Declaración Pública: Acerca del “Debate Final” promovido por Noticias Repretel

La Junta Directiva Nacional (JDN) de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en su sesión No. 2087, de carácter ordinario, correspondiente a este viernes 2 de febrero de 2018, analizó el debate presidencial promovido por Noticias Repretel, en la noche del pasado jueves 1 de febrero, llegando a la conclusión de que produjo un efecto negativo en un amplio segmento de la ciudadanía electoral; misma que, de manera impropia fue conducida a presenciar un debate poco edificante, de potencial destructivo para la golpeada cultura política del país; al propiciarse un formato periodístico sumamente sesgado no para propiciar una contrastación constructiva de ideas y de planteamientos, sino para incentivar una confrontación personalista de baja categoría y de innobles procederes completamente censurables para ciudadanos aspirantes a lo que algunos denominan como la “primera magistratura” de la República.

Lamentamos la pasividad de un cada vez más desteñido Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), en camino de reducirse a una entidad “cuenta votos”, únicamente. El TSE se ha puesto a “mirar para otro lado”, al dejar que algunos consorcios mediáticos se afanen en pretender imponer su propia elección, tratando de dictarle a la ciudadanía electoral que ésta elija determinadas opciones en detrimento de otras.

Por el contrario, y a propósito de este asunto en discusión, la Junta Directiva Nacional (JDN) de la ANEP sí pudo constatar que otras empresas de comunicación colectiva propiciadoras de debates de esta naturaleza, si bien con notorias exclusiones, impulsaron la confrontación sana de ideas y el respeto entre los, afortunados, participantes candidatos presidenciales.

Finalmente, la JDN-ANEP formula un respetuoso, pero vehemente llamado, a las diferentes empresas y/o entidades de comunicación colectiva y similares que, en caso de ser necesario una segunda ronda electoral, la calidad y la equidad inspiren en todo momento los debates entre las dos candidaturas presidenciales finalistas, con relación directa a los delicados e inmediatos urgentes desafíos del país y su diversa problemática social y económica.

San José, viernes 2 de febrero de 2018.

Junta Directiva Nacional (JDN)
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Firmas responsables:
Albino Vargas Barrantes, Secretario General
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto

Elecciones 2018: 330 mil multiplicado por 4

Publicado en Diario Extra, el miércoles 8 de marzo de 2017… ¡PERO DE GRAN ACTUALIDAD AHORA!

Los empleados públicos y las empleadas públicas, sus familias y sus parientes deben aprovechar las circunstancias sociopolíticas del proceso electoral nacional ya en desarrollo para pasar facturas políticas y cobrarlas. Así de manera contundente lo afirmamos.

Tanta agresión, tanta infamia, tanta calumnia, tanta difamación, tanta agresión verbal y escrita en contra del empleo público, no deben quedar impunes.

La perversa campaña de agresión psicológica y de terrorismo ideológico desarrollada contra quienes tienen una relación asalariada con el Estado, la cual ajusta ya casi 36 meses continuos de sistemática continuidad, debe ser repudiada en las urnas electorales de febrero de 2018, tanto las de la votación presidencial como la diputadil.

El poder del voto del empleo público debe manifestarse en esos comicios como una acción cívica resarcitoria de la pérfida agresión a la dignidad, a la ética, a la moral decente de miles de personas trabajadoras asalariadas empleadas públicas (y sus familias); todas las cuales han sido criminalizadas ante la sociedad y vilipendiadas ante la ciudadanía, mediando crueles episodios de terrorismo mediático ejercido por cierta prensa “políticamente-matriz” y sus repetidoras televisas y radiofónicas.

El terrorismo mediático contra el empleo público, ejercido por la más insigne prensa del capital oligárquico-neoliberal, ha sido vehiculizado a través de notas de prensa subjetivizadas, editorializadas, radicalmente parciales y sin equidad informativo-comunicacional; reproducidas con la prosternada conducta de opinólogos, amanuenses y su peonada electrónica que pulula por las redes sociales.

El conglomerado laboral del sector público, considerado de manera integral, puede rondar las 330 mil personas con relación asalariada para con el Estado, su empleador. Si en cada uno de estos hogares trabajadores la cantidad de ciudadanos con derecho a voto es de 4 electores, tendríamos entonces un universo sectorial-electoral de 1 millón 320 votantes; votantes que, como prioridad social y estratégica, lo que les corresponde es elegir pensando en la seguridad de su empleo y de sus respectivas familias.

