LA desintegración del hogar, largas jornadas laborales, entre otras, son parte de algunos de los problemas que aquejan a estos funcionarios y funcionarias.
Categoría: Incidencia
La CSI se une a la acción solidaria mundial en apoyo de Lula
Se pide a los/las sindicalistas de todo el mundo que se unan al llamamiento mundial para defender la democracia en Brasil
En su afán por encontrar un delito –cualquier delito- para condenar a Lula en los tribunales, los oponentes del líder político más importante de Brasil han entablado un juicio paralelo en los medios de comunicación a través de la campaña de difamación más extraordinaria jamás lanzada contra una figura pública en la historia de este país.
Los abogados de Lula han enumerado varias violaciones de los derechos fundamentales en la campaña en su contra, que incluyen la privación de libertad, escuchas telefónicas ilegales, filtración de correspondencia, interceptación de sus comunicaciones con sus abogados, presunción de culpabilidad sin pruebas ni juicio, la ausencia de un juez imparcial y de un procedimiento judicial justo. Esta posición ha sido respaldada por reconocidos expertos jurídicos internacionales, como el destacado abogado británico de derechos humanos Geoffrey Robertson.
Antiguo líder sindical, Lula es el padre del Brasil moderno. Encarcelado por la dictadura militar, años más tarde se convertiría en el presidente más popular de la historia de Brasil, pues sacó a 33 millones de personas de la pobreza y consiguió que la economía brasileña funcionara para los ciudadanos de a pie. Su gran popularidad ayudó a elegir a su sucesora, la presidenta Dilma Rousseff, en 2010 y 2014.
Sin embargo, en 2016, un grupo de políticos corruptos encabezados por Michel Temer destituyó a Dilma, tomando el poder a través de un golpe parlamentario. Desde entonces, Temer ha intentado desmantelar el legado social de Lula, incluyendo la inclusión de enmiendas antisindicales en el código laboral, recortes en las inversiones públicas, ataques a la protección social e incluso el intento de legalizar el trabajo forzoso al modificar la definición de esclavitud.
“El pueblo brasileño ha visto lo que puede conseguirse. Con el liderazgo de Lula, el gusto de la prosperidad para todos les infundió esperanza. Sin embargo, desde que los empresarios coludidos con Temer tomaron las riendas del país, ¡ahora hay 22 millones de personas que se encuentran por debajo del umbral de pobreza y una de cada cinco familias carece de ingresos! Es realmente increíble en un país rico”, señaló la Secretaria General de la CSI, Sharan Burrow.
“La élite y los corruptos de este país no merecen respeto si realmente queremos sanar nuestro desgarrado mundo así como la paz, la democracia y los derechos humanos. El movimiento laboral internacional está con Lula para luchar por el pueblo brasileño y su democracia”.
El Yamberazo: el hermano gemelo del Cementazo
No termina la ciudadanía de reponerse del estupor que le ha generado la serie de revelaciones sobre el escándalo del Cementazo, cuando emerge la naturaleza perversa de la trama urdida para una nueva estafa a la banca pública: el Yamberazo.
Catalogado el Cementazo como el “más grande escándalo de los últimos tiempos”, el Yamberazo empieza a “competir” por llevarse este nefasto palmarés y ambos están haciendo ver al escándalo de La Trocha como pecata minuta.
Al igual que en el Cementazo, con una figura central protagonista, Juan Carlos Bolaños Rojas, el Yamberazo tiene la suya: Samuel Yankelewitz Berger, connotado empresario de la más alta comunidad corporativa del país y figura más que emblemática del Partido Liberación Nacional (PLN), posicionándose dentro del mismo con gran peso una vez que éste dejó de ser socialdemócrata.
Impresiona que Yankelewitz Berger haya tenido la temeraria osadía de pretender que le reconocieran una presunta deuda de 7 millones de dólares contraída con sí mismo, aprovechando el proceso interventor de la empresa Yamber; teniendo conciencia de la presunta estafa de más de 30 millones de dólares, con la simulación de ventas al exterior de productos plásticos a una empresa fantasma de su propia propiedad.
