ANEP-Déficit Fiscal: Los responsables son otros…no el pueblo trabajador by EugenioGuerrero on Scribd
Categoría: Incidencia
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Regla fiscal regla mortal: El Gobierno (PAC) pacta con el PLN y el PUSC
El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), por intermedio de su excandidato presidencial don Rodolfo Piza Rocafort, insiste en imponer al parlamento saliente, la aprobación del expediente legislativo No. 20.179, comúnmente denominado como regla fiscal y cuyo verdadero título es “Reforma de los artículos 176 y 184, y adición de un transitorio a la Constitución Política, para la estabilidad económica y presupuestaria”; iniciativa de ley avalada, esencialmente, por el partido Liberación Nacional (PLN) y por parte del Partido Acción Ciudadana (PAC). El saliente gobierno está de acuerdo en viabilizar su tramitación legislativa en estos momentos.
Esta regla fiscal es la versión actualizada de la vieja idea neoliberal del Expresidente de la República, don Miguel Ángel Rodríguez Echeverría que, con mucho ímpetu, pero gran fracaso, impulsó durante su gestión gubernativa de 1998-2002, pues no logró su aprobación. Hoy, con votos diputadiles del progresista Partido Acción Ciudadana (PAC), el “sueño” del citado exmandatario, se haría realidad. ¿Quién lo diría?…
Como suele suceder en los últimos tiempos, los proyectos de ley tienen un determinado nombre, pero su contenido es todo lo contrario. Esto está pasando con el de regla fiscal.
La estabilidad económica y presupuestaria” que dice perseguir significará todo lo contrario: una profunda inestabilidad social por los despidos masivos que implícitamente presupone; así como por el recorte presupuestario abusivo, irreflexivo e irracional en una serie de programas sociales dirigidos para poblaciones vulnerables.
Para agravar esta situación, el saliente gobierno está dispuesto a doblegarse a las exigencias del PUSC del señor Piza, a cambio de que éste ordene a los diputados actuales de su partido, dar sus votos para que se apruebe al incremento en el impuesto de ventas del 13 al 15 %, al transformarse éste en impuesto al valor agregado (IVA); aspiración que las autoridades ejecutivas salientes, más el propio PLN, tienen ya como denominador común para enfrentar, según una visión político-ideológica contraria al bien común, el grave problema del déficit fiscal; medida ésta (la de aumentar el impuesto sobre las ventas) que, por supuesto, el propio PUSC apoya y la fracción parlamentaria del PAC también.
La magnitud del déficit fiscal (7.1 % del PIB al terminar el presente año 2018); la extraordinariamente altísima deuda pública del país (llegando al 60 % del PIB); más la gravedad creciente del injusto sistema tributario (siguen pagando más lo que proporcionalmente hablando tienen menos); implica que la única forma, la única posibilidad, la única vía para que la regla fiscal del señor Piza, del PLN, del Gobierno y de parte del PAC, “funcionara” sería ésta:
Por un lado, se aplicaría un brutal recorte presupuestario en una serie de programas sociales que, en principio, están destinados a aliviar o a paliar el dolor de la pobreza, de la miseria y de exclusión; como los CEN-CINAI, los fondos para Asignaciones Familiares (Fodesaf), Salud preventiva en su amplio concepto, comedores escolares y otros; amén de golpear de manera inenarrable los distintos servicios policiales, de financiamiento de infraestructura, pensiones y otros. ¿Por qué lo decimos?
Porque la plata para esos programas es la única que queda del presupuesto central del Estado, dado que casi el 95 % del mismo es intocable: pago de los intereses de la deuda pública, salarios, pensiones con cargo al presupuesto, transferencias a universidades y otros.
Sin embargo, esto que parece intocable (excepto el pago de los intereses de la deuda), no lo será: habrá que despedir unos 20 mil empleados públicos, por cada punto porcentual de PIB que ordenaría recortar la regla fiscal, hasta alcanzar los 3 puntos PIB de recorte brutal; es decir, unos 60 mil empleados públicos en la calle, ¡en cinco años!
¿Por qué nos atrevemos a afirmar esto? Los 3 puntos de PIB de recorte abrupto e inmisericorde equivalen a 1.050 mil millones de colones y como se pretende hacer efectivo este brutal recorte en 5 años, anualmente el recorte sería de 210 mil millones de colones. (Hoy día cada punto PIB equivale a unos 350 mil millones de colones).
