La CIA y las políticas encubiertas de Estados Unidos una amenaza para América Latina

Desde entonces la intervención de la gran metrópoli del Norte ha estado en nuestro territorio y sus embajadas son vínculos pretorianos entre la periferia y el centro de mando imperial.

No podemos olvidar la intervención directa de los gobiernos de Estados Unidos en suelo centroamericano durante las guerras civiles de Nicaragua y El Salvador y el estado de violencia en Guatemala.

Cómo olvidar que Estados Unidos financió la contrarrevolución en Nicaragua utilizando el suelo hondureño como base militar donde se entrenó y desde donde se prepararon los ataques, tierra y aire, del ejército irregular denominado la CONTRA Con participación de las Fuerzas Armadas de Honduras y se montaron tres bases militares: La del Aguacate en el departamento de Olancho, allí fue donde asesinaron al padre Guadalupe Carney, después de capturarlo en Choluteca; el Centro Regional de Entrenamiento Militar CREM en Trujillo, Colón; y la famosa Base de Palmerola en Comayagua. En estas bases se construyeron pistas de aterrizajes para que los aviones pudieran despegar por la noche para bombardear Nicaragua, territorios salvadoreños ocupados por la guerrilla del Farabundo Martí y territorio Guatemalteco donde se suponía que habían guerrillero del Ejercito del pueblo; en Guatemala fueron quemadas, con las bombas de Nepal, aldeas y caseríos donde habitaban indígenas que nada tenían que ver con la guerrilla. Ser indígena era un delito de subversión.

Como parte de su estrategia los Norteamericanos a través de su embajador John Dimitri Negroponte (período 1981-1986) diseñaron para Honduras, la denominada “Doctrina de Seguridad Nacional” y en ese contexto se formó el denominado batallón de Fuerzas Especiales, donde se entrenaban los escuadrones del 3-16 que se encargaban de vigilar, secuestrar y asesinar a ciudadanos y ciudadanas que disentían con las posiciones del gobierno de turno o que eran considerados colaboradores de los guerrilleros salvadoreños y de los Sandinistas. El 3- 16 es el responsable del secuestro y asesinato de más de 300 hondureños y hondureñas y de un centenar de salvadoreños que fueron lanzados vivos desde un helicóptero en el mar o en las montañas de la mosquitia después de haber sido torturados por agentes de la CIA.

Honduras sigue siendo para Estados Unidos, un territorio importante, desde la perspectiva geopolítica, en las estrategias de agresión y desestabilización contra Latinoamérica. Por eso no debe asombrarnos su intervención directa en el golpe de sus agencias y el “pretor” Hugo Llorens en la preparación de la defenestración de un gobierno democráticamente electo, para imponer un jefe de Estado de facto.

Los que piensan que el golpe de Estado en Honduras es resultado de una “simple” pugna de poder entre grupos de la oligarquía nacional, es porque hacen el análisis desde un enfoque reduccionista que les limita el horizonte y no pueden ver los acontecimientos económicos, políticos y sociales que significan un despertar latinoamericano que quiérase o no camina a pasos agigantados hacia un modelo democrático participativo que rompe con el viejo esquema de la democracia representativa, validada por un sistema partidario en crisis.

Quienes miran este golpe de estado como una pugna no han podido vislumbrar que la dinámica social latinoamericano a tomado un rumbo que choca con los intereses de los grupos oligárquicos y del capital transnacional. Este fenómeno tiene que ver con el agotamiento de un modelo que nos ha dejado un cuadro de injusticia social continental y ha provocado una crisis de los mecanismos de dominación como los partidos que se han deteriorado desde adentro como un efecto perverso degenerativo de una democracia representativa que los convirtió en los portadores de los intereses ajenos a la nación, agrediendo sistemáticamente nuestra vocación democrática.

Ante el agotamiento de los mecanismos de control y el impacto negativo en nuestra cultura política han surgido nuevas propuestas políticas que orgánicamente van tomando fuerza en el continente que exigen beligerantemente su participación para llenar las aspiraciones colectivas insatisfechas. El resultado es el anuncio de un nuevo pensamiento que se perfila en nuestro continente mestizo, que nunca ha agredido al pueblo de Estados Unidos, cuyo gobierno si nos ha agredido sistemáticamente.
De ahí que no podemos mirar la intervención norteamericana en Honduras como un hecho aislado del contexto latinoamericano. El asunto tiene que ver con la gestación de un novedoso proceso de integración latinoamericana desligado de la potencia hegemónica, e impulsar políticas de desarrollo con soberanía económica e independencia política y social de los pueblos y gobiernos, donde la injerencia externa no tiene cabida.

Este proceso es la Alianza Bolivariana para América ALBA que ya no obedece a los intereses de Estados Unidos, sino al interés de reconstruir la unidad de los países que constituimos una unidad cultural desde el río Bravo hasta la Patagonia. Otro asunto que debemos recordarles a los analistas reduccionistas, es el cambio radical operado por la Organización de Estados Americanos, que en esta oportunidad ha tenido una postura positiva en defensa de la legitimidad del Estado de derecho que fue violentado por un golpe, que pone en precario la democracia latinoamericana.

Nadie puede dudar, a estas alturas, que los guerreristas del Norte han articulado un plan para recuperar los espacios perdidos en un continente, donde ellos impusieron su dominio desde el principio de la tercera década del siglo XIX y colocado sus capitales excedentarios y explotando sus recursos naturales a través de sus consorcios petroleros, bananeros, madereros, etc.

Ahora sabemos que el golpe no fue planeado para parar las pretensiones de continuismo del presidente Zelaya como dicen los ejecutores del golpe, ni por una simple encuesta de opinión ni una “cuarta urna”; el congreso, la corte y la fiscalía, la desobediencia militar y policial, la orden de captura solo fueron mecanismos utilizados para cumplir parte del plan que conspira contra el ALBA con el fin de parar los cambios redentores de nuestros pueblo.

