marzo 2023, conoció un informe, presuntamente alterado, por parte de la licenciada Carolina González Gaitán, Directora de Actuarial, la ingeniera Susan Peraza Solano, Directora de Planificación Institucional y el licenciado Allan Quesada Soto, Asesor Económico, de la Presidencia Ejecutiva.
Dicho informe fue utilizado para indicar que la CCSS estaba en crisis financiera y desencadenó la suspensión de las obras del portafolio de inversiones en infraestructura y tecnología, aun así, en la sesión donde se presentó el tema presuntamente no advirtieron de las modificaciones y reiteraron que era un trabajo de equipo técnico.
El 26 de julio 2023, en el oficio DFOE-SEM-1266 – DFOE-BIS-0454, la Contraloría General de la República señala hasta donde se conoce, el incumplimiento de Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Presidenta Ejecutiva, estableciendo posibles situaciones contrarias a las buenas prácticas en las valuaciones actuariales y el posible incumplimiento de disposiciones en esta materia. Además, de disposiciones que se giraron para blindar el proceso actuarial.
Señala la Contraloría que la valuación actuarial dispone de dos versiones adjuntas al mismo oficio y que tienen el mismo nombre, solo cambiando el contenido. Eso, lamentablemente, es gravísimo para la CCSS y los funcionarios que participaron pareciera se prestaron para encubrir tal situación, lo cual debe sin lugar a dudas dilucidarse con urgencia.
Para rematar, el 11 de agosto 2023, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la segunda y final Opinión técnica ( sin recibir por parte de la CCSS toda la información requerida según se desprende del propio texto de la opinión de marras), sobre las valuaciones actuariales del Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, prácticamente deja al descubierto que los números actuariales están sobrestimados; y, todo apunta que no fue un error de cálculo, sino que pudo existir una posible intencionalidad para dañar la imagen financiera de la CCSS y fundamentar la narrativa de crisis y suspensión de obras. Esto es en un alto grado así, en razón de:
A- Posible alteración de tasas de utilización, ya que se denotan cambios abruptos que pareciera muy complejo defenderlos.
B- Serias inconsistencias documentadas.
C- Referencias que denotan cambios abruptos en las proyecciones para el portafolio de inversiones en un lapso de 7 días, que no dudamos imponen una explicación científica creíble.
D- La no entrega de toda la información que la CCSS requirió (el contenido de esta segunda opinión técnica así lo establece), lo cual incluye la herramienta (algorismo), que entendemos utiliza la Dirección Actuarial para procesar y proyectar escenarios a partir de las hipótesis comúnmente utilizadas en estos procesos.
E- El video público y notorio de respuesta a la OIT, por parte de la Presidenta Ejecutiva que pareciera ser un acto administrativo unilateral ya que no existe quorum estructural en ese órgano colegiado. En tal sentido la Contraloría General debería solicitar a la funcionaria en cuestión el acuerdo de Junta Directiva que sustenta dicho acto para valorar si está apegado al ordenamiento jurídico.
Por lo anterior, se solicita, respetuosamente, a la Contraloría General de la República (CGR), investigar a Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Presidenta Ejecutiva; al licenciado Roberto Quirós Coronado, Vicepresidente de Junta Directiva, miembros de Junta Directiva que votaron a favor, por una posible falsedad ideológica y alteración de documentos públicos.
Además de lo anterior, se solicita valorar las actuaciones de Susan Peraza Solano, Directora de Planificación; la licenciada Carolina González Gaitán; y el licenciado Allan Quesada Soto, Asesor Económico de la Presidenta Ejecutiva, para que se determine si estos funcionarios incurrieron en actos administrativos contrarios a la ley.
Esta segunda petitoria, valorando por parte de este contralor la separación inmediata del cargo, ya sea reubicándolos en una unidad donde no puedan alterar posible evidencia; o incurrir en acciones que, presumiblemente, puedan deterior la investigación objetiva que estamos formulando, por cuanto si se demuestra que las unidades técnicas de la CCSS se prestaron para montar una presunta farsa política a partir de presuntos delitos, esto aparte de generar posibles consecuencias legales, sin duda alguna deviene en hechos gravísimos que dañan la institucionalidad.