La brutalidad de este recorte de empleo y presupuestario, significa una verdadera “terapia de shock”, extendiendo sus perversos efectos negativos a toda la economía, reduciendo drásticamente su dinamismo; generando más desempleo y precarizándola más intensamente, especialmente en el sector privado y en los que queden en el sector público.
Esta “terapia de shock”, este ajuste fiscal de choque generará confrontación, dolor, inestabilidad y agravamiento de la desigualdad, de la pobreza y de la exclusión.
Por el contrario, la gravedad del déficit fiscal demanda prudencia y diálogo político-social, pues hay otras alternativas para no sacrificar a los que menos responsabilidad tienen por la gravedad del actual déficit fiscal.
Por tanto, con toda vehemencia, tanto la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), como el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA, rechazamos, de manera contundente y radical, el perverso expediente legislativo No. 20.179; y hacemos un público llamado en dos sentidos:
Apelamos a la más amplia unidad sindical, social y cívica para enfrentar este descomunal ataque a la estabilidad social y económica del país, con fuertes repercusiones para toda la clase trabajadora, pública y privada.
Insistimos, nuevamente, en que la gravedad del problema del déficit fiscal solamente puede ser enfrentado mediante un gran diálogo político-social, mediando una gran prudencia.
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El Secretario General de la ANEP en el programa Cara a Cara
Elecciones 2018: hacia una segunda ronda de mayor polarización
Tal y como se había previsto, el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA tendrá hoy lunes 5 de febrero una especial sesión de análisis, a las 12 mediodía, para sopesar los acontecimientos sociopolíticos por venir, una vez que ya quedó establecido que habrá segunda ronda electoral presidencial para el domingo 1 de abril, entre Fabricio Alvarado Muñoz y Carlos Alvarado Quesada; respectivamente de los partidos Restauración Nacional y Acción Ciudadana.
Como segundo punto, también fundamental, el análisis también estará destinado a perfilar las primeras líneas de trabajo sociopolítico de cara a la nueva conformación del parlamento, cuya composición muestra un fuerte posicionamiento de ideas conservadoras en política económica y en materia de distribución del crecimiento; previéndose una priorización en iniciativas legislativas para enfrentar el problema del déficit fiscal no necesariamente por el lado de las sensibilidades mayoritarias del pueblo trabajador costarricense.
El tercer elemento de análisis tiene que ver con los desafíos que este proceso electoral deja al rojo vivo en cuanto a la imperiosa necesidad de una estratégica unidad sindical en la acción; así como la urgencia de una novedosa articulación de los sectores sociales y de los movimientos populares ante la indicada ofensiva conservadora que tendrá gran control del próximo parlamento.
Como ya se había dado a conocer, ANEP y PATRIA JUSTA siguen adelante con el gran evento de líderes sindicales de base previsto para el viernes 23 de marzo, habiéndose invitado con suficiente antelación a las 13 personas candidatas presidenciales que compitieron ayer domingo 4 de febrero.
En tal actividad se pretende la presencia de cerca de 1000 personas trabajadoras representantes obrero-sindicales, líderes y liderezas de opinión en sus respectivos conglomerados laborales, procedentes de todo el país.
De las dos personas candidatas presidenciales que pasaron a la segunda ronda electoral ya se había recibido la confirmación de participación de Carlos Alvarado Quesada. No se tiene a esta fecha noción alguna de si Fabricio Alvarado Muñoz nos acompañará en este evento. Es más, ni siquiera acuse de recibo ha cursado a la invitación que se le dio.
La corriente sindical PATRIA JUSTA entregará las líneas generales de su agenda temática de propuesta-país, de aspectos obrero-sociales y de inclusión social, con la finalidad de aportar para el desarrollo de nuevas políticas públicas que atajen el crecimiento de la desigualdad, el desempleo, la precarización y el alto endeudamiento salarial, mejoren los mecanismos de redistribución del crecimiento económico, así como planteamientos para enfrentar la indetenible ola de violencia criminal; y, por supuesto, nuestro pensamiento para enfrentar el grave déficit fiscal sin golpear a quienes menos responsabilidad tienen por ello: la clase trabajadora.
De alto calibre será la intención de que a ambos candidatos presidenciales de segunda ronda electoral les quede bien claro el compromiso férreo de nuestra corriente sindical en defensa de la institucionalidad pública que todavía queda para la promoción del bien común y de la inclusión social; como fuerte será nuestro posicionamiento a favor de la real y verdadera transformación tributaria estructural que se convierte en eje estratégico y fundamental para enfrentar, con justicia, solidez y equidad, el grave problema del déficit fiscal.