Estamos hablando de, prácticamente, la tercera parte del padrón electoral nacional con un peso político potencial en el resultado final de las elecciones del próximo febrero de 2018, más que evidente. Y si se le estructura organizadamente para una incidencia predeterminada, el resultado podría ser altamente satisfactorio para quienes nada tienen que ver con el déficit fiscal ni con el robo de impuestos, como lo son las personas trabajadoras estatales.

Si las distintas organizaciones sociolaborales, sindicales, cooperativas y académico-profesionales que aglutinan el amplio tejido social del sector público, articulan una estrategia de incidencia electoral, abierta y/o subliminalmente, para orientar el voto del empleo público de cara a los comisiones nacionales de febrero venidero y, aunque no sea la totalidad de ese mundo organizado del Estado sino una parte significativa de él; es muy probable que el resultado electoral final le cierre el paso a los detractores abiertos y/o disimulados del empleo público.

En todo caso, no sería una experiencia nueva porque en las elecciones presidenciales del 2006, del 2010 y del 2014, hubo procesos de incidencia desde el afuera electoral formal-oficial con resultados nada desalentadores.

El electorado trabajador asalariado del sector público (el que no forma parte del alto estamento político-tecnocrático y gerencial-corporativo de las magnas jerarquías estatales), debe auscultar a cada una de las actuales personas precandidatas presidenciales y, con más razón, cuando las candidaturas presidenciales estén suficientemente perfiladas y definidas; de forma tal que esa auscultación, ese examen político, permita determinar su real y verdadera posición en materia de empleo público.

Ese examen político a cada precandidatura presidencial debe determinar las relaciones político-mediáticas que han tenido en su desempeño en la función pública y el propio desempeño en la misma; debe incluir sus acciones políticas y posturas pasadas, escritos, declaraciones y pensamientos, tanto como los del círculo más íntimo y más fiel de quienes le colaboran, le asisten, le acompañan y le adulan.

No hay duda de que en materia de empleo público y de reforma del Estado nada serio se ha hecho hasta estos días, puesto que todas las propuestas son ideológicamente de orden fiscalista y no se han presentado opciones impulsadas por el bien común y la inclusión sociales. Por el contrario, esas propuestas de reforma del Estado son las concebidas para la apropiación privada de la cosa pública, especialmente aquella parte de la misma de mayor rentabilidad corporativa. Lo que se ha dado hasta ahora en materia de reforma del Estado es lo que la voracidad mercantilista ha devorado en el seno del servicio público.

Por eso es que el resto de todos los demás intentos han fracasado (y fracasarán) porque están impregnados de un odio de clase proveniente del ejercicio de ese terrorismo mediático cuyo papel, principalmente, ha sido de envenenamiento a la ciudadanía y de sembrador de odio y de cizaña, como esa aplicación electrónica que exhorta a quien labora para el sector privado a comparar su salario con el que devengaría si tuviera empleo público; induciendo a error como si todo el mundo en el sector público tuviera salarios exorbitantes, negando la realidad de que la abrumadora mayoría del personal estatal asalariado es de ingresos bajos y precarios, así como de ingresos medios de corte decente.

Cualquier precandidato presidencial ahora, o candidato presidencial después, que esté tutelado, apadrinado, acompañado, guiado o puesto por la intencionalidad ideológica del terrorismo mediático desplegado contra el empleo público y contra quienes laboran asalariadamente para el Estado, no merece un voto de este gran segmento electoral ciudadano. Votar por este tipo de político vendría a significar una especie de harakiri político individual y familiar.

Si voto… ¿por quién no lo haría?

Seré muy sincero. Ni una sola línea, ni una sola frase, ni un solo párrafo he leído sobre un programa de partido político alguno que esté participando en las elecciones nacionales, presidenciales y diputadiles, de febrero próximo.

Las apreciaciones siguientes, totalmente subjetivas (y que no involucran para nada a ninguna de las organizaciones involucradas en la corriente sindical nacional en la cual militamos), se basan en nuestra propia perspectiva de lucha social en aras de una Costa Rica más justa, más inclusiva y más solidaria; frase o concepto éste que hoy parece abaratarse, políticamente hablando, pero que tiene sólida actualidad pese a haberse adoptado para fines politiqueros, en algunos casos; y, en otros, con real sinceridad política.