En todo este tiempo de la Administración, para algunos temas de señalar y advertir riesgos de la Junta Directiva ha existido, posiblemente, un gran ausente, la Auditoría Interna, pero para respaldar los intereses de persecución y/o desacreditar los criterios técnicos y financieros, si están presente con oportunidad, nada más bastaba un acuerdo de Junta pidiendo el producto: relación de hechos o denuncia penal.
La Auditoría Interna, hoy día, podrá hacer un mix de palabras para indicar que señaló cosas, pero ninguna dirigida al jerarca de la CCSS. Sobran ejemplos ya expuestos de nombramientos presuntamente irregulares e ilegales, y muchas otras decisiones sin fundamento, según han surgido al conocimiento público por personas comunes y corrientes que no aceptan la corrupción.
En este tema concreto, la Auditoría Interna, según entendemos, recibió denuncias formales e informales desde marzo del 2023, luego en mayo indicó que estaba investigando y en la Asamblea Legislativa según parece formuló que en “2 meses” tenía el producto, pero todo parece indicar que existe un posible, pero profundo alineamiento que no logramos entender.
Muy probable exista un daño social relevante, obras que no se iniciaran ni concretarán este 2023, por ejemplo: lo que se visualiza del Hospital de Cartago, la torre del Hospital de San Rafael de Alajuela, saturados por la gran demanda, el Hospital de Limón, el Hospital de Guápiles, la puesta a punto del Área de Salud de San Rafael de Heredia; o, la incertidumbre que quedan las obras del Fidecomiso a partir del 2024, todo eso por decisiones de esta Junta Directiva que consideramos fue presuntamente nombrada ilegalmente, lo cual ha sido ratificado por la Sala Constitucional.
Por lo anterior, como una tercera petitoria, debe valorar con sumo cuidado este ente contralor, el posible incumplimiento de deberes del licenciado Ólger Sánchez Carrillo, Auditor Interno; del licenciado Randall Jiménez Saborío, Subauditor Interno; y, del Lic. Adrián Céspedes Carvajal, por presuntamente no advertir a la Junta Directiva de lo acontecido, ni pedir una valoración técnica de mayor rigurosidad e inclusive por aparentemente ralentizar los productos de auditoría en esta materia, para alinearse al funcionamiento de la Presidenta Ejecutiva, en lo que podríamos reiterar como un incumplimiento de deberes y pérdida de credibilidad de esta instancia “independiente” y “objetiva”.
En visita de la Seccional ANEP- Policía Profesional de Migración (PPM), a Puerto Caldera, en el arribo del primer Ferry desde El Salvador, se pudo constatar que no existe espacio físico para que los oficiales de la Policía Profesional de Migración puedan trabajar y realizar los respectivos controles.
Los oficiales realizan el Control Migratorio, primeramente en las oficinas de Puntarenas, donde tienen los sistemas tecnológicos 24 horas antes del pre chequeo y luego en el Puerto donde realizan la inspección física de acuerdo con el manifiesto de salida de la embarcación..
Esta informacion fue confirma por Viviana Moscoso, funcionaria del INCOP, quien manifestó que la Policía de Migración no cuenta con un espacio físico en estas instalaciones, situación también confirmada por el Servicio Nacional de Guardacostas.
Desde la Seccional ANEP-PPM denunciamos que para atender la llegada del Ferry no se dio capacitación al personal, ya que fue suspendida, esta se daría en principio el 9 y 10 de agosto.
Otro de las situaciones detectadas es el faltante de personal, que sigue siendo abrumador, hoy se encontraba en la Oficina Polícial Regional de Puntarenas solamente la coordinadora, quien indicó que «al menos se necesitan 10 plazas nuevas para cubrir todas las funciones de toda esta Regional»
Hacemos un llamado a todas las autoridades de Puerto Caldera para que se le dé una oficina a la Policía Profesional de Migración, así como el equipo necesario para atender esta nueva ruta de Ferry entre Costa Rica y El Salvador.