Finalmente, en sucesivas entregas haremos públicos nuestros análisis de fondo sobre lo que está aconteciendo en el mundo político, económico y social de la Costa Rica de estos momentos; serie de comentarios formulados desde nuestra perspectiva de Sindicalismo Sociopolítico y su aplicación práctica que hemos denominado Sindicalismo Ciudadano.
San José, lunes 5 de febrero de 2018.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA
Declaración Pública: Acerca del “Debate Final” promovido por Noticias Repretel
La Junta Directiva Nacional (JDN) de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en su sesión No. 2087, de carácter ordinario, correspondiente a este viernes 2 de febrero de 2018, analizó el debate presidencial promovido por Noticias Repretel, en la noche del pasado jueves 1 de febrero, llegando a la conclusión de que produjo un efecto negativo en un amplio segmento de la ciudadanía electoral; misma que, de manera impropia fue conducida a presenciar un debate poco edificante, de potencial destructivo para la golpeada cultura política del país; al propiciarse un formato periodístico sumamente sesgado no para propiciar una contrastación constructiva de ideas y de planteamientos, sino para incentivar una confrontación personalista de baja categoría y de innobles procederes completamente censurables para ciudadanos aspirantes a lo que algunos denominan como la “primera magistratura” de la República.
Lamentamos la pasividad de un cada vez más desteñido Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), en camino de reducirse a una entidad “cuenta votos”, únicamente. El TSE se ha puesto a “mirar para otro lado”, al dejar que algunos consorcios mediáticos se afanen en pretender imponer su propia elección, tratando de dictarle a la ciudadanía electoral que ésta elija determinadas opciones en detrimento de otras.
Por el contrario, y a propósito de este asunto en discusión, la Junta Directiva Nacional (JDN) de la ANEP sí pudo constatar que otras empresas de comunicación colectiva propiciadoras de debates de esta naturaleza, si bien con notorias exclusiones, impulsaron la confrontación sana de ideas y el respeto entre los, afortunados, participantes candidatos presidenciales.
Finalmente, la JDN-ANEP formula un respetuoso, pero vehemente llamado, a las diferentes empresas y/o entidades de comunicación colectiva y similares que, en caso de ser necesario una segunda ronda electoral, la calidad y la equidad inspiren en todo momento los debates entre las dos candidaturas presidenciales finalistas, con relación directa a los delicados e inmediatos urgentes desafíos del país y su diversa problemática social y económica.
San José, viernes 2 de febrero de 2018.
Junta Directiva Nacional (JDN)
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Firmas responsables:
Albino Vargas Barrantes, Secretario General
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto
Elecciones 2018: 330 mil multiplicado por 4
Publicado en Diario Extra, el miércoles 8 de marzo de 2017… ¡PERO DE GRAN ACTUALIDAD AHORA!
Los empleados públicos y las empleadas públicas, sus familias y sus parientes deben aprovechar las circunstancias sociopolíticas del proceso electoral nacional ya en desarrollo para pasar facturas políticas y cobrarlas. Así de manera contundente lo afirmamos.
Tanta agresión, tanta infamia, tanta calumnia, tanta difamación, tanta agresión verbal y escrita en contra del empleo público, no deben quedar impunes.
La perversa campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico desarrollada contra quienes tienen una relación asalariada con el Estado, la cual ajusta ya casi 36 meses continuos de sistemática continuidad, debe ser repudiada en las urnas electorales de febrero de 2018, tanto las de la votación presidencial como la diputadil.
El poder del voto del empleo público debe manifestarse en esos comicios como una acción cívica resarcitoria de la pérfida agresión a la dignidad, a la ética, a la moral decente de miles de personas trabajadoras asalariadas empleadas públicas (y sus familias); todas las cuales han sido criminalizadas ante la sociedad y vilipendiadas ante la ciudadanía, mediando crueles episodios de terrorismo mediático ejercido por cierta prensa “políticamente-matriz” y sus repetidoras televisas y radiofónicas.
El terrorismo mediático contra el empleo público, ejercido por la más insigne prensa del capital oligárquico-neoliberal, ha sido vehiculizado a través de notas de prensa subjetivizadas, editorializadas, radicalmente parciales y sin equidad informativo-comunicacional; reproducidas con la prosternada conducta de opinólogos, amanuenses y su peonada electrónica que pulula por las redes sociales.