Para empezar, no votaría por un candidato presidencial que, a la vez, se está candidateando para diputado. En realidad, lo que está pulseando es este último cargo y el otro es cosmetología política. Sabe que no tiene posibilidad alguna de ser Presidente de la República. Esto es, mínimamente, falta de seriedad. ¿O lo uno… o lo otro?

No votaría, si es que me decido a hacerlo, por ese candidato que, ofendiendo la inteligencia ciudadana, enarbole la falaz tesis de que el déficit fiscal se debe al empleo público. No le daría mi voto a ese candidato que responsabilice a mí y a mi familia, por ser yo persona trabajadora del Estado, de tener responsabilidad en haber generado tan grave problema nacional. Quien ponga en riesgo mi trabajo y/o mi empleo, no merece mi voto (si es que me decido a hacerlo).

No votaría por un candidato que invisibilice, niegue, esconda que tenemos un grave problema de salarios mínimos en un país cuya carestía de vida es de las más altas de la América Latina (si no la más cara); y, no podría votarle si no indica cuáles cambios, en tal sentido, promovería, aunque tenga que enfrentarse al alto corporativismo empresarial egoísta.

No votaría por ese candidato que le tenga miedo a los sectores más extremistas del capital neoliberal y sus latifundios mediáticos, desafiándoles abiertamente para plantear que hay que establecer la renta global, en toda su dimensión, ampliamente conceptuada y técnicamente implacable, como el primer mecanismo serio de transformación tributaria estructural en beneficio de las mayorías. Y, por supuesto, no es posible votar por quien abogue ponerle impuestos a los que ya, proporcionalmente pagan más, como las clases trabajadoras, diciendo que hay que subir la tasa del de ventas.

No votaría por un candidato que ni siquiera sepa qué es la Tasa Tobin; que ni siquiera considere que pueda ser una medida alternativa para atajar el crecimiento del déficit fiscal; y que ni siquiera diga en público que en un eventual gobierno suyo la va a considerar.

No votaría por un candidato presidencial que no esté dispuesto a enfrentarse a los reales poderes de la sociedad, como el del sector financiero-bancario, tomando medidas para controlar-regular el abusivo negocio de las tarjetas de crédito que tiene en altísimo endeudamiento a gran parte de la población del país, especialmente su mayoritario segmento, el trabajador.

No votaría por ese candidato que esté a favor de más apertura eléctrica y a favor del rompimiento del monopolio de refinación y distribución de combustibles; prefiero que en esto siga el Estado al frente, cambiando todo lo que haya que cambiar, pero con mi voto no contarán para enriquecer a los que ya de por sí están más que enriquecidos.

Además, la falsa libre competencia del falaz libre comercio ha quedado más que demostrada, si se analiza el poder del duopolio cementero, pese a todas las barbaridades, corruptelas y compadrazgos políticos evidenciados por el escándalo del cementazo.

No votaría por un candidato a la Presidencia que no enfrente (con bronca incluida) el desafío de salvar la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), liberándola del secuestro en que la tienen sumida poderosos grupos corporativos internos y externos, a fin de que quede limpiecita para el disfrute de las futuras generaciones.

No votaría por un candidato a la Presidencia que no esté dispuesto a reconocer que el agua debe conceptuarse como un Derecho Humano fundamental y que así debe incluirse en la Constitución Política.

No votaría por un candidato presidencial que no reconozca que el país está perdiendo la batalla de la seguridad ciudadana; y que, por tanto y, por ejemplo, no hable con claridad absoluta de que el país ocupa más servidores públicos en los diferentes cuerpos policiales, amén de mejorar sustancialmente sus condiciones sociolaborales, actualmente rayanas en la sobreexplotación obrera.

No votaría por un candidato presidencial que no puntualice, al menos tres, medidas concretísimas de ofrecer fuentes de empleo juvenil en el cortísimo plazo, a fin de que toda esa muchachada que está desempleada, que anda en grave riesgo social, que está frustrada porque se graduó y no encuentra trabajo acorde, sepa que con ese nuevo gobernante tiene posibilidad real de un trabajo decente tan rápido como urgente es necesario.

Seguro se pensará que merezco una cajita blanca por estos planteamientos. Y eso que se quedan muchos otros más por mencionar. En los días festivos que vienen (por cierto, que solamente festivos para los que tienen, pues para los que tienen muy poco o no tienen nada del todo, no lo son), trataremos de documentarnos para ver a quién le votamos… si es que votamos.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Corrientes sindicales junto a la CSA analizaron entorno sociopolitíco de cara a las lecciones

En dicha actividad participaron la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), la Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC) y la Central Social Juanito Mora Porras-ANEP. Además, participa la Central General de Trabajadores (CGT).