El Yamberazo se convierte así en el “hermano gemelo” del Cementazo, mostrando en otros niveles y dimensiones, pero con la misma lógica de acumulación sin ética alguna, un potencial tejido de compadrazgos políticos, tráfico de influencias y de eventual corrupción descarada, con cínica estafa de por medio.
Es de esperar que la Fiscalía General de la República actúe con toda contundencia en las próximas horas. La honorable ciudadana que la encabeza, doña Emilia Navas Aparicio, tiene aquí un gran reto, demostrar que esta estratégica instancia ya, definitivamente, dejó de tener “color verde” y se pasó, de manera definitiva al color del agua limpia: la transparencia total.
Todo hace suponer que para que se diera el Yamberazo la calidad, las conexiones y la cantidad de los presuntos implicados nos estaría mostrando las pérfidas consecuencias de una de las más notables características de la hegemonía económico-neoliberal: el “matrimonio” del alto corporativismo de negocios con la política, especialmente con los tradicionales partidos PLUSC (Liberación-Unidad)
Particularmente el Partido Liberación Nacional, hoy desesperadamente “compitiendo” por las banderas del fundamentalismo religioso, con el Yamberazo recibe un duro golpe; que nos remite a las erradas decisiones ideológicas de la “desnacionalización” bancaria, cuando los principios filosóficos y fundadores de la misma, impuestos por José Figueres Ferrer, el legendario Don Pepe, fueron desechados del estratégico ideario socialdemócrata del PLN.
Esperamos que la comisión legislativa que ha investigado, tan acertadamente, el caso del Cementazo, mantenga la misma acuciosidad en el destape total del Yamberazo, del cual parece que apenas estamos viendo la punta del iceberg; y, ojalá que con toda contundencia antes de las elecciones del próximo domingo 4 de febrero, sepamos toda la verdad.
San José, martes 23 de enero de 2018.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA
ANEP-PATRIA JUSTA: Candidaturas presidenciales y sindicalismo
Las 13 personas candidatas a la Presidencia de la República, sin excepción alguna, recibieron en las últimas horas una respetuosa invitación de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y de parte del Colectivo Sindical PATRIA JUSTA; invitación que plantea las siguientes dos alternativas:
UNO: Si en las elecciones del domingo 4 de febrero, sin necesidad de una segunda ronda electoral, se define quien será el próximo Presidente de la República, en su calidad de Presidente electo, se espera que honre la invitación que ya fue cursada con bastante antelación a esa fecha.
DOS: Si dichos comicios no definen una persona ganadora porque ninguna alcanzó el 40 % de los votos válidos emitidos en esa elección y, por tanto, hay necesidad de unas segundas votaciones en el domingo 1 de abril, se espera que las dos candidaturas finalistas, honren la indicada invitación.
La actividad se ha programado para el día viernes 23 de marzo en un lugar todavía no definido pero que debe reunir condiciones de un ambiente agradable y espacioso.
Las personas asistentes al evento son representantes sindicales de base, líderes y liderezas en sus respectivos ámbitos de trabajo y procedentes de diversos lugares del país.
La actividad se convoca bajo el propósito siguiente:
“EL DESAFÍO DEL SINDICALISMO SOCIOPOLÍTICO ANTE LAS NUEVAS AUTORIDADES POLÍTICAS DEL PAÍS: Principales planteamientos obreros ante la imperiosa necesidad del Diálogo Social para la generación de acuerdos nacionales en pro del bien común, la real inclusión social, la lucha contra la creciente desigualdad y el impulso a una democracia efectivamente participativa”.