La Seccional, también hace un llamado al Gobierno de la República, para que se saque de la Regla Fiscal a los Cuerpos Policiales, entre estos a la Policía Profesional de Migración y se le den los recursos que realmente se necesita para atender y resguardar de la mejor manera los puntos y controles migratorios de país.
ANEP felicita a los cuerpos policiales de inteligencia de la Fuerza Pública, en especial al de la Policía de Control de Drogas (PCD), por esta fuerte acción anti-narco, que logró evitar el embarque a puertos europeos de, prácticamente, 900 kilos de cocaína.
ANEP saluda como correcta la decisión presidencial de la toma del control policial de los muelles limonenses, aunque sabemos que Costa Rica ya estaba con la soga al cuello ante los gobiernos de Estados Unidos, de la Unión Europea (UE), así como ante la propia OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico). Esta fuerte presión política de tan alto nivel y combinada, nos puso contra la pared como país.
ANEP, no obstante, expresa su preocupación de que se tenga que desvestir un santo para vestir otro, es decir que, dada la falta de efectivos debido a los irracionales recortes presupuestarios, especialmente especializados, de la Fuerza Pública, se descuiden puntos geográficos, estratégicamente delicados, como Punta Burica, Peñas Blancas y otros.
ANEP exige la rescisión del contrato leonino con APM Terminals por severo incumplimiento en materia de seguridad y por habernos llevado cómo país al borde del abismo. Se pusieron en riesgo miles de empleos de personas trabajadoras de las producciones bananera y piñera, sin hablar del deterioro de la imagen del país. APM Terminals no puede quedar impune.
ANEP estima que la eventual rescisión del contrato con APM-Terminals no tiene por qué afectar a las personas trabajadoras actuales de esta transnacional y que han venido efectuando su labor de manera impecablemente honesta. Tendrán cabida en las nuevas condiciones de operación de los muelles de Limón y de Moín.
ANEP crítica y condena que, con dineros públicos de la seguridad ciudadana, precarios y escasísimos, se le haga la tarea a APM-Terminals, ¡de gratis! ANEP exige, al menos, elevarle el canon a APM Terminals, ¡pero ya! Además, que se le permita a Japdeva entrar a competir pues tiene el “know-how” y la logística para hacerlo.
ANEP exige la salida-exclusión del personal trabajador de los cuerpos policiales de la perversa Ley Marco de Empleo Público. Se les debe librar de la condena del salario global que los impondrá un congelamiento salarial de varios años continuos.
Por otra parte, ANEP, una vez más, exige que se les pague el reajuste de los 7.500 colones que, por concepto de elevación del costo de la vida, se decretaron al final de 2019 y que entraron a regir desde el 1 de enero de 2020. Al terminar el presente año 2023, se ajustarán una deuda del Estado con cada persona trabajadora asalariada de la seguridad ciudadana de 48 meses, más lo correspondiente a aguinaldo y a salario escolar. ¡Sí hay dinero en las arcas públicas para que el Estado honre esta deuda ya no solamente para el personal policial del país, sino para el resto del personal estatal que está bajo un injusto y severo congelamiento salarial!
ANEP demanda que tanto el Gobierno de la República como la propia Asamblea Legislativa definan, conjuntamente, excluir al presupuesto de la Seguridad Ciudadana de la perversa regla fiscal, no solamente para impartir a los y a las policías una real justicia salarial y laboral; sino para, el fortalecimiento estratégico de su capacidad operativa para enfrentar el ascendente desarrollo delincuencial y del crimen organizado.
San José, domingo 16 de julio de 2023.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
•ANEP presenta acción urgente a favor de personas trabajadoras que estaban listas a pensionarse
•Caja les varió las condiciones a pesar de que ya estaban en etapa final de tener todos los requisitos
ANEP acaba de acudir al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, Suiza, recurriendo a sus Procedimientos Especiales, solicitando, con urgencia, intervención protectora relativa al derecho a la seguridad social de las personas de edad en Costa Rica. En su lenguaje diplomático-técnico y especializado al efecto, se conoce como petición para la emisión de una Other Letter.