ANEP responde ataques contra el sindicalismo

Agradezco el reenvío de esta discusión. Quisiera, si fuera posible, dar un par de puntos de vista sobre el tema de la reforma al Código de Trabajo que se discute, lo cual hago con todo el respeto para los y las liberacionistas que participan en esa lista electrónica. Al efecto voy a tratar de identificar algunas objeciones y me voy a referir brevemente a ellas:

*1.*Esta bien que existan sindicatos, el problema son los dirigentes. Creo que esta objeción parte de algo que es real, el derecho a hacer sindicatos es un derecho humano fundamental establecido en la Constitución y diversos tratados de derechos humanos, incluidos los de OIT. Si es así, al igual que con cualquier otro derecho humano, todos los países están obligados a que se cumplan en la realidad. Por supuesto que, como en cualquier grupo humano, existen dirigentes sindicales de todo tipo. Al igual que en los partidos políticos, los ecologistas, los solidaristas, las feministas, las iglesias, el cooperativismo, en el sindicalismo, en tanto compuesto por personas de carne y hueso, existen vagabundos, vividores, corruptos, etc. Pero, al igual que en todos estos grupos, también existen personas tremendamente trabajadoras, comprometidas con la democracia, honestas, etc. De ello no podríamos concluir de que porque hayan políticos corruptos debemos eliminar o impedir el desarrollo de los partidos políticos, sino mejorar la participación política. Lo mismo sucede con este proyecto de ley. No por el hecho de que haya dirigentes que no nos gusten, o que sean mejores o peores, debemos bloquear un proyecto para proteger el ejercicio de la libertad sindical. Tampoco porque deberíamos bloquearlo porque hoy o en el pasado haya habido sindicatos de izquierda, independientemente de sus errores y aciertos. Hoy y en el pasado ha habido también sindicatos socialdemócratas, socialcristianos, apolíticos, etc.

*2.*Diferencia de trato entre sindicatos y solidaristas. La particularidad de los sindicatos es que su función es representar intereses colectivos, ya sea de los trabjadores en una empresa, en una profesión u oficio o en general. La libertad sindical parte precisamente de la idea de que cualquier persona es libre de afiliarse o no a un sindicato, por lo que a diferencia de regímenes en los que no hay libertad sindical, en los cuales se prohíben los sindicatos, o se obliga a las personas a afiliarse a un sindicato, en un régimen con libertad sindical siempre habrá sindicatos más o menos representativos de ese interés colectivo. Sin embargo, para que estos sindicatos puedan representar el interés colectivo de esas personas trabajadoras (independientemente de que lo hagan mejor o peor, que lo hagan correctamente o se equivoquen), es imprescindible que se trate de organizaciones autónomas e independientes. En ese sentido, la OIT ha señalado desde 1993 que la existencia de organizaciones solidaristas no viola la libertad sindical, siempre y cuando no asuman estas organizaciones la función de representación de esos intereses colectivos. ¿Por qué? precisamente porque no son organizaciones independientes ni autónomas, sino que el empleador puede, no solo nombrar representantes ante la junta directiva y la asamblea general, sino que además financia sus actividades. Es por eso que OIT señala que estas organizaciones deben limitarse a desarrollar actividades mutualistas, y no de representación de los intereses de las personas trabajadoras. Con el respeto que me merece mi estimado compañero de facultad, Mariano Jiménez, el refleja esta falta de independencia, ya que es asesor de la Corporación Bananera Nacional, y además es vocero de parte del solidarismo. Esto no está mal, ni mucho menos, pero evidencia que estas organizaciones no pueden ejercer autónomamente una representación de los intereses laborales. De esta forma, las actividades mutualistas y de economía social, no son exclusivas de las solidaristas, sino que son desarrolladas por asociaciones de trabajadores y de productores, por cooperativas, por mutuales, por organizaciones profesionales, por cajas de ahorro, y, por sindicatos. Cuando estos desarrollan este tipo de actividades, al igual que las otras, lo hacen sin ánimo de lucro, y únicamente buscan ayudar a satisfacer necesidades de sus agramiados, así como ayudar a financiar sus actividades. Esto forma parte de las actividades sindicales, según lo ha dicho la OIT, no atenta contra ninguna de las otras expresiones de la economía social, y por el contrario, pone parte del esfuerzo de estas organizaciones, en el desarrollo de emprendimientos productivos y económicos en beneficio de sus agremiados y sus familias, generando inclusive empleo y buscando satisfacer sus necesidades básicas.

*3.*El proyecto amplía el fuero sindical a todas las personas afiliadas a un sindicato: esto es sencillamente falso. El fuero sindical existe ya en CR, desde 1993, para un pequeño grupo de representantes nombrados por los trabajadores. Esto no se modifica en el proyecto de ley, el cual solamente establece procedimientos para tutelar ese derecho, creando un debido proceso previo a su despido, similar a lo que sucede con la trabajadora en estado de embarazo; y crea un proceso rápido para conocer y discutir la pertinencia del despido de estos representantes, una vez que los despidos han acaecido. Esto no solo lo ordena nuestra legislación, sino también la sentencia 5000-93 de la Sala Constitucional. Ahora bien, lo que sí señala el proyecto es una serie de prácticas antisindicales discriminatorias, y que por lo tanto no solo son sancionadas, sino que son nulas de llegar a producirse. Una de esas prácticas es despedir a un trabajador por el solo hecho de afiliarse a un sindicato. Ya tenemos casos, por ejemplo en casos de bananeras, donde la “causal” de despido del trabajador es haberse afiliado a un sindicato. Esto evidentmente es discriminatorio y violatorio de la libertad sindical, tal y como la mencionada sentencia lo ha dicho. Esta forma de regular estas prácticas se hizo de forma generalizada para los despidos discriminatorios, introduciendo un capítulo nuevo en el Código de Trabajo hace un par de años, según el cual los despidos que se fundamentan en causas discriminatorias son nulos (por ejemplo despedir a una persona trabajadora por ser mujer, por ser extranjera, por ser negra, indígena, por tener vih-sida, etc. Esto no implica que se extienda a estas personas ningún fuero. Todas ellas van a poder seguir siendo despedidos sin justa causa en el sector privado, mediante el pago de cesantía. Lo que no se puede hacer es que se despidan por una causa discriminatoria, incluyendo, según el proyecto, el hecho de afiliarse a un sindicato.

4. Es importante decir que la redacción del proyecto actual se logró con la firma expresa de don Samuel Yankelewitz, de Alejandro Aubert, y de don Julio Ugarte Tatum, representantes de UCCAEP y en su orden de las cámaras de industrias, de agricultura y de comercio. Dicho sea de paso don Julio salió atacando el proyecto que con él y sus asesores redactamos. Yo tengo en mi poder el documento firmado por ellos por si Ustedes lo desean.

*5.*Con relación al tema de la Asamblea Legislativa, quisiera decir que es llamativo que la opción de una parte de la Fracción del PLN sea la de evitar que el proyecto se discute y que se vote. No se ha acusado este tipo de prácticas por el mismo don Francisco Antonio Pacheco de prácticas obstruccionistas. Lo único que hemos dicho es que queremos que se vote el proyecto de ley. Se puede aprobar o rechazar, pero es inaudito, a mi juicio, que no se deje votar ni siquiera a diputados liberacionistas que han entendido esta visión que les he tratado de sintetizar.

