Categoría: Incidencia

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) solicitó al Consejo Superior de la Corte Suprema de Justicia realizar estudios técnicos en materia de Salud Ocupacional, a efectos de determinar la conveniencia de los nuevos roles que se implementaría en el OIJ y la Sección de Cárceles.

La gestión fue realizada por Mainor Anchía, Directivo Nacional de la ANEP, luego de conocer que en el OIJ se podría implementar el rol conocido como 2×2×2 (dos días de día en jornada de 12 horas, dos días de noche en jornada de 12 horas y dos días libres), tanto en la Sección de Cárceles del OIJ, así como en las oficinas del Organismo de Investigación Judicial; en tal sentido, nuestra organización sindical, conoce la jurisprudencia que determina que la jornada laboral de los funcionarios policiales podrá ser de hasta doce horas diarias, con un descanso de una hora y media.

Dicha solicitud ya fue trasladada por el Consejo Superior de la Corte Suprema de Justicia al Director del Organismo de Investigación Judicial, Walter Espinoza para su debida atención.

Mainor Anchía sobre solicitud

ANEP solicita estudios de Salud Ocupacional en roles del OIJ y la Sección de Cárceles by EugenioGuerrero on Scribd

El combo fiscal (20.580), no elimina las causas estructurales del déficit fiscal. Está demostrado que este paquete de impuestos y recortes, generará menos actividad económica impactando negativamente el desempleo, pobreza, desigualdad y exclusión. El costo de vida se encarecerá por los nuevos impuestos al consumo, la regla fiscal desmantela los programas sociales y se ejecuta una reforma de austeridad laboral y salarial arbitraria y sin sustento técnico.

En lugar de aplicar políticas que recuperen la enorme cantidad de impuestos que se defraudan y que reduzcan la carga sobre los más pobres, lo que impulsa la alianza política legislativa a favor de sectores económicos poderosos y reaccionarios, es el ataque al poder de compra del pueblo y la prestación de servicios sociales que brinda el Estado costarricense.

Las organizaciones sindicales y sociales, siendo responsables con Costa Rica, elaboraron y presentaron la propuesta de “Reforma fiscal justa y solidaria para Costa Rica”.

Se trata de un conjunto integral de 39 propuestas, de las cuales 10 refuerzan el impuesto sobre la Renta, único tributo ligeramente progresivo con altísimos niveles de defraudación fiscal (equivalente al 95% del déficit fiscal). Además, se incluyen 14 medidas de lucha frontal contra el fraude fiscal y corrupción, donde se incorpora una propuesta para mejorar el cobro de impuestos en las aduanas (ausente en el combo fiscal) y otras tantas propuestas de reactivación económica y contención inmediata.

Esta propuesta integral podría recaudar hasta 4,2 % del PIB en nuevos ingresos. Supera en 2 veces y media la recaudación del combo fiscal, sin necesidad de más impuestos al consumo, a la canasta básica y sin desmantelar los servicios. Dicha propuesta garantiza una inclusión social y equitativa distribución de la riqueza.

Resolver el déficit fiscal no es un tema de mayorías parlamentarias automáticas, ni de tecnócratas de escritorio. Está demostrado con la oposición al perverso combo fiscal y la exigencia de inclusión de nuevos sectores sociales al debate fiscal nacional. El movimiento sindical, en unidad consolidada y en conjunto con los y las trabajadoras, ha definido un plan nacional para confrontar esta arremetida, el cual se dará a conocer paulatinamente, a medida que se desarrolle el movimiento.

A partir del 10 de setiembre de 2018 se inicia una lucha patriótica, en defensa de la clase trabajadora, la calidad de vida de miles de costarricenses y a la soberanía nacional.

Llamamos a las familias costarricenses, al sector trabajador, al estudiantil, agropecuario, solidarista, cooperativista, Iglesia Católica y legisladores a que se comprometan activamente con este movimiento patriótico.

¡El déficit se resuelve con justicia, equidad y diálogo social!
Movimiento Unitario Sindical Costarricense.