El Consejo de Derechos Humanos es un organismo intergubernamental dentro del sistema de las Naciones Unidas compuesto por 47 Estados responsables de la promoción y protección de todos los derechos humanos en todo el mundo.
El 14 de diciembre de 2021, la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó la reforma de los artículos 5, 23 y 24, y la derogación de las disposiciones transitorias finales XII, XIII, XIV y XV del Reglamento de Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte; cambios que frustran seriamente las expectativas de pensionarse de un gran número de personas trabajadoras, de los sectores público y privado, mismas que estaban ya cerca de lograr la totalidad de los requisitos antes de la entrada en vigencia de esos cambios, el 12 de enero de 2024.
Las personas trabajadoras afectadas cotizantes al régimen de IVM-CCSS, pese a que obligatoriamente han venido cumpliendo los compromisos que el mismo les ha demandado, abruptamente, se les extiende la edad laboral activa y se les impone menos porcentaje de recuperación jubilatoria), lo cual deja planteada una seria regresividad en materia de Derechos Humanos que van mucho más allá de los límites de la razonabilidad y proporcionalidad.
Luego de la amplia y especializada argumentación jurídico-legal, centrada en la doctrina y en los tratados internacionales de Derechos Humanos (DD.HH.) que Costa Rica está obligada a respetar y a adoptar, sometiéndose a los dictados específicos y correspondientes según cada caso; el conjunto de petitorias de la ANEP a las personas expertas del Procedimiento Especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas indica, por ejemplo, ésta:
“Se declare que la vigencia y aplicación del acuerdo de la Junta Directiva de la CCSS del 14 de diciembre del año 2021, acuerdo primero del artículo 6° de la sesión N° 9229, que reforma de manera regresiva los artículos 5, 23 y 24 y deroga de los transitorios XII, XIII, XIV y XV del Reglamento del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, atenta contra los derechos de pensión, seguridad social, progresividad y seguridad jurídica, y conllevan a una lesión al derecho a la seguridad social de las personas pertenecientes al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS, en su manifestación del derecho a la pensión por vejez, debido a la ilicitud, desproporcionalidad e irrazonabilidad de la medida, así como a la afectación a sus proyectos y planes de vida ya consolidados. Lo anterior, por aplicárseles ese acuerdo con efectos retroactivos en violación de derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas”.
La Other Letter pedida por ANEP al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas tiene el carácter de solicitud urgente para la protección y el respeto a los derechos jubilatorios que las personas demandantes tenían cumplidos al 100 % antes del 12 de enero de 2024; y, que, bajo la tutela de ANEP están presentándose, una por una, ante las instancias expertas y relatoras del indicado Consejo ONU-DD.HH.
Se trata de un primer grupo de 614 personas que, en su condición de asociadas a la ANEP, se inscribieron, de manera oportuna en el formulario oficial diseñado para este histórico proceso de tutela obrera promovido en Costa Rica. para el caso del sistema de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Está abierta ya la inscripción para un segundo grupo, siempre y cuando la persona interesada esté ya asociada a la ANEP o se afilie de inmediato.
ANEP está convencida de que, de manera dolorosa, Costa Rica está viviendo un proceso peligroso de reversión de conquistas sociales, de exclusión económica y de sobre-explotación laboral, lo cual nos lleva a apelar a la Doctrina Universal de los Derechos Humanos y, especialmente, a la serie de tratados internacionales que el país a suscrito al respecto, con condiciones obligantes y de vinculatoriedad imposible de obviar, como un mecanismo de carácter estratégico y de defensa obrero-social de altísima legitimidad.
La ANEP ha venido realizando una inversión financiera cuantiosísima para poder brindarle a toda nuestra membresía las opciones jurídico-legales, en el plano nacional e internacional, más especializadas posibles y de altísima calidad para la defensa de las conquistas sociales y obrero-laborales que nos fueron heredadas.
San José, sábado 8 de julio de 2023.
-Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
-Wálter Quesada Fernández, Secretario General Ajunto ANEP
El cambio de mando en el Ministerio de Seguridad Pública, al parecer no venía acompañado de presupuesto y recursos para fortalecer la labor de los cuerpos policiales. En la Seccional ANEP Fuerza Pública, miramos con preocupación el cierre de delegaciones. Además, valoramos presentar acciones legales ante la falta de equipo policial, particularmente botas, armas, chalecos, jackets policiales y vehículos.