6. Finalmente, la OIT ha señalado que son ya años de recibir promesas incumplidas por parte de CR y sus gobiernos, y que por lo tanto ya no se le puede dar mas largas al asunto. Es por ello que, muy probablemente, si el proyecto en cuestión, largamente prometido ante OIT por diversas administraciones, incluida la administración Arias, lo que sucederá es que nuestro país recibirá una fuerte condena en junio del año entrante, es decir, tan solo unos meses después de asumido el próximo gobierno. ¿Es eso estratégico para el PLN?

Quedo a sus órdenes para continuar, este intercambio de ideas si Ustedes lo estiman pertinente.

Atentamente,

Lic. Mauricio Castro Méndez
Coordinador Unidad Jurídica de ANEP

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¿SINDICALISMO vrs.SOLIDARISMO?

Estimados Señores Diputados

1- El artículo 339 actual del Código de Trabajo establece que la acción sindical es exclusivamente para la defensa y mejora de los intereses económico – sociales de los trabajadores. La reforma planteada pretende ampliar dicho ámbito de acción a “ la formulación, proposición y aplicación de políticas socioeconómicas y para participar en la economía en general”

Semejante propuesta es nada menos que una socialización extrema a favor de unos pocos dirigentes del manejo económico y social del país, lo cual, a nuestro juicio, puede limitar fuertemente a los gobiernos de turnos, y en alguna medida, llevar a la ingobernabilidad del país, creándose las condiciones propicias para una confrontación social, la cual, dada la coyuntura política Latinoamérica, podría ser alimentada por agentes externos.

2- El artículo 340 actual del Código de Trabajo limita actividades económicas de los sindicatos. La reforma planteada amplia las facultades sindicales a realizar todo tipo de actividades comerciales de ahorro, crédito e inversión

En el año 1993, precisamente ante presiones de los dirigentes sindicales, los mismo que hoy impulsan esta reforma, se reformó el artículo 8 de la Ley de Asociaciones Solidaristas, Ley No. 6970, prohibiendo a las Asociaciones Solidaristas, sus órganos de gobierno y administración, así como a sus representante legales; participar en contrataciones y convenciones colectivas laborales, estableciéndose además en dicha reforma, la prohibición a los sindicatos a realizar actividades propias de las asociaciones solidaristas ni de asociaciones cooperativas.

La reforma del año 1993 ha permitido mantener un equilibro entre ambas organizaciones, pero sobre todo, en ese momento se delimitó de manera clara los campos de acción de ambas organizaciones, lo cual, ha ayudado que ambas organizaciones puedan coexistir sin mayores problemas. Sin embargo, con esta reforma se produciría un desequilibrio a favor de las organizaciones sindicales, ya que se les elimina la prohibición de realizar actividades de las asociaciones solidaristas y cooperativas, y a éstas últimas, al menos a las Asociaciones Solidaristas, se les mantiene la prohibición de incursionar en el campo de los Sindicatos; lo cual resulta discriminatorio.

3- El artículo 344 actual del Código de Trabajo establece los requisitos para inscribir un sindicato en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. La reforma pretende la inscripción otorgándole personería legal al sindicato antes de inscribirse.

No es posible antes de que una persona jurídica (llámese sindicato, cooperativa, asociación o sociedad) se inscriba en el registro correspondiente obtenga el aval del estado como persona capaz de adquirir derechos y obligaciones, darle personería legal. Este es un principio fundamental y elemental de nuestro sistema jurídico. Además, estaríamos ante una discriminación más respecto a otro tipo de organizaciones laborarles y sociales, como lo son las asociaciones solidaristas y cooperativas.

De darse esta reforma un Sindicato con personería antes de inscribirse podría ejercer acciones legales sin tener responsabilidad alguna. Que pasaría si después no lo inscriben y ya se asumió ante terceros algún tipo de responsabilidad?

Por las razones antes expuestas, de la forma más atenta y respetuosa, solicitamos su apoyo para que este proyecto de ley sea corregido en el sentido de que los artículos 339, 340 y 344 del Código de Trabajo se excluyan de esta reforma, caso contrario, solicitamos su voto para que dicho proyecto de ley sea votado negativamente.

Atentamente

Lic. Enrique Acosta G
Presidente Movimiento Solidarista Costarricense

América Latina (1760-2010)

Identifiquemos las cuatro semillas de nuestra identidad política moderna: el impacto de las reformas borbónicas en América española (1760-1788); la independencia de Estados Unidos (1776); la revolución francesa (1789); la lucha antiesclavista y anticolonial de Haití (1791-1804). Y a riesgo de ser esquemáticos, fijemos los cinco periodos que zarandearon el proceso emancipador de nuestros pueblos:

1790-1830. Los hijos rebeldes de las elites criollas se adhieren a las ideas de la Ilustración y a los ideales de la Constitución estadunidense. Cuando Napoleón invade España (1808), los criollos forman “juntas emancipadoras” (1809-10). Hidalgo, Bolívar y Artigas serán sus líderes más esclarecidos. La guerra no tarda en llegar. Con excepción de Cuba y Puerto Rico, España pierde sus posesiones en América (batalla de Ayacucho, 1824). México y Buenos Aires se desentienden de la independencia. Las oligarquías más tenaces y racistas se hacen fuertes en Colombia, Venezuela y Perú.

1830-1870. Luchas entre liberales y conservadores. Washington piensa la doctrina Monroe (1823) contra la Santa Alianza europea, pero la dirige contra México, que pierde la mitad de sus territorios (1848). En el decenio de 1860 (sacando partido de la guerra civil de Estados Unidos), Francia interviene en México. En tanto, Inglaterra financia la guerra que reduce a cenizas el recio nacionalismo de Paraguay (guerra de la Triple Alianza: Argentina, Brasil, Uruguay, 1865-70).

1870-1910. Los liberales sueñan con ser “progresistas”. No obstante, su “racismo científico” los condena a ser meros gerentes del capital extranjero. En Chile, Londres estimula el expansionismo oligárquico-militar: Bolivia queda sin mar (Guerra del Pacífico 1879-84).

En Ecuador, el liberal Eloy Alfaro emprende una revolución laica y anticlerical (1895). Más al sur, las grandes migraciones europeas modifican el mapa demográfico subregional. Estados Unidos ocupa Puerto Rico, interviene en la guerra independentista de Cuba contra España, apoya la “independencia” de Panamá y ocupa la estratégica zona del canal interoceánico. A inicios del nuevo siglo, las cañoneras del imperio imponen su voluntad en las naciones de la cuenca caribeña.