Las candidaturas presidenciales invitadas, ya sea la que hubiese quedado como Presidente electo, o las dos que vayan a segunda ronda, recibirán un ideario básico de carácter propositivo, formulado desde la perspectiva obrero-social, en torno a temas de enorme sensibilidad para el bienestar presente y de futuro mediato e inmediato de la clase trabajadora del país, gran parte de la cual se identifica con, expresa por medio de y se aglutina de manera organizativa en el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA:
El déficit fiscal y la transformación tributaria estructural, el endeudamiento público, el empleo público, la Caja y el sistema de pensiones IVM, la sostenibilidad del seguro de Riesgos del Trabajo, la política salarial y el salario mínimo, la informalidad y el desempleo, el desafío del empleo juvenil, la Libertad Sindical y el respeto a la ley de la Reforma Procesal Laboral el tema de la apertura eléctrica y las tarifas de la electricidad, energías limpias y el papel venidero de la refinadora nacional de propiedad pública, la soberanía y la seguridad alimentarias, la seguridad ciudadana integralmente conceptuada, el desarrollo con inclusión social y a favor del empleo en la provincia de Limón, la comunicación masiva vía el espectro radioeléctrico de propiedad pública y la democratización de la información, el agua como derecho humano fundamental, las medidas más urgentes contra la corrupción, el futuro del régimen municipal…; son temas relevantes (aunque no todos), sobre los cuales la corriente sindical PATRIA JUSTA ha elaborado posición-país.
Si las personas candidatas presidenciales invitadas aceptan esta invitación, en una o en otra alternativa mencionadas, se les garantiza un trato sumamente respetuoso, acorde a la posición política que están ostentando, pues el auditorio está compuesto con personas dirigentes sindicales de gran responsabilidad y de notable seriedad.
Se esperaría para próximas horas y antes de las elecciones del próximo domingo 4 de febrero, que cada una de las 13 personas candidatas presidenciales respondan a la invitación que les ha sido cursada; y, por supuesto, convenir interpartes las condiciones de participación, de uso de la palabra y/o de intercambio de pareceres.
La actividad siempre se realizará, aunque las ilustres personas candidatas presidenciales, en uno o en otro caso, declinen esta invitación.
San José, domingo 21 de enero de 2018.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA
ANEP y Patria Justa se reunieron con primer candidato indígena a diputado por Limón
Déficit Fiscal: Hacemos llamado a prepararnos con organización, con unidad y con movilización
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) externa su oposición rotunda a que sea la clase trabajadora la que cargue con la responsabilidad del déficit fiscal y sus graves consecuencias, pues ella no es responsable de la misma, bajo ninguna circunstancia.
Por el contrario, la clase trabajadora está ya sufriendo en carne propia las consecuencias de las graves actuaciones erróneas de la clase política tradicional de este país que, por un lado, nunca han querido modificar la injusta estructura tributaria que perjudica enormemente al pueblo trabajador; y, por otro, nos llevó a un endeudamiento-país que es, prácticamente, inmanejable e imposible de pagar.
Algunos datos macroeconómicos sobre el grave problema deben encender las alarmas de la clase trabajadora para preparar su autodefensa:
A) Ya se superó la barrera del 6 % de déficit con respecto al Producto Interno Bruto (PIB); 6.5 % para algunos entendidos.
B) El endeudamiento ha superado la barrera “psicológica” del 50 % del PIB, avanzando hacia una cifra gravísima del 60 %.
C) Se “despide” la Administración Solís Rivera con un último decretazo salarial, imponiendo un 1.55 %, aduciendo que por el problema del déficit no se puede reconocer lo que corresponde por costo de vida; abriendo así una peligrosa senda para la “institucionalización” de congelamiento y/o rebajas salariales en el nuevo gobierno.
D) Se reporta ya la reducción de los rendimientos, de la rentabilidad, en los fondos de pensiones, producto del aumento en las tasas de interés en colones y en dólares dado el alto déficit en crecimiento.
E) Se incrementan los intereses por los préstamos y dado el altísimo endeudamiento obrero, la precarización salarial se habrá de profundizar.
Es por ello que desde la ANEP hacemos un vehemente llamado a todas las personas trabajadoras asalariadas, particularmente a quienes son empleadas públicas, para que, sin saber cuáles serán las nuevas autoridades políticas del país, ejecutivo-parlamentarias; nos dispongamos a fortalecer nuestra propia organización, a construir una gran unidad sindical en la acción respetando las diversidades internas del movimiento; y, a concientizarnos de que será imprescindible nuevos episodios de movilización, de alcances más profundos que los hasta ahora realizados.