Todos coincidimos en la necesidad de fortalecer el combate a la criminalidad, pero, eso no será posible en el tanto que nuestros uniformados deban laborar en delegaciones insalubres, participando de comisiones, siendo albergados en lugares que ni siguiera cuentan con servicio de agua potable para el aseo personal y el consumo.
Ante este escenario, reiteramos la necesidad de excluir al Ministerio de Seguridad Pública de la Ley 9635, legislación en la que nunca debió estar la institución encargada de la seguridad del país. Hoy se sufre ante el “amarre” financiero provocado por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Código de Trabajo respalda accionar de la seccional
La legislación laboral costarricense respalda lo planteado y denunciado por la seccional ANEP-Fuerza Pública, específicamente en su artículo 69., el cual indica que “Fuera de las contenidas en otros artículos de este Código, en sus Reglamentos y en sus leyes supletorias o conexas, son obligaciones de los patronos”:
“d. Dar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para ejecutar el trabajo convenido, debiendo suministrarlos de buena calidad y reponerles tan luego como dejen de ser eficientes, siempre que el patrono haya consentido en que aquéllos no usen herramienta propia;”
Por su parte, señala el numeral 396 del mismo cuerpo normativo:
“Constituyen faltas las acciones u omisiones en que incurran las partes empleadoras, sus representantes y administradores, los trabajadores, las trabajadoras o sus respectivas organizaciones que transgredan las normas previstas en la Constitución Política, los pactos internacionales sobre derechos humanos y los convenios adoptados por la Organización Internacional del Trabajo, ratificados por la Asamblea Legislativa y las demás normas laborales y de seguridad social, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pudiera corresponderles.”
Por ello, en la medida en que no se vean mejoradas las condiciones laborales de nuestros uniformados, en el corto plazo, en la Seccional ANEP Fuerza Pública, estaremos presentando las acciones legales correspondientes.
Joyas invaluables de nuestra identidad en grave peligro: Orquesta Sinfónica Nacional y Archivo Nacional
Consternación, estupor e indignación por recorte presupuestario
Con absoluta contundencia, invadidos de consternación, estupor e indignación, denunciamos y condenamos los extremistas recortes presupuestarios que ya están afectando y/o dañarán sensiblemente a instituciones emblemas de la cultura nacional, como la Orquesta Sinfónica Nacional y el Archivo Nacional; recortes en perspectiva y que están siendo tramitados.
Se está anunciando ya, por ejemplo, que la Orquesta Sinfónica Nacional, fundada en 1940 y en el marco del histórico proceso de las Garantías Sociales, sufrirá un demoledor recorte presupuestario de 4 mil millones de colones generando, prácticamente, su cierre.
En el caso del Archivo Nacional, fundado en 1881, cuesta creer que no tenga recursos para terminar el presente año 2023, ni siquiera para pagar los recibos de servicios básicos, como el de la luz; sin mencionar, lo que podría esperarle para el año venidero.
Lanzamos una alerta general a todas las entidades adscritas al Ministerio de Cultura y Juventud, pues todo indica que el recorte presupuestario a este sector es de dimensiones insospechadas.
ANEP hace un llamado a todo el personal del sector de la cultura costarricense, tanto el que tiene condición de empleo público como el que desde otros espacios lucha, todos los días, para preservar nuestra esencia como nación costarricense a través de la Cultura, para que cerremos filas y nos dispongamos a generar una poderosa y diversa articulación que las circunstancias históricas están demandando a este respecto.
De la misma forma, llamamos a las diputaciones legislativas a que impidan estas atrocidades y otras que están por venir en el marco de esa lógica perversa que es el extremismo fiscalista, el cual prioriza en el pago obsceno y usurero de los intereses de la deuda pública antes que en el respeto a los derechos económicos, sociales y culturales de las personas; en abierta y flagrante violación de los tratados internacionales de Derechos Humanos que el país está obligado a cumplir.