1910-1950. En coincidencia con el primer centenario de la independencia, México estremece al mundo y a los pueblos de América con una revolución de amplios alcances políticos y sociales. Sus ideas llevan sello liberal, pero sus acciones son revolucionarias porque surgen del llano y responden a paradigmas desconocidos por la “cultura universal”.

Inquietos por el “México bronco”, los yanquis aprietan las tuercas de la dominación en América Central y el Caribe. No obstante, en Nicaragua muerden el polvo de la derrota a manos de Augusto C. Sandino. De filiación liberal, Sandino será la primera expresión concreta de lucha nacional, popular y antimperialista.

Simultáneamente, el impacto de la crisis capitalista mundial (1929) desconcierta a las oligarquías feudales y a las burguesías gerenciales del capital extranjero. Pero también a otros sectores que, inspirados en la revolución rusa (1917), creen en la “universalidad” de las burguesías y los proletariados. En México, Argentina y Brasil, otras corrientes se plantean si es posible defender la soberanía y la justicia social, sin desarrollar la industria nacional.

1950-1990. Con mayor y menor intensidad, América Latina ensaya distintas experiencias de industrialización. Los tecnócratas imponen nuevos eufemismos: desarrollo y crecimiento. Pero el crecimiento se hará a expensas del desarrollo social. Golpes militares proyanquis, luchas políticas interoligárquicas, centrifugaciones ideológicas burguesas. Cuba proclama el carácter socialista de su revolución (1959-61). Grandes movilizaciones obreras, insurgencias populares armadas. Triunfo de la Unidad Popular en Chile (1970).

Violento freno a la industrialización. Terrorismo de Estado. “Estabilización macroeconómica”, “ajustes estructurales”, crisis del petróleo y recomposición de la economía mundial, vía revolución tecnológica. La deuda se dispara. América Latina, exportadora de capitales. El Estado: obra de demolición del sector público. Economía mundial de mano de obra barata, aparición del sector “informal”, hiperinflación y aparición del narcotráfico. La pobreza como sistema: el “neoliberalismo” desmantela los avances relativos en salud, empleo, alimentación, educación y vivienda.

En el decenio de 1990 el llamado Consenso de Washington ordena: el mercado –y no la política– tomará las decisiones. Crecimiento hacia afuera, volatilización del dinero, privatizaciones, desagrarización, corrupción institucional. No pocos sectores de izquierda se tragan el cuento: fin de la historia y de las ideologías. Dictadura mediática, inseguridad y criminalización de la lucha social.

Fuente: La Jornada, México.

XXV Aniversario: Huelga de Adaptación Social
(18 al 26 de junio 1984)

El nuevo gobierno y su equipo asesor, definieron una política económica y social de corte “neoliberal”, inducida en primera instancia por la carta de entendimiento firmada con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y luego, derivada de ésta la llamada_ “Ley de Emergencia”_, aplaudida por el sector empresarial, pero vista con recelo por los trabajadores y sus organizaciones.

Esta ley, entre otros lineamientos apuntó a reducir el gasto público, a lograr un incremento razonable en los ingresos y una mayor eficiencia del Estado,_ “eran vientos desestabilizadores”_, según los sindicatos.

La subregión centroaméricana vivía fuertes embates. El área estaba incendiada. La Administración Monge, en la coyuntura, abrazaría el “Consenso de Washington”, como estrategia política, ideológica y militar para aquellas naciones al Sur del Río Bravo; promovida por el Presidente Reagan y sus halcones. Costa Rica se alineó a los intereses “Usamericanos”. Renace el macartismo, los fantasmas del “comunismo”, y la desestabilización orquestada a nivel internacional”. (No obstante Monge había proclamado al mundo la neutralidad perpetua, activa y no armada de la República de Costa Rica, 1983).

Los trabajadores del sector público y sus organizaciones sindicales y gremiales vislumbraron “momentos difíciles”. En ese contexto, el movimiento sindical empezó a articular su propuesta. La ANEP impulsó su agenda. Los trabajadores –hombres y mujeres- , de Adaptación Social, desde el año 1983 venían promoviendo la incersión al Régimen de Servicio Civil (un 85% de las y los funcionarios estaba excluido), igual que el reconocimiento de la escala salarial, y los pluses salariales derivados (anualidades).

Estas arbitrariedades y discriminación administrativa, sumada a las condiciones laborales difíciles, como la de un sistema penitenciario sin políticas claras, en lo organizativo, y lo técnico en el tratamiento del privado de libertad; hizo que alrededor de dos mil trabajadores se sumaran a los paros de labores, uno el 31 de mayo y otro el 1º de junio de 1984.

Medidas que abrieron espacios de negociación, aunque estériles. La huelga inició el 18 de junio con paros progresivos, marchas y agitación que fueron, involucrando a la totalidad de los centros penales del país.
El día 22 de junio, cantidad de trabajadores concentrados en las afueras de la cárcel de San Sebastián, fueron violentamente reprimidos. Mujeres y hombres fueron llevados a la Detención General. Las principales cárceles de Adaptación Social estaban acorraladas por los cuerpos policiales. La huelga continuó (esta fecha fue decretada como día del trabajador penitenciario).

Diputados, en número significativo abogaron por el arreglo del conflicto. La Iglesia Católica en la figura de Monseñor Arrieta se ofreció como “puente de plata”, para la mediación. El movimiento se mantuvo hasta el día 26 de junio, de manera incólume, e inmune a la presión del Gobierno, las Cámaras y la prensa “dogmática”.

Con la huelga, las y los trabajadores recibieron el beneficio de la Escala Salarial, el reconocimiento de aumentos en su salario al año 1983, el pago del Riesgo penitenciario, la incorporación al Régimen de Pensiones extensivo del Registro Nacional, el estudio progresivo de ingreso al Servicio Civil. Los despedidos (19 funcionarios), fueron reinstalados.
La huelga de Adaptación social, encadenó otros movimientos de presión, articuló propuestas unitarias de las organizaciones en esos años; la ANEP como organización fue intervenida (agosto 1984) y arbitrariamente congeladas sus cuentas bancarias y la personería jurídica fue denegada.

El movimiento fue una riquísima experiencia. La articulación posible, entre los problemas laborales de un grupo de funcionarios y la correcta interpretación que hizo el Sindicato en la conducción política del mismo; que desgarró al FMI; puso en entredicho los represivos artículos 333 y 334 del Código Penal, sepultó el prejuicio y la satanización de la ideología. Dignificó a un sector de hombres y mujeres, funcionarios del Estado Costarricense, que expresaron hace 25 años: “¡Tenemos la razón y tenemos la fuerza!”.