La compañera dirigente sindical continental de la CSA, Amanda Villatoro, integrante de su Secretariado Ejecutivo participó de la reunión y aprovechó para actualizar sobre la situación socio-política, económica y obrero-sindical de Brasil, particularmente la situación de Lula.

El conversatorio se desarrolló en la sede de la ANEP, en calle 20 de San José.

El más grande déficit de los últimos 30 años: los responsables políticos no deben quedar impunes

El señor Primer Vicepresidente de la República y Ministro de Hacienda, don Helio Fallas Venegas, da a conocer, oficialmente, lo que todo el mundo ya sabía: el déficit fiscal superó la “catastrofista” cifra del Producto de Interno Bruto (PIB), al cerrar el año 2017, en un 6.2 % de la producción nacional; siendo que, al terminar el gobierno anterior al ya casi saliente, tal déficit había superado la barrera del 5 %, 5.3 % para ser exactos.

Lo más grave aún es que se admite que los intereses de la deuda del país están ya fuera de control y que el monto de esa deuda va rumbo al “cataclismático” 60 % del PIB pues ya rompió la “barrera psicológica” del 50 % del mismo.

El distinguido funcionario indicado, desde nuestra perspectiva el mejor ministro de la Administración Solís Rivera, nos anuncia el episodio “apocalíptico” de esta situación: vendrá el Fondo Monetario Internacional (FMI), a “arreglarlos” el problema del déficit fiscal, con sus fórmulas de ajuste draconiano “a la griega”.

Y, ¿quiénes son los responsables políticos que no deben quedar impunes por el gigantesco conflicto social de confrontación abierta que se ve venir ante un ajuste fiscal fondomonetarista?

PRIMERO: El presente Gobierno, ¡sí!, particularmente, el señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera: por desperdiciar el gigantesco capital político que el pueblo le dio con ocasión de su aplastante triunfo electoral de segunda ronda, de abril de 2014; y no utilizarlo para confrontar al capital financiero, el gran ganador de los últimos tiempos con la política macroeconómica: renunciando el mandatario a propiciar una reforma tributaria de carácter realmente progresivo que atajara, fuertemente, el crecimiento del déficit y de la deuda. Lo hizo para no “crispar” a este poderoso sector políticamente hegemónico de nuestra sociedad. Las reformas administrativo-legales que impulsó, correctas pero tímidas (cuyo esfuerzo reconocemos en la persona de don Helio), le generaron un gran costo político que se lo han cobrado mediáticamente, de manera inmisericorde. Mejor hubiera aceptado la alianza abierta con los sectores sociales que le llevaron a la Presidencia y, a lo mejor, hubiese tenido mejor suerte.

SEGUNDO: El viejo y añejo bipartidista PLUSC (Liberación-Unidad), quienes se pasaron al lado del neoliberalismo aperturista, adoptando ambos la agenda macroeconómica del gran capital hegemónico bancario-financiero; convirtiéndose los dos, sucesivamente en los últimos gobiernos y parlamentos, incluido el actual, en un muro de contención para bloquear cualquier transformación tributaria estructural, que gravara las grandes rentas, las gigantescas fortunas y las “creativas” formas de elusión y evasión fiscales, nacional e internacionalmente, mediando toda clase de triquiñuelas y leguleyadas, incluyendo maniobras tipo “Panamá papers”.

TERCERO: Particularmente, hay que demandarle cuentas al otrora socialdemócrata y ahora cuasi-evangélico Partido Liberación Nacional (PLN), por la gran estafa política que cometieron los hermanos Oscar y Rodrigo Arias Sánchez. Particularmente, el primero que con ocasión de su apuesta a favor del TLC con Estados Unidos, indicó que “a cambio”, él promovería la reforma fiscal-tributaria necesaria para reponer los prácticamente 3 puntos PIB que implicaría esa tratado comercial en materia de ingresos aduaneros de todo tipo. Hoy, como vemos, prácticamente la mitad del déficit fiscal se debe al TLC de don Óscar Arias cuyo partido PLN, optó, entonces, por seguir endeudando y endeudando al país, llevándonos al precipicio de un pago de intereses que “está ya sin control” y una deuda que, prácticamente, ya no se puede pagar.

ANEP reconoce la serie de esfuerzos institucionales-administrativos de la gestión del señor Ministro de Hacienda y, particularmente, la sacrificada tarea ejecutada por sus más cercano personal asesor y, por supuesto, de toda la población trabajadora honesta de esta cartera ministerial, en control de la evasión, de la elusión, en la implantación de la tarifa electrónica, en disposiciones contra el fraude fiscal y en algunas medidas legislativas impulsadas para “pellizcar” en algo, la gigantesca tajada de acumulación de riqueza de los bloques de poder económico-financiera que, básicamente, se anidaron en ese PLUSC, cuando uno dejó de ser socialdemócrata y el otro socialcristiano.

Hay soluciones para enfrentar el problema de modo tal que no afecte a los que ya están sumamente golpeados: la clase trabajadora. Pero, para ello, se requiere un potencial cívico-popular y patriótico cuya articulación se vuelve urgentísima.

Lastimosamente, la práctica totalidad de las actuales personas candidatas a la Presidencia de la República, decidieron “mirar para otro lado” y eludir abordar el tema del déficit fiscal por el lado correcto: la progresividad tributaria profunda y multifacética que está ya está diagnosticada, pero sin la más mínima voluntad política para ser impulsada.

Es nuestro criterio que esta crítica situación fiscal impone que se abra un diálogo político y social de un carácter tan serio y de enorme responsabilidad como no se había dado en los últimos tiempos. Las nuevas autoridades políticas del país, tanto ejecutivas como parlamentarias, seguirán en el cortoplacismo electorero y las rivalidades de rigor y deben ser compelidas a comprender que ninguna, por más “equipo” que muestren, sacarán esta tarea relativamente avante.

Y, lo más preocupante, es que algunas candidaturas presidenciales, fanfarronean de contar con equipo para ello, como las del PLUSC, pero, en esencia, son los mismos responsables de esta desastrosa situación fiscal generada en sus respectivos gobiernos anteriores.

Nuevamente, expresamos nuestro humilde pero vehemente llamado a, al menos, una amplia unidad sindical en la acción que, pese a la diversidad y a las diferencias, ponga a la clase trabajadora en el centro de su quehacer frente a dramáticas situaciones como la eventualidad de un draconiano ajuste fondometarista.

San José, viernes 26 de enero de 2018.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP.

ANEP se solidariza con sindicalistas surcoreanos detenidos

Compartimos la carta enviada

Sr. Moon Jae-in
Presidente de la República de Corea del Sur

Estimado presidente Moon Jae-in:

Escribo en nombre de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados de Costa Rica (ANEP) para expresar nuestro compromiso con la campaña sindical internacional contra la persecución y la detención de dirigentes sindicales en Corea del Sur y solicitar su liberación inmediata y el rechazo de los cargos contra Han Sang-gyun, presidente de la Confederación de Sindicatos de Corea (KCTU); Lee Young-joo, ex secretario general de la KCTU; y de todos los demás sindicalistas encarcelados por los derechos humanos que ejercieron en las manifestaciones contra las reformas laborales regresivas.

Tanto el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas como el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo han declarado que la detención de Han Sang-gyun y otros sindicalistas encarcelados se ha impuesto arbitrariamente y en violación de instrumentos internacionales de derechos humanos. Ambas organizaciones internacionales han pedido expresamente al Estado surcoreano que respete y garantice los derechos humanos, en particular los derechos laborales, incluido el derecho de huelga, no aplicar el poder punitivo en el contexto de manifestaciones sociales pacíficas y liberar inmediatamente a todos los sindicalistas encarcelados arbitrariamente.

Señor Presidente, la libertad de asociación es un derecho humano fundamental en todo estado de derecho y democracia. De conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, todos los trabajadores deben poder disfrutar del derecho a organizarse y actuar colectivamente para defender sus derechos e intereses, y todos los agentes del Estado están obligados a respetar y garantizar el ejercicio de dicho derecho. Según el Comité de Libertad Sindical de la OIT, ninguna persona debería ser privada de libertad ni estar sujeta a sanciones penales simplemente por organizar o participar en huelgas pacíficas u otras formas de protesta o reuniones públicas.

El movimiento sindical de las Américas condena toda represión y criminalización del derecho de huelga y cualquier otra forma de protesta sindical pacífica. Exigimos que su Gobierno respete los derechos de los trabajadores y aplique las medidas necesarias para poner fin a la persecución de los dirigentes sindicales, liberando de inmediato a los sindicalistas detenidos.

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados de Costa Rica- ANEP

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