San José, domingo 14 de mayo de 2023.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
ANEP espera que a nuevo Ministro de Seguridad le den recursos reales para combatir criminalidad
Ante la aún no confirmada e inminente destitución de Jorge Torres como ministro de seguridad y la probable designación Mario Zamora Cordero como nuevo Ministro de Gobernación Policía y Seguridad Pública, la Seccional ANEP-Fuerza Pública considera que independientemente de a quien se nombre es necesario la dotación de recursos necesarios para llevar a cabo el plan de seguridad.
Mainor Anchía Angulo, presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública, considera que el señor Presidente trajo a su Gobierno al ex ministro de Seguridad de Laura Chinchilla Miranda, posiblemente apostando por la experiencia y basado en los datos estadísticos del pasado.
Sin embargo, es necesario tener en cuenta que en aquella época la situación de criminalidad apenas iniciaba. Ahora bien, esperamos que a quien se designe como jerarca le asignen recursos suficientes para que pueda llevar adelante el plan de seguridad definido por el Gobierno de la República, algo que evidentemente no le fue facilitado al señor Torres.
Una de las propuestas que ha sido reiterada por esta organización sindical para dotar de recursos a este ministerio es que se excluya al MSP de la ley 9635, ya que desde sus inicios se les advirtió a los jerarcas de ese entonces lo que iba a generar tener a los cuerpos de policía dentro de la misma y fue el tiempo quien nos dio la razón.
Paradójicamente, no hace mucho se le hizo ver al Gobierno de la República, sobre la necesidad de liberar al MSP del “amarre” financiero provocado por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley Fiscal), la contestación fue: “(…) Con la legislación actual, de la mano con la responsabilidad fiscal, lo que corresponde es buscar una mayor eficacia para que el Ministerio de Seguridad pueda cumplir con adecuadamente su labor, aspecto en el cual este Gobierno realiza esfuerzos. En ese sentido, las fuerzas policiales cuentan con el presupuesto asegurado para todas sus plazas, incluso para las 1255 plazas vacantes, (102 administrativas y 1153 puestos policiales), según datos del 3 de marzo del presente año”.
La respuesta fue brindada mediante Oficio PR-DP-0546-2023 el pasado 11 de abril, suscrita por Jorge Rodríguez Vives, Director de Despacho. Posiblemente, don Jorge no tenía información sobre patrullas fuera de servicio por falta de repuestos, pero, además, si se cuenta con el presupuesto para llenar esas 1153 plazas vacantes, porqué se anunció la contratación de apenas 300 policías, 200 para la Fuerza Pública y 100 para la Policía de Control de Drogas, cuando sabemos que el déficit es de aproximadamente 2000 oficiales, esos 200 funcionarios nuevos, apenas serían suficientes para fortalecer las delegaciones del casco central de San José. ¿Qué pasa entonces con Limón, Puntarenas, Alajuela, Cartago, Guanacaste y la Zona Sur?
Es lamentable lo que vive nuestro país en materia de inseguridad ciudadana, pero, para poder disminuir los índices delincuenciales, no basta con cambiar ministros o viceministros, es necesario contar con una ruta clara, es imperativo que se defina una política de Estado basada en mediciones y datos reales del análisis criminal; acompañado lo anterior de políticas públicas. Aunado a ello, se debe invertir en infraestructura, no podrá haber mejoras en seguridad en tanto que nuestros policías sigan trabajando en delegaciones con problemas sanitarios, asimismo, se debe dotar a los cuerpos policiales de avituallamiento, botas tácticas, mínimo dos pares por año, se tiene que fortalecer la flotilla vehicular, la capacitación, etcétera.
El Lic. Mario Zamora Cordero es una persona culta, por lo general mantiene una alta disposición al diálogo, conoce perfectamente las necesidades del personal policial, por lo que no le debería resultar difícil adaptarse al cargo, para lo cual, esperamos que no se haga acompañar de personas que no cuentan con el “aval” o el cariño de la tropa, como de cariño se le conoce al personal de escala básica, esos que ponen el pecho en nuestras calles, océanos y fronteras para resguardar la seguridad de nuestro país.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