*Historiador.

Robert L. Vesco y José Figueres Ferrer

El anuncio ha irritado a muchos. Incluso algún diputado del PLN de la actual legislatura, rompió en llanto, al referirse al tema en conferencia de prensa.
Buscó el legislador reivindicar la figura y obra del ex presidente.

En el año 1973, se registra la llegada de Vesco a nuestro país, al menos a la palestra y vinculación con figuras de la política nacional..
Vesco, fue una especia de ”padrino“ mafioso que hizo ”_su fortuna“_ dejando en la calle a varias decenas de miles de inversionistas en Europa y el propio Estados Unidos.

Amasó una fortuna de cerca de 240 millones de dólares, con la que deslumbró a propios y extraños, más en un país como el nuestro, abierto a la_ “inversión “_ extranjera de pocos esfuerzos para conocer su procedencia.

Como bien se comentó en esos años “el capital no tiene patria, y los capitalistas inescrupulosos tampoco “.

Para el Presidente Figueres, Vesco , era un inversionista que venía a desarrollar proyectos de turismo en Guanacaste, a promover obra pública a la compra de fincas y haciendas para la producción de café y caña de azúcar, aunque los ojos del mundo nos vieran con recelo y desconfianza.
“Nada menos que nuestro Presidente aparece metido hasta el cuello en este escándalo “

Lo expresó una hoja que circuló el 1 de mayo del 73.

Para los sectores de poder en Costa Rica, la llegada de Vesco, fue también un contratiempo. “Vesco con sus millones y su audacia, intervendrá en la política nacional. Esto tiene alarmados a los políticos burgueses, por una razón, es dinero abundante, que puede echarles a perder sus planes “. (Libertad Revolucionaria, mayo 1973).

El financista incursionó en la compra de tierras en la Vieja Metrópoli. Así adquirió seis haciendas en Tobosi, Pirires, San Gabriel, Balmoral, Coris y el Molino, con el gran problema para los trabajadores de esas fincas que perdieron garantías laborales adquiridas por la costumbre; como minutos al día para tomar su café, o los 45 minutos para la hora de almuerzo. Esto, porque los vendedores, las suspendieron como una forma de allanar la venta de sus haciendas.

La Anep, en esos años, era una organización –como se sabe _ muy interesada en la promoción de la cultura, el deporte y la recreación. Con una propuesta difusa y ambivalente en lo político e ideológico No obstante, ante la llegada del financista al país, y la propuesta del sindicalismo nacional, que exigía la expulsión de Vesco ; nuestra Anep, se curó en salud y expresó “ no lleva ningún propósito politiquero, ni ataque al gobierno “ ( acta 619, nov 1984 )

Sin embargo en su periódico “ El Primero “ en su editorial espetó: “ ciertamente Vesco personifica y alienta una corrupción desenfrenada que al amparo de millones de dólares, compra conciencias y acalla opiniones, y en tanto permanezca en el país, impide moralmente a nuestras autoridades castigar delitos de mucha menor cuantía si los comparamos con los 240 millones de dólares que se cobran al Sr Vesco “
En la Administración Figueres Ferrer, la Asamblea Legislativa, nombró una Comisión para que, analizara y recomendara al plenario sus conclusiones. La Comisión, no encontró nada extraño en el manejo de Vesco y su relación con el Presidente. Fue una de esas comisiones condescendientes como muchas otras en la historia legislativa.
Figueres, el Presidente en ese entonces estaba sobre el “bien y sobre el mal “
, políticamente no se lo podía tocar.

Luego de Vesco, aparecerá Mac Alpin, también inversionista de dudosa reputación, Feona, Noriega, Allen son parte de le extensa lista de colaboradores políticos de las diferentes administraciones social demócratas.

Pareciera, como hipótesis, sin afirmación histórica, que el Partido Liberación Nacional, ha sido una agrupación política que lleva en su ADN, proclives tendencias a la corrupción.

Volviendo al inicio, es probable entonces, que el candidato y su “spot” televisivo le asiste verdad, aunque obviamente en su doctrina política, nos separa un mar de diferencias.

El viaje del Presidente Monge

Mediante, la denominada “operación verdad”, buscaría conseguir adicionalmente, ayuda económica para el país.
El Presidente en ejercicio, Fait Lizano, ante la ausencia del mandatario, tendría muchas sorpresas.

El sindicalismo costarricense cupular, representado entonces por las cuatro centrales: CATD, CCTD, CUT y CTC, habían elevado a la primera magistratura, un pliego de peticiones que abarcó los principales problemas de los trabajadores y del pueblo costarricense. Con amenaza de paro incluida.

Por otra parte, los trabajadores bananeros de la_ “United Brands“_, en Golfito, inquietaban a la burocracia de la transnacional con sus peticiones. Fue el inicio de lo que sería una prolongada huelga de 72 días en la zona sur del país.

Igualmente, era perturbado el ambiente laboral en la zona bananera de Río Frío.

Además, líderes de la lucha contra el tarifario eléctrico, que exitosamente organizaron al país en 1983, replantearon sus nuevas demandas.
Para colmo de males, e irritación en Casa Presidencial; estremeció el entorno en esos días el atentado terrorista de la_ “Penca“_, que cobró vidas humanas e hirió de gravedad a trabajadores de la prensa nacional y extranjera.

El atentado tuvo como objetivo a Pastora, el ambivalente comandante nicaragüense y a su Estado mayor.

El Presidente Monge que estaba en Madrid, España, recibió la noticia “perdió los estribos; primero dijo que era obra de los sandinistas, luego dijo que detuvieran a Pastora, luego ordenó que no lo detuvieran. Naturalmente el acto terrorista subrayó algo que Monge quería ocultar, la utilización que hacen los mercenarios del territorio costarricense, como lo citó el periódico Libertad.

¡Vaya lío para Monge! En efecto, el mandatario costarricense, tenía que demostrar al mundo la validez de su proclama de “Neutralidad perpetua y no armada “, anunciada con bombos y platillos solo meses atrás.
En medio de aquel zipizape, la ANEP, iniciaba el 25 de mayo de l984, un paro de labores con dos mil trabajadores del Sistema Penitenciario Nacional, luego otro, el 31 de mayo para exigir el pago de la escala salarial adeudada a esos funcionarios, desde el año 1983.

