Categoría: Comunicados de Prensa

• Se deben romper tabúes: el sector financiero-bancario debe aportar pues la gente ya no tiene de donde.

692 mil 853 millones de colones (692.853.000.000), es el monto pagado por concepto de intereses de la deuda pública durante los primeros tres meses del presente año 2022. Sin duda, escandaloso y obsceno pago. Son datos publicados por el propio Ministerio de Hacienda.

Tenemos, entonces que, en enero anterior, se pagaron por intereses de la deuda pública, 230 mil 951 millones de colones (230.951.000.000). Cifra exactamente igual se pagó en febrero y en marzo pasados.

En cuanto a lo recaudado por concepto de impuesto único a los combustibles, en el pasado mes de enero, el monto es de 68 mil millones de colones (68.000.000.000).

EL Gobierno está pegando el grito al cielo ante la posibilidad de que le quitaran este impuesto, en todo o en parte. Dice que le quedaría un hueco fiscal y que nadie le dice cómo lo llenaría (lástima que no está gritando lo debido por el pago de intereses de la deuda pública).

El monto total recaudado por concepto de impuesto a los combustibles es, apenas, un 30 % (29.44 %, para ser exactos), de lo que hubo que erogar para atender ese obsceno y escandaloso pago de intereses de la deuda pública.

Dicho de otra manera: Tanto el Gobierno como la Asamblea Legislativa pueden tomar medidas para aliviarle la carga a la población del país, especialmente la conformante de la clase trabajadora, tomando dineros del pago de intereses de la deuda pública para reducir, sustancialmente, la cruel carga tributaria sobre el precio de la gasolina y del diésel, principalmente.

Sin tocar un centavo de los dineros tributarios destinados a las municipalidades que están establecidos dentro del impuesto a los combustibles, con la medida que estamos proponiendo se puede reducir, significativamente, la carga de impositiva actual del 28 % sobre el precio del litro de gasolina súper. En idéntico sentido, el 17 % de impuesto que pesa sobre el valor del litro de diésel, también se podría bajar sustancialmente.

Se trata de tomar una decisión extraordinaria para estos tiempos que no son normales. Se trata de indicarle a los sectores financiero-bancarios que, por ejemplo, durante un cierto período de tiempo, tendrán que contenerse en su avidez sin freno en cuanto a la acumulación abusiva que les representa el pago mensual de intereses de la deuda pública que, repetimos, es de 230 mil 951 millones de colones (230.951.000.000).

En vez de pagarles esa gigantesca cantidad cada 30 días, estarían recibiendo 162 mil 951 millones de colones (162.951.000.000) cada mes. Y no se “empobrecerán”.

Es más, se pueden diseñar mecanismos de reingeniería y de reestructuración financiera a nivel de intereses de la deuda pública, de forma tal que no perderían un centavo.

Este asunto del, repetimos, escandaloso y obsceno pago de intereses de la deuda pública fue mencionado en el programa de gobierno del hoy Presidente de la República, don Rodrigo Chaves Robles.

La sola mención podría interpretarse como una decisión de romper un tabú: que es “entrarle” al negocio privado más rentable de todos los que se hacen a diario en el país, a juicio del economista de la Universidad Nacional (UNA), don Fernando Rodríguez Garro. ¿Se comerá, en serio, esta bronca el mandatario Chaves Robles?

En todo caso, es interés de la ANEP dejar en evidencia una de las razones de mayor impacto para graficar la espantosa realidad de la desigualdad social que amenaza, seriamente, ya no solamente la paz social sino la propia estabilidad republicana.

San José, domingo 5 de junio de 2022.

-Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

-Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP

Posición de la ANEP

Desautorizamos de manera contundente que los siguientes comentarios de ANEP sean utilizados como parte de la campaña de las histéricas voces del periodismo de odio, en su campaña en contra el ahora mandatario Chaves Robles, las cuales son las mismas que le atacaron siendo candidato presidencial.

Empecemos. La alianza de trabajo que la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados tiene con el Movimiento Estudiantil de Secundaria (MEDSE), desde el 2019, permitió a ANEP sensibilizarnos acerca de que las pruebas FARO constituían un experimento arbitrario e imprudente, carente de rigidez pedagógica y, peor aún, sin considerar aspectos psicosociales y sociofamiliares del estudiantado víctima.

Las máximas autoridades político-jerárquicas del anterior gobierno, tanto a nivel de Casa Presidencial como del propio Ministerio de Educación Pública (MEP), continúan en la impunidad sin que, entre otros aspectos, rindan cuentas por los 2 mil y resto de millones de colones que, literalmente, quedan botados.

Ante tal concepción aventurada de las pruebas FARO, la oposición del estudiantado objeto del experimento no se hizo esperar, como tampoco la de las madres y la de los padres de familia de esa niñez y adolescencia que sufrió verdaderas agresiones psicoemocionales. Las personas jerárquicas ejecutoras de las mismas, también continúan en la impunidad.

Ahora el Presidente de la República, don Rodrigo Chaves Robles, anuncia con carácter de decisión política presidencial, que se eliminan las actuales pruebas FARO para lo cual razones hay de sobra. Además, múltiple aplauso está generando lo que el mandatario ha anunciado.

Aunque ANEP también aplaude, en tal marco de condiciones conviene compartir nuestras reflexiones al respecto:

El problema no es la decisión, es la forma en que se toma. Por vez primera, en 50 años, un Presidente de la República se salta toda la gestión del MEP para imponer una decisión.

El Consejo Superior de Educación (CSE) es una instancia creada, justamente, para velar por la calidad del sistema educativo y generar una política educativa independiente del poder de turno en el MEP o en el poder Ejecutivo.

El Consejo Superior de Educación tiene una relevante función y por eso, desde la ANEP, señalamos los errores de toma de decisiones y ausencia de responsabilidades del CSE 2018-2022. Pero, aunque cuestionamos al Consejo, debemos advertir de que es delicado saltarse la institucionalidad que representa y coaccionar a las personas que se están integrando al Consejo para el período 2022-2026.

ANEP hace el señalamiento de que una medida de corte autoritario como ésta, abriría la puerta de las tempestades. En primer lugar, nos lleva al peor escenario de la gestión educativa caracterizado por decisiones personales, impulsivas, sin estudios técnicos y, aún más grave, sin consultar a docentes, estudiantes y familias.

En segundo lugar, significa una injerencia política partidaria sobre la gestión educativa y debilita al Consejo Superior de Educación, justo en momentos en los cuales el país requiere la construcción de una política educativa técnicamente fundamentada y democráticamente inclusiva para integrar las visiones de las comunidades educativas.

En tercer lugar, el origen de esta medida (vertical, tomada por una persona, ajena a los procesos del MEP, inconsulta y debilitadora del CSE), debe alertar al Magisterio Nacional en momentos donde el país debatirá la sensible problemática del examen de idoneidad para asignación de propiedades, las posibles soluciones al interinazgos de decenas de miles de funcionarios del MEP, la mayor crisis presupuestaria del MEP en el siglo XXI, las políticas salariales y las medidas pedagógicas para salir del apagón educativo. En esos temas surge la pregunta: ¿la decisión vendrá desde Zapote?

Invitamos al señor Presidente y a la señora Ministra de Educación Pública para responder a los grandes desafíos de la educación costarricense con diálogo. ANEP-Magisterio Nacional reitera que la inclusión de docentes, estudiantes, familias y la sociedad civil son la única alternativa para la construcción de respuestas pertinentes, relevantes y de larga duración.

Finalmente, es importante insistir en el hecho de que las pruebas FARO, hoy totalmente desacreditadas y políticamente eliminadas, se liquidaron per se ante el apresurado y pésimamente planificado proceso de sensibilización y de implementación. Éste careció de un orden sólido y consistente, con total carencia de adecuada capacitación para concretarlo en la práctica.

San José, domingo 29 de mayo de 2022.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP

–Domingo primero de mayo a partir de las 8 de la mañana al pie del monumento a Juanito Mora, frente al edificio central de Correos de Costa Rica, San José.  

En los actuales momentos, en el seno de la clase trabajadora el principal agobio es el altísimo costo de la vida. Hay graves problemas en el seno de las familias obreras de este país para sobrevivir, especialmente las de ingresos medios y bajos; y, muy dramáticamente, en los casos en que solamente se les paga el salario mínimo de ley y/o en las situaciones de restricciones de liquidez por el alto endeudamiento salarial.

De manera incuestionable, ligado a lo anterior está la grave situación de que no hay política salarial en este país, tan solamente aquella que ha venido imponiendo salarios a la baja, el congelamiento y la precarización de los mismos.

Es por tal razón que la Junta Directiva Nacional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), definió que el tema fundamental para la conmemoración histórica del PRIMERO DE MAYO, debe ser el de los salarios vs. costo de vida.

La ANEP está invitando y convocando para el domingo 1 de mayo, con ocasión de la festividad obrera mundial del DÍA INTERNACIONAL DE LA CLASE TRABAJADORA, a fin de realizar una importante concentración de ciudadanía trabajadora y cívico patriótica; para dar a conocer un fuerte emplazamiento al nuevo Gobierno de la República y a la nueva Asamblea Legislativa, a fin de que se tomen acciones de política pública según corresponda para lo siguiente:

Una revisión estructural del actual nivel del salario mínimo en Costa Rica, con base en la estipulación que ordena la Constitución Política en su artículo 57: “Todo trabajador tendrá derecho a un salario mínimo, de fijación periódica por jornada normal, que le procure bienestar y existencia digna”. No hay bienestar ni existencia digna con la cuantía del salario mínimo en la actualidad.

Corregir la errática decisión impuesta por el gobierno neoliberal saliente, en cuanto a una única fijación anual para el sector privado, según desafortunada decisión “consensuada” en el Consejo Nacional de Salarios (CNS), órgano adscrito a la cartera ministerial de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Emitir fuerte ordenanza política al actual CNS para que éste, por una única vez y con carácter de reajuste extraordinario, emita una fijación especial para la segunda mitad del presente año habida cuenta del asfixiante costo de la vida: ni se reduce la carga tributaria excesiva por el costo de los combustibles y, ahora, se argumenta el conflicto bélico europeo para justificar la subida en el precio de alimentos y servicios básicos. Por ejemplo, los casos de obreros agrícolas (piñeros, bananeros y cañeros), choferes de autobús, vigilancia privada, comercio.

Desbloquear el pago del reajuste por costo de vida correspondiente al año 2021 que el Ministro de Hacienda actual, señor Elián Villegas Valverde, se negó a honrar en el caso de la clase trabajadora asalariada estatal, pese a contar con contenido financiero-líquido para pagarlo y que obligó a la ANEP a demandar en sede judicial (proceso en trámite), a tal jerarca.

Rehabilitar el funcionamiento de la Comisión de Políticas Salarial para el Sector Público. Instalada la misma, su prioridad debe ser abordar el tema de la precariedad salarial en sectores laborales como los cuerpos policiales, el personal de CEN-CINA y de Control de Manejo de Vectores del Ministerio de Salud, personal técnico y asistencial de la Seguridad Social (especialmente de la CCSS), vigilantes y personal de comedores escolares del sistema educativo público, entre otros en tal situación de extrema vulnerabilidad salarial.

Albino Vargas Barrantes

Secretario General ANEP

Walter Quesada Fernández

Secretario General ANEP