El Colectivo Sindical PATRIA JUSTA se reunirá el próximo lunes 29 de enero a fin de analizar, con profundidad, la difícil circunstancia que se venir para el pueblo trabajador del país.
Alternativa y/o complementariamente, somos del criterio que la urgencia de un diálogo nacional, político-social, nunca había tenido tanta relevancia como en los momentos en desarrollo y los de inmediato plazo; especialmente porque todo parece indicar que quien gane las elecciones presidenciales tendrá un mandato muy débil, por un lado; y, por el otro, se predice la conformación de la nueva Asamblea Legislativa mucho más fragmentada que la siguiente.
Adicionalmente, lamentamos que la actual campaña electoral, especialmente, la presidencial, esté centrada, maliciosamente, en otros tópicos que no permiten visibilizar la gravedad del problema del déficit fiscal, los reales responsables del mismo, así como las soluciones urgentes y estructurales que se necesitan para evitarnos una debacle a la “griega”.
San José, lunes 22 de enero de2018.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Coordinador Colectivo Sindical PATRIA JUSTA
Las elecciones presidenciales vistas desde el lente de la ANEP
Nota aclaratoria del Secretario General de la ANEP al Partido Frente Amplio
IVM-CCSS: ¿Volverá la confrontación?
Provocadora, imprudente y de enorme carga confrontativa es la inviable insistencia de algunos integrantes de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), de imponer la repudiable tesis de elevar la edad para la pensión a los 65 años y de reducir el monto de la misma del 60 % a un 40 %, según se da a conocer en este día.
Parecería una burla al esfuerzo de una multiplicidad de sectores que se involucraron en una mesa de diálogo y que, en principio, concertaron en que ni la edad ni el monto se tocarían en lo más mínimo pues según se informó, se apostó por otras medidas alternativas para darle sostenibilidad al régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), en los próximos 20 años.
No nos cansaremos en insistir en que la Fiscalía General de la República desempolve la denuncia interpuesta hace ya 7 años para determinar si con las finanzas de IMV habría ocurrido algunas prácticas de riesgo financiero que estarían generando los problemas que el mismo dicen que está enfrentando en la actualidad; denuncia que el anterior jerarca de esta entidad “metió debajo de la mesa” pero que la nueva autoridad de la misma, la señora Emilia Navas Aparicio, dijo que la reactivaría.
Obvio es que doña Emilia ha estado muy recargada de trabajo; pero, con todo respeto, le hacemos un llamado público para que no se retrase más activar este expediente, ahora que hay tanta confianza ciudadana en que la transparencia retornó a la Fiscalía General de la República.
Contra el rechazo generalizado de la clase trabajadora cotizante para IVM-CCSS, se le impuso una reducción salarial del 1 % que ya entró en vigencia; reduciendo en el caso del reajuste por costo de vida para la empresa privada, el cual quedó en menos del 2.43 % que se definió para que entrara en vigencia este pasado 1 de enero. A la clase trabajadora del sector Público, sin su reajuste establecido, le espera lo mismo: reducción salarial por el 1 % de aumento en el aporte obrero a este sistema de pensiones.
ANEP y el Colectivo Sindical PATRIA JUSTA formula un llamado a toda la clase trabajadora, pública y privada, para que estén alertas y se apresten a movilizarse a fin de cerrarle el paso a este tipo de intentonas que lo que pretenden es privatizar IVM para entregarlo a las insaciables pretensiones de los sectores financieros del país que anhelan tener acceso a sus multimillonarios fondos.
Igualmente, reiteramos la imperiosa necesidad de una gran unidad sindical en la acción para enfrentar este reto y otros que amenazan con deteriorar todavía más la situación sociofinanciera del pueblo trabajador de nuestro país.
San José, lunes 8 de enero de 2018.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
Corrupción:Gobierno debe responder a indignación ciudadana
Todo parece indicar que los señores diputados y las señoras diputadas volverán a sus trabajos este lunes 8 de enero de 2018, tal y como lo harán miles de personas trabajadoras asalariadas del sector Público; otros miles empleados estatales lo hacen desde el pasado día 2, como también muchísimas más en el sector privado que ya están trabajando desde las primeras horas del año nuevo.