Estos movimientos de paro y protesta, alentarán a la Organización y sus trabajadores y trabajadoras del Sistema de Seguridad a una nueva lucha: la huelga de Adaptación Social., que inicio el día 18 y culminó nueve días después el 26 de junio.

Una huelga violentada y reprimida. Un movimiento en el corazón de la seguridad del Estado. Una huelga sin precedentes, que desgarró de un zarpazo, el aparente e incólume edificio concertado entre la Administración Monge y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El movimiento conquistó el derecho a la Escala salarial de los funcionarios, y las anualidades correspondientes al salario base, además el reconocimiento de 800 colones por concepto de Riesgo policial, y la gestión de la Administración para incluir, mediante norma presupuestaria el beneficio del Sistema de pensiones del Registro Nacional a todos los funcionarios de Adaptación Social.

En la prolongada ausencia del Presidente Monge, es probable que tuvo muchos dolores de cabeza, por los acontecimientos en el país.
Por las andanzas del grupo Arde y la CIA en la frontera norte, por las exigencias del sindicalismo convergente y unitario.

Pero fue talvez, la afectación mayor, fue como la ANEP y los trabajadores de Adaptación Social, se atrevieron a violentar en una huelga de nueve días, la sacrosanta negociación con la Banca acreedora del FMI, y trastocar el no reconocimiento de pluses salariales para los funcionarios del sector público.

De ahí, que la represión no se hizo esperar. Cárcel para más de medio centenar de huelguistas, tanto hombres como mujeres el día 22 de junio, elevación a juicio de otra tanto por los oprobiosos artículos 333 y 334 del Código Penal.

En ambos sucesos, la ANEP y los trabajadores salieron airosos, gracias a la conducción política y destreza jurídica de Mario Blanco Vado y Ligia Arce, abogados de la ANEP.

En el proceso de la huelga, fue también valioso la intermediación de 28 diputados que pedían la negociación y la oportuna participación de Monseñor Arrieta como jerarca de la Iglesia Católica de San José.

El día 26 de junio se conmemora el XXV aniversario de la finalización de esta huelga emblemática de la Anep.

Viviana Gallardo Camacho

“fue asesinada por la espalda de 14 balazos, en un calabozo de la primera comisaría, por un cabo de la Guardia Civil “

El cabo Bolaños, responsable del hecho, después afirmaría en carta enviada a su defensa “haber recibido orden de matar “.

Costa Rica, en esos años postrimeros de la administración Carazo Odio, fue escenario de una inmensa campaña de represión, en la que ciudadanos costarricenses fueron arrestados, sus casas allanadas, incluso algunos detenidos fueron torturados.

Era un país crispado. Protestas y reivindicaciones promovían los sindicatos. La situación social y económica era en extremo difícil: inflación galopante, caída de los salarios, costo de vida…

Al norte de nuestra frontera la Revolución Sandinista, consolidaba su proceso. Tensión entre los países del área. Centroamérica empezó a arder.

La Ministra de Trabajo, liquidaba férreamente a los sindicatos bananeros. El fantasma del macartismo asomó sus tenebrosas manos.

La violencia inusitada con la que liquidaron a Viviana, fue una muestra de odio, prejuicio y rencor.

En el contexto, el “status quo“, no aceptó la germinación de organizaciones disidentes, de grupos soñadores abrazados a sus utopías. Grupos_ “desestabilizadores de la democracia“_, como lo proclamó la derecha. Para el Estado su único camino, la aniquilación.

Viviana Gallardo, había sido detenida el 12 de junio de 1981, después de un confuso enfrentamiento, nunca esclarecido. Percance en el que murieron tres patrulleros y dos transeúntes. Gallardo sufrió todo tipo de vejámenes y atropellos. Luego de su deceso, se reveló que la noche de su captura, fue sometida a la prueba de la parafina, la que salió negativa, demostrándose así, que no había disparado arma alguna.

Alejandra Bonilla y Magaly Salazar compañeras de la víctima, también sufrieron el ametrallamiento y resultaron gravemente heridas.

Por su parte, los ejecutores de este crimen, un mayor fue ascendido a coronel, un teniente a capitán, el sargento que recogió los casquillos, fue ascendido a teniente.

Alejandra y Magaly, fueron sentenciadas, en un juicio cargado, ilegal e irregular, como pocos conoce la historia judicial de este país. Proceso que violentó el Código penal y la Constitución política.

En este caso, la justicia una vez más fue ciega (fiel a su representación) y políticamente inducida.

Los responsables de la masacre, tanto los altos mandos como los inferiores, quedaron impunes; figura la cual, una vez más se vistió de sarcasmo y de ironía.

Fuente Periódico Libertad, l984, Pág. 5

Fue hace 25 años. . .

Como se recuerda, el Presidente Luis Alberto Monge, asumió el poder holgadamente, venciendo a su opositor Calderón Fournier por muchos votos de diferencia.

Una semana antes de asumir la primera Magistratura, en discurso pronunciado ante representantes de los partidos políticos, cámaras empresariales, sindicatos y organizaciones populares; el Presidente electo dio a conocer los principales lineamientos del “plan de emergencia” (fondo monetarista), para los primeros 100 días de su gestión:

“vamos a reducir el gasto público. La Administración Monge Álvarez, se caracterizará por su austeridad. Con ese propósito hemos acordado un conjunto de medidas de diferente naturaleza, todas encaminadas a lograr una reducción del gasto público, un incremento razonable en los ingresos y una mayor eficiencia del sector público”
(Revista Aportes, 23-85).

La Administración Monge hipotecó sus años de gobierno al Fondo Monetario Internacional y a los intereses norteamericanos, fue tónica de su administración la eliminación de plazas vacantes, la reducción del presupuesto de las instituciones públicas. Medidas, que entre otras conducirían al país a una inestabilidad social, cuyo peso se sentiría a corto plazo “especialmente cuando se inicie el despido de funcionarios y se pensionen los trabajadores mayores de 65 años” expresó la ANEP.

Las cuatro confederaciones existentes en el momento: CATD, CTC, CCTD, CUT, y el sindicalismo “no confederado”; articularon una propuesta unitaria de lucha y elaboraron un pliego de peticiones: derogatoria de los artículos 333 y 334 del Código Penal, eliminación de las ley de Emergencia, negociación del aumento salarial para 1984, e incorporación a la canasta salarial básica de los bienes y servicios que afectan directamente el poder adquisitivo del salario.

Las confederaciones en propuesta unitaria dan un plazo al 30 de mayo (1984), al Poder Ejecutivo para que responda a lo que constituyen las necesidades más sentidas de los trabajadores. El proceso de unidad en la acción, tendió redes a otros sectores: salud, bancos, industrias, bananeros, poder central y educación.