El conglomerado laboral del sector público, considerado de manera integral, puede rondar las 330 mil personas con relación asalariada para con el Estado, su empleador. Si en cada uno de estos hogares trabajadores la cantidad de ciudadanos con derecho a voto es de 4 electores, tendríamos entonces un universo sectorial-electoral de 1 millón 320 votantes; votantes que, como prioridad social y estratégica, lo que les corresponde es elegir pensando en la seguridad de su empleo y de sus respectivas familias.
Estamos hablando de, prácticamente, la tercera parte del padrón electoral nacional con un peso político potencial en el resultado final de las elecciones del próximo febrero de 2018, más que evidente. Y si se le estructura organizadamente para una incidencia predeterminada, el resultado podría ser altamente satisfactorio para quienes nada tienen que ver con el déficit fiscal ni con el robo de impuestos, como lo son las personas trabajadoras estatales.
Si las distintas organizaciones sociolaborales, sindicales, cooperativas y académico-profesionales que aglutinan el amplio tejido social del sector público, articulan una estrategia de incidencia electoral, abierta y/o subliminalmente, para orientar el voto del empleo público de cara a los comisiones nacionales de febrero venidero y, aunque no sea la totalidad de ese mundo organizado del Estado sino una parte significativa de él; es muy probable que el resultado electoral final le cierre el paso a los detractores abiertos y/o disimulados del empleo público.
En todo caso, no sería una experiencia nueva porque en las elecciones presidenciales del 2006, del 2010 y del 2014, hubo procesos de incidencia desde el afuera electoral formal-oficial con resultados nada desalentadores.
El electorado trabajador asalariado del sector público (el que no forma parte del alto estamento político-tecnocrático y gerencial-corporativo de las magnas jerarquías estatales), debe auscultar a cada una de las actuales personas precandidatas presidenciales y, con más razón, cuando las candidaturas presidenciales estén suficientemente perfiladas y definidas; de forma tal que esa auscultación, ese examen político, permita determinar su real y verdadera posición en materia de empleo público.
Ese examen político a cada precandidatura presidencial debe determinar las relaciones político-mediáticas que han tenido en su desempeño en la función pública y el propio desempeño en la misma; debe incluir sus acciones políticas y posturas pasadas, escritos, declaraciones y pensamientos, tanto como los del círculo más íntimo y más fiel de quienes le colaboran, le asisten, le acompañan y le adulan.
No hay duda de que en materia de empleo público y de reforma del Estado nada serio se ha hecho hasta estos días, puesto que todas las propuestas son ideológicamente de orden fiscalista y no se han presentado opciones impulsadas por el bien común y la inclusión sociales. Por el contrario, esas propuestas de reforma del Estado son las concebidas para la apropiación privada de la cosa pública, especialmente aquella parte de la misma de mayor rentabilidad corporativa. Lo que se ha dado hasta ahora en materia de reforma del Estado es lo que la voracidad mercantilista ha devorado en el seno del servicio público.
Por eso es que el resto de todos los demás intentos han fracasado (y fracasarán) porque están impregnados de un odio de clase proveniente del ejercicio de ese terrorismo mediático cuyo papel, principalmente, ha sido de envenenamiento a la ciudadanía y de sembrador de odio y de cizaña, como esa aplicación electrónica que exhorta a quien labora para el sector privado a comparar su salario con el que devengaría si tuviera empleo público; induciendo a error como si todo el mundo en el sector público tuviera salarios exorbitantes, negando la realidad de que la abrumadora mayoría del personal estatal asalariado es de ingresos bajos y precarios, así como de ingresos medios de corte decente.
Cualquier precandidato presidencial ahora, o candidato presidencial después, que esté tutelado, apadrinado, acompañado, guiado o puesto por la intencionalidad ideológica del terrorismo mediático desplegado contra el empleo público y contra quienes laboran asalariadamente para el Estado, no merece un voto de este gran segmento electoral ciudadano. Votar por este tipo de político vendría a significar una especie de harakiri político individual y familiar.
Si voto… ¿por quién no lo haría?
Seré muy sincero. Ni una sola línea, ni una sola frase, ni un solo párrafo he leído sobre un programa de partido político alguno que esté participando en las elecciones nacionales, presidenciales y diputadiles, de febrero próximo.
Las apreciaciones siguientes, totalmente subjetivas (y que no involucran para nada a ninguna de las organizaciones involucradas en la corriente sindical nacional en la cual militamos), se basan en nuestra propia perspectiva de lucha social en aras de una Costa Rica más justa, más inclusiva y más solidaria; frase o concepto éste que hoy parece abaratarse, políticamente hablando, pero que tiene sólida actualidad pese a haberse adoptado para fines politiqueros, en algunos casos; y, en otros, con real sinceridad política.