San José, 30 agosto 2018.

Última modificación: 30 de agosto de 2018 a las 10:07

Propuesta Tecnica Final Aju… by on Scribd

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) condena de manera rotunda y con la más enérgica vehemencia la manifestación chantajista de la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar Montoya, acerca de que habría despidos masivos de empleados públicos si no pasa el combo fiscal-paquetazo de impuestos, muy detestado ya por la amplia mayoría del pueblo costarricense.

“Tal manifestación es jugar con fuego, propiciador de un estallido social devastador que hará a todo mundo perdedor… hasta los que salen bien librados de ese combo fiscal que son los grandes consorcios corporativo-empresariales a los cuales se les da una amnistía tributariamente. Para la organización sindical urge la instalación de una gran mesa de diálogo político-social y multisectorial, pues el problema rebasa ya la esfera parlamentaria para buscar soluciones que garanticen la preservación de la paz social”, comentó Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP y Coordinador de Patria Justa.

Por otro lado, para el gravísimo problema fiscal resulta imposible una solución integral, participativa, equitativa y justa sin que no se le entre al tema de la deuda pública y su pago de intereses, carcomiendo las finanzas públicas por más paquetazo de impuestos que se le impongan a la sociedad.

Este aspecto es más que urgente pues el riesgo de un “default” o cesación de pago de la deuda nos hundiría como país como pasó Grecia.

“Una vez más, es contundente la afirmación de que el déficit fiscal no se debe a los salarios devengados por las personas trabajadoras asalariadas del empleo público; las cuales tienen más que sobradas razones legítimas, éticas y morales para defender sus empleos, sus salarios y sus familias. Son vidas humanas lo que está en juego en todo esto” agregó Vargas.

Recordemos que, de manera responsable, el Movimiento Sindical lanzó su propuesta “Una Reforma Fiscal justa y necesaria para Costa Rica”, la cual fue tratada con desdén por el Gobierno Piza-Alvarado.

Asimismo, considerando que el déficit fiscal está concentrado en el Estado central, sería muy importante que la señora Ministra de Hacienda puntualice en lo siguiente: ¿Cuántos policías deberá despedirse? ¿Cuántos educadores deberán despedirse? ¿Cuántos empleados judiciales deberán despedirse? ¿Cuántas y cuáles entidades ministeriales va a cerrar?

Para más información comuníquese al correo electrónico comit_intersindical@yahoo.com

Confirmando el carácter excesivamente regresivo del proyecto de ley del paquetazo de impuestos-combo fiscal, descargando únicamente sobre el pueblo costarricense los efectos perniciosos del mismo; ahora resulta que los dividendos-excedentes que el trabajador recibe producto de su integración a los sistema de ahorro solidarista y/o cooperativista serán gravados con un impuesto del 10%.

El Gobierno Piza-Alvarado y sus partidos en la Asamblea Legislativa, con el contundente apoyo de Liberación Nacional (PLN), decidieron elevar en un 100% tales excedentes-dividendos, pasándolos de un 5 a un 10%.

Una vez más, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, llamamos al pueblo costarricense para que despleguemos la más grande acción cívica en contra de este paquetazo de impuestos altamente empobrecedor de las mayorías trabajadoras, facilitador de más concentración de riqueza; y, potenciador de más evasión tributaria y robo de impuestos; amén de cercenador de derechos sociolaborales logrados por décadas de lucha obrero-social.

La “tríada” político-parlamentaria que se ha conformado para imponerle al pueblo trabajador el costo altísimo de una crisis fiscal que esté jamás generó, lanza un nuevo ataque provocador en contra de la clase trabajadora con este abusivo tributo en contra del salario obrero que representa gravar los excelentes cooperativistas y solidaristas.

Esta “tríada”, PAC-PUSC-PLN, sigue generando un fuerte clima social confrontativo en grado sumo, pues al pueblo costarricense no le quedará más alternativa que su autodefensa activa invocando el legítimo mecanismo político de la democracia de la calle.