Categoría: Comunicados de Prensa

• Trabajadores indican que se vienen desarrollando situaciones negativas que afectan el desempeño laboral.
• Pese a las múltiples solicitudes dirigidas a la Dirección Regional, ésta solo da respuestas negativas o no responde.
• Funcionarios manejan más 200 expedientes en promedio.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) solicita a la Gerencia Técnica del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) intervenir la oficina local de Golfito debido a los constantes cambios de coordinador, lo cual ha repercutido en el desempeño laboral de los funcionarios.

De acuerdo con el documento PANI-OLGO-OF-0609-2021 dentro de la oficina local se han desarrollado situaciones que afectan el desempeño laboral de los funcionarios, quienes han sufrido episodios de ansiedad, depresión, estrés por la sobrecarga laboral y la inestabilidad de los nombramientos.

Para el personal trabajador, desde hace dos años, existe una carga laboral insostenida. Por ejemplo, en el caso de las dos profesionales encargadas de atención de denuncias, manejan en promedio 260 expedientes cada una, mientras que solo hay una persona contratada para darle seguimiento a los 184 procesos abiertos y el departamento legal está conformado por dos personas que llevan 272 procesos, algunos se encuentran detenidos por la falta de personal.

“Es tanta la saturación de trabajo, que es prácticamente imposible realizar todos los procedimientos correspondientes para garantizar que los niños retornen a sus hogares, aquí se lesiona el derecho del menor a crecer en familia”, comentó Keilyn Urtecho Obando asesora sindical de la ANEP.

Urtecho agregó que actualmente la oficina local no tiene nombrado a un coordinador, además tampoco cuenta con el equipo completo en trabajo social y psicología.

“Que hemos pasado periodos de tiempo extensos sin jefatura en sitio, debido a procesos disciplinarios, posterior a estos procesos de contratación en donde la persona contratada no pasa la calificación (…), calificaciones subjetivas sin fundamentos reales nos dejan nuevamente sin coordinador”, indica el documento.

Además, agrega “que nos hemos sentido emocionalmente inestables, y no queremos a raíz de estas manifestaciones nos intimiden, acosen o se tomen represalias en nuestra contra, ya que, he visto como muchos funcionarios que levantan la voz son posteriormente incorporados por procesos disciplinarios, nuestro equipo de trabajo solamente queremos continuar realizando nuestra labor”.

Para la ANEP la excesiva carga laboral y la escasez de recurso humano afecta la calidad de los servicios que el PANI le brinda a cada niño, niña o adolescente, y por ende a sus familias. En distintas ocasiones, nuestra organización sindical ha manifestado preocupación por el cansancio, el ambiente pesado, los altos niveles de estrés que sufren por no estar al día con sus casos.

La solicitud de ANEP es clara: “que se dé la intervención inmediata por parte de la Gerencia Técnica y se realicen entrevistas a los funcionarios”. Además, que se realice una evaluación de la salud mental que ayude a estabilizar al personal”.

• Reunión se llevará a cabo de forma virtual, este lunes 4 de octubre a las 2 pm.
• ANEP insiste en que el país no necesita de un préstamo con el FMI.

Ante la invitación formulada por la señora Manuela Goretti, Jefa de la Misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), para una reunión con representantes sindicales, en el marco de lo que esta entidad financiera denomina “primera revisión del Servicio Ampliado”, según lo pactado por el Gobierno de Alvarado; cita virtual que tendrá lugar este día lunes 4 de octubre, a las 2 de la tarde, la ANEP indica a toda su distinguida membresía de los sectores público y privado, a todo el conglomerado sindical y de los movimientos sociales del país, así como a la ciudadanía patriótica costarricense los contenidos principales de su presentación con tal motivo:

El país no necesita de un “convenio”, préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Gran cantidad de sectores de diversa naturaleza, han estado planteando alternativas, sólidamente fundamentadas. Alvarado y su gobierno las han despreciado todas.

En términos generales, la mayoría del pueblo trabajador costarricense ha rechazado un convenio con el FMI. Incluso, en setiembre de 2020, hubo una gran conmoción social, con fuertes acciones de manifestaciones en las calles, repudiando este tipo de convenios.

Alvarado y su gobierno han venido promoviendo, como proyecto “estrella” del convenio con FMI, un proyecto de empleo público cargado de violaciones a la actual Constitución Política del país, según el propio tribunal constitucional de la República. Es una iniciativa de ley que, además, tiene un alto potencial de una nueva confrontación social. Adicionalmente, el espacio político de este proyecto se ha reducido sustancialmente, ante la cercanía del proceso electoral nacional, de carácter presidencial y diputadil.

 Creemos que antes de que el país se vea atado a un convenio-préstamo con el FMI, debe realizarse una Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública, puesto que el 99 % del pueblo costarricense desconoce quiénes son los acreedores de la misma, así como no se sabe nada de todos los aspectos inherentes a las condiciones en que fue contraída.

Se tiene certeza, ¡eso sí!, de que gran parte, hasta un 75 % de la deuda interna del país, es entre entidades del propio Estado, lo cual abre grandes posibilidades de una reestructuración y de una reingeniería de la misma; o, bien, de renegociación con relación al pago de sus obscenos intereses. Sí creemos que hay un reducido círculo de sectores bancario-bursátiles y de firmas jurídicas que hacen grandes negocios con la deuda pública del país.

