Categoría: Incidencia

En múltiples ocasiones y por diversos medios y formas, Carlos Alvarado y su grupo PLUSC-PAC han estado afirmando, una y otra vez, que este martes 23 de octubre era la fecha límite para satisfacer a las calificadoras de riesgo en el sentido de que Costa Rica “arreglaría” su problema de déficit fiscal con la aprobación del expediente legislativo No. 20.580, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, al que el pueblo denominó como combo fiscal.

Particularmente, en los más diversos encuentros gubernamentales con los sindicatos, las frases “es que ya no hay más tiempo”, “es que el tiempo se acabó”, se convirtieron en las preferidas del oficialismo para infundir miedo en cuanto a que el indicado día representaba el “apocalipsis fiscal” del país, el “fin de los tiempos” para Costa Rica.

A menos de 24 horas de la llegada de este martes 23 de octubre, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), emplaza fuertemente, con toda vehemencia, al Gobierno para que diga toda la verdad, para que renuncie a la burda manipulación a que ha estado sometiendo a la sociedad, para que transparente de manera total sus contactos y sus conversaciones con las representaciones locales-oficiales de las cuestionadas calificadoras de riesgo Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch Ratings.

Han llegado muy lejos en su irresponsable y confrontativo afán de imponerle al pueblo el detestado combo fiscal, al punto de acudir al terrorismo económico indicando que el dólar llegaría a 3 mil colones si este proyecto no fuere aprobado; a que no habrá plata para aguinaldos (especialmente el de los maestros y el de los policías); a que ya van a definir qué instituciones vender, cuáles privatizar, cuáles serán cerradas y/o “fusionadas”; etc.

Con base en las diversas actitudes y tácticas manipuladoras empleadas por el oficialismo durante el desarrollo del movimiento patriótico contra el combo fiscal, no es nada extraño suponer que han entablado algún tipo de negociaciones con las calificadoras, de forma tal que éstas extiendan el plazo “fatídico” del 23 de octubre, bajo compromiso gubernamental de que habrá segundo debate para el combo fiscal en fecha próxima.

Como el oficialismo gubernativo y su parlamentarismo afín generan ya un nivel altísimo de desconfianza y de descrédito ante la ciudadanía (como ninguno de los últimos gobiernos lo había logrado), hay base suficiente para suponer que en su osadía y soberbia podrían haber comprometido ante las calificadoras, fallos favorables de la Sala Cuarta ante las consultas de constitucionalidad que la misma ya ha empezado a tramitar sobre el contenido y sobre el procedimiento parlamentario del combo fiscal.

Solo nos queda emplazar, a modo de pregunta, a Alvarado y su grupo PLUSC-PAC, a qué hora de este día martes 23 de octubre ocurrirá el “apocalipsis fiscal” con el cual nos han estado aterrorizando desde antes de asumir gobierno.

Comunicado del Poder Judicial

Ese fue el acuerdo tomado por mayoría de magistrados y magistradas sobre el proyecto de ley número 20.580, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, al determinar que la propuesta legislativa afecta organización y funcionamiento del Poder Judicial, en los términos que establece el numeral 167 de la Constitución Política.

El acuerdo se tomó en la sesión de Corte Plena de hoy martes 16 de octubre, 2018 tras la consulta que remitiera el Directorio de la Asamblea legislativa al Poder Judicial.

En el análisis y discusión del proyecto fueron coincidentes en que la situación económica del país es difícil y se deben tomar acciones para revertir la crisis fiscal, sin embargo puntualizaron que Corte Plena está sometida a rendir criterios jurídicos sobre la base de la Constitución Política y la Ley, por lo que en esta caso se determinó que el contenido del plan fiscal sí afecta a este Poder de la República, en los siguientes puntos:

El criterio jurídico por mayoría es: afecta y hay oposición siempre y cuando no se elimine lo referente a:

1) Las disposiciones establecidas en la reforma de los artículos 46 y 47 de la Ley de Salarios de la Administración Público, número 2166 del 9 de octubre de 1957, referente a la rectoría de la materia de empleo público de MIDEPLAN, para con el Poder Judicial.
2) Las disposiciones establecidos en la reforma de la adición del artículo 49,inc a la ley de Salarios de la Administración Pública, número 2166 del 9 de octubre de 1957, en lo referente a la obligatoriedad de los lineamientos técnico y metodológicos de la Dirección General de Servicio Civil, para con el Poder Judicial.
3) La incorporación de las transferencias, destinos y en general, el presupuesto asignado a favor del Poder Judicial por norma constitucional o por leyes específicas, en las regulaciones propias de la regla fiscal.
4) Las restricciones establecidas en el proyecto de ley en materia salarial y sus respectivos componentes para los funcionarios y funcionarias del Poder Judicial.

La sesión estuvo dirigida por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado Fernando Cruz Castro, quien adelantó que se apartará de integrar la Sala Constitucional ante la eventual consulta legislativa sobre el citado proyecto que se remitiría a dicho órgano, según las manifestaciones de legisladores que han trascendido públicamente.

El magistrado Cruz Castro fue enfático al señalar que en su condición de Presidente asume la obligación de tomar las decisiones que el cargo le impone no sólo en la dirección del debate en Corte Plena sino que en tal condición y por convicción de juez de carrera su criterio jurídico es en defensa de la independencia, estabilidad e institucionalidad del Poder Judicial. “Las Democracias modernas y los Estados de Derecho urgen de Poderes Judiciales independientes y fortalecidos” recalcó el jerarca.

Reiteró que en consecuencia con las políticas de reducción del gasto adoptadas por la institución, Corte Plena solicitó al Magistrado Fernando Castillo Víquez, revisar la política salarial de la institución para determinar si son viables ajustes en esta materia, según las especialidades de puestos existentes en el Poder Judicial. Así lo indicó en la Comisión de Hacendarios en la comparecencia efectuada el 9 de octubre pasado.

El acuerdo de Corte Plena quedó en firme y se remitirá a la Asamblea Legislativa a más tardar el jueves de esta semana. Los magistrados y magistradas de la Sala Constitucional se abstuvieron de votar al tener que conocer y resolver la eventual consulta legislativa del plan fiscal.