Para empezar, no votaría por un candidato presidencial que, a la vez, se está candidateando para diputado. En realidad, lo que está pulseando es este último cargo y el otro es cosmetología política. Sabe que no tiene posibilidad alguna de ser Presidente de la República. Esto es, mínimamente, falta de seriedad. ¿O lo uno… o lo otro?
No votaría, si es que me decido a hacerlo, por ese candidato que, ofendiendo la inteligencia ciudadana, enarbole la falaz tesis de que el déficit fiscal se debe al empleo público. No le daría mi voto a ese candidato que responsabilice a mí y a mi familia, por ser yo persona trabajadora del Estado, de tener responsabilidad en haber generado tan grave problema nacional. Quien ponga en riesgo mi trabajo y/o mi empleo, no merece mi voto (si es que me decido a hacerlo).
No votaría por un candidato que invisibilice, niegue, esconda que tenemos un grave problema de salarios mínimos en un país cuya carestía de vida es de las más altas de la América Latina (si no la más cara); y, no podría votarle si no indica cuáles cambios, en tal sentido, promovería, aunque tenga que enfrentarse al alto corporativismo empresarial egoísta.
No votaría por ese candidato que le tenga miedo a los sectores más extremistas del capital neoliberal y sus latifundios mediáticos, desafiándoles abiertamente para plantear que hay que establecer la renta global, en toda su dimensión, ampliamente conceptuada y técnicamente implacable, como el primer mecanismo serio de transformación tributaria estructural en beneficio de las mayorías. Y, por supuesto, no es posible votar por quien abogue ponerle impuestos a los que ya, proporcionalmente pagan más, como las clases trabajadoras, diciendo que hay que subir la tasa del de ventas.
No votaría por un candidato que ni siquiera sepa qué es la Tasa Tobin; que ni siquiera considere que pueda ser una medida alternativa para atajar el crecimiento del déficit fiscal; y que ni siquiera diga en público que en un eventual gobierno suyo la va a considerar.
No votaría por un candidato presidencial que no esté dispuesto a enfrentarse a los reales poderes de la sociedad, como el del sector financiero-bancario, tomando medidas para controlar-regular el abusivo negocio de las tarjetas de crédito que tiene en altísimo endeudamiento a gran parte de la población del país, especialmente su mayoritario segmento, el trabajador.
No votaría por ese candidato que esté a favor de más apertura eléctrica y a favor del rompimiento del monopolio de refinación y distribución de combustibles; prefiero que en esto siga el Estado al frente, cambiando todo lo que haya que cambiar, pero con mi voto no contarán para enriquecer a los que ya de por sí están más que enriquecidos.
Además, la falsa libre competencia del falaz libre comercio ha quedado más que demostrada, si se analiza el poder del duopolio cementero, pese a todas las barbaridades, corruptelas y compadrazgos políticos evidenciados por el escándalo del cementazo.
No votaría por un candidato a la Presidencia que no enfrente (con bronca incluida) el desafío de salvar la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), liberándola del secuestro en que la tienen sumida poderosos grupos corporativos internos y externos, a fin de que quede limpiecita para el disfrute de las futuras generaciones.
No votaría por un candidato a la Presidencia que no esté dispuesto a reconocer que el agua debe conceptuarse como un Derecho Humano fundamental y que así debe incluirse en la Constitución Política.
No votaría por un candidato presidencial que no reconozca que el país está perdiendo la batalla de la seguridad ciudadana; y que, por tanto y, por ejemplo, no hable con claridad absoluta de que el país ocupa más servidores públicos en los diferentes cuerpos policiales, amén de mejorar sustancialmente sus condiciones sociolaborales, actualmente rayanas en la sobreexplotación obrera.
No votaría por un candidato presidencial que no puntualice, al menos tres, medidas concretísimas de ofrecer fuentes de empleo juvenil en el cortísimo plazo, a fin de que toda esa muchachada que está desempleada, que anda en grave riesgo social, que está frustrada porque se graduó y no encuentra trabajo acorde, sepa que con ese nuevo gobernante tiene posibilidad real de un trabajo decente tan rápido como urgente es necesario.
Seguro se pensará que merezco una cajita blanca por estos planteamientos. Y eso que se quedan muchos otros más por mencionar. En los días festivos que vienen (por cierto, que solamente festivos para los que tienen, pues para los que tienen muy poco o no tienen nada del todo, no lo son), trataremos de documentarnos para ver a quién le votamos… si es que votamos.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