Por otra parte, el 17 de noviembre de 1983 en solemne ceremonia el presidente Monge proclamó la “neutralidad perpetua activa y no armada de la República de Costa Rica”.

En ese contexto, semanas antes la República de Granada había sido invadida y ocupada por el cuerpo expedicionario del Ejército “Usamericano”. Habían rumores de una invasión a Nicaragua. La relación entre Costa Rica y Nicaragua fue tensa; mientras que la Embajada de los EEUU anunciaba la llegada de “militares-civiles” (vaya contradicción). Las bandas contrarrevolucionarias incursionaban en el territorio nicaragüense, desde campamentos y aeropuertos nacionales. El gobierno Monge se alineaba con la política guerrerista de Reagan en Centroamérica.

Los trabajadores organizados, las juventudes de los partidos políticos del país, el movimiento estudiantil convocaron a una marcha por la paz. Contra la guerra y por la neutralidad. Estos expresaron: “el pueblo costarricense no quiere ser carne de cañón en una guerra injusta que pretenden imponernos”. Se vivía una situación en extremo peligrosa.

La unidad en la acción promovida por el sindicalismo dará sus frutos más tarde al crearse el Consejo Permanente de Trabajadores (CPT), mientras que en el proceso de maduración dos grandes movimiento de agitación y protesta golpearon a la Administración Monge: la huelga de Adaptación Social, desgarramiento directo al FMI por sus resultados y la huelga de la Unión de Trabajadores de Golfito UTG, que enfrentó a la transnacional “United Brands” con un movimiento de presión de 71 días.

El gobierno trastabilló: fue golpeado en su interior por la acción de la unión de cámaras, la Embajada Usamericana, y la prensa exasperada.

Mientras la resistencia de los hombre y mujeres conscientes, aglutinados en la organización popular luchaban por sus derechos.

La Administración Monge, pasó a la historia como un gobierno servil, incondicional a Reagan y a sus lacayos.

Recibió muchos millones de dólares a cambio de su tolerante política de “neutralidad”.

Fue un gobierno represor, conculcador de los derechos sindicales más elementales, promotor insigne del solidarismo como estrategia política para competir con el sindicalismo de clase. Carcelero de una organización como la ANEP, la que fue intervenida en agosto de 1984.

Fue una Administración que como el mismo Monge reconoció; impotente y exámine: “el FMI nos tiene del precuezo”.

CALUFA, in memorian

Sin embargo el destino tenía otra celada. Esa misma noche, en la Clínica Bíblica, Calufa partió del mundo de los mortales.

Cincuenta y siete años tenía Carlos Luis. Quedaron atrás sus fecundos años fraguados en la lucha y la esperanza.
Con solo doce años de edad, el espíritu inquieto y aventurero del joven Fallas, lo hizo formar como soldado de tropa en la guerra de Coto. Con el correr de los años fue creando su fecunda hoja de vida. Zapatero, oficio que aprendió en tres meses. Obrero bananero. Liniero, tractorista, barretero. Dirigente político, sindicalista de fuste. Más tarde Regidor en la Municipalidad de San José, luego Diputado de la Asamblea Legislativa. Revolucionario de siempre. Jefe militar en los aciagos meses del 48. También hombre querido, dicharachero y conversador.

A Carlos Luis Fallas, se le ha reconocido siempre por su aporte cultural. Mérito indiscutible son sus obras literarias, desde su primer trabajo y casi desconocida “La niña de la guitarra de las concha de colores“, adelante “Marcos Ramírez“, “Gentes y gentecillas “ , “Mamita Yunai”, Don Bárbaro, y la trilogía “Barretero“, “El taller“ y “Mi madrina“ y “Un mes en la china roja“. Antes de su muerte, se le concedió el Premio Magón, compartido con el historiador Hernán G. Peralta.

Muy pocos días después de su muerte, el Congreso de la República, escuchó la propuesta de los diputados Román Román y Gutiérrez Gutiérrez, para decretar un minuto de silencio en su honor. Diputados como Trejos Escalante, Villanueva Badilla apoyaron la iniciativa, en sus discursos reconocieron el activismo político de Calufa, (y desde luego, enfáticos en no compartir) pero más, fueron sus discursos por la producción literaria y aporte a las letras nacionales.

En 1967, el parlamentario Edwin León Villalobos propone el Benemeritazgo de las letras patrias para Fallas. Sin embargo, el Congreso, luego de la consulta a la Comisión de Honores, dispuso distinguirlo con el de Benemérito de la Patria. Un reconocimiento implícito a sus años de lucha por la justicia, la solidaridad y las consignas de su Partido. El partido Comunista.

En efecto, Carlos Luis Fallas Sibaja, fue un hombre que vivió intensamente ligado al Partido de la bandera roja y la tea libertaria. No fue fundador de éste en el año 1931, pero sí coordinador de la célula comunista en la Ciudad de Alajuela, con apenas veinte años de edad.
Fallas grabó sus primeras incursiones políticas en las luchas de los desocupados, activo en la conmemoración del primero de mayo de 1933, valuarte en la conducción de la Huelga bananera de año 34, distinguido en las luchas contra el cortesismo por los contratos ley con empresas bananeras, y eléctricas; testigo y promotor de las alianzas políticas de su Partido. Perseguido y encarcelado en el desenlace de la Guerra civil.

Fue un hombre anti-imperialista, crítico acérrimo de la Alianza para el progreso, denodado por la reforma agraria, defensor de la Revolución cubana, crítico permanente de la oligarquía y burguesía nacional. Esas sus banderas.

Alguna vez expresó: “El Partido, para mí ha sido como una escuela….más que escuela: La Universidad donde me gradué de hombre y de ciudadano ¡“ (Aguilar Marielos, 262, 1983 ).

En el centenario de su nacimiento y el 43 aniversario de su partida, recordamos hoy a Calufa, que al igual que Omar Dengo, José Mª Zeledón, Carmen Lyra, Joaquín García Monge, para citar solo algunos nombres, la sociedad costarricense, el “sistema“ les reconoce la flama de sus aportes a las letras patrias y literarias; pero se les niega, el reconocimiento a la inspiración de sus obras, las grandes luchas que han librado en diferentes momentos de su historia los hombres y mujeres de esta Nación.

* Historiador

¿Cuáles son las diez propuestas?

Desde la oferta de trabajo decente: El fomento productivo

1. Recuperación de la función socio-productiva del sistema financiero: proponemos el direccionamiento del sistema financiero hacia el sector productivo nacional a partir de la flexibilización de indicadores financieros y el establecimiento de requisitos de desempeño social y productivo.

2. Garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria y el empleo agropecuario: proponemos la reactivación de un sector importante de la economía y garantía de provisión de alimentos básicos mediante la estabilidad de precios, el fomento productivo y la comercialización a la pequeña producción agrícola y pecuaria productora de alimentos.

3. PROTRABAJO / Sistema de transferencias condicionadas para promover el Trabajo Decente: frente a las propuestas que proponen la disminución de costos de producción, sea de hecho o de derecho (flexibilización laboral y disminución de jornada así como de salarios), proponemos un sistema de “premios y castigos” que promueva la protección y la creación de empleo y trabajo decente, con cumplimiento de estándares fundamentales, que minimice los despidos por causas económicas, que desincentive la competencia desleal mediante la informalidad, e incentive la inversión social, laboral y ambiental. Consiste en un sistema de apoyo y estímulo directo a las micro, pequeñas y medianas empresas de capital nacional y a las empresas de economía social, mediante una serie de transferencias condicionadas, para mantener y promover el empleo y trabajo decente. Esto permitirá crear demanda y, además, promover un sector de la economía que posee una elevada capacidad de generación de empleo y trabajo decente.

4. Corresponsabilidad social y trabajo decente mediante infraestructura social de cuidados: frente a una propuesta de gobierno exclusivamente compensatoria en materia de inversión social, proponemos la generación de empleo y superación de barreras para el acceso de las mujeres al mercado laboral, mediante la ampliación y la creación de una infraestructura social de cuidados que aumente el ingreso de los hogares y evite la deserción escolar.

5. Hacia un nuevo papel del Banco Central: redefinición de la política cambiaria y de balanza de pagos. De no parar el experimento cambiario que actualmente se lleva a cabo en el país, será imposible flexibilizar la política monetaria del gobierno y continuaremos con tasas activas altas y con un mercado financiero sin suficientes recursos en el corto plazo. Debe avanzarse hacia una política monetaria transparente y sujeta a rendición de cuentas, que contemple de forma balanceada los objetivos de estabilidad de precios y el logro del pleno empleo, y dentro de la cual se retorne al sistema de minidevaluaciones.

Desde la demanda de trabajo decente: Poder adquisitivo y capacidad de consumo.

6. Plan solidario para rescatar a personas altamente endeudadas: Además del fomento de la producción a nivel nacional, y ante el altísimo endeudamiento y creciente morosidad existente en el país, es urgente contar con un plan de rescate financiero de las personas físicas altamente endeudadas, que garantice la reestructuración de sus deudas, la recuperación de su autoestima, la capacitación en torno al consumo responsable y la gestión presupuestaria familiar. Además se deben fijar límites en las tarjetas de crédito, al menos en términos de tasa básica pasiva más un porcentaje predefinido del 10%. Estos criterios deberían aplicarse por un período de al menos dos años, para luego en alguna medida flexibilizarse.

7. “Hecho en casa” / Promoción del consumo responsable y nacional, y promoción de mercados locales justos : Dado que entorno a cada bien y servicio nacional giran cientos de miles de empleos, se requiere dirigir nuestro consumo hacia la producción de bienes y servicios nacionales. Para ello se requiere una clara identificación de cuáles son los productos costarricenses, así como una campaña que apele a que las personas consumidoras, solidariamente, usen su dinero hacia esos productos y, por lo tanto, hacia la defensa esos empleos. Así mismo, es imprescindible el desarrollo de los mercados locales, sistemas de economía social y comercio justo y estrategias sociales de comercialización, entendidas y declaradas como actividades de interés público, que permita articular la oferta de la producción nacional, sobre todo de los pequeños productores por medio de cadenas cortas de comercialización. Esta campaña no sólo es importante en términos económicos inmediatos, sino como forma de promover hábitos de consumo responsable, y nuevas formas de relación entre las personas y con el ambiente mediante, por ejemplo, el comercio justo, la eliminación de intermediarios, el que los productos viajen menos, y que las personas consuman lo que realmente necesitan para vivir. Para hacer más eficaz esta medida, se debe acompañar de una reducción en el crecimiento de las importaciones, lo cual atenuará sus efectos en la balanza de pagos. Para ello se debe hacer un uso inteligente y socialmente orientado y consensuado del Impuesto Selectivo de Consumo.

8. Estabilidad en el empleo público: en esta coyuntura resulta fundamental asegurar el empleo público y privado. En el caso del empleo público, el gobierno central y el descentralizado, debe brindar seguridad mediante un masivo proceso de nombramientos en propiedad, tanto mediante los respectivos concursos respectivos, como de nombramientos sin oposición en los términos establecidos por la ley. De igual forma debemos congelar por un período prudencial, los procesos de despido por razones económicos o bien por procesos de reestructuración institucional.

9. Política de recuperación de poder adquisitivo y de salarios crecientes progresivos: La capacidad de consumo depende de forma directa de la política salarial. Una mayor restricción salarial, puede ser vista como razonable de forma inmediata, pero en el corto y mediano plazo generará una mayor contracción del mercado interno, y por lo tanto limitará la capacidad empresarial para sobrevivir a la crisis. En el sector público es fundamental abordar los deprimidos salarios del personal no profesional, los cuales según el mismo Servicio Civil están entre los peor remunerados. Además, tanto para el sector público como para el sector privado, es necesario mantener el poder adquisitivo — de la población trabajadora en general y de la que tiene menores salarios en particular. Para ello se quiere ajustar los salarios a la variación de los precios de la canasta básica de consumo y que los ajustes salariales dejen de responder a la inflación pasada para anticipar la inflación prevista. Así, el costo inflacionario que hoy absorben trabajadores y trabajadoras, se repartirá equitativamente entre empleadores y trabajadoras/es.

10. Propiedad comunitaria en las comunidades costeras y otras formas de acceso a la propiedad: En las comunidades costeras, la sostenibilidad de las familias depende de evitar su desalojo con el fin de construir megaproyectos que actualmente están paralizados debido a la crisis. Con megaproyectos en marcha ó paralizados, el impacto social es enorme. Por eso se debe promover un régimen de propiedad comunitaria que permita la permanencia de las familias que viven en la fila costera, así como el fomento de formas sostenibles de producción, incluido el turismo sostenible y el mejoramiento de su capacidad de consumo responsable. Adicionalmente, más allá de las comunidades costeras, es preciso generar formas de acceso a la tierra mediante el arriendo o al usufructo de terrenos ociosos.

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