Pocos días antes de que terminara el año pasado 2017, la ANEP hizo pública su exhortación vehemente para que el parlamento reanudara labores desde este próximo lunes 8 y no como se pretendía que lo hiciera hasta pasadas las elecciones nacionales del domingo 4 de febrero; considerando la enorme indignación ciudadana por los escándalos de corrupción de estos tiempos de los TLC’s neoliberales, especialmente el más reciente caso conocido como el cementazo.
Nos satisface que la exhortación de la ANEP en tal sentido, tanto como en la misma línea se pronunciaron importantes sectores de la ciudadanía por las redes sociales, haya tenido oportuna escucha de las fracciones parlamentarias, según diversas informaciones de prensa.
Se podría disipar así la justificada suspicacia de que el informe legislativo sobre el cementazo se quería meter debajo de la alfombra, por lo menos, hasta pasadas las elecciones. ¡Parece que no será así! Y que cada palo aguante su vela en el debate parlamentario que se generaría.
Este tema de la corrupción, mediando la colusión de intereses públicos y privados, ha acaparado la atención de la ciudadanía como nunca antes en los últimos tiempos; especialmente, repetimos, en estos tiempos de los TLC’s neoliberales.
Además, para la ciudadanía será tan bien relevante que se pueda escuchar los descargos de los aludidos en el informe legislativo de la investigación sobre el cementazo, quienes han venido puntualizando en las redes sociales, que 32 conclusiones del mismo “carecen de fundamento, son contradictorias o falsas”.
En congruencia con este sentimiento cívico de enojo y de indignación por la corrupción, el propio señor Presidente de la República y su gobierno no deberían mirar para otro lado; y, por el contrario, poner el dedo en la llaga convocando los siguientes proyectos de ley que tienen que ver con atajar, al menos en la legislación, el avance de la corrupción
Ante tal circunstancia le solicitamos, respetuosa, pública y vehementemente al Gobierno de la República que convoque a trabajar con agenda de proyectos a los señores diputados y a las señoras diputadas. ¡Que no exista escusa alguna! Que no se convoque un mar de proyectos; que el Gobierno sea selectivo y convoque proyectos relacionados con la corrupción en la función pública, y únicamente.
De esta manera, la ciudadanía, la opinión pública y la prensa podrían centrar su atención en unos cuantos proyectos de ley; y, en esto del combate a la corrupción, podríamos identificar quién es quién, quién quiere que un proyecto avance y se apruebe y quién no. Estamos seguros que en tiempos electorales muchos actores legislativos no bloquearan alguna iniciativa anticorrupción sin excusa racional.
Hay mucha labor que los diputados pueden desarrollar en estos días electorales, para eso se les paga. En consecuencia, reiteramos que el Gobierno debe quitar los pretextos y convocar una agenda específicamente concreta con relación al grave enojo ciudadano; y la sugerencia de la ANEP es que tal agenda sea anticorrupción, centrada en estos cuatro proyectos de ley:
Expediente Legislativo No. 19.251: Ley reguladora del cabildeo en la función PÚBLICA
Expediente Legislativo No. 19.984: Reforma al Reglamento Legislativo para creación de la Comisión de Disciplina de los Diputados.
Expediente Legislativo No. 19.439: Ley para determinar la obligada vinculación de los dictámenes de la Procuraduría de la Ética.
Expediente Legislativo No. 19.111: Reforma constitución para establecer la pérdida de credencial del diputado.
La clase política, la tradicional y la que aspira a serlo plenamente, cada vez más distanciadas del común de la ciudadanía, tienen una enorme oportunidad de oxigenación en la tramitación celera de una agenda legislativa anticorrupción. Los poderes Ejecutivo y Legislativo, bien golpeados ambos por lo del cementazo, desde una perspectiva de institucionalidad republicana, podrían reivindicarse aprobando estos proyectos de ley.
San José, viernes 5 de enero de 2018.
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
