Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
El 9 de marzo de 2023, tendrá el banderazo de salida la Ley Marco de Empleo Público, No. 10.159, que tanto adversamos y seguiremos combatiendo, como lo hemos hecho desde el año 2019, un día sí y otro también.
Un artículo, “Los objetivos del Proyecto Ley Marco de Empleo Público”, «https://www.informa-tico.com/19-01-2021/objetivos-proyecto-ley-marco-empleo-publico» del distinguido abogado, especialista en Derecho Laboral y persona muy estudiosa de los contenidos del Derecho Constitucional costarricense, Manuel Hernández Venegas, nos permite transmitirle a usted lo que este jurista caracterizó como los cuatro objetivos más relevantes de esta perversa legislación, resumidos a continuación:
1) Instaurar un régimen de poder concentrado, de corte autoritario, en manos del omnipotente Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan). A este Ministerio se le atribuye la gobernanza total y totalitaria de los principales componentes de la relación de empleo público: reclutamiento, selección de personal, promoción, concursos internos, formación profesional, evaluación del desempeño y el sistema de compensación salarial; atropellando la independencia del Poder Judicial y socavando las autonomías constitucionales de las municipalidades, de la Caja y de las universidades públicas.
2) Afianzar la política extrema de congelamiento, reducción y precarización de las remuneraciones salariales que, en un principio, fue apuntalada por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, No. 9635, pero que ahora la Ley Marco de Empleo Público viene a desarrollar y consolidar. Destaca en esta política regresiva, la entronización del salario único, a partir de una columna de salario global; que, por ejemplo, elimina el sistema de anualidades y otros componentes asociados al salario base, conocidos hasta hoy día como pluses. La lógica de esta política es profundizar la pauperización salarial en el sector público, pues sus delirantes promotores consideran que es un “factor clave” en la reducción del déficit fiscal.
3) Facilitar y acelerar el proceso de desposesión de todos los servicios públicos, hasta hoy día prestados por el Estado y sus instituciones, transfiriendo su titularidad y ejecución a los actores privados, vía tercerización y entrega abierta al capital privado nacional y transnacional. Para cumplir este objetivo, la ley flexibilizó al máximo los procesos de reestructuración y reorganización de las instituciones públicas, abriendo las puertas, de par en par a los despidos masivos de las personas que laboran en el sector público.
4) Debilitar y reducir el papel los sindicatos representativos de los diferentes segmentos de la población trabajadora estatal. Este objetivo se liga, de manera inseparable, al perseguido con la ley anti-huelgas, Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, No. 9808; bloqueando que cualquier negociación colectiva futura contenga reivindicaciones sustanciales que mejoren la calidad del trabajo y de la vida laboral; así como las posibilidades de remuneraciones justas y dignas, incluyendo el fortalecimiento de los servicios públicos.
Tenemos un año de plazo para generar un conjunto de reacciones de efervescencia social y laboral, del más diverso orden, en contra de esta fatídica ley; además de confrontarla en los foros jurídicos nacionales e internacionales. En esta urgente e inaplazable tarea, la ANEP está metida de lleno y trabajando arduamente. Ya la gente trabajadora estatal está comprendiendo mejor la intensidad y la magnitud de la conjura neoliberal en contra de sus derechos e intereses; conjura urdida, básicamente por el PLN y el difunto PAC (q.e.p.d.).