Resulta necesario, por otra parte, que la ciudadanía sepa cómo es el proceso que sigue el FMI al otorgar este tipo de préstamos: ¿por cuántos bancos pasa?; cuando llega a Costa Rica, ¿a qué bancos llega?; ¿cuánto de paga en comisiones y a quién? El pueblo trabajador costarricense está sumamente afectado por una estructura tributaria altamente regresiva y por un sistema de administración de impuestos sumamente injusto, lo cual le da legitimidad a un cuestionamiento como el que se ha planteado.

Finalmente, no sabemos qué pasa con los contenidos que los grupos sindicales aportan en este tipo de reuniones, pues nunca hay devoluciones por parte de las delegaciones del FMI, acerca de cómo se procesan las críticas, los señalamientos y hasta las propuestas. Creemos, por tanto, que este tipo de reuniones son insulsas y acudimos a ellas por cortesía y como vitrina de denuncia; jamás puede interpretarse, que estamos legitimando, al menos desde la corriente sindical en la cual militamos, este tipo de préstamos.

San José, lunes 4 de octubre de 2021

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP.

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP

• El odio de clase en contra de las personas trabajadoras estatales es recalcitrante

• Los partidos Liberación, Acción Ciudadana, Unidad y los dos religiosos (RN y NR), en abierta coalición anti-obrera

Una de las fundamentales esencias de los valores constitutivos del Régimen de Servicio Civil, siempre fue su desvelo para brindar un buen nivel de estabilidad en el cargo a las personas trabajadoras estatales que han estado cubiertas por el mismo.

Efectivamente, el artículo primero del Estatuto de Servicio Civil puntualiza lo siguiente: “Este Estatuto y sus reglamentos regularán las relaciones entre el Poder Ejecutivo y sus servidores, con el propósito de garantizar la eficiencia de la Administración Pública, Y PROTEGER A DICHOS SERVIDORES” (las mayúsculas son nuestras).

Así lo ha sido desde la promulgación legal de dicho Estatuto, en 1953. Pues bien, 68 años después, se pretende una transformación radical en el concepto original del sistema de Servicio Civil que, incluso, a partir de la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949, quedó con rango constitucional.

Las diputaciones actuales que, de un modo u otro en diversas circunstancias del actual proceso parlamentario, impulsas decisiones legislativas contrarias el bien común y a la inclusión social, introdujeron en el Expediente Legislativo 21.336, Ley Marco de Empleo Público, la siguiente modificación al Estatuto de Servicio Civil:

“Este Estatuto y sus reglamentos regularán las relaciones entre el Poder Ejecutivo y sus servidores, con el propósito de garantizar la eficiencia de la Administración Pública”.

Como se nota, la frase-concepto, “Y PROTEGER A DICHOS SERVIDORES”, fue eliminada.

Si ya, de todas formas, la estabilidad protectora del empleo público bajo el Régimen de Servicio Civil (que nunca fue inamovilidad en el cargo), tiene fuertes cuestionamientos de parte de los sectores político-ideológicos y económicamente hegemónicos; la modificación que estamos denunciando estaría cerrando el ciclo histórico de 68 años de este tipo de seguridad en el empleo para personas trabajadoras estatales cubierto por el mismo.

Con fuerza de vehemente denuncia, tenemos que condenar la acción estratégicamente coordinada de los partidos Liberación Nacional, Acción Ciudadana y Unidad Socialcristiana, juntos a los dos partidos religiosos (Restauración y Nueva República), para:

· Seguir incrementando el odio de clase en contra de las personas trabajadoras estatales; odio de clase que tiene ya un carácter recalcitrante.

·Incrementar en grado sumo el riesgo de estabilidad en el empleo para unas 120 mil personas trabajadoras empleadas públicas: los conglomerados laborales de Educación Pública, de los otros ministerios del Poder Ejecutivo, así como las diversas entidades adscritas a los mismos; e, incluso, para entidades que, de un modo u otro, tienen sistemas de personal que se guían por los postulados del Estatuto de Servicio Civil.

·Retrocedernos en el tiempo y potenciar el carácter del empleo público como botín politiquero, por una parte; y, por otra, garantizarse lealtades electorales circunstanciales de turno: Cambiar voto por empleo, como sucedía antes de la Constitución de 1949.

La ANEP condena, drásticamente, esa “variante” del ataque estructurado a las personas trabajadoras del sector público del Gobierno Central y entes adscritos, ataque que es dirigido, también a sus propias familias.

La ANEP se encargó de destrozar, radicalmente, la perversa tesis esgrimida al inicio por los neoliberales y su “escuadrón sicario de orden parlamentario”, en el sentido de que el déficit fiscal obedecía a los salarios pagos en el empleo público; y, mucho menos, a quienes los devengan desempeñándose en el Poder Ejecutivo central y sus entes adscritos, “cubiertos” por el Régimen de Servicio Civil, hasta hoy en día.

La ANEP reafirma, su oposición rotunda al nefasto proyecto Ley Marco de Empleo Público, verdadera intentona de “Golpe de Estado parlamentario”, cargada de inconstitucionalidades, inconexidades, ocurrencias y, por supuesto, con la fuerte carga ideológica de odio de clase de los neoliberales que han venido gobernando en los últimos tiempos con sus diversos partidos políticos.

San José, viernes 24 de setiembre de 2